Estudiantes egresados de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de la generación 2019-2023, se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para exigir plazas, y otra vez les dieron largas, informaron.
Alrededor de 50 egresados, preparados académicamente para dar clases en educación primaria y bilingüe, llegaron al Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, en donde se les impidió la entrada, pero organizaron el cierre de las oficinas y en 10 minutos los atendieron.
Consultado tras el encuentro, uno de los asistentes proporcionó una foto en la que se ve que los atendió el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Guerrero, Marco Antonio Marbán Galván.
Informó que acudieron para demandar las plazas de trabajo que les corresponden, “la semana antepasada vinieron las demás normales, no sé si tuvieron una mesa de trabajo, pero hoy a nosotros nos atendieron. Nos esperamos porque hay un comunicado oficial, que dice que habría remesas, venimos a ver y nos dijeron que saldrán hasta noviembre y nos ofrecieron, para la otra semana, una reunión, para el martes”.
El egresado también compartió un boletín de prensa, en el que se denuncia que desde hace años la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene a Guerrero registrado como el tercer estado con mayor rezago educativo, y que en los últimos años ha presentado un aumento de centros de trabajo en materia educativa, “y esto se debe a que gran parte de las comunidades son rurales, que la Secretaría de Educación Pública junto con el Registro y Control de Plazas, en conjunto con la Subsecretaría de Finanzas, han dejado sin cobertura. No se ve la famosa frase de primero el pueblo del gobierno actual, ya que los más perjudicados son los de la clase estudiantil, alumnos de 6 a 15 años de edad; es decir, personas que necesitan de la educación básica”.
Agrega: “Es así como la demanda de maestros es notoria en el estado de Guerrero”, pero advierte que siguen sin cobertura estas zonas que demandan educación, “pues en los últimos días han asignado una cantidad mínima de las plazas, dejando sin posibilidad de estudiar a miles de niños. Con esto es evidente que la Usicamm (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros) no está para mejorar la educación, sino para ausentar a los maestros en las escuelas, haciendo que el rezago educativo sea más evidente”.
El normalista informó afuera del Recinto Estatal que su generación exige 120 espacios para primaria y 45 para maestros bilingües, porque de sus compañeros, sólo a tres se les ha dado una plaza, los tres de maestros bilingües.
Mientras que en el documento que compartió se lee, “se mira el desinterés en el proceso llevado a cabo por la Secretaría de Educación Pública, en conjunto con la Subsecretaría de Planeación Educativa, Registro y Control de Plazas, en conjunto con la Subsecretaría de Finanzas, quienes son los organismos encargados de hacer los diagnósticos y de liberar el recurso para las escuelas que necesitan docentes; sin embargo, se hacen de la vista gorda en comunidades rurales, porque hasta ese límite de sus comodidades no cruzan”.
“Como egresados de la normal de Ayotzinapa, de la generación 2019-2023, rechazamos los actos por parte de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Finanzas y Administración, en donde no se atiende al sector más vulnerable e importante para una sociedad, que es la educación”.
El joven, delgado y moreno, expuso ante la pregunta de si confían en que se les entreguen las plazas, “no es que desconfiemos en que no se den plazas, porque se tienen que entregar por ley, sino que están desfasados en los tiempos. El año pasado se entregó la primera semana de septiembre y la segunda tanda en noviembre. Ahorita están a destiempo y nos traen con que están viendo lo del techo financiero, que no hay recursos, lo de siempre”, dijo el joven maestro, que terminó la carrera entre 155 estudiantes de su generación.
“Ahora nos mandan para una reunión para el martes, falta que nos den la hora”, informó.
En la misiva que entregó trae las siguientes exigencias: transparencia a los procesos del registro y control de plazas, en conjunto con la Subsecretaría de Finanzas; la resolución del proyecto de jubilación del año en curso, la agilización del proceso de entrega de plazas en el estado y respeto a las normales del estado de Guerrero.
Pintas en el Palacio de Justicia de Iguala y tablas de madera colocadas en el lugar donde normalistas aventaron un traíler en su protesta del miércoles pasado Foto: El Sur
Redacción
Iguala
Debido a los daños ocasionados a los equipos de oficina e instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala, que imposibilitan las labores, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) extendió la suspensión de labores, que acordó para el 26 y 27 de septiembre, para el 28 y 29.
Esto, luego de que el miércoles normalistas lanzaran piedras, bombas molotov y petardos y estrellaran un tráiler en la fachada de las instalaciones, como parte de las acciones de protesta a nueve años del asesinato de tres estudiantes de Ayotzinapa y la desaparición de 43.
En su protesta, los jóvenes rompieron cristales de varias oficinas en la parte alta del edificio, hicieron destrozos en el área del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), quemaron expedientes y dañaron mobiliario como escritorios, archiveros, sillas y aparatos eléctricos.
De igual forma fueron dañadas la puerta principal, un portón y una barda donde estrellaron un tráiler.
Por los hechos, el TSJ emitió la circular 46/2023 en la cual establece: “En razón por la gravedad de los daños ocasionados en esta fecha a los equipos de oficina y a las instalaciones del inmueble denominado Palacio de Justicia situado en la carretera Chilpancingo-Iguala, en el kilómetro 98 de la colonia Floresta, derivado de las protestas a que se convocó con motivo del noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, imposibilita la prestación de los diversos servicios del quehacer de justicia.
“Decreta inhábiles lo días 28 y 29 de septiembre para los juzgados primero y segundo de primera instancia materia familiar; juzgado de primera instancia en materia civil; juzgado mixto de paz; juzgados de control; enjuiciamiento penal y de ejecución penal; Tribunal Laboral con sede en Iguala, con competencia territorial en los distritos judiciales de Alarcón, Aldama, Cuauhtémoc, Hidalgo y Mina; así como para la Tercera Sala Penal y la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado; el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, el Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y la Delegación Administrativa, todos con sede en la ciudad de Iguala de laIndependencia, Guerrero”.
