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Se desvanecieron dos procesos penales por secuestro contra Arturo Campos, informa Tlachinollan

 

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra declaró que ve la posibilidad de que el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Ayutla, Arturo Campos Herrera, salga libre pronto.
Explicó que después del careo que Campos Herrera sostuvo el miércoles con quienes lo acusan de secuestro se desvanecieron los dos procesos penales que tenía por ese delito, y que solamente quedaron dos por portación de arma de fuego y uno por robo.
Rosales Sierra acusó que es evidente que el promotor de la CRAC, quien fue detenido el 1 de diciembre del 2013, sigue preso por consigna política y no porque los jueces hayan encontrado elementos para procesarlo.
Consultado por teléfono explicó que la causa penal 196/2013-III por secuestro era la más difícil, pero que durante el careo con cinco de las presuntas víctimas el miércoles, reconocieron que nunca lo vieron en la Casa de Justicia de El Paraíso donde estuvieron detenidos y que tampoco les pidió dinero, por lo que no se configura el delito.
Dijo que quienes acusaban al promotor de la CRAC explicaron que estuvieron detenidos en El Paraíso por acusaciones que les hicieron en sus comunidades, y deslindaron a Campos Herrera.
La causa penal 196/2013-III es la misma que enfrentó por secuestro Nestora Salgado García, quien fue liberada en marzo pasado. También es la misma que enfrenta el promotor de la CRAC de Tixtla Gonzalo Molina González y por la que fueron juzgados y liberados los cinco policías comunitarios de El Paraíso y su coordinador Bernardino García Francisco.
Rosales Sierra mencionó que esta causa penal fue resuelta por los jueces federales, quienes no encontraron elementos para que se configurara el delito de secuestro y absolvieron a los acusados, pero que son los jueces locales los que no han querido pronunciarse en el mismo sentido, “por eso vemos que en el caso de Arturo Campos y Gonzalo Molina siguen presos por consigna política”.
Agregó que ahora que se echó abajo la acusación por la declaración de las supuestas víctimas que exculparon al detenido, la jueza de la causa tendrá que pronunciarse por la libertad de su defendido.
Informó que las otras dos causa penales por los delitos de portación de arma y otra de robo son fáciles de impugnar, y que Molina González tendrá que ser puesto en libertad.

 

Se carea Arturo Campos con cinco testigos en su contra, que no sostienen las acusaciones

