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Inician delincuentes el cobro de cuotas de fin de año a comerciantes de Ciudad Altamirano, dicen

 

Desde el pasado fin de semana, en Ciudad Altamirano la delincuencia organizada comenzó a cobrar la cuota anual de derecho de piso impuesta a los negocios en la Tierra Caliente durante los últimos cuatro años, sin que ninguna autoridad intervenga.
Jóvenes en moto, con una mochila al costado llegan a los negocios del centro de Ciudad Altamirano con un pedazo de papel en el que hay anotado un número telefónico al que les piden llamar para recibir indicaciones de lo que deben pagar, dijeron algunos locatarios vía telefónica.
El trato de los jóvenes que llegan a los negocios es amable. No dan más detalles de lo que piden, solamente que se comuniquen “de favor” al teléfono que les dan.
Los comerciantes de Ciudad Altamirano están acostumbrado a esta práctica. Durante los últimos cuatro años Los Caballeros Templarios impusieron una cuota a cada negocio, que varía de acuerdo al giro comercial, a su ubicación y a su tamaño.
En los últimos cuatro años, la Policía Federal y el Ejército han reportado por lo menos cinco detenciones relacionadas con los cobros de piso anuales. A los detenidos les han encontrado listados de nombres de negocios y cantidades. Los detenidos han sido procesados y más tarde liberados.
Aun así, no han impedido el pago de piso impuesto a los negocios por los delincuentes. En 2014, los comerciantes estimaron en una reunión de seguridad con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, que el 95 por ciento de los negocios pagan cuota, desde un comercio ambulante hasta las grandes tiendas.
Este lunes se observó a policías federales recorriendo todos los negocios de la avenida principal Lázaro Cárdenas, para levantar un censo y conocer a quiénes les están cobrando, así como las cantidades que piden.
A locales de venta de celulares les piden 50 mil pesos. Algunas farmacias reportaron solicitudes parecidas.
A partir de que reciben el número telefónico al que deben llamar par saber el monto del pago de piso, les dan un plazo para cobrar. El barrido de cobros continúa durante diciembre y enero, y de Altamirano sigue a Coyuca de Catalán, donde hacen lo mismo incluso con negocios cercanos a la base de la Policía Federal.

Pide el comité Los Otros Desaparecidos de Iguala que la PGR resguarde la zona de nuevas fosas

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala pidieron en la asamblea de ayer en la parroquia de San Gerardo que la Procuraduría General de la República (PGR) resguarde la zona de nuevas fosas clandestinas, hasta que se hagan las excavaciones y exhumaciones de cuerpos.
En la reunión de ayer en el sótano de la parroquia acordaron suspender la búsqueda de fosas clandestinas el próximo domingo, en tanto que peritos y antropólogos de la PGR no hagan las excavaciones y exhumaciones de los cuerpos de las 11 fosas clandestinas halladas el domingo en el ejido de Tijerillas y la comunidad de El Naranjo, ubicadas al norte de Iguala.
Este domingo una comisión de 30 familiares de víctimas de desaparición forzada, bajo el resguardo de efectivos de las fuerzas federales localizaron 11 probables fosas en un nuevo sitio que no había sido explorado, en una de ellas excavaron y confirmaron la presencia de un cuerpo atado de los pies, y en otras cinco hallaron indicios de restos humanos, campamentos de secuestro en el que fue hallada ropa militar y restos de una osamenta a la intemperie.
Ayer la zona de exploración estaba sin resguardo y el temor de los familiares de víctimas de desaparición forzada es que gente de la delincuencia haga las exhumaciones de los cuerpos o se lleve evidencia, por lo que piden que la PGR ponga resguardo permanente en esa zona.
Dijeron que por esta preocupación y por el hecho de que en algunas zonas la hierba aún es muy alta, suspenderán la búsqueda de fosas que se tenía prevista para el próximo domingo, y se reanudarán hasta que la PGR excave en las ya localizadas.
Según información de los familiares de desaparecidos, los peritos y antropólogos forenses de la PGR que realizaban los trabajos en fosas de Iguala fueron trasladados a la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango) para localizar y exhumar cuerpos de entierros clandestinos señalados por pobladores, entre los que según los vecinos estarían los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
A la asamblea de ayer no llegó ningún representante de la PGR, por lo que aún no se ha determinado el día en que se hagan las excavaciones y exhumaciones de los cuerpos hallados en el ejido de Tijerillas y la comunidad de El Naranjo.
A pregunta de los familiares de desaparecidos a los representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en relación con la búsqueda y hallazgo de fosas clandestinas, Juan López dijo: “ustedes no son ladrones de tumbas, no son profanadores de tumbas, ustedes están buscando amorosamente una respuesta, y si existe el espíritu después de morir, quien fue encontrado el domingo sentirá un poco de paz”, dijo en una respuesta y aclaró que era una opinión a título personal y no a nombre de la CNDH.
Añadió, “ustedes fueron obligados a hacer esto (buscar fosas), porque a quién le corresponde para que no sea ilegal, pues han pasado algunos meses y no hay una respuesta contundente”.
En la asamblea nuevamente hubo reclamos hacia la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por el pago en cheques de 100 y 160 pesos de viáticos a las familias, recurso del que dijeron 50 pesos se gastan en ir al centro de la ciudad a cambiar el cheque.
También reclamaron la falta de apoyo de la CEAV en los servicios funerarios del joven que falleció a consecuencia de las heridas de bala que sufrió durante un ataque en esta ciudad el 26 de octubre, quien era hijo de una de las integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos.

