La tarde del miércoles hombres armados persiguieron a la subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) del gobierno estatal, María del Carmen López Olivares, en la carretera federal México-Acapulco, cerca del crucero de Casa Verde (en Zumpango), cuando la funcionaria iba a Iguala.
Según fuentes policiacas de Seguridad Pública estatal y federal, alrededor de las 4:15 de la tarde, la funcionaria estatal pidió auxilio al número de emergencias 066; dijo que era perseguida por cuatro hombres armados a bordo de una camioneta Tacoma blanca, que intentaron secuestrarla.
Vía telefónica, la subsecretaria de Ingresos de la Sefina, María del Carmen López, que fue como se identificó en la llamada al C-4, pidió auxilio a las corporaciones policiacas cuando viajaba de Chilpancingo a Iguala. Al pasar por Casa Verde, hombres armados la persiguieron en una camioneta, la funcionaria se escuchaba “desesperada”, informaron las fuentes.
Casi una hora después del reporte, a las 5:10 de la tarde, se dio a conocer que agentes de la Policía Federal (PF) del sector Caminos se encontraron con la funcionaria, no se dio mayor información de con quién iba ni en qué vehículo viajaba pero se supo que ya la tenían bajo resguardo.
Más tarde, la funcionaria explicó que nunca corrió peligro su vida y lo que intentaban era robarle su camioneta.
Se dio a conocer que después la escoltaron a la caseta de Paso Morelos, en Huitzuco, para que regresara a Chilpancingo por la Autopista del Sol.
Del grupo que la persiguió no se obtuvo mayor información y se dio a conocer que el hecho se reportó a mandos del Operativo Especial Iguala, de la 35 zona militar, del 27 y 41 Batallón de Infantería.
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Anuncian taxistas de la Costa Chica que aumentarán 5 pesos a las tarifas
Taxistas de la ruta Ayutla-Cruz Grande-Ayutla informaron que a partir del lunes el costo del pasaje pasará de 45 a 50 pesos ante el alza del precio de la gasolina.
El miércoles las mesas directivas de varios sitios foráneos y locales de Marquelia, San Marcos, Cruz Grande y Ayutla entregaron un oficio a la delegación de Transportes en la Costa Chica, solicitando la autorización del aumento de 5 pesos a la tarifa del pasaje, ante el reciente aumento al precio de la gasolina.
Ayer los taxistas del sitio Ayutla-Cruz Grande comenzaron a informar a los usuario que a partir del lunes el costo del pasaje será de 50 pesos.
Los usuarios manifestaron su descontento ante el aumento, e indicaron que apenas en diciembre pasado hubo un aumento de 5 pesos al pasaje.
Otras rutas que solicitaron la autorización para el mismo aumento son las que van de Marquelia a Ometepec, y de Cruz Grande a San Marcos, además de los sitios de taxis locales. (Jacob Morales Antonio / Ayutla).
Contrata la CFE a un despacho que hostiga a usuarios para que paguen recibos atrasados
Habitantes de Ayutla denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contrató un despacho jurídico que comenzó a hostigarlos para que paguen los recibos de luz acumulados, que presentan un cobro más elevado de lo que usualmente pagaban.
Ayer, durante la reunión de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el promotor Crisóforo García advirtió que las comunidades tomarán acciones radicales si la CFE no accede al diálogo, porque consideran injusto que indígenas y pobres paguen miles de pesos por recibos con tarifas excesivas.
El señor Inocente Moctezuma, originario de la comunidad de Cerro Gordo Nuevo, es uno de los inconformes que el sábado fue notificado mediante un oficio con el membrete de Grupo GABSSA, para pagar 22 mil 800 pesos de la luz que ha utilizado desde 2010, cuando dejó de pagar el servicio por considerar que los recibos tenían cobros excesivos.
Indicó que antes de ese año, los recibos llegaban hasta 200 pesos, pero después fueron de más de 2 mil 800 pesos; dijo que él no puede pagar, “soy campesino y queremos un pago justo”. Informó que no le han cortado la luz porque se encuentra en una de las 13 comunidades que se han unido contra la CFE, por los excesivos cobros.
Otro de los inconformes que fue notificado es Francisco Alonso Ramírez, de la misma comunidad, que recibió el aviso del despacho de cobranza para que pague 26 mil 221 pesos de consumo de luz y 24 pagos vencidos.
En el oficio que recibió y que fue mostrado ayer en la reunión de la UPOEG, se lee, “La CFE ha turnado su asunto al representante GABSSA, para la recuperación extrajudicial por el adeudo del servicio que le ha sido prestado y fue registrado en sus recibos”.