Los agraviados que se presentaron al careo contra el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso en Ayutla, Arturo Campos Herrera, que supuestamente lo acusaban de secuestro y privación de la libertad, no sostuvieron las acusaciones contra él y en la lectura de sus declaraciones no lo mencionan.
El careo inició a las 10 de la mañana en la Primera Secretaría de Acuerdos del juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos con la secretaria Imelda Molina Sánchez, el representante del Ministerio Público, Mariano Ramírez. Los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que representan a Campos Herrera y cinco agraviados de los 43 que lo señalan. De éstos alrededor de 20 son de municipios de la Montaña y el resto de la Costa Chica, donde se desarrolla su proceso bajo la causa penal 196/2013-I.
El procedimiento inició con la lectura de las declaraciones asentadas de los agraviados y luego el careo entre Campos Herrera y ellos, sobre lo que declararon cuando se integró el expediente y en el cual se escucharon textos similares y palabras rebuscadas fuera del contexto de la gente de la región, además en ninguna de ellas lo mencionan.
En el careo Arturo Campos respondió a todos que no lo mencionan en sus declaraciones ni que él los hubiera detenido o pedido dinero, que cada comunidad tenía su propia Policía Comunitaria, que él reconocía que era parte de la CRAC-PC y por eso acudía a la Casa de Justicia.
A uno le dijo que él mismo reconocía que estuvo en una Casa de Justicia no en una casa de seguridad, que estuvo a la vista del pueblo, no escondido, que podía hablar con sus familiares “un secuestrado no habla con su familia, sin embargo tú no tienes la culpa porque te hicieron firmar eso en el Ministerio Público, ahí pusieron las cosas por el delito de secuestro, yo no te pedí dinero, ni te detuve”, remarcó.
El agraviado respondió que acepta que él no lo había detenido, pero lo iba a ver y les decía cosas malas al decirles que si no trabajan no comerían, los apuntaba con sus armas y dijo que podía dispararles, ante lo que respondió que él no llevaba armas porque no es policía comunitario, y cada policía llevaba su credencial.
Finalmente la víctima dijo, “reconozco que usted nunca nos pidió dinero” y le reprochó que nunca investigó si estaban injustamente encarcelados, a lo que le respondió que para eso se llevaba un procedimiento de deliberación con el análisis de sus expedientes y la asamblea decidía su libertad o reeducación temporal, “yo llevo tres años encerrado sin haber cometido delito y el gobierno no me dice ‘tú no cometiste delito’”.
Le remarcó que no negará que es de la Policía Comunitaria que se organizó para defender al pueblo porque el gobierno no puede.
A otro según su declaración se lo llevaron de la comunidad de Santa Cruz a la Casa de Justicia en El Paraíso, y lo rescató un grupo de policías federales y ministeriales cuando estaba secuestrado con otros, le pedían 25 mil pesos para liberarlo y reconoció a algunos en fotografías que le mostraron con cargos y nombres completos, pero no estaba Arturo Campos.
Campos Herrera, una vez más le dijo que en su declaración no lo menciona, ni le pedía dinero a nadie y que cada comunidad tenía su Policía Comunitaria y desconocía si tenía algún problema en ella, y le reiteró que en la CRAC todo se decide en asamblea.
Le mencionó que Germán Cantú, otro de los acusados, no era policía comunitario sino un profesor que iba por el lugar y le preguntó ¿los conoció?, y el agraviado le dijo que no “la verdad eran varios, los veían, pero no sé sus nombres”.
Campos Herrera le dijo que en la operación estuvo el Ejército y la Marina y eso no aparece en sus declaraciones, sólo las policías estatal y ministerial, “le digo que hay muchas cosas inventadas que le hicieron firmar y me declaro inocente, pero me llevaron al penal del altiplano con delincuentes como La Tuta, El Chapo, el ex presidente de Iguala, al gobierno se le ocurrió armar un expediente”.
Le remarcó que no lo detuvo, que no le pidió dinero y si es no ocurrió no es secuestro, estuvo ahí en proceso de reeducación.
Este agraviado le contestó que no tenía nada contra él y que ya no quería saber nada del proceso legal, que no lo acusaba de nada “usted no me hizo nada físicamente, no lo acuso de nada y si pidiera firmar un acta donde yo me deslindo de esto lo hago, aunque no me acuerdo de todo, a usted no lo acuso”.
Además argumento falta de dinero y tiempo para andar en vueltas porque tenía trabajo y quería firmar para deslindarse.
Campos Herrera le remarcó que había cosas inventadas, que el MP los hizo firmar lo que armó en su contra, que esperaba salir de la cárcel, visitar las comunidades y no quería que lo vieran feo porque no era un delincuente.
Otro agraviado mencionó que reconoció a los comunitarios cuando le mostraron 15 fotografías, pero ahí tampoco estaba Arturo Campos quien le reiteró que no lo detuvo ni le pidió dinero a él ni a sus familiares.
A él lo detuvieron en otro lugar el 1 de diciembre de 2013, no el 21 de agosto de 2013 y que la Casa de Justicia era limpia, no estaban en condiciones inhumanas como mencionaba su declaración.
Le dijo “ahorita que me trajeron me metieron al cuarto de castigo con otros que están enfermos y ni baño tiene” y regreso al tema al decirle que si lo acusaban de secuestro debía haber un rescate, y en ese caso no fue así porque sus familiares los visitaban.
Dijo que el gobierno sabe de la existencia de la Policía Comunitaria y sus casas de justicia y que cuando lo detuvieron ya existía la Ley 701, los tratados internacionales, la reforma al artículo 2 de la Constitución y le dijo que él no tenía la culpa “les hicieron firmar”.
El agraviado resumió que no tenía nada en su contra y que se deslindaba, además de no tener dinero y estaba enfermo para andar dando vueltas.
El último agraviado en la lectura de su declaración mencionó que le pedían dinero para liberarlo del campo de concentración, Arturo le dijo que no lo mencionaba en su declaración, que no pidió dinero y que si la policía de comunidad lo golpeó “puedo entender que cometieron violaciones, pero no fui yo, por lo que no se justifica el delito de secuestro”.
Después del careo siguió el interrogatorio a los cinco agraviados para que dijeran si sabían la fecha de creación de la policía comunitaria en su comunidad y si ésta tenía algún tipo de vestimenta a lo que contestaron que llevaban pantalón negro, playera verde, logotipos en sus gorra, playeras y armas.
Al término del careo los abogados de Tlachinollan mencionaron que los agraviados iban con desconocimiento de los hechos y se observó que a Arturo campos se le fabricó el delito porque los supuestos agraviados no lo conocían, no lo mencionaron y no lo acusaron directamente y hasta se querían desistir.
Mencionaron que seguirán los careos e interrogatorios con el resto de los involucrados aunque muchos no han comparecido y se buscará la manera de que lo hagan, para agilizar el proceso.

