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El abogado asesinado no era un sicario, sino un “hombre intachable”, dice el alcalde de Tixtla

El presidente municipal de Tixtla, el perredista Hosseín Nabor Guillén reconoció que la descoordinación de los tres niveles de gobierno provocó que policías estatales asesinaran al dirigente de Morena, Eduardo Catarino Dircio, a quien calificó de “un hombe intachable”, en la operación del domingo que terminó con dos civiles muertos y dos agentes heridos.
Inicialmente en un boletín el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia declaró que los dos muertos eran “sicarios” que eran perseguidos por la Policía Estatal, pero después resultó que uno de los asesinados fue el abogado y líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el municipio, Catarino Dircio.
Sin embargo ayer en un segundo boletín el mismo vocero rectificó. Dijo que una vez concluido el enfrentamiento entre civiles y policías, “se tuvo un saldo de dos personas civiles fallecidas, el abogado Catarino Dircio y un miembro de la delincuencia organizada, así como dos policías estatales lesionados de gravedad”.
Consultado sobre el caso este lunes en la presidencia municipal, el alcalde declaró que la Policía Estatal actuó “con hermetismo” y que negó información de la operación a las autoridades municipales.
Reprobó la información que proporcionó inicialmente Roberto Álvarez al calificar a Eduardo Catarino de “sicario”. Dijo que lo conoció como un hombre de conducta “intachable”.
Informó que a la hora del enfrentamiento en la cabecera municipal él se encontraba en Acapulco en una reunión, pero que desde allá le pidió al director de Seguridad Pública que se informara de lo que estaba pasando, “pero no le dieron ninguna información, es decir, hubo un hermetismo total de la Policía Estatal, no nos informaron de lo que estaba pasando ni a quién estaban siguiendo”.
Argumentó que en virtud de eso no tuvo participación la Policía Municipal, aunque le pidió al director de Seguridad Pública que estuviera cerca de donde estaban ocurriendo los acontecimientos.
Dijo que después supo que se trataba de una persecución de delincuentes que comenzó en Chilpancingo, a los que les marcaron el alto en la colonia Indeco pero que no se detuvieron y los persiguieron hasta Tixtla, pero nunca tuvo una información formal de la corporación estatal, “lo cual nos impidió que nosotros pudiéramos actuar, porque nos íbamos a meter en una trifulca bélica en la que no sabíamos quién se estaba peleando con quién”.
Informó que aproximadamente a la 1:45 de la tarde le informaron que a Eduardo Catarino le habían dado un balazo y que se estaba desangrando. Aseguró que fue la autoridad municipal la que habló a Protección Civil para que fuera a prestar el auxilio, pero como estaba acordonado el lugar tardó unos 20 minutos en pasar la ambulancia y cuando entró ya estaba muerto.
Agregó que la postura del gobierno municipal es de “repudio total a los actos de violencia que generen intranquilidad en el municipio”.
Criticó las versiones encontradas que está dando el gobierno sobre el caso, porque dijo que el mismo domingo anunció a través del vocero “de manera equivocada” que habían matado a dos sicarios, incluyendo al abogado, “cosa que todos los tixtlecos reprobamos porque el compañero Eduardo es una persona que tiene su lealtad, honradez y honorabilidad probada”.
Declaró que la víctima es del barrio El Santuario, que es vecino de su hermano y que fue su conocido desde niños “y ha tenido una conducta encomiable, por eso es que reprobamos una aseveración de esta naturaleza, es una aseveración sin un fundamento profundo. Siento que fue una aseveración demasiado superficial”.
Sin embargo dijo que se ha comunicado con el gobernador Héctor Astudillo Flores y que está preocupado porque se sepa la verdad, “me pidió que estuviéramos al pendiente y entiendo que no es culpa del gobernador lo que pasó”, dijo.
Agregó que mientras tanto hay contradicciones entre lo que informan la familia y el gobierno, porque a partir de ayer el gobierno del estado ha comenzado a señalar que quienes dispararon a Eduardo fueron los delincuentes que eran perseguidos, pero la familia del abogado asegura que fueron los policías.
Dijo que como autoridad municipal va a dar ante la instancia competente su versión, “todo a lo que tuvimos acceso, que fue muy poco lo vamos a aportar”.

