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Cierran normalistas la Autopista para que los padres estén en el interrogatorio a Felipe Flores

Unos 100 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon 2 horas el cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco y ocuparon dos radiodifusoras en esta ciudad, para exigir que la Cámara de Diputados intervenga para que se acepte la petición de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de estar con sus abogados en el interrogatorio al ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, respecto de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Al mediodía los normalistas llegaron al cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal, al sur de la capital, en dos autobuses y pararon a los conductores de un tráiler, una camioneta de la Secretaría de Salud, y otros que atravesaron en los carriles de alta velocidad para impedir el paso vehicular de manera total en la zona.
Los estudiantes cubrieron su rostro con máscaras, playeras y pañuelos, pero se identificaron mediante su equipo de sonido que transportaba una camioneta que envió la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) al bloqueo para apoyar a los jóvenes.
En el cruce ya se encontraban más de 15 autobuses de la Policía Federal que transportaban a agentes con equipo antimotines. Una comisión se acercó a los normalistas y les pidió que no obstruyeran el paso para garantizar el derecho al libre tránsito, los jóvenes informaron que estaban ahí para pedir que la Cámara de Diputados que recibiera a los padres de familia de los 43 desaparecidos quienes se encontraban en la Ciudad de México, y se negaron a retirarse.
Durante una hora el bloqueo fue de manera total hasta que los policías pidieron que se abriera un carril en el sentido de norte a sur, ya que una ambulancia debía pasar, los jóvenes accedieron pero no llegó ninguna ambulancia.
Los normalistas hicieron un mitin en el que informaron que Flores Velázquez es uno de los actores principales de los ataques en Iguala, por lo que es necesario que las autoridades permitan que los padres de familia de los 43 desaparecidos estén en sus primeras declaraciones, para evitar que se manipule la información y se insista en la versión oficial del caso, que dice que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Además pidieron que se esclarezca el asesinato de los normalistas Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, que ocurrió el 4 de octubre pasado, ya que “no nos creemos el cuento de que fue un asalto” como informaron las autoridades.
También reprocharon que la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores no garantiza la seguridad en el estado y en cambio, ha aumentado el número de crímenes.
Más tarde uno de los representantes estudiantiles accedió a abrir un carril en cada sentido para que los vehículos particulares y de transporte público pudieran avanzar, en cuanto los carriles fueron liberados, los policías se desplazaron por la zona bajo el argumento de que resguardarían el tránsito para evitar accidentes.
La presencia policiaca a pocos metros de la protesta provocó tensión y los normalistas exigieron a los agentes que se retiraran del lugar y que llegara personal de Tránsito para esa labor. El comandante ordenó la retirada de una parte de los uniformados, pero otros permanecieron cerca de los jóvenes.
A la 1:45 de la tarde de manera repentina los normalistas de Ayotzinapa corrieron hacia los autobuses que los transportaron de Tixtla a Chilpancingo, dejaron libre el paso vehicular en la zona ya que vía telefónica supieron que una comisión de los padres de familia de los 43 desaparecidos había sido atendida en la Cámara de Diputados.
Antes, a las 11:30 de la mañana una comisión de estudiantes de Ayotzinapa ocupó las radiodifusoras Capital Máxima y Radio UAG, en donde dijeron que los padres de los 43 desaparecidos deben de ser informados de manera puntual sobre los avances de la investigación.
Precisaron que no están en contra de que el premio Belisario Domínguez, que entrega el Senado de la República a principios de noviembre, se le dé post mortem al trabajador de la gasolinería Eva II, Gonzalo Rivas Cámara, quien falleció durante el desalojo a balazos contra estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, si no que están en contra de que se criminalice a los normalistas.
Aseguraron que las organizaciones que promueven a Rivas Cámara como galardonado, emprendieron una campaña de desprestigio contra la Normal Rural de Ayotzinapa, culpando a los estudiantes de su muerte, pero “recordemos que ese día el gobierno tenía que justificar de alguna forma los ataques hacia nuestros compañeros, hay videos que prueban que ellos no tuvieron nada que ver en el incendio, fueron masacrados”.

