Las escuelas de todos los niveles educativos de los siete pueblos del valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, reanudaron labores de manera normal la mañana de ayer, mientras que la primaria federal Benito Juárez, de la comunidad de Buena Vista de la Salud, continúa cerrada, luego de que la semana pasada suspendió labores tras enfrentamientos armados en dos comunidades.
Las comunidades afectadas por estos hechos de violencia fueron Mohoneras, El Ocotito, Buena Vista de la Salud, Cajelitos, Rincón de la Vía, Palo Blanco y Acahuizotla, ubicadas en el corredor del valle de El Ocotito.
Ante el regreso a clases no se observó vigilancia de la Policía Estatal, ministerial ni de soldados del Ejército, ni recorridos de seguridad en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, que conduce a los siete pueblos, después de las balaceras de hace nueve días en Buena Vista de la Salud y el martes en Palo Blanco.
En El Ocotito, se observó que los padres de familia llevaron a sus hijos a los jardines de niños Santos Degollado y Gabriela Magistral, y a las primaria Emperador Cuauhtémoc, Sidar y Rovirosa, José María Morelos y Pavón, y Vicente Guerrero.
En las calles se constató que los vecinos caminaban de manera tranquila, además acudían al mercado ubicado frente a la comisaria municipal, para hacer sus compras; aunque sí se observaron recorridos de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Asimismo, los negocios de abarrotes, papelería, fondas de comida, peluquerías y ferreterías daban servicio normal a sus clientes.
Consultado en la comisaria municipal de El Ocotito, el comisario, Fernando Rosales González se quejó porque el alcalde de Chilpancingo, Jesús Tejeda Vargas, y el gobernador, Héctor Astudillo Flores, no han atendido el problema de la inseguridad que afecta a los pueblos de El Valle.
Comentó que los gobiernos estatal y municipal dieron instrucciones para una operación de seguridad en los siete pueblos afectados, pero no hay vigilancia en la zona, y agregó que después de las 6 de la tarde los policías de la UPOEG intensifican los recorridos de seguridad para evitar otra balacera.
“No hay ninguna respuesta de las autoridades, es la cuestión de ellos de otorgarnos seguridad, pero no lo hacen; nosotros con los policías cuidamos la zona, el gobierno nos debería ayudar para que la gente no se alarme”, declaró.
En Buena Vista de la Salud, se constató que los padres de familia llevaban a sus hijos a la secundaria técnica, a la primaria federal Benito Juárez y al jardín de niños Rosario Castellanos, mientras que policías de la UPOEG acudieron a las distintas escuelas para hablar con los directivos, maestros y padres, y les ofrecieron que ellos se encargarán de vigilar la zona para que haya tranquilidad, confianza y que no tengan miedo.
En un recorrido en la comunidad se observó que el mercado del centro reabrió sus puertas, luego que la semana pasada estuvo cerrado tras los hechos de violencia.
La única escuela que no volvió a clases fue la primaria federal Benito Juárez, de Buena Vista de la Salud, donde los estudiantes y padres de familia se presentaron pero en una reunión posterior con los directivos y los maestros, suspendieron las clases de esta semana.
En la reunión dentro de la escuela, el director de la primaria Benito Juárez, Sergio Adame Adame dijo que padecen la violencia y la inseguridad en la comunidad, y que la población no la provoca, “la ciudadanía es la parte indirecta del acontecer de inseguridad que se viven en la comunidad al igual que en el estado y país”.
“Le pregunto a los padres de familia si se reanudan las clases o no”, en tanto las condiciones no sean favorables para regresar, “en la escuela tenemos 288 estudiantes y es una responsabilidad que no nos deja concentrar al 100 por ciento en nuestra tarea educativa”.
Adame Adame se quejó de que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) no han enviado un desplegado o postura ante la suspensión de clases a causa de los hechos de violencia que ocurren en el valle de El Ocotito.
En la reunión, un padre de familia comentó que, en caso de que ocurra un enfrentamiento armado como el del domingo, “lo que voy hacer es ir a la escuela y sacar a mi hijo, nadie nos puede garantizar que haya seguridad, es mejor que no haya clases hasta que se calme esta situación”.
Una madre de familia dijo que ni ellas ni los padres pueden garantizar la seguridad de la escuela, “no tenemos armas para cuidar la escuela, lo que nos toca es tener la confianza de que todo está bien, de que no pasará nada, pero eso sí, tener precaución”.
Una maestra de la escuela señaló que es una responsabilidad cuidar a unos 24 niños en un salón de clases en caso de que ocurra otra balacera, “me deslindo de lo que pueda ocurrir, el gobierno es el responsable de garantizar la seguridad en la zona”, advirtió.
Otra madre de familia dijo, “yo tengo dos hijos en la primaria y otra hija en la secundaria, se me complica mucho ir por ellos en caso de que haya una balacera, mejor que les dejen tarea para que lo hagan en la casa y no correr riesgo”.
“Me dio miedo llevar a mis hijo a la escuela, porque hay la incertidumbre de que puede ocurrir otro enfrentamiento, mejor que no haya clases, para estar seguros en nuestras casas, no hay garantías de seguridad y es por precaución”, declaró.
Asimismo, un policía de la UPOEG, Espiridión recordó que hace 42 años la comunidad de Buena Vista de la Salud era una población tranquila, humilde, “nos amanecíamos tomando y en fiestas, pero no había este tipo de peligro, al que hoy estamos expuestos”.