Finalmente, en el documento piden a los juzgados realizar guardias, ya que “las concernientes actuaciones pueden practicarse a toda hora, aún en los días feriados, en virtud de la improrrogabilidad de términos”.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aceptó que tanto el aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, estuvieron presentes en las reuniones donde se fraguó la verdad histórica, y aseguró que no se les puede acusar sin pruebas.
“Ya se sabía sobre estas reuniones, están hasta grabadas y participaban funcionarios del gobierno federal. El gobernador de ese entonces en Guerrero y otros funcionarios. No se puede juzgar a nadie por haber estado en una reunión si no hay pruebas más que eso”.
Sobre el caso de la participación tanto de Aguirre como de quien era el coordinador de la Policía federal en Guerrero, el presidente aseguró que “no hay nada, más que la participación en esas reuniones”.
En la conferencia de prensa de este jueves se le preguntó al presidente sobre la presentación del Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, en el que Alejandro Encinas mencionó a García Harfuch, quien busca ser el coordinador de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México que es el antecedente de candidato a jefe de Gobierno por Morena. “Cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba en esas reuniones o había participado (Omar García) Harfuch, él dijo que sí porque es cierto. Pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes”.
Se le remarcó que con base en documentos de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se indica la participación de García Harfuch, a lo que dijo “sí, pero no lo acusan a él”.
Mencionó que en las investigaciones del caso se acepta que hubo una reunión en la que participaron funcionarios del orden estatal y federal, aclarando que los encuentros son de conocimiento público y sí participó el ex titular de Seguridad de la Ciudad de México.
“En la investigación que se está realizando aparece y eso es lo que externó Alejandro Encinas, que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos cuando sucedieron los hechos, pero son reuniones ahora sí que públicas, hay hasta grabaciones de los que participaron y a eso se refería Alejandro Encinas, que en una de esas reuniones o las dos, estuvo el ex jefe de la policía de la Seguridad Pública, Harfuch”.
El presidente aclaró que las reuniones llevadas a cabo en el 27 Batallón de Infantería en Iguala las encabezó el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y junto al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, los responsables de la investigación.
“Esas reuniones la encabezaba el procurador Murillo Karam. Él fue nombrado, estimo que por el presidente (Enrique) Peña, como responsable de la investigación y él incluso lo acepta, que era el responsable de la investigación. Él y Tomás Zerón”.
Añadió que en lo correspondiente a Tomás Zerón y el amparo interpuesto por su defensa para impedir llamarle torturador, el presidente López Obrador afirmó que el ex funcionario es protegido por el Poder Judicial.
“Protegido aquí por miembros del Poder Judicial, para no hablar de todo el Poder Judicial, porque le están otorgando amparos, imagínense, cuando hay imágenes en donde él está dirigiendo acciones de tortura”.
Señala AMLO acuerdos entre el ex fiscal del caso Ayotzinapa y Murillo Karam
El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este jueves en contra del ex fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, a quien acusó de posibles vínculos con el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
En conferencia, el mandatario se lanzó contra el ex funcionario, por negarse a solicitar las órdenes de aprehensión cuando el gobierno federal contaba con suficientes elementos para actuar contra varios de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas.
“Yo ni me imaginaba, le tenía confianza a los que estaban haciendo la investigación, al Fiscal Especial y de repente resulta que no querían actuar, quién sabe qué acuerdos tenían con el procurador Murillo Karam, porque Murillo Karam estaba quitado de la pena, tranquilo”, expresó.
Según López Obrador, cuando las autoridades decidieron actuar, se gestó una rebelión en la Fiscalía General de la República (FGR), que incluyó al propio Gómez Trejo.
“Cuando se va a ejercer el procedimiento para elaborar los documentos y solicitar las órdenes de aprehensión, se produce en la Fiscalía una rebelión, se oponen. Empezaron a renunciar al interior de la Fiscalía y renuncia este Fiscal Especial”, expresó.
“Yo estaba exigiendo y demandando que se avanzara y no veía resultados, cuando me presentan el informe y ya se señala a presuntos responsables de inmediato pido que se actúe y se sorprenden por que es muy probable que la red de complicidades estaba también al interior de las Fiscalías, porque el mismo ex Fiscal especial dice que él se opuso a que se solicitaron las órdenes de aprehensión”.
En este contexto, López Obrador reveló que inició una investigación para determinar cómo fue que Gómez Trejo llegó a esa posición en la FGR.
Adelantó que, de acuerdo con sus primeros hallazgos, el exfuncionario tiene vínculos con la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Ahora estoy investigando de dónde salió y todo parece que lo propusieron de la OEA, de la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos), donde estaba Emilio Álvarez Icaza, ahora senador, que siempre estuvo en contra de nosotros”, dijo.
“Ahora él declara (el ex fiscal), ayer o antier, que no quiso cumplir la instrucción y, en efecto, terminó el fiscal Gertz Manero haciendo todos los documentos”. (Claudia Guerrero / Agencia Reforma Ciudad de México)
El ex gobernador Héctor Astudillo en su participación en el acto por el 29 aniversario luctuoso de José Francisco Ruiz Massieu en el edificio estatal del PRI Foto: El Sur
Israel Flores
Ciudad Altamirano
El ex gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores consideró que en el caso Ayotzinapa todavía hay muchos culpables que están libres, “y esto es muy grave”, además de que se trata de una herida abierta y que se mantendrá así hasta que no se conozca la verdad.
Este jueves el ex gobernador estuvo en Tierra Caliente, en los municipios de Cutzamala y Pungarabato, para asistir a los informes de la alcaldesa Maité Arce Jaimes y Cuauhtémoc Mastachi Aguario, respectivamente, los dos priistas.
Abordado por reporteros al finalizar el informe en Ciudad Altamirano, dijo: “Más allá del reporte al final (del caso Ayotzinapa) no resuelve lo fundamental que es saber qué pasó y donde están los estudiantes, ese es el gran pendiente. Yo creo que entre más rápido se llegue a las conclusiones de la verdad es mejor.
“Lo que tenemos que ubicar perfectamente es que en este caso no hay perdón ni olvido. Es una herida que no se ha curado, está viva y mientras no encontremos que pasó y dónde están seguramente la herida va a seguir abierta”.