“A la fecha de ser emitido este comunicado, no tenemos registro de pago y ha hecho caso omiso de los recibos enviados que indican el consumo registrado, el monto a pagar, y fecha límite de pago. Le requerimos de manera inmediata e impostergable cumpla con su obligación pagando este servicio, dentro de las próximas 48 horas o bien se acerque para entablar una negociación”.
Grupo GABSSA, fue fundada en 1995, refiere su página en internet, “Hemos colaborado para Instituciones Públicas y Privadas, especializándonos en la administración y recuperación de Créditos Hipotecarios y Créditos al Consumo para clientes”.
En 2010 fue señalada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero, entre los tres despachos que concentraron el mayor número de denuncias por cobranza indebida.
Hará el IEPC en Ayutla una campaña informativa de la segunda consulta
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) dio a conocer una campaña informativa en Ayutla para que sus habitantes se enteren del contenido del resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) respecto a la consulta que se hará por segunda ocasión respecto al método de elección de sus autoridades.
La mañana de este miércoles se realizó la reunión de trabajo de la Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres y Voto en el Extranjero, que encabeza el consejero Felipe Arturo Sánchez Miranda, en la que se expuso el proyecto de campaña de información dirigida a los habitantes de Ayutla.
Los consejeros se organizaron para definir cómo se cumplirá el resolutivo de la Sala regional del Trife, que obliga a este órgano electoral a cumplir con la difusión de la síntesis de la sentencia.
En la reunión se discutieren los medios por los cuales se difundiría la campaña, que plantea informar a la población sobre los resolutivos dados a conocer por el Trife, así como las lenguas a las que será traducida.
Asimismo, se discutió la necesidad de seguir trabajando con la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas para que se dote de traductores tlapanecos y mixtecos con el objetivo de que en una segunda etapa se pueda difundir la resolución del tribunal en dichas lenguas.
Al finalizar la reunión la presidenta del Consejo General, Maricela Reyes Reyes, explicó que el IEPC está obligado a difundir en Ayutla la síntesis de la sentencia, la cual fue elaborada por el Trife.
Detalló que la sentencia de 300 páginas fue sintetizada a 15 cuartillas, las cuales deberán ser difundidas a través de la radio, televisión, internet y medios impresos como parte del resolutivo. “Hay un marco que nos obliga a tomar las medidas necesarias para que estén bien informados sobre sus asuntos”, agregó.
Dijo que antes de iniciar la primera etapa de la segunda consulta que se realizará en el municipio, se debe cumplir con la sentencia de informar sobre lo impugnado por los partidos.
A la reunión también asistió el abogado de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, quien tras la reunión se entrevistó con los consejeros a puerta cerrada.
Al concluir el encuentro fue consultado sobre su participación y contestó que debe quedar claro que el propósito de seguir en la lucha por que sea respetada la elección de las autoridades a través de los usos y costumbres de los pueblos es con el fin de promover la democracia.
Agregó que su visita al IPEC se debió a que se enteró de la reunión que habría, por lo que enfatizó que la resolución es histórica porque reconoce la “licencia” de los derechos de los pueblos originarios de Guerrero.
“Queremos decir que el Estado de derecho está ahí, buscamos con este nuevo proceso y ese régimen fortalecer la democracia en las regiones indígenas, pero se requiere de todos los ciudadanos”, comentó.
“No sean ajenos al dolor”, piden padres de los 43 a los pobladores de Cerro Gordo Nuevo, Ayutla
“Como pueblo no sean ajenos al dolor de los padres”, pidió Blanca Luz, madre de Jorge Álvarez, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, a los pobladores de Cerro Gordo Nuevo, municipio de Ayutla, por donde pasó ayer la caravana que reactivó su recorrido por la Costa Chica el sábado en Tecuantepec, municipio de Tecoanapa.
El grupo de padres de algunos de los 43 normalistas desaparecidos reiteró que no hay pruebas que demuestren que sus hijos están muertos, por lo que continuarán luchando y buscándolos con vida.
“Es un dolor muy fuerte, no sé como hemos aguantado, no queremos que otra madre, otro padre sufra lo que estamos sufriendo”, expresó la madre de Giovanni Galíndez, María Luisa Guerrero.
Los padres convocaron a los pobladores de Cerro Gordo Nuevo a apoyarlos en las marchas para exigir la aparición con vida de los jóvenes y a conformar un comité para difundir en su comunidad la información de los avances que haya en la búsqueda de los estudiantes.