Bloquean 2 mil maestros la autopista en Chilpancingo por Ayotzinapa y contra la reforma

Foto: Jessica Torres
Foto: Jessica Torres

13:48.   Unos 2 mil maestros, en su mayoría integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), bloquean la Autopista del Sol en la capital para exigir la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 23 meses en Iguala y la derogación de la reforma educativa.

Los maestros comenzaron la marcha a las 12:35 de la mañana, encabezados por la comisión “avanzada” de la CETEG, que porta palos y bats, y desde la una de la tarde bloquean los carriles centrales y laterales de la autopista a un costado de la terminal de autobuses, donde hacen un mitin.

En la movilización participan estudiantes de primer grado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que se distinguen por el pelo a rape y las consignas, y maestros de las regiones Acapulco, Centro, y del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).

Que intervenga el gobernador en la solución de las demandas si no quiere protestas, dice Ramos Reyes

 

El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Ramos Reyes Guerrero declaró que el gobernador, Héctor Astudillo Flores tiene “en sus manos” el pliego petitorio del magisterio disidente, y si no quiere que los maestros bloqueen vialidades en el estado, debe intervenir para que sus demandas se resuelvan de manera favorable.
Reyes Guerrero asistió ayer a la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se llevó a cabo en la Ciudad de México para determinar el plan de acción que el magisterio disidente seguirá la próxima semana.
Vía telefónica, el secretario general de la CETEG informó que el 25 de mayo, al concluir la marcha de la unidad en Chilpancingo, una comisión del magisterio disidente le hizo llegar a Astudillo Flores el pliego que contiene 88 peticiones, las principales son la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, el rechazo a la reforma educativa y a la evaluación del Servicio Profesional Docente, y el cese de las órdenes de aprehensión en contra de los maestros.
Señaló que si Astudillo Flores interviene para resolver las demandas del magisterio disidente en el estado y para que se instale una mesa de trabajo a nivel nacional, en la que participen la CNTE y el gobierno federal, “no habrá necesidad de realizar marchas, protestas, mítines ni bloqueos”.
Precisó que, si lo que las autoridades pretenden es que los maestros adopten una actitud “pasiva” si no obtienen respuestas favorables a sus demandas, “no es posible, tenemos que continuar con la lucha, como secretario general (de la CETEG) tengo que velar por los intereses de todos los compañeros”.
Pidió que el gobernador cumpla su lema de campaña, “orden y paz”, que intervenga para solucionar los problemas del sector educativo y así concluirán las protestas en el estado, pero “sino hay orden y paz, no podemos (los maestros) quedarnos conformes ni callados”.
Expresó que las declaraciones de Astudillo Flores son una amenaza más del gobierno estatal a la CETEG, como fueron los anuncios del secretario de Educación estatal, José Luis González de la Vega Otero, quien advirtió que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) aplicará descuentos y despedirá a los maestros que acumulen cuatro faltas.
El viernes, luego de la instalación y toma de protesta del Comité de Consulta y Participación Ciudadana y del Consejo Municipal de Seguridad Pública, en el Salón de la República, de Casa Guerrero, Astudillo Flores advirtió a los maestros de la CETEG y a integrantes de las organizaciones sociales, que si creen que bloqueando la Autopista del Sol van a obtener beneficios, eso no ocurrirá porque no permitirá que los ciudadanos se conviertan en rehenes de las movilizaciones.
“Nosotros no estamos esperando que seamos rehenes de quiénes están bloqueando la Autopista (del Sol); insisto, entiendo el problema del magisterio, hemos tratado que los operativos se realicen de la manera correcta, pero todas aquellas organizaciones, que estén pensando que van a obtener beneficios bloqueando la Autopista, lo digo con una gran determinación, no van a tener una respuesta positiva a este tipo de acciones”, dijo.

