Etiqueta: Ayutla

Sobreviven en condiciones precarias en Ayutla 15 familias serranas desplazadas de La Laguna

Desplazados de La Laguna, Coyuca de Catalán, exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que cumpla la Ley Número 487 Para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, que se hizo a partir de que ellos fueron desterrados.
Los desplazados a las comunidades de Tepango y La Unión, en el municipio de Ayutla –donde sufren desnutrición, carecen de agua potable, atención médica, alimentos y tierras para sembrar–, no pueden salir a trabajar porque todos, hasta los más pequeños tienen órdenes de aprehensión en la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto secuestro de Homero Montúfar y el asesinato de dos sicarios que trataron de emboscarlos el 22 de junio del 2013, y fueron repelidos por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Por estas acusaciones, en la cárcel de Ayutla se encuentra preso Gildardo Díaz Pérez, detenido en marzo de 2015. Su esposa, María del Carmen Santana exige la libertad del padre de sus siete hijos.
En el lugar donde se refugian, las familias solicitaron que el gobernador Astudillo Flores y su área responsable de desplazados en el estado atienda a unas 15 familias que salieron desde diciembre de 2012 de su comunidad, La Laguna, en la sierra de Coyuca de Catalán, luego de ser perseguidos por delincuentes que saquean los bosques del ejido Huajes de Ayala, rica en encinos, donde se ubicaba la comunidad de La Laguna. Recordaron que por ellos se creó la Ley 487, que no se está cumpliendo.
Las familias fueron visitadas ayer por el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, para dar seguimiento y conocer en que estado se encontraban.
Una de las refugiadas, la señora Catalina Pérez reclamó la falta de ayuda del gobierno, y denunció que están olvidados y arrumbados a su suerte en los terrenos que son cuidados por policías del estado.
Informó que hace un mes acudieron a sus colonias el jefe del departamento de Agua Limpia de la Conagua, Fernando Cuevas Rosas; el jefe del departamento de Asistencia Técnica de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Arquímides Fernández García, y el director de Gobernación del municipio de Ayutla, Raúl Pacheco Sevilla, a quienes solicitaron un pozo de agua, pero hasta ayer ninguna autoridad había regresado.
Por otro lado, el municipio de Ayutla se niega a apoyarlos “porque no son su responsabilidad”, según cuentan que les dijo el director de gobernación, a quien han recurrido en múltiples ocasiones en busca de ayuda.
Las mujeres señalaron que los funcionarios se comprometieron a gestionar el pozo de agua, que es una urgencia, incluso han elaborado un proyecto del pozo de agua con un costo de 1 millón 40 mil pesos, que incluía una red de riego de traspatio, pero que les fue rechazado.
Las mujeres mostraron que sus hijos, unos 36 niños, tienen granos rojos en el cuerpo por beber y bañarse en agua de los pequeños pozos que han hecho en el cauce de un río que pasa cerca del terreno donde viven, en La Unión.

Exigen al gobierno del estado becas alimenticias y de transporte, y proyectos productivos

También solicitaron becas de alimentación y pasajes para sus hijos, ya que deben caminar 40 minutos para llegar al kínder, a la primaria y a la secundaria.
Asimismo, exigieron al gobernador proyectos productivos para subsistir y alimentar a sus hijos, cinco de ellos nacieron en las tierras que ocupan, mismas que no se les han entregado de manera formal, porque no han sido adquiridas por el gobierno del estado, tratándose de ejidos.
Los desplazados aclararon que no están pidiendo nada regalado, sino apoyo para vivir con dignidad. Algunas de las familias rentan tierras hasta por 2 mil pesos para sembrar maíz, pero en la temporada pasada la cosecha se perdió ante la falta de lluvias.
Entre 2005 y 2012, asesinaron a 30 integrantes de las familias desplazadas. Su dirigente, Juventina Villa, y su hijo de 17 años, fueron asesinados el 28 de noviembre de 2012, cuando trataban de escapar con otras 45 familias de Puerto Las Ollas, donde buscaron refugio en abril de 2011, pero ante la falta de ayuda del gobierno regresaron a La Laguna.