La caravana de padres se reunió a las 7 de la noche con unos 50 pobladores de Cerro Gordo Nuevo, de donde es originario Carlos Iván Ramírez Villareal, uno de los 43 normalistas desaparecidos. Allí, Blanca Luz Nava enfatizó que no hay ni una prueba que demuestre que los normalistas desaparecidos están muertos, “por eso luchamos y seguiremos luchando hasta encontrarlos, sabemos que por ahí los debe de tener el gobierno”.
Recalcó que están como en el primer día después del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los jóvenes, pues no tienen ninguna noticia de ellos y por eso seguirán en las calles. Mencionó que en los medios como la televisión no se dicen las cosas claras, por eso han decidido recorrer los pueblos para pedir el apoyo a su lucha.
Blanca Luz pidió a los asistentes no sean ajenos al dolor de los padres y madres.
Llamó a los pobladores de Cerro Gordo Nuevo a mantenerse unidos, “si no el gobierno va a seguir desapareciendo”. Y sobre todo a apoyar a los padres de Carlos Iván.
En turno, María Luisa Guerrero pidió a los pobladores que los apoyen en las marchas que hagan y dijo que no cesarán en la búsqueda de sus hijos porque están “aferrados a encontrarlos”.
“Hoy nosotros estamos luchando con tal de que no vuelva a pasar, el gobierno empieza a reprimir porque ve que la gente está haciendo conciencia de la realidad que vivimos” expuso por su parte el vocero de los padres, Felipe de la Cruz.
De la Cruz explicó que tienen dos objetivos, el primero conformar un comité para difundir la información de la búsqueda de los jóvenes desaparecidos y las acciones de lucha que llevan a cabo para encontrarlos, y el otro para pedir que se organicen, si es que no aparecen los normalistas antes del próximo 26 de septiembre que se cumplen dos años de su desaparición, para participar en la marcha regional en Ayutla.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra comentó que la intención es que el comité informe qué es lo que se planea y cómo pueden apoyar como pueblo.
El comandante de la Policía Ciudadana, Gildardo Ramírez Camila dijo a los padres que falta información, que ellos quisieran saber qué sigue para volverse a encaminar y apoyarlos en su búsqueda. Mencionó que conoció a Carlos Iván, quién dijo, tiene muchos amigos en Cerro Gordo Nuevo y “a mí me gustaría que si está vivo lo trajeran de vuelta”.
Antes, a las 2 de la tarde un grupo de padres de familia y estudiantes de Ayotzinapa, una comisión del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y abogados de Tlachinollan, visitaron dos horas al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos, quien se encuentra preso en la cárcel de Ayutla.
Felipe de la Cruz indicó que tenían prevista la visita al penal de Ayutla porque es importante la unidad de los movimientos. “Sabemos que Arturo Campos es una persona importante en la lucha social de los pueblos, principalmente en la organización de las policías comunitarias por la seguridad de las comunidades. Expuso que fueron a solidarizarse con el promotor de la CRAC, a quien le dijeron que saldrá porque están seguros de que el crimen que se le imputa no existe.
El vocero de los padres dijo que Arturo Campos les dijo que se mantengan firmes en la lucha, para encontrar y saber qué ocurrió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“Cuanto salga se incorporá al movimiento que ya no es un movimiento de una sola organización sino un movimiento de todo México, y que tengamos la plena seguridad que va a ser un elemento más en este movimiento” manifestó el vocero.
El abogado Vidulfo Rosales expuso que hace falta voluntad política del gobierno de Héctor Astudillo , pues argumentó que existen “muchísimos” elementos para dejar en libertad a los integrantes de la CRAC que están presos.
Refrenda la asamblea de la CRAC en la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, su reconciliación con la casa matriz
En la asamblea microrregional de la Casa de Justicia de El Paraíso, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), por unanimidad las autoridades votaron a favor de la reconciliación con la casa matriz, de San Luis Acatlán.
El coordinador de la Casa de justicia de El Paraíso, Gregorio García Morales precisó que no era la reincorporación de las 35 comunidades que conforman la Casa de Justicia de El Paraíso a la de San Luis Acatlán, sino una reconciliación, indicó que seguirán trabajando de forma autónoma, pero coordinada, y precisó que no estarán bajo las órdenes de la casa matriz.
