Hombres armados interceptaron y robaron con violencia la noche del viernes a un empleado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal una camioneta de la dependencia, en la carretera federal en el poblado de Mezcala, municipio de Eduardo Neri (Zumpango).
Según información de fuentes policiacas de la Policía Federal sector Caminos, ayer a la 1 de la tarde fue denunciado el robo de un vehículo antes de las 10 de la noche del viernes.
Se informó que cuatro hombres armados interceptaron y despojaron con violencia de una camioneta Ford Ranger blanca con placas del estado de México, propiedad del gobierno federal y con rótulos de la Sedesol, a un empleado de esta dependencia de nombre Octavio.
El robo ocurrió en la carretera federal México-Acapulco en el poblado de Mezcala, municipio de Eduardo Neri (Zumpango) y el conductor fue dejado ileso.
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Los asesinatos en Iguala son en contra de personas que van de paso, asegura el alcalde
El alcalde priista de Iguala, Herón Delgado Castañeda declaró la tarde de ayer que varios de los asesinatos ocurridos en esta ciudad en lo que va del año, han sido en contra de personas que van de paso y no tienen qué ver con Iguala, y reiteró que la incidencia delictiva ha bajado un 90 por ciento, según datos oficiales, y como resultado de la estrategia de seguridad en el municipio.
Al presidente municipal se le preguntó si ha requerido al estado y a la federación que se regresen las armas a los policías municipales, que les fueron decomisadas tras los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, en los que participaron agentes de esa corporación, y dijo que ese tema lo pondría a consideración de la sociedad, “porque no es una decisión sólo del gobierno”.
“Es una decisión que tenemos que consensar con la sociedad porque los policías de alguna manera tienen por ahí tal vez un estigma mal puesto, y esto genera desconfianza en la gente”.
Agregó que ha escuchado dos versiones diferentes de personas que sí quieren que los policías se armen, pero también de quienes se oponen “por lo que lo tenemos que consensar con la sociedad”.
Reconoció que le preocupan los asaltos a mano armada en la cabecera municipal, tanto en contra de transeúntes como automovilistas, de los cuales dijo, ya tiene conocimiento el ejército y la Policía Federal y están trabajando en la estrategia para desarticular esas bandas.
Delgado Castañeda afirmó que según el Ejército, “Iguala ya no se encuentra dentro de los cinco municipios del estado incluidos en la lista de 50 con mayor violencia a nivel nacional, esto nos da tranquilidad pero no nos confiamos”.
Al alcalde se le recordó que según las notas publicadas en El Sur hasta ayer habían ocurrido 19 ejecuciones con violencia en este municipio, lo que consideró que “muchos de éstos no tienen qué ver con Iguala, porque Iguala es una zona de paso, viene la gente de Taxco, de Teloloapan, de Altamirano, de Cocula y de otros lugares, y desgraciadamente como lo que sucedió en la salida hacia El Tomatal (el lunes) de personas que venían de Ixtapan de la Sal… los alcanzan en Iguala porque disminuyen la velocidad por los topes, y es donde les disparan”.
Se pidió al gobierno federal que incluya a Taxco entre los municipios más violentos, dice el vocero
El vocero en materia de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia informó que los hechos de violencia de los últimos dos meses en el municipio de Taxco se deben a las disputas entre los grupos delictivos que operan en la región, Los Rojos, La Familia Michoacana y Guerreros Unidos.
Ante el aumento del número de homicidios dolosos y asaltos a platerías, el funcionario estatal informó que, durante los primeros días de enero se presentó de manera oficial la solicitud para que la federación incluya a Taxco entre los municipios más violentos, para disponer de acciones de seguridad.
Entre enero y febrero, según datos publicados en El Sur, se han registrado 22 ejecuciones y ocho heridos de bala en diferentes hechos, tres de las víctimas son mujeres.