Convocó a los padres de familia y maestros para que se reanuden las actividades educativas en el pueblo de manera normal, y dijo que la policía de la UPOEG brindará seguridad a los estudiantes, maestros y a la población cuando la requieran, “lo único que pretendemos es que el pueblo sea como hace 40 años, seguro, tranquilo, y respeto mutuo entre nosotros”.
Reconoció que el enfrentamiento armado entre policías estatales y civiles armados hace nueve días en la comunidad, tuvo la intención de atacar y exterminar a la mayor parte de la policía de la UPOEG, “esta situación fue (porque) a lo mejor hay intereses de por medio, pero no sabemos bien, simplemente estamos para dar seguridad al pueblo”.
Pidió a la población que reporte a la base de la UPOEG cualquier delito o irregularidad en Buena Vista de la Salud.
En repuesta, una madre de familia se quejó porque el enfrentamiento armados fue frente de su casa, “ningún policía acudió a mi domicilio para saber como estábamos después de la balacera, fue algo traumático porque estaba con mi hijo, no tuvimos apoyo de ustedes y hasta la fecha no hemos recibido apoyo de ellos”.
Una maestra informó a los policías de la UPOEG que los directivos, maestros y padres de familia acordaron que se suspenden clases y reanudarán el lunes de la próxima semana, en caso de que haya condiciones de seguridad en la comunidad.
Después de la reunión, firmaron un acuerdo para llevarlo a la SEG para que tengan conocimiento del problema y no afecte el salario de los maestros.
Hace nueve días ocurrió un enfrentamiento entre civiles armados y policías estatales que dejó un saldo de un civil muerto y dos agentes heridos en la localidad de Buena Vista de la Salud.
Por estos hechos de violencia, autoridades municipales y educativas suspendieron labores en las escuelas de todos los niveles en Mohoneras, El Ocotito, Buena Vista de la Salud, Cajelitos y Rincón de la Vía.
La noche del martes, civiles armados atacaron a policías de la UPOEG en el retén instalado en la entrada a la localidad de Palo Blanco, en la carretera federal México-Acapulco que dejó un civil muerto y dos policías heridos. En Palo Blanco y Acahuizotla se suspendieron las clases para proteger a los niños y maestros
Etiqueta: Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero
Cierran comercios y escuelas en el valle de El Ocotito
El gobierno “va a ir” al valle del Ocotito ante recientes enfrentamientos, anuncia Astudillo
El gobernador pregunta por la seguridad que pregona la UPOEG y dice que hay un conficto entre dos grupos y urge la responsabilidad de la federación
Zacarías Cervantes
Chilapa
El gobernador Héctor Astudillo Flores cuestionó dónde está la seguridad que pregonan quienes operan en las comunidades del valle de El Ocotito, luego de los hechos de violencia del domingo en Buena Vista de la Salud y la noche del martes en Palo Blanco, localidades del municipio de Chilpancingo en donde tiene presencia la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Astudillo declaró que en esa zona hay un conflicto entre dos grupos que “está urgiendo la responsabilidad de la federación”, y que el gobierno “va a ir” porque es su responsabilidad.
En conferencia de prensa al final de la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero en Chilapa, a la que asistieron el comandante de la 35 Zona Militar general José Francisco Terán Valle, el coordinador de la Policía Federal en Guerrero David Portillo Menchaca, el fiscal Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública estatal Pedro Almazán Cervantes, un representante de la Procuraduría General de la República (PGR), y el vocero Roberto Álvarez Heredia, al gobernador se le preguntó por la situación en el valle del Ocotito, y respondió en todo sarcástico: “¿ya se estaban tardando, no?”, en referencia a los últimos acontecimientos de violencia en esos pueblos.
En esa zona detonó la violencia el domingo pasado. Ese día en Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo, en un enfrentamiento entre miembros de civiles armados y policías estatales murió un civil y dos policías estatales quedaron heridos. Asimismo, la noche del martes resultó un policía ciudadano muerto y dos heridos en un ataque de un comando en Palo Blanco, a unos 20 minutos de Chilpancingo, y por la violencia desde el lunes también se suspendieron las clases en las escuelas de las comunidades del valle de El Ocotito.
El gobernador dijo que lo primero que debe hacerse es un diagnóstico para saber cuántas escuelas están sin clases, que “se está haciendo en estos momentos”.
De los últimos días el gobernador cuestionó, “¿y la seguridad que pregonaban?”, y declaró que en esas comunidades “hay un conflicto entre dos grupos que, sin duda, está urgiendo la responsabilidad de la federación y vamos a ir, indiscutiblemente, porque es nuestra responsabilidad”.
No precisó cuáles son esos grupos que están en conflicto, aunque esas comunidades están bajo el control desde finales del año pasado de la autodefensa de la UPOEG, que está en conflicto con la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), pero esta agrupación desde el año pasado fue replegada violentamente a Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero.
El gobernador quien en campaña prometió “orden y paz”, insistió: “aquí cabe una pregunta elemental: ¿y los que pregonaban que brindaban seguridad, dónde están?. Vamos a ir nosotros porque es nuestra responsabilidad, por supuesto”.