Dictan formal prisión al ex comandante de la CRAC Antonio Leobardo, informa su abogado

 

El Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ayutla de Los Libres dictó auto de formal prisión al ex primer comandante de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla, Antonio Leobardo Galeana, quien fue liberado el 19 de marzo y está acusado de privación ilegal de la libertad y ataque a las vías generales de comunicación.
Sin embargo, este lunes se entregó como prueba un acta de asamblea para que en cinco días se determine su situación jurídica, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Alejandro Ramos Gallegos.
El abogado indicó que la presentación de prueba se entregó este lunes ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ayutla, y que Leobardo Galeana enfrentará libre su proceso legal hasta que se determine su situación jurídica.
El abogado informó que interpuso un amparo ante el Juzgado de Distrito en Acapulco para que se otorgue la suspensión provisional a las tres órdenes de aprehensión contra el ex comisario municipal de la comunidad de El Timbre, municipio de Ayutla, Oscar Neri Epitacio, el ex segundo comandante de la Policía Comunitaria Salvador Neri Neri y el primer comandante de la policía que depende de la Comisaría municipal de El Timbre, Roberto Leobardo Nazario, las cuales aún no se han ejecutado.
Informó que se dictó auto de libertad bajo caución a Leobardo Galeana pero el pasado jueves se le dictó auto de formal prisión porque no se presentaron a tiempo algunas pruebas, como el acta de asamblea donde determina que se había llegado a acuerdos, que se solucionó el conflicto y que fue mediante la Ley 701.
Ramos Gallegos manifestó que por falta de tiempo no se pudo comprobar al juez que es un conflicto intercomunitario y que fue una decisión de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de acuerdo a sus usos y costumbres y con la garantía de la Ley 701 es suficiente para decretar la libertad de Leobardo Galeana.
Ramos Gallegos expresó que con la prueba que se presentó el juez tendría hasta tres meses para resolver, sin embargo solicitó que sea por medio de un juicio sumarísimo el cual se puede resolver en cinco días o menos, donde se renuncie a todas las pruebas que se han presentado y mediante el acta de asamblea se resuelva.
Además dijo que este lunes también se interpuso un amparo ante el Juzgado de Distrito en Acapulco, para que se le otorgue la suspensión provisional a las tres órdenes de aprehensión, para que en un máximo de dos días el Juzgado de Distrito admita la suspensión para que los inculpados enfrenten el proceso en libertad y bajo la tutela de una autoridad federal.
Los tres detenidos están dentro de la misma causa penal (por privación ilegal de la libertad y ataque a las vías generales de comunicación), quienes tienen órdenes de aprehensión que no se han ejecutado.
Antonio Leobardo Galeana fue detenido el pasado 18 de marzo en Chilapa y encarcelado en Ayutla.

La UPOEG ya no retiene a nadie; está impedida de impartir justicia, dicen en asamblea en Ayutla