“Taxco es el escenario de una confrontación entre diversos grupos delictivos; por un lado están Los Rojos, por otro lado La Familia Michoacana, lo que sería los restos de La Familia, y la presencia aún de Guerreros Unidos, hay una confrontación de las bandas por el control del territorio”, comentó el funcionario.
Consultado vía telefónica, Álvarez Heredia indicó que las bandas del crimen organizado están luchando para controlar la zona y para mover su droga a los “diferentes puntos de venta”, y que se produce en comunidades cercanas a la cabecera.
En esta semana, en la ciudad turística se han registrado asaltos a mano armada en distintas platerías, inclusive del centro, donde ha habido heridos.
Álvarez Heredia señaló que los asaltos se deben a una de las actividades que cometen estas organizaciones criminales, ya que, además del narcotráfico se dedican a las extorsiones, secuestros y robos a mano armada, para hacerse de más dinero que les permita contar con recursos para le trasiego.
“Los delincuentes no tienen descanso, siguen desafiando a las autoridades con sus actividades, pero nosotros seguimos trabajando”, agregó.
En los primeros dos meses del año se han registrado al menos un asalto y dos intentos de robo a platerías de Taxco, los asaltantes se llevaron en esa ocasión 1 millón de pesos en mercancía, mientras que en los frustrados se mantuvo como rehenes a cinco personas, entre ellas una pareja de turistas, y en el segundo caso un agente de seguridad resultó herido cuando se resistió al asalto.
Aseguró que el grupo de Coordinación Guerrero determinó aumentar la seguridad en el municipio, pero a pesar del envío de policías estatales, federales y soldados del Ejército hay asaltos y ejecuciones.
Insistió en que, a pesar de que la federación no ha confirmado si Taxco será parte del programa federal para atender a los 50 municipios más violentos con un operativo especial, se decidió reforzar y mantener de manera permanente a policías estatales para evitar que se sigan registrando atracos y ejecuciones.
De los montadores que desaparecieron cuando intentaban llegar a la sierra de San Miguel Totolapan no quiso hablar.
En Zitlala, ejecutan a dos jóvenes en Topiltepec; en Tlaltempanapa se enfrentan vecinos a Paz y Justicia
Dos jóvenes fueron ejecutados a balazos y otro más resultó herido en un ataque armado cometido por hombres a bordo de una motoneta en la comunidad de Topiltepec, municipio de Zitlala.
En el mismo municipio, en Tlaltempanapa se dio un enfrentamiento entre vecinos de la comunidad y el grupo Paz y Justicia (autodenominado policía comunitaria, presuntamente vinculado al cártel de Los Ardillos), que dio lugar a la intervención de efectivos del Ejército que detuvieron a dos hombres de esa agrupación.
Sobre los dos ejecutados, fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 7:40 de la noche recibieron un reporte al número de emergencia 911, en el que se informó que atrás de la iglesia del barrio del Dulce había tres jóvenes heridos de bala.
Las fuentes dijeron que al llegar efectivos de la Policía Estatal hallaron los cuerpos de dos jóvenes asesinados a balazos frente a la casa del joven que resultó herido, y que con sus propios medios se trasladó al hospital general de Chilapa.
Testigos informaron que los dos jóvenes esperaban afuera de su casa a su compañero para salir a trabajar al campo, y dos hombres a bordo de una motoneta los atacaron a balazos.
A la comunidad de Topiltepec llegaron policías estatales y ministeriales que acordonaron la zona, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias. Los cuerpos de los dos jóvenes fueron entregados a sus familiares.
Civiles armados intentan rescatar a los detenidos pero les impiden el paso en un retén militar
Un enfrentamiento entre vecinos de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, con policías del grupo Paz y Justicia de esa misma comunidad motivó la intervención del Ejército que detuvo a dos hombres de esa agrupación.
Las fuentes confirmaron el enfrentamiento pero no precisaron si hubo muertos o heridos en este episodio violento, que ocurrió después de las 6 de la tarde de este lunes.
