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Hubo 12 mil 590 desplazados por la inseguridad en Guerrero de 2009 a 2014, informa el Inegi

En Guerrero, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 117 mil 365 personas que se han desplazado a otros estados, de los que 12 mil 590, el 10.7 por ciento, lo hicieron a causa de la violencia y la inseguridad.
Con motivo del Día Internacional del Migrante, el Inegi publicó este miércoles datos de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Enadid) 2014, que señala que, de 2009 a 2014 se desplazaron 185 mil 936 personas a causa de la inseguridad o la violencia en México.
Además, indica que seis de cada 100 personas cambiaron de estado por el mismo motivo. Los estados con más desplazamientos por inseguridad o violencia son, en primer lugar Tamaulipas, con 41 mil 47 personas desplazadas; en segundo lugar Chihuahua con 26 mil 519; la Ciudad de México, con 22 mil 904 desplazados; el Estado de México, con 18 mil 856; y Guerrero, en quinto lugar, con 12 mil 590.
Los datos del Inegi revelaron que en el país, un total de 2 millones 894 mil 229 personas migraron a otros estados de 2009 a 2014, por distintos motivos; el mayor porcentaje, 1 millón 317 mil 883 personas (45.5 por ciento) se reunieron con otros familiares; en busca de trabajo cambiaron de estado 492 mil 369 personas (17 por ciento); por cambio de trabajo, 299 mil 482 personas (10 por ciento); por estudios, 216 mil 750 personas (7 por ciento); por inseguridad y violencia, 185 mil 936 desplazados (6.4 por ciento); 368 mil 179 (12.7 por ciento) se desplazaron por otra causa; y 13 mil 630 (0.5) dijeron que no saben.
En Guerrero, del total de 117 mil 365 desplazados, 44 mil 638 (38 por ciento) lo hicieron para reunirse con sus familias; 29 mil 405 (25.1 por ciento) en busca de trabajo; 14 mil 324 (12.2 por ciento) para estudiar; 10 mil 556 (9 por ciento) cambio de trabajo; 12 mil 590 (10.7 por ciento) por la inseguridad o violencia, 5 mil 670 (4.8 por ciento) por otra causa y 182 personas (0.2 por ciento) no sabe.

Los casos consignados en Guerrero

El desplazamiento en Guerrero mantiene a familias desterradas de sus comunidades. El 5 de junio del 2014, 250 personas de las comunidades de Santa María Sur y El Barroso se trasladaron hacia Ajuchitlán del Progreso, de donde se mudaron a Iguala, Cuernavaca, Guadalajara, Colima, el Estado de México y Acapulco, para alojarse con familiares o amigos; otras 96 viven en Chilpancingo.
Luego de que el 9 de agosto de 2013 un grupo de delincuentes encabezó una agresión armada en la comunidad San Juan Tehuehuetla, 80 familias de la parte serrana del municipio de San Miguel Totolapan se refugiaron en Tecpan de Galeana.
En agosto del 2013, 35 familias desplazadas por la violencia de la comunidad de Las Chascuitas, San Miguel Totolapan, llegaron a Acapulco y estuvieron refugiadas en las instalaciones de la Arquidiócesis, después no se supo adónde fueron asentadas.
Desde el 2 de diciembre de 2012, 14 familias desplazadas de La Laguna, Coyuca de Catalán viven en la comunidad de La Unión, Ayutla. Las familias fueron desplazadas de sus tierras por delincuentes que mataron a unos 30 de sus integrantes entre 2005 y 2012, según datos del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.

Asesinan a un hombre de dos balazos, en Cerro Gordo, Ayutla

Un hombre fue asesinado de dos balazos en la comunidad de Cerro Gordo, en el municipio de Ayutla, cuando trabajaba en una parcela.
Según el informe de las autoridades, después de las once de la mañana las autoridades recibieron reportes de disparos contra un hombre en la comunidad de Cerro Gordo, en el municipio de Ayutla.
Los policías se trasladaron a la comunidad y encontraron en una parcela junto a un camino de terracería, el cuerpo de un hombre tirado boca arriba.
La víctima recibió dos disparos en el abdomen, y fue identificada por sus familiares como Víctor de 66 años.
Se informó que las diligencias legales no se llevaron a cabo debido a que los familiares de la víctima se llevaron el cuerpo a su casa y no permitieron que las autoridades lo trasladaran al Servicio Médico Forense (Semefo).

