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La UPOEG tiene detenido a un menor en Ayutla y le piden dinero para liberarlo, denuncia su padre

El joven indígena ñuu savi (mixteco), Juan Pánfilo Catarino, de 16 años, originario de la comunidad de Ahuacachahue y vecino de Ayutla, se encuentra detenido desde noviembre pasado por la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y su padre asegura que le piden para su liberación 22 mil 500 pesos.
Ricardo Pánfilo Procopio, padre del menor, denunció mediante un escrito que su hijo fue detenido primero por efectivos del Ejército el 21 de noviembre de 2015, por el presunto delito de robo de vehículo, junto con otros dos jóvenes, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Sin embargo, informó que no hubo elementos para consignarlos y fueron liberados, pero que cuando salían del Ministerio Público, aproximadamente a las 2 de la mañana del 22 de noviembre, fueron privados de su libertad por hombres armados vestidos de civil que después se dijeron policías ciudadanos de la UPOEG.
Denunció que a cambio de la libertad de su hijo primero le pidieron 45 mil pesos, y recientemente le bajaron el monto a 22 mil 500 pesos, dinero que no tiene, por lo que su hijo sigue preso.
En su escrito, Ricardo Pánfilo detalla que Juan Pánfilo fue detenido el 21 de noviembre por soldados del 41 Batallón de Infantería en un retén permanente ubicado a un kilometro de la entrada de Ayutla, junto con Maximino Ángel Vargas y Edgar Contreras Campos, ambos de 17 años.
Asegura que los militares los detuvieron sin justificación alguna, y que los remitieron a la agencia del Ministerio Público del fuero común en Ayutla, acusados por robo de vehículo.
Sin embargo, el padre de Juan Pánfilo asegura que el Ministerio Público los dejó en libertad por falta de pruebas, pero que al salir de las oficinas ministeriales los tres jóvenes fueron detenidos “por personas armadas y vestidas de civil y según ellos, dijeron ser policías ciudadanos de la UPOEG, quienes sin ninguna facultad legal ejercen funciones de policía con la complicidad de las autoridades”, acusa en su escrito.
Comenta que posteriormente, “me enteré que Maximino Ángel Vargas es taxista de la ruta Ayutla-Acapulco y que tiene antecedentes penales por robo de vehículo y Edgar Contreras Campos, tengo información que tiene familiares dentro de la UPOEG”.
Añade que en las diversas entrevistas que ha tenido con miembros de la UPOEG, “me han pedido dinero para liberar a mi hijo; al principio me pidieron 45 mil pesos, pero no he dado nada, razón por la cual mi hijo sigue detenido”, se queja.
En cambio, expresa que las otras dos personas detenidas con su hijo, “han sido liberadas a cambio de una buena cantidad de dinero, pues tengo conocimiento que Maximino Ángel pagó alrededor de 50 mil pesos”.
Agrega que a Edgar Contreras Campos, también lo dejaron libre porque ya pagó la multa, “y porque tiene familiares en la UPOEG”.
Denuncia que como su hijo es el único que queda preso, los coordinadores Andrés Catarino Cabello, Ismael Sánchez Calderón y Hermelindo Candia, redujeron de 45 mil a 22 mil 500 pesos la cuota para liberar a su hijo.
Sin embargo, explica que no ha pagado porque carece de recursos económicos, pero también porque, “me niego a que la que se dice policía del pueblo esté en contra del mismo pueblo y desvíen los objetivos originales que les dieron vida, ya que ahora se dedican a extorsionar a la población y sin ninguna prueba ni justificación detienen a las personas arbitrariamente con la finalidad de quitarles su dinero”, se quejó el padre del joven.

Acuerdan comisarios de Ayutla exigir al Ejército el libre tránsito para las policías de la UPOEG