La detención de los dos civiles del grupo Paz y Justicia por el Ejército movilizó a unos 70 u 80 miembros de ese grupo civil armado de las comunidades El Jagüey, San Ángel, Xiluxuchicán y Tlanicuilulco, quienes a bordo de 10 camionetas intentaron llegar a Zitlala para rescatar a sus compañeros.
Los civiles armados fueron retenidos en el punto conocido como Los Ajos, a unos 10 minutos de Chilapa, por soldados del Ejército que mantienen allí un retén permanente. Los civiles armados seguían allí hasta las 11 de la noche.
El grupo Paz y Justicia ha sido vinculado públicamente con el grupo criminal Los Ardillos que tiene su base en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
El jueves de la semana pasada, vecinos de la comunidad de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, acusaron a los miembros de Paz y Justicia de ser los responsables del ataque que sufrieron el 6 de enero de 2016 cuando mataron a seis habitantes, cuatro de ellos a balazos con arma AK-47, AR-15 y 9 milímetros y dos fueron degollados.
A las 11 de la noche de ayer había tensión entre Chilapa y Zitlala ante el riesgo de que los llamados comunitarios de Paz y Justicia, quisieran entrar a rescatar a sus compañeros que, se informó, los mantenía el Ejército en Zitlala.
A esa hora el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia confirmó en un reporte que desde las 9 de la noche estaban en Los Ajos unas 80 personas armadas con escopetas y rifles calibre 22, “de la policía comunitaria, mismos que se encuentran de manera pacífica”.
En esta zona en la mañana un hombre fue asesinado y otro herido de bala en la comunidad de Topiltepec, que se encuentra en un lugar intermedio entre Chilapa y Zitlala.
Estos hechos de violencia ocurrieron en la víspera de la pelea ritual denominada Los Xochimilcas que se celebra cada martes de carnaval en Zitlala, la cabecera municipal cuando llegan visitantes de varias partes del estado e incluso del país a presenciar la tradicional pelea entre los habitantes de este municipio nahua.
Cuatro ejecutados en Chilpancingo; tres de ellos desmembrados y en bolsas en la Autopista del Sol
Los cuerpos decapitados y desmembrados de una mujer y dos hombres depositados en bolsas de plástico negras fueron hallados la mañana de este domingo en la orilla de la Autopista del Sol, frente al fraccionamiento El Mirador, donde viven damnificados de la tormenta tropical Manuel, en la salida de Chilpancingo hacia Acapulco.
El vocero del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó en un boletín de prensa que de acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos podrían estar relacionados con la disputa que existe entre grupos de la delincuencia por el control de la región para el trasiego y venta de la droga.
Además un joven murió en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón luego de que fue atacado a balazos en la colonia Zapata, al oriente de la capital.
En lo que va del año han ocurrido 48 asesinatos en Chilpancingo donde presuntamente está involucrada la delincuencia organizada, de acuerdo con un recuento de lo publicado en El Sur.
En un primer hecho, fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 7:30 de la mañana recibieron un reporte de que en el kilómetro 280 de la Autopista del Sol había restos humanos en bolsas negras.
Al lugar llegaron policías federales del Sector Caminos, municipales y estatales que hallaron los cuerpos de dos hombres y una mujer desmembrados dentro de ocho bolsas de plástico, las cabezas y brazos de las víctimas estaban esparcidas en el asfalto.
Turistas a bordo de sus vehículos y pasajeros de los autobuses Estrella Blanca y Estrella de Oro al pasar por la escena del crimen, se asombraron al ver los restos humanos.
Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) bloquearon durante una hora el carril norte-sur de la Autopista del Sol para realizar las diligencias correspondientes.
Choferes de camiones de carga y de transporte público, así como automovilistas que se dirigían a Acapulco se inconformaron.
Los restos humanos de los dos hombres y la mujer fueron trasla
En un segundo hecho, un hombre de 25 años fue atacado a balazos cuando iba a bordo de su vehículo en la colonia Zapata al poniente de la capital, y murió mientras recibía atención médica en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón.