Ayer, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), hicieron una reunión donde aclararon diferencias por malos entendidos y acordaron una mayor coordinación para mejorar la seguridad en las comunidades de Ayutla de los Libres. La reunión fue en la comunidad de El Ranchito, Ayutla, y asistieron unos 300 policías comunitarios, incluidos 46 comisarios, comisariados y delegados municipales.
El integrante de la Policía Ciudadana y comandante, Ernesto Gallardo Grande, indicó que en la reunión se informó del nuevo sistema penal acusatorio, que entrará en vigor con fecha límite el 18 de junio, y que por esta razón la organización está entregando a quienes cometan un delito a las autoridades ministeriales para evitar ser acusados por los detenidos, “porque nosotros estamos impedidos de impartir justicia”.
También indicó que en los dos últimos meses los policías ciudadanos han detenido y han puesto a disposición de las autoridades ministeriales a 17 personas acusadas de secuestro y asesinatos porque “ya no queremos retener a nadie”.
Gallardo Grande expresó que los integrantes de la organización también serán capacitados para evitar ser acusados después por quienes cometan un delito, “a los que estamos deteniendo los estamos poniendo a disposición, por la coordinación con el gobierno”.
Indicó que la desorganización que había en la corporación de seguridad fue provocada por malos entendidos entre los grupos y generó un aumento de la inseguridad en el municipio y que los policías comunitarios no supieran lo que estaba pasando para parar los hechos delictivos como robo común, robo a casa habitación y extorsiones.
Sostuvo que las rutas de vigilancia que van a las comunidades de Tecolotepec, Tutepec, La Palma, El Rosario, El Rincón, Tepetate, Tamarindo, Azozuca, Ahuacachahue, Tonalá, El Mesón, estarán en mejor coordinación luego que los integrantes resolvieron sus diferencias, de las que no quiso dar detalles.
Informó que para el 10 de abril en una reunión municipal en la cabecera, el Consejo de Autoridades, que es la máxima autoridad de la organización, pedirá al Cabildo de Ayutla el reconocimiento del sistema de seguridad comunitario como parte del proceso normativo que tiene la organización.

No hay voluntad del gobierno para liberar a otros presos de la CRAC, dice el abogado de Gonzalo

 