Comisarios y delegados de Ayutla de los Libres acordaron en una asamblea municipal exigir al 48 Batallón de Infantería que los policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) puedan transitar libremente y se quejaron de que de manera constante son revisados por los militares cuando se desplazan entre las comunidades e incluso les han limitado el tránsito.
En la reunión del domingo también se acordó reforzar la seguridad en las entradas del municipio debido al incremento de asaltos, robos, extorsiones por teléfono a negocios y familias. Vía telefónica, el promotor de la UPOEG Andrés Catarino Cabello, informó que al encuentro asistieron una 100 personas y 48 autoridades de comunidades y la cabecera municipal.
El promotor indicó que debido a las constantes revisiones que hace el Ejército a los policías ciudadanos de la UPOEG, a quienes en ocasiones les han limitado el tránsito en las comunidades, solicitarán al comandante del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande, el libre tránsito y un alto a las revisiones porque las escopetas que portan están registradas en la propia dependencia militar.
En la reunión fue reiterada la denuncia entre los asistentes del aumento de robos a casas, asaltos, llamadas de extorsión a negocios y casas, y se acordó reforzar la seguridad en las entradas de la cabecera municipal.
Una de las primeras acciones, recordó el promotor, fue la instalación de un retén en la entrada del municipio sobre la carretera Cruz Grande-Ayutla. El operativo permanente inició la semana pasada, cerca de las 4 de la tarde y hasta las 6 de la mañana del siguiente día, para poder disminuir el índice delictivo y las extorsiones telefónicas de supuestos integrantes de La Familia Michoacana.
En el encuentro se informó a los comisarios de las 14 mesas de trabajo con el gobierno del estado que iniciarán el miércoles y terminarán el viernes donde se tratará la elección de usos y costumbres, el problema de mil 200 defraudados, proyectos productivos, la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena y obras públicas.
También se comunicó a los asistentes que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) desechó las impugnaciones promovidas por el PRI, el PRD, el PVEM y los juicios electorales ciudadanos de miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en contra de los resultados de la consulta que se realizó a habitantes de Ayutla sobre las elecciones por usos y costumbres.

Van siete asesinados en Ayutla; la alcaldesa no deja trabajar a la Policía Ciudadana: UPOEG

Integrantes de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) denunciaron que desde que llegó la actual presidenta municipal del PRI-PVEM, Hortensia Aldaco Quintana, “no pueden trabajar de forma libre”, por eso en tres meses han sido asesinados siete vecinos, debido a la inoperante Policía Municipal.
En un comunicado los integrantes de la UPOEG de Ayutla llamaron a los gobiernos federal, del estado y del municipio a dejarlos trabajar de forma libre en las colonias de la cabecera municipal y evitar más asesinatos, como el ocurrido el 30 de enero en contra el gerente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Marcos Oved Zarate Liquidano.
Manifestaron su preocupación porque desde la llegada de la nueva alcaldesa los delitos aumentaron. Se precisa que han ocurrido siete asesinatos cuatro de ellos contra ex integrantes de la Policía Ciudadana y tres a otros civiles.
Sobre los policías ciudadanos asesinados se investiga si los hechos fueron por ser parte del sistema de seguridad. Además, se han registrado seis asaltos a casa habitación y tres asaltos a pasajeras en las comunidades del municipio.
En el comunicado se hace “un llamado público a las autoridades municipales, estatales y federales y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se preocupen por la seguridad de los ciudadanos, y si el gobierno no puede y no tiene la voluntad de darnos seguridad, pedimos que en Ayutla se nos deje trabajar libremente y que nos den apoyos”, se indica.
A la par de las investigaciones oficiales, la Policía Ciudadana de la UPOEG realiza su propia indagatoria del asesinato del empleado de la CFE, quien fue baleado al salir de un bar en la cabecera municipal, según informó la organización.
Los policías ciudadanos denunciaron que como autoridades han platicado con los responsables de los bares que operan en la localidad, para que éstos cierren a la medianoche y evitar hechos violentos, pero han hecho caso omiso.

Van siete asesinados en Ayutla; la alcaldesa no deja trabajar a la Policía Ciudadana: UPOEG

Respetó el movimiento por Ayotzinapa el Palacio de Ayutla que tuvo tomado más de un año, reconocen