Protestan reporteros frente al gobernador por el caso de la locutora de RTG y otras agresiones

Reporteros de esta capital protestaron en el acto de homenaje a la bandera que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores, en la explanada Vicente Guerrero del Palacio de Gobierno, para repudiar el ataque a balazos que sufrió la locutora de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), Marcela de Jesús Natalia, el sábado en Ometepec, y exigir justicia en ese caso lo mismo que el cese al hostigamiento en contra de reporteros.
A las 8:45 de la mañana, un grupo de poco más de 25 reporteros de diferentes medios de comunicación desplegaron sus lonas en las que se leía: “Astudillo, si no quieres críticas cumple con tu trabajo”, así como “Ni un periodista más” y “No nos callaremos”. El gobernador interrumpió su intervención cuando apenas había iniciado su discurso, que acostumbra realizar cada inicio de mes.
Al grito de ¡justicia, justicia!, los reporteros se plantaron frente al gobernador, quien les contestó que está de acuerdo con esa exigencia y que no le incomodan “sus expresiones”, ya que él también lamenta lo que sucedió y haría lo que le corresponda.
Ante la respuesta del gobernador, funcionarios y empleados públicos presentes en el acto le aplaudieron con el objetivo de minimizar la protesta, y cuando un colega le dijo en voz alta que siempre da los mismos discursos y nunca cumple con otorgar justicia para nadie.
Durante la protesta, uno de los funcionarios de Comunicación Social del gobierno del estado intentó que los reporteros bajaran sus pancartas, acto que fue denunciado de manera inmediata por éstos.
El gobernador ordenó al funcionario que se retirara y dijo a los reporteros: “los escucho y los atiendo”.
El gobernador aprovechó para insistir que se está desarrollando la instalación del mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pero uno de los colegas le dijo que son
“reuniones cerradas, por cierto gobernador, donde no invitan a todos y las hacen a modo”.
Uno a uno, varios colegas hacían señalamientos sobre la nula seguridad para la población, las insuficiencias del mecanismo diseñado para la protección de periodistas y las continuas agresiones en contra del gremio. Uno gritó “ni uno más”, otro colega expresó “siempre dicen las mismas palabras” y otro exigió “investigación a todos los casos” y entonces el gobernador dio por concluida su participación y se retiró de la explanada del Palacio de Gobierno donde se realizó el homenaje mensual a la bandera.
“Les agradezco mucho que estén aquí, termino mi intervención agradeciéndoles mucho su presencia a todos ustedes, y por supuesto el gobernador es sensible a sus planteamientos”, finalizó Astudillo.
U n minuto después, cuando la presidenta del DIF estatal y esposa del gobernador se dirigía al edificio Centro de Palacio de Gobierno al pasar cerca de los reporteros que se manifestaban les dijo: “Acuérdense cuándo empezó esto, y acuérdense que tienen papás”. Y de inmediato un colega le preguntó: “¿Es una amenaza?”, y Mercedes Calvo respondió: “Ay, perdón”.
Al concluir la manifestación, el vocero de la Asociación de Periodistas de Guerrero (APEG), Zacarías Cervantes explicó que fueron a exigir al gobierno del estado que se esclarezcan todos los hechos de violencia cometidos en contra de reporteros.
“En lugar de investigarse siguen ocurriendo más casos, como el de la compañera locutora de Ometepec, que fue atacada el sábado por desconocidos y que se debate entre la vida y la muerte, en un hospital de Acapulco”, agregó el reportero de El Sur.
También recordó que la semana pasada, dos reporteras del periódico El Sur fueron agredidas: la corresponsal en Zihuatanejo, Brenda Escobar amenazada el jueves por familiares del detenido por el asesinato de la doctora del IMSS, Adela Rivas Obé, y en Chilpancingo, la reportera que cubre notas de la ciudad, María Avilez que un día después fue hostigada por funcionarias de la Secretaría de la Mujer cuando le preguntaba a ésta sobre el creciente número de mujeres asesinadas en el estado.
“Todo eso ya no queremos que siga pasando en Guerrero, no es un asunto de incomodar al gobernador, no venimos a incomodarlo. Venimos a que nos escuche y resuelva, no se trata de mecanismos, se trata de voluntad, queremos voluntad, queremos que este gobierno investigue todos los casos. Dos muertos en este gobierno y no ha habido ningún detenido, ni siquiera indicios” de que se están investigando los homicidios, agregó Zacarías Cervantes, también reportero de El Sur.
Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores declaró al término del acto que estará atento del caso de la locutora de Ometepec y comentó: “Qué más quisiera yo que no sucedieran estas cosas, que no se presentaran, lamentablemente se han presentado y hay que enfrentarlas”.
Sobre la protesta, insistió en que no lo incomoda porque “no soy yo quien los está perjudicando, soy yo el que tiene que enfrentar este problema y lo entiendo perfectamente y entiendo la exigencia de justicia. No es un asunto que me agravia, es un asunto que nos debe hacer reflexionar, que debemos atender este asunto y otros más”.
Como última actividad, los manifestantes se presentaron en las oficinas de la secretaria de la Mujer, Rosa Inés de la O García que se ubica en el edificio Costa Chica del mismo Palacio de Gobierno, pero como no estaba la funcionaria, protestaron durante 10 minutos. La intención de ir a la dependencia era para preguntar a la secretaria de la Mujer cuáles fueron las medidas que tomó con la funcionaria que obstaculizó el trabajo de la reportera de El Sur, María Avilez el viernes pasado.