Agregó que “yo creo que aún hay muchos culpables que están libres y eso es muy grave”.
Alos informes en esos municipios también asisgieron el senador Manuel Añorve Baños, el ex candidato a gobernador Mario Moreno Aarcos y el líder estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca.
Astudillo también habló acerca de las elecciones: “tenemos que hacernos una idea de qué va a ser una competencia difícil, hay que entrar en esa idea de que la misión es reconstruir este país”.
Dijo que ya comenzaron los golpeteos pero que buscarán mantener la resistencia como partido.
Este jueves se realizaron los dos informes. Por la mañana en Cutzamala, la alcaldesa Maité Arce Jaimes rindió su informe en el auditorio municipal, ante unas mil personas. Posteriormente en Altamirano, en el centro cultural, Cuauhtémoc Mastachi rindió el suyo en un auditorio para 500 personas.
Roberta Evangelista Hernández madre de David Josué Evangelista jugador del equipo de futbol Avispones que fue asesinado en los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, durante la ofrenda floral que le ofrecieran a su hijo en el estadio en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo
Suman ya nueve años de los ataques en Iguala y la madre del jugador de futbol del club Los Avispones ni siquiera sabe por qué mataron a su hijo, el niño David Josué García Evangelista, quien ahora tendría 24 años.
Ayer familiares, amigos y compañeros celebraron una ofrenda al joven conocido como El Zurdito, quien murió desangrado tras un ataque a balazos contra el autobús en el que viajaba en Iguala, a donde acudió a un encuentro con todo su equipo.
La ceremonia fue en la cancha en el polideportivo, que lleva su nombre y es la casa del equipo de segunda división Los Avispones. Otra víctima de ese día es el conductor del vehículo en que viajaban, Víctor Manuel Lugo Ortiz, de quien un andador del estadio lleva su nombre.
Hace nueve años también desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa y tres más fueron asesinados en hechos de los que no se conoce la verdad, ni se ha hecho justicia.
Aún sin el respaldo social con el que cuentan los padres de los 43, Roberta Evangelista mantiene viva la memoria de David. Cada año lo recuerda, convoca a los medios y exige justicia.
Consultada en el lugar relató que en los gobiernos anteriores andaba tocando puertas para que la apoyaran de manera económica para poder hacer una ofrenda a su hijo y el día no pase desapercibido, “y para que nos acompañaran, de ellos (los funcionarios de los gobiernos federal y estatal) nunca ha habido esa intención de apoyar, que nos busquen, que se acuerden de la fecha y vean en qué pueden ayudarnos, me gustaría más que lo económico la presencia de las autoridades”.
Demandó que tomen esta fecha como algo importante porque no fue cualquier cosa lo que pasó, fue un suceso muy lamentable que lastimó a mucha gente, y sobre todo a mí, como mamá de David”.
En cuanto a si hay avances en las investigaciones reprochó: “no hay justicia, no sabemos por qué, no sabemos qué fue lo que pasó realmente esa noche, sólo sé que mi hijo falleció por falta de atención, la ambulancia llegó más de dos horas después del suceso. Se desangró”.
Afirmó que no cesará en su lucha de exigir justicia y que tiene el respaldo de su famila, “para nosotros no hay perdón, no hay olvido”.
No hay que olvidar al Zurdito, se le planteó, y respondió, “esta fue su cancha, aquí entrenaba todos los días antes de que fuera parte de Los Avispones”.
Precisó que la actividad fue organizada únicamente por familiares, queremos que la sociedad vea que no se tiene que olvidar, no se olviden de nosotros, que la fecha sea importante para ellos, eso es lo único que pedimos.
A nueve años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres, madres y estudiantes, organizaciones y ciudadanos y ciudadanas exigieron justicia en una manifestación que marchó del Ángel de la Independencia al Zócalo Foto: Cuartoscuro
Frente a Palacio Nacional, padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos lamentaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya respondido a su petición de que el Ejército entregue los documentos sobre el paradero de sus hijos, e insistieron en la exigencia de su entrega inmediata.
En un mitin ante más de 5 mil manifestantes, con el que concluyó una marcha con motivo del noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres y madres acusaron a López Obrador de defender al Ejército, y no a la verdad y la justicia, como se comprometió.
Por medio de su abogado, Vidulfo Rosales Sierra, las madres y padres manifestaron su rechazo tajante a la narrativa sobre la desaparición de los normalistas que presentó el lunes el actual gobierno, “que no se sustenta en prueba alguna”, e incorpora elementos y datos de la mal llamada verdad histórica.
Expuso que la nueva narrativa del gobierno reduce la responsabilidad de la desaparición de los normalistas en Iguala a un ámbito local y desestima cualquier participación del Ejército mexicano.
Apoyada en un bastón, la señora Hilda Hernández, madre del desaparecido César Manuel González Hernández, aseguró que han vivido muchas mentiras respecto a las investigaciones para dar con los estudiantes, a pesar de que tenían una luz de esperanza.
“Nosotros queremos decirles que en este camino hemos visto muchas irregularidades, muchas mentiras. Pensábamos que iba a ser diferente, pensábamos que teníamos una luz de esperanza y desgraciadamente no fue así”, señaló.
Agregó que la presente administración busca brindar una nueva versión de los hechos que no comparten los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y recuerdan los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde directamente se señala la responsabilidad de las Fuerzas Armadas.
“Ellos tratan de dar una verdad, una segunda verdad histórica de la cual no estamos de acuerdo. Ahí están los expertos independientes con sus informes y en el último otra vez señalando que fue el Ejército y la Marina. Señalando que falta documentación foliada la cual no han entregado y ellos dicen que ya entregaron todo”, mencionó.
Sobre la entrega total de la información por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la señora Hilda calificó esto como una completa mentira, razón por la cual existe molestia y enojo por parte de los padres de familia.
“Eso es una reverenda mentira, por eso estamos molestos, por eso estamos enojados. No puede ser posible que cinco años perdidos otra vez, sin llegar a la verdad, sin saber el paradero de nuestros muchachos. No es válido, es injusto, no es posible que sigan protegiendo al Ejército teniendo tanta evidencia”, comentó.