Bloquean vecinos de Tierra Colorada la Autopista del Sol; apoyan a la Policía Comunitaria del FUSDEG

Unos 250 vecinos de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) bloquearon la Autopista del Sol y protestaron casi cinco horas en distintos lugares del municipio en contra del alcalde perredista, Leonel Leyva Muñoz, quien se ha negado a dialogar sobre el apoyo y coordinación con la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que funciona en el municipio.
Los vecinos y el Consejo Coordinador del FUSDEG organizaron un mitin en la cancha de basquetbol de Tierra Colorada, que se encuentra a unos 20 metros del Ayuntamiento, donde por medio de bocinas convocaron a los vecinos a unirse a la protesta.
A las 11:40 de la tarde, unos 150 vecinos de la cabecera municipal marcharon al Ayuntamiento para exigir una audiencia con el alcalde. Al frente portaron una lona de unos tres metros de largo donde se leía: “Marcha ciudadana por la paz y la seguridad de nuestro municipio. En apoyo a la Policía Comunitaria de el FUSDEG, Frente Ciudadano de Juan R. Escudero”.
También llevaban pancartas con leyendas como, “Presidente municipal inepto”, “Porque la presidencia no quiere FUSDEG”, “El pueblo unido en pie de lucha” y “El FUSDEG en contra del crimen organizado”.
Al llegar al Palacio municipal, se encontraron con unos 10 policías preventivos resguardando la entrada.
El consejero del FUSDEG, Salvador Catalán Barragán dijo con ayuda del aparato de sonido que desde que Leonel Leyva inició su administración están solicitando una audiencia con él, y que se ha negado a atenderlos, además de que saben que quieren quitar a la Policía Comunitaria.
Detalló que querían reunirse con él para dialogar sobre el trabajo de la Policía Comunitaria, y de la coordinación con el Ayuntamiento para que apoye a la organización.
Resaltó que ellos no quieren dinero del presupuesto del Ayuntamiento, como se ha rumorado, pero sí un apoyo, que podría ser de vales para gasolina, ejemplificó. En el mitin resaltaron los logros que han obtenido con la presencia del FUSDEG, como la baja de los índices delictivos.
Al no obtener respuestas del Ayuntamiento, los manifestantes determinaron bloquear la Autopista del Sol en dirección a Chilpancingo, antes del entronque a Tierra Colorada, y que el gobierno del estado llamaría la atención al alcalde por no atenderlos, pero que sería “con justa razón”. En la marcha rumbo a la autopista se unieron unos 100 vecinos más al contingente.
Al llegar la base del FUSDEG, gritaron consignas, y desde ahí se trasladaron en camionetas particulares y de la Policía Comunitaria hasta el lugar del bloqueo.
En el bloqueo, el gobernador Héctor Astudillo Flores se comunicó con el Consejo Coordinador, al que le pidió que abrieran un carril de la Autopista, y se comprometió a hablar con el alcalde para que los atendiera.
Los manifestantes no aceptaron, pero permitieron el paso de carros cada 20 minutos, aunque lo hicieron unos 40 minutos después, ante la postura de algunos vecinos que se empeñaban en no permitir el paso hasta que los atendieran.
Al bloqueo también llegó el delegado de la Secretaría de Gobernación, Dante Apátiga Sosa, que intentó llegar a un acuerdo con los inconformes.
Más tarde, al lugar llegó el director de Gobernación estatal Jesús Vargas, que también dialogó con los inconformes, también les pidió retirar el bloqueo y les ofreció que buscaría una reunión con el alcalde. Los vecinos pidieron que la reunión fuera en ese momento y en ese lugar.
Después de unos 40 minutos, el director de Gobernación se acercó para informarles que había pactado una reunión con el alcalde a las 3 de la tarde, en el restaurante Tierra Colorada.
Los vecinos y el Consejo aceptaron, y el acuerdo fue que cuando la comisión estuviera en la reunión con el alcalde presente llamarían al grupo que se quedó bloqueando la autopista, para liberarla.
A las 3 de la tarde, el alcalde llegó a la reunión, y unos 20 minutos después los manifestantes desbloquearon la autopista.
La reunión duró poco menos de dos horas. La comisión reclamó al alcalde que no ha querido atenderlos, pese a que es su obligación. Le explicaron sus demandas y reclamaron que el 12 de febrero solicitaron una audiencia mediante un oficio, la cual se programó pero les cancelaron con el argumento de las múltiples actividades del alcalde.
Finalmente Leonel Leyva aceptó dialogar con la comisión, y acordaron mesas de trabajo, la primera el próximo martes al mediodía.
En la reunión también se comprometió a estar Jesús Vargas, y la comisión expuso que redactarán una minuta de acuerdos para presentarla el martes y analizar punto por punto.
Al final de la reunión, la comisión se trasladó al lugar donde los pobladores esperaban las conclusiones de la reunión.