Tlachinollan

Más tarde en un comunicado Tlachinollan dijo que los cinco testigos de cargo no pudieron sostener sus señalamientos, aceptaron expresamente que Arturo Campos no cometió el delito de secuestro contra ellos y que tampoco les pidió dinero para ponerlos en libertad como dijeron en sus primeras declaraciones.
Además que la causa penal presenta fisuras legales e inconsistencias de origen que la hacen insostenible, pues es la misma que se les instruyó a los cinco indígenas de la CRAC-PC que fueron liberados porque un juez de Distrito resolvió que no se acredita el secuestro por que son autoridades comunitarias reconocidas por la ley.
De igual forma es el mismo proceso penal que pesaba contra Nestora Salgado y que la misma jueza que hoy tiene en prisión a Arturo Campos, la exoneró.
Así se demuestra de manera fehaciente la inocencia del luchador social Arturo Campos, que su detención es por consigna política de los gobiernos federal y estatal que tienen el propósito de atacar y medrar los sistemas normativos de los pueblos indígenas y todos sus derechos ganados que establecen los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución Política Federal y la Ley 701 del Estado de Guerrero, ante lo que exigió su libertad inmediata e incondicional.

Los gobiernos federal y estatal son omisos con las víctimas de la masacre de El Charco, dice el relator de la CIDH

 

El relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Enrique Gil Botero, señaló que los gobiernos de México y de Guerrero son omisos e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas contra las víctimas de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla.
Ayer en un diálogo con representantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, durante las audiencias del organismo en Panamá, la organización civil que solicitó la apertura del caso ante el organismo internacional, informó del acercamiento con el comisionado en el 159 periodo de sesiones públicas de la CIDH, mediante un breve comunicado.
En este diálogo la sobreviviente de la masacre, Ericka Zamora Pardo habló de la tortura a la que fue sometida por el Ejército, luego del ataque de militares a una escuela en donde ejecutaron a 10 indígenas na savi y al estudiante Ricardo Zavala, el 7 de junio de 1988.
Recordó que hay una petición de justicia ante la CIDH que interpusieron los sobrevivientes, y el señor Gil Botero reconoció la importancia de que el caso “tenga un informe de fondo, ya que han pasado más de 16 años de los hechos y los sobrevivientes de la masacre se encuentran en total desprotección y con las secuelas de la tortura que sufrieron”.
Agregó que “tanto el gobierno del estado de Guerrero como el gobierno federal son omisos a esta masacre, e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas de las que fueron víctimas la y los sobrevivientes de esta masacre”.
Los abogados de los sobrevivientes, Ernesto Rodríguez y Magdalena López, denunciaron que la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos, el acoso a las y los activistas y las ejecuciones son continuas.
Aseguraron que la admisibilidad de este caso en la CIDH será un precedente que frenará la violencia que se vive día a día, porque es necesario frenar ya las ejecuciones.
Antes, la Red informó que había vencido el plazo para que el gobierno mexicano respondiera ante la CIDH sobre lo ocurrido el 7 de junio de 1988 en El Charco, Ayutla.
En otras comunicaciones reveló algunos aspectos de la respuesta de los militares, que no reconocen los 11 asesinatos, a pesar de que las víctimas tenían tres y hasta 10 tiros de bala, y justifica la matanza porque al final de la agresión encontraron cuatro armas largas, cartuchos de diferentes calibres, cobertores, vestimentas verdes y libros insurgentes.