Indicó que los padres y madres de los 43 no son necios y critica que no se haya podido entregar la documentación que previamente habían solicitado, y aclararon que no tienen ningún interés fuera de conocer lo que sucedió con sus hijos.
“No somos necios como el señor presidente dice. No somos necios ni nos hacemos ideas en la cabeza. Hemos sabido leer, no hay necesidad de que el nos diga que leamos, hemos aprendido y tenemos unos grandes equipos. No es posible que no nos pueda entregar esa documentación para saber qué fue lo que le pasó a nuestros muchachos y eso es lo que no entiende esa gente. Nosotros no queremos hacerle ningún daño a ningún partido a ningún color, nos interesa saber de nuestros muchachos”, insistió.
El señor Mario González, padre de César Manuel González, confesó que los padres depositaron confianza en el gobierno del presidente López Obrador y creían en un cambio, particularmente por la instrucción presidencial de otorgar información sobre el caso.
“Depositamos un poquito de esperanza en este gobierno porque creímos que de verdad iba a haber un cambio, porque creímos que al firmar un decreto presidencial íbamos a encontrar a nuestros muchachos, pensamos que firmando todas las instituciones como el general Sandoval, nos iban a entregar las respuestas que hemos anhelado durante tanto tiempo, el paradero de nuestros muchachos”, argumentó.
Aseguró que el Ejército mexicano estaba directamente involucrado con el grupo delictivo Guerreros Unidos, así como con otras organizaciones criminales del estado, y cuestionó las razones por las que no se ha entregado toda la información solicitada.
“Quién sabe a dónde fueron a parar los muchachos, pero aún así quisiéramos saber por qué tanta negación para entregarnos la información. Han de pensar que no sabemos que el Ejército mexicano está involucrado con el crimen organizado, que no sabíamos que el mismo Ejército mexicano le vendía armas a Guerreros Unidos y otros grupos del crimen organizado en Guerrero”, dijo.
Deploró que actualmente quien fue coordinador de la Policía Federal en Guerrero durante la desaparición de los normalistas, Omar García Harfuch, busque ser el próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, además de señalar que tiene nexos con el crimen organizado.
“Él estaba en la carpeta negra, su número y su nombre, del jefe de Guerreros Unidos de Sidronio Casarrubias. Qué es lo que está pasando que en vez de que lo investiguen, todavía lo protegen”, dijo el señor Mario acompañado de gritos de “asesino” entre la multitud cada que mencionaba a García Harfuch.
Por su parte el señor Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, lamentó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que desde su punto de vista, ha faltado a una de sus promesas de campaña.
“Lamentamos que la postura del presidente sea ponerse primero enfrente de esa institución y no primero ante la verdad y la justicia como él prometió en su campaña”, declaró.
Indicó que tanto él como el resto de los padres, no se van a someter ni al gobierno ni al presidente López Obrador, y reiteró que el objetivo prioritario es conocer la verdad de lo que pasó con los jóvenes.
“Nosotros queremos saber la verdad, dónde están nuestros hijos a dónde se los llevó el gobierno. Porque ellos fueron o son los que nos han arrebatado desde el 2014 a nuestros jóvenes y hoy siguen siendo los principales obstaculizadores para poder acceder a la verdad y la justicia”, puntualizó.
De igual forma, exhortó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para conocer herramientes legales para hacer frente a la postura gubernamental.
“Invitó también a los organismos defensores de derechos humanos internacionales como la CIDH, la ONU, para que veamos de qué forma podemos enfrentar a este gobierno con los argumentos legales que tenemos porque parece que él no quiere hacer el trabajo del grupo de expertos” dijo.
“No exageramos”, responde el abogado Vidulfo Rosales a AMLO
El abogado y representante legal de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que no están exagerando al comparar la nueva narrativa expuesta por el gobierno federal con la llamada verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto, contrario a lo que dijo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina.
“No estamos exagerado compañeras, compañeros. No podemos aceptar porque hasta este momento no existe ningún informe objetivo de organismo alguno que corrobore la colución entre los estudiantes y estos grupos delictivos”, afirmó.
Rosales Sierra indicó que les sorprende que en la nueva narrativa se tomen elementos de la llamada verdad histórica, misma que destacó que fue desestimada previamente.
En nombre de los padres y madres, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan planteó “rechazar de manera tajante la narrativa de hechos presentada por este gobierno. Es una narrativa que no se sustenta en prueba alguna, es una narrativa que incorpora elementos y datos de la mal llamada verdad histórica” dijo.
Reiteró que la narrativa comentada reduce la responsabilidad de la desaparición de los normalistas a un ámbito local y desestima cualquier participación que pudo llevar a cabo el Ejército mexicano.
“El presidente le ha dado respaldo a una institución que, de manera criminal, se niegan a dar una información que tiene que ver con el paradero de nuestros 43 compañeros”, señaló.
De igual forma, exigió que se les entregara de manera inmediata la información relacionada con la transcripción de una intervención telefónica donde se da cuenta de que se llevaban a 17 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 a las 10 de la noche.
“Exigimos la entrega inmediata de esa información que puede dar con el paradero de nuestros 43 compañeros, es criminal ocultar una información que puede dilucidar el paradero de por lo menos 17 compañeros, esto no es de un gobierno progresista”, comentó.
Estudiantes, organizaciones, normalistas con los padres
Encabezada por los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, este martes se llevó a cabo la marcha a nueve años de la desaparición de los estudiantes.
Empezó el recorrido en el Ángel de la Independencia, casi a las 5 de la tarde.
Más de 5 mil manifestantes de organizaciones, escuelas normales de todo el país, colectivos de desaparecidos y la sociedad en general, salieron rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.
Debido a la concentración de personas que se encontraban en avenida Paseo de la Reforma y para brindar mayor protección a los padres, se realizó un cerco con brigadistas, además de un apoyo extra de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Durante más de 4 kilómetros del recorrido, se gritaban consignas como “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “justicia”, “Ayotzi vive, la lucha sigue”, además de criticar abiertamente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por no dar resolución al caso.