Se mantiene atención al caso de la locutora de RTG, asegura funcionario de la Segob

El director del área de Recepción de Casos del Mecanismo para la de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, Jorge Ruiz del Ángel, informó que se mantiene atención al caso de la locutora de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) en Ometepec y de la reportera de El Sur, Brenda Escobar. Este lunes, en las oficinas del Sindicato Nacional de los Redactores de la Prensa en Acapulco se reunió con reporteros, para explicar la función del mecanismo y escuchar los casos de agresión a reporteros.
Hace dos semanas, los representantes del mecanismo estuvieron en Chilpancingo, con reporteros de la región Centro, también para explicar los alcances y limitaciones del mecanismo a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que inició desde hace cinco años.
Recordó que la Ley de Protección a Periodistas es una ley federal, que obliga e invita a los estados a firmar convenios de colaboración.
Expuso que el mecanismo de protección entra a petición del periodista o defensor de derechos humanos ante amenazas; sin embargo, entre los reporteros se le recordó el caso de Marcela de Jesús Natalio, quien no recibió amenazas y el ataque fue directo contra ella. Respondió que la agresión sirve para atender a la reportera y a partir de allí investigar si anteriormente había recibido amenazas.
Sobre la situación económica de los periodistas que se ven obligados a dejar incluso su lugar de residencia, reconoció Ruiz del Ángel que los periodistas desplazados no tienen certeza laboral y salarial, lo que consideró un pendiente que tiene que resolver el Estado.
Indicó que en el caso de la reportera de El Sur, Brenda Escobar, quien fue amenazada por la cobertura del caso del homicidio de la doctora Adela Rivas por los familiares del presunto asesino, el mecanismo ya se acercó a ella, sin dar más detalles.
También dijo que en el caso de la locutora de RTG en Ometepec, no podía dar más detalles, pero también lo están atendiendo y la presencia de él en el estado “no era una coincidencia”.