 

De septiembre a noviembre el Consejo de Jornaleros registró 3 mil 613 migrantes; mil 665 son mujeres

En la temporada de alta de migración, de septiembre a noviembre salieron 3 mil 613 jornaleros agrícolas de la Montaña, a trabajar a los campos agrícolas de estados del norte del país en la cosecha de verduras como jitomate, chile y pepino, informó el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña.
De los migrantes mil 665 son mujeres y mil 948 son hombres, según los registros con los que el organismo contaba ayer.
El integrante del Consejo de Jornaleros, Flores Sánchez Crescencio informó que los municipios con mayor expulsión son Tlapa, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Atlixtac, Atlamajalcingo del Monte, Iliatenco, Acatepec, Alpoyeca, y Malinaltepec.
Pero también se registraron en la Casa del Jornalero vecinos de San Luis Acatlán, José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), Chilapa, Ayutla, Acapulco, Chilpancingo y Tixtla.
Informó que los estados a donde irán a trabajar a los cortes de verduras y hortalizas son Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Baja California Norte y Sur, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Morelos.
Detalló que este año bajó el número de registros pero que eso no quiere decir que la gente no se vaya del estado a trabajar, sino que está saliendo por cuenta propia y no pasaron a la Casa del Jornalero, porque hubo días que no contaban con nada de despensas para entregarles a las familias.
Hasta el momento continúan saliendo en su mayoría se van todos los integrantes de sus familias, se observó que muchas se llevan costales de maíz, calabazas y sus utensilios de cocina, mismos que les servirá para preparar sus alimentos porque las despensas que les entregan se las terminan durante el camino.
También se observó que estaba una manta colgada que se leía “Las jornaleras y jornaleros de la montaña exigimos al gobierno del estado un trato digno y respetuoso de nuestros derechos”.

Pide el promotor de la CRAC Arturo Campos al gobernador que pare la violencia

El preso político y promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera llamó al gobernador Héctor Astudillo Flores desde la cárcel a que pare la delincuencia o renuncie, y sostuvo que el modelo de la Policía Comunitaria es el mejor y debe de seguir avanzando en las comunidades del estado y del país.
En un pequeño espacio que ocupa una oficina en la cárcel de Ayutla, Arturo saludó y abrazó unos 20 minutos a los representantes de las organizaciones sociales y de derechos humanos que lo visitaron ayer. Después un grupo de reporteros entró para charlar con él.
Vestía una playera blanca del equipo Los Pumas y un pantalón de mezclilla. Se veía fuerte a pesar de lo difícil que ha sido estar encerrado tres años en condiciones precarias, la falta de medicamentos y de doctores.
“Si el gobernador quiere a su estado, que pare la violencia, si no que renuncie”, soltó el promotor de la CRAC, y recriminó lo dicho por el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el martes, de que la violencia bajó en el estado, “sigue habiendo muertos”, además de que siguen los secuestros, cobros de cuotas y asesinatos.
El preso político dijo que “puede haber muchas leyes pero mientras no se respeten seguirá la violación de los derechos humanos” en el estado y el país. Culpó a los malos gobernantes de la  “mala” situación del estado.
Señaló la incapacidad del gobierno de dar seguridad a las comunidades, y dijo que la CRAC es la única esperanza para la paz en el estado, “el modelo de la Policía Comunitaria es mejor, se tiene que copiar el modelo para seguir avanzando en las demás comunidades del estado”.
Campos Herrera expresó que “los pueblos tienen que hacer la reforma (a la Ley 701), se tiene que mejorar” y reclamó el presupuesto que se debe de dar a la Policía Comunitaria por el estado, que sigue gastando el dinero en una estrategia que ha fallado.
Expresó que “libertad sería justicia total, que no haya pobreza, corrupción”. Dijo que él afuera no se sentiría seguro y como todos tiene miedo, “pero si nos toca morir por una buena causa la lucha seguirá”, porque pese a los asesinatos de los integrantes de la CRAC, la única esperanza es la organización de los pueblos, donde la inconformidad crece.