Hay poca vigilancia en el predio El Mirador de Chilpancingo tras el desalojo de los invasores, se quejan damnificados

 

Luego del desalojo implementado por el gobierno estatal en el predio para damnificados El Mirador para sacar a las familias que de manera irregular viven en las casas, se comprobó que cuenta con poca vigilancia en su interior, ya que únicamente ocho policías estatales en dos patrullas fueron observados durante el recorrido.
A las 4 de la tarde, en una visita al fraccionamiento ubicado junto a la Autopista del Sol, se observó que una caseta de vigilancia construida con madera en el acceso al predio, y en la manzana 1A se encuentra estacionada una patrulla estatal con cuatro policías a bordo.
En una de las orillas del terreno, aledaño a la Manzana 1A, se constató que otra caseta fue improvisada para albergar a los policías, donde había otra patrulla con dos policías y tres motocicletas de la Policía Estatal estacionadas.
No obstante, tras adentrarse entre las manzanas en las que se hallan las 598 casas del predio, se comprobó que solamente dos policías a píe vigilaban las zonas donde fueron reubicadas la mayoría de las familias damnificadas.
Durante el recorrido, 10 vecinos de las colonias El Amate y Renacimiento, quienes fueron reubicados en la manzana 4-A el domingo tras el desalojo de al menos 30 familias que de manera irregular habitaban el terreno, manifestaron su alegría y agradecimiento a las autoridades por su intervención.
Dijeron que la mayoría de las casas que recibieron presentaron imperfectos debido a que forzaron chapas y candados, y dañaron puertas y ventanas.
Una vecina contó que recibió su casa con el drenaje colapsado, y permanece a la espera de que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) acuda a reparar el daño
Los vecinos remarcaron que el único servicio básico con el que cuentan las viviendas es el drenaje, mientras que de la luz y el suministro de agua potable, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, se comprometió a entregarlos en el transcurso de este mes.
Consultada, la vecina Angélica García Miranda consideró que las principales urgencias de los habitantes recién reubicados en El Mirador son la instalación de la energía eléctrica y la escasa vigilancia que quedó en el predio, luego del desalojo de invasores coordinado por el gobierno estatal el domingo.
En cuanto a las declaraciones hechas por Armenta Tello, quien manifestó que el fraccionamiento permanecería resguardado por la Policía Estatal para vigilar las viviendas que aún no han sido entregadas y evitar una nueva invasión o represalias en contra de los beneficiados, la señora Angélica García contó que luego de la inspección de las brigadas de Sedatu para actualizar el padrón de viviendas regulares e irregulares, la mayoría de policías federales y estatales se retiraron.
“Todavía ayer (lunes), durante la inspección que hizo la Sedatu notamos la presencia de los policías, sin embargo, luego de terminar sus trabajos se retiraron casi todos, sólo unos cuantos permanecen en la entrada; parece que los policías cuidaron solamente a los brigadistas y no a nosotros, como beneficiarios del predio”, lamentó.
Subrayó que la vigilancia fue acordada en las mesas de diálogo con funcionarios gubernamentales y el delegado Armenta Tello, “aquí la mayoría somos mujeres, niños y adultos mayores; necesitamos que cumplan lo señalado en materia de seguridad, con más policías que nos vigilen, ellos tienen los elementos y ya comprobamos que pueden hacerlo”, indicó.

Toman la Sedatu en Chilpancingo 50 reubicados en El Mirador; sus casas están “invadidas”, denuncian

 