De igual forma, otros grupos señalaban como responsables de la desaparición de los normalistas al ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex procurador Jesús Murillo Karam, el ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, al ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre y al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
La marcha tuvo una parada en el denominado Antimonumento de los 43, en el cruce de Reforma y Bucareli, donde los padres y madres de familia de los desaparecidos realizaron un pase de lista de sus hijos, mencionando cada uno de los nombres a los que se les respondía “presentación con vida”.
La manifestación siguió por la avenida Juárez y la calle 5 de Mayo hasta el Zócalo.
A pesar de que los manifestantes se mostraron de una manera pacífica durante toda la marcha, cerca de 40 encapuchados pertenecientes al llamado Bloque Negro, buscaron integrarse a la manifestación, pero se les negó incluirse en la misma.
Durante el recorrido, se vio que los integrantes de ese bloque vestidos completamente con prendas negras y que cubrían su rostro, realizaban pintas en camellones, vallas publicitarias y rejas de edificios, concretamente en aquellos que son oficinas públicas.
No obstante que los centros comerciales, bancos, restaurantes, oficinas gubernamentales, tiendas de autoservicio y demás negocios sobre una de las principales avenidas económicas del país, se protegieron con anticipación, los miembros de ese bloque dejaron destrozos en esos lugares.
Tal fue el caso del restaurante Sonora Grill, que se encuentra paralelo al Antimonumento y es al aire libre. A pesar de que existían comensales en el lugar, los encapuchados rompieron vidrios, pantallas y lanzaron piedras al lugar con el argumento de que se trataba de una cadena “racista”.
El Hotel Imperial, en pleno paseo de la Reforma, también quedó con cristales rotos. Misma situación para la plaza WeWork 26, que a pesar de tener una barrera de protección, cayeron piedras en una cafetería de la cadena Tierra Garat.
Al llegar al Zócalo de la Ciudad de México, durante la celebración del mitin por los nueve años, se escucharon dos detonaciones, mismas que fueron causadas por dos objetos lanzadas sobre la barrera que cubría Palacio Nacional, pero se pidió que se mantuviera la compostura y no pasó a mayores.
Por las pedradas no se reportó ninguna persona afectada y sólo se tuvieron daños materiales. Las pintas con mensajes se dieron desde antes de la marcha, concretamente en la estación del metro Balderas, donde un grupo buscaba utilizar el servicio público pero debido a la saturación del mismo, no les era posible. Al concluir la marcha y el mitin, los padres y los estudiantes regresaron al plantón que mantienen en el Campo Militar Número 1.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirma en su informe, para la reunión de autoridades federales con los padres y madres de los 43 normalistas, que la información que ahora requieren no obra en los archivos del Ejército y que mejor se le pregunte directamente al integrante de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Gil, ahora testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), y líder del grupo criminal Guerreros Unidos.
El documento firmado por el secretario Luis Cresencio Sandoval González consta de 49 páginas con documentos anexados y está dirigido como carta “Para la fina atención del presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas”.
Se afirma que se “ha dado la máxima apertura” a la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) del gobierno federal, y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Agrega que esta apertura también ha sido para las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos “quienes accedieron personalmente a instalaciones militares, a los archivos disponibles y los que ellos mismos solicitaron”, por lo que “les debe constar a ellos que la documentación que ahora solicitan, no obra en los archivos de los organismos de esta Secretaría”.
Los documentos con los números CRFI/687, CRFI/695, CRFI/1194, CRFI/1363 y CRFI/1375 son los que los familiares de los 43 dicen que no recibieron, pero el Ejército afirma en la carta que sí, se anexan en la carta y son “La revisión de un taxi procedente del Estado de México por la Policía Estatal o Municipal de Iguala, Gro., identificando al conductor como oficial retirado del Ejército”; y “El alertamiento sobre detonaciones de arma de fuego en el área urbana del Municipio de Iguala, Gro”.
Los otros documentos son “Una presunta conversación entre personas desconocidas de actos de inseguridad en Iguala, Gro., probablemente por los hechos del 26 de septiembre de 2014”; y “Una presunta conversación donde se realizan comentarios relacionados con los hechos ocurridos en Iguala, Gro”.
El último documento del que la Sedena dice que sí entregó y los padres dicen que no es la “Información sobre un grupo de personas inconformes que llegaron a bordo de 4 autobuses a la Plaza Tamarindos en Iguala, Gro. y realizaron actos vandálicos”.
La carta del titular de la Sedena resalta que “la principal exigencia de dichos documentos versa sobre la necesidad de conocer de manera completa la conversación donde un miembro del grupo criminal “Guerreros Unidos” de nombre Gildardo López Astudillo, instruye al Subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Gro. Francisco Salgado Valladares le haga entrega de 17 estudiantes en un lugar determinado”.
Entonces “se considera que el propio López Astudillo puede proporcionar mayor informa-ción, en virtud de las conver-saciones (Mensajes/Chats) proporcionadas por la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en ingles), en los cuales se advierte que López Astudillo fue uno de los orquestadores y autores materiales de la desaparición de los estudiantes”.
La carta enumera el acceso a los archivos durante las visitas del GIEI y la CoVAJ a diversas instalaciones de la Sedena, entre ellas la IX Región Militar, en Cumbres de Llano Largo, y la 27 Zona Militar en Pie de la Cuesta, ambas en Acapulco; también fueron al 50 Batallón de Infantería, en Chilpancingo y al 27 Batallón de Infantería en Iguala. En total son 18 mil 845 fojas revisadas.
También se informa que han comparecido 51 militares, entre ellos 8 Generales, 4 Jefes, 6 Oficiales y 33 elementos de tropa, ante la FGR. Además, el Ejército ha apoyado 96 planes de búsqueda en diferentes puntos de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco, Eduardo Neri, Cuautepec y San Miguel Totolapan.
En el documento se recuerda que en el informe de la CoVAJ señala como “presuntos responsables” de la desaparición de los 43 al General José Rodríguez Pérez, Capitán José Martínez Crespo, Subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, el soldado Eduardo Mota Esquivel y Teniente Francisco Macías Barbosa, de este último el juez no le emitió orden de aprehensión.