Bloquean grupos vulnerables una avenida frente al Congreso en la capital; piden pensión vitalicia

Integrantes del Frente de Grupos Vulnerables, Personas con Capacidades Diferentes marcharon y bloquearon más de dos horas la avenida Trébol frente al Congreso local para exigir a los diputados de la 61 legislatura que aprueben una ley de pensión vitalicia, la entrega de la tarjeta Guerrero Cumple, empleo y becas para hijos de personas con capacidades diferentes.
A las 10:30 de la mañana unos 50 manifestantes se congregaron en el monumento a Las Banderas, caminaron por las avenidas Lázaro Cárdenas y Trébol para llegar al Congreso local.
Los manifestantes portaban pancartas en mano en las que se leía: “Sr. Diputados esperamos que haya voluntad y sensibilidad para aprobar la pensión vitalicia”, “Que viva el día internacional de la discapacidad y que muera la discriminación”, “Señor Gobernador no se le olvide que nos prometió una audiencia”.
El líder de la organización, Silvestre Rodríguez Fernández dijo que en su administración al gobernador Rogelio Ortega Martínez le solicitaron una pensión vitalicia, la tarjeta Guerrero Cumple, empleo y becas para hijos de las de personas con capacidades diferentes, pero no ocurrió.
Dijo que “desde la anterior administración estamos solicitando que nos apoyen para mejorar las condiciones de vida de este sector vulnerable, pero a la fecha no han tenido respuesta a sus peticiones”.
El líder pidió una audiencia al gobernador Héctor Astudillo Flores para atender sus demandas y beneficiar a 12 mil personas de capacidades diferentes en el estado.
Al bloqueo acudió el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, y acordaron redactar un documento con las demandas.
Los inconformes no fueron atendidos por los diputados y bloquearon los dos carriles de la avenida Trébol frente al Congreso local.
A las 3 de la tarde, los manifestantes se retiraron de la avenida luego de que policías estatales con equipo antimotines los amenazaron con desalojarlos.