La asamblea inicio a las 11 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde bajo una intensa lluvia. Asistieron unos 250 integrantes; consejeros, policías comunitarios, comisarios, comisariados y delegados, y sólo dos mujeres que observaron la reunión, así como los seis integrantes que salieron de la cárcel el 12 de abril, que participaron y votaron en la asamblea.
Al encuentro llegaron los consejeros de la casa matriz, Sabás Aburto Espinobarros e Ignacio Navarro Mosso, y el representante de la Casa de Enlace en Tecoanapa, Prócoro Valente, quien mostró disposición de volver a coordinarse con la casa de El Paraíso.
Minutos antes de la votación de la unificación, en su intervención Aburto Espinobarros recordó que los integrantes de la Casa Matriz de San Luis Acatlán aprobaron la reintegración con la Casa de El Paraíso y la permanencia de la Casa de Justicia, el sábado 4 de junio en asamblea microrregional en San Luis Acatlán.
Sin embargo, el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Humberto Viviano precisó que el término reintegración está mal empleado y que el correcto sería reconciliación, “porque nosotros nunca nos fuimos del sistema”. Se declaró a favor de que ambas casas trabajen de manera coordinada y articulada.
Otro integrante, Donaciano Morales coincidió y llamó al respeto de la autonomía de cada Casa de Justicia, “tenemos que unirnos para que no, nos conviertan en policía rural”, pidió, y sostuvo que, gracias a la Policía Comunitaria, desde hace tres años en los poblados donde opera no hay secuestros, asesinatos ni violaciones. En su intervención, el coordinador Gregorio García Morales explicó a la asamblea que el término ya había sido abordado en las reuniones previas, donde se acordó el respeto a la autonomía de las Casas de Justicia, “no vamos a estar bajo el mando de San Luis”, expresó.
El coordinador explicó también, sin decir nombres ?aunque en clara referencia a Eliseo Villar Castillo, preso desde el 30 de abril de 2015?, que quienes provocaron el conflicto en la CRAC ya no están, y llamó a la conformación de un solo frente como organización, porque la CRAC está “apagada” frente a otros movimientos que sí están visibles.
Después, la asamblea votó por unanimidad a favor de la unificación y ratificó el acuerdo votado también a favor el 4 de junio en la asamblea de San Luis Acatlán.
Unidad y defensa de la Ley 701
En otra intervención, Aburto Espinobarros dijo que la importancia de la unificación de las fracciones de la CRAC que se han conformado (algunas sin el reconocimiento de la Casa Matriz) es la defensa de la Ley 701, que será reformada por los diputados locales, y advirtió que “desde el gobierno se intenta frenar a la CRAC”.
Informó que iniciaron los trabajos del convenio que firmó el gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para la reforma a la Ley 701, e insistió en la importancia de la unidad para que los cambios a la Ley 701 sean para que el sistema avance y no para el retroceso de la organización, que es considerada y reconocida por la legislación actual como parte del sistema de seguridad estatal.
Reiteró que la unificación servirá para cambiar el reglamento interno de la CRAC, que deberá estar antes de la reforma a la Ley 701, para que del propio reglamento se retomen algunas propuestas a la Ley. Anunció foros de discusión que propondrán en las comunidades donde opera el sistema de justicia comunitario para que sea el pueblo el que decida.
El consejero reiteró la importancia de la unificación para evitar problemas con el reconocimiento del sistema comunitario en la Ley 701, como los que tienen otras organizaciones que han surgido, y sin decir nombres se refirió a la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a la Policía Comunitaria del Frente Unidos para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y a las autodefensas.
El consejero Claudio Sánchez urgió la pronta elaboración de propuestas a la Ley 701, para que el gobierno no lo haga a su manera.
Eligen a dos coordinadores y nombran a nuevo comandante regional
En la asamblea fue aceptada por los pueblos la renuncia del coordinador Efraín Rea López, que el coordinador presentó por escrito el 31 de mayo.
La separación del coordinador es porque se desempeña como director de desarrollo social del municipio y, según lo estipulado en el reglamento de la CRAC, nadie que tenga un cargo público podrá ser autoridad comunitaria.
En la asamblea fue nombrado por unanimidad como nuevo coordinador Juan Antonio García Fidencia, quien en su intervención explicó que cumplirá con sus deberes, siempre y cuando la población también lo apoye con los gastos, porque el nombramiento y el cargo no tiene un sueldo y los días que hay que estar de guardia en la Casa de Justicia, no trabaja, y no tiene ingresos económicos.