Fue un fin de semana complejo por la violencia y grupos conflictivos, dice el gobernador

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores calificó este fin de semana como complejo, no sólo por la violencia que dejó más de 15 muertos, varios de ellos desmembrados, sino también por la “acción de grupos” que generan conflicto.
La mañana de este lunes al concluir el homenaje a la Bandera en Palacio de Gobierno, el gobernador puntualizó que el estado no sólo se vio afectado por la violencia provocada por grupos del crimen organizado, sino también por ciudadanos afines al Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), quienes el domingo bloquearon la Autopista del Sol en Tierra Colorada para exigir la salida de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
“Muy duro, muy grave y muy fuerte en muchos aspectos, no solamente en la violencia, sino también en la acción de grupos que se han dedicado a generar conflictos más que soluciones para la sociedad, como es el grupo de los que actuaron en Tierra Colorada”, señaló.
Dijo que a pesar de estos hechos el gobierno actuó como se debe, y que seguirá actuando cada vez para responder a estos hechos.
“Hay que valorar que nadie en su sano juicio anda asesinando a las personas y después haciéndolas pedazos, es un tema grave que habla de una gran descomposición emocional”, agregó.

Ofrece investigar el asesinato del abogado en Tixtla

En una segunda actividad en Casa Guerrero donde se celebró la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, y donde personal de la Secretaría de Seguridad Pública que vigila la entrada revisó el equipo y las bolsas de los reporteros para evitar otra protesta, el gobernador fue consultado sobre el asesinato del abogado Eduardo Catarino Dircio, a quien le sembraron un rifle de asalto AK-47.
“Se investigará lo que se tenga que investigar, por supuesto, y no habrá ningún problema, el gobernador es el más interesado en saber qué es lo que está sucediendo y por qué sucedió, pero no tengo los elementos para hacer un señalamiento de quién fue y qué fue lo que pasó”, agregó.
Dijo que lo que le corresponde es que el gobierno “encuentre una ruta de investigación muy precisa de qué es lo que pasó y por qué sucedió, por supuesto que eso es lamentable”.
A pregunta expresa del señalamiento de que los policías mataron al abogado y le sembraron una arma para hacerlo pasar como integrante del crimen organizado, respondió que se investigará a quien deba para dar con un resultado justo.
A pesar de la insistencia el gobernador se excus-o de seguir hablando del tema, y dijo que tendría una reunión del Grupo de Coordinación Guerrero donde se abordaría para fijar una postura sobre los hechos.

Continúa con pronóstico reservado el estado de salud de la locutora de RTG en Ometepec

 

La locutora de radio, Marcela de Jesús Natalia, atacada a balazos el sábado en Ometepec, continúa con pronóstico reservado, según el informe médico. Hoy se le hará una tomografía para revisar el proceso de inflamación.
Su esposo, Mario Martínez Bautista, dijo que Marcela no les informó si había sido amenazada o intimidada.
Consultado respecto al avance de la investigación, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, dijo que la Fiscalía le informó que hay tres líneas, sin embargo no le precisaron cuáles son.
De Jesús fue herida de bala el sábado pasado, cuando le dispararon en el rostro al salir de las instalaciones de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) en Ometepec, donde trabaja de locutora. El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la mañana, al salir del turno que trabaja de 5 a 9.
El parte médico, después de su revisión matutina, indicó que tenía frecuencia cardiaca normal, así como su frecuencia respiratoria. La presión arterial estaba baja y presentó una temperatura de 37 grados. Continuaba sedada, conectada a un respirador artificial, sin cambios neurológicos y cardiopulmonar sin compromiso.
El esposo de Marcela de Jesús y regidor del PRI en Xochistla-huaca, Mario Martínez, dijo que la ve “con mejor semblante y respirando mejor”. Indicó que los médicos le dicen que la herida es delicada y están cuidando que no se vaya a presentar una infección y el organismo reacciona bien.
Hoy le harán una Tomografía Axial Computarizada (TAC) para revisar cómo está reaccionando su cerebro al medicamento y ver si ha cedido la inflamación.
Al preguntarle a Martínez si su esposa le había dicho de alguna amenaza o si fue intimidada por alguien, dijo que no le había hecho ningún comentario.
De si ha tenido información del avance de la investigación sobre la agresión, manifestó que no les han avisado nada.
Por la tarde, el gobernador Héctor Astudillo Flores visitó el Hospital General de Acapulco, para conocer el estado de salud de Marcela de Jesús. Martínez comentó que el gobernador le preguntó si requería algún apoyo urgente, y le respondió que la urgencia es la salud de su esposa.
“Se comprometió a que los mejores médicos están al pendiente de la salud de Marcela, yo le dije que lo que costaba es la buena atención médica para Marcela. También me dijo que ya dio instrucciones para la investigación”.
Vía telefónica, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero indicó que la Fiscalía solamente le había informado que tiene tres líneas de investigación, “que no conozco y no me han informado”. Añadió que el gobernador Héctor Astudillo solicitó al fiscal Javier Olea darle prioridad a este caso.

