Parlamentaristas dan un minuto de aplausos por las comunidades indígenas del estado Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Los integrantes del Parlamento Juvenil 2023 llevaron a tribuna temas como la demanda de presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la violencia contra las mujeres y feminicidios, y crímenes de odio contra la comunidad de la diversidad sexual.
El parlamentarista de la región Montaña, Aran Yael Ruiz Robles recordó en tribuna que en unos días se cumplirá un aniversario más de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: “llevamos nueve años sin respuesta, ¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! No podemos festejar un día de la juventud, tener un mes de juventud, si no tenemos a los jóvenes aquí, no podemos festejar si no tenemos a los estudiantes desaparecidos”.
En su intervención el parlamentarista habló de la atención y erradicación de las adicciones de personas en situación de calle, en el caso de la Montaña, dijo de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Guerrero que en lo que va del año incrementó en 9.9 por ciento el consumo de sustancias ilícitas, el 10.3 por ciento en el consumo de alcohol y tabaco, así como un 200 por ciento en trastornos de depresión y estrés.
Planteó la creación de un programa integral de atención y prevención de problemas mentales y de adicción, para brindar atención primaria a los jóvenes de la región.
Alexis Barrios Solís como representante e integrante del grupo vulnerable con discapacidad intelectual como el autismo y TDH, lamentó que no haya una política de inclusión y de prevención de acoso escolar, mucho menos de estrategias para potencializar las capacidades de este grupo.
Ana Sabrina Bello Rodríguez, pidió a los legisladores y a los gobiernos a que pongan a los jóvenes y los derechos de las mujeres en el centro de la agenda “con nuestras necesidades, no con las suyas”.
En representación de la comunidad de la diversidad sexual, Amador Vázquez Leal, originario de Alpoyeca, dijo que hay “ineficacia” en la atención a este sector por la usurpación de los espacios en el Congreso local.
Propuso sancionar y castigar a quienes suplanten o usurpen espacios de representación destinados a los sectores vulnerables, también el establecer filtros para quienes quieran representar a estos grupos como la obligación de presentar un proyecto de trabajo.
Briseida Angulo planteó asignar mayor presupuesto para las mujeres de la región Sierra, las cuales dijo que están olvidadas, y mencionó también una serie de necesidades de la zona como caminos, la falta de educación consecuencia de la inseguridad “en estos momentos se están desplazando, nos estamos quedando con comunidades sin habitantes por temas se inseguridad, por falta de empleos, de oportunidades”.
Una de las demandas que se reiteraron fue el pedir a la 63 legislatura que verdaderamente tome en cuenta las propuestas planteadas en este parlamento y que no sean solamente escuchados cada año en estas actividades.
Plantearon asumir su compromiso de crear leyes e implementar acciones que aseguren el respeto a los derechos humanos de las y los jóvenes, principalmente de los grupos vulnerados como los indígenas, afromexicanos, con discapacidad y de la comunidad LGBTTTIQ.el parlamento se realizó en el salón de Plenos del Congreso del Estado, donde los 43 parlamentaristas representantes de las ocho regiones de Guerrero plantearon sus propuestas en un limitado tiempo de tres minutos por cada participación.
Otras de las propuestas fueron el reformar la Ley de Educación del Estado e integrar la asignatura de educación para la vida adulta y finanzas básicas en los niveles básico y medio superior, y garantizar que los partidos políticos den espacios de representación popular, como diputaciones federales, locales y regidurías.
Para eso, plantearon , y que sean las asignaciones sean vigiladas por el IEPC para su cumplimento, y de no ser así, sean sancionados los responsables conforme a las leyes en la materia recientemente armonizadas para garantizar la participación de los sectores históricamente marginados.