El nuevo coordinador, incluso recriminó a Rea López, que no haya dejado su cargo en el Ayuntamiento, “¿por qué no renunció allá donde hay dinero?”, pregunta que arrancó risas entre los asistentes y el propio Rea López.
También fue elegido por mayoría de votos Raúl Morales Morales como coordinador, pero no aceptó el cargo, y Luis Lucas García, quien quedó en segundo lugar en la votación, asumió su cargo. Este espacio lo ocupó la comunidad de El Parotillo que renunció al sistema comunitario el 31 de mayo pasado.
En la reunión también fue elegido como nuevo comandante regional, Valentín García, después de que el comandante regional de la zona El Charco-Pozolapa dejó el cargo por un asunto personal y porque tiene que ausentarse de su comunidad cinco meses.
Se informó que el próximo sábado 18 de junio, será la primera reunión de coordinadores y comités de enlace después de la unificación, y el sábado 26 será la culminación de la asamblea del 11 de junio que fue suspendida ante la lluvia
No cumple el gobierno con la CNDH en el caso de la muerte de una mujer por negligencia médica en Copala, denuncian
La indígena me’phaa, Ángela García Victoriano denunció ayer en esta capital que el gobierno del estado no ha cumplido con la recomendación del expediente CNDH/4/2014/2327/Q, que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue y sancione a los responsables de la muerte por negligencia médica de su hija de 20 años, Brígida Campos García, en el hospital de Copala.
La mujer, quien apenas habla español, participó ayer en la marcha de la Organización de Pueblos Indígenas Me’Phaa (OPIM) de Ayutla, que se quedó en plantón afuera del Palacio de Gobierno en demanda de la apertura del Centro de Atención a la Mujer Indígena y el albergue que se construyeron en Ayutla.
En septiembre de 2014, la CNDH emitió una recomendación al entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, ante la “inadecuada atención médica y pérdida de la vida” de una mujer me’phaa de 20 años y su bebé de ocho meses de gestación, en el hospital básico de Copala.
La joven Ángela García Victoriano falleció el 21 de marzo de 2014 a causa de negligencia médica en el hospital de Copala; la CNDH emitió una recomendación al gobierno del estado para pedir que se investigue el caso, que se repare el daño y se sancione a los responsables.
Consultada ayer, Garcia Victoriano denunció que el gobierno del estado no ha cumplido esa recomendación, y que dos años después ya nadie le hace caso.
“La mataron como a un perro, y también se murió su bebé. Yo quiero justicia, que se cumpla con la recomendación”, dijo entre sollozos la mujer frente al Palacio de Gobierno.
Recordó que su hija tenía 20 años y su nieto apenas iba a nacer, “pero se murió en urgencias, por eso no me quedo conforme”, dijo.
La mujer informó que el personal médico al que acusa de negligencia, ahora hasta le ha mandado a un abogado para intimidarla.
Desde abril de 2014, la CNDH comenzó una investigación de la muerte de Brígida Campos García y de su bebé de ocho meses de gestación, en el hospital de Copala, ocurrida el 21 de marzo de ese mismo año.
Brígida Campos era originaria de la comunidad de El Potrero, municipio de Ayutla, pero radicaba en Copala.
El 21 de marzo del 2014 con un embarazo de ocho meses entró caminando al hospital de esa cabecera municipal, pero después de una espera de casi cinco horas sin recibir atención murió, según denunció en su momento la madre de Brígida.
“Como madre, me dio coraje, y cuando quise ir a pedir información no me dejaron entrar, después, cuando mi hija murió no me quisieron entregar ni el acta de defunción”, denunció.
Tras del fallecimiento de su hija, personal del hospital en una ambulancia llegó a la casa de Ángela, en donde se encontraba su yerno, Jesús Victoriano Ángel, a quien sacaron y le dijeron que su mujer había ingresado con síntomas de anemia y tuberculosis, y que fueron las causas de su fallecimiento.
El personal médico pretendió que el esposo de la fallecida firmara unas hojas en blanco, pero familiares de Brígida Campos salieron a exigirles que se retiraran.
El reporte oficial de la muerte de la joven madre, elaborado por la médica encargada, Vanessa Analco Ramírez, dictaminó que el fallecimiento fue por “infarto agudo al miocardio e insuficiencia respiratoria aguda”.
Busca el gobierno excluirla del Centro de la Mujer Indígena en Ayutla:?OPIM
La dirigencia de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) con sede en Ayutla, denunció que el gobierno del estado pretende excluir a esa agrupación de la operación del Centro de la Mujer Indígena y del alberge para estudiantes indígenas, y que como protesta unas 300 mujeres indígenas llevarán a cabo una marcha el próximo martes de Ayutla a Chilpancingo.