Visita el secretario de la Defensa el cuartel del 34 batallón en Ciudad Altamirano

El general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, visitó Ciudad Altamirano el pasado fin de semana, para estar en las instalaciones del 34 batallón de infantería, como una visita de cortesía a los soldados que operan en esta región.
El pasado sábado por la mañana estuvo el general saludando a las tropas en las instalaciones de Ciudad Altamirano, en una visita rápida que realizó y en donde sólo hubo acceso para el personal militar. Algunas familias de soldados aprovecharon para subir sus fotos con el general a las redes sociales.
Informes oficiales confirmaron que el general le hizo un llamado a las fuerzas militares a seguir aportando su granito de arena, por la tranquilidad de la región Tierra Caliente y los felicitó por el trabajo que han realizado en diversas maniobras.
El general Cienfuegos estuvo comiendo con las tropas y después de algunas horas, en las que varios de ellos con sus familias se estuvieron tomando fotos con él, se retiró sin que acudiera a algún otro lugar de Tierra Caliente.
La visita del secretario de la Defensa Nacional se había postergado cerca de 10 días, luego de que ya se había anunciado que vendría y que incluso podría bajar a San Miguel Totolapan, para verificar las acciones que se realizaban como parte de la Operación Relámpago.
Sin embargo, ese recorrido se canceló. 10 días después de esa postergación, la misma Operación Relámpago disminuyó los efectivos con los que trabaja en Tierra Caliente, por tal motivo ya no era necesaria la inspección del general, así es que sólo paso directamente a las instalaciones militares, donde tuvo el encuentro con el 34 batallón.
Aun así, la visita del secretario se da en torno a la Operación Relámpago, que llegó a aglutinar hasta mil efectivos, en su mayoría militares, para buscar y detener a los líderes de la delincuencia organizada que operan en Tierra Caliente y que a tres semanas de su inicio, no presenta ningún detenido.

Condena la violencia, los asesinatos y se solidariza con las reporteras Brenda Escobar y María Avilez

Apreciable director y amigo:

Solicito amablemente publiques esta carta en el prestigiado diario que diriges.
El clima de violencia extrema que Guerrero está viviendo se expresa todos los días con los crímenes a cualquier hora del día, sin que la autoridad federal , estatal y los municipales puedan controlarla; los cuerpos de hombres jóvenes y mujeres han sido las principales víctimas, pero también de aquellas y aquellos cuyo trabajo ha sido informar a la sociedad de los problemas cotidianos y dentro de ésta, la violencia en todas sus formas, porque hoy también ésta tiene rostro de cotidianidad, pero no de normalidad, por ello, desde este espacio condeno los asesinatos no solamente de los jóvenes, de las mujeres, también los de las y los periodistas, y por supuesto, me solidarizo con las corresponsales de este medio de comunicación escrita, Brenda Escobar y María Avilez, quienes han denunciado amenazas por el cumplimiento de su trabajo, solicitando protección a su integridad física y a la de sus familiares, así como otras medidas de seguridad.

