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Daña a toda la población la disputa criminal en Chilapa, con escuelas cerradas y el transporte interrumpido

La imparable violencia por la disputa del territorio entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos afecta directamente ya a toda la población de Chilapa, donde no hay actividades escolares y se ha interrumpido el servicio de transporte público.
Ante la inseguridad y amenazas del crimen organizado a maestros, se mantienen cerradas las escuelas desde hace seis semanas en los municipios de Chilapa, Ahuacuotzingo y Zitlala, mientras que el servicio de camionetas en la ruta Chilapa-Chilpancingo se interrumpió en septiembre y octubre tras una ola de asesinatos de choferes, y no se ha normalizado.
En este contexto de violencia la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) envió un enésimo oficio, el 1.0.1/2017/2808, de fecha 28 de octubre, a los maestros de la región Montaña Baja en el que les notifica que la “suspensión temporal de clases” que se autorizó para la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas se termina el próximo lunes 6 de noviembre.
Sin embargo, el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, aseguró que la suspensión de clases que lleva ya seis semanas no es por la “revisión de las condiciones estructurales” de las escuelas, sino porque los maestros se niegan a ir a sus centros de trabajo ante el riesgo de violencia, e igual los padres de familia no quieren enviar a sus hijos.
Díaz Navarro, quien es maestro jubilado, dijo que debido a la violencia no hay condiciones para que los maestros regresen a sus centros de trabajo el próximo lunes.

Por su parte, el vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, en declaraciones publicadas ayer en este diario dijo que no existe una operación de seguridad específica para atender la demanda de profesores que suspendieron clases en Chilapa. Sin embargo, consideró posible que este lunes se reanuden las labores en los planteles educativos.
“Estoy convencido de que existen acciones por pare de la SEG que buscan generar las condiciones de seguridad para que las escuelas puedan abrir este próximo lunes”, indicó.
El oficio dirigido al “sector educativo de la región Montaña Baja”, firmado por el director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez Maldonado, establece que los trabajos de revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas de esa región “lleva un avance significativo, y que en fechas próximas estaremos en posibilidades de concluir”.
Con fecha del 28 de octubre el funcionario notificó a los maestros de esa región que, “con la finalidad de continuar garantizando la seguridad e integridad de quienes conforman nuestro sector en las instituciones y centros de trabajo que aún no han sido visitados, se hace de su conocimiento que se extiende la suspensión temporal de clases hasta el 6 de noviembre, por lo que durante estos días quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas en el supuesto ya mencionado”.
Antes de este documento la autoridad de la SEG había enviado otros tres oficios en los que ha prorrogado la normalización de las clases en esos tres municipios. En ellos se ha esgrimido la misma causa: la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas.
Pero Díaz Navarro dijo que el problema por el que las escuelas están cerradas desde hace seis semanas no es el sismo, “definitivamente el problema es por la inseguridad pero están agarrando como excusa que es por el sismo”, afirmó el maestro jubilado.
Aseguró que las escuelas de esta zona de la Montaña Baja quedaron “totalmente a salvo” de los daños del sismo, y denunció que “aquí lo que está presente es la mano de la delincuencia, son las amenazas a los maestros, a la sociedad, a todo Chilapa”.
El presidente del Colectivo Siempre Vivos señaló concretamente que quien “está metiendo la mano es (el líder del grupo criminal Los Ardillos) Celso Ortega Jiménez, quien está amenazando y ya tiene bajo su total dominio a todo el municipio de Chilapa, es él el que está metiendo las manos para adueñarse del transporte y ahora se está adueñando hasta de las vidas de los habitantes del municipio de Chilapa, de las escuelas, y no hay quien lo pare, y aquí hay complicidad de (su hermano el político perredista) Bernardo Ortega Jiménez quien está protegiendo a su familia”.
Los municipios de la Montaña Baja se vieron afectados por la violencia desde el 15 de septiembre cuando los sitios de transporte público de las empresas Morelos y Transportes de la Montaña, que cubren la ruta Chilapa-Chilpancingo, suspendieron temporalmente su servicio debido a la violencia que azota al municipio.
Los choferes de las Urvan se negaron a prestar el servicio luego de que la tarde del día anterior cerca de la comunidad del Ahuejote, municipio de Tixtla, un chofer del sitio Morelos fue asesinado por hombres armados. Antes, el 1º de septiembre, tres choferes de ambas empresas fueron ejecutados en la comunidad de Zoquiapa, municipio de Tixtla. Desde entonces continúan las ejecuciones de los transportistas y el servicio no se ha regularizado.
Mientras tanto, las escuelas comenzaron a cerrar a partir de los primeros días de octubre, cuando varias camionetas con hombres armados comenzaron a recorrer las calles de Chilapa y de comunidades vecinas. La situación se agravó el 12 de octubre. Desde la mañana los vecinos de las áreas del centro de la cabecera municipal reportaron a hombres armados, encapuchados y a bordo de camionetas que circulaban por varias calles, lo que provocó el pánico que vació la plaza cívica y obligó a la suspensión de clases.
En la tarde el gobierno estatal por medio de su vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia aclaró que recorrió la cabecera municipal personal de seguridad.
Sin embargo las amenazas de un grupo del crimen organizado a los maestros para que suspendieran clases continuaron y entonces la SEG, a través del director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez Maldonado, comenzó a enviar oficios al personal de las escuelas de la Montaña Baja autorizando la “suspensión temporal” y anunciando que “quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas”. Las prórrogas a esta suspensión se han dado en tres ocasiones y la última fue mediante oficio del 28 de octubre ampliando la suspensión de clases hasta este próximo 6 de noviembre.
La zozobra de los maestros, choferes y vecinos de estos tres municipios es justificada. En los últimos dos años han estado sometidos a una violencia que no cesa, como consecuencia de la guerra entre dos grupos del crimen organizado que se disputan el territorio. Los tres niveles de gobierno han reconocido que estos grupos son Los Ardillos y Los Rojos.