El gobierno, detrás del asesinato de los comunitarios de Tixtla, señala Arturo Campos

El promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de El Paíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera, dijo que el gobierno continúa creando “terror” en contra del sistema de seguridad comunitaria, y convocó a seguir defendiéndolo porque “sólo buscamos la paz para el pueblo”.
En una llamada a la redacción de El Sur, Campos Herrera, a cinco días de cumplir dos años preso en el penal de Ayutla, declaró que “no conforme con fabricar los delitos para poder tener encarcelados a inocentes, ahora el gobierno se disfraza de delincuente, embosca y asesina a cuatro policías comunitarios de Tixtla”.
Criticó que el gobierno pone retenes de vigilancia y revisión, y decomisa resorteras a los normalistas de Ayotzinapa, y preguntó: “¿Esos artículos que utilizan para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos son más peligrosos que las armas de los delincuentes?”.
Luego, en alusión al hecho de que los asesinos de los cuatro policías comunitarios se desplazaban en una decena de camionetas con armas de alto poder sin impedimento alguno por parte de la autoridad, dijo que “a ellos no les ponen filtros para pasar con las armas”.
“Estamos seguros que el gobierno está detrás, para crear inestabilidad y justificar la presencia del Ejército y la Marina, porque al gobierno no le gusta cómo nuestro sistema de seguridad comunitaria puede ser más eficaz que su propia policía”, expresó Arturo Campos, y aseguró que donde hay presencia de la CRAC-PC han bajado los índices delictivos.
“Por eso dentro de la cárcel convoco a las organizaciones sociales, de derechos humanos, maestros y pueblo a que debemos seguir organizados para defender el sistema comunitario, todos estamos luchando por el mismo fin, la paz para el pueblo”, expresó Campos Herrera.

Suman 174 asesinatos en Guerrero en el primer mes del gobierno de Héctor Astudillo

Al cumplir un mes de la administración del gobernador priista Héctor Astudillo Flores han ocurrido 174 asesinatos en el estado.
De acuerdo con un recuento del periódico El Sur, los municipios en los que han ocurrido más asesinatos son Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Iguala, Leonardo Bravo (Chichihualco), Cuajinicuilapa y Tixtla.
Asimismo, ha habido asesinatos en San Miguel Teloloapan, San Miguel Teloloapan, Ajuchitlán del Progreso, Atoyac de Álvarez, La Unión, Coyuca de Benítez, Zumpango, Tepecoacuilco, Atenango, Ayutla, Zitlala, Quechultenango, Coyuca de Catalán, Huitzuco, Copala y Pungarabato.
La violencia en Guerrero se ha recrudecido contra mujeres, niños y adolescentes, activistas y familiares de policías, abogados, choferes, maestros, estudiantes y ex policías, así como contra policías comunitarios.
Al iniciar la administración de Astudillo Flores, en conferencia de prensa en Acapulco, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong anunció una nueva estrategia de seguridad para Guerrero, que sería coordinada por el comandante de la Novena Región Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández.
El 4 de noviembre, el comisario de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), Joaquín Romero Ríos, y su secretario Víctor González Luna fueron emboscados y asesinados por hombres armados en el camino de terracería Puentecillas-Polixtepec.
Después, el viernes 6 de noviembre, en la comunidad de Polixtepec hubo una balacera de siete horas que dejó heridos a siete policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y tres muertos del crimen organizado que opera en la zona.
El jueves 12 de noviembre, policías ciudadanos de la UPOEG se enfrentaron a balazos contra unos 500 sicarios que vestían uniformes tipo militar y armamento de grueso calibre en la comunidad de El Naranjo, en Leonardo Bravo. Tras esta acción, 15 policías ciudadanos estaban desaparecidos; después, uno de ellos fue hallado muerto; otro continúa desaparecido.
La medianoche del domingo, hombres armados irrumpieron en Polixtepec y asesinaron a cuatro vecinos: una mujer adulta y tres de sus hijos, entre estos una mujer. También incendiaron tres casas y se llevaron a dos hombres, uno de ellos era pareja y padre de las víctimas.
El 10 de noviembre, hombres armados asesinaron a 12 personas, entre ellas una mujer y dos menores de edad, y dejaron heridas a cinco en un ataque a balazos a un taller mecánico que fue habilitado para peleas de gallos clandestinas en Cuajinicuilapa.
Asimismo, ese día en la comunidad de Tetitlán de Limas, municipio de Chilapa, tres hombres, una niña, un niño y una mujer fueron asesinados en una incursión de civiles armados; cinco víctimas eran familiares del ex secretario de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto González.
La madrugada del miércoles cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a balazos contra una Urvan del transporte público cerca de la comunidad de Atzacoaloya.
El jueves de esta semana, hombres fuertemente armados emboscaron y asesinaron a cuatro policías comunitarios de la Casa de Justicia La Patria Es Primero, del barrio de El Fortín, de Tixtla.
El martes, al asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de las Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, en su discurso, el gobernador Héctor Astudillo Flores subrayó que debe cambiar la situación de violencia que se vive en el estado y que incluso hablará, “con el propio presidente de la República (Enrique Peña Nieto), o con el secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) para decirles lo delicado de la situación de Guerrero y lo importante y oportuna que debe ser su intervención nuevamente en Guerrero”.

