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Repondrán procedimiento de Gonzalo Molina por “violación flagrante” al debido proceso

 

El abogado del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla Gonzalo Molina González, quien se encuentra recluido en la cárcel de Chilpancingo, Hegel Mariano Ramírez informó que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) determinó reponer el procedimiento a partir de la declaración preparatoria de su cliente, porque se cometió en su perjuicio una “violación flagrante a las garantías de adecuada defensa y debido proceso”.
En un boletín el abogado precisa que se dio al resolver el recurso de apelación que Gonzalo y su defensa interpusieron en contra del auto de formal prisión que le decretó el juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en Chilpancingo.
Dentro de la causa penal 157/2013-II que se tramita ante el juez Avimael Rodríguez Nava se instruye un proceso penal en contra de Gonzalo Molina por lesiones agravadas, privación de la libertad personal, robo específico y terrorismo.
Acusan al dirigente a raíz de una confrontación entre policías comunitarios y municipales ocurrida el 26 de agosto del 2013, cuando los primeros hacían un mitin frente al Ayuntamiento de Tixtla para exigir la liberación de la coordinadora Nestora Salgado García, detenida por marinos días antes.
Inconforme con el auto de formal prisión, Gonzalo y su defensa interpusieron el recurso de apelación, el cual se turnó a la Primera Sala Penal del TSJ.
Mariano Ramírez informó que el 4 de febrero del 2016 se celebró la audiencia de vista en la cual la defensa presentó los agravios del auto de formal prisión que le decretó el juez Cuarto Penal.
Al emitir su resolución, misma que le fue notificada a Gonzalo y a su defensa este jueves, la Primera Sala Penal determinó que lo procedente es reponer el procedimiento a partir de la declaración de Gonzalo Molina González, debido a que dentro del plazo constitucional de 72 horas el juez omitió admitir y desahogar las pruebas que ofrecieron el inculpado y su defensa.
Las pruebas son: los careos con quienes lo acusan, el entonces director de Seguridad Pública Rubén Reyes Cepeda, los policías municipales Raúl Castejón Temelo, Gabriel Morales Ramírez, Martín Cebrero Martínez, Rosendo Morales Demetrio, Bonifacio García Portillo y el entonces síndico municipal David Martínez Valadez; el interrogatorio que la defensa formulará a los denunciantes y presuntos agraviados, testimonios a favor de Molina González y algunas documentales de buena conducta y de su pertenencia a la CRAC.
Por lo tanto ordena al juez penal a que admita y desahogue las pruebas referidas y dentro del plazo de 72 horas vuelva a resolver la situación jurídica de Molina González, que además de éste enfrenta otros tres procesos penales.
El abogado manifestó que con la resolución de la sala y los términos en que debe reponerse el procedimiento, es una oportunidad para aportar mayores elementos probatorios al juez que desvirtúen los señalamientos dolosos en contra de Gonzalo, “debido a que la Policía Comunitaria siempre ha actuado con espíritu de servicio al pueblo, no con actos terroristas ni con fines delincuenciales”.
Agregó que es una oportunidad política para que las autoridades propicien un acercamiento con los actores que intervinieron en estos hechos, para buscar canales de diálogo y reconciliación, en lugar de judicializar los conflictos sociales que motivan procesos absurdos como el que enfrenta el promotor comunitario y otros integrantes de la CRAC, de modo que cuando resuelvan su situación jurídica le decreten la libertad, pero al mismo tiempo se creen las condiciones para que el sistema comunitario deje de ser criminalizado a capricho de los gobernantes en turno.

Confirman libertad de Aurora Molina

Por otro lado, dentro del Toca Penal I-38/2016, la misma Primera Sala Penal confirmó el Auto de libertad que con fecha 25 de marzo de 2014, el juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, dictó a favor de Aurora Molina González, hermana de Gonzalo, dentro del expediente 157/2013-II, por los mismo delitos por los que se procesa a Gonzalo.

Dictan formal prisión al ex comandante de la CRAC Antonio Leobardo, informa su abogado

 

El Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ayutla de Los Libres dictó auto de formal prisión al ex primer comandante de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla, Antonio Leobardo Galeana, quien fue liberado el 19 de marzo y está acusado de privación ilegal de la libertad y ataque a las vías generales de comunicación.
Sin embargo, este lunes se entregó como prueba un acta de asamblea para que en cinco días se determine su situación jurídica, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Alejandro Ramos Gallegos.
El abogado indicó que la presentación de prueba se entregó este lunes ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ayutla, y que Leobardo Galeana enfrentará libre su proceso legal hasta que se determine su situación jurídica.
El abogado informó que interpuso un amparo ante el Juzgado de Distrito en Acapulco para que se otorgue la suspensión provisional a las tres órdenes de aprehensión contra el ex comisario municipal de la comunidad de El Timbre, municipio de Ayutla, Oscar Neri Epitacio, el ex segundo comandante de la Policía Comunitaria Salvador Neri Neri y el primer comandante de la policía que depende de la Comisaría municipal de El Timbre, Roberto Leobardo Nazario, las cuales aún no se han ejecutado.
Informó que se dictó auto de libertad bajo caución a Leobardo Galeana pero el pasado jueves se le dictó auto de formal prisión porque no se presentaron a tiempo algunas pruebas, como el acta de asamblea donde determina que se había llegado a acuerdos, que se solucionó el conflicto y que fue mediante la Ley 701.
Ramos Gallegos manifestó que por falta de tiempo no se pudo comprobar al juez que es un conflicto intercomunitario y que fue una decisión de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de acuerdo a sus usos y costumbres y con la garantía de la Ley 701 es suficiente para decretar la libertad de Leobardo Galeana.
Ramos Gallegos expresó que con la prueba que se presentó el juez tendría hasta tres meses para resolver, sin embargo solicitó que sea por medio de un juicio sumarísimo el cual se puede resolver en cinco días o menos, donde se renuncie a todas las pruebas que se han presentado y mediante el acta de asamblea se resuelva.
Además dijo que este lunes también se interpuso un amparo ante el Juzgado de Distrito en Acapulco, para que se le otorgue la suspensión provisional a las tres órdenes de aprehensión, para que en un máximo de dos días el Juzgado de Distrito admita la suspensión para que los inculpados enfrenten el proceso en libertad y bajo la tutela de una autoridad federal.
Los tres detenidos están dentro de la misma causa penal (por privación ilegal de la libertad y ataque a las vías generales de comunicación), quienes tienen órdenes de aprehensión que no se han ejecutado.
Antonio Leobardo Galeana fue detenido el pasado 18 de marzo en Chilapa y encarcelado en Ayutla.