Piden tres organizaciones a la CIDH que declare admisible el caso de la masacre de El Charco

 

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Dayton, el Tribunal Internacional de Conciencia y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), demandaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la admisibilidad de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla.
La petición también la respaldan Diana Cordero y María Pérez, de la agrupación Kaos en la Red, así como Aníbal Garzón, de Hispan TV.
En su escrito dirigido a Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, con sede en Washington, le plantean emitir “de manera inmediata el informe de admisibilidad y fondo a este caso paradigmático”.
En el escrito plantean que Ayutla, donde se encuentra la comunidad de El Charco, es uno de los 10 municipios con mayor pobreza y marginación social de los 81 que integran el estado de Guerrero. Recuerdan que allí, en 1998, la mayor parte de estas comunidades indígenas carecía de los servicios básicos como luz eléctrica, agua potable y teléfono. “Ángel Aguirre era el gobernador interino del Estado de Guerrero, sustituto de Rubén Figueroa Alcocer, quien solicito licencia como consecuencia de la Masacre de Aguas Blancas”.
Destacan que por eso el 6 y 7 de junio de 1998, en la comunidad de El Charco se había convocado a las autoridades tradicionales na savi a la asamblea regional en la Escuela Primaria Caritino Maldonado Pérez, para tratar los temas de proyectos productivos y una propuesta de alfabetización en las comunidades. “Se pretendía convertir la región na saavi, en una región autónoma de facto. El día 6 de junio de 1998, asistieron a esta asamblea representantes de 30 comunidades, todas pertenecientes a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, la asistencia fue de aproximadamente 150 autoridades indígenas, dos estudiantes de la Universidad Autónoma de México: Ericka Zamora Pardo y Ricardo Zavala Tapia y el activista social Efrén Cortés Chávez.
Pero denuncian que la madrugada del domingo 7 de junio de 1998, efectivos del Ejército Mexicano rodearon la escuela, al frente del operativo se encontraba el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, comandante de la 27 Zona Militar, “quienes dispararon a pesar de la rendición y súplica de los desarmados indígenas, quienes salieron con las manos en alto y gritando que estaban desarmados, que no dispararan”.
El escrito detalla que el saldo fue 11 personas ejecutadas extrajudicialmente, siete personas fueron heridas, 23 detenidos que fueron obligados a rendir su declaración ante el Ministerio Público Militar, entre ellos cuatro menores de edad, dos de ellos sin saber leer ni escribir y sólo hablando el na savi, y dos más que apenas entendían el español y apenas si leían y escribían. “Subrayamos que el Ejército mexicano no sufrió daños, mientras una de las personas ejecutadas, Ricardo Zavala Tapia, de 24 años, estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM, su cuerpo tenía 10 heridas, el rostro deshecho, por una herida provocada por proyectil de arma de fuego a corta distancia; Ericka Zamora Pardo, quién ha señalado, tanto en sus declaraciones en juzgado como en los medios, al general Oropeza Garnica como el responsable de sus torturas”.
Destacan que en su momento varias organizaciones internacionales se manifestaron porque se investigara esta masacre, “incluso la Relatora Especial de Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas, Asma Jahangir, se manifestó por una investigación de los hechos”. Pero denuncian que a 16 años de estas ejecuciones extrajudiciales realizadas por integrantes del Ejército mexicano, y a cuatro años de que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad ingresó la solicitud de admisibilidad de este caso a la CIDH, no han tenido respuesta.