El abogado del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla Gonzalo Molina González, Hegel Mariano Ramírez, declaró ayer que los gobiernos estatal y federal no muestran la misma voluntad política que tuvieron con Nestora Salgado a los otros ocho presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Aseguró que hay una intención de los gobiernos federal y estatal de mantener en prisión a los otros miembros de la CRAC que fueron detenidos después de Nestora Salgado, que tienen acusaciones por los mismos delitos que ella pero que se los han reclasificado, en otros casos han retrasado la resolución de amparos o han dilatado la resolución de la sentencia más allá del plazo establecido legalmente.
A Gonzalo Molina le han acumulado 12 delitos en cuatro causas penales, dos de ellas del fuero federal y dos del fuero común, lo que dificulta su defensa, y el procesado carece de recursos hasta para sacar copias de su expediente.
El abogado que lleva el caso de dos de las cuatro causas penales de Molina González informó que una de ellas, la 76/2013 por delincuencia organizada es por la que fue absuelta la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, por el Segundo Tribunal Unitario del 21 Circuito, con sede en Chilpancingo.
Informó que otra causa penal es la 196/2013 que lleva el Juzgado Segundo del Ramo Penal de Tlapa por secuestro agravado, por el que también fue absuelta Nestora.
La otra causa es la 157/2013 que lleva el Juzgado Cuarto Penal de Chilpancingo por terrorismo, robo agravado, privación ilegal de la libertad y lesiones agravadas, por acusaciones del síndico de Tixtla, el director de la Policía Municipal, el secretario general del Ayuntamiento y cinco policías municipales.
Otro proceso penal en contra de Gonzalo Molina es el 59/2013 que lleva el Juzgado Séptimo de Distrito federal por terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, portación de arma sin licencia, y delitos contra servidores públicos.
Asimismo existe en su contra la 678/2013 que lleva el Juzgado Séptimo de Distrito por portación de arma de fuego sin licencia.
Derivado de todos estos procesos penales que enfrenta en la cárcel de Chilpancingo Gonzalo Molina, otros 14 integrantes de la CRAC tienen órdenes de aprehensión en su contra, aunque algunos de ellos enfrentan los procesos en libertad.
La mayoría de estas causas penales se integraron contra los policías comunitarios luego de que el 26 de agosto del 2013 protestaron frente al Ayuntamiento de Tixtla, para exigir que el gobierno diera a conocer la detención de Nestora Salgado.
Hegel Mariano señaló que tras la resolución que la semana pasada dictaron los jueces penales de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla, que absuelven a Nestora Salgado de secuestro y por lo cual sale en libertad, se espera que en los próximos días el resto de los comunitarios presos también sean beneficiados con esta resolución.
Dijo que también se prevé que cuando menos ocho miembros de la CRAC, entre ellos Arturo Campos Herrera (quien está preso en el penal de Ayutla) y Gonzalo Molina, salgan en libertad aunque el 29 de diciembre se les reclasificó el delito de secuestro agravado por privación ilegal de la libertad personal.
Reconoció que el caso de Gonzalo Molina es más complicado jurídicamente porque enfrenta causas penales del fuero común y otra por el fuero federal.
Aunque Hegel Mariano consideró que si las autoridades jurisdiccionales toman en cuenta la resolución que dictó en el 2014 el Juez 6 de Distrito de Acapulco que dejó en libertad a varios comunitarios de Ayutla, estableciendo que la Policía Comunitaria es una institución protegida por la Ley 701 de usos y costumbres de los pueblos originarios en Guerrero, Gonzalo tiene que abandonar la cárcel.
En opinión del abogado la detención de los policías comunitarios durante la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, fue una estrategia para desaparecer a este sistema de justicia de los pueblos originarios.
No descartó que en Tixtla, Ayutla y Olinalá la delincuencia organizada haya presionado al gobierno para detener el avance de las policías comunitarias, porque afectaba sus intereses económicos.
El abogado declaró que esta hipótesis de complicidad es porque durante la administración de Aguirre Rivero los procesos judiciales de los comunitarios presos eran demasiado lentos.
“Como que veíamos que había mala fe de los jueces para una serie de trámites, e incluso era muy complicado realizar audiencias porque los presos estaban en cárceles de máxima seguridad en distintos estados del país”, recordó.
Indicó que si bien durante el mandato interino de Rogelio Ortega a los comunitarios se les trasladó a penales de Guerrero (en el caso de Nestora Salgado a la cárcel femenil de Tepepan, en la Ciudad de México desde Nayarit) de todos modos los procesos penales van en forma lenta.
Agregó que desde hace más de dos años la Primera Sala Penal del Poder Judicial que es integrada por los magistrados Vicente Rodríguez, Miguel Barreto Sedeño y Julio Jáuregui siguen sin dictar una resolución sobre una apelación sobre el auto de formal prisión que dictó el juez penal de esta ciudad, Abimael Rodríguez en contra de Gonzalo Molina acusado de diversos delitos del fuero común.

Salió de la cárcel de Ayutla el sábado el ex comandante de la CRAC, Antonio Leobardo

 