No acuden a la SEIDO en México familiares de desaparecidos; piden que les informen en Chilapa

La comisión de familiares de desaparecidos de Chilapa no acudió a la cita con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México ante la ola de violencia en la región, y pidió que funcionarios de esta dependencia vayan a Chilapa a darles la información.
El 6 de noviembre, los familiares de los desaparecidos entre el 9 y el 14 de mayo fueron convocados a la SEIDO, pues les informaron que esta dependencia está llevando sus casos.
La dependencia canceló la cita, y la reprogramó para este martes, sin embargo la comisión de familiares optó por cancelar la salida a la Ciudad de México ante la ola de violencia que se desató en el municipio, y porque no había policías para resguardarlos.
El vocero de los familiares, José Díaz Navarro manifestó que después de que cancelaron la visita a la SEIDO, habló con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos, y con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, para solicitar su intervención y para pedir que la SEIDO acuda a Chilapa para darles el informe que les proporcionarían este martes.
El subprocurador señaló que hablaría al respecto con la titular de la PGR, Arely Gómez. Mientras, a Campa también le solicitaron que acuda a Chilapa para reunirse con familiares de los desaparecidos. Incluso, el 26 de octubre, cuando una comisión de familiares acudió a la Ciudad de México a reunirse con Eber Omar Betanzos, donde les informaron que sólo están llevando el caso de 24 desaparecidos, pero de antes del 9 de mayo, les aseguró que en un lapso no mayor a 15 días estaría en la ciudad junto con Campa Cifrían, para reunirse con ellos.
Pero el lapso se cumplió y ninguno de los dos funcionarios acudió a Chilapa.

Piden damnificados de La Montaña a la federación casas, granos y que repare los daños de Manuel

Integrantes del Consejo de Damnificados de La Montaña pidieron en una reunión a funcionarios federales y estatales que cumplan la entrega de viviendas y granos básicos, y la reconstrucción de la infraestructura dañada por la tormenta Manuel en septiembre de 2013.
El integrante del Consejo de Tlacoapa, Vitaliano Navarro Mosso dijo que las viviendas están en mal estado y que en varias comunidades ni se empezaron a construir, que la construcción de casas que les prometieron “quedó tirada” y que “fueron abandonadas las obras” en las escuelas.
Denunció que no se enteraron de la visita del gobernador Héctor Astudillo Flores y de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quienes acudieron a la región “casi a escondidas”.
De la comunidad de Huehuetepec, municipio de Atlamajalcingo del Monte, Antonio García Benito pidió que les dijeran qué pasa con las comunidades en riesgo o que fueron desplazadas, porque no tienen ningún documento de riesgos.
El delegado de la Sedatu, Alfredo Fernández Peri reconoció que hubo deficiencias en los censos y que se iban a revisar los casos, ya que en las administraciones pasadas no tuvieron apoyo, pero que en esta nueva había disponibilidad para hacer los estudios técnicos, y que “prácticamente en dos años no hubo administración estatal”, por lo que varios quedaron fuera y había sub censos.
Dijo que estaban revisando la lista de las empresas contratadas y que se estaban rescindiendo contratos con las que no cumplieron para que asuman su responsabilidad, y también se estaba viendo quién entraría a cumplir con los trabajos; le recordaron que entregara el listado de empresas que trabajaban en las comunidades, porque al momento de exigir no sabían a quién, y que se presentaran ante las autoridades municipales porque “entran muchos desconocidos”.
El representante de la comunidad de Yahuitepec, Zeferino Anzurez pidió que atiendan, porque no hay viviendas y constantemente los ventarrones se llevan sus techos.
La plática se desarrolló en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), donde estuvieron el delegado estatal de la dependencia, Julio César Licona, el de la Sedesol, José Manuel Armenta Tello; del gobierno estatal, el secretario de Asuntos Indígenas, Gilberto Solano Arriaga, y el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado, quienes se comprometieron a atender las deficiencias y peticiones de los damnificados.
A los asistentes a la reunión les pidieron que compartan la responsabilidad de las acciones para atender a la población, como el caso de Malinaltepec, uno de los más afectados, y acordaron un recorrido para verificar las afectaciones a las viviendas.
Los presidentes municipales que estuvieron presentes fueron, de Malinaltepec Sebastián Ramírez, de Acatepec Jerónimo Mora y de Cochoapa el Grande Rosa Lorenzo; también acudieron representantes de Zapotitlán Tablas, entre otros.
Hubo comisarios, delegados y representantes del Consejo, y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, su director, Abel Barrera, y la asesora jurídica, Martha Ramírez, quien pidió que los promotores de la Cdi no se comporten prepotentes y que no exijan cosas que no se toman en los acuerdos de las mesas, como las firmas de tarjetas para darles maíz, frijol, arroz y sal a vecino de las comunidades; también que el Consejo fue el que envió su padrón de las comunidades y sus peticiones, y que no podían ser exclusivos ya que había familia de presidentes municipales como beneficiarios.
Pidió que se respete la entrega de las remesas de granos que faltan, que se entregue el padrón de empresas que trabajan en la región y los dictámenes de Protección Civil de la Sedatu, ya que la única dependencia que lo hizo fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Barrera Hernández dijo que se replantearía el programa de granos básicos como permanente, porque tendrá una reunión en la ciudad de México con el de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Enrique Miranda para que este no se termine con la última entrega, y que se seguirá revisando la calendarización para atender las viviendas.
Esta reunión duró unas dos horas, de las 3 a las 5 de la tarde; los funcionarios federales se retiraron en helicóptero tras comprometerse a revisar periódicamente el cumplimiento de las demandas.