En este año 20 mujeres indígenas me’phaa han sido asesinadas en Ayutla y Acatepec, denuncia la OPIM

 

En medio de una violencia que ha dejado 20 asesinatos de mujeres me’phaa en lo que va del año, solamente en los municipios de Ayutla y Acatepec, y la negativa del gobierno estatal a abrir el Centro de Atención a la Mujer Indígena en Ayutla, se celebra este 25 de noviembre el Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres.
La presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel se quejó de que los gobiernos estatal y federal no tienen voluntad para revertir el ambiente de violencia que se acentúa en contra de las mujeres.
Informó que en lo que va del año, 20 mujeres me’phaa han sido asesinadas en diferentes sitios del estado.
Detalló que los casos emblemáticos son dos mujeres de La Ciénega, municipio de Ayutla, quienes fueron asesinadas en Acapulco donde trabajaban para ayudar al sustento de sus familias; en Tres Cruces asesinaron a tres; otra fue asesinada en Tlapa, y dos más en Barranca de Guadalupe.
“Con todo esto, no nos pueden decir que no hay violencia contra las mujeres, y todavía el gobierno estatal se niega a abrir el Centro de Atención a la Mujer Indígena de Ayutla, en donde debieran ser atendidas las mujeres víctimas de violencia y sus familiares”, dijo.
La presidenta de la OPIM denunció que el gobierno estatal se ha negado a declarar la alerta de género, aun cuando siguen matando a las mujeres.
La dirigente indígena lamentó que los gobiernos federal y estatal todavía no hayan inaugurado el Centro de Atención a la Mujer Indígena de Ayutla, que se construyó como parte de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Coidh) por el caso de la violación de la indígena Inés Fernández Ortega.
Dijo que el gobierno estatal ha argumentado que no se ponen de acuerdo en quién va a administrar el Centro.
Aclaró que, cuando menos la OPIM no quiere adueñarse de la institución, sino que pide que las mujeres que pertenecen a esta agrupación formen parte, porque es lo que dice la sentencia de la Coidh.
Sin embargo, explicó que las autoridades estatales se están aprovechando de las diferencias para no abrir las instalaciones de ese centro con lo que se está retrasando la atención a las mujeres indígenas e incumpliendo el resolutivo de la sentencia de la Corte Interamericana.
Eugenio Manuel demandó que ya basta de que el gobierno argumente que alguien quiere adueñarse del Centro, “en la sentencia se define cómo debe trabajar. Establece que se tiene que hacer un fideicomiso para que pueda funcionar ese centro”, explicó.
Añadió que en la misma resolución menciona que, en ese Centro tienen que participar todas las mujeres indígenas, “y si Inés Fernández Ortega quiere participar, así dice la sentencia, pero nadie ha dicho que alguien es el dueño, ni Tlachinollan, ni Inés son los dueños, ese es un organismo colectivo”.
Insistió que en el caso de la OPIM, simplemente pide su inclusión, y que ya se abra para que las mujeres indígenas reciben el apoyo a través de ese Centro.

Ejecutan a una mujer frente a sus hijos y hieren a uno de ellos en Arroyo del Zapote, Ayutla

Una mujer fue ejecutada frente a sus hijos en su casa en la comunidad Arroyo del Zapote, municipio de Ayutla, y uno de ellos fue herido.
Según reportes de la Policía Municipal el ataque fue el lunes a las 7:30 de la noche. La señora de nombre Ninfa de 43 años recibió al menos tres impactos de bala en la cabeza, el abdomen y una pierna.
Uno de los testigo dijo a las autoridades que la mujer cenaba con sus dos hijos cuando dos hombres con el rostro cubierto llegaron y le dispararon.
En el lugar se encontraron cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros, otro calibre 22 y dos de escopeta calibre 16. (Jacob Morales Antonio).