El 14 de septiembre de 2022 se cumplió una orden de aprehensión en contra de un General por delincuencia organizada, así como de un Oficial y uno de Tropa por delincuencia organizada y desaparición forzada, “el primero porque presuntamente según un testigo protegido tenía relación con miembros del grupo criminal”.
Los demás son presuntamente “omisos al no haber evitado la desaparición de los estudiantes, cuando encontrándose de servicio acudieron al hospital “Cristina” por la probable presencia de personas armadas, y por ningún motivo por haber participado directamente en los hechos en que desaparecieron los estudiantes; proceso que aún continúa hasta que se defina lo que conforme a derecho corresponda”.
Dos días después se cumplió otra orden de aprehensión en contra de un Oficial y el 20 de junio de 2023 se cumplió orden de aprehensión contra un oficial y 7 de tropa en activo por desaparición forzada por el mismo dato del hospital Cristina.
Francisco Magaña / Brenda Escobar / Karina Contreras / Redacción
Atoyac / Zihuatanejo / Acapulco / Iguala
El mitin de directivos, maestros y alumnos de la Preparatoria Popular de El Quemado en el Zócalo de Atoyac Foto:?Francisco Magaña
Directivos, maestros y alumnos de la Preparatoria Popular de El Quemado realizaron un homenaje en el Zócalo de Atoyac para recordar el noveno aniversario de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala y el asesinato de tres de ellos.
En el evento, donde también estuvieron el Frente Progresista Guerrerense y la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), se hicieron honores a la Bandera y se entonaron canciones alusivas al ataque contra los estudiantes, que calificaron como un trágico evento que estremeció al país.
Los manifestantes exigieron justicia en el caso y se sancionar a los responsables.
Lamentaron que esté por concluir la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador sin que hasta la fecha se haya encontrado a los estudiantes.
Por el contrario, señalaron que el gobierno ha hostigado y reprimido a los padres de los 43 y defendido al Ejército para que no se sepa la verdad.
Al término del evento los manifestantes se trasladaron al antimonumento en la localidad de la Y Griega sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo
En ese mismo lugar por la tarde las organizaciones Frente de Defensa Popular Francisco Villa, Afadem y Raiz Zubia hicieron un encendido de 43 velas en honor a los normalistas desaparecidos.
Exigieron su presentación con vida y castigo a los responsables, que lamentaron, están siendo exonerados.
Organizan maestros activos y jubilados un mitin por los 43 desaparecidos en Zihuatanejo
En Zihuatanejo, maestros activos y jubilados de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), así como profesores egresados de la normal rural de Ayotzinapa, participaron en un mitin frente al antimonumento de los 43, ubicado en las inmediaciones de la Fuente del Sol, para recordar a los normalistas desaparecidos hace nueve años.
Este martes, poco después de la 1 de la tarde, bajo los intensos rayos del sol, los maestros iniciaron con el mitin que tuvo cinco oradores, quienes coincidieron en que la sociedad guerrerense no debe olvidar esta fecha histórica, en la que un grupo de estudiantes normalistas fueron víctimas “de la maldad, la opacidad, la injusticia y la sinrazón”.
Los maestros fueron convocados por el dirigente municipal de la CETEG en Zihuatanejo, Martín Maldonado Arcos, y unas 70 personas respondieron a esa convocatoria.
El maestro Miguel Ángel Adame Bello, ex director de la primaria Vicente Guerrero, sostuvo que “decir nos faltan 43, es solamente un número que se suma a tantos otros que han desaparecido y no tenemos noticias de ellos. Cuando decimos ‘ni perdón ni olvido’, corremos el riesgo de que estas acciones se normalicen y que esta desaparición de jóvenes se hagan parte de la cotidianidad, nada más falso que esa mentira”.
Luego, vino al micrófono la maestra Mildred Martell Jiménez, quien señaló que “hoy no es una fecha cualquiera, los días 26 y 27 de septiembre tienen que ser conmemorados como una verdad que tenemos que tener presentes los guerrerenses, para levantar la voz, porque si a estos 43 normalistas les arrebataron la vida por una injusticia, con aquella verdad diciendo que fue narcotráfico, no lo podemos seguir permitiendo”.
Indicó que los maestros deben continuar concientizando al pueblo de Guerrero, “sensibilizarnos por los problemas sociales que tiene nuestro estado y los normalistas no son la excepción. Hace ocho años que no hemos tenido una sola verdad de lo que sucedió y podemos decirlo con todas las palabras: ‘Fue el estado’”.
Maestros activos y jubilados pertenecientes a la CETEG en Zihuatanejo, llevaron a cabo un mitin en el antimonumento a los 43 Foto: Brenda Escobar
“El estado no quiere y no permitió que la gente de Guerrero levante la voz, ante tantas injusticias que nos han cometido, que hoy somos merced de la impunidad y que hoy no estamos luchando por los derechos que estos normalistas querían: una educación digna, una educación que me permita tener libertad, que trascienda los muros de la escuela, que trascienda en una sociedad libre y justa y aquella persona que levanta la voz es tildada, y en Guerrero, es aniquilada”.
El profesor Raúl Román Román declamó una poesía en memoria de los normalistas desaparecidos y, luego, los ahí presentes entonaron el canto Venceremos, con el que se dio por concluido el mitin.
Exige el FPG al presidente López Obrador
dar solución a los padres de los 43 normalistas
Integrantes del Frente Progresista Guerrerense (FPG), realizaron un acto para conmemorar el noveno aniversario de la desaparición forzada de los 43 años de la desaparición de los normalistas, donde pidieron al gobierno federal dar respuesta a los padres de los estudiantes.
Al acto en el antimonumento de los 43 en la Vía Rápida se reunieron unas 50 personas, entre ellos el luchador social Eloy Guillén Cisneros, para exigir justicia y la presentación con vida de los estudiantes normalistas.
A nombre de los integrantes del Frente, el maestro de la escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Uriel Leal Ramírez dijo que no podían dejar pasar desapercibido la conmemoración de dichos acontecimientos.