Al mediodía de ayer, unos 50 damnificados de la tormenta Manuel en Chilpancingo tomaron las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para exigir al delegado José Manuel Armenta Tello esclarecer la causa por la que las 130 viviendas que les fueron asignadas en el fraccionamiento El Mirador se encuentran “invadidas”.
Durante la protesta en las oficinas generales de la Sedatu, los afectados reprocharon que la dependencia pretenda enfrentar a las familias que ya habitan las casas, armadas con palos y machetes.
Reclamaron la falta de capacidad del organismo para defender el patrimonio de los damnificados que siguen viviendo con familiares, en albergues o en casas improvisadas en las zonas de riesgo de donde fueron evacuados tras la tormenta Manuel en 2013.
Alrededor de las 5 de la tarde del lunes, una comisión de Sedatu acudió a entregar 130 viviendas en la 4 y 5 manzana del fraccionamiento ubicado a un costado de la Autopista del Sol, a las familias que continúan habitando las colonias marginadas de la periferia capitalina.
Al acudir a ocupar sus viviendas, encontraron que unas 130 familias se posesionaron de las viviendas, lo que ocasionó alegatos; las familias “invasoras” estaban armadas con palos y machetes, por lo que se retiraron para evitar una confrontación física.
En ese momento, el grupo “invasor” destacó a grandes rasgos que habitan desde hace un mes las viviendas, y contaban con un folio expedido por la Sedatu.
Por tal motivo, el martes los vecinos afectados protestaron en las oficinas de la dependencia federal para exigir a las autoridades esclarecer los hechos, luego de recordar que las familias llevan más de dos años a la espera de una casa sin que formalmente hayan sido entregadas.
En la protesta, los vecinos reprocharon a la subdelegada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez Sales, y a otra comisión de la dependencia, la negligencia de los trabajos para la entrega de viviendas, y aseguraron ser ellos los damnificados y no el grupo de familias que ya las habitan.
“Fuimos sacados con machete y palos del fraccionamiento, porque ya estaban habitadas las casas, mientras que ustedes no entregaron la documentación de la vivienda para reclamarles el porqué están ahí en nuestra propiedad”, declararon.
Una mujer agregó que, acudieron por la mañana a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer una denuncia por despojo domiciliario, ya que contaban con un documento de asignación que les otorgó la Sedatu, pero encontraron que el documento no constaba de ningún sustento legal, ya que los terrenos son todavía propiedad de la Sedatu; “exigimos que sean ustedes que procedan a la denuncia”, reclamaron.
Los afectados reprocharon a la dependencia que enfrente a las familias que habitan los hogares resguardados con la portación de palos y machetes, tras no realizar un procedimiento de carácter judicial.
Consultada durante la protesta, una de las afectadas, que se reservó su nombre, dijo que desde hace dos semanas damnificados invadieron las casas del fraccionamiento, que según la Sedatu les vendió.
Acusó a una de las integrantes del grupo, Cándida Vázquez Niño, a la “que la respalda una enfermera, Estela, que se siente poderosa porque la apoya la diputada federal Beatriz Vélez Núñez, por posesionarse de las viviendas que pertenecen a los damnificados”.
Recordó que, hace dos años la Sedatu les entregó un folio y un censo donde indicaba que ya contaban con su vivienda, “fuimos a que nos entregaran las casas, pero otras personas nos agredieron y nos amenazaron de muerte, porque les íbamos a quitar las viviendas”.
Comentó que desconocen a las personas que ocupan las casas y que hay complicidad entre Cándida Vázquez Niño y la Sedatu en la entrega irregular de las viviendas.
“A las casas les faltan el servicio de agua, drenaje y luz eléctrica, por eso queremos que el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello atienda nuestras demandas”, indicó.
Por su parte, Armenta Tello dijo que ya se presentó una denuncia ante las autoridades contra quien resulte responsable de la “invasión” de las 130 casas, ya que muchos de los “invasores” no son beneficiarios.
Comentó que en el censo no tienen información de quiénes habitan las casas en el fraccionamiento El Mirador, “son 130 casas invadidas, los que viven ahí no están registrados en el censo y no sabemos si son damnificados, pero se procederá de manera legal”.
Informó que la dependencia ha entregado 370 casas de las 598 que incluye el proyecto del fraccionamiento el Mirador, y en el estado se tiene un faltante de 2 mil casas para reubicar a todos los damnificados de la tormenta Manuel.
Armenta Tello reconoció que en el fraccionamiento hay problemas con la instalación de energía eléctrica y el servicio de agua.
Luego de una hora, se firmó una minuta de acuerdo que incluyó una reunión el próximo viernes en la Sedatu, donde abordarán el problema de las irregularidades que prevalecen en El Mirador.