Fuentes policiacas informaron que a las 7:15 de la noche recibieron un reporte de que había un hombre herido de bala a bordo de un vehículo Jetta rojo, que se trasladó por sus medios al hospital.
A las 9 de la noche fue reportada la muerte del hombre, después fue trasladado al Semefo para la necropsia de ley.
La mañana de este viernes, los cuerpos de dos hombres desmembrados y en bolsas negras de plástico fueron hallados en el carril lateral del bulevar Vicente Guerrero, a unos 200 metros de la sede de la Fiscalía General del Estado, al sur de la ciudad.
El miércoles, cuatro jóvenes ejecutados a balazos, dos de ellos envueltos en bolsas de plástico, fueron hallados en distintos hechos en la ciudad.
Asesinan en Chilapa a un funcionario municipal de Zitlala ayer y a otro hombre el sábado
Dos hombres fueron asesinados a balazos en hechos distintos, la tarde del sábado y la mañana de este domingo en Chilapa, uno de ellos era el jefe de Personal del Ayuntamiento de Zitlala, Antonio Godinillo Yectli, de 53 años.
En un primer hecho, fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que a las 11:30 de la mañana, familiares del funcionario municipal de Zitlala lo trasladaron al hospital general de Chilapa luego de recibir tres impactos de bala en el tórax.
Godillino Yectli murió mientras era atendido en el hospital, sin embargo los familiares no dieron más detalles del ataque que sufrió el funcionario municipal.
La Fiscalía abrió la carpeta de investigación 12040190100072260217 para quien resulte responsable por el asesinato. La víctima fue regidor por el PRI en la administración 2009-2012 del ex presidente municipal en Zitlala, Marcelo Tecolapa Tixteco.
En otro hecho, la tarde del sábado un hombre fue asesinado a balazos dentro de un vehículo cerca de la comunidad Atzacoaloya, en Chilapa, en el camino que se dirige al municipio José Joaquín de Herrera.
El cuerpo fue trasladado a una funeraria habilitada como Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.
Con estos hechos, en lo que va del año, en este municipio han ocurrido 22 asesinatos en los que presuntamente está involucrado el crimen organizado de acuerdo a un recuento de la información publicada en El Sur.
Ejecutan a un joven de 19 años en el centro de Zitlala
Un joven de unos 19 años fue ejecutado a balazos en el centro de la cabecera municipal de Zitlala.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que a las 4:30 de la tarde había un hombre asesinado en la calle Zaragoza en la cabecera municipal.
Sin embargo vecinos informaron que el asesinato del joven ocurrió a las 2:53 de la tarde, que la policía estatal y militares llegaron más de una hora después.
El hecho de violencia causó zozobra y temor a la población que se refugió en sus casas, además los comerciantes cerraron sus negocios.
La víctima quedó tendido de lado en el calle, vestía playera azul cielo, pantalón de mezclilla azul y tenis negros. A lado del cuerpo habían seis casquillos percutidos calibre 22 milímetros.
El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para la necropsia de ley.
Migrantes y postura ante Astudillo y la violencia en el Consejo Estatal del PRD
El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, sesionó para aprobar el orden del día que se propondrá al pleno del Consejo Político que realizarán el domingo.
En el Consejo se discutirán dos posiciones del PRD Guerrero. La primera será ante el gobierno del estado del priista Héctor Astudillo Flores, en el que se esperan señalamientos por la aplicación partidaria del presupuesto público a favor del PRI y por el problema de la inseguridad.
La segunda será de respaldo a los guerrerenses radicados en Estados Unidos ante la amenaza de la política migratoria del presidente de ese país, Donald Trump.
También se aprobará el presupuesto que el partido ejercerá en 2017, que puede ser modificado por los integrantes del pleno.