Suspenden clases también en Acahuizotla y Palo Blanco, tras ataque a balazos el martes
En las comunidades de Acahuizotla y Palo Blanco, del municipio de Chilpancingo, se suspendieron las labores en las escuelas de todo los niveles educativos, tras los hechos de la noche del martes, cuando civiles armados atacaron a policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en su retén en la entrada a Palo Blanco, en la carretera federal México-Acapulco.
Con éstas, son siete comunidades del valle de El Ocotito donde no hay clases, luego del enfrentamiento del domingo entre civiles armados y policías estatales que dejó un civil muerto y dos policías heridos en Buenavista de la Salud.
Un integrante del Consejo de Autoridades de El Ocotito, informó que ayer se acordó que no se reanudaran las clases suspendidas desde el lunes en Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Cajelitos y Rincón de la Vía, por los hechos de violencia de la noche del martes en Palo Blanco, y que además se sumaron Palo Blanco y Acahuizotla.
Señaló que esta medida es para que estudiantes y maestros no corran el riesgo en caso de un enfrentamiento entre policías ciudadanos de la UPOEG y hombres armados.
La noche del martes, un ataque de civiles armados a policías de la UPOEG en Palo Blanco, dejó un muerto y dos policías heridos de bala. (Luis Blancas/Chilpancingo).
Los Ardillos buscan controlar el valle de El Ocotito, dice un comandante de la UPOEG
El ejecutado en un automóvil el martes era un ex policía ciudadano, informa Ernesto Gallardo. Destituyeron a ocho integrantes de la organización que tenían acuerdos con los criminales, afirma. Aterroriza a vecinos de Palo Blanco el rumor de una balacera, cierran locales y se refugian en sus casas
El comandante general del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Ernesto Gallardo Grande informó que los ataques en Buenavista y Palo Blanco son “una provocación” del grupo criminal Los Ardillos, que pretende controlar el corredor del valle de El Ocotito.
El domingo sicarios y policías estatales se enfrentaron en Buenavista, un civil murió y dos agentes resultaron heridos, el martes atacaron un retén de la UPOEG en Palo Blanco, un civil murió y dos policías de esa organización resultaron heridos. Tras ambos hechos se cerraron el lunes las escuelas en Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Rincón de la Vía y Cajelitos, y ayer también en Palo Blanco, Acahuizotla, Mazatlán y Petaquillas, se informó aquí.
Consultado en la Comisaría de Palo Blanco, Gallardo Grande dijo que “lo que está pasando es que el grupo delincuencial denominado Los Ardillos está calculando fuerza y nos está provocando, con nosotros no va a haber acuerdos ni arreglos en cuestiones como ellos quieren entrar en nuestro territorio”.
Del ataque al retén el martes contó que los sicarios “vinieron a atacar nuestra base, gracias a Dios no tenemos bajas más que uno que ellos mismos ya traían en la cajuela del coche, lo traían esposado, así lo dejaron”, e informó que se trata de un ex policía de la UPOEG.
Ante la situación “vamos a dar una respuesta, por eso estamos haciendo recorridos, estamos haciendo presencia en todo el corredor del valle de El Ocotito para brindar seguridad a la población, que no pasen a mayores las cosas, para que ya no nos vuelvan a sorprender”.
De la presunta ruptura de la UPOEG aseguró que “es mentira, no hay ninguna confrontación entre comunitarios ni entre población ni con el gobierno, aquí la confrontación es directamente con el grupo delictivo de Los Ardillos”.
“En nuestro sistema hay reglas y hubo gente de Buenavista, un grupo que compañeros, comisario y todo que se destituyeron porque tenían acuerdos con Los Ardillos cuando nosotros no podemos tener acuerdos con ningún cártel, se les pidió que se quitaran la playera (de la organización) y que quedaran como personas normales, ‘es tu bronca, asúmela’, pero representaban un riesgo”, y dijo que por eso se solicitó la intervención de la Policía Estatal para evitar “vernos mal” y que se pensara que hay una confrontación entre policías ciudadanos.
Precisó que las destituidas fueron “ocho personas” que fueron apoyados por unas “siete u ocho” camionetas de Los Ardillos, cuyo armamento fue decomisado luego del enfrentamiento del domingo en Buenavista.
Declaró que ese grupo criminal ocupa dos rutas para irrumpir en el corredor del valle de El Ocotito, una por Petaquillas que es “por donde más se nos están viniendo”, y otra por Acahuizotla.
Del cierre de las escuelas en las nueve comunidades, así como el ambiente tenso a consecuencia de los enfrentamientos, Gallardo Grande dijo que “las escuelas no tienen por qué cerrar, no tiene por qué haber toque de queda, para eso tenemos sistema de seguridad, para sobre guardar la seguridad de los niños y de la población”.
Sin embargo dijo que “si nosotros no tenemos la capacidad (para garantizar la seguridad), el gobierno lo tiene que hacer también, nosotros no estamos peleados con el gobierno y tampoco le prohibimos el paso al gobierno, podemos coordinarnos”.
Informó que con la presencia de la UPOEG en las comunidades las clases podrían reanudarse hoy o mañana.
Por su parte el comisario de Palo Blanco, Carlos Santos Locia reconoció que hay pánico en las comunidades, pero con la presencia de la UPOEG “no hay nada que estar temiendo, nos está brindando la seguridad, nosotros agradecemos la coordinación con la Policía Estatal, las escuelas no tienen por qué cerrarse”. Llamó a la sociedad a retomar sus actividades, y a que “ya no tengan miedo”.