“Como equipo repudiamos la violencia venga de donde venga y se ejecute contra quien se ejecute. Hace nueve años comenzaba a escribirse una tarde negra, un acontecimiento vergonzoso porque se comenzaba a escribir una historia aberrante donde 43 jóvenes, con muchas ilusiones, estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa estaban siendo ilegalmente detenidos, ilegalmente secuestrados y eso, obviamente, vino a marcar una antes y un después en la historia de nuestra entidad que desafortunadamente ha estado marcada por la sangre de muchos guerrerenses que han dado su vida por tener mejor condiciones de vida”.
Indicó que los hechos de los 43 fue un hecho aberrante, vergonzoso: “Exigimos al Estado mexicano dé una respuesta positiva a los padres”, y señaló que han circunstancias que han hecho que no haya una “credibilidad por partes de las familias de los estudiantes y haya duda. En un gobierno que se dice de Cuarta Transformación debe haber mucha transparencia, no importa caiga quien caiga, pero aquí no se puede seguir cubriendo o cuando menos, porque cuando menos esa es la percepción de la ciudadanía, de que por parte del gobierno hay una especie de encubrimiento a los militares”.
Leal Ramírez dijo que desde ese antimonumento a los 43 exigen al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador que “dé una respuesta transparente porque la sociedad lo exige y además se castigue a los autores intelectuales y materiales que están atrás de este acto”.
Indicó que seguirán acudiendo todos los años que sean necesarios hasta que se esclarezcan los hechos y haya justicia para los normalistas y sus familias, que haya esclarecimiento, castigo y no exista impunidad, “porque ese es un gran problema que tenemos en México”.
Agregó que cuando hay impunidad sencillamente no hay justicia y “eso no lo podemos seguir permitiendo”.
Suspenden actividades hoy el Ayuntamiento de Iguala y negocios locales para evitar conflictos
Ante la convocatorias para manifestarse por el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el Ayuntamiento de Iguala suspendió labores para hoy miércoles, mientras que algunos negocios locales y centros comerciales bajaron sus cortinas, para no ser víctimas de actos vandálicos.
A la suspensión de actividades y de labores se sumaron desde el martes pasado, varias escuelas de nivel básico y medio superior de la ciudad, avalada por un comunicado de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
De manera verbal, se les informó a los más de mil 600 trabajadores de presidencia, síndicos, regidores, secretarios, directores y jefes de área, sobre la suspensión de labores para evitar cualquier confrontación, ante las protestas que están programadas para hoy, reanudando el próximo jueves 28 de septiembre.
Algunos negocios locales del primer cuadro del centro de la ciudad, mercado y centros comerciales de esta ciudad bajaron sus cortinas este martes y abrirán hasta el jueves, para evitar saqueos y robos. También se reportó que la actividad comercial se redujo hasta en un 50 por ciento.
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, declaró días inhábiles el 26 y 27 de septiembre para los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que laboran en la Zona Norte y Tierra Caliente, en previsión de las protestas anunciadas por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa con motivo del noveno aniversario de los crímenes de Iguala.
En esta ciudad también se suspenderán clases en escuelas de nivel básico y algunas preparatorias “por indicaciones” de la Secretaría de Educación de Guerrero.
En Iguala desde hace tres semanas se colocan protecciones en las ventanas del Palacio de Justicia. reforzaron los accesos e hicieron una zanja frente a las instalaciones supuestamente para la introducción de drenaje y agua potable, afectando la línea principal que dejó por un par de días sin agua al 80 por ciento de los igualtecos.
Cierre de juzgados, salas
y unidades administrativas
“Este pleno del Consejo de la Judicatura Estatal determina declarar inhábiles los días 26 y 27 de septiembre”, se lee en la circular 41/2023.
La medida aplica para todos los trabajadores de los distritos de Aldama (Apaxtla, Cuetzala, General Canuto A. Neri, Pedro Ascencio de Alquisiras y Teloloa-pan), así como el de Cuauhtémoc (Ajuchitlán, Arcelia, San Miguel Totolapan y Tlapehuala).
Asimismo, el distrito de Hidalgo, que incluye los municipios de Atenango del Río, Bue-navista de Cuéllar, Cocula, Copa-lillo, Huitzuco, Iguala y Tepecoa-cuilco. Además el de Mina, que incluye Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, Tlalchapa, Pungarabato, y Zirándaro.
Prevén “actos vandálicos”
La circular va dirigida a todos los titulares de los órganos jurisdiccionales (juzgados y salas) y unidades administrativas situados en el Palacio de Justicia de Iguala.
“Ante la eventualidad de que el inmueble denominado Palacio de Justicia Iguala sea objeto de actos vandálicos derivado de diversas protestas que diversas organizaciones sociales llevarán a cabo en esta localidad los días 26 y 27 de septiembre con motivo del noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y que ello pueda traducirse en riesgos a la integridad física de los empleados y usuarios del servicio de justicia, este pleno determina decretar inhábiles los días 26 y 27 de septiembre”, refiere el acuerdo.
El documento agrega que, por tanto, estos días no correrán términos y plazos en materia civil, familiar y laboral, a excepción de la materia penal en donde se realizarán guardias, “ya que las concernientes actuaciones pueden practicarse a toda hora aún en los días feriados en virtud de la improrrogabilidad de términos”.
El acuerdo lo firma el secretario general del Consejo de la Judicatura, Celso Ubaldo de la Sancha.
La Ciudad Judicial ha sido objeto de diversas manifestaciones por parte de los estudiantes debido a que un video grabado por cámaras de vigilancia de circuito cerrado sobre el ataque fue borrado por órdenes de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín, quien declaró que el material fue destruido por cuestiones técnicas, lo que ha generado molestia e inconformidad de los padres de familia y estudiantes.
Escuelas
En tanto, directivos de jardines de niños, primaria, secundarias y algunas preparatorias del municipio de Iguala, suspenderán clases los días martes y miércoles cómo medida preventiva por las actividades programadas que realizarán en la conmemoración del noveno aniversario del ataque y desaparición de los 43 normalistas
A través de sus páginas oficiales de redes sociales y en grupos de WhatsApp comunicaron: “por indicaciones de la Secretaría de Educación, se suspenden las labores escolares los días martes y miércoles, reanudando el jueves 28 de septiembre”.