Y finalmente aprobarán el plan de trabajo de la dirigencia perredista para el año. Estos dos últimos puntos, el presupuestal y el de trabajo son para todo el 2017. Sin embargo serán aprobados hasta el próximo domingo, en los últimos días del segundo mes del año (Rosalba Ramírez).
Sin agua, alimentos ni salud y con la amenaza de sicarios sobreviven los vecinos de Quetzalcoatlán
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Prácticamente secuestrados sobreviven 11 familias (54 habitantes) en la comunidad nahua de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, en donde el 6 de enero del año pasado irrumpieron civiles armados de la comunidad de Tlaltempanapa que pertenecen al auto llamado grupo Paz y Justicia, vinculado con el grupo criminal Los Ardillos, y mataron a seis habitantes.
Las 11 familias de un total de 42 que vivían aquí carecen de servicios elementales como el agua potable, y no tienen la posibilidad de salir a surtirse de los productos y artículos de la canasta básica para alimentarse, por temor a ser asesinados o levantados en el camino por el grupo civil armado.
Además los familiares de las seis víctimas no han tenido justicia porque la síndica del Ayuntamiento de Zitlala, Rocío Guadalupe Salazar Chavelas les aconsejó que no presentaran la demanda penal, “porque si la presentan van a encabronar más a la gente (que los atacó) y van a ir a matarlos más rápido, entonces mejor que todo se quede así para que se calmen las cosas”, les pidió.
Las familias fueron obligadas a regresar de Zitlala, la cabecera municipal donde se encontraban, a esta comunidad en marzo del año pasado por los gobiernos estatal y municipal quienes incumplieron los compromisos que asumieron con ellas, y ahora sobreviven sin servicios, sin víveres suficientes y en medio del temor de ser nuevamente atacados.
Este jueves las familias denunciaron que fueron engañadas para que se regresaran a vivir nuevamente aquí, en donde están olvidados por las autoridades y en riesgo.
El 6 de enero de 2016 un grupo de entre 20 y 30 hombres armados irrumpieron a las 6 de la mañana en Quetzalcoatlán y mataron a seis personas. Murieron a tiros de rifles de asalto AR-15, AK-47 y pistola calibre 9 milímetros los hermanos Julián y Andrés Lara Tlatempa, Reynaldo Lara Marbel (de 15 años) y Federico Tlatempa Marbel. Otros dos, Gerardo Lara Zapoteco y Salvador Flores Tlatempa fueron degollados.
Tras esos hechos las 42 familias que hasta entonces vivían en este pueblo ubicado a una hora en vehículo al norte de Zitlala, abandonaron el lugar ese día y se refugiaron en la cabecera municipal. También trasladaron a los seis cuerpos para sepultarlos allí por el temor de que los civiles armados regresaran a matar al resto de los habitantes durante el sepelio.
Pero las familias desplazadas regresaron a Quetzalcoatlán el 12 de marzo, después de que los gobiernos estatal y municipal asumieron varios compromisos con ellos.
El gobierno estatal mediante la Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos entregó 8 mil pesos a cada una de las familias para que aceptaran regresarse a su comunidad, a pesar de los riesgos que implicaba para ellas.
A cambio obligó a las familias a firmar un acta en la que se establece que la cantidad “servirá para cubrir algunas de las necesidades, para quienes de manera voluntaria deciden retornar a su lugar de origen en Quetzalcoatlán de las Palmas, para continuar con sus actividades normales”.
Mientras tanto el Ayuntamiento que preside el priista Roberto Zapoteco Castro entregó a cada una de las familias 70 colchonetas, 70 cobertores y 48 despensas alimenticias.
También se acordó que el Ayuntamiento entregaría mensualmente despensas a las familias y una costalilla de maíz.
Les dotaría agua en pipas debido a que la comunidad carece de un sistema de distribución, porque su red se destruyó durante las lluvias de las tormentas Ingrid y Manuel en septiembre de 2013.
