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Separan a la jueza de Tlapa de los casos de Nestora Salgado y Gonzalo Molina ante irregularidades

 

La jueza de Primera Instancia de lo Penal en Tlapa, Leonor Mojica Arroyo fue cambiada al Distrito judicial de Galeana, en Tecpan, después de que la defensa de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García denunció irregularidades en su actuación, y familiares del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Tixtla, Gonzalo Molina González, exigieron que la separaran de los casos.
El abogado de Salgado García, Sandino Rivero informó que la jueza fue separada de los procesos con su secretario de acuerdos hace dos semanas. A través de fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se conoció la nueva adscripción.
En la Ciudad Judicial, Sandino Rivero recordó que la jueza puso una serie trabas en el proceso penal contra Salgado García que, más allá de formalidad obedecía a “un interés perverso” o, mínimo, a falta de diligencia.
Entre las irregularidades más evidentes, señaló un recurso de apelación para exigir la reposición de todos los procedimientos desde su detención, porque la luchadora social nunca recibió asistencia consular por su doble nacionalidad mexicana-estadunidense. Recordó que mediante un escrito de las autoridades estadunidenses, se confirmó la doble nacionalidad de su defendida y, por ley se solicitó la reposición de todas actuaciones, pero la jueza no lo vio así.
A través de un recurso de inconformidad, la apelación llegó a los magistrados de la Cuarta Sala Penal que devolvieron el expediente a la jueza con un llamado de atención porque omitió notificar a Nestora Salgado que tiene derecho a nombrar a un abogado en segunda instancia, y la respuesta se retrasó varios meses, porque ni siquiera se ha admitido.
Por otro lado, recordó que existe otro recurso legal pendiente de solución, un incidente de libertad de la causa 05/2014, por el delito de secuestro.
El magistrado ponente, Vicente Rodríguez le informó ayer que el caso será resuelto en unos 14 días, porque la sala penal no está completa, uno de sus integrantes se encuentra haciendo labor bajo el nuevo sistema de justicia penal, dijeron.
Sin embargo, opinó que, por la naturaleza del caso, los magistrados están retrasando la resolución que será referente para los procesos de los demás detenidos de la CRAC, “hay un nuevo gobernador, y cómo resuelva el Poder Judicial será el termómetro de la política jurídica del gobierno”, explicó.
A más de dos años y dos meses de la detención de Salgado García, reiteró que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá no ha sido notificada de tres nuevas órdenes de aprehensión por homicidio, en Huamuxtitlán, secuestro en el Distrito de Tabares, y otra por privación de la libertad y robo, pero están litigando mediante el juicio de amparo.
Sobre la jueza, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno consideró una buena señal del poder Judicial que cambiara a la funcionaria, y confió que uno de los casos contra Molina, que también se dirime en el juzgado de Tlapa,  se resolverá ahora pronto.
La causa 05/2014 es la más emblemática de los procesos contra los dirigentes y policías comunitarios de la CRAC en prisión en Chilpacingo y Ayutla de Los Libres -sólo Salgado García está en el penal de Tepepan de la Ciudad de México-, le han dado cobertura organizaciones de derecha contra la delincuencia y el secuestro y han exigido castigo para los dirigentes comunitarios señalados.

Presentan los policías estatales paristas 32 quejas ante la Codehum contra Almazán Cervantes