Ejecutados por la narcoviolencia

La guerra entre estos dos grupos, según un recuento del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, dejó desde 2016 a septiembre de 2017, 282 víctimas sólo en Chilapa, de las cuales 22 fueron mujeres.
El registro de hechos violentos en este año son, en enero 15 ejecutados y dos desmembrados, en febrero 14 ejecutados y un desmembrado. Mientras tanto en marzo la criminalidad aumentó considerablemente y el organismo registró 15 ejecutados, dos desmembrados, 12 calcinados y un decapitado. En abril 13 ejecutados, dos desmembrados y dos decapitados, en mayo cinco ejecutados, cuatro desmembrados, tres calcinados, 15 decapitados y un herido.
En junio se contabilizaron 24 ejecutados, un decapitado, un lapidado y dos heridos, en julio 15 ejecutados, cinco desmembrados, tres decapitados y ocho heridos. En agosto seis ejecutados, tres desmembrados, un ahorcado, un decapitado y se halló una cabeza, en septiembre ocho ejecutados, un herido y el hallazgo de bolsas con restos humanos y no se confirmó a cuantos cadáveres correspondieron estos restos.
Mientras tanto el recuento desde el 2016 es de ocho secuestrados, 26 heridos, 41 desaparecidos y 205 asesinados, de los cuales 23 fueron decapitados, 68 ejecutados con arma de fuego, seis calcinados, 16 desmembrados, y 33 murieron en enfrentamientos.
Asimismo se hallaron cuatro osamentas y 56 restos de cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas.
Además de la cabecera municipal, las acciones violentas se han presentado en Acalco, Acatlán, Acazacatla, Ahuihuiyuco, Ajacayán, Atzacoaloya, Ayahualco, Corral de Piedra, El Limón, El Paraíso, Lodo Grande, Los Magueyes, Nejapa, Tepehuizco, Tetitlán de la Lima, Tlalxingan, Xochimilco y Zizicazapa,
Mientras tanto un recuento de El Sur publicado en la edición del 2 de noviembre, destaca que de las 194 personas asesinadas en Guerrero en el mes de octubre ocurrieron en Chilapa 25 de ellas, cifra solamente superada por Acapulco en donde ocurrieron 71 asesinatos y en Zitlala fueron cinco.
Para el Centro Morelos las estrategias de las autoridades responsables de garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad, en esta zona son rezagadas, “y sólo abonan a la simulación, pues a pesar de que se encuentran repletos de policías estatales, y militares, la criminalidad se incrementa. Todos los días hay cuerpos trasladados al Servicio Médico Forense asesinados”, dijo en un diagnóstico de la violencia en la zona.
“Chilapa se distingue por ser uno de los municipios más militarizados y con el mayor número de policías, pero también con el mayor índice de criminalidad, actualmente, a nueve meses del presente año hay alrededor de 220 asesinados y más de 100 desaparecidos que no se explican si no se toma en cuenta la corrupción y complicidad de gobernantes y autoridades de los tres niveles con los diferentes grupos que se disputan el control del territorio”, dijo en su escrito el organismo.
Destacó que para nadie es un secreto la crisis que se ha vivido en el sector del transporte público, el cual después de sufrir el asesinato de varios choferes y el incendio de diversas unidades, han suspendido por varios días y en distintos momentos el servicio, ocasionando graves daños económicos para las familias de los usuarios como de los choferes”.
Añadió que algo más grave aún, es que el accionar de los grupos de la delincuencia organizada “han provocado por medio de amenazas que más de 600 planteles educativos de la Montaña Baja se encuentran cerrados desde el 20 de septiembre (un día después del sismo) y que alrededor de 60 mil estudiantes no hayan tenido clases”.
El organismo subrayó que la SEG sigue manejando la “justificación ya absurda” del sismo del 19 de septiembre “insultando con ello la inteligencia de la ciudadanía”.

Deja ocho ejecutados la violencia en Acapulco, Chilpancingo, Zitlala y Coyuca de Benítez

Tres ejecutados en partido de futbol en la capital, un chofer en Zitlala y dos en Coyuca de Benítez

Luis Blancas
Chilpancingo

Dos jóvenes y un hombre murieron en un ataque armado cuando veían un partido de futbol amistoso en las canchas de la colonia CNOP sección C, ubicada al oriente de Chilpancingo.
En el municipio de Zitlala, hombres armados incendiaron una Urvan del transporte público de la ruta Chilapa-Pochahuizco y después ejecutaron al chofer cerca de la comunidad Pochahuizco.
En otro hecho, en los primeros minutos de ayer un joven fue herido de bala en Zihuatanejo.
En lo que va del año en Chilpancingo suman 222 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, según un recuento de la información publicada en El Sur.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron que minutos después de las 3 de la tarde recibieron el reporte sobre las tres personas asesinadas en las canchas de futbol en este asentamiento.
Según testigos, jóvenes ingerían bebidas alcohólicas en la calle Quetzal y observaban un partido amistoso en la cancha de futbol cuando al lugar llegó un hombre armado y los atacó a balazos.
En el ataque murieron dos jóvenes y sus cuerpos quedaron tendidos boca arriba en la calle Quetzal.
Policías municipales, estatales y paramédicos de la Secretaría de Protección Civil tardaron unos 20 minutos para atender el llamado de auxilio, y los familiares de las dos víctimas recogieron los cuerpos e impidieron que las autoridades realizaran las diligencias de ley. Una de las víctimas era de capacidades diferentes.
El hombre herido que fue identificado como Marco de 31 años, recibió un impacto de bala en el lado izquierdo de la cabeza, y fue atendido por paramédicos de Protección Civil estatal y trasladado al hospital general Raymundo Abarca Alarcón para su atención médica. Después de tres horas de ser atendido, perdió la vida en el hospital.
Cuando ocurrió el ataque armado había un partido de futbol amistoso y en la cancha había jóvenes, niños, señores que al escuchar los balazos corrieron para refugiarse y proteger su integridad física.
En la calle Quetzal se observaron manchas de sangre y casquillos percutidos de diferentes calibres.
A la colonia CNOP Sección C llegaron policías municipales, estatales, ministeriales y militares que acordonaron la zona.
En Chilpancingo continúan hechos de violencia por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada.
En los primeros minutos del viernes, hombres armados asesinaron a balazos a un vecino de la colonia Ignacio Manuel Altamirano de la capital e incendiaron su camioneta.
El miércoles, un trabajador fue sacado de una tienda de conveniencia y ejecutado a balazos en el bulevar del río Huacapa, frente a la tienda Soriana y el Palacio de Gobierno, al sur de la capital, en otro hecho un hombre fue asesinado a balazos en una barranca en la colonia Sección Séptima Parte Alta.
Ese día, dos hombres decapitados envueltos en bolsas negras fueron hallados en la cajuela de un taxi en la calle principal de la colonia San José ubicada al norte de la capital.

Asesinan un chofer del transporte público y queman su vehículo en Zitlala

Hombres armados incendiaron una Urvan del transporte público de la ruta Chilapa- Pochahuizco y después ejecutaron al chofer cerca de la comunidad Pochahuizco municipio de Zitlala.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 5 de la tarde recibieron el reporte de una Urvan calcinada y a lado había el cuerpo de un hombre asesinado cerca de esta comunidad .
Hombres armados interceptaron al chofer del transporte público en la carretera Chilapa – Pochahuizco en Zitlala, después los presuntos agresores quemaron la camioneta Urvan y después asesinaron al conductor.
La Urvan quedó atravesada en la vialidad y el cuerpo de la víctima quedó a unos ocho metros del vehículo.
El chofer del servicio público vestía playera azul, pantalón de mezclilla azul, tenis negros. El cuerpo de fue traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para la necropsia de ley.

Asesinan a dos hombres en Aguas Blancas, Coyuca de Benítez

Dos hombres fueron asesinados a balazos en la comunidad de Aguas Blancas, perteneciente al municipio de Coyuca de Benítez.
El doble crimen ocurrió ayer después de las 9 de la noche en el centro de la comunidad, indica el reporte policiaco.
Los agentes localizaron a dos hombres muertos a balazos tendidos en la vía pública y casquillos percutidos de distintos calibres.
Una víctima vestía pantalón blanco, playera y botas negras y el otro cuerpo portaba bermuda verde, playera gris y sandalias.