Retenes no reactivan la vida cotidiana
Desde El Ocotito hasta Palo Blanco la UPOEG instaló retenes que vigilan grupos de ocho a 50 policías ciudadanos, pero la tensión en las comunidades prevalecía ayer como se constató en un recorrido.
A pesar de que ser un día hábil, el miércoles, las escuelas de nivel básico, medio superior y superior en las comunidades estaban cerradas. En las calles no hubo el movimiento habitual de los pobladores que suelen salir de sus casas al mediodía para sus actividades cotidianas, recoger a sus hijos, ir al mercado, a visitarse, lo que se hace cuando no se teme por su vida.
La carretera federal México-Acapulco que cruza por las comunidades que integran el corredor del valle de El Ocotito no había más que unos cuantos vehículos, principalmente del transporte público, taxis y urvans que van a Chilpancingo o a Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero.
En Palo Blanco rumores de una balacera en Acahuizotla aterrorizaron a la población, los comerciantes cerraron de golpe sus locales mientras que mujeres y jóvenes corrían a sus casas, en sus rostros se notaba la angustia, la incertidumbre de no saber si las balas volverían a llegar a la comunidad.
Entre el ir y venir de la gente una camioneta de la Policía Ciudadana aceleró con dirección al pueblo vecino, donde no se confirmó ningún enfrentamiento.(Alina Navarrete Fernández / Palo Blanco, Chilpancingo).
El gobierno “va a ir” al valle del Ocotito ante recientes enfrentamientos, anuncia Astudillo
El gobernador Héctor Astudillo Flores cuestionó dónde está la seguridad que pregonan quienes operan en las comunidades del valle de El Ocotito, luego de los hechos de violencia del domingo en Buena Vista de la Salud y la noche del martes en Palo Blanco, localidades del municipio de Chilpancingo en donde tiene presencia la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Astudillo declaró que en esa zona hay un conflicto entre dos grupos que “está urgiendo la responsabilidad de la federación”, y que el gobierno “va a ir” porque es su responsabilidad.
En conferencia de prensa al final de la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero en Chilapa, a la que asistieron el comandante de la 35 Zona Militar general José Francisco Terán Valle, el coordinador de la Policía Federal en Guerrero David Portillo Menchaca, el fiscal Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública estatal Pedro Almazán Cervantes, un representante de la Procuraduría General de la República (PGR), y el vocero Roberto Álvarez Heredia, al gobernador se le preguntó por la situación en el valle del Ocotito, y respondió en todo sarcástico: “¿ya se estaban tardando, no?”, en referencia a los últimos acontecimientos de violencia en esos pueblos.
En esa zona detonó la violencia el domingo pasado. Ese día en Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo, en un enfrentamiento entre miembros de civiles armados y policías estatales murió un civil y dos policías estatales quedaron heridos. Asimismo, la noche del martes resultó un policía ciudadano muerto y dos heridos en un ataque de un comando en Palo Blanco, a unos 20 minutos de Chilpancingo, y por la violencia desde el lunes también se suspendieron las clases en las escuelas de las comunidades del valle de El Ocotito.
El gobernador dijo que lo primero que debe hacerse es un diagnóstico para saber cuántas escuelas están sin clases, que “se está haciendo en estos momentos”.
De los últimos días el gobernador cuestionó, “¿y la seguridad que pregonaban?”, y declaró que en esas comunidades “hay un conflicto entre dos grupos que, sin duda, está urgiendo la responsabilidad de la federación y vamos a ir, indiscutiblemente, porque es nuestra responsabilidad”.
No precisó cuáles son esos grupos que están en conflicto, aunque esas comunidades están bajo el control desde finales del año pasado de la autodefensa de la UPOEG, que está en conflicto con la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), pero esta agrupación desde el año pasado fue replegada violentamente a Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero.
El gobernador quien en campaña prometió “orden y paz”, insistió: “aquí cabe una pregunta elemental: ¿y los que pregonaban que brindaban seguridad, dónde están?. Vamos a ir nosotros porque es nuestra responsabilidad, por supuesto”.
Suspenden clases también en Acahuizotla y Palo Blanco, tras ataque a balazos el martes
En las comunidades de Acahuizotla y Palo Blanco, del municipio de Chilpancingo, se suspendieron las labores en las escuelas de todo los niveles educativos, tras los hechos de la noche del martes, cuando civiles armados atacaron a policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en su retén en la entrada a Palo Blanco, en la carretera federal México-Acapulco.
Con éstas, son siete comunidades del valle de El Ocotito donde no hay clases, luego del enfrentamiento del domingo entre civiles armados y policías estatales que dejó un civil muerto y dos policías heridos en Buenavista de la Salud.
Un integrante del Consejo de Autoridades de El Ocotito, informó que ayer se acordó que no se reanudaran las clases suspendidas desde el lunes en Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Cajelitos y Rincón de la Vía, por los hechos de violencia de la noche del martes en Palo Blanco, y que además se sumaron Palo Blanco y Acahuizotla.
Señaló que esta medida es para que estudiantes y maestros no corran el riesgo en caso de un enfrentamiento entre policías ciudadanos de la UPOEG y hombres armados.
La noche del martes, un ataque de civiles armados a policías de la UPOEG en Palo Blanco, dejó un muerto y dos policías heridos de bala.