Luego de cumplir más de tres meses en plantón en el Palacio de Gobierno, los policías estatales que fueron dados de baja en julio, presentaron 32 quejas ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) en contra del secretario de Seguridad Pública, el general brigadier, Pedro Almazán Cervantes por violación a sus derechos humanos, abuso de poder y despido injustificado.
El 20 de julio 32 policías iniciaron un paro laboral en las instalaciones del Centro de Control, Comando y Cómputo (C4), y desde el 22 de ese mes instalaron un campamento afuera del Palacio de Gobierno en demanda de la destitución del secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, un bono de riesgo de 4 mil pesos autorizado por el Sistema Nacional de Seguridad, homologación de salarios, equipo y uniformes.
Asimismo, de acuerdo con un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el 4 de agosto, la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos informó que los 32 policías paristas fueron cesados.
Los policías estatales mantienen su plantón en la entrada del Palacio de
Gobierno, donde colocaron una lona negra para cubrirse del sol y la lluvia.
Un de los policías, quien se reservó su nombre, dijo que desde que inició la movilización para exigir su reinstalación han presentado 32 quejas ante la Coddehum en contra del general Pedro Almazán Cervantes por violación a sus derechos humanos, abuso de poder, despido injustificado y pago de salarios.
Dijo que en los más de tres meses de lucha no han tenido apoyo de la comisión ni del gobierno estatal para buscar la manera de reinstalarlos.
Agregó que también presentaron demandas laborales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y que a la fecha no han tenido resolución para su problema laboral.
Señaló que al concluir su mandato Rogelio Ortega Martínez, “dejó en claro su postura, que no podía reinstalarnos porque no podía hacerlo”.
Dijo que han solicitado por medio de documentos una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para saber su situación laboral, “estamos en espera de que nos dé respuesta para atender nuestras peticiones”.
Señaló que gente cercana a Almazán Cervantes, “nos comentaron que él nos va reventar bien o mal, porque no quiere que estemos ahí en el plantón, el argumento es que ya le tocamos su orgullo”.
Los agentes estatales pidieron al gobernador Héctor Astudillo que intervenga en su situación laboral para que sean reinstalados en la corporación porque tienen más de tres meses sin empleo y sin recibir un salario.

Organiza Gonzalo Molina taller de pintura en prisión en la capital; pide respeto a la Ley 701


El promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González gestionó, organizó y clausuró un taller de 30 horas de pintura para internos de la cárcel de Chilpancingo, en donde está recluido.
En la conclusión llamó al presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, a hacer una recomendación a las autoridades y en particular al Poder Judicial, para que respeten la Ley 701 que reconoce a la CRAC como institución de los pueblos originarios.
En el área que con un grupo de reos acondicionó como escuelita, denunció que las autoridades judiciales violentan la ley al mantener a representantes de los pueblos en prisión. Insistió en que las autoridades están violando “no sólo mis derechos, también los de mi familia y de los pueblos y comunidades indígenas que representan”.
En la actividad, Navarrete Magdaleno ofreció preparar un pronunciamiento que tenga efectos de una recomendación a funcionarios de primer nivel. No obstante confió en que no sea necesario y pronto haya una sentencia, porque magistrados del poder Judicial reconocieron que el caso no había tenido la celeridad de las últimas fechas.
Incluso, mencionó el cambio de la jueza de Tlapa, luego de que lo solicitaron sus familiares porque cometió irregularidades en el proceso.
De la petición que le hicieron de que ayudara para que su familia recupere una camioneta que le quitaron durante su detención hace dos años, sus familiares denunciaron que la esposa del ex gobernador Rogelio Ortega prometió a la esposa de Molina recuperar el vehículo del corralón o darle uno nuevo.
En apoyo a sus familiares, la Codehum llevó la petición por escrito a la esposa del gobernador, Rosa Icela Ojeda, pero les dijeron que no trabajaba en el DIF municipal, que fueran al Centro Cultural Guerrero (antes Casa Guerrero), donde tampoco les recibieron el escrito, ni en la Promotora Turística en Acapulco.
En cuanto al taller que concluyeron seis detenidos, entre ellos el joven policía comunitario de Zitlaltepec, Samuel Ramírez Gálvez, Molina confió en que les permita ser personas más sensibles y solidarias. Anunció que está en proceso de autorización un mural dentro de la prisión.
El alumno Felipe García agradeció la donación de los materiales para pintar y que los ayudarán a que “los años en la sombra no los pasemos de noche”.
En representación de la institución, personal de custodia del penal clausuró la actividad.