Mediante el pago de una fianza de 4 mil 657 pesos, fue liberado a las 6 y media de la tarde del sábado el ex primer comandante de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla, Antonio Leobardo Galeana, quien fue detenido por la Policía Ministerial la mañana del viernes en Chilapa.
Sin embargo, el ex comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) continúa siendo procesado bajo la causa penal 110-II/20014, por los delitos de privación ilegal de la libertad y ataque a las vías generales de comunicación, por las cuales otras tres ex autoridades de la CRAC tienen órdenes de aprehensión que no se han ejecutado.
El abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Alejandro Ramos Gallegos informó ayer que será hasta este jueves cuando el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ayutla de Los Libres resolverá el auto de formal prisión o de libertad de Leobardo Galeana.
Dentro de la misma causa penal tienen órdenes de aprehensión que no se han ejecutado, el ex comisario municipal de la comunidad de El Timbre, municipio de Ayutla, Oscar Neri Epitacio; el ex segundo comandante de la Policía Comunitaria, Salvador Neri Neri y el primer comandante de la policía que depende de la comisaría municipal de El Timbre, Roberto Leobardo Nazario, por quienes solicitará un amparo para evitar su detención, anunció el abogado.
Ramos Gallegos denunció que las acusaciones en contra de las autoridades de la CRAC de El Timbre, al igual que como en el caso de Nestora Salgado, están relacionadas con acciones que realizaron en los meses de noviembre y diciembre de 2013, bajo el amparo de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Recordó que en esos meses, a seis vecinos de El Timbre les cortaron el servicio de energía eléctrica por una denuncia que presentaron pobladores de la comunidad vecina de El Mirador, a raíz de un conflicto intercomunitario.
Explicó que los habitantes de El Timbre se organizaron y el 29 de noviembre bloquearon en cuatro puntos la carretera que comunica a El Mirador para presionar y que se restableciera el servicio de luz a los seis vecinos.
Comentó que la Policía Comunitaria detuvo también al entonces comisario de El Mirador, Casimiro Neri Feliciano y a dos autoridades más de esa comunidad, a Isauro Amado Luciano y Pedro Neri Rafael, quienes fueron los que presentaron la denuncia por privación ilegal de su libertad.
Ramos Gallegos informó que desde que comenzó el bloqueo y la detención de las autoridades de El Mirador, ninguna autoridad intervino, y fue hasta el 24 de diciembre, cuando autoridades municipales convocaron a una reunión en la que participaron las dos partes, pero no llegaron a ningún acuerdo, y fue hasta el 29 de diciembre de 2013 que liberaron al comisario y a sus dos acompañantes.
Informó que desde esa fecha los presuntos agraviados presentaron las denuncias, y que la órdenes de aprehensión se liberaron el 25 de julio de 2014; en el caso de Antonio Leobardo se ejecutó el pasado 18 de marzo a las 8 de la mañana en Chilapa, a donde había ido de compras.
El abogado informó que siguen pendientes por ejecutarse las órdenes de aprehensión del ex comisario municipal de El Timbre, Oscar Neri Epitacio, del ex segundo comandante de la Policía Comunitaria, Salvador Neri Neri y el ex primer comandante de la policía que depende de la comisaría municipal de El Timbre, Roberto Leobardo Nazario.
El abogado explicó que para el caso de Leobardo Galeana, ya está corriendo el plazo para que el juez de Ayutla resuelva el auto de formal prisión o de libertad, mientras que en el caso de las otras tres autoridades, solicitará un amparo para evitar que los detengan.
Denunció que se sigue el mismo patrón que en el caso de Nestora Salgado, y que el gobierno asumió la misma conducta de no querer reconocer los derechos de los pueblos indígenas, que con la Ley 701 se procuran justicia mediante los usos y costumbres de los pueblos originarios.
Sin embargo, reconoció que el caso de Nestora Salgado sienta un precedente para que muchas autoridades de la CRAC que están presas puedan obtener su libertad.

Bloquean organizaciones la cárcel de Ayutla por la libertad del ex comandante de la CRAC

 

Autoridades comunitarias de El Timbre, municipio de Ayutla, bloquearon la entrada de la cárcel de Ayutla en demanda de la libertad del ex comandante de la Policía Comunitaria Antonio Leobardo Galeana, detenido el viernes en Chilapa.
La comunidad El Timbre forma parte de la Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Unos 50 integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) respaldados por el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y el comisario de El Timbre Arturo Mendoza Regina demandaron una reunión con el asesor del gobierno del estado, César Flores Maldonado, para resolver el caso de Leobardo Galeana.
La protesta empezó a las 10 de la mañana y los inconformes dijeron que permanecerán en el lugar hasta que sean atendidos.
En la cárcel, por ser día de visita, los manifestantes sólo permitieron ingresar a los familiares que van a ver a algún interno, e impiden la salida de los guardias de seguridad y del director del penal.
El coordinador del FODEG, Hoguer Morales Miranda, Antonio Leobardo fue detenido el viernes a las 8 de la mañana en Chilapa, después fue llevado a Chilpancingo, luego a Tierra Colorada, después a Las Mesas y finalmente encarcelado en Ayutla a las 6 de la tarde, acusado de los delitos de privación de la libertad y de obstaculizar la vía pública.
En la tarde se buscó a Morales Miranda para conocer si hubo acuerdos para la liberación de Antonio Leobardo pero no fue posible localizarlo.