No se ha ocupado el mercado nuevo de Ayutla inaugurado en enero de 2014

A un año y 10 meses de su inauguración, el nuevo mercado de Ayutla sigue sin ser ocupado por comerciantes, quienes se mantienen en las calles del centro de la ciudad. El mercado fue inaugurado por el defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero en enero de 2014.
Ayer en un recorrido se observó que el inmueble se encuentra abandonado, la placa de inauguración aún conserva una cortinilla beige, donde se puede leer: “inauguración del mercado municipal Plan de Ayutla, enero de 2014”.
El mercado cuenta con 370 locales y de acuerdo a información del gobierno del estado la obra costó 48.2 millones de pesos, y la entrega de los locales sería de forma gratuita a los “auténticos comerciantes”; pero la entrada del inmueble se encuentra cerrada.
Por su parte, los comerciantes y locatarios del mercado Primero de Marzo, ubicado en el centro de Ayutla, dijeron que el ex presidente municipal Severo Castro se había comprometido a entregar los locales y no cumplió, y la actual administración de su esposa postulada por el PRI-PVEM, Hortensia Aldaco Quintana no ha informado cuándo los entregará.
Algunos comerciantes manifestaron que el mercado se encuentra a las afueras del pueblo y temen que las ventas bajen. Por su parte, el área de comunicación social del Ayuntamiento dijo que hay “algunos detalles” por terminar en el inmueble, pero no precisó cuáles.
La madrugada del 11 de octubre, 20 locales del mercado Primero de Marzo resultaron afectados por un incendio provocado, según informó Protección Civil municipal. Ayer en un recorrido se observó que los locales fueron nuevamente ocupados por sus dueños.

Presiona la alcaldesa de Ayutla a comisarios para impugnar la consulta, denuncia el MPG

El Movimiento Popular Guerrerense (MPG) de Ayutla denunció que la presidenta municipal del PRI-PVEM, Hortensia Aldaco Quintana, presiona a comisarios de comunidades para que firmen un documento donde rechazan la elección por usos y costumbres, con el fin de impugnar los resultados de la consulta realizada.
El integrante de la organización, José Luis Salgado, que apoyó a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en la consulta, expresó que los documentos serán utilizado por la presidenta para impugnar el proceso de consulta que se realizó en el municipio.
Vía telefónica, el representante del MPG informó que tras el triunfo de las asambleas donde se eligió la elección de las autoridades municipales por el método de usos y costumbres, la alcaldesa ofrece hasta diez mil pesos para que los comisarios digan que no estuvieron de acuerdo en la elección del método.
Los días 10, 11, 17 y 18 de octubre se realizaron asambleas en las comunidades del municipio. El 20 de octubre el asesor legal de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero, informó que los resultados finales fueron 5 mil 987 votos para el sistema normativo propio o por usos y costumbres, y 5 mil 521 votos a favor del sistema de partidos políticos.
José Luis Salgado dijo que en las colonias de la cabecera, donde los representantes de los asentamientos estuvieron a favor de la elección del sistema comunitario, la presidenta Aldaco Quintana inició un proceso de renovación de los delegados, como ha ocurrido en las colonias La Villa, San José y Barrio Nuevo. En este última colonia la presidenta impuso como representante a la esposa del síndico Noé Morales.
Por otra parte el representante del MPG informó que no hay acuerdos con la actual presidenta para la entrega del Ayuntamiento, cerrado desde el 19 de octubre del 2014 como parte de la lucha para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Informó que buscan un acercamiento con el gobernador Héctor Astudillo Flores para buscar una solución a las denuncias penales contra integrantes de la organización en Ayutla, acusados de atentar contra la sede del Instituto Nacional Electoral del distrito 08 durante las protestas antes de las elecciones del 7 de junio pasado.