Reprochan familiares de desaparecidos en Chilapa que Rogelio Ortega incumplió compromisos

Familiares de desaparecidos de la región reprocharon que terminó la administración del ex gobernador, Rogelio Ortega Martínez y nunca les entregaron los apoyos que el DIF estatal les prometió en cada visita que hizo a las víctimas.
A una semana de que se cumplan seis meses de que unos 300 civiles armados provenientes de comunidades del sur de Chilapa incursionaron del 9 al 14 de mayo a la cabecera municipal, familiares de 16 vecinos que denunciaron su desaparición en ese lapso siguen sin saber de ellos.
Posteriormente, se sumaron familiares de desaparecidos antes del 9 de mayo y de después del 14 para exigir también el esclarecimiento de su desaparición, aunque también siguen sin conocer el paradero de sus parientes.
Después de que los familiares comenzaron a denunciar la desaparición de sus parientes y exigir su presentación con vida, el 27 de mayo a la ciudad arribaron representantes del DIF estatal, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para ofrecerles apoyos mientras se buscaba a sus desaparecidos.
Este miércoles, los familiares de desaparecidos de Chilapa reprocharon que los apoyos que ofreció desde su primera visita el psicólogo y jefe de departamento de atención a víctimas de casos especiales del DIF estatal, Ariel Flores Acuña, nunca se materializó.
El 27 de mayo, en su primera visita informó a los familiares que los apoyaría con atención alimenticia (despensas), asesoría jurídica, proyectos productivos y canalización a las dependencias del estado según la necesidad.
Regularmente, desde ese día acudía cada miércoles a la ciudad, y en varias ocasiones los familiares se quejaron de que habían transcurrido los meses y seguían en trámites los apoyos que les prometieron.
Flores Acuña anunció que a finales de septiembre les entregarían los apoyos, pues la administración de Rogelio Ortega estaba por terminar.
Transcurrieron cuatro meses, tiempo en que los familiares no dejaron de entregar documentos y llenar formatos, pero nunca les entregaron los apoyos, salvo una despensa y una cobija.
De la CEAV, lo único que han obtenido los familiares es, cada miércoles, atención psicológica y cien pesos semanarios a familias de la cabecera municipal y 160 pesos a familias de comunidades, para su transporte.
También les aseguraron que los incluirían en programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), proyectos productivos, gestión de becas ante la Secreta de Educación Pública (SEP) y acompañamiento jurídico, todo gratuito. Y que la CNDH estaría vigilando las acciones que emprendieran, para que se hicieran con pleno respeto a sus derechos humanos.

No reconoce el alcalde de Zihuatanejo a los 50 trabajadores de Obras despedidos

El alcalde de Zihuatanejo, Gustavo García Bello no reconoció como empleados a los 50 trabajadores de la lista de raya de la Dirección de Obras Públicas que fueron despedidos y que denunciaron que no les pagaron las últimas cuatro semanas.
Dijo “no tenemos a ningún trabajador de Obras Públicas despedido, esas personas no están en nómina, tampoco tenemos trabajadores eventuales porque el Ayuntamiento no está haciendo obras”.
Agregó que mandaron a hacer una inspección en el municipio para verificar si hay obras, pero no hay, “el gobierno municipal anterior contrató todas las obras a empresas particulares, quien haya trabajado en una empresa particular debe acudir a su patrón”, porque dijo que no van a permitir el saqueo del Ayuntamiento.
García Bello fue abordado por reporteros al término de la inauguración del foro de prevención del acoso escolar en escuelas secundarias, y en relación con los 50 trabajadores despedidos dijo que “la lista de raya es de 200 mil pesos, que equivaldría a 700 mil pesos mensuales, y no vamos a permitir un saqueo, quien lo haga incurre en un delito”.
También se le preguntó de los casi 400 ex trabajadores que fueron despedidos sin pagarles una liquidación, García Bello dijo “ese es otro tema, hay que indemnizar y hay que dejar a salvo los derechos laborales”.
Dijo que desconocía si entre los despedidos están los aviadores, “no sé, pero una vez que se revisó la nómina hubo personas que no aparecían en ninguna dirección y los dimos de baja”.