Hieren de bala a un joven en el centro de Zihuatanejo

Los primeros minutos del domingo un joven resultó herido de bala luego de ser atacado a balazos en el centro de Zihuatanejo.
Fuentes policiacas informaron que a la una de la madrugada recibieron un reporte de que había un herido de bala en el centro de Zihuatanejo.
Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil estatal quienes atendieron el joven y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Matan a balazos a dos hombres; uno en Alta Progreso y otro en la Progreso
Redacción

Dos hombres fueron asesinados a balazos ayer, en distintos hechos de violencia en Acapulco.
En un primer caso, un hombre fue ejecutado a balazos en la unidad habitacional Infonavit Alta Progreso.
El crimen se reportó a las 2:10 de la tarde en la calle Paseo de Cañada, en la segunda etapa.
Las autoridades policiacas por medio de una llamada de emergencia fueron alertadas de detonaciones de arma de fuego.
Los agentes encontraron un hombre muerto y tendido en la vía pública, y a simple vista tenía disparos en la cabeza.
La víctima, de unos 25 años, vestía un short azul con estampados blancos, camiseta gris, gorra y guaraches negros.
Los peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco localizaron en la escena del crimen casquillos percutidos de un arma calibre .45.
El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo para sus estudios correspondientes.
Por otro lado, un hombre fue herido a balazos en la céntrica colonia Progreso.
La agresión se reportó a las 2:30 de la tarde entre las calles 18 de Marzo y Artículo 27, se indica en el reporte policiaco.
Los policías sólo encontraron una gran mancha de sangre en la vía pública porque, según testigos, el cuerpo fue levantado por sus familiares para trasladarlo a un hospital cercano.
La víctima vestía pantalón azul y playera verde. El hecho violento generó un fuerte despliegue policiaco.
Más tarde se supo que la víctima murió en el hospital debido a las heridas a balazos en todo el cuerpo.
Posteriormente, el cadáver, en calidad de desconocido, fue enviado a las instalaciones del Semefo para sus estudios correspondientes.
Con esta víctima suman 70 en este mes y en el año van 778 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento publicado en El Sur.

Sigue la búsqueda de los cinco trabajadores desaparecidos

Policías ministeriales informaron que en el caso de los cinco trabajadores que fueron contratados por una empresa para que repartieran volantes, y que desaparecieron el pasado 9 de octubre, continúa la investigación y ahora buscarán en Pie de la Cuesta, debido a que es otra prueba.
El sábado pasado, un fuerte despliegue policiaco hubo en la parte alta de la colonia Alta Laja para buscar a cinco personas muertas, tras una llamada de emergencia hecha el 21 de octubre.
Los policías ministeriales consideraron y relacionaron que las cinco personas muertas podrían tratarse de los trabajadores contratados por la empresa Full Pack (dedicada a publicidad comercial).
Sin embargo, los efectivos, peritos y el agente del Ministerio Público no localizaron el sábado indicios de los cuerpos reportados.
Ayer los policías dijeron que ahora buscarán en Pie de la Cuesta, tras analizar el teléfono celular de la madre de uno de los desparecidas.
Mencionaron que la búsqueda de los trabajadores continúa, y descartaron que se trate de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas el domingo pasado, en la parte de la colonia Emiliano Zapata.
Dijeron que los agentes están abocados a todas las pruebas de la declaración de los familiares y reportes de emergencias que estén relacionados con más de dos cuerpos.
Los desaparecidos son Alvín René Gutiérrez, de 19 años; Aurerio Méndez Vázquez, de 36 años; Oscar Hernández, de 37 años; Jesús Guillermo, de 19 y Francisco Israel Ortiz Zavala, de 19.

Tres ejecutados en partido de futbol en la capital, un chofer en Zitlala y dos en Coyuca de Benítez

Asesinan un chofer del transporte público y queman su vehículo en Zitlala

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Hieren de bala a un joven en el centro de Zihuatanejo

Ejecutan a dos jóvenes en un sembradío de maíz en Zitlala y hallan a otro hombre calcinado en Chilapa

La mañana de ayer dos jóvenes atados con las manos hacia atrás y ejecutados a balazos fueron encontrados en un sembradío de maíz en las inmediaciones de la comunidad de Topiltepec a unos 30 minutos de Zitlala, mientras que la noche del miércoles un hombre fue calcinado dentro de un vehículo en el camino que conduce a la comunidad de Acazacatla a 15 minutos de Chilapa.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que a las 9:25 de la mañana recibieron un reporte de que había dos personas asesinadas a balazos en dicha comunidad en Zitlala.
Al lugar llegaron policías municipales, estatales y ministeriales quienes confirmaron que dos jóvenes estaban tirados en un sembradío.
Uno era José Antonio de 18 años vecino del poblado de Pochahuizco y el otro era Rodrigo de 21 años, vecino de Topiltepec. Los cuerpos no tenían playeras.
Las autoridades acordonaron la zona y peritos de la FGE hicieron las diligencias. Los cuerpos fueron entregados a sus familiares para después sepultarlos.
En otro hecho, la noche del miércoles el cuerpo de un hombre calcinado fue encontrado en un vehículo incendiado en el camino a Acazacatla, Chilapa.
En lo que va del año en Chilapa suman ya 191 asesinatos en hechos en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de lo publicado en El Sur.
Fuentes de la FGE informaron que a las 10:22 de la noche del miércoles recibieron un reporte de que había un vehículo incendiado en dicho lugar.
Ahí llegaron policías municipales y estatales quienes confirmaron el hallazgo.
La mañana de ayer llegaron agentes del Ministerio Público (MP) y peritos de la FGE quienes hicieron las diligencias. El cuerpo del hombre calcinado fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para las pruebas de ADN para su identificación.
A pesar de los operativos de seguridad anunciados por el gobierno del estado para bajar los índices de violencia en Chilapa, estos continúan debido a la disputa de territorio entre grupos de la delincuencia organizada.
Hace seis días el ex alcalde perredista de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri quien fue privado de su libertad murió en el hospital general de Chilapa luego de ser encontrado degollado en el barrio de San Juan.
El domingo autoridades municipales de Ahuacuotzingo confirmaron el homicidio del ex presidente estatal del PRD, ex diputado local e integrante de la coordinadora estatal del movimiento Pro AMLO, Ranferi Hernández Acevedo quien desapareció la noche del sábado y su cuerpo fue encontrado calcinado junto con el de su esposa, su suegra y un chofer dentro de su camioneta también calcinada en la carretera Chilapa-Ahuacuotzingo, cerca de la desviación hacia Nejapa, en este municipio.