Sin embargo a casi un año, los gobiernos estatal y municipal incumplieron los acuerdos y ahora de las 42 familias sólo quedan 11. El resto han emigrado por las malas condiciones en que viven, mientras que las que se quedaron lo hicieron obligadas porque no tienen a dónde ir, ni los recursos para hacerlo.
Uno de los vecinos, Román Lara Cuevas, denunció que quienes se quedaron a vivir aquí, además del temor constante de que regresen los civiles armados que irrumpieron el 6 de enero del año pasado, sufren la escases de agua y de alimentos y reprochó que las autoridades se hayan olvidado de sus compromisos.
Las 11 familias tienen que captar el agua de lluvia en canalejas de los techos de sus casas, la mayoría de asbesto, galvanizada o de cartón para almacenarla en depósitos de cemento con capacidad de 5 mil litros y puedan utilizarla toda la temporada de secas.
Hasta antes del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel contaban con una red de agua pero se destruyó por las lluvias y tras la irrupción violenta de los hombres armados, el gobierno estatal se comprometió a construirles una red mediante sistema de gravedad y almacenar el agua en una olla que construyó a la orilla de la localidad.
El problema fue que los técnicos no incluyeron en el presupuesto la manguera por la que se debe canalizar el agua a una distancia de 5 kilómetros, y los vecinos siguen sin el servicio, a pesar de que la obra está terminada desde hace dos meses.
Este jueves la mayoría de las familias mostraron sus depósitos en los que almacenan la lluvia casi vacíos, y en medio de la angustia esperan que inicie la temporada de lluvias para poder almacenar el agua.
Lara Cuevas denunció que el Ayuntamiento incumplió con su promesa de que les surtiría el agua por medio de pipas. Dijo que los primeros meses llevaron agua pero solo para los policías estatales que vigilan la comunidad.
La temporada pasada no pudieron sembrar
El vecino Román Lara Cuevas informó que las familias también sufren desabasto de alimentos debido a que la temporada pasada no pudieron sembrar, porque regresaron fuera del tiempo para la preparación de las tierras, pero además porque temen salir al campo porque pueden ser víctimas de la gente armada que llegó a atacar a la localidad.
Lara Cuevas, declaró que desde que regresaron en marzo del año pasado tampoco pueden viajar a Zitlala por temor a pasar por Tlaltempanapa, en donde los civiles armados que los atacaron tienen un retén.
Contó que algunas veces salen por el rumbo de Copalillo pero que por esa ruta no hay servicio de transporte, así que tienen que hacerlo caminando o esperar hasta que haya transporte, y que igual transitan con temor a ser atacados en el camino.
Los habitantes sólo se surten de los productos que necesitan cuando pueden encargarlos con los policías que están a cargo del resguardo de la comunidad, o con algunos comerciantes que circunstancialmente llegan del lado de Copalillo.
Uno de los habitantes contó que los primeros meses aprovechaban el cambio de policías que están de guardia y se trasladaba en las patrullas a Zitlala, pero que cuando la gente de Tlaltempanapa se dio cuenta impidieron a los agentes que los llevaran y ahora sólo pueden encargarles los víveres que necesitan.
Dijo que también permanece cerrado el centro de salud y que carecen de medicamentos. Cuando alguien se enferma tienen que trasladarlo a pie hacia Tlalcozoltitlán y de allí a la cabecera municipal, Copalillo, a una hora y media o dos en vehículo.
Lara Cuevas informó que hasta antes de los hechos de violencia de enero del año pasado iba un médico cuando menos una vez a la semana, y el resto de los días dejaba a su auxiliar que era el que se encargaba de atenderlos en caso de emergencia, pero ahora por la violencia está abandonada la casa de salud.
Entre las 54 personas que integran las 11 familias hay 16 niños registrados en la escuela multigrado que atiende la maestra Elisa Solís Castellano, sin embargo informó que sólo asisten nueve debido al desplazamiento del resto de las familias.