Asesinan a un hombre de cinco balazos, en el centro de La Unión

Un hombre identificado como Abdías Espino Covarrubias, de 42 años, fue asesinado de cinco balazos en la avenida Independencia, en el centro de la cabecera municipal de La Unión.
Fuentes policiacas revelaron que el hecho ocurrió cerca de las 3 de la tarde de este miércoles, y que de acuerdo con versiones de testigos, hombres armados a bordo de una camioneta azul, de modelo reciente, se bajaron de ésta y dispararon en varias ocasiones contra Espino Covarrubias, quien caminaba por la citada avenida, una de las principales de esa ciudad.
Los pistoleros huyeron.
Los informantes añadieron que en el lugar los peritos levantaron varios casquillos percutidos calibre 38 súper y .380, y que la víctima recibió cinco disparos en diversas partes del cuerpo.

Se confrontan vecinos de Almolonga; delegado no reconocido ordena detener a un vecino

Vecinos de la comunidad de Almolonga, municipio de Alcozauca, se enfrentaron cuando un hombre que se ostenta como delegado municipal ordenó detener a otro vecino, lo que ocasionó inconformidades entre grupos priistas y perredistas.
El hombre que dice ser delegado, Brígido Martínez ordenó la detención de José Gabino de 53 años, porque supuestamente estaba en estado de ebriedad y escandalizaba en la calle, lo que generó molestias, ya que no lo reconocen como funcionario.
En la comunidad na savi, una comitiva encabezada por su comisario, Anselmo Rosete, se organizó para rescatarlo, lo que ocasionó algunos golpes, sin llegar a más ante la intervención del delegado regional de Gobernación, Jorge Rodríguez Ponce.
Tras acordar que el problema será discutido el próximo lunes con el presidente municipal priista, Nicolás Diego Herrera, José Gabino fue liberado cerca de las 6 de la tarde, con la condición de reparar los daños que ocasionó en la casa particular que ocupan como “delegación municipal” no reconocida.
En esta comunidad hay conflictos internos porque existen grupos políticos priistas y perredistas que se disputan la comisaría y el puesto del comisariado ejidal.
El grupo del perredista Brígido Martínez se separó argumentando que fue discriminado su grupo y se le han negado los apoyos que el gobierno federal otorga, por lo que creó una delegación paralela que es desconocida por el Ayuntamiento desde la pasada administración del ex presidente, Armando Sánchez de Jesús.
Es una práctica común en la región que, desde los ayuntamientos, los gobiernos en turno favorecen a los grupos que le dieron el voto con los cargos en las delegaciones y los rivales son discriminados por el grupo en el poder.

Pronostican lluvias fuertes por un canal de baja presión y el frente frío número 11

Debido a un canal de baja presión frente a las costas de Quintana Roo y por el flujo de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe provocarán lluvias fuertes en Guerrero informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Según un boletín de prensa de la dependencia, el frente frío número 11 se extenderá desde Sonora hasta Baja California Sur y, asociado con una baja presión de núcleo frío, provocará el descenso de temperatura en Baja California, Sonora y Chihuahua.
La dependencia informó que por un canal de baja presión frente a las costas de Quintana Roo, el flujo de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe se pronostican lluvias fuertes en Coahuila, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas.
Se registrarán temperaturas de 35 a 40 grados en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, y se pronostican valores de cero grados en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Se entregará en tres meses la perrera de la capital, pactan el nuevo director y la encargada