Llaman colectivos a parar la crisis humanitaria que asola Chilapa; registran 173 homicidios en el año

Colectivos de familiares de desaparecidos y asesinados en el estado anunciaron el inicio de la campaña Chilapa se levanta, para exigir un alto a los asesinatos y desapariciones de ese municipio, y hacer un llamado a instancias nacionales y organizaciones internacionales para que se solidaricen y ayuden a terminar con “la crisis humanitaria” que asola la región.
El representante del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro señaló que del 1 de enero al 1 de septiembre de este año en ese municipio la organización ha registrado 173 homicidios, en Tixtla 19 y en Zitlala 16, lo que denomina “el corredor de la muerte”.
En conferencia de prensa ayer en Chilpancingo, el representante del Colectivo de Familias en Búsqueda de sus Desaparecidos en Acapulco, Ciro Fuentes Urióstegui, integrantes del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado de Guerrero y en el País, María Guadalupe Rodríguez Narciso, Lamberto Castro y Gema Antúnez Flores y Díaz Navarro expusieron el motivo de la campaña y la unión de los colectivos.
“Chilapa tiene una crisis humanitaria muy profunda de la cual el gobierno federal, el gobierno estatal y por su puesto el gobierno municipal han sido omisos en atender, aún con todos los reclamos que hacemos los ciudadanos, las víctimas, los desplazados, todos los que hemos sido víctimas de un hecho delictivo. Pero también hay mucha gente que está a punto de sufrir esta situación, en este momento hemos decidido empezar una campaña Chilapa se levanta”.
Dijo que los colectivos exigen ya un alto a la violencia, a los crímenes, a los homicidios que día a día se tienen en esa ciudad, “también se levanta para pedir ayuda nacional e internacional y convocar a organizaciones civiles, no gubernamentales, y todo aquel que tenga sentido humanitario para ayudarlos a salir de la crisis que tienen”.
Abundó que según un estudio Acapulco es la capital del crimen, pero esa ciudad tiene una tasa, según el Consejo de Seguridad, Justicia y Paz en un reporte del 2016, de 113 homicidios por cada 100 mil habitantes, y Chilapa tiene 191 por cada 100 mil habitantes, y por tanto sería “la mega capital del crimen”.
Refirió Chilapa no es turístico, habitan indígenas, campesinos, sectores más vulnerables y desprotegidos y por eso no se destaca.
“Todo Chilapa ya es una escena del crimen, justamente ahorita que veníamos en el trayecto alcanzamos a ver en la carretera (Chilapa-Tixtla) un cuerpo maniatado, con visibles huellas de tortura, se habla de que es de uno a tres cuerpos”, expuso.
Tienen registrados 173 homicidios del 1 de enero al 1 de septiembre, con el que encontraron en la carretera sumarían 174, mientras que en Tixtla saben de 19 en el mismo lapso, pero aclaró que son engañosos los datos porque hay gente que capturan en esta ciudad y los dejan en la capital, y que en Zitlala se han registrado 16 asesinatos en el mismo tiempo.
Dijo que la violencia fue a la alza en Chilapa de 2012 al 2014 y que en ese tiempo dominaba el grupo criminal Los Rojos liderado por Zenén Nava Sánchez, como una célula del cártel de los Beltrán Leyva, pero que tras una ruptura una parte se pasó al grupo delictivo Los Ardillos.
Dijo que principalmente un hombre que fungía como policía municipal, (era el brazo derecho del ex secretario de Seguridad Pública, Silvestre Carreto González preso en Nayarit por delincuencia organizada), Constantino Chino, y que quien los encabeza son Celso e Iván Ortega Jiménez, hermanos del ex presidente de la comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez.
Díaz Navarro agregó que en 2015 son desplazados Los Rojos de Chilapa y comienzan a tomar el control Los Ardillos, de ahí se habla de una “limpia” y ahora hicieron creer que llegaba otro grupo llamado Los Jefes, pero son los Ortega Jiménez.
Reiteró como en declaraciones pasadas que los Ortega son los que también lideran el grupo de civiles armados Paz y Justicia, al que Siempre Vivos acusa de la desaparición de 30 vecinos durante una irrupción armada del 9 al 14 de mayo de 2015 a la cabecera municipal.
Dijo que la Ley 701 de derecho y cultura indígena no debe seguir cobijando a la formación de policías comunitarias que están al servicio de cárteles.
Afirmó que estos criminales también lideran a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, en Chilapa, y a la policía municipal de Quechultenango y de Mochitlán.
Abundó que lo sabe Bernardo Ortega, y señaló que un 90 por ciento de los homicidios perpetrados en Chilapa han sido por estos hermanos.
Los más sanguinarios en la historia de Guerrero

De los hermanos Ortega Jiménez, Díaz Navarro dijo, “yo creo que en la historia de Guerrero son los más sanguinarios, los más violentos, los más crueles que hemos tenido y que siguen operando impunemente en Chilapa y toda esa región”.
“El viernes tuvimos ocho homicidios porque se rumoró que había regresado el jefe de plaza de Chilapa, entonces Celso mandó a sus sicarios a calentar la plaza, hubo ocho homicidios porque su estrategia es que llegue el Ejército, llegue la Marina, la Policía Federal y capture a su acérrimo enemigo que es Zenén Nava Sánchez”.
Reiteró que se emprendió esta campaña para poner un alto a las graves violaciones de derechos humanos, “que curiosamente ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han hecho ningún pronunciamiento, no han solicitado medidas cautelares para Chilapa, que está en un total abandono”.
Señaló que de hoy en adelante cada muerto que haya será responsabilidad del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia y del gobierno del estado, porque no detiene a los delincuentes a pesar de que están identificados.
“Si no sabían quiénes son los que nos están masacrando, quiénes están exterminando al pueblo de Chilapa se los acabo de decir, hay muchas órdenes de aprehensión contra estos delincuentes, ya tiene como un año que se emitieron esas órdenes de aprehensión y hasta el día de hoy sólo capturaron a un sicario de más bajo nivel”, expuso.
El gobernador no hace nada ante la masacre, reprochan