Los Ardillos buscan controlar el valle de El Ocotito, dice un comandante de la UPOEG
El comandante general del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Ernesto Gallardo Grande informó que los ataques en Buenavista y Palo Blanco son “una provocación” del grupo criminal Los Ardillos, que pretende controlar el corredor del valle de El Ocotito.
El domingo sicarios y policías estatales se enfrentaron en Buenavista, un civil murió y dos agentes resultaron heridos, el martes atacaron un retén de la UPOEG en Palo Blanco, un civil murió y dos policías de esa organización resultaron heridos. Tras ambos hechos se cerraron el lunes las escuelas en Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Rincón de la Vía y Cajelitos, y ayer también en Palo Blanco, Acahuizotla, Mazatlán y Petaquillas, se informó aquí.
Consultado en la Comisaría de Palo Blanco, Gallardo Grande dijo que “lo que está pasando es que el grupo delincuencial denominado Los Ardillos está calculando fuerza y nos está provocando, con nosotros no va a haber acuerdos ni arreglos en cuestiones como ellos quieren entrar en nuestro territorio”.
Del ataque al retén el martes contó que los sicarios “vinieron a atacar nuestra base, gracias a Dios no tenemos bajas más que uno que ellos mismos ya traían en la cajuela del coche, lo traían esposado, así lo dejaron”, e informó que se trata de un ex policía de la UPOEG.
Ante la situación “vamos a dar una respuesta, por eso estamos haciendo recorridos, estamos haciendo presencia en todo el corredor del valle de El Ocotito para brindar seguridad a la población, que no pasen a mayores las cosas, para que ya no nos vuelvan a sorprender”.
De la presunta ruptura de la UPOEG aseguró que “es mentira, no hay ninguna confrontación entre comunitarios ni entre población ni con el gobierno, aquí la confrontación es directamente con el grupo delictivo de Los Ardillos”.
“En nuestro sistema hay reglas y hubo gente de Buenavista, un grupo que compañeros, comisario y todo que se destituyeron porque tenían acuerdos con Los Ardillos cuando nosotros no podemos tener acuerdos con ningún cártel, se les pidió que se quitaran la playera (de la organización) y que quedaran como personas normales, ‘es tu bronca, asúmela’, pero representaban un riesgo”, y dijo que por eso se solicitó la intervención de la Policía Estatal para evitar “vernos mal” y que se pensara que hay una confrontación entre policías ciudadanos.
Precisó que las destituidas fueron “ocho personas” que fueron apoyados por unas “siete u ocho” camionetas de Los Ardillos, cuyo armamento fue decomisado luego del enfrentamiento del domingo en Buenavista.
Declaró que ese grupo criminal ocupa dos rutas para irrumpir en el corredor del valle de El Ocotito, una por Petaquillas que es “por donde más se nos están viniendo”, y otra por Acahuizotla.
Del cierre de las escuelas en las nueve comunidades, así como el ambiente tenso a consecuencia de los enfrentamientos, Gallardo Grande dijo que “las escuelas no tienen por qué cerrar, no tiene por qué haber toque de queda, para eso tenemos sistema de seguridad, para sobre guardar la seguridad de los niños y de la población”.
Sin embargo dijo que “si nosotros no tenemos la capacidad (para garantizar la seguridad), el gobierno lo tiene que hacer también, nosotros no estamos peleados con el gobierno y tampoco le prohibimos el paso al gobierno, podemos coordinarnos”.
Informó que con la presencia de la UPOEG en las comunidades las clases podrían reanudarse hoy o mañana.
Por su parte el comisario de Palo Blanco, Carlos Santos Locia reconoció que hay pánico en las comunidades, pero con la presencia de la UPOEG “no hay nada que estar temiendo, nos está brindando la seguridad, nosotros agradecemos la coordinación con la Policía Estatal, las escuelas no tienen por qué cerrarse”. Llamó a la sociedad a retomar sus actividades, y a que “ya no tengan miedo”.
Retenes no reactivan la vida cotidiana
Desde El Ocotito hasta Palo Blanco la UPOEG instaló retenes que vigilan grupos de ocho a 50 policías ciudadanos, pero la tensión en las comunidades prevalecía ayer como se constató en un recorrido.
A pesar de que ser un día hábil, el miércoles, las escuelas de nivel básico, medio superior y superior en las comunidades estaban cerradas. En las calles no hubo el movimiento habitual de los pobladores que suelen salir de sus casas al mediodía para sus actividades cotidianas, recoger a sus hijos, ir al mercado, a visitarse, lo que se hace cuando no se teme por su vida.
La carretera federal México-Acapulco que cruza por las comunidades que integran el corredor del valle de El Ocotito no había más que unos cuantos vehículos, principalmente del transporte público, taxis y urvans que van a Chilpancingo o a Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero.
En Palo Blanco rumores de una balacera en Acahuizotla aterrorizaron a la población, los comerciantes cerraron de golpe sus locales mientras que mujeres y jóvenes corrían a sus casas, en sus rostros se notaba la angustia, la incertidumbre de no saber si las balas volverían a llegar a la comunidad.
Entre el ir y venir de la gente una camioneta de la Policía Ciudadana aceleró con dirección al pueblo vecino, donde no se confirmó ningún enfrentamiento.
Nombran a la generación de la Facom como el estudiante víctima de la disputa UPOEG-FUSDEG
La generación 2013-2017 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia (Facom) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) lleva el nombre de Cristian Jesús Santiago Navarrete, estudiante que murió el 13 de mayo en una balacera entre el Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Ocotito, municipio de Chilpancingo.