Toma la OPIG “simbólicamente” la Cdi en Tlapa; se reunirá con autoridades federales, anuncia

 

Integrantes de la Organización Popular Independiente de Guerrero, que forma parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (OPIG CNPA-MN), tomaron de “manera simbólica” las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) en Tlapa, donde acordaron mesas de trabajo con las autoridades federales y estatales para atender sus peticiones.
La toma de la Cdi duró de las 8 a las 10 de la mañana, y después los inconformes se quedaron en el lugar hasta las 2 de la tarde, cuando se reunieron con funcionarios federales y con el secretario de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno del estado, Gilberto Arriaga Solano. En la reunión acordaron iniciar las mesas de trabajo la próxima semana, pero no especificaron hora ni fecha.
El integrante de la OPIG, Israel Jiménez informó que en su jornada nacional del 9 de noviembre, en la que participaron más de 20 organizaciones del país integrantes de #ElCampoEsDeTodos para apoyar al movimiento campesino-indígena, acordaron tales mesas de trabajo.
El representante comentó que entregaron sus peticiones al titular de la SAI, Gilberto Arriaga Solano para hablar sobre asuntos locales, como apoyo para la infraestructura de la OPIG en la región, proyectos productivos de hongos Z, equipamiento e infraestructura de un laboratorio agrícola que funcione como centro de investigación y práctica, infraestructura carretera y plantas frutales, y para impulsar el cultivo y procesamiento del café.
“Por el momento, aceptamos las pláticas, las mesas y las promesas de apoyo a nuestras peticiones; esperemos que las cumplan y no se quede en el discurso, o regresaremos con otras acciones; y pedimos interlocución con el gobernador”, dijo.
Agregó que las peticiones, en su mayoría eran para las dependencias federales como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la intervención del estado era buena porque también tenían cosas específicas para este nivel de gobierno.
Fueron atendidos por el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Julio César Licona; de la Sedesol, José Manuel Armenta Tello, y del gobierno estatal, el secretario de la SAI y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado.
Recordó que la OPIG exige que no haya recorte presupuestal para el campo mexicano, solución inmediata a las demandas de las organizaciones aglutinadas en la CNPA-MN, recursos para los programas de vivienda rural y vivienda digna, proyectos productivos, y la liberación inmediata de los recursos retenidos por la SHCP, entre otras peticiones.
Mantienen la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, libertad a los presos políticos y justicia para Antonio Vivar, no a la política de criminalización del movimiento social y no a la militarización.
También se pronunciaron por la defensa del territorio, la cancelación inmediata de las concesiones mineras en La Montaña, y la consulta previa e informada a los pueblos originarios sobre las formas de autogobierno que decidan aplicar.