Atentamente.
María Luisa Garfias Marín.
Presidenta de “Aliadas por la Justicia A.C.”.

El gobierno debe de pedir perdón por acusar de sicario al abogado de Morena, exigen sus vecinos

 

Vecinos del dirigente de Morena en Tixtla, Eduardo Catarino Dircio, quien fue asesinado el domingo en una operación de policías estatales contra una banda del crimen organizado, exigieron al gobierno del estado que pida perdón a los familiares del abogado por haber ensuciado su memoria al señalarlo de sicario.
Mientras tanto el presidente del Colegio de Abogados de Tixtla, Lucas Moisén Catarino demandó una investigación inmediata y castigo a los policías que lo mataron.
Los vecinos del finado de la avenida Insurgentes y de las calles Alejandro Sánchez Castro y Acapulco exigieron, además, la reparación de los daños y los robos provocados por los policías a sus viviendas durante la operación que dejó dos muertos, uno de ellos Catarino Dircio, el domingo.
La familia del abogado exigió a las autoridades que “asuman su responsabilidad y pidan perdón a sus familiares por el daño moral que han hecho por esas declaraciones, porque Eduardo no fue ningún delincuente, no fue ningún narco. Los narcos están metidos en el gobierno, son los mismos”.
El abogado Moisén Catarino declaró que hay una coparticipación de todo el gobierno del estado porque los policías vieron que uno de sus compañeros disparó a Eduardo, a unos 30 centímetros cuando estaba tirado bocabajo, pues la bala entró por la espalda y no salió, le quedó alojada, lo que indica que fue a corta distancia, dijo.
Añadió que el policía que disparó no fue detenido, incluso hubo militares y éstos tampoco hicieron nada por detener al policía, “en este caso son el estado y la federación los que están involucrados ”.
Contó que por versión del Ministerio Público, se enteraron de que hay un detenido de los delincuentes que perseguían los policías y que el gobierno estatal pretende responsabilizarlo de la muerte de Eduardo Catarino, cuando su esposa fue testigo de que le disparó uno de los policías.
“En este caso nuestro pronunciamiento es que haya justicia, que se busque al verdadero responsable, que se castigue a todos los policías, porque uno es el que disparó pero hay coparticipación de los demás policías y también del gobernador, porque si no castiga se está volviendo cómplice de estos hechos”, señaló.
A su vez el delegado de Morena en Tixtla, Moisés González dijo que la estrategia del gobierno al criminalizar “a una persona honesta, de intachable conducta, es para justificar un operativo fallido”.

“Estamos indignados, enojados y encabronados”, dicen sobre la actuación de los policías estatales