El centro y el albergue se construyeron en Ayutla con recursos del gobierno federal y estatal, en cumplimiento a la sentencia que emitió en el 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación sexual a la indígena me’phaa, Inés Fernández Ortega.
“La lucha de la OPIM pasa por la operación del centro de la mujer y el albergue, porque es resultado de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por la violación de una mujer indígena. En esa sentencia contra el Estado mexicano la OPIM es representante, y en el funcionamiento del centro, el gobierno no puede excluir a las mujeres de la OPIM”, se quejó la organización mediante un comunicado en el que anuncia la movilización de las indígenas.
En el documento se denuncia que el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame “ha incumplido su palabra y pretende que sólo la víctima y otras mujeres indígenas operen el centro para decidir a su antojo. El gobierno federal y otros actores siguen su juego con la finalidad de excluir a las mujeres de la OPIM”.
La OPIM exige además el cumplimiento de las “obligaciones legales” de los gobiernos para que los derechos humanos de los indígenas y de los ciudadanos se respeten plenamente, para tener acceso sin pretexto a la salud, educación, alimentación, vivienda y desarrollo.
La organización indígena también reclama el derecho “a una distribución justa y equitativa de la riqueza para el desarrollo con visión integral de los pueblos indígenas”.
Por ello anuncia que el próximo martes 31 de mayo, un contingente de 300 mujeres de la OPIM partirá en una caminata de Ayutla a Chilpancingo para hablar con el gobernador, Héctor Astudillo Flores y exigirle que se cumplan estos derechos y se inicie la operación del Centro de la Mujer Indígena y el albergue para estudiantes.
Acepta la alcaldesa de Ayutla el aumento salarial pero “seguirá la lucha”, dice el líder sindical
El secretario general de la sección 6 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Andrés Catarino Cabello, informó que la presidenta municipal de Ayutla del PRI-PVEM, Hortensia Aldaco Quintana, aceptó que el aumento salarial de los trabajadores sea de 4.2 por ciento.
El dirigente sindical comentó que la tarde del miércoles, de forma apresurada la alcaldesa lo mandó a traer con el secretario del Sindicato de Empleados Basificados del Municipio de Ayutla (SEBMA), y le dijo que aceptaría el aumento de 4.2 por ciento al salario que exigen los trabajadores desde el 9 de mayo.
Sin embargo, el dirigente denunció que no hubo respuesta positiva a otras demandas como el pago de indemnización a tres familias de trabajadores que fallecieron y el alta de los hijos o parientes de éstos, así como el respeto a bonos y apoyos para los trabajadores, además de que hay empleados enfermos y que no pueden seguir laborando.
Catarino Cabello indicó que los trabajadores mantendrán la lucha para exigir el respeto de los derechos que han ganado y no dejarán que la presidenta municipal los pisotee.
Protesta la UPOEG en el Ayuntamiento de Ayutla; pide agua y respeto a usos y costumbres
Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y habitantes de comunidades del municipio de Ayutla de los Libres, protestaron en el Palacio Municipal para solicitar una audiencia con la alcaldesa del PRI-PVEM, Hortencia Aldaco Quintana para exigir agua potable.
La manifestación comenzó a las 12 del día y terminó una hora después.
Vía telefónica la promotora de la UPOEG, Eneida Lozano Reyes informó que en la protesta participaron unas 350 personas, y se debió a la falta de agua potable en la cabecera municipal y las comunidades, pues no han concluido las obras.
Piden dinero para la gasolina que utiliza en sus labores la Policía Ciudadana y la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Los inconformes fueron atendidos por el secretario general del Ayuntamiento, Luis Meza, a quien los pobladores exigieron que las sesiones de Cabildo sean abiertas. El funcionario les indicó que será el próximo martes cuando la alcaldesa los atienda.
La representante de los manifestantes mencionó que también exigen a la presidenta que respete las elecciones por usos y costumbres, pues la población votó a favor de ello en la consulta, sin embargo, ella se ha manifestado en contra.
El 1 de abril el Tribunal Electoral del Estado (TEE) dejó sin efectos el acuerdo por el que se aprobó el informe de la consulta realizada en el municipio de Ayutla a solicitud de la UPOEG, y ordenó también al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la notificación de esa sentencia, se pronuncie por la validez o no validez de los resultados de la consulta que aplicó en comunidades y colonias de Ayutla.