Luego de que el martes y miércoles hubo jaloneos para la toma de posesión en el Centro Canino y Felino de Chilpancingo, el nuevo director Israel Ramírez Molina y la encargada Alejandra Ortiz Ochoa pactaron que dentro de tres meses se entregará la perrera municipal.
Por separado, en conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en la capital, integrantes de la Red de Protectores de Animales del Estado de Guerrero exigieron al alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena que retome el control de la perrera municipal, que desde la administración pasada se convirtió por deseo de su directora Ortiz Ochoa en un albergue canino y dejó de cumplir con sus obligaciones básicas, que son el control de perros y gatos callejeros.
Por la mañana, los nuevos encargados del centro canino acudieron a las instalaciones y, de acuerdo con Ortiz Ochoa, rompieron los candados para intentar meterse, lo que ocasionó que nuevamente hubiera algunos jaloneos y discusiones.
Ramírez Molina dijo que necesitan tomar posesión del inmueble para hacer campañas de esterilización de perros y gatos. Además, anunció que los perros que se encuentran en el centro canino y “tengan alguna enfermedad tendrán que ser sacrificados con una sobredosis de anestesia”.
Por su aparte, Alejandra Ortiz y su hija pidieron a las autoridades que les permitan sacar a los 187 perros que tienen en el centro y les den tiempo de buscar un terreno para instalarlos, “queremos que nos den tres meses para sacar a todos, y ya ustedes se quedan con sus oficinas”, dijeron.
En el lugar se firmó una minuta de acuerdos para que el 1 de enero la encargada del centro canino entregue las instalaciones.
Por separado, en el SNRP integrantes de la Red de Protectores de Animales del Estado de Guerrero dijeron que la razón de la sobrepoblación callejera de perros y gatos es la falta de campañas gratuitas de esterilización, y que la señora Alejandra Ortiz dejó de hacerlas por su desconocimiento del tema, además de sorprender a vecinos de buena fe que creían en su trabajo, algunos fueron a apoyar, pero al percatarse de la verdad no regresaron.
Una integrante de la red, Araceli Peralta, pidió a Leyva Mena que se designara en el centro canino a un veterinario, “que sea solidario con la causa animalista y que tenga como objetivo transformar esa perrera en una clínica de bienestar animal”.
Dijo que es inconcebible que Ortiz Ochoa se niegue, contradiciendo su postura como supuesta protectora y aferrándose a un cargo de confianza por el que le han pagado, aunque siempre lo ha negado para solicitar recursos a los vecinos.
Araceli Peralta dijo que los problemas de los perros y gatos son muchos, porque los perros que son atropellados se descomponen en las calles, como ocurrió con uno frente al Tecnológico, y los que fueron envenenados en las colonias Colibrí y Atlitenco de Altamira, casos en los que la encargada no intervino porque se asume sólo como protectora y no como autoridad.
La integrante de la red dijo que Ortiz Ochoa argumentó que el alcalde ordenó el sacrificio de los perros que ahí viven, lo que es falso, y la red jamás lo permitiría; esa campaña difamatoria la inició desde que supo que no sería ratificada y en su lugar se nombraría a veterinarios comprometidos con la causa animalista.
Las integrantes de la red exigieron que se concrete el cambio de autoridad y se inicien las campañas de esterilización en colonias y comunidades, y que se promocione la adopción de mascotas.

El Ayuntamiento está en quiebra y sin dinero, pero se apoyará a todos, dice Evodio