Denuncian vecinos reubicados en El Mirador, en la capital, que sus casas no tienen servicios

 

Damnificados de la tormenta tropical Manuel que fueron reubicados en el terreno El Mirador, de Chilpancingo, informaron que las 104 nuevas viviendas que otorgó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no cuentan con servicios básicos cómo agua potable, electricidad y drenaje.
Asimismo, informaron que los accesorios de las mayoría de los nuevos hogares fueron “saqueados”.
Durante una visita al predio ubicado a un costado de la Autopista del Sol, rumbo a Acapulco, los vecinos denunciaron que la Sedatu les entregó las casas sin los servicios de luz eléctrica, drenaje y de agua potable.
Indicaron que esta situación sí fue notificada en un principio por la Sedatu, y que los servicios serían instalados de manera paulatina para no aplazar el tiempo de su reubicación en el fraccionamiento.
Una vecina, Pilar Morán Benítez aclaró que la Sedatu les notificó que únicamente a los líderes de los comités vecinales, “ese es el problema, que unos cuantos decidieron por todos”, explicó.
Dijo que tienen dificultades para sus actividades cotidianas ante la falta de servicios, “es sumamente complicado vivir en estas condiciones; estamos agradecidos, sí, pero hace falta que integren los servicios a nuestros hogares”.
Asimismo, indicó que la mayoría de las nuevas viviendas no cuenta con los accesorios que fueron instalados durante su construcción tras el “saqueo” de delincuentes, “se llevaron regaderas, tazas de baño, focos y cables de la luz, entre otras cosas”, explicó.
Subrayó que el sitio donde fueron reubicados carece de vigilancia, lo que facilita a los delincuentes cometer delitos en esa zona.
Anunció que este domingo, los vecinos sostendrán una reunión a las 4 de la tarde para definir su situación de El Mirador.
Cabe destacar que en un recorrido en el fraccionamiento, se observaron las múltiples obras inconclusas a causa de la negligencia de las autoridades federales en los trabajos.
Estas deficiencias incluyen, principalmente, la falta de pavimentación en los principales accesos al fraccionamiento, los cuales son de terracería, y concluir las viviendas destinadas en un principio para más de 5 mil personas.
Asimismo, en un sector habitado por al menos 40 familias, se nota que al menos 10 casas tienen humedecimiento, cuarteaduras y filtraciones de humedad.
Por otra parte, vecinos del fraccionamiento indicaron que los fines de semana sólo una Urvan del transporte público capitalino hace el recorrido de la ruta El Mirador-Chilpancingo, lo que provoca que los vecinos tengan que esperar hasta 40 minutos para transportarse.

Entregarán casas a damnificados de El Amate en la capital, tras más de dos años

 

El alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena se reunió en el Ayuntamiento a puerta cerrada con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, y con damnificados del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel de la colonia El Amate, para informar que desde esta semana y hasta el 23 de diciembre recibirán sus casas en El Mirador.
No se permitió la presencia de reporteros en la reunión, y en un boletín emitido por el Ayuntamiento se informó que el gobierno municipal se comprometió a proporcionarles a los damnificados los servicios básicos en sus nueva viviendas, que estarán ubicadas en el fraccionamiento El Mirador, y que a partir de este lunes hasta el 23 de diciembre estarán siendo entregadas por la Sedatu.
En el comunicado explican que, “durante los últimos dos años, un total de 13 familias habían permanecido en condiciones precarias en un predio adyacente en la colonia El Amate, que ellos mismos denominaron Ingrid y Manuel”.
De estas familias, ocho ya contaban con un folio del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), que los define como afectados por los fenómenos naturales registrados en el 2013, lo que permitió que el gobierno municipal, la Sedatu y el Fonden les brindarán una opción de vivienda.
El Ayuntamiento de Chilpancingo instalará los servicios de agua y luz a las nuevas viviendas, dice el comunicado. Además del alcalde y del delegado de la Sedatu, también estuvieron presentes el secretario de Obras Públicas, Demetrio Arciniega Cisneros; el secretario de Desarrollo Urbano, Carlos Leyva Acevedo; el director del Instituto Municipal de Vivienda, Rodolfo Ruíz Carrera, y el titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), José Alberto Lara Vargas.
En la misma reunión, también estarían presentes damnificados que ya viven en El Mirador, sin embargo no acudieron porque el alcalde les puso como condición que no se presentara el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, con el argumento de que no es damnificado. Los habitantes de El Mirador respondieron que pertenecían a la organización de Chávez Adame, y que si él no estaba presente no irían a la reunión.
Consultado vía telefónica, el dirigente de la APPG aseguró que se movilizarán en la capital ante las actitudes que están asumiendo las autoridades municipales y las de Sedatu que condicionaron a los damnificados, y que además pretenden cerrar el paso por la Autopista del Sol.