El pasado 15 de noviembre padres de los 43 escuchan la conferencia de prensa de las integrantes del Mecanismo Especial para el Asunto Ayotzinapa de la CIDH en la normal Foto: Jessica Torres Barrera
Guillermo Rivera
El Sur / Ciudad de México
En la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es necesario que el Ejército colabore con la entrega de información requerida, que la cabeza de la Fiscalía General de la República (FGR) abra el diálogo con las familias y que, de manera oficial, se informe por qué se cancelaron órdenes de aprehensión –la mayoría contra militares– emitidas por la fiscalía especial del caso.
Estas son sólo una parte de las acciones que deberían realizarse a nivel federal para redireccionar el caso, en una etapa en que la confianza de las familias “está trastocada”, dice en entrevista María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que acompaña y representa legalmente a madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, junto con las organizaciones de defensa de los derechos humanos (Serapaz) y el Centro de Análisis e Investigación (Fundar) en Ciudad de México, además del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Tlachinollan), en Guerrero.
Para Aguilar, lo más importante en este “momento convulso” es el impacto en las familias a partir de los hechos que comenzaron el 18 de agosto pasado, cuando se presentó el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) a las familias, a las organizaciones representantes, al Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) y, horas después, a la sociedad.
Lo relevante de ese informe, considera, además del reconocimiento de que hubo participación de autoridades de distintos niveles del Estado mexicano, fue que mencionó “los obstáculos a los que se está enfrentando la investigación”.
El presidente de la Covaj y titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez se refirió concretamente a la FGR y al Ejército.
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el martes pasado, que los avances en las investigaciones del caso se encuentran “en riesgo” por “las intromisiones” de agentes externos en el trabajo de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA).
Obstáculos de las Autoridades
Cuando Encinas presentó su informe, continúa Aguilar, se mencionó que la “verdad histórica” es resultado de la injerencia política “del más alto nivel del Estado” con la que se había intentado cerrar el caso.
“Una parte novedosa se enfocaba en qué había sucedido después de la detención de los estudiantes, a partir de capturas de pantalla de distintas conversaciones”, agregó.
“Lo primero que dijeron los familiares tras ver el informe de la Covaj es que lo tenía que revisar el GIEI”. Es importante para ellos, argumenta, “tener a una tercera parte independiente, que pueda ser fiel de la balanza, con una base técnica-profesional”.
Ese informe de la Covaj, enfatiza, no formó parte de la investigación penal y coincidió con la detención del exprocurador general Jesús Murillo Karam y la presentación de órdenes de aprehensión en contra de 83 personas.
“Poco después 21 de esas órdenes, de forma inusual, se cancelaron, y 16 de ellas eran contra elementos del Ejército. Hasta el día de hoy no se ha dado una explicación formal de la base legal de esa cancelación. Eso llevó a renunciar al fiscal del caso (Omar Gómez Trejo), pues fue una decisión no consultada con él. Además se desplazó a su equipo en la fiscalía especial” del caso, resume Aguilar como parte de las irregularidades del caso.
El siguiente paso, agrega la integrante del Centro Prodh, fue el nombramiento de un nuevo fiscal, Rosendo Gómez Piedra, que “no tiene experiencia en casos de violaciones a derechos humanos cercano al secretario de Gobernación, pero que no conoce el caso. Eso fue duro para las familias, porque en un proceso de construcción como el que se había dado en los últimos años, con mucho diálogo, es un mensaje de que se estaban cerrando los espacios”.
“Las familias no se
equivocaron”
Del más reciente informe del GIEI presentado el 31 de octubre pasado en Ayotzinapa, Guerrero, Aguilar comenta algunos puntos nodales:
Uno es que a los expertos internacionales les fue imposible verificar el origen de las capturas de pantalla que presentó la Covaj y, por lo mismo, no pueden ser utilizadas en una investigación penal.
“Fueron claros al decir que las cancelaciones de 21 órdenes de aprehensión eran graves y que tenía que darse una explicación oficial de por qué. Además, el GIEI valoró que lo sucedido en estos meses fue grave y eso había trastocado la confianza construida en estos años. Por lo mismo, decidieron que dos de ellos ya no iban a continuar en el grupo”.