 

Difieren el careo de Arturo Campos porque las autoridades no lo trasladaron a Tlapa

 

El careo procesal del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Arturo Campos Herrera, fue diferido porque el subdirector operativo de Seguridad, Custodia y Traslado de Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado no acató la solicitud hecha el 7 de septiembre, de trasladarlo al penal de Atlamajac en esta ciudad.
Campos Herrera está acusado de secuestro agravado en la causa penal 196/2013-I en agravio de Víctor Cid Cisneros y otros, que son cerca de 20 personas, de las cuales sólo acudieron tres que quedaron apercibidos que de no presentarse al careo el 7 de diciembre a las 10 de la mañana, serían presentados por la fuerza pública.
Campos Herrera se encuentra recluido en la cárcel de Ayutla que depende del juzgado Mixto del centro penitenciario de Allende, su defensa solicitó su traslado al penal de Atlamajac para el desahogo de las diligencias sin que el subdirector operativo de Seguridad y Custodia y Traslado de Internos cumpliera, como se lo ordenó un juez.
También pide a la Dirección General de Seguridad que acate el mandato o de lo contrario se le pondrá una multa de 20 días de salario mínimo.
Acudieron a la diligencia en el juzgado segundo de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Morelos tres abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, a cargo de Rogelio Téliz, quien consultado en el penal dijo que la responsabilidad de que no se hiciera el proceso, fue el director de Traslados que no acató la orden del traslado de la que estaba enterado hace más de un mes y medio.
Agregó que se entorpece el proceso jurídico a Campos Herrera con la intención de que no recupere su libertad, porque hay elementos suficientes para hacerlo.
Dijo que no es la primera vez que se difiere una audiencia, el 13 de octubre en Acapulco el Ministerio Público adscrito a la Cuarta Sala Penal no se presentó, y eso fue una forma de retrasar la justicia y ahora “se entorpece el desahogo de tres agraviados que estuvieron presentes y parece que el Estado entorpece las cosas”, dijo
Agregó que acudieron tres de los 23 agraviados que fueron citados a comparecer y que también se retiraron molestos por la suspensión.
Exhortó a las autoridades a que garanticen el traslado de Campos Herrera para que continúe el proceso
Vía telefónica Arturo Campos consideró que el que no los trasladaran a esta ciudad fue debido a un asunto político del gobierno, que lo quiere mantener en la cárcel, pues tiene todo en sus manos para agilizar los trámites y no lo hace pese a que está informado formalmente mediante oficio y por un juez.
Dijo que en donde está escucha que la gente se sigue organizando y eso está bien para seguir combatiendo la inseguridad que según el gobierno ataca, pero hay muertos constantemente en Acapulco, Chilpancingo y el estado en general.
Remarcó que en los territorios donde está la Policía Comunitaria la delincuencia es menor, no ha entrado, que esa organización es más eficiente porque emana del pueblo, de los saberes de los ancianos, de los sabios y que está comprobado que es más eficiente aunque no le guste al gobierno.
Agregó que está sustentada en los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, la Constitución y en la Ley 701 del estado de Guerrero.
De su salud dijo que se encuentra bien.

 

 

Es albañil, futbolista y tlacololero; a los 32 años, con su esposa embarazada y un hijo, entró a la Normal de Ayotzinapa