Acusan en narcomanta a integrantes de la UPOEG de Ayutla de torturar y extorsionar inocentes

La mañana de ayer apareció una narcomanta contra los integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres.
La manta fue encontrada en el barrio de San José, a un costado de la escuela primaria Himno Nacional, rumbo al panteón municipal.
En ella acusan a los integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC) de la UPOEG de extorsionar y torturar a inocentes.
En la manta se lee tal cual: “A ver hijos de su pinche madre esto es el primer aviso para los que torturan extorsionan y matan inocentes ya vamos por ustedes, Andrés Catarino Cabello Pedro, Piter o X1 Sejas Carrillo Candia Daniel o ‘Z40’ Víctor o el Chavo Ismael Canales”.
El mensaje señala a dos promotores y maestros del municipio que también son representantes sindicales y autoridades comunitarias, al coordinador del Consejo de Autoridades Civiles y Agrarias del Municipio, Hermelindo Candia Solano y al secretario general de la sección sexta del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Andrés Catarino Cabello, además de otros integrantes a los que se les nombra por sus apodos.

Entregan abogados de Nestora exhortos al TSJ en la capital para que se resuelva su situación jurídica

 

Los abogados de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, Sandino y Amanda Rivero Espinosa entregaron los exhortos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de las declaraciones preparatorias que presentó este viernes en la Ciudad de México, para agilizar el proceso; y a partir del lunes inicie el plazo de 72 horas para que los jueces de Guerrero resuelvan su situación jurídica.
Este viernes, Salgado García presentó su declaración preparatoria de tres nuevos procesos penales, sin asistencia consular, y vía telefónica el abogado Sandino Rivero Espinosa informó que se esperaba que los jueces resolvieran su situación jurídica, de formal prisión o libertad, el jueves o viernes.
A la 1 de la tarde de ayer, los abogados Sandino y Amanda Rivero Espinosa acudieron con el secretario General de Acuerdos de la sede del TSJ, en el Zócalo de la capital, para entregar la documentación.
Posteriormente, en declaraciones los abogados informaron que, a partir del lunes el TSJ será el responsable de enviar los expedientes a los jueces de Tlapa, Ayutla y Huamuxtitlán e iniciará el plazo de 72 horas para resolver la situación jurídica de su defendida; esperan que el miércoles o jueves se notifique a la coordinadora de la Policía Comunitaria su situación jurídica.
Amanda Rivero explicó que los tres nuevos procesos contra Nestora Salgado son secuestro, robo, y privación de la libertad y de tentativa de homicidio, por lo que los jueces enviaron una notificación para que en un juzgado de la Ciudad de México la luchadora social hiciera sus declaraciones preparatorias.
Después de las declaraciones de Nestora Salgado, acudieron al TSJ para entregar los exhortos porque el Tribunal es el encargado de distribuirlos a los juzgados de Guerrero, y esperan que se entreguen a más tardar este lunes, cuando comenzará a correr un lapso de 72 horas para que los jueces determinen la situación jurídica de la fundadora de la Policía Comunitaria en Olinalá.
Sandino Rivero manifestó que, durante las administraciones de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez sólo hubo “mala fe en el caso de Nestora Salgado”, porque durante estas dos administraciones sólo dispusieron del conflicto políticamente.