Díaz Navarro informó que el 3 de septiembre habrá una manifestación en Chilapa para visibilizar el problema que se vive y se invitará a colectivos de otros estados.
La representante del Colectivo de Chilpancingo, Rodríguez Narciso expuso que se suma a la campaña que está emprendiendo Siempre Vivos, porque no puede ser posible que sigan las masacres, que sigan las violaciones a los derechos humanos, “no es posible que el gobernador Héctor Astudillo Flores no haga nada y mejor le dé protección a los delincuentes”.
“¡Ya basta!, ya es un alto, también le exigimos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la federal, a la estatal, que hagan algo por las víctimas, esas instituciones se crearon para eso, para dar apoyo a las víctimas y todo el estado de Guerrero está bañado en sangre”, expuso.
Agregó que Chilapa es el municipio más sanguinario, que por eso exigen a las autoridades no solamente que se paren el cuello hablando de democracia y de justicia, cuando en la realidad no existe.
Dijo que con sus compañeros exigen al gobernador el presupuesto que tiene la CEAV en el estado, porque no puede seguir trabajando sin presupuesto, que cuando se acercan a la Comisión a pedir apoyos no tienen, los tienen que conseguir en el DIF y en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y eso es una vergüenza para Astudillo Flores.
Reprochó que el gobernador se jacta de regalar dinero al Teletón, cuando las familias de las víctimas en Guerrero se están muriendo de hambre, los hijos han dejado de estudiar porque no hay apoyo, porque al que daba el sustento a la familia lo levantaron o lo asesinaron.
Abundó que las familias necesitan atención psicológica, médica y educativa, e insistió al gobernador que “¡ya basta!”, que no sólo se esté tomando fotos y ponga los ojos en Chilapa, Acapulco, Chilpancingo, en la sierra y si no puede que renuncie al cargo, para que se quede una persona sensible que los atienda.
Fuentes Urióstegui dijo que en Guerrero hace falta una Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas por Desaparición Forzada, que en el estado hay leyes congeladas en el Congreso local que no se han promulgado como la Ley de Desaparición de Personas.
Añadió que les dicen que la Ley General de Víctimas es un arma que pueden utilizar y que les va a beneficiar de alguna manera, y que él preguntaba que si de verdad ha beneficiado a alguien porque para acceder a esos derechos les ponen una serie de trabas que difícilmente cumplen.
“De por sí la búsqueda de nuestros familiares es difícil, si no tenemos el apoyo de la autoridad, si no tenemos el apoyo de algún sustento económico para las familias pues va a ser mucho más difícil la búsqueda. La falta de voluntad política de los gobernantes va a dirigida al cansancio, a que las familias nos agotemos, porque esto no es fácil, nos agotamos económicamente, físicamente, moralmente, psicológicamente, quieren que tengamos ese degaste para ya no seguir exigiendo”, expuso.
Dijo que quieren que las instancias internacionales los volteen a ver porque en el estado hay deficiencias en investigación, hay en dictámenes forenses, todos los expedientes, las carpetas de investigación están paradas y no hay quien exija a las autoridades que den respuesta de lo que se investiga.
Llamó a los reporteros a unirse porque el gremio también ha sido violentado, que no se luche de forma aislada porque el problema es nacional.
Lamentó que muchos se quedan callados y no alzan la voz mientras los siguen asesinando poco a poco, y no se ve que vaya a parar.
Lamberto Castro hizo alusión a “las víctimas invisibles”, los niños y niñas que son hijos de víctimas y que instancias municipales, estatales y federales no los atienden, y que por el testimonio de cada familia que ni el DIF ni la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) toman cartas en el asunto, para ver el destino de estos niños.
“El llamado que hacemos a través del colectivo Chilpancingo es que intervengan instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la UNICEF, o a través de otros organismos que pueden ser de defensa y protección a menores, en este caso pudiendo organizar alguna campaña de productos que puedan ser en centros de acopio, para hacer llegar a las madres que tienen niños lactantes o padecimientos de alguna enfermedad”.

Regresan a controlar Tlaltempanapa los civiles armados de Paz y Justicia, denuncia Díaz Navarro

A un mes del enfrentamiento de militares y policías estatales con el autodenominado grupo Comunitarios por la Paz y la Justicia en Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, los civiles armados retomaron el sábado el control de esa comunidad nahua, aseguró el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, José Díaz Navarro.
El vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, había informado que tras el enfrentamiento el 14 de julio, hubo el acuerdo que los militares y policías estatales se harían cargo de la seguridad en ese pueblo.
Díaz Navarro informó que el sábado regresaron los líderes de los civiles armados y que realizaron una reunión para reanudar los retenes en las entradas del pueblo.
Advirtió que es posible que se reanuden los asesinatos y desapariciones en la zona.
“El grupo delincuencial que opera en Tlaltempanana y que se autonombra Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia regresó el día de ayer (el sábado) por la mañana y en la tarde se reunieron con la población en la cancha de la comunidad, por lo que se prevé que nuevamente se susciten nuevos casos de desaparecidos, asesinatos, secuestrados y levantados en esa zona donde opera esta célula de Los Ardillos”, denunció vía telefónica el presidente del colectivo Siempre Vivos.
Dijo que el grupo de civiles armados es encabezado por Hermelindo Cuchillo Axel alias, El Hermes, “quien recibe órdenes directas de los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez”.
Paz y Justicia se había retirado de esa comunidad a raíz del enfrentamiento a pedradas y a palazos de habitantes con militares y policías estatales el 14 de julio con resultado de 20 personas heridas entre pobladores y militares y policías estatales.
Luego de ese enfrentamiento autoridades estatales y mandos del Ejército firmaron acuerdos con las autoridades del pueblo y el dirigente del grupo Paz y Justicia. Se estableció que se harían cargo de la seguridad del pueblo el Ejército y la Policía Estatal. Asimismo el presidente de la agrupación Tranquilino Talatzin Tranquero se comprometió a entregar a los responsables del ataque en el que murió un indígena de Quetzalcoatlán y otro resultó herido.
También se comprometió a entregar cinco armas largas que los vecinos de Tlaltempanapa habían quitado a los militares en el primer enfrentamiento.
El 15 de julio en una operación de militares y policías estatales detuvieron a cuatro presuntos implicados en el ataque a dos indígenas, y decomisaron 20 motocicletas y cinco vehículos; al día siguiente unas 80 personas mujeres, niños y ancianos armados con piedras y palos acudieron al auditorio de la cabecera municipal en donde estaban los cuatro detenidos, las motos y los vehículos que habían sido decomisados y los recuperaron.
A un mes del primer enfrentamiento, la tensión vuelve a ese pueblo luego de que según Díaz Navarro los dirigentes de los civiles armados ya regresaron el sábado, debido a que, denunció, el Ejército y la Policía nunca asumieron en los hechos la seguridad y el control.
Apenas la semana pasada, durante el foro Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza, por la presentación la justicia y la verdad de las personas desaparecidas, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Díaz Navarro responsabilizó al grupo Paz y Justicia de más de 155 asesinatos en Chilapa y de más de 100 desaparecidos.
Díaz Navarro hizo la acusación ante Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH); Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y Ariel Dulitzky, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Díaz Navarro entregó un documento en el que pide su intervención para que los gobiernos federal y estatal desarmen a ese grupo que se hace llamar Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia que ha venido provocando la violencia sobre todo en el municipio de Chilapa.
Dijo que esta agrupación tiene sede en el municipio de Quechultenango y que la encabeza Celso Ortega Jiménez, hermano del ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega; “ellos son los que se han adueñado de nuestras vidas no sólo en Chilapa, sino en Zitlala, en Ahuacuotzingo, en José Joaquín de Herrera, en Mártir de Cuilapan y hasta en Tixtla”, acusó.