Estudiantes de la Secundaria Plan de Ayutla temen perder el ciclo escolar

Piden a Pano Cruz que intervenga

 

No tienen clases regulares desde hace nueve meses por un conflicto entre maestros cetegistas e institucionales

Estudiantes de la Escuela Secundaria General Plan de Ayutla, quienes reciben clases “irregulares” desde hace nueve meses por el “conflicto” laboral entre cetegistas e institucionales, pidieron ayer al secretario de Educación, Daniel Pano Cruz, que intervenga, porque el ciclo escolar está en “riesgo de perderse”.

La estudiante de la Plan de Ayutla –localizada en Ayutla de los Libres–, Vania Zulema Segura García, en conferencia de prensa expuso que a los alumnos de ese centro educativo “nos preocupa que a más de nueve meses en que los maestros tuvieron un conflicto laboral, sólo recibamos irregulares y que en lugar de maestros, sean secretarias, prefectos y barrenderos quienes nos den clases”.

El conflicto comenzó desde el 11 de septiembre del año pasado, cuando los maestros institucionales junto con padres de familia tomaron de manera parcial la escuela para exigir –según se dio a conocer en su momento– la salida de maestros acusados de corrupción y acoso sexual.

Mientras que la versión de los cetegistas –a quienes les impidieron la entrada a la escuela– es que los institucionales pararon labores porque “nosotros nos opusimos a la imposición de un nuevo maestro que querían meter sin cubrir el perfil”.

Acompañada por estudiantes, padres de familia y maestros cetegistas, Segura García       dijo que en la escuela se vive un “clima tenso” porque los alumnos que “no apoyamos a los maestros institucionales, somos hostigados y amenazados”.

Dijo que incluso hay maestros como Daniel Vargas, Roberto Gómez y Ruth Peralta, quienes “nos corren de la escuela porque no los apoyamos, pero no nos vamos a ir porque esa es nuestra única opción”.

Luego pidió al titular de la SEG, para que intervenga, ya que en nueve meses “tenemos clases irregulares, además los supuestos maestros no saben enseñar, sólo nos tiene encerrados para aparentar que hay clases, pero no es así y creemos que el ciclo escolar está en riesgo de perderse si no interviene la autoridad“.

Demandan padres de secundaria de Ayutla que la SEG envíe 19 maestros

 

 Cumple la escuela siete meses en paro parcial

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

En el primer día de clases luego del periodo vacacional, padres de familia que desde hace siete meses mantienen tomadas de manera parcial las instalaciones de la escuela secundaria Plan de Ayutla –ubicada en Ayutla de Los Libres– vinieron a Chil´pancingo donde se entrevistaron con el secretario general de la sección 14 del SNTE, ante el cual pidieron que el secretario de Educación, Daniel Pano Cruz, “mande” a 19 docentes y administrativos para que concluya el conflicto.

La secretaria general del comité de lucha de padres de familia, Susana Lozano Villalobos, entrevistada afuera de las oficinas de la sección 14 del SNTE, expuso que ante una “serie de vicios –acoso sexual, inasistencias–” que habían dentro de la institución, unos 700 padres de familia tomaron de manera parcial ese inmueble para pedir “el saneamiento total”.

Tras iniciar su movimiento –el 11 de septiembre–, según Lozano Villalobos, la SEG ha demostrado “negligencia absoluta”, porque a pesar de que los maestros institucionales “sacaron de sus filas a los profesores señalados y los cetegistas –30– decidieron salirse, hay huecos laborales que no se quieren cubrir, para que nuestros hijos tengas clases regulares”.