Los otros dos integrantes se quedaron en el grupo a intentar generar un mecanismo de seguimiento “para garantizar esa asistencia técnica que se ha tratado de buscar todo este tiempo por medio de la CIDH, (pero) mencionaron que habría condiciones mínimas para ese seguimiento”.
Asimismo, los integrantes del GIEI resaltaron que el Ejército sigue obstaculizando las investigaciones, dice Aguilar y recuerda que solicitaron reconducir la investigación porque hay pruebas no sólidas, así como garantizar acciones penales en contra de distintas personas.
“Confianza trastocada”
Esta información, analiza Aguilar, fue muy dolorosa para las familias. “Se tiene que decir: se les presentó una versión de los hechos no verificada. Eso trastoca la confianza y genera un dolor completamente innecesario”.
Por otro lado, es tema central, dice, que este tipo de anuncios se habían hecho de manera conjunta entre Covaj, la fiscalía y el GIEI. “A eso se refiere el GIEI cuando anuncia algunas salidas. No se les tuvo la confianza para generar esos espacios de verificación”, explica.
El GIEI obtuvo la información a fines de septiembre y su peritaje estuvo listo para fines de octubre. “Es decir, esa información en un mes se pudo haber verificado con peritajes técnicos. El hecho de que esto no haya sucedido, sí trastocó la relación de diálogo que se había tenido entre las familias, el GIEI, la Covaj y la propia fiscalía (…) Es preocupante, trastoca cualquier tipo de confianza construida”.
–¿Cuál es el panorama actual?
–Nos encontramos en un momento crucial en que el Estado tiene que decidir si va a reconstruir, o si se va a estancar en una sola versión como lo hizo la administración pasada.
El opaco papel
de los militares
La reconducción de la investigación pasaría por tres situaciones, reitera Aguilar: uno, que el Ejército colabore en entregar información; dos, que la FGR dialogue con las familias o con el propio GIEI, “que señaló que el fiscal general no los ha recibido”; y tres, “que se dé información oficial de por qué se solicitó la cancelación de las órdenes de aprehensión que un juez había decidido”.
Añade que está pendiente la extradición de quien fue titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. “Hay todavía una serie de acciones que tienen que ser priorizadas y son esenciales para que las familias reconozcan que hay intención de reconducir la investigación, y que los dos expertos del GIEI que se quedaron puedan tener elementos para continuar”.
–¿Cuál es la lectura respecto al papel del Ejército?
–En su rol de siempre de ser una institución opaca, que no le gusta colaborar con las instituciones civiles. No le gusta ser identificada como una institución que podría haber tenido involucramiento en estos casos. Ha provocado mucho daño a la investigación que no haya querido dar información por tantos años.
“Es importante reconocer que la información que se obtuvo por parte del Ejército vino, sí, del impulso que dio Encinas de poder abrir esos archivos. Que el GIEI entrara fue parte del trabajo de la Covaj. Pero está documentado por el GIEI que esta información no ha sido suficiente, que fue entregada a cuentagotas y sólo después de mucha insistencia. Incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó entregar la información”.
El GIEI tuvo acceso a documentos hasta 2021, enfatiza Aguilar. “Durante todo ese tiempo, (la Secretaría de la Defensa Nacional) entregó información desviada sobre que había un estudiante que pertenecía a las fuerzas armadas y que estaba en tareas de inteligencia en la normal de Ayotzinapa.
“De lo más importante que se ha logrado, es acceder a información de la investigación de la Administración de Control de Drogas? (DEA) en contra de Guerreros Unidos, en Chicago. Pudieron acceder a una serie de, esos sí, mensajes verificados, con extracción legal, con control judicial. Quedó claro que había una colusión entre el batallón 27 y 41 con Guerreros Unidos. Es la base de la acusación hoy en contra de elementos militares, hoy detenidos, por delincuencia organizada.