Recibe el Instituto Municipal de la Mujer unas 15 denuncias diarias por violencia intrafamiliar

La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Luisa Fernanda Fontova Torreblanca, informó que esa dependencia atiende semanalmente entre 12 y 15 mujeres por violencia intrafamiliar, de las cuales el 50 por ciento en promedio siguen el procedimiento de denuncia.
En el segundo Martes de la Mujer, la funcionaria municipal expuso que se busca “concientizar, armonizar y construir” con las mujeres de todos los estratos sociales con miras a su “empoderamiento”.
Fontova Torreblanca indicó que en promedio por semana llegan entre 12 a 15 mujeres agredidas a pedir ayuda al Instituto, a las que se les da asesoría jurídica y sicológica. Aunque todas denuncian la agresión porque son acompañadas al Ministerio Público, el 50 por ciento continúa el proceso y el resto otorga el perdón a su agresor.
“Como institución tratamos de abonar en hacerles entrar en conciencia de que están siendo violentadas (por sus parejas) y que no deben de reincidir porque atentan contra su vida o la de sus hijos, no podemos ir más allá o ir en contra de su voluntad”, expuso Fontova Torreblanca.
Agregó que las colonias con mayor incidencia de violencia son Simón Bolívar, Emiliano Zapata, Jardín, Petaquillas, Progreso y Ciudad Renacimiento.
De fenimicidios, la funcionaria municipal expuso que se tiene un conteo según la información que se obtiene de los medios de comunicación.
Explicó que hay un grupo de organizaciones civiles trabajando en el tema de alerta de género, y están coadyuvando. Sin embargo a quien le corresponde decretar es al gobierno del estado. “Por su parte el municipio está preparando para finales de noviembre un taller respecto al tema de alerta de género”.
El segundo Martes de Mujeres se realizó en el kiosco del parque de la colonia La Laja. Durante la presentación, por lo menos unas 15 mujeres de las 60 que se encontraban en el lugar se retiraron debido a que la actividad, que era una plática de autoestima, no empezaba.
En su discurso Fontova Torreblanca expuso que las acciones del Martes de Mujeres son con miras al empoderamiento de las mismas, a través de talles y conferencias con perspectiva de género.
Resaltó que de los problemas que tiene las mujeres la violencia es el “más grave” y que buscan disminuir las brechas salariales y educativas que impiden que las féminas obtenga justicia plena.
Agregó que buscan convertirse en un factor de cambio en las familias, a partir del “empoderamiento” de las mujeres.
Al Martes de Mujeres asistieron regidoras y funcionarias municipales que solamente estuvieron en la presentación del mismo en la colonia La Laja y se retiraron, mientras la conferencias de Familias Acapulqueñas (Acafam), hablaba del autoestima.

Tiene 10 días sin agua la Quinta Etapa del Infonavit Alta Progreso, reclaman vecinos

Vecinos de la Quinta Etapa del Infonavit Alta Progreso denunciaron que desde hace 10 días no tienen agua potable.
La vecina Julia Orea contó que ayer en la mañana llamó por teléfono a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA) para reportar la falta de agua y que la recepcionista le respondió: “hasta cuándo entenderá que no hay agua en Acapulco, ahora será de manera tandeada”.
Aunque de manera oficial la CAPAMA no ha informado que la distribución del agua será tandeada, la falta del servicio en las colonias de las zonas alta y media se agudiza.
Otro factor que afecta a los habitantes son las fugas de agua potable en distintos puntos de la ciudad, lo que ocasiona que el servicio sea suspendido temporalmente.
La vecina de Alta Progreso, María, señaló que desde hace 10 días no tienen agua potable en los edificios de la Quinta Etapa, “el agua no llega del tercer piso hacia arriba, nos quedamos sin agua y tenemos que comprar garrafones”.
Manifestó que en la Quinta Etapa hay cuatro edificios, que en los primeros tres pisos sí hay servicio pero en los dos restantes no, y en total son 40 familias sin agua.
La señora Vicky comentó que los últimos departamentos tenían agua por los aljibes, pero dijo que los trabajadores de la CAPAMA cerraron las válvulas que los abastecían.
Señaló que el desabasto de agua potable lo reportaron desde hace una semana al número 073 de la CAPAMA, “y nos dicen los pretextos de siempre, que no hay agua por la turbulencia o porque no hay luz”.