Durante la entrega de cuatro lanchas y nueve motores a pescadores, y la siembra de 100 mil crías de tilapia en el varadero de Plan de los Amates, el presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre dijo que el “Ayuntamiento está en quiebra y sin dinero”, y que con los pocos recursos que se tienen se buscará apoyar a todos, además de impulsar el campo y la pesca.
Acompañado de funcionarios y de su esposa, la presidenta del DIF, Perla Edith Martínez, el alcalde respondió, a la petición de las cooperativas pesqueras para que se pueda abrir la barra, que solicitará a la autoridad estatal y federal “que haya una excepción” para ello.
La inversión total es poco más de 768 mil pesos, de los cuales 666 mil 714 fueron en la compra de las embarcaciones y los motores. El resto, más de 102 mil pesos, en la siembra de alevines, para beneficiar a pescadores de ocho comunidades cercanas, como son Barra Vieja, Plan de los Amates, La Estación, Lomas de Chapultepec y Tres Palos.
El alcalde indicó que a su gobierno le preocupa que no se abra la barra Vieja porque no habrá la producción para Semana Santa y por eso “con el cinturón apretado con una gran voluntad hacer esta siembra de alevines, para generar una buena producción en abril y mayo”, y por ello se comprometió a gestionar ante las autoridades la apertura de la barra.
“Vamos a firmar un oficio conjunto con todas las cooperativas para mandarlo a Semarnat, Profepa, a Sagarpa, Conagua, mandárselo a nombre de Acapulco con su gobierno para que vean la posibilidad técnica legal para abrir la barra, para que aparte de lo que estamos sembrando hoy tengamos más con la apertura de la barra” dijo.
Agregó que los recursos no son suficientes y las necesidades son muchas, “quisiera darle lanchas a todos pero no tengo la condición”, pero afirmó que el campo y pesca serán la prioridad de su gobierno, “porque el municipio no nada más debe depender del turismo, sino también de actividades productivas del campo y la pesca”.
“Tenemos que aprovechar el 80 por ciento del territorio que no está sembrado como debiera estar para productos del campo. En el tema de pesca vamos a buscar una ruta no sólo de sembrar y sacar un buen producto”, dijo el alcalde y pidió a los pescadores estar organizados para que “no haya agandalle de nadie”.
Abundó que se debe de buscar comercializar y no solamente que se pesque el cuatete o la tilapia, y “que no se malbarate todo el esfuerzo de ustedes, buscar cómo hacer un convenio avalado por el gobierno municipal para que juntos con restaurantes, hoteles podamos hacer que el producto que ustedes sacan lo puedan llevar a los establecimientos”.
Por parte de los pescadores, el dirigente de la cooperativa Dignificación de los Pescadores, Bonifacio Díaz Alonso, pidió al alcalde no olvidarse de ese sector, “no sólo dependemos de la siembra, ocupamos redes, hoy no se abrió la barra y lo damos por hecho porque estamos en noviembre, ojalá con su intervención se pudiera abrir esa barra y algo va entrar”.
Sostuvo que las políticas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dificultan las cosas; “las leyes deben estar al servicio de la gente y no nosotros sometidos a ese burocratismo, por ello a nombre de mis compañeros le pedimos, porque es un clamor de todos”.
La directora de Desarrollo Rural, Iris Rosas Sereno, indicó que “estamos demostrando con hechos y con esfuerzo presupuestal que se atienden a las organizaciones productivas de este sector, la primera es al programa de Incentivo y Modernización pesquera, y se entregan cuatro embarcaciones menores, y 9 motores fuera de borda”.
Sostuvo que con esto los pescadores podrán fortalecer su actividad, con el incremento del equipamiento, y la otra acción es acuícola, en el que se sembró 100 mil crías de tilapia con un costo de 102 mil pesos, beneficiando a 5 mil pescadores de ocho comunidades rivereñas.
Posteriormente, el alcalde Velázquez Aguirre, acompañado de su esposa de los funcionarios y pescadores, se trasladaron en lanchas donde a media laguna de Tres Palos, soltaron los alevines para su crecimiento de 400 a 500 gramos en cinco meses.
De los funcionarios que lo acompañaron estuvieron el secretario de Planeación y Desarrollo Económico, José Natividad Calixto Díaz; el subsecretario Víctor Gómez Zanabria, la directora de Desarrollo Económico, Candy Eunice Ascencio Román, además el consejero de Presidencia en temas de Medio Ambiente, Juan Barnard.