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 José Ángel Campos Cantor

Lourdes Chávez

Tixtla
26 de diciembre de 2015

Con 32 años, su esposa embarazada y un hijo, José Ángel Campos Cantor, decidió estudiar en la Normal Rural de Ayotzinapa; contó con el apoyo de su papá, Bernardo Campos, que se comprometió a ayudar en la manutención de su familia que vivía en la casa materna. Se dedicaba a la albañilería.
Después de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, sus padres, su esposa cargando en brazos a una niña de dos meses de nacida y un hijo se convirtieron en decididos activistas del movimiento por los 43, y están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para dar con su paradero.
Particularmente el señor Bernabé, que no falta a una reunión, hace guardias constantes por las tardes en la escuela donde con otros padres esperan noticias de los estudiantes.
Son originarios de Tixtla, y en una manifestación por los 43 en la cabecera municipal, habló de cuánto le gustaba el futbol, que era danzante de los Tlacololeros en las fiestas de todos los barrios de la cabecera municipal, y de niño se iba a tocar con las bandas de música de chile frito las tarolas y redoblantes, unas especies de tambores.
Dijo que es un joven serio, sin vicios, al que le gusta reír. Son vecinos del barrio de El Fortín, sede de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia La Patria es Primero perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Esta comunidad encabezó algunas manifestaciones en la ciudad en los primeros meses de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.
Su papá recordó que él mismo lo animó a entrar a la Normal, porque el trabajo de campo y la construcción son muy pesados, y los jóvenes aún tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas.
“Yo le dije, los rayos del sol son pesados, hablaba yo y les hacía ver las cosas, nosotros ya estamos impuestos, pero ustedes son jóvenes”, decía.
Un buen día, José Ángel le dijo que quería que lo apoyara con su familia para estudiar la Normal, se enteró por otros estudiantes que la edad no sería limitante. Dos de sus cuñados son maestros egresados de la Normal Rural. Recordó que desde antes lo apoyaba, y sólo le pidió que le echara ganas.
José Ángel estudió la preparatoria abierta para terminar el bachillerato y en el ciclo escolar 2014-15 participó en la convocatoria de nuevo ingreso a la Normal de Ayotzinapa, con la que también se accede a una beca de alimentos y hospedaje.
“Yo le dije a su mamá, a este muchacho le va a hacer los mandados la semana de prueba”, un periodo de adaptación a cargo de los estudiantes, donde los alumnos de nuevo ingreso realizan ejercicios físicos, trabajo de campo y lecturas de teoría socialista.
Recordó que el día que informó a su familia que fue aceptado en la escuela, que era domingo, volvió a su casa temprano porque les dieron un descanso, estaban todos muy contentos.
La noche de la tragedia, escucharon que en un automóvil vocearon que los estudiantes estaban en peligro en Iguala. No sabían de los muertos, horas después se hablaba de más de 70 desaparecidos.
A las 10:30 de la mañana del 27 de septiembre, llegaron los primeros autobuses con estudiantes a la Normal, “corrimos con el ansia de ver a nuestros hijos y él no aparece, no llegaron, pensamos que lo tenían en otro lado, nadie imaginó llegar a este tiempo”.
Jugaba con el equipo de Los Vaqueros de El Fortín, aún estando casado, y obtuvo dos trofeos de goleador en torneos regionales..
Nueve días antes de las fiestas patronales que se acostumbran en Tixtla, iba a bailar a los barrios y un día antes de la fiesta patronal, iba al encuentro de danzas con su traje de tlacololero, una costumbre tixtleca.
El normalista desaparecido es el segundo de cinco hijos. El señor Bernardo aseguró que los hermanos son muy unidos y en particular siempre pensó que la escuela de Ayotzinapa era un espacio de desarrollo para los hijos de las familias pobres, porque observó hace varias décadas, como albañil en la construcción de uno de los dormitorios, que los estudiantes recibían uniformes, chamarras, botas, pero ya no es igual.
Consideró que si reducen los materiales, los estudiantes deben manifestarse por la falta de presupuesto. “Antes no había mucho mitin como ahora, los alumnos protestan porque cada vez son menos los recursos, y (ahora) claro que tenemos que protestar, por lo que ha pasado, por nuestros hijos”.
A 15 meses de la desaparición forzada, consideró que aún existe una esperanza de encontrarlos porque los extranjeros del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), les han dicho que si no hay indicios de dónde pueden estar, ellos (el gobierno) los tienen.