Sin dinero y con precaria infraestructura, prepas populares son única opción en zonas marginadas

Las Preparatorias Populares incorporadas a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) no cuentan con apoyo de las autoridades para infraestructura, su presupuesto es insuficiente y las extensiones no están reconocidas de manera oficial.
En Atliaca, municipio de Tixtla, a un costado de la carretera hacia Apango se encuentra la Preparatoria Popular Emperador Cuauhtémoc, cuenta con cuatro extensiones en los municipios José Joaquín Herrera (Hueycantenango), Chilapa de Álvarez y Zitlala, su matrícula total es de 680 estudiantes.
Para acceder a la preparatoria hay que caminar unos metros por un camino de terracería, la escuela cuenta con siete salones, de los que dos son parcialmente de concreto, madera y lámina mientras que uno más es de madera y lámina, además de baños para hombres y mujeres y un amplio terreno que sirve de cancha.
No cuenta con barda propia, sólo uno de los lados del rectángulo que alberga las instalaciones cuenta con muro, que en realidad es propiedad del dueño del terreno contiguo, su única protección es una malla que en otros años ha sido cruzada por desconocidos que robaron el timbre y mobiliario de la escuela, por lo que ahora todo el material de valor se guarda bajo llave en los salones más seguros, durante los periodos vacacionales.
La Preparatoria Popular Emperador Cuahtémoc fue fundada el 11 de septiembre de 1991, pero según el director Gaudencio Caballero Bello, “no fue fácil, a nosotros no nos han regalado nada, todo lo que tenemos se ha conseguido con mucho sacrificio”.
En una visita a las instalaciones, Caballero Bello contó que las autoridades locales no aportan ningún tipo de apoyo para la escuela, cuya construcción fue resultado del trabajo de maestros y padres de familia, quienes hicieron bailes en Atliaca para obtener recursos con los que se compró el terreno.
Informó que tres de los salones de la escuela fueron construidos por los presidentes municipales de Tixtla Jesús Pasténes Hernández y Jorge Vargas Alcaraz, pero desde entonces no han vuelto a recibir apoyo de las autoridades locales.
Dijo que el rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán apoyó a la escuela hace dos años con butacas y pintarrones nuevos para los salones, pero la mayoría del mobiliario y las obras que se han hecho en las instalaciones son producto de donaciones y la aportación mensual de 115 pesos por alumno.
Además los padres de familia entregan una cooperación anual que varía de 100 a 150 pesos por alumno, la cantidad la establecen los padres en una reunión que se lleva a cabo en septiembre.
Puntualizó que los padres de los estudiantes acordaron aportar las cooperaciones mensuales y anuales para evitar que los maestros tuvieran que seguir organizando bailes u otras actividades para obtener recursos adicionales al presupuesto, es decir, en cada escuela la cantidad que aportan varía, no se exige una específica.
La Preparatoria Popular Emperador Cuauhtémoc ubicada en Atliaca, cuenta con 250 alumnos y para el ciclo escolar 2017-2018, recibirá 115 más provenientes de la cabecera municipal de Tixtla, así como las comunidades Apango, Omeapa, Zoquiapa, e incluso de Chilpancingo.
Esta escuela cuenta con una matrícula elevada en la sede principal y sus extensiones, debido a que recibe estudiantes aún si no se presentaron al examen de admisión, mientras cuenten con su certificado de estudios con promedio mínimo de 7 y su acta de nacimiento, aunque también se aceptan alumnos con promedios de hasta 6.7, éstos deben mostrar interés en sus estudios y acudir con su uniforme, como lo marca el reglamento.
En Atliaca los estudiantes son atendidos por 15 maestros y tres trabajadores administrativos. El salario de los docentes varía de 60 a 70 pesos por hora, en total unos 7 mil pesos mensuales, con la cooperación que aportan los padres de familia se completa el pago de los trabajadores y se cubre el gasto de servicios públicos de las instalaciones, como agua y energía eléctrica.

11 mil 402 estudiantes inscritos en las 53 prepas populares en el ciclo escolar 2015-2016

De acuerdo con el anuario estadístico de la UAG, en el ciclo escolar 2015-2016 estaban inscritos 11 mil 402 estudiantes en las 53 preparatorias populares reconocidas por la máxima casa de estudios, los cuales contaban con una edad de los 14 hasta más de 25 años.
La mayoría de los estudiantes, 51.05 por ciento, es decir 5 mil 821 eran hombres, mientras que el 48.95 por ciento, 5 mil 581, fueron mujeres.
Los estudiantes son atendidos por 700 maestros en el estado, de los cuales 495 están titulados y el resto están en proceso de obtener su documento oficial.
Las 53 preparatorias populares reconocidas por la UAG se encuentran en comunidades marginadas de Acapulco, Quechultenango, Tixtla, Chilapa, Leonardo Bravo (Chichihualco), Ometepec, San Luis Acatlán, Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca, Tecoanapa, San Marcos, Ayutla, Azoyú, Atoyac, Alpoyeca, Malinaltepec, Acatepec, Zapotitlán Tablas, Iguala, Canuto A. Neri (Acapetlahuaya), Copalillo, Tepecoacuilco, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Cuetzala del Progreso y Tlalchapa.
Además están dividas en dos organizaciones, el Comité Ejecutivo General de Preparatorias Populares del Estado de Guerrero, que dirige Emiliano Carreto Moreno, y el Frente Estatal de Preparatorias Populares que representan Simón Ramos Aburto, Arturo Guerrero Caballero y Leticia Valerio, mientras que algunos planteles actúan de manera independiente y son ajenos a ambos grupos.
Estudiantes, maestros y padres de familia, protestaron este año en reiteradas ocasiones en la capital representados por las dos organizaciones que aglutinan a las preparatorias populares, para exigir mejores instalaciones y que se les asigne un mayor presupuesto, pero se mantienen los 35 millones de pesos anuales, que no consideran las condiciones de las extensiones.
El Comité Ejecutivo y el Frente Estatal, coinciden en que es necesario que las autoridades aumenten los recursos para las preparatorias populares, pues aunque éstas dependen de la UAG en cuanto a la certificación de estudios, no están consideradas dentro de su presupuesto.

De su creación y el presupuesto

De acuerdo con el jefe de Escuelas Incorporadas de la UAG, Oscar Rendón Martha, las preparatorias populares se crearon en la década de 1970 en la administración del rector Rosalío Wences Reza, el proyecto comenzó como la Universidad Pueblo, cuyo objetivo era que los egresados de la universidad pusieran en práctica sus conocimientos en las comunidades marginadas del estado, haciendo labor social.
Al Consejo Universitario le compete la incorporación de instituciones educativas, las cuales se abstienen de participar en los procesos electorales de la máxima casa de estudios, según el reglamento general de incorporación de estudios a la UAG.
El reglamento reconoce como educación popular “la enseñanza que se imparte en las escuelas que promueven las autoridades locales, ejidales y comunales, así como los núcleos de población que por sus condiciones se benefician con este servicio educativo”.
Señala que las escuelas que se incorporen a la UAG deben contar con edificios que si no están construidos para un plantel educativo, deberán modificarse para servir como tal, enfermería, baños, oficinas administrativas y otras instalaciones indispensables, así como entregar un expediente técnico en el que se incluya un croquis de su ubicación, relación de alumnos, plantilla docente con el perfil y materia que impartirá cada maestro, así como una lista del mobiliario con el que cuenta y un álbum fotográfico.
Según Rendón Martha, el reconocimiento de las escuelas incorporadas a la UAG consiste en la certificación oficial de estudios, pero no obliga a la máxima casa de estudios a proporcionar recursos a los planteles, pues estos dependen económicamente del gobierno estatal.
Consultado en su oficina en la Rectoría en la capital, Rendón Martha dijo que los directores de las preparatorias populares aprobaron de manera interna la creación de las extensiones y no se reportaba la situación ante la UAG, sino que sólo aumentaba la matrícula de las escuelas reconocidas.
La situación permitió la creación de extensiones que no cuentan con las instalaciones adecuadas y están fuera del presupuesto estatal, además de que cuentan con 15 o 20 estudiantes, mientras que las escuelas incorporadas deben tener 100 o 150 alumnos.
Sin embargo reconoció que la creación irregular de extensiones se dio por la necesidad de los habitantes de comunidades marginadas de contar con oferta educativa en el nivel medio superior, pues no cuentan con los recursos necesarios para enviar a los jóvenes a otros municipios a continuar sus estudios.
Al respecto, el titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Arturo Salgado Urióstegui dijo que el gobierno estatal otorga un presupuesto anual de 35 millones de pesos para las preparatorias populares, más del 90 por ciento de los recursos son para los salarios de maestros, trabajadores administrativos e intendentes.
Puntualizó que es la UAG la encargada de regular la creación de las preparatorias populares y reconocer los estudios de los alumnos, mientras que el gobierno estatal sólo aporta dinero, aunque las escuelas son libres de hacer gestiones ante los gobiernos municipales u otras dependencias, si así lo requieren para cubrir sus necesidades.