“La opacidad del Ejército, no querer ser investigado, sólo genera más dudas en un contexto donde se está profundizando su papel en tareas de seguridad, con un discurso de que las fuerza armadas son incorruptibles, que ayudarán a que la situación de seguridad mejore en México, cuando la información señala que existen pruebas de que están coludidos con la delincuencia organizada”.
El papel de la FGR
En el contexto de impunidad “tan grave” que hay en México, “preocupa que no haya una fiscalía general autónoma, independiente. Tenemos a un fiscal –Alejandro Gertz Manero– más involucrado en procesos de conflicto de interés, que en temas prioritarios que se viven en México en materia de seguridad e impunidad”, advierte Aguilar.
“Vemos que el tema de desaparecidos no es prioridad para la FGR”, lamenta. “Por una petición desde un alto nivel, se cancelan 21 órdenes de aprehensión. Por un lado, se está protegiendo al Ejército, porque buena parte, 16, iban en su contra. Eso es un obstáculo. Nadie ha informado a las familias por qué se tomó esa decisión, que dio cuenta de que el fiscal especial fue desplazado. De una forma coherente, renunció al cargo”.
–¿Cuál es la situación de las familias?
–El foco tiene que estar en que las familias de personas desaparecidas viven continuamente la incertidumbre, el dolor, por no conocer el paradero de sus seres queridos. Eso ha sido equiparado a una tortura permanente. Son ocho años de lucha. Es muy desgastante. Tiene implicaciones en su salud, en su economía.
–¿Qué podemos esperar?
–Ayotzinapa no es más o menos importante que otros casos de personas desaparecidas, sino que es un caso que ha podido documentar a todo lo que se enfrentan las familias de personas desaparecidas. Si en este caso en particular las autoridades no colaboran, no buscan generar el acceso a la justicia, lo que todos vemos es que eso se podría replicar en otros casos. Por eso es importante que se hagan las cosas de manera correcta, con una apertura de supervisión internacional.
“Eso es parte de lo que tiene que pasar, sí o sí. Los expertos del GIEI que se quedaron en México dijeron que deben tener condiciones para poder trabajar. Las familias tienen claro que es ahí donde hay garantías de una investigación objetiva, independiente, eficiente. Se requiere un diálogo directo y honesto con ellas, el conocimiento claro de la situación del caso y que no habrá más obstáculos de las instituciones”.
En una concentración masiva para firmar el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, prometió justicia a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, por medio de una investigación “a fondo” para dar con los responsables materiales e intelectuales.
También se comprometió a “pacificar a Guerrero y al país” porque afirmó que logrará paz y tranquilidad incrementando salarios, el valor del maíz y frijol en zonas de cultivo de enervantes y un plan de becas para todos los estudiantes.
Durante su discurso de casi 40 minutos en el acto político, ante más de 6 mil manifestantes que llegaron de las diversas regiones del estado, la mayoría militantes de Morena, López Obrador habló de cuatro puntos fundamentales de Los Sentimientos de la Nación promulgados por José María Morelos en la catedral de esta ciudad hace más de 200 años, y dijo que los retomará como parte de su proyecto de nación. El primero, “que se modere la indigencia y la opulencia”, porque afirmó que aún es vigente el reclamo de igualdad.
El segundo: “que se eleve el salario del peón”, porque afirmó que el salario mínimo viola la Constitución porque no alcanza para que un trabajador pueda satisfacer todas sus necesidades básicas. Por eso, subrayó “cuando triunfe nuestro movimiento” habrá un incremento de salarios para todos los trabajadores, y de inmediato garantizó que lo hará para los sevidores públicos y mencionó a los maestros, policías, médicos, soldados y enfermeras.