Este sábado se celebró la clausura en el auditorio José Joaquín Herrera en el Palacio de Gobierno, a donde asistieron los 218 estudiantes de la generación, excepto Santiago Navarrete, quien a los 22 años fue víctima de la disputa entre los grupos de autodefensa por el control del corredor del Valle de El Ocotito, de Mazatlán a Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero.
La directora de la Facultad, Norma Angélica Sevilla Muñoz lamentó la situación difícil de Guerrero en materia de seguridad y que el joven universitario falleciera.
Por su parte, los compañeros de Santiago Navarrete lo recordaron con cariño como un buen estudiante, y exigieron justicia para todos los universitarios que han sido asesinados.
De acuerdo con cifras que ha dado a conocer el rector, Javier Saldaña Almazán, quien fue padrino de la generación pero no asistió a la ceremonia, en los últimos cinco años 27 universitarios, académicos, trabajadores administrativos y estudiantes han sido asesinados ante la inseguridad en el estado.
Protestan en el hospital de San Luis Acatlán porque no se atendió al indígena que falleció
Jacob Morales Antonio
Pobladores del Ejido de Buena Vista, San Luis Acatlán, y miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), protestaron afuera del hospital básico comunitario de la cabecera municipal, donde fueron acompañados en solidaridad por el alcalde Javier Vázquez y regidores.
En un mitin, estuvieron el director del nosocomio, Eduardo Barrios Jacobo, médicos y enfermeras del hospital, quienes después entraron al hospital para atender un parto, los manifestantes informaron que en ningún momento se retuvo a nadie.
La protesta comenzó a las 8 de la mañana afuera del hospital, y no interfirió con las consultas ni la atención de las personas que llegaban y solicitaban ser atendidos, incluso, los manifestantes exigían a los médicos una atención inmediata a los pacientes.
Afuera del hospital colgaron una manta en la que unos 600 pobladores exigieron la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores para que las autoridades del hospital informaran porqué no se atendió al campesino de 54 años de edad y quien falleció el domingo pasado sentado en la sala de espera del hospital de acuerdo con los familiares.
En las pancartas se leía, “exigimos justicia para el señor Calixto Zabala”, “los habitantes de Ejido Buena Vista exigimos justicia”, y “Hospital de doctores asesinos”. A la movilización se unieron los integrantes de la UPOEG, y con su coordinadora estatal, Nereyda Miranda López, así como los pobladores de Yoloxóchitl donde la UPOEG tiene presencia con sus policías.
La hija del señor Calixto Zavala, Alma Luz Zavala, dijo vía telefónica que la manifestación era pacífica, que el pueblo se organizó porque, “no es justo que otras personas sigan muriendo por la falta de atención”, y para que las autoridades municipales, del hospital y de la secretaría de salud se presentaran.
A la movilización llegaron el alcalde, Javier Vázquez, y el director del nosocomio, a quienes los habitantes reprendieron, y exigieron la presencia del secretario de salud, Carlos de la Peña Pintos, quien llegó a las 5:30 de la tarde, y se reunió con los familiares, el alcalde y el director del hospital, a las 8:30 de la noche.
Los familiares, en el mitin denunciaron la falta de atención de los médicos del hospital, y narraron su protesta el peregrinar que sufrieron ante la falta de atención médica, la esperó media hora para que una enfermera le tomara los signos vitales, además de que le negaron una silla de rueda para sentarlo.
Llorando, la señora dijo que su esposo no era el primero en morir y que “son muchos los casos. Muchas embarazadas están sufriendo, no son atendidas como ellas quieren, ¿porqué?, qué está haciendo usted señor presidente?, ¿qué está haciendo el regidor de salud?, ¿qué está siendo el secretario de salud?, cuando quieren ser presidente hablan bonito de educación de salud”.
Otros vecinos reclamaron al alcalde y al director del hospital, que ¿quién sigue ahora?. El abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero, indicó que lo que se buscaba con la protesta era un diálogo +y una coordinación para que se mejore el servicio de salud, y que otra persona no muera.
Solicitó que la Secretaría de Salud, y el alcalde inviertan para que los hospitales y centros de salud tengan traductores, porque la mayoría de la gente en las comunidades habla tuun savi y mephaa, e incluso el ejido de Buena Vista estaba dispuesto a entregar 10 hectáreas de tierra para que se construya un hospital.
Vía telefónica, el abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero, informó que en la reunión se acordó una investigación y castigo a los responsables de la muerte del señor, asimimo pidieron la renuncia de la encargada de la administración Saraid Castro Valdez por la venta de medicamentos, pero desde ayer se acordó su separación.
Además solicitaron la intervención de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado (Codehum) en las investigaciones. El secretario se comprometió a ir el próximo jueves a la comunidad de Buena Vista.
No se pasará por alto la masacre en Cacahuatepec, dice Astudillo a UPOEG
El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que no tiene interés de confrontase con nadie en los medios y que no se resuelve nada respondiendo a “provocaciones”, en alusión al pronunciamiento de la Unión de Pueblos y Organiza-ciones del Estado de Guerrero.
Consultado al concluir el acto de destrucción de armas, Astudillo señaló que ante la negativa de la UPOEG de desarmarse, no caerá en descalificaciones.