El grupo criminal Los Ardillos sigue con el control de Tlaltempanapa, Zitlala, afirma Siempre Vivos

A dos semanas de que mandos del Ejército mexicano, el gobierno del estado y el municipal de Zitlala firmaron un acuerdo con vecinos de Tlaltempanapa para que militares y policías estatales se hicieran cargo de la seguridad en ese pueblo, mantienen el control de esa comunidad los civiles armados del grupo Paz y Justicia.
“Todo sigue igual, es el grupo de Los Ardillos el que mantiene el control del pueblo”, declaró vía telefónica el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, José Díaz Navarro.
Luego de los enfrentamientos con piedras y palos ocurridos el 12 y el 14 de julio de militares y policías estatales contra pobladores, en los que hubo una veintena de lesionados de ambos lados, el 15 de julio las autoridades estatales y mandos del Ejército firmaron un acuerdo con las autoridades del pueblo y el dirigente del grupo Paz y Justicia.
En el acuerdo se estableció que se harían cargo de la seguridad del pueblo el Ejército y la Policía Estatal. Asimismo el presidente de la agrupación Tranquilino Palatzin Tranquero se comprometió a entregar a los responsables del ataque en el que fue asesinado un indígena de Quetzalcoatlán y otro resultó herido.
También se comprometió a entregar cinco armas largas que los habitantes de Tlaltempanapa habían quitado a los militares en un primer enfrentamiento.
El 15 de julio en una operación militares y policías estatales detuvieron a cuatro presuntos implicados en el ataque a los dos indígenas, también decomisaron unas 20 motocicletas y cinto vehículos, pero al día siguiente un grupo de unas 80 personas entre mujeres, niños y adultos mayores armados con piedras y palos acudieron al auditorio de la cabecera municipal en donde estaban los cuatro detenidos, las motos y los vehículos que habían sido decomisados y los recuperaron.
A dos semanas del primer enfrentamiento la tensión en ese pueblo sigue latente y el Ejército y la Policía siguen sin asumir la seguridad, mientras que el control del pueblo sigue bajo el grupo armado vinculado con Los Ardillos, aseguró el presidente de Siempre Vivos.
Agregó que incluso la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) suspendió una brigada de servicio social, a la que había invitado a representantes de los medios de comunicación el jueves de la semana pasada.
Dijo que de último momento se canceló la visita de los periodistas y al día siguiente se informó que la visita se había hecho, pero que no existe la certeza porque el Ejército sigue sin tener acceso al pueblo.

Celebra Siempre Vivos la entrada del Ejército a Zitlala que llegó “después de tantos asesinatos”

El presidente del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa y Zitlala, Siempre Vivos, José Díaz Navarro reprochó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que a pesar de dos quejas para que se investigue por qué las autoridades no han investigado los 140 asesinatos cometidos en lo que va del año y más de 110 desaparecidos en esos dos municipios, no haya intervenido.
Por otra parte celebró que el Ejército y la Policía Estatal hayan tomado el control de la seguridad en Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en donde opera el grupo armado Paz y Justicia, aunque se tardaron más de dos años y cuestionó que hayan llegado “después de tantos asesinatos y desapariciones”.
Díaz Navarro urgió a las fuerzas federales y estatales a que también tomen el control de la seguridad en la ruta del sur de Chilapa desde Atzacoaloya hasta los municipios de Quechultenango y Mochitlán en donde opera, dijo, el grupo Paz y Justicia con el grupo criminal Los Ardillos.
Vía telefónica informó que la organización Siempre Vivos presentó una queja en contra de la autonombrada policía comunitaria del grupo Paz y Justicia desde la desaparición de 30 personas, durante su irrupción del 9 al 14 de mayo de 2015 a la cabecera municipal de Chilapa.
Dijo que después, (sin precisar la fecha) presentó una queja más concretamente en contra de este mismo grupo que tiene el control en Tlaltempanapa, pero que el organismo no ha hecho ningún pronunciamiento, en general, en contra de toda la violencia que se vive en Chilapa y Zitlala que ha dejado 140 asesinatos de enero a lo que va de julio, según sus registros.
“Que curioso que la CNDH se convirtió en agencia de investigación criminal para investigar las muertes del socavón en Cuernavaca, de los 28 muertos del penal de Acapulco, del espionaje de Pegasus, pero de los 140 homicidios en Chilapa en los últimos seis meses, no se han enterado”, reprochó Díaz Navarro.
Denunció que en Chilapa y Zitlala han asesinado a niños, a mujeres embarazadas, a mujeres madres de familia, a mujeres de la tercera edad a jóvenes estudiantes, a indígenas, a minusválidos y a padres de familia, “¿y la CNDH dónde ha estado todo este tiempo?, ¿por qué no investiga?”, cuestionó.

Los Rojos fueron desplazados y Los Jefes son Los Ardillos, asegura

Explicó que tampoco se ha hecho nada por los desaparecidos de los que hubo muchos cuando operaba en Chilapa y Zitlala el grupo criminal Los Rojos, porque afirmó que ahora Los Rojos fueron desplazados “casi en su totalidad”, y el grupo criminal que opera es el de Los Jefes y según Díaz Navarro son los mismos que Los Ardillos. Dijo que con ellos ha disminuido en la zona el número de desapariciones pero que aumentaron los asesinatos.
Contó: “una autoridad municipal que no voy a decir quién es, les dice a los familiares que si su familiar está desaparecido que se esperen a más tardar ocho días porque va a aparecer su cuerpo, que aunque sea desmembrado pero que va a aparecer”.
El presidente del colectivo agregó que el razonamiento de esa autoridad municipal, “suena grotesco, pero es la verdad, así les dice”.
Se quejó que para encontrar a los desaparecidos son los familiares los que los buscan, aunque la mayoría de las veces los encuentran vivos, “y cuando la gente aparece muerta los familiares ya no le mueven, ya no piden justicia, ya no piden nada, se conforman que por lo menos tuvieron la oportunidad de darle sepultura al cuerpo y aunque se lo hayan entregado en pedazos”.
Explicó que por esta situación no tiene un número exacto de desaparecidos, y contó que él se quedó en 110 en lo que va del año, “pero yo mismo ya no di avance en el registro de los desaparecidos porque es muy difícil de llevarlo, como sí podría hacerlo la autoridad”.
Mencionó que él ya no vive en Chilapa, de donde salió desplazado por la violencia, pero que también muchas familias ya no denuncian a sus familiares desaparecidos.