En la conferencia de prensa en la que la viuda de Eduardo Catarino, Hilda Vázquez Cipriano dio su versión de los hechos en los que fue asesinado su esposo, uno de los familiares denunció que se trató de un crimen de Estado y una ejecución extrajudicial.
Dijo que los vecinos “estamos indignados, enojados y encabronados, aquí llegaron los policías del estado en toda esta manzana abriendo puertas y robando celulares, alhajas y pertenencias, aprovechándose de las circunstancias”.
Otro vecino mostró cascajos percutidos que fueron hallados en el interior de algunas casas, incluso un casquillo estaba útil aún. Entre éstos había de calibres 9 milímetros y de 7.36, de los que usan las fuerzas federales.
Uno de los vecinos mostró la puerta de un baño destrozada, vidrios rotos, chapas forzadas y roperos que fueron saqueados.
Los vecinos contaron que durante la operación los policías estatales allanaron viviendas, destrozaron chapas y mobiliario, asimismo robaron pertenecias de los vecinos.
Las irrupciones a las casas se centraron en la avenida Insurgentes y en las calles Alejandro Sánchez Castro y Acapulco, denunciaron vecinos y mostraron los daños.
En una de las casas que es ocupada por la iglesia la Luz del Mundo, en la calle Alejandro Sánchez Castro, fueron los delincuentes quienes irrumpieron derribando un portón con una camioneta Dodge Ranger azul. La unidad quedó abandonada en el patio y de allí los delincuentes se dispersaron.
En otra de las viviendas ubicada en el número 61 de la avenida Insurgentes, fueron los policías estatales los que entraron derribando el portón con una patrulla. En esa casa fue asesinado el secretario del Colegio de Abogados de Chilpancingo, Eduardo Catarino.
Afuera en la calle, metros más delante de esa casa fue asesinado uno de los sicarios que era perseguido por los agentes.
Los vecinos denunciaron que los policías se metieron en varias casas forzando las cerraduras, y dejando destrozos en su interior. Incluso algunas de las casas que estaban solas quedaron abiertas al salir los agentes.
Un vecino contó ayer que los policías catearon todas las casas de la calle Acapulco, y que donde estaba cerrado volaron las chapas y dejaron las puertas abiertas. Dijo que de una casa se llevaron una computadora y un teléfono celular.
Aseguró que los policías justificaron que antes uno de los delincuentes con armas de alto poder, que los vecinos no identificaron, se introdujo a un negocio de la zona y tomó a cuatro personas como rehenes, a quienes les dijo, “ustedes me van a sacar de aquí”, después llegó la policía a meterse a las casas.

Exigen que se limpie el nombre del abogado de Morena

El presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo y ex secretario general del partido Morena, Rubén Cayetano García exigió al gobierno estatal que “limpie” el nombre del abogado Eduardo Catarino Dircio, y que castigue a los autores materiales e intelectuales del asesinato.
Por su parte el dirigente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán lamentó que la violencia en el estado no ha parado y exigió el esclarecimiento del asesinato del abogado y militante de Morena.
En un comunicado Rubén Cayetano calificó a Eduardo Catarino como “un hombre honesto y un jurista inteligente y brillante” de quien afirmó que “no permitiremos que se manche su honra”.
Exigió al gobierno estatal que “limpie” el nombre de quien desde el domingo fue señalado como un integrante de una banda criminal.
El también asesor de la diputada de Morena en el Congreso local, María de Jesús Cisneros Martínez, dijo que la probidad y capacidad de Eduardo Catarino, “era de todos conocida”, y recordó que fue el abogado que contribuyó a que se anulara la elección a presidente municipal de Tixtla, cuando era representante de Morena en el Consejo Distrital 24 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), “era un hombre comprometido con la democracia, con la justicia y con los movimientos sociales de Guerrero y su crimen no debe quedar impune”.
Celestino Cesáreo dijo que la referencia que tienen en el PRD de Eduardo Catarino es que era un abogado que no tenía vínculos criminales y que se dedicaba únicamente a ejercer su profesión.
Lamentó que sigan ocurriendo asesinatos por la falta de una estrategia de seguridad del gobierno federal para terminar con la violencia. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).

Nota de la Redacción

El titular principal de la página 7 de la edición de ayer, que abre la sección Guerrero, “Matan policías estatales al líder de Morena en Tixtla y le siembran un AK-47 para acusarlo de sicario” , no se corresponde con la línea editorial de El Sur, pues no tiene la fuente que sustente dicha afirmación.
La acusación es ciertamente muy fuerte y merece ser destacada, pues de nueva cuenta agentes del Estado se ven involucrados en un caso de graves violaciones a los derechos humanos. Pero es eso, una acusación, y así quedó plasmado en el titular principal de la primera plana de la misma edición.
La labor de los periodistas es informar sobre los hechos y sus protagonistas, y en casos de conflicto en torno a un acontecimiento, dar la versión de las dos partes. Y eso hicimos ayer en la nota, pero en el titular de la página 7 no solamente se destacó la versión de una parte, sino que no identificó a la fuente y asumió el contenido como si fuera una conclusión de los editores del periódico.