Tercero: “dijo Morelos, que se eduque al hijo del campesino y del barrendero como al hijo del más rico hacendado”. En ese punto López Obrador afirmó que habrá un fuerte impulso a la educación para que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar porque “el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita de calidad en todos los niveles escolares”.
Cuarto: “que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte”, y el dirigente de Morena apuntó que habrá justicia para todos.
Entonces se comprometió ante sus seguidores y familiares de tres de los 43 estudiantes detenidos y desaparecidos de Ayotzinapa que estaban en el templete: “Desde el primer día del próximo gobierno de la República se va a iniciar una investigación a fondo para conocer toda la verdad y castigar a los responsables, autores materiales e intelectuales” de lo que pasó en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y entonces los asistentes pidieron con gritos “¡justicia, justicia!”.
Dijo que en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos como muchos más “es un error pensar que si se oculta la verdad se protege a las instituciones”, y apuntó que al contrario, cuando se diga la verdad de lo que ocurrió, se fortalecerán.
Y se refirió a “esta institución fundamental para la República, al Ejército mexicano”, que ha sido implicado en denuncias de padres y organizaciones en la desaparición de los jóvenes normalistas.
“Vamos a que se conozca toda la verdad, se los aseguro y serán castigados los responsables, repito, autores materiales y los autores intelectuales de ese crimen que duele, que se cometió aquí en Guerrero. Yo les digo a ustedes que vamos a lograr la paz, la tranquilidad, voy a estar gobernando desde Guerrero si el pueblo así lo decide”. Y anunció entonces que ejercerá una Presidencia itinerante.
Dijo que es doloroso lo que está pasando en el país, pero que “duele más lo que está pasando en Guerrero”, por eso pidió “confianza, yo no les voy a fallar. No vamos nosotros a traicionar al pueblo, tenemos tres principios, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, no somos iguales” que los políticos de otros partidos.
Consideró que el cultivo de amapola y mariguana en algunas regiones del país y del estado, es por la falta de oportunidades porque los otros productos que siembran los campesinos son mal pagados y se comprometió a mejorar sus precios.
Entre otros compromisos afirmó que todos los estudiantes de educación media superior y superior tendrán becas y serán contratados como aprendices en talleres y empresas.
Explicó que los salarios de 2 millones 600 mil jóvenes costarán 100 mil millones de pesos; “los políticos corruptos se roban 500 mil millones, nos va a alcanzar y nos va a sobrar”, señalamiento que le acarreó uno de los más fuertes y prolongados aplausos del acto.
También adelantó que la pensión para los adultos mayores será universal y que los gobiernos del PRI le copiaron mal este programa, al que llamaron populista y luego lo aplicaron, pero entregando menos de lo que se daba a los adultos mayores en la Ciudad de México.
Dijo entonces que si por apoyaar al pueblo desde el gobierno le llaman populista “que me anoten en la lista”.
Durante el mitin en el Zócalo capitalino para la firma del Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, el presidente nacional de Morena recordó que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se desató una batalla contra el narcotráfico, “de manera irresponsable (pues) le pegó un garrotazo al avispero a lo tonto”, y que Enrique Peña Nieto continúo con la misma estrategia y que eso generó la violencia que no se ha podido contener.
Recordó que como consecuencia en el país ocurrieron más de 210 mil asesinatos, cantidad que significa más de un millón de víctimas de la violencia y que ambos gobiernos, el del panista y el del priista, que convirtieron “al país en un cementerio”.
Sacar a México de la pobreza, el miedo, la inseguridad y la violencia
El dos veces candidato presidencial se comprometió en la plaza cívica de Chilpancingo a “serenar a Guerrero” y al país con un método diferente, y subrayó que “la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.
Al acto convocado para las 10 de la mañana, empezaron a llegar los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador desde minutos después de las 9, en camiones del transporte público rentados, en vehículos particulares y autobuses que se estacionaron en el bulevar del río Huacapa y cerca del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla.