El dinero para liberar al indígena ñuu savi es para resarcir daños, dice líder de la UPOEG en Ayutla

El promotor de la Policía Ciudadana de Ayutla de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Andrés Catarino Cabello reveló que el pago de 22 mil 500 pesos que piden por la liberación del indígena ñuu savi Juan Pánfilo Catarino de 16 años, es para resarcir el daño ocasionado al dueño de uno de los tres carros robados donde el adolecente participó.
El promotor de la UPOEG sostuvo que ese dinero no es para la organización y que de forma directa la familia del presunto asaltante lo entrega a los afectados y los representantes de la UPOEG sólo participan como observadores. Consultado por teléfono luego de que ayer en estás páginas se publicó la denuncia que por escrito que envió el papá del detenido, Ricardo Pánfilo Procopio, expresó que el acusado aceptó su participación en el robo de tres carros tipo Tsuru de los que sólo uno fue recuperado.
El promotor indicó que los otros dos delincuentes, Maximino Ángel Vargas y Edgar Contreras Campos, ambos de 17 años, fueron liberados luego de resarcir el robo que habían cometido contra los dueños de los carros quienes ante la Policía Ciudadana acreditaron la pertenencia de los vehículos. El primero pagó 90 mil pesos en total; 20 mil pesos en efectivo y el resto con unas escrituras. El segundo detenido fue liberado luego de pagar 22 mil 500 pesos.
Catarino Cabello indicó que los adolescentes Pánfilo Catarino y Contreras Campos fueron detenidos por militares en el retén que se encuentra en la entrada del municipio en flagrancia y en posesión de un Tsuru rojo, luego de que el dueño de uno de los tres carros robados acudió a pedir auxilio. Los adolecentes fueron trasladados al MP en la madrugada de donde fueron liberados la tarde del 21 de noviembre del 2015.
Ese mismo día fueron detenidos por los policías ciudadanos de la UPOEG. Y por investigaciones de la organización después fue detenido Maximino Ángel Vargas, líder de la banda.
Del pago para reparar el daño dijo que “nosotros dentro del proceso que tenemos damos facilidades, para que la gente, cubra los daños y sean liberados, y se les reeduca”. Indicó que en aproximadamente diez días si el joven no cubre la cantidad será puesto a disposición del Ministerio Público donde hay una denuncia por robo.
Por otra parte informó que la Policía Ciudadana de la comunidad de Ahuacachahue ha pedido que el joven sea trasladado a la localidad para que sea reeducado, sin embargo dijo que la decisión se tomará en asamblea.

Rechaza jefe militar la petición que le llevaron 30 comisarios de Ayutla de libre tránsito para policías de la UPOEG

El comandante del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande, Raymundo García Flores, rechazó la solicitud de una comisión de 30 comisarios y delegados del municipio de Ayutla de los Libres, quienes demandaron el libre tránsito de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en ese municipio, además de que piden que cesen las revisiones exhaustivas que los militares hacen a la gente.
A las 11:30 de la mañana, 30 autoridades municipales, sin policías ciudadanos, llegaron a las instalaciones del 48 Batallón de Infantería, donde fueron atendidos por el coronel García Flores, quien no quiso recibir la solicitud firmada por 48 comunidades de Ayutla.
De acuerdo con el promotor de la UPOEG, Andrés Catarino Cabello, el coronel argumentó que él no podía recibir el oficio porque tiene superiores en Acapulco, a quienes se les debería de girar el documento, en referencia a la Novena Región Militar a la que pertenece el batallón a su cargo.
Catarino Cabello comentó que la solicitud de las comunidades fue aprobada en una asamblea el domingo, y se debe a las constantes revisiones de los militares a los policías ciudadanos que salen de las comunidades a apoyar en la seguridad a sus compañeros de la cabecera municipal, donde ha habido un aumento de asaltos, robos y extorsiones contra familias y negocios.
Los comisarios y delegados, quienes fueron atendidos afuera de las instalaciones del 48 Batallón, se retiraron luego de una hora. Andrés Catarino indicó que será a finales de este mes cuando una comisión viaje a Acapulco para entregar el oficio a los mandos superiores del comandante del 48 Batallón, debido a que en este momento no tienen dinero suficiente para el viaje.