Bloquean la autopista en la capital familiares de dos normalistas asesinados por policías en 2011

Padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados el 12 de diciembre de 2011 por policías en un desalojo, acompañados de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, e integrantes de organizaciones sociales, bloquearon la Autopista del Sol y marcharon en Chilpancingo para exigir justica para sus hijos.
En la marcha participaron unos 2 mil manifestantes, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), entre otras organizaciones sociales.
Los manifestantes hicieron un mitin en el cruce de las carreteras a Acapulco, frente al Parador del Marqués en la salida de Chilpancingo hacia Acapulco, lugar donde fueron asesinados Alexis Herrera y Gabriel Echeverría hace cuatro años, donde el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui aseguró que “los machetes” de la organización seguirán solidarios y a las órdenes de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, víctimas de la represión del Estado.
Durante la manifestación llegaron cerca de 20 camiones y tres patrullas de la Policía Federal con equipo antimotines, que no descendieron de los vehículos. Una comisión de los uniformados resguardó la zona para desviar la circulación vehicular y la protesta se llevó a cabo.
Al mediodía los manifestantes partieron en marcha del monumento a Nicolás Bravo, mejor conocido como El Caballito, hacia el Parador del Marqués, sobre los carriles de alta velocidad de norte a sur del bulevar Vicente Guerrero; el contingente fue encabezado por los padres y familiares de Alexis Herrera, Gabriel Echeverría y los 43 normalistas desaparecidos, seguidos por las organizaciones sociales.
Durante la marcha, los manifestantes corearon las consignas como “¡Vestido de verde olivo..!”, “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡Ayotzi vive, la lucha sigue!”, y “¡el pueblo unido jamás será vencido!”, entre otras.

El mitin

El contingente avanzó por el bulevar Vicente Guerrero, sin detenerse hasta la autopista en la salida a Acapulco, en donde se colocaron dos cruces en memoria de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría; ahí se llevó a cabo una misa y después un mitin político en el que participaron los dirigentes de las organizaciones sociales.
Familiares de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría fueron los primeros en participar en el mitin, que inició cerca de las 4 de la tarde; expresaron que estos cuatro años sin resolver el asesinato de los normalistas han sido difíciles, por la omisión de las autoridades.
En el mitin participaron el secretario general de la CETEG, Ramos Reyes Guerrero, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, los dirigentes estudiantiles de la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes coincidieron en que continuarán solidarios con las familias de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría y con los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
El señor Margarito Guerrero, padre del normalista de Ayotzinapa Jhosivani Guerrero de la Cruz, habló a nombre de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y dijo que “por lo menos” los familiares de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría saben qué pasó con sus hijos y pudieron enterrarlos, mientras que, “nosotros no sabemos dónde están nuestros hijos, qué les hicieron, si van a regresar”.
Margarito Guerrero dijo que la injusticia le pegó con más fuerza a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, que desde septiembre del año pasado esperan noticias de sus hijos y viven en la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, esperando que los jóvenes regresen.
Aseguró que los padres de los 43 normalistas desaparecidos pedirán justicia para Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, y pidió a los padres de los estudiantes asesinados hace cuatro años que no dejen solos en su lucha a las familias de los 43.
Por su parte, Marco Antonio Suástegui dijo que el Cecop ha estado en pie de lucha, y que él vivió tanto la injusticia como la represión del Estado “en carne propia”, al ser encarcelado injustificadamente casi un año y medio, “pensaron (las autoridades) que así dejaríamos de manifestarnos, pero están equivocados”.
“Los machetes del Cecop estarán a sus órdenes (de los padres de los normalistas de Ayotzinapa asesinados y desaparecidos), vamos a seguir exigiendo justicia y continuaremos con nuestra lucha”, expresó Suástegui.
Ramos Reyes dijo que la CETEG ha estado en pie de lucha desde septiembre del año pasado, cuando la organización supo de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Aseguró que el magisterio disidente seguirá solidario con las familias de los estudiantes y reprobó que el Estado le apueste a la represión social y no al esclarecimiento de los hechos.
La manifestación concluyó cerca de las 5 de la tarde. Después del mitin los estudiantes abordaron ocho autobuses que los trasladaron de regreso a la Normal Rural de Ayotzinapa, en Tixtla.