Causan obras inconclusas de la CAPAMA tránsito lento en la calzada Pie de la Cuesta

A pesar de las obras de la ampliación de la calzada Pie de la Cuesta, en la zona poniente, la vialidad tiene tramos inconclusos por la introducción de tuberías que hace la CAPAMA, sin que se reponga la carpeta asfáltica.
Los transportistas se quejaron de que por los daños que dejaron en la arteria vial hay lenta circulación de automóviles en las horas pico.
Los desperfectos se ubican en el fraccionamiento Mozimba, frente al motel La Luna, y otro a un costado de la Iglesia Guadalupana, en ese mismo fraccionamiento. El tercero está en la colonia Hogar Moderno, cerca de las instalaciones de Diario 17.
La primera zanja abarca el sentido Pie de la Cuesta-Centro, donde trabajadores de una empresa particular rompieron la recién colocada carpeta asfáltica para introducir tubería de agua potable.
El otro daño en la vialidad es cerca de la Iglesia y allí los trabajadores de la CAPAMA en tres ocasiones rompieron el concreto para introducir tubería de agua potable a la Farmacia del Ahorro, aunque la paramunicipal informó que el desperfecto ya fue reparado.
Ayer se observó que falta un tramo por reponerle el concreto y hay tierra acumulada en la vialidad, en el sentido Centro-Pie de la Cuesta.
Sobre la misma vía, en Hogar Moderno, cerca de la calle Revolución, los trabajadores de la CAPAMA repararon una fuga de agua el lunes, pero taparon el hoyo sólo con tierra.
En los tres tramos referidos, los automovilistas circulan lento para evitar daños a sus vehículos y no hay señalización vial para indicar el tramo en reparación.
El chofer Armando Ramírez pidió al gobierno municipal que se terminen las obras inconclusas de la CAPAMA y de empresas particulares para que haya una mayor fluidez de automóviles en la calzada Pie de la Cuesta.

Recibió 600 muestras de sangre de donadores altruistas en lo que va del año, informa la Ssa

La formadora de la colectas externas de donación de sangre del Centro Estatal de Medicina Transfuncional, que dependen de la Secretaría de Salud, Cecilia Gallardo Lucas, dijo que este año se tienen 600 muestras de donadores altruistas en lo que va del año.
En la actividad Maratón Internacional de Donación de Sangre Segura, que organizó la embajada mundial de activista por la Paz en la Universidad Americana de Acapulco, el coordinador de la asociación en Acapulco, Elia García, comentó que la campaña tiene dos meses y ya hay 50 muestras de sangre recolectadas en distintos sitios de la ciudad y estimó llegar a 100.
Gallardo Lucas explicó que la donación de sangre de personas altruistas o de colectas son enviadas a los bancos de sangre del sector público o privado, pero que antes deben de pasar por dos procedimientos, el primero en la separación de los componentes, y estudios de la sangre para detectar que no está infectada.
Detalló que el año pasado se cerró con mil 50 donadores altruistas, es decir con 21 mil muestras de sangre, lo que representa un 5 por ciento, y en este año van 600 donadores, que representa ya un 4 por ciento.
Manifestó que el problema de las personas que no acuden a donar sangre se debe a la falta de información, también por tabú o creencias, aunque dijo que el programa estatal de altruista de sangre comenzó desde 2008.
Comentó que el programa tiene dos cierres por año en las donaciones de sangre y está acompañado de las instituciones públicas.
Elia García agregó que el proyecto de sangre es un “líquido importante para la vida del ser humano, nosotros estamos buscando candidatos y recolectado sangre”.
Comentó que desafortunadamente los avances tecnológicos no han podido inventar o descubrir algo similar a la sangre.
Dijo que el programa de la asociación comenzó hace dos meses y culminará el 25 de este mes.
Manifestó que la falta de donación de sangre obedece a ritos o creencias de las personas, porque “ellos piensa que donar sangre debilita, engorda o adelgaza, pero al contrario trae beneficio físicos de las personas y satisfacción por ayudar”.