Marchan la UPOEG y comisarios; exigen que se regulen los grupos de seguridad ciudadana

Unos 400 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Consejo de Comisarios de Costa Chica, marcharon para exigir en el Congreso la regularización de los grupos armados de seguridad ciudadana y una interlocución para abrir mesas de trabajo con los gobiernos estatal y federal.
Los manifestantes esperaban ser recibidos por una comisión de diputados de las Comisiones de Justicia, Seguridad y Asuntos Indígenas, como se acordó una semana antes con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la priista Flor Añorve Adame.
Sin embargo, y después de que se le insistió, sólo fueron recibidos por la diputada del PRI, Beatriz Alarcón Hernández, quien atendió a una comisión en la sala José Francisco Ruiz Massieu, y adujo la tardanza de los manifestantes para justificar la ausencia del resto de los diputados.
En la reunión se estableció otra cita el miércoles, sólo para las demandas de la UPOEG. El Consejo de Comisarios de la Costa Chica, anunció que continuará su agenda por separado.
De manera extraoficial, se denunció que la UPOEG relegó los asuntos de los comisarios, para centrar la reunión en el problema de Tierra Colorada, donde tienen una pugna con el FUSDEG.
Por separado, el representante del Consejo de Comisionarios, Feciliano Santana Alonso, explicó vía telefónica que los representantes de los pueblos de Costa Chica llegaron a Chilpancingo a participar en una marcha por la dignidad en un frente común con la UPOEG, para hacer presión en el Congreso por atención a sus demandas.
Aclaró que son movimientos independientes con peticiones comunes, salvo en el tema de seguridad ciudadana, por lo que su gestión continuará por separado. De la reunión, sólo declaró que esperan la mediación de la diputada Añorve para tener comunicación directa con los secretarios y delegados de Gobierno en la gestión de servicios y beneficios de programas sociales.
Entregaron peticiones de sue-ro antialacrán y medicamentos para comunidades de Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacoachistla- huaca y ambulancias para Igualapa y Llano Largo. Confió en que la diputada Beatriz Alarcón los llame para dar seguimiento a sus planteamientos.
El “error” de la protesta

La marcha de hombres y mujeres campesinos comenzó después de la 1 de la tarde, en el crucero de la Autopista del Sol con la carretera federal Mexico-Acapulco, al sur de la ciudad, avanzó por la calle lateral del bulevar Vicente Guerrero y la avenida Lázaro Cárdenas. En el Congreso ya se había colocado una carpa para recibir a los manifestantes.
Llegaron a las 2 de la tarde, un retraso de dos horas para la cita con diputados, debido a la demora de los grupos de Costa Chica, el contingente más amplio.
Ya no había diputados, y el oficial mayor, en acuerdo con el dirigente de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, salió a la explanada a recibir el documento dirigido al Congreso sobre la regulación de los grupos ciudadanos de seguridad.
Plácido explicó que los diputados ya no los atenderían porque llegaron tarde, y era necesario reconocer que cometieron un error.
El argumento no convenció a los promotores de la UPOEG ni al Consejo de Comisarios, que tomaron el micrófono para recriminar la desatención de los diputados: “Ese error de nosotros para ellos es terrible, y cuando ellos incumplen ¡no pasa nada!”, “los diputados piden a los pueblos que reconozcan su error, que llegamos tarde, cuando ellos estuvieron en los pueblos pidiendo el voto no les importaba si era mañana, tarde o noche”, “hemos venido de manera pacífica, no hemos alterado ninguna regla, cerramos nada. La tardanza se debe porque no venimos de aquí a la vuelta”, insistieron en quedarse en el lugar hasta ser atendidos por los legisladores.
Mientras esperaban respuesta, se anunció que llegaron representantes de colonias de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, donde el día anterior hubo otro altercado entre grupos de seguridad ciudadana de la UPOEG y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). Plácido Valerio se apartó con ellos, antes de la reunión en la sala José Francisco Ruiz Massieu.