Pero también subrayó: “No podemos dejar pasar por alto los abominables crímenes que se cometieron recientemente en Cacahuatepec, a mí me parece que no se puede dejar de tener memoria frente acontecimientos que están ahí”, en referencia a la masacre de siete vecinos de esa comunidad de Acapulco, incluido un bebé, perpetrada a principios de junio por policías de esa organización.
Reiteró que los grupos de autodefensa han incurrido en acciones que son reprobadas, no sólo por le gobierno del estado sino por la sociedad.
De las críticas de la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC), dijo que se debe dialogar y debatir en torno a la Ley 701 para encontrar la base jurídica del nuevo ordenamiento sobre los derechos indígenas. (Anarsis Pacheco / Chilpancingo).
Bloquean indígenas de Rancho Ocoapa, Ayutla, y la UPOEG a una empresa que tala los bosques
Indígenas de la comunidad na savi de Rancho Ocoapa, municipio de Ayutla, bloquearon este martes los trabajos de una empresa maderera que hace tres semanas comenzó a talar el bosque del núcleo agrario de La Concordia y abrió una carretera en tierras de Rancho Ocoapa sin su permiso, derribando árboles de encino y ocote y ocasionando daños al medio ambiente.
Apoyados por policías ciudadanos armados de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), más de 50 indígenas de la localidad inmovilizaron tres máquinas trascabo y dos camiones de volteo que abrían una carretera en sus tierras. También retuvieron dos camiones troceros que regresaban para llevarse madera de la zona.
El comisario municipal de Rancho Ocoapa, Sergio Sixto Nereido denunció que la empresa maderera firmó un convenio con el núcleo agrario de La Concordia y con Coapinola, pero dijo que ignoraron a su pueblo en cuyas tierras comenzaron a provocar daños con la apertura de la carretera para que pasen los camiones cargados de madera.
Las demás comunidades de la zona están en territorio de la CRAC; vecinos dicen temer una confrontación
Rancho Ocoapa, se encuentra a poco más de una hora al oriente de Ayutla, la cabecera municipal, y es la única comunidad en la zona que cuenta con policía ciudadana de la UPOEG, el resto de las localidades es territorio de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, por lo que los habitantes temen que el conflicto provoque otra confrontación entre las dos agrupaciones.
Desde las 12 del día de este martes, unos 100 indígenas, la mitad de ellos policías ciudadanos armados de la UPOEG, bloquearon el acceso a la zona en donde la empresa maderera propiedad de Gabriel Bautista, quien tiene su aserradero cerca de Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo, está talando los árboles.
El bloqueo se instaló en el crucero que se encuentra entre las comunidades de Mezoncillo y Tres Cruces, para impedir que sigan saliendo camiones cargados de madera, pero también para prohibir que los trabajadores de la empresa sigan abriendo el camino en tierras que les pertenece.
Los casi 100 indígenas llegaron a la zona ayer al mediodía e inmovilizaron tres retroexcavadoras y dos camiones de volteo que se utilizaban para abrir el camino por donde van tumbando árboles de encino y ocote, mientras que la tierra y piedras que remueven y ruedan, provocan daños a la maleza.
“Aquí el problema son los límites que no respetaron. Están trabajando en terrenos que no les corresponde. Estas tierras son de Rancho Ocoapa y nosotros estamos en nuestro derecho de defenderlo como sea, como sea”, advirtió el comisario Sixto Nereido, con la ayuda de un traductor.
Denunció que la empresa maderera que está abriendo la carretera y ocasionando daños al medio ambiente no pidió permiso a la comunidad, “a mí no me tomaron en cuenta, ni tuve conocimiento de nada”, dijo.
Después de caminar los casi 3 kilómetros donde la empresa abrió una nueva carretera y en otras partes amplió la que ya estaba, el comisario dijo que los habitantes de su comunidad solamente están defendiendo el bosque, porque quienes entraron sin su consentimiento “están derribando árboles, dañando la tierra y el medio ambiente y eso ocasiona que se acabe el agua, se vayan los animales silvestres, y provoca graves daños al medio ambiente”, insistió.
El comisario, dijo que el bosque “es la vida” parta los habitantes, no solamente de la zona, sino para los de las comunidades y pueblos de más abajo. “Nosotros estamos defendiendo el futuro de la niñez, estamos defendiendo los bosques, el agua, el medio ambiente”.
Cuando los indígenas recorrían sus tierras en donde se abre la carretera, llegaron las autoridades agrarias de La Concordia, que es la comunidad que tiene el permiso para la explotación de la madera, a quienes les impidieron el paso y les reclamaron que hayan dado permiso a la empresa maderera de abrir el camino en tierras que no son suyas.
Uno de los representantes de La Concordia, que no fue identificado, dijo que el permiso también lo autorizó el comisariado del ejido de Coapinola, Camerino Castro García, pero el comisario de Rancho Ocoapa insistió en que a él no lo tomaron en cuenta, y que por ello los habitantes de su pueblo decidieron impedir el paso de los camiones con madera en sus tierras.
Los campesinos de Rancho Ocoapa denunciaron que el convenio solamente lo conocen y fue autorizado los comisariados de La Concordia y Coapinola, pero no el resto de los ejidatarios.