La comisión de evaluación del Ayuntamiento de Ayutla que ayer llevó a cabo un inventario del material y equipo de oficina que se encuentra en el edificio de la Presidencia Municipal, informó que está deteriorado, sucio y manchado por el excremento de aves, luego de un año y dos meses cerrado.
El edificio fue tomado el 19 de octubre de 2014 como parte de las acciones de distintas organizaciones sociales para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
Vía telefónica uno de los integrantes de la comisión que se conformó para la revisión del inmueble, que fue reabierto el domingo por la alcaldesa postulada por el PRI-PVEM Hortensia Aldaco Quintana y comisarios, comentó que “aparentemente” todo el quipo y material de oficina se encuentra en su lugar, “la gente respetó las oficinas”.
El trabajador que pidió omitir su nombre dijo que el inmueble tiene daños en el techo y paredes por la filtración de agua, y por el excremento de aves acumulado en los pasillos, sillones y escritorios.
Indicó que las puertas de las oficinas del edificio fueron encontradas cerradas pero sin sellos, como lo informó el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) de Ayutla. El integrante de la comisión aseguró que hasta la tarde de ayer observaron que las computadoras están inservibles pero por la falta de uso.
En ese edificio se encuentran las oficinas de la Presidencia, las sindicaturas, las regidurías, la Tesorería municipal y la Secretaría General.
Se informó que podría ser esta misma semana cuando las oficinas empiecen a operar, pero no se precisó el día.

Reabren la alcaldesa y comisaros el Palacio de Ayutla que fue cerrado más de un año en apoyo a Ayotzinapa

Luego de un año y dos meses de que el Ayuntamiento de Ayutla de los Libres permaneció cerrado por integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), ayer la alcaldesa del PRI-PVEM, Hortensia Aldaco Quintana acompañada de comisarios y delegados reabrieron el inmueble de forma pacífica.
El Ayuntamiento fue cerrado el 19 de octubre de 2014, al igual que otros 42 de los 81 que hay en el estado, como parte de las acciones del MPG y otros movimientos sociales para exigir al gobierno la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
La alcaldía de Ayutla era la única que a la fecha permanecía cerrada, y a pesar de los esfuerzos que hizo ex gobernador Rogelio Ortega Martínez para reabrirla, fue hasta ayer cuando se abrieron las instalaciones.
A las 10 de la mañana comenzó el informe de los 100 días de gobierno de la presidenta municipal en la explanada del Ayuntamiento, en el centro de la ciudad, a donde asistieron unas 500 personas.
Después, la presidenta tomó protesta a 52 comisarios y delegados de colonias, quienes exigieron a la alcaldesa la apertura del inmueble, pues ya estaba abandonado por quienes lo habían cerrado en su lucha.
Antes del mediodía, con la ayuda de unas pinzas fue abierta la entrada principal, así como las oficinas del primer piso del edificio. En breves declaraciones vía telefónica, la alcaldesa destacó que la apertura se llevó a cabo de forma pacífica y a petición de los comisarios, a quienes el cierre no les permitía realizar trámites de programas sociales.
Trabajadores de Comunicación Social indicaron que en la reapertura estuvieron presentes agentes del Ministerio Público de la federación. Además comentaron que desde hace un año el Ayuntamiento rentaba tres edificios para operar las oficinas del DIF, Desarrollo Social y Tránsito municipal.
Se informó que en la apertura del inmueble no hubo integrantes del MPG, y algunos simpatizantes de los movimientos sociales sólo se limitaron a grabar lo que ocurría.
El viernes en un comunicado los activistas del MPG rechazaron la apertura del edificio y se deslindaron de la pérdida de documentos y equipo porque habían dejado las puertas selladas, y recriminaron que no se les llamó al diálogo.
Por la noche, el MPG de Ayutla en una misiva acusó a la presidenta municipal de utilizar a los comisarios e imponer delegados afines para que fuera liberado el Ayuntamiento.
El movimiento señaló que Aldaco Quintana convenció a los comisarios y delegados para abrir el inmueble, luego de argumentar que no había obras en el municipio porque se pagaba renta de tres edificios para las diferentes áreas.
El MPG manifestó que a pesar de que se consultó a los comisarios y delegados en un “aparente” ejercicio democrático de decisión, la mayoría fue impuesta por la presidenta municipal.