Ella es originaria de Zitlala, pero por el conflicto tampoco puede tomar la ruta directa que pasa por Tlaltempanapa y tiene que dar vuelta hasta Copalillo y de allí se traslada hasta Tlatehualapa, una comunidad vecina, de donde paga un “servicio especial” de transporte de 250 pesos para llegar a Quetzalcoatlán. La maestra viaja cada ocho días.
Agregó que las autoridades educativas le han recomendado que no dé de baja a los niños registrados a pesar de que no asisten a clases, con la esperanza de que éstos regresen.
Sin embargo los pocos vecinos que quedan en esta comunidad contaron que de las 42 familias que vivían algunas se fueron a vivir a la cabecera municipal y otras se fueron de jornaleras a estados como Sinaloa y Sonora, y que por las condiciones en que se encuentran aquí es difícil que regresen.
Este jueves representantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) llevaron víveres, ropa y calzado a las 11 familias que quedan.
El director del organismo, Manuel Olivares Hernández se quejó de que ha hecho gestiones ante el gobierno del estado para que cumpla su promesa de apoyarlos, “pero no hay respuesta”, dijo.
“Pareciera que al gobierno no le interesa si ustedes viven o mueren, es más, preferiría que todos ustedes hubieran muerto, así no tendría un problema”, les dijo en una reunión.
El temor de los vecinos ante un nuevo ataque es justificable porque el gobierno estatal también incumplió con darles seguridad. Al principio envió a dos grupos con 12 elementos de la Policía Estatal, pero medio año después se retiró uno y sólo quedaron seis agentes.
Consideran que son muy pocos policías porque cuando los civiles armados que los atacaron se reúnen en Tlaltempanapa suman más de 200.
Exhumará hoy restos humanos que un campesino sepultó en Huitzuco, informa la PGR
Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) exhumarán hoy los restos de una o más personas del panteón municipal de Huitzuco, los cuales fueron hallados entre 2013 y 2014 por un campesino en un terreno de cultivo donde se construyeron casas, y que al no ser levantados por la Fiscalía los sepultó en el cementerio.
En declaraciones la tarde de ayer vía telefónica, el buscador de fosas clandestinas expulsado del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara Hernández informó que como parte del proceso de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por el caso del secuestro y desaparición de su hermano Tomás Hernández, se le informó de esta diligencia que se hará en el panteón municipal.
Su hermano fue secuestrado y desaparecido el 5 de julio de 2012 en Huitzuco, él contactó a un testigo anónimo que le informó del hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas en un terreno de cultivo de la cabecera municipal, mismo en el que se inició la construcción de una unidad habitacional pero la obra quedó abandonada.
Informó que en el patio de una de las casas abandonadas, que al parecer fue usada como casa sicarios de la delincuencia organizada localizó el cuerpo de una mujer.
Su fuente denunció el hallazgo a las autoridades pero éstas le indicaron que se “deshiciera” del cuerpo para que no tuviera problemas, lo cual hizo y la abandonó en el respiradero de una mina abandonada de una zona cercana. Ese cuerpo no ha sido recuperado.
Agregó que tiempo después, entre 2013 y 2014 el mismo hombre localizó en esa zona bolsas de plástico con restos de cuerpos humanos desmembrados, sin saber cuántos ya que no tenían las cabezas.
Dijo que al igual como pasó con el cuerpo de la mujer reportó a las autoridades ministeriales pero nunca fueron a recoger los restos, por lo que les arrojó agua bendita y los sepultó de manera clandestina en un predio junto al panteón municipal de Huitzuco, en el que con los años se hizo una extensión del camposanto.
El familiar de uno de los más de 350 desaparecidos que llegaron al colectivo de Iguala, informó que hoy participará en la diligencia que harán peritos y agentes del Ministerio Público de la PGR, para conocer las condiciones de los restos humanos y que éstos se incluyan en las investigaciones para que puedan ser identificados y entregados a sus parientes.