Sobrevuela Apaxtla un helicóptero de Seguridad estatal en busca de los 17 vecinos levantados

 

A cinco días del levantón de 17 vecinos de comunidades de Apaxtla, ayer un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del estado sobrevoló la zona, sin obtener resultados positivos.
En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que, por instrucciones del gobernador Héctor Astudillo Flores, el helicóptero empleado para la búsqueda de los 17 vecinos de comunidades de Apaxtla levantadas era para actividades del gobernador, pero “a partir de ahora estará al servicio permanente de la Policía del Estado”.
El martes, hombres armados identificados por fuentes policiacas como una célula de la organización criminal La Familia Michoacana, privó de la libertad a cinco pasajeros de una Urvan de la ruta Apaxtla-El Caracol, vecinos de los poblados de Tetela del Río y Amacahuite, municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
En su huida, los hombres vestidos con ropa militar y armados con fusiles de asalto levantaron a más personas que se toparon en el camino, según versión de dos testigos que lograron escapar, informó el alcalde Martínez Villalobos.
Consultado al finalizar el acto protocolario de entrega de cartillas liberadas en la 35 Zona Militar en Chilpancingo, el secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes informó que están sobrevolando el municipio de Apaxtla de Castrejón, en búsqueda de 17 vecinos que fueron levantados.
“Estamos trabajando en coordinación con el municipio, el estado y la federación para la búsqueda”, agregó.
Explicó que su dependencia ha recibido 17 reportes de personas levantadas, por lo que se comunicó con el alcalde de Apaxtla, Salvador Martínez Villalobos, para hablar de las acciones pertinentes para la búsqueda.
Detalló que, ante los hechos ocurridos se hará un censo en las comunidades de Apaxtla, para determinar, “qué es lo que está pasando”.
A pregunta expresa sobre la identidad de los responsables que, a decir del alcalde de Apaxtla, vestían uniformes militares sostuvo que se trata de un grupo del crimen organizado, aunque dijo que desconoce más información.
Sobre los uniformes militares que vestían los presuntos delincuentes, se le consultó si los mandos militares estaban investigando, a lo que respondió que ya estaban informados.
Por separado, en declaraciones hechas la tarde de ayer vía telefónica, el alcalde de Nueva Alianza, Salvador Martínez Villalobos, que participó en la búsqueda, dijo que durante una hora sobrevolaron el circuito entre la cabecera municipal de Apaxtla y las comunidades de Xochitepec y Tierra Blanca, del municipio de Arcelia, San Felipe del Ocote y Liberalepec, donde se sabe que huyeron los cerca de 20 pistoleros con vestimenta tipo militar que se llevaban retenidas a una 17 personas que levantaron el martes.
El alcalde informó que, hasta ayer no había resultados en la localización y rescate de las personas retenidas, ni había se había comunicado nadie para pedir rescate.
Informó que de 8 a 9 de la mañana de ayer, el director de Seguridad Pública municipal, mandos de la Policía Federal, el coordinador de la Policía Estatal en la zona Norte y él mismo, participaron en el sobrevuelo en el helicóptero para reconocer la zona, “sin detectar la presencia del personal privado de su libertad”.
Informó que en el dispositivo de búsqueda participan marinos, soldados, policías federales y, desde ayer, policías del estado, para mantener el cerco en la zona.
De las narcomantas colgadas en puentes peatonales de la Autopista del Sol, el secretario de Seguridad Pública indicó que corresponden a una lucha entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada.
Se le preguntó si las cámaras del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) siguen sin operar, respondió que no son suficientes.
Comentó que evaluan cuántas cámaras faltan en el estado para vigilar las colonias.