Marchan maestros, organizaciones y vecinos con la UPOEG en la clausura de su Congreso en San Marcos

Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) marcharon en las calles de San Marcos en el último día de actividades de su Congreso Estatal, en el tercer aniversario de su creación.
Una marcha y una misa fueron las últimas actividades del Congreso Estatal de la UPOEG, que inició el lunes, en las que los integrantes de la organización demandaron al gobierno respeto al derecho de los pueblos indígenas a organizar su propio sistema de seguridad y justicia.
En la misa, el sacerdote de Xalpatláhuac, Mario Campo Hernández llamó a la UPOEG a recordar que el centro del proyecto es la población y la familia, para no perder sus objetivos de brindar seguridad y lograr la paz en las comunidades donde operan. “Que no se pierdan las asambleas, si se dejan de hacer corren el riesgo de que el movimiento se tergiverse”, advirtió el padre.
Al cierre del Congreso asistieron el asesor del gobernador Héctor Astudillo Flores, César Flores Maldonado; el presidente municipal priista de San Marcos, Juan Carlos Molina; el ex diputado local perredista, Bertín Cabañas López; y el fundador de la CRAC, y hermano de Bruno, Cirino Plácido Valerio, quien no quiso adelantar ninguna declaración de su presencia en el Congreso de la UPOEG.
Minutos antes de las 12 del mediodía, unos 500 integrantes de la UPOEG, policías ciudadanos que portaron sus escopetas, vecinos del municipio y maestros de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur salieron en marcha de la colonia Campo de Aterrizaje.
En la vanguardia, cinco integrantes de la organización portaron la bandera nacional, seguidos del promotor de la UPOEG, Bruno Placido Valerio; los fundadores y promotores de la organización, Ernesto Gallardo Grande y Crisóforo García Rodríguez; además de delegados de los municipios de la Costa Chica.
Después, venían los policías ciudadanos portando mantas en las que se leía, “Los pueblos originarios, reconocidos, nos unimos a la UPOEG por el reconocimiento por el derecho del reconocimiento humano, defensa de nuestro territorio y de los recursos naturales. Un territorio con seguridad es un pueblo con justicia”.
Atrás, maestros de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, quienes exigieron el reconocimiento de la institución para que jóvenes indígenas y afro-mexicanos puedan seguir sus estudios. Los maestros portaron una manta donde demandaban la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre de 2014 en Iguala.
La marcha fue casi a paso veloz y al ritmo de dos bandas de viento; caminó en las principales calles de la ciudad y la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, llegó al Zócalo y regresó al punto de partida, 40 minutos después.
En el trayecto, los vecinos de San Marcos dieron una cooperación a los integrantes de la UPOEG, quienes les acercaban unos botes sellados, con una ranura para depositar su contribución.
Llama el cura de Xalpatlahuac a no olvidar que el centro del proyecto debe ser la familia y la comunidad

En la misa, el presbítero Campo Hernández pidió por los 15 integrantes de la UPOEG asesinados durante los tres años de trabajo de la organización para restablecer la seguridad y la paz en los pueblos de la Costa Chica, Centro, Acapulco, y ahora en la Sierra y en un municipio de la Tierra Caliente.
También pidió por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y sus familias, y para que la sociedad guerrerense encuentre paz y justicia.
En la homilía, el padre llamó a los presentes a mantener un compromiso y asumir una actitud de responsabilidad con el pueblo, y que los integrantes de la organización no olviden que el centro del proyecto debe de ser la familia y la comunidad en las asambleas, un criterio que otras organizaciones sociales deben de retomar, dijo.
Asimismo, instó a la UPOEG a que no pierda sus objetivos y a que no se corrompa por intereses personales, y pidió que logre salir de las crisis internas. “2016 debe de ser un año de esfuerzo, de apertura, de construcción conjunta, y no de un año de trabajo solitario”, recalcó.

Fortalecer el diálogo con el gobierno para plantear el desarrollo en las comunidades, pide Bruno

En la clausura del Congreso, el dirigente Bruno Plácido Valerio dijo que en 2016 buscará el diálogo con el gobierno del estado para plantear el desarrollo en las comunidades e infraestructura y seguridad, además de mantener el diálogo con los presidentes municipales, que se tiene que fortalecer.
En breves declaraciones, el dirigente expresó que el gobierno está en su derecho de investigarlo por las narcomantas que en diciembre lo señalaron de estar relacionado con integrantes de la delincuencia, pero afirmó que, “la UPOEG, entre más avanza, afectamos a más intereses”.
Por su parte, Flores Maldonado dijo que se tiene que seguir trabajando en unidad para sacar adelante al estado. Mientras el presidente municipal, Juan Carlos Molina agradeció la presencia del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano en el municipio.
En declaraciones, el alcalde dijo que serán los integrantes del cabildo quienes decidirán el reconocimiento de la UPOEG como un sistema de seguridad, e indicó que él promueve el respeto de la ley y que bajo sus principios habrá coordinación con la organización.
A nombre de los comisarios de los municipios de la Costa Chica donde opera la UPOEG, el comisario de la comunidad de Colotepec, Ayutla, Honorio Rodríguez reconoció el trabajo del fundador de la organización, Bruno Plácido.
En su mensaje, se dirigió al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores, a quienes dijo que la UPOEG está haciendo el trabajo que el gobierno dejó de hacer de dar seguridad a las comunidades, y solicitó respeto a la organización.