Casi a las 11 de la mañana inició un programa cultural con danzas y música, en el templete donde animadores y oradores realizaban un preámbulo a la llegada del dos veces candidato presidencial.
Minutos antes de las 12 del día, López Obrador llegó a la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, entró por la calle a la izquierda del Museo Regional, hasta el escenario frente al Ayuntamiento capitalino.
Acompañado por la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, el enlace nacional César Núñez Ramos y el presidente estatal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, López Obrador también llamó a sus seguidores a no pensar en intereses personales, de grupos, políticos o económicos y a trabajar unidos para “sacar a México de la pobreza, de la marginación, el miedo, la incertidumbre, de la inseguridad y la violencia”.
Les dijo que el movimiento de transformación que encabeza es el cuarto más importante en la historia del país, después de la Independencia, la Reforma y la Revolución.
Pero insistió en que el cambio que plantea debe ser pacífico, sin caer en las trampas de provocaciones y violencia, “no vamos a enfrentar al pueblo con el pueblo”.
El también ex candidato a gobernador de Morena, Pablo Amílcar Sandoval, leyó el acuerdo por el que se convoca a luchar de manera pacífica y legal por un cambio de régimen, “y hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno”.
También se convoca a trabajar “por la transformación nacional”, con un nuevo proyecto de nación que “se resume en gobernar con rectitud, desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y destinar lo ahorrado para financiar el desarrollo del país”.
En el escenario, algunos actores representativos de los movimientos sociales en el estado firmaron el acuerdo.
Destacó que lo firmaron padres de dos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa: José Maldonado González y la mamá de Marco Antonio Gómez Molina, María de los Ángeles Molina, y la esposa de Jorge Antonio Tizapa, otro de los jóvenes normalistas desaparecidos, Karina Hernández Mateo. Cuando los padres y esposa de los normalistas detenidos-desaparecidos de Ayotzinapa pasaron a firmar el acuerdo, los asistentes les aplaudieron más que a cualquiera de los otros políticos firmantes, mientras les gritaban; “no están solos, no están solos”.
Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos protestaron en el juzgado Tercero de Distrito Administrativo, en la Ciudad de México (CDMX), para exigir la admisión de un amparo contra la resolución de la Visitaduría General de Procuraduría General de la República (PGR), que diluye la responsabilidad del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio en las graves irregularidades que cometió en la investigación del caso.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró que Zerón de Lucio hizo diligencias de las que no notificó ni están en los expedientes del proceso de investigación de los ataques, homicidios y desaparición forzada de estudiantes y otros civiles en Iguala.
Ayer acompañados de activistas los padres hicieron un mitin de 3 horas afuera de las oficinas del Poder Judicial en la colonia Tláhuac de la delegación Álvaro Obregón, mientras conseguían una entrevista con el juez Martín Adolfo Santos Pérez, en quien recayó la revisión de la solicitud de amparo bajo el folio 195/2017.
En consulta telefónica el abogado Vidulfo Rosales Sierra explicó que el amparo se entregó hace dos semanas, y señala que la resolución de la Visitaduría de la PGR viola el derecho de los padres al conocimiento de la verdad sobre los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, entre otros perjuicios.
Pidieron que el juez admita la queja y en el estudio de fondo revise la legalidad de la resolución que emitió la PGR, que revise todas las irregularidades en que incurrió el actual secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional cuando estuvo al frente de la investigación, y que se restablezca la legalidad quebrantada por él.
Informó que los padres hicieron énfasis en que han recorrido todas las instancias de gobierno en busca de respuestas, y todas las instituciones se aliaron para mantener una versión oficial sobre el destino de sus hijos, descartada en siete ocasiones por expertos independientes mediante pruebas científicas.
Ayer solicitaron al juez que no le tiemblen las manos, si Zerón de Lucio violentó la ley que se le aplique una sanción acorde con el agravio y los delitos que generen sus acciones.
