Al mediodía de ayer, unos 50 damnificados de la tormenta Manuel en Chilpancingo tomaron las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para exigir al delegado José Manuel Armenta Tello esclarecer la causa por la que las 130 viviendas que les fueron asignadas en el fraccionamiento El Mirador se encuentran “invadidas”.
Durante la protesta en las oficinas generales de la Sedatu, los afectados reprocharon que la dependencia pretenda enfrentar a las familias que ya habitan las casas, armadas con palos y machetes.
Reclamaron la falta de capacidad del organismo para defender el patrimonio de los damnificados que siguen viviendo con familiares, en albergues o en casas improvisadas en las zonas de riesgo de donde fueron evacuados tras la tormenta Manuel en 2013.
Alrededor de las 5 de la tarde del lunes, una comisión de Sedatu acudió a entregar 130 viviendas en la 4 y 5 manzana del fraccionamiento ubicado a un costado de la Autopista del Sol, a las familias que continúan habitando las colonias marginadas de la periferia capitalina.
Al acudir a ocupar sus viviendas, encontraron que unas 130 familias se posesionaron de las viviendas, lo que ocasionó alegatos; las familias “invasoras” estaban armadas con palos y machetes, por lo que se retiraron para evitar una confrontación física.
En ese momento, el grupo “invasor” destacó a grandes rasgos que habitan desde hace un mes las viviendas, y contaban con un folio expedido por la Sedatu.
Por tal motivo, el martes los vecinos afectados protestaron en las oficinas de la dependencia federal para exigir a las autoridades esclarecer los hechos, luego de recordar que las familias llevan más de dos años a la espera de una casa sin que formalmente hayan sido entregadas.
En la protesta, los vecinos reprocharon a la subdelegada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez Sales, y a otra comisión de la dependencia, la negligencia de los trabajos para la entrega de viviendas, y aseguraron ser ellos los damnificados y no el grupo de familias que ya las habitan.
“Fuimos sacados con machete y palos del fraccionamiento, porque ya estaban habitadas las casas, mientras que ustedes no entregaron la documentación de la vivienda para reclamarles el porqué están ahí en nuestra propiedad”, declararon.
Una mujer agregó que, acudieron por la mañana a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer una denuncia por despojo domiciliario, ya que contaban con un documento de asignación que les otorgó la Sedatu, pero encontraron que el documento no constaba de ningún sustento legal, ya que los terrenos son todavía propiedad de la Sedatu; “exigimos que sean ustedes que procedan a la denuncia”, reclamaron.
Los afectados reprocharon a la dependencia que enfrente a las familias que habitan los hogares resguardados con la portación de palos y machetes, tras no realizar un procedimiento de carácter judicial.
Consultada durante la protesta, una de las afectadas, que se reservó su nombre, dijo que desde hace dos semanas damnificados invadieron las casas del fraccionamiento, que según la Sedatu les vendió.
Acusó a una de las integrantes del grupo, Cándida Vázquez Niño, a la “que la respalda una enfermera, Estela, que se siente poderosa porque la apoya la diputada federal Beatriz Vélez Núñez, por posesionarse de las viviendas que pertenecen a los damnificados”.
Recordó que, hace dos años la Sedatu les entregó un folio y un censo donde indicaba que ya contaban con su vivienda, “fuimos a que nos entregaran las casas, pero otras personas nos agredieron y nos amenazaron de muerte, porque les íbamos a quitar las viviendas”.
Comentó que desconocen a las personas que ocupan las casas y que hay complicidad entre Cándida Vázquez Niño y la Sedatu en la entrega irregular de las viviendas.
“A las casas les faltan el servicio de agua, drenaje y luz eléctrica, por eso queremos que el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello atienda nuestras demandas”, indicó.
Por su parte, Armenta Tello dijo que ya se presentó una denuncia ante las autoridades contra quien resulte responsable de la “invasión” de las 130 casas, ya que muchos de los “invasores” no son beneficiarios.
Comentó que en el censo no tienen información de quiénes habitan las casas en el fraccionamiento El Mirador, “son 130 casas invadidas, los que viven ahí no están registrados en el censo y no sabemos si son damnificados, pero se procederá de manera legal”.
Informó que la dependencia ha entregado 370 casas de las 598 que incluye el proyecto del fraccionamiento el Mirador, y en el estado se tiene un faltante de 2 mil casas para reubicar a todos los damnificados de la tormenta Manuel.
Armenta Tello reconoció que en el fraccionamiento hay problemas con la instalación de energía eléctrica y el servicio de agua.
Luego de una hora, se firmó una minuta de acuerdo que incluyó una reunión el próximo viernes en la Sedatu, donde abordarán el problema de las irregularidades que prevalecen en El Mirador.