El centro de Atención Infantil 6, la primaria Andrés Figueroa y las secundarias Jaime Torres Bodet, Jesús Reyes Heroles, la secundaria técnica 213, “Bandera Nacional”, el Benemérito de las Américas.
Así como el CBTIS 56 y la preparatoria 32, esta última supuestamente por la toma del rector de la universidad qué será el miércoles 27 de septiembre del año en curso.
Normalistas frente a la Puerta 1 del Campo Militar 1 antes de que comanzara el plantón encabezado por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala hace nueve años Foto: Juan Luis Altamirano
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, acompañados de sus representantes, y estudiantes normalistas, instalaron un plantón frente al Campo Militar Número 1 en la Ciudad de México.
En un mitin realizado frente a la Puerta 1 dl campo, minutos antes de las 2 de la tarde, los padres y madres, acompañados de cerca de 500 estudiantes normalistas, anunciaron que el plantón será indefinido hasta que el Ejército les entregue los archivos relacionados con la búsqueda de los 43.
“La actividad de este día, en este Campo Militar Número 1, se debe a que el Ejército mexicano a la fecha no ha entregado toda la información. Por eso se hace esta actividad, en la que los padres y madres del movimiento de los 43, instalarán un plantón en este espacio”, dijo el abogado Isidoro Vicario Aguilar.
Ante la llegada de los manifestantes, se observó que detrás de las puertas del Campo Militar se instalaron barricadas, alambres de púas, además de la presencia de militares que estaban resguardando el recinto.
De acuerdo con el abogado y representante legal de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, realizarán actividades diarias durante el plantón en las instalaciones de la institución militar.
“Aquí vamos a estar y vamos a estar teniendo actividades diarias. La invitación es que puedan acompañarnos, de aquí vamos a salir a hacer otras actividades y regresamos, esa va a ser la dinámica de todos los días”.
Sobre el orden o plan de actividades que tienen para los próximos días, Vidulfo Rosales afirmó que son decisiones que se tomarán día con día y aceptando que la condicionante para levantar el plantón es el acceso a la información requerida, y “si mañana nos entregan pues nos vamos”.
El vocero de los padres y madres, Melitón Ortega, indicó: “Nuestra instalación acá va a ser permanente, no sabemos para cuándo pero aquí vamos a mantenernos”, y se le preguntó si existía la posibilidad de levantar el plantón después de la reunión del día 25, y dijo que “todavía no sabemos,va a depender de la información que vamos a tener después de ir a la reunión el día lunes, el plantón se va mantener, de manera indefinida”, comentó.
Ortega señaló que el plantón frente al Campo Militar Número 1 les funcionará como un centro de operación para continuar con sus actividades previamente programadas, señalando que el fin de semana se realizarán actividades culturales.
“Aquí va a ser el centro de operación, de aquí vamos a mover para hacer diferentes actividades que ya tenemos programadas, incluso para ir a la marcha nacional del día 26, de aquí va a partir la salida de los padres. Las actividades que siguen se mantienen, se van a realizar”.
Sobre un posible temor de que los militares realicen acciones en contra de los manifestantes, Melitón Ortega destacó que no acuden con una actitud de confrontación, sino por una necesidad debido a un planteamiento que no se les ha cumplido.
“Nosotros no venimos a confrontar a los elementos de este Campo Militar Número 1, nosotros venimos aquí a decirle a las autoridades militares que tienen una responsabilidad, que tienen un compromiso que han estado negando de proporcionar la información, a eso venimos, no a confrontarlos”.
Insistió en que la petición de los padres de familia de los normalistas desaparecidos y sus representantes, es la información reservada de la inteligencia militar del 27 Batallón de Infantería, y aclaró que le han indicado al presidente Andrés Manuel López Obrador, que la información entregada está parcializada.
“Información reservada de la inteligencia militar del 27 Batallón de Iguala, esa es la información que queremos. De manera parcial se ha dado la información, se ha dado, se le ha dicho al Presidente que queremos información y se ha dado. Pero de esa información, de ese expediente, surgen nuevas líneas”.
Sin verdad no puede haber ninguna transformación, dicen en mitin
Durante el mitin, la señora Cristina Bautista, madre de Benjamín Asencio Bautista, indicó que la presencia de los padres frente a las instalaciones del Campo Militar Número, es para exigir directamente al Ejército que entregue la información requerida, a pesar de los dichos del presidente López Obrador.
“Estamos aquí para exigirle al Ejército mexicano que nos entreguen esos documentos que hacen falta. Aunque nos ha dicho el presidente de la República Mexicana, que tuvimos una reunión ayer, donde dice que ya se entregó todo, que no hace falta nada”.
Por su parte Mario González, padre de César Manuel González, llamó “cobardes” a los elementos del Ejército que estuvieron involucrados en la desaparición de sus hijos y reclamó que López Obrador niegue que hace falta información sobre el caso.
“El presidente de la República dice que ya no hay información, que se entregó todo. No es verdad señor presidente, se lo dije ayer, tal vez no estemos de acuerdo pero el chiste no es estar de acuerdo, sino presentar pruebas”.
Añadió que no puede existir una Cuarta Transformación si no se llega a la verdad y que el objetivo primordial es conocer lo que realmente pasó con sus hijos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Este miércoles, tras sostener una reunión con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, Vidulfo Rosales Sierra hizo referencia que el Ejército detectó una intervención telefónica donde se cuenta que la noche del 26 de septiembre de 2014, se llevaban a 17 estudiantes.
“Se obtuvieron varios documentos, esos documentos dan cuenta de cómo el Ejército mexicano intervino. Pero particularmente hay una intercepción telefónica que hizo el Ejército mexicano que da cuenta que se están llevando 17 estudiantes el día 26 de septiembre a las 10 de la noche. Estamos interesados en que esa información faltante hoy en día se nos pueda entregar”, agregó Rosales.
Este lunes 25 de septiembre, los padres y sus representantes sostendrán una reunión con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en la que se les brindará una respuesta a la petición de información.