Abundó que hay una crisis en las instituciones y sus órganos de control interno, en los mecanismos anticorrupción y las contralorías que deben regular la función pública y velar por el respeto al Estado de derecho en las estructuras de gobierno, ya que no están dando resultados.
Demandó al juez que no acepte la política federal de solapar por consigna a los funcionarios que incurren en irregularidades y actos de corrupción.
Mencionó que esperan que en este proceso sí se tomen en cuenta todas las irregularidades cometidas la investigación, que llevaron a la tesis del procurador Jesús Murillo Karam que establece que los 43 desaparecidos fueron asesinados e incinerados por un grupo criminal, la cual llamó “verdad histórica”.
Precisó que a la par de este procedimiento la investigación sigue su curso mediante la oficina de investigación del caso Ayotzinapa en la PGR, que también avanza muy lento.
Denunció que los funcionarios de la PGR no quieren profundizar ni perfeccionar las líneas de investigación que recomendó el GIEI en abril, hace un año, sobre la participación de policías de Huitzuco en los ataques y la desaparición forzada de los estudiantes, y dos policías federales que tuvieron conocimiento del momento en que se los llevaron detenidos.
A la fecha, aseguró que no hay ni siquiera una consignación para detener a los policías de esas corporaciones que están plenamente identificados, y puede dar lugar a que evadan la justicia.
Agregó que los funcionarios de la PGR argumentan que no hay suficientes elementos para consignarlos, sin embargo, más allá de que jurídicamente no haya elementos, aseguró que políticamente no se quiere dar un paso en esa dirección porque implica abandonar la tesis oficial.
“Esa es la molestia, el hartazgo de los padres de familia, nosotros vemos que no hay interés ni voluntad de agilizar, de profundizar en tales líneas, la última detención que tenemos fue en esa ruta (de la verdad histórica), y hay otras 15 o 20 personas con orden de aprehensión ligadas a esa versión”, explicó.
Sin avances importantes, confirmó que no tenía caso acudir a la reunión de ayer en la PGR, que cancelaron con anticipación.
Los temas que quedaron pendientes de respuesta en la anterior sesión, el 9 de febrero, serán discutidos en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que ahí el gobierno mexicano haga compromisos con el organismo internacional.
Concretamente los temas pendientes son: la consignación de los policías municipales de Huitzuco, de los policías federales, la utilización de todos los recursos de búsqueda en vida o muerte sin escatimar la utilización de tecnología laser, el análisis rápido y exhaustivo de la telefonía celular, “de los que hemos monitoreado hay pocos avances, así la reunión no tiene razón”.
Del mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa de la CIDH, que tenía programada una visita a México este mes, informó que se pospuso pero hace un seguimiento a distancia, y participará en la audiencia dentro del periodo ordinario de sesiones, en Washington DC.
La Policía Federal (PF) confirmó la detención de cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes habrían participado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
En un boletín de prensa informó que mediante “trabajos de inteligencia” agentes federales aprehendieron a Pedro Flores Ocampo, El Panther, de 29 años, Víctor Javier Salgado Flores, El Chaco, de 29 años, Javier Silva Santibañez de 38 y Tomás Ángel Castro de 21.
La PF difundió un video en el que dos de los detenidos, Pedro Flores Ocampo El Panther y Víctor Javier Salgado Flores El Chaco, se acusan mutuamente de haber participado en la desaparición de los normalistas y en varios homicidios en Iguala.
Informa que los detenidos también “proporcionaron información diversa sobre las personas que coordinan las acciones delictivas en Iguala”.
Los detenidos fueron capturados en la colonia Barrio de las Flores de Iguala cuando intentaron huir en un automóvil Tsuru, en el interior del vehículo la PF encontró “tres paquetes que contenían hierba seca con las características de la mariguana, cuatro cargadores abastecidos calibre 223 milímetros, 50 cartuchos calibre 9 milímetros y 79 cartuchos calibre 7.62 milímetros”.