“Están enterados todos los ciudadanos”, aseguró el representante de La Concordia, quien al ver que le impedían el paso, a bordo de una camioneta Nissan doble cabina se regresó junto con dos de sus acompañantes, y dijo que volvería con el comisariado de Coapinola para que se aclararan las cosas, lo que después de las 2 de la tarde aún no ocurría. La discusión inició a las 11 y media de la mañana, aproximadamente.
Los indígenas de Rancho Ocoapa explicaron que sus vecinos de La Concordia pretenden sacar la madera por tierras de Rancho Ocoapa para que los camiones troceros no pasen por las comunidades de La Concordia y Coapinola, porque temen que los habitantes de estos pueblos se enteren del saqueo de la madera de su ejido, porque insistieron que el convenio sólo lo conocen los comisariados.
El comisario municipal aseguró que los comisariados de los dos núcleos agrarios que autorizaron el convenio no cuentan con los requisitos que establece la normatividad y que, a pesar de ello, el empresario ya comenzó a extraer la madera.
Ayer, durante el bloqueo de los trabajos de la empresa maderera, los indígenas de Rancho Ocoapa contaron con el respaldo de una comisión de habitantes de La Fátima.
“Aquí todos estamos unidos para defender el bosque” dijo, y demandó a los comisariados de La Concordia y Coapinola que diriman las diferencia mediante el diálogo y no con la violencia, y los responsabilizó del conflicto porque no lo tomaron en cuenta.
Ante la posibilidad de que los indígenas de las comunidades de La Concordia y Coapinola acudan a retirar el bloqueo, el comisario Sixto Nereido los convocó a que resuelvan el diferendo mediante el diálogo, “de manera pacífica, no con violencia”.
Después de que los indígenas inmovilizaron la maquinaria de la empresa maderera, se instalaron en plantón en el acceso hacia la zona donde desde hace tres semanas se comenzaron a talar los árboles de ocote y encino.
Los indígenas colocaron lonas para protegerse del sol y la lluvia, y advirtieron que van a permanecer allí el tiempo que sea necesario para proteger sus tierras.
Unos 40 o 50 policías ciudadanos armados de la UPOEG que resguardan el plantón, pertenecen a las comunidades de Rancho Ocoapa y La Fátima.
A pesar de las diferencias que existen entre la dirigencia de la UPOEG y las autoridades comunitarias de la CRAC en otras zonas, en estas comunidades hay coordinación entre la Policía Ciudadana y la Policía Comunitaria, aseguró el comisario de Rancho Ocoapa.
Sin embargo, los vecinos advirtieron del riesgo de que la policía de la CRAC intervenga para apoyar a las comunidades de La Concordia y Coapinola en este diferendo por la explotación de la madera.
Incluso, durante la discusión entre las autoridades agrarias de La Concordia y los de Rancho Ocoapa, el mediodía de ayer, los primeros reprocharon que estuviera la policía ciudadana en una zona que es territorio de la CRAC, pero los habitantes de Rancho Ocoapa le aclararon que en esa comunidad está la Policía Ciudadana de la UPOEG.
Fue un fin de semana complejo por la violencia y grupos conflictivos, dice el gobernador
El gobernador Héctor Astudillo Flores calificó este fin de semana como complejo, no sólo por la violencia que dejó más de 15 muertos, varios de ellos desmembrados, sino también por la “acción de grupos” que generan conflicto.
La mañana de este lunes al concluir el homenaje a la Bandera en Palacio de Gobierno, el gobernador puntualizó que el estado no sólo se vio afectado por la violencia provocada por grupos del crimen organizado, sino también por ciudadanos afines al Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), quienes el domingo bloquearon la Autopista del Sol en Tierra Colorada para exigir la salida de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
“Muy duro, muy grave y muy fuerte en muchos aspectos, no solamente en la violencia, sino también en la acción de grupos que se han dedicado a generar conflictos más que soluciones para la sociedad, como es el grupo de los que actuaron en Tierra Colorada”, señaló.
Dijo que a pesar de estos hechos el gobierno actuó como se debe, y que seguirá actuando cada vez para responder a estos hechos.
“Hay que valorar que nadie en su sano juicio anda asesinando a las personas y después haciéndolas pedazos, es un tema grave que habla de una gran descomposición emocional”, agregó.
Ofrece investigar el asesinato del abogado en Tixtla
En una segunda actividad en Casa Guerrero donde se celebró la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, y donde personal de la Secretaría de Seguridad Pública que vigila la entrada revisó el equipo y las bolsas de los reporteros para evitar otra protesta, el gobernador fue consultado sobre el asesinato del abogado Eduardo Catarino Dircio, a quien le sembraron un rifle de asalto AK-47.
“Se investigará lo que se tenga que investigar, por supuesto, y no habrá ningún problema, el gobernador es el más interesado en saber qué es lo que está sucediendo y por qué sucedió, pero no tengo los elementos para hacer un señalamiento de quién fue y qué fue lo que pasó”, agregó.
Dijo que lo que le corresponde es que el gobierno “encuentre una ruta de investigación muy precisa de qué es lo que pasó y por qué sucedió, por supuesto que eso es lamentable”.
A pregunta expresa del señalamiento de que los policías mataron al abogado y le sembraron una arma para hacerlo pasar como integrante del crimen organizado, respondió que se investigará a quien deba para dar con un resultado justo.
A pesar de la insistencia el gobernador se excus-o de seguir hablando del tema, y dijo que tendría una reunión del Grupo de Coordinación Guerrero donde se abordaría para fijar una postura sobre los hechos.