Plantea Bruno Plácido que la UPOEG deje sus funciones de seguridad y vuelva a la gestión

A tres años de la creación del Sistema de Justicia y Seguridad Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el promotor Bruno Plácido Valerio planteó que la organización regrese a la gestión de infraestructura y a combatir la pobreza, una vez que el problema de la inseguridad se ha superado en las comunidades donde opera.
Ayer, la organización creada el 5 de enero de 2013, que buscó el auspicio de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), realizó su tercer Congreso Estatal con el objetivo de evaluar los avances, logros y retos del sistema, para proponer estrategias y acciones para su consolidación, en el marco de los derechos humanos de los pueblos originarios.
A la 1:30 de la tarde, los 400 asistentes, policías ciudadanos, activistas y representantes de organizaciones sociales, aplaudieron de pie a la memoria de los más de 15 policías comunitarios y promotores asesinados en los tres años que la organización lleva trabajando, a petición del delegado de la UPOEG en San Marcos, Nicolás Ramírez Delgado.
Minutos antes de dar inició al acto de inauguración, en una reunión preparatoria Bruno Plácido Valerio expresó que es necesario que en la organización existan nuevos rostros y la posibilidad de su retiro al frente de la UPOEG. En declaraciones, precisó que, si la población lo permitiera, estaría bajo la figura de asesor o de consejero.
En cuanto a las narcomantas que aparecieron en diciembre en Chilpancingo señalando al dirigente na’savi de tener vínculos con integrantes de grupos criminales, luego de la incursión de la organización en comunidades de la sierra de Chichihualco, Bruno Plácido dijo que, “esas mantas llevan un mensaje, que significa detención o significa masacre, y al último se justifican diciendo que estaban vinculados y por eso los mataron, por eso es sano hacerse a un lado”.
En su intervención, Bruno Plácido dijo que el 5 de enero hace tres años, el levantamiento organizado de la ciudadanía fue “histórico” en el municipio de Ayutla para defenderse de los delincuentes, cuando las autoridades del estado y los militares permanecieron indiferentes ante las denuncias que hacían.
Ahora, dijo que el movimiento de los policías ciudadanos debe de pasar a un segundo orden, “ya no debe de ser el centro”, y la prioridad de la organización debe ser la erradicación de la pobreza y la gestión del desarrollo de las comunidades, con infraestructura, para encontrar paz.
Abundó que, si se erradica la pobreza también terminará la inseguridad, porque mucha gente que ha detenido la Policía Ciudadana luego de cometer un delito, ha aceptado que lo hizo porque no tenía dinero.
“Se tiene que ver la ruta, si se sigue deteniendo por pobre o buscamos alternativas de solución. La gente cuando es detenida dice que no tiene dinero”, y que por eso comete delitos.
Llamó a los gobierno a anteponer la decisión de los pueblos y no empeñarse en querer gobernar como si estuvieran en un racho, dando órdenes y en beneficio de sus intereses.
Plácido Valerio recordó que el movimiento no es enemigo del gobierno porque está coadyuvando en la seguridad; como parte de ello, en el segundo año de su conformación, los policías ciudadanos decidieron quitarse los pasamontañas para evitar una confrontación, y luego de que el gobierno advirtiera que en la zona se gestaba un movimiento armado.
El promotor subrayó que las asambleas comunitarias han unificado y fortalecido a la organización, por que son las comunidades las que nombran y quitan a sus policías comunitarios, “fue devolverle el poder a la gente”, y así evitar que se tomen decisiones unilaterales, explicó.
Llamó a los policías ciudadanos a no olvidar que su finalidad es cuidar a la ciudadanía y que sus armas no son para estar encima del pueblo, y que los promotores deben de ser facilitadores de la información. Rememoró que cuando la delincuencia ataca a la sociedad, la policía debe accionar, pero cuando el gobierno ataca a la organización, es el pueblo el que debe salir a defenderlos, “hay una reciprocidad”.
“Ahora han surgido muchos grupos porque no han aceptado el esquema de comunidad. Llámese comunitaria o ciudadana, tienen que tener la formula de la asamblea, no podemos hacer grupo, porque si hacemos grupo vamos a terminar (en lo mismo) a lo que teníamos miedo”, indicó.
Recordó que en Tierra Colorada y Malinaltepec se permitió que los autodefensas portaran armas de grueso calibre para combatir a la delincuencia, lo que terminó revirtiéndose contra la población cuando el grupo sometió al pueblo, “fue un error que no podemos permitir”, dijo.
Llamó a la reflexión a los policías ciudadanos, porque a pesar de que no hay integrantes suyos en la cárcel, sí hay muchas averiguaciones previas, muertos y enfrentamientos, “tenemos que buscar qué hacer, porque de todo me echan la culpa a mí. Es fácil buscar culpables, pero es bien difícil asumir responsabilidad”, subrayó.
Informó que la UPOEG mantiene su presencia en 12 municipios de la Costa Chica, Acapulco, Chilpancingo y, desde noviembre, en 16 comunidades de la sierra de Chichihualco, además de en 14 comunidades de San Miguel Totolapan, donde la gente ha solicitado su apoyo para organizarlos.
En este contexto, dijo que la UPOEG es un facilitador para que las comunidades se organicen, “no somos empresa de seguridad”, aclaró.
En su intervención, el fundador de la UPOEG, Crisóforo García Rodríguez recordó que donde hay policías comunitarios o ciudadanos hay paz, y “donde no, como Acapulco, hay sangre todo los días”. Afirmó que, “hay una delincuencia pactada y tolerada por el gobierno, que lo utiliza”.
Señaló que el gobierno los llamó autodefensa a pesar de actuar bajo el marco de la Ley y los tratados internacionales de los derechos indígenas, para tratar de desarmarlos, sin embargo el objetivo que persigue la organización es combatir la delincuencia.