La situación de violencia en Zitlala es similar a la de Chilapa

De la operación militar y policiaca que asumió el control en Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, después de dos enfrentamientos que tuvieron a golpes, a pedradas y a palazos el miércoles y el viernes con habitantes del grupo Paz y Justicia, Díaz Navarro declaró que “se tardaron más de 2 años” en ir a tomar el control de la seguridad, y que fue “después de tanta gente desaparecida y asesinada en Zitlala, en donde se vive una situación similar a la de Chilapa”.
El colectivo Siempre Vivos, ha venido denunciando a la auto llamada policía comunitaria de Paz y Justicia que mantiene el control en ese pueblo ubicado a 15 minutos al norte de Zitlala, de ser la responsable de los asesinatos y desapariciones en la zona. También ha denunciado que pertenece al grupo criminal Los Ardillos.
Sin embargo reconoció que la presencia del Ejército y la Policía Estatal es “excelente”, pero que en general, el Ejército y las policías ya deben de tomar la rectoría de la seguridad en todas las zonas en donde está a cargo de grupos ilegales y anticonstitucionales.
Concretamente pidió que el Ejército tome el control en las comunidades del lado sur de Chilapa, desde Atzacoaloya, El Jagüey, San Ángel, Xiluxuchicán y Ayahualulco, donde opera el grupo Paz y Justicia, y hasta Quechultenango y Mochitlán en donde dijo que operan Los Ardillos.
También pidió el control de la seguridad en las comunidades de Ahuihuiyuco, municipio de Chilapa y Tepoztlán, municipio de Ahuacuotzingo, en donde informó que opera un grupo criminal encabezada por un delincuente apodado La Culebra o El Talibán, “que está generando mucha violencia y el desplazamiento de familias”.
Los militares y policías “están para resguardar la integridad de los ciudadanos y salvaguardar nuestras vidas. No puede ser que un grupo de borrachos, drogadictos y delincuentes se hagan cargo de la seguridad sin que nadie los controle, nadie los regule, nadie sepa quiénes son ni cuántos son, y que hayan generado tantísima violencia a partir de que empezaron a operar”.
Anunció que cuando haya garantías y la seguridad de que el Ejército y la Policía Estatal retomaron la seguridad en la zona, el colectivo va a reiniciar con los familiares la búsqueda de los desaparecidos.
“Más adelante vamos a programar una búsqueda en Tlaltempanapa, en donde tenemos información de que hay muchos cuerpos tirados o sepultados clandestinamente. Es un dato curioso, cuántos desaparecidos y homicidios ha habido en ese pueblo y ni si quiera tienen un panteón”, dijo en referencia a que los habitantes de ese lugar tienen que ir a sepultar sus muertos a Zitlala, la cabecera municipal.

Los dos baleados en Zitlala tenían medidas cautelares y son desplazados de Quetzalcoatlán

El indígena nahua muerto y el otro hombre que resultó herido tras un ataque la tarde del miércoles en la salida de Zitlala son originarios de Quetzalcoatlán de las Palmas y contaban con medidas cautelares, a raíz de la masacre del 6 de enero del 2016 contra vecinos de esa localidad en donde asesinaron a seis.
El señor Benigno Marabel Tlatempa y Salomón Lara Tlatempa (quien sobrevivió al ataque) fueron obligados por el gobierno a que junto con 25 familias de desplazados se regresaran de la cabecera municipal a Quetzalcoatlán con el argumento de que ya había garantías de seguridad por la presencia de dos grupos de la Policía Estatal, que después se redujo a uno con sólo seis agentes.
Benigno y Salomón fueron atacados a balazos por hombres armados aproximadamente a las 4 de la tarde a la salida rumbo a La Esperanza, por donde darían vuelta para evitar pasar por Tlaltempanapa que está bajo el control del grupo armado Paz y Justicia que ha sido vinculado públicamente con el grupo criminal de Los Ardillos y a quienes los de Quetzalcoatlán responsabilizan del ataque del 6 de enero del 2016.
Los dos indígenas habían ido a la cabecera municipal a vender sus cintas de palma y a comprar víveres debido a que los gobiernos estatales y municipales incumplieron con la dotación mensual de despensas para evitar que salieran de su comunidad ante el riesgo de ser atacados.
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández responsabilizó este jueves al Ayuntamiento de Zitlala que preside el priista, Roberto Zapoteco Castro y al estatal que encabeza el gobernador, Héctor Astudillo Flores, del ataque a los dos indígenas que dejó a uno muerto y al otro herido. Contó que el herido está grave ya que tiene una bala alojada en la cabeza.
Denunció que los hombres fueron obligados por las autoridades estatales y municipales a regresar a su comunidad asegurándoles que ya no había riesgo.
Recordó que “algunos (de los desplazados) estuvieron sólo tres meses y otros pasaron de los tres meses en un albergue de Zitlala y cuando regresaron a su comunidad lo hicieron en condiciones de vulnerabilidad y alto riesgo”, en conferencia de prensa acompañado de los desplazados de la zona.
Informó que la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) solicitó medidas cautelares y el gobierno del estado les mandó resguardo policiaco a su comunidad.
Reprochó que las autoridades estatales “con una prepotencia que es característica de esta administración, nunca les dio la atención debida, nunca atendió su derecho al agua, a la alimentación, a la educación, a la salud, mucho menos al empleo, motivo por el cual varias de las familias tuvieron que salirse como jornaleros a Sinaloa y sólo 11 se quedaron allí”.
Agregó que las familias fueron obligadas a salir a comprar a la cabecera municipal ya que el gobierno incumplió con darles los productos necesarios para subsistir, además tenían que ir al campo a buscar leña o a cortar palma para tejer sus cintas, con el riesgo que esto implica.
Dijo que las garantías de seguridad para estas familias son elementales por la elevada violencia en la zona. “Todos sabemos que en Chilapa y Zitlala ha habido más de 140 asesinados en lo que va del año”.
Demandó que el gobierno del estado cubra los gastos funerarios del indígena asesinado como su ataúd, el traslado de Zitlala a Quetzalcoatlán, el pago de impuestos o permisos para sepultarlo en el panteón que la familia decida, ya que dijo que las familias de ambos indígenas son de pobreza extrema.
Los indígenas de Quetzalcoatlán para viajar hacia Zitlala, Chilapa o Chilpancingo tienen que pasar por Tlaltempanapa donde los integrantes del grupo armado Paz y Justicia instalan retenes y son a quienes señalan de haber ido a atacarlos en 2016 y los han amenazado.