La solución del conflicto que afecta a mil 200 niños, dijo la madre de familia, es que el secretario de Educación, Daniel Pano Cruz, “nos mande a 19 docentes, administrativos y de intendencia, le pedimos que entre la auditoría para sanear la escuela y que salgan los que tengan que salir”.

Insistió Lozano Villalobos en pedir al titular de la SEG que “resuelva el problema, porque es de su competencia, además es su obligación, y si no lo ha querido hacer es porque tiene intereses personales”.

El secretario general de la sección 14 del SNTE, José Natividad Calixto Cruz, aseguró que esta situación es “insostenible, porque hay compañeros que doblan turnos y hacen de 45 a 50 horas de servicio”. Asimismo se comprometió con los padres de familia a intervenir, para que se “regularicen” las clases en ese centro educativo.

Indígenas de Acatepec y Ayutla exigen fondo de 38 millones para obra social

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

Indígenas de Acatepec y Ayutla que salieron en marcha desde el lunes, llegaron al mediodía de ayer a Chilpancingo para exigir a las autoridades estatales respuesta a sus demandas de obras, servicios públicos y apoyos para proyectos productivos.

Los poco más de 100 indígenas pertenecen a la Organización de Pueblos Indígenas Me Paa y a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos de esos dos municipios de La Montaña y de la Costa Chica.

El dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Me Paa, Cuauhtémoc Ramírez, indicó que exigen al gobierno estatal que se establezca un fondo por 38 millones de pesos para impulsar el desarrollo en las comunidades de esos dos municipios.

Agregó que con esos recursos se introducirían redes de agua potable y energía eléctrica, así como el arreglo de caminos.

Informó que el fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de Acatepec y Ayutla lo han solicitado desde septiembre de 2003, cuando comenzaron las primeras reuniones con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi) y con el alcalde de Ayutla, Cutberto Quiñónez Castro.

Pero señaló que después de dos reuniones ya ningún funcionario acudió.

Cuauhtémoc Ramírez lamentó que los gobiernos estatal y federal, a diferencia de otras regiones, tienen abandonadas a las organizaciones y a las regiones indígenas, pues en su caso desde hace dos años piden recursos para el financiamiento de 20 proyectos y hasta ahora sólo los han apoyado en tres.

El dirigente indígena añadió que también piden apoyos para el mejoramiento de vivienda y becas para los hijos de los indígenas que pertenecen a esas dos organizaciones.

Luego de que los indígenas llegaran a esta capital fueron atendidos por el procurador de Asuntos Indígenas, Pablo Zapién Cortés, con quien instalaron una mesa de trabajo en la que el funcionario revisará su pliego.

Indígenas de Acatepec y Ayutla llegan a Petaquillas: prevén estar hoy en Chilpancingo

 

 Unos 150 indígenas de los municipios de Acatepec y Ayutla, quienes partieron en marcha el lunes hacia Chilpancingo, llegaron ayer a Petaquillas y esperan estar el mediodía del jueves en esta capital para pedir al gobierno estatal solución a demandas de obras sociales y proyectos productivos.

Los indígenas pertenecen a la Organización de Pueblos Indígenas Me Paa y a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos.

Uno de los dirigentes de la primera organización, Cuauhtémoc Ramírez, informó que una de sus demandas es que se establezca un fondo indígena por 38 millones de pesos, para impulsar el desarrollo en las comunidades indígenas de esos dos municipios de La Montaña y Costa Chica.

Indicó que con esos recursos se ejecutarían obras de introducción de redes de agua potable y energía eléctrica, así como para el arreglo de caminos.

También demandan apoyos para el mejoramiento de vivienda y becas para los hijos de los indígenas.

Cuauhtémoc Ramírez dijo que el fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de Acatepec y Ayutla lo han solicitado desde septiembre de 2003, cuando comenzaron las primeras reuniones con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno estatal, así como de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi) y el alcalde de Ayutla, Cutberto Quiñonez Castro.

Pero señaló que después de dos reuniones ya ningún funcionario acudió a la tercera, cuando se sumirían los acuerdos concretos.

También denunció que los gobiernos estatal y federal, a diferencia de otras regiones, mantienen abandonadas a las organizaciones y regiones indígenas, pues en su caso desde hace dos años solicitan recursos para el financiamiento de 20 proyectos y sólo los han apoyado en tres.