Tres de los siete jóvenes que fueron reportados desaparecidos entre el 23 y el 31 de diciembre y que fueron encontrados torturados, atados de las manos hacia atrás y semidesnudos atrás de la tienda Soriana y a un costado del Palacio de Gobierno la mañana del 3 de enero, también fueron detenidos por policías municipales de Chilpancingo y entregados a un grupo de la Policía Ministerial de Acapulco, quien los mantuvo incomunicados siete días, antes de que aparecieran tirados en esta ciudad, relataron familiares de una de las víctimas.
Mientras tanto la defensora de derechos humanos de Acapulco, Julia Alonso Carvajal denunció que posiblemente la intención de la Policía Ministerial era desaparecerlos o asesinarlos, como Abel Aguilar García y Efraín Patrón Ramos quienes siguen desaparecidos, y Jorge Arturo Vázquez Campos y Marcos Catalán Cabrera que fueron encontrados muertos.
Contó que los jóvenes se salvaron porque uno de ellos anotó el número de teléfono de su novia en un jabón y pidió a una persona que le llamaran informándole en dónde los tenían, y fue la propia Julia Alonso quien exigió que se los entregaran, lo cual no ocurrió pero al día siguiente fueron encontrados atrás de la tienda Soriana de Chilpancingo.
Actualmente dos están detenidos acusados de robo y el tercero de 15 años alcanzó escapar el día que los encontraron, y se encuentra bajo la protección de una asociación de madres de desaparecidos a la que pertenece Alonso Carbajal, quien ha solicitado la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue el caso.
Los tres jóvenes forman parte de los siete que fueron reportados como desaparecidos por el empresario Pioquinto Damián Huato el 2 de enero, en una reunión con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, a quien le entregó videos que comprueban que algunos fueron detenidos por policías municipales.
De los siete Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34 fueron encontrados muertos casi a la media noche del miércoles 3 de enero cerca de Tierras Prietas, al norte de la capital. Dos más, Efraín Patrón Ramos de 25 años y Abel Aguilar García de 18 siguen desaparecidos.
Los otros tres son los que fueron encontrados a las 6 de la mañana del 3 de enero en un terreno baldío a un costado del Palacio de Gobierno, visiblemente torturados, atados de las manos hacia tras y semidesnudos.
Virgilio Marcelo, padre de Héctor Josué, un menor de 15 años, y uno de los tres jóvenes que fueron encontrados ese día, contó que su hijo fue detenido cerca de las 3 de la tarde del 27 de diciembre por la Policía Municipal en la calle Eusebio Mendoza de la colonia Jardines del Sur.
Dijo que desde ese día no supieron de su paradero y que los policías no lo llevaron a la delegación de barandilla, “o si lo llevaron nadie nos quiso informar”. Informó que no tuvieron noticas de su hijo desde el 27 de diciembre hasta la mañana del 3 de enero cuando fue encontrado junto a los otros dos al sur de la ciudad.
Tras el hallazgo Héctor Josué pudo escapar. Su padre no explicó cómo, pero los otros dos jóvenes en vez de ser entregados a sus familiares quedaron detenidos acusados de robo.
Julia Alonso denunció que se violaron flagrantemente los derechos humanos de los tres muchachos y el debido proceso, porque estuvieron privados de su libertad incomunicados y siendo torturados durante siete días, y ahora dos de ellos no han sido puestos a disposición de ninguna autoridad cuando de acuerdo con el nuevo Sistema de Justicia Penal los detenidos deben ser puestos a disposición de la autoridad en las próximas 2 horas.
La defensora de derechos humanos dijo que el caso de cuando menos estos tres jóvenes demuestra que en la detención ilegal, desaparición y tortura, no solamente está implicada la Policía Municipal de Chilpancingo, sino también la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Alonso Carvajal denunció que la versión de los adolescentes (no proporcionó los nombres de los otros dos), es que después de que fueron detenidos por la Policía Municipal el 27 de diciembre, fueron trasladados a una casa de seguridad cerca de Chilpancingo, en donde escucharon que había otros detenidos.
En ese lugar comenzó la tortura y no saben en qué momento fueron entregados a la Policía Ministerial de la Agencia del Ministerio Público sector central de Acapulco, y al mando de un comandante que sólo escucharon que le decían Tino.
“Están vivos de milagro, porque la intención era desaparecerlos o asesinarlos como ocurrió con los otros jóvenes”, dijo Julia Alonso, quien narró que el 2 de enero fueron vistos en Acapulco por otra persona que había sido detenida, y a quien al salir uno delos jóvenes le entregó un jabón en el que anotó el número de su novia para informarle en dónde los tenían.
Entonces los familiares le pidieron apoyo a ella y se presentó a la agencia del Ministerio Público a exigir que se los entregaran, pero que les negaron que los tuvieran allí.
“Ya sabemos que los tienen aquí y a esos jóvenes los quiero vivos”, exigió al personal de guardia a quien amenazó con que ya había enterado del caso a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
También exigió que le mostraran las cámaras de seguridad de las instalaciones, pero también se lo negaron, y después se enteró que los tres jóvenes habían sido sacados a escondidas a las 5 de la tarde del martes 2 de enero, cuando el personal de guardia se enteró que se sabía que los tenían allí.
Los tres muchachos aparecieron a las 6 de la mañana del 3 de enero en un terreno baldío, al sur de la ciudad cerca del Palacio de Gobierno.
Tras el hallazgo no fueron entregados a sus familiares, fueron detenidos acusados de robo. Uno de ellos de 20 años está detenido en el penal de Acapulco, otro de 16 está en el tutelar para menor de la capital y Héctor Josué de 15 logró escapar y se encuentra bajo custodia de una asociación de madres de desaparecidos, en la Ciudad de México.
Julia Alonso declaró que también a este lo reclama la Fiscalía por robo, pero en una reunión ayer con el vice fiscal de Prevención de la FGE, Alejandro Santos, le advirtió: “no se los voy a entregar” e insistió en que se violaron flagrantemente sus derechos y el debido proceso al haber estado incomunicados, igual que los otros dos chicos, durante siete días en los que fueron torturados.
También exigió la libertad de los otros dos muchachos y advirtió que el caso ya fue puesto del conocimiento de la CNDH para que sea investigado, para descubrir los vínculos de la Policía Municipal que los detuvo y de la Policía Ministerial que los recibió y los mantuvo incomunicados con la delincuencia organizada.
“Es claro que están siendo acusados por delitos que no cometieron”, señaló la defensora de derechos humanos y dijo que se pretende encubrir la acción ilegal en que incurrieron los policías municipales y los ministeriales.
El domingo el fiscal Javier Olea declaró que “algunos medios de comunicación de Chilpancingo han difundido información sobre otros cuatro jóvenes desaparecidos”, y dijo que tres están vinculados a proceso por robo en casa habitación y violación, y que el cuarto “está prófugo”.
Ayer los familiares y la defensora de derechos humanos sólo hablaron de tres, dos detenidos y el menor de 15 años.