Las ocho mesas de trabajo de la asamblea

Después del acto, se instalaron ocho mesas de trabajo: Proyecto comunitario y desarrollo integral; Informe, evaluación, reestructuración y funcionamiento del SSJC; Derecho a la consulta y representación popular; Defensa del territorio y recursos naturales; Integración familiar, prevención y abatimiento del delito; Desaparición forzadas y atención a víctimas; 43 estudiantes normalistas y otras personas desaparecidas; y Derechos Sociales.
Hoy, luego de una marcha se darán a conocer los resultados de las discusiones de las mesas. Al acto asistió el fundador de la CRAC y hermano de Bruno Plácido, Cirino y el ex diputado federal Marcos Matías.

De la organización podrían salir más grupos como el FUSDEG, dice el promotor

En declaraciones, Bruno Plácido Valerio indicó que así como se desprendió el FUSDEG por grupos de intereses, de la UPOEG “podrían salir otros”.
Enfatizó que si las nuevas organizaciones no se apegan al esquema de las asambleas de los pueblos, tenderán al fracaso o se conformarán en “grupos” que, en vez de proteger a la población, pueden ser delincuentes.
También dijo que la UPOEG no puede vivir como un centro de atención a la seguridad cuando hay secuestros, “sí pasan cosas, pero sí se han resuelto”.
Abundó que, “si seguimos fomentando la Policía Ciudadana, los policías pueden llegar a corromperse o desviarse, y se necesita cambiar el centro de atención para que las comunidades sean las a que tomen las decisiones”.
El dirigente dijo que en vez de perseguir a los drogadictos, se debe de atender la drogadicción, al igual que los problemas de deudas de las personas en las comunidades donde las casas de prestamos cobran altos intereses y la gente termina endeudada y robando para poder pagar.

Diálogo y respeto, piden
coordinadores

El promotor de la UPOEG Crisóforo García, en declaraciones solicitó a los gobiernos municipal, estatal y federal, y a las instituciones a las “que les competa dar seguridad, que lo hagan”, y llamó al gobierno a mantener el diálogo, la coordinación y el respeto con la UPOEG.
Expresó que en tres años se ha confirmado que la consolidación de una organización no depende de los líderes o dirigentes, sino del poder de la población. Dijo que quienes han perseguido intereses personales han fracasado y no logran sobrevivir.
Dijo que esos mismos intereses personales por el control han derivado en muertos, en alusión a la separación del FUSDEG que opera en el Valle del Ocotito. El 30 de marzo se registró una balacera entre ambos grupos en el crucero de San Juan de El Reparo que dejó 12 muertos, 10 del FUSDEG y dos de la UPOEG.
Por su parte, la promotora de Ayutla, Eneida Lozano Reyes dijo que los avances de la UPOEG son muchos y los resultados son evidentes, pero reconoció que es difícil seguir operando cuando la gente cae en la comodidad porque hay seguridad.
Reconoció que hay apoyo a las mujeres dentro de la organización y tienen el mismo derecho de voz y decisión.

Intenta la UPOEG recuperar del MP una camioneta que militares hallaron en Ayutla

Una camioneta de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) fue puesta a disposición del Ministerio Público luego de que efectivos del Ejército la encontraron abandonada en Ayutla.
Según el informe policial, en un recorrido en la carretera Ayutla-Cruz Grande, los soldados del 48 Batallón de Infantería encontraron abandonada una camioneta Chevrolet Equinox blanca, modelo 2005 con logotipos de la UPOEG.
Cuando revisaron el vehículo descubrieron que tenía reporte de robo, y los soldados la pusieron a disposición del Ministerio Público (MP) en Ayutla.
Más tarde, policías ciudadanos de la UPOEG al mando del coordinador Andrés Catarino llegaron a las oficinas del MP y las rodearon.
Se informó que los policías ciudadanos pretendían recuperar dicho vehículo porque pertenece a su organización, y aseguraron que no sabían que la camioneta estaba extraviada.
Los soldados resguardaron las oficinas del MP una hora, y según el informe policial, los policías ciudadanos se retiraron del lugar debido a que la camioneta quedó a disposición del Ministerio Público.

Acuerda el Ifetel que no habrá apagón analógico en 15 municipios de Guerrero en 2016

El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) acordó que en 15 municipios del estado seguirán las transmisiones analógicas de los canales de Televisa y Televisión Azteca. Asimismo, Radio y Televisión de Guerrero seguirá sus transmisiones analógicas en Acapulco.
Las estaciones de televisión que transmiten en estos municipios son de “baja potencia”, explicaron, y por eso entran en el Programa de Continuidad del Ifetel, “para el caso de las Estaciones de Baja Potencia que al 31 de diciembre de 2015 no realicen transmisiones digitales de televisión para que la población continúe recibiendo este servicio en las áreas respectivas en tanto inicien transmisiones digitales”.
Los municipios en los que seguirán las transmisiones de televisión analógica son Tecoanapa, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Tlapa, Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Alpoyeca, Chilapa, Huamuxtitlan, Arcelia, Cuetzala, Ixcateopan, Tlapehuala, Ajuchitlan, Apaxtla, Pungarabato y Ayutla.
El acuerdo del pleno del Ifetel, publicado en el Diario Oficial de la Federación, son 477 estaciones de televisión en el país las que seguirán transmitiendo en señal analógica, de las cuales 25 están en esos 15 municipios del estado.
Las estaciones de Televisa y Televisión Azteca, y la concesión del gobierno del estado tendrán hasta el 31 de diciembre de 2016 para adecuarse al sistema de transmisión digital.
De acuerdo con el informe de la SCT publicado en su página de internet no hay registro de que haya entregado televisiones digitales a beneficiarios de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en los municipios de Alpoyeca, Huamuxtitlan y Tlapehuala.
En los municipios de Tecoanapa, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Tlapa, Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Chilapa, Arcelia, Cuetzala, Ixcateopan, Ajuchitlan, Apaxtla, Pungarabato y Ayutla sí hubo reparto de televisiones digitales, pero los beneficiarios no tendrán acceso a las ventajas del nuevo sistema como “mejor calidad de imagen, mejor sonido y mayor oferta de canales”, según la propaganda del gobierno federal.
El miércoles 31 de diciembre, las señales de televisión analógica dejaron de transmitirse para dar paso a la televisión digital terrestre. El gobierno federal, mediante la Sedesol, distribuyó televisiones a las familias de escasos recursos, para cumplir con el artículo 6 de la Constitución que establece que, “…el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”.