Pueden salir libres siete presos de la CRAC acusados por los mismos delitos que Nestora, dicen abogados

 

Los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz García, ven cercana la libertad de siete integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que en sus procesos compartían las mismas causas penales, y los presuntos agraviados son los mismos que acusaban a la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, quien ya está libre.
Seis de ellos: Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, fueron detenidos por el Ejército en la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, el 21 de agosto de 2013, el mismo día que Nestora Salgado.
Mientras que Arturo Campos Herrera fue detenido el 1 de diciembre del mismo año, después del arranque de la campaña 12 días por la libertad de los presos, organizada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en la alameda Granados Maldonado, de Chilpancingo, donde exigió la libertad de los presos políticos de la CRAC.
Una de las causas penales que comparten los siete presos en el penal de Ayutla, es la 196/2014, pero ya fue reclasificado el delito de secuestro agravado por el de privación de la libertad personal, por lo que pueden obtener su libertad bajo fianza, aseguró Vidulfo Rosales Sierra.
La segunda causa penal, es la 59-I/ 2015, también por el delito de secuestro. Ésta la compartían también con Nestora Salgado, quien sentó el antecedente porque su defensa demostró que no se configuró el delito debido a que sus acciones como miembros de la CRAC son homologables al de una autoridad y el juzgado de Ayutla que lleva la causa debe resolver con el mismo criterio que en el caso la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, comentó el abogado Rogelio Téliz.
Consultado vía telefónica, Rosales Sierra explicó que en la causa penal 196/2014, que originalmente era por el delito de secuestro y que lleva el juzgado de Tlapa, los que se dicen agraviados son las 43 personas que estaban detenidas bajo proceso de reeducación por la Policía Comunitaria en la Casa de Justicia de El Paraíso, y que fueron liberados por el Ejército el 21 de agosto de 2013, el día que fue detenida Salgado García.
Los detenidos de la CRAC interpusieron un amparo en contra del auto de formal prisión por el delito de secuestro. El amparo 133/2015 lo resolvió el Juzgado Sexto de Distrito, con sede en Acapulco.
El 29 de diciembre de 2015, el juzgado federal resolvió mediante ese amparo que el auto de formal prisión es inconstitucional porque el juez local no les puso un traductor, “fueron sometidos a un arraigo ilegal, se extrajeron pruebas ilícitas y porque son autoridad legítima y sus actos son homologables al de una autoridad”, explicó Rosales Sierra.
Por esas razones el Juzgado Sexto de Distrito obligó al juzgado de Tlapa que dictara un nuevo auto de formal prisión o de libertad. En la nueva resolución el juzgado de Tlapa resolvió reclasificar el delito de secuestro por el de privación ilegal de la libertad personal.
Vidulfo Rosales informó que hay un recurso de apelación en contra de ese nuevo auto de formal prisión por el delito reclasificado, “porque no estamos conformes con la reclasificación que hizo la juez, nuestro criterio es que debió dejarlos en libertad”, expresó.
Dijo que está pendiente la resolución de la apelación, pero aseguró que si se volviera a confirmar el auto de formal prisión los miembros de la CRAC pueden obtener el beneficio de la libertad anticipada, puesto que el delito de privación de la libertad personal es menos grave que el de secuestro agravado.
La otra causa penal es la 59-I/ 2015, radicada en el juzgado de Ayutla por el delito de secuestro. En este caso son dos los agraviados; Pedro Gil Apreza Salmerón y Katia Espinoza Bolaños.
La Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fijó una audiencia para el 18 de marzo pasado, como resultado de la apelación al auto de formal prisión por el delito de secuestro que presentó la defensa de Arturo Campos Herrera.
Sin embargo, ese día los supuestos agraviados no se presentaron a la audiencia, “porque saben que es mentira y que son falsas las acusaciones”, dijo el abogado de Campos Herrera, Rogelio Téliz.
Ese día, el abogado presentó un escrito de agravios con el que combate el auto de formal prisión.
Téliz García explicó que el documento establece que en ningún momento se cometió el delito de secuestro, porque las acciones de los procesados se asemejan a autos de autoridad amparados por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la Constitución federal en su artículo 2, que señala que los pueblos indígenas pueden organizarse, ver y resolver sus problemas internos.
Asimismo, explicó que son los mismos delitos que se imputaban a Nestora Salgado “y a ella el juez de Ayutla le otorgó la libertad, y ese mismo criterio tiene que aplicar la Cuarta Sala Penal que debe emitir una resolución inmediata”, exigió el abogado.
Téliz García considera que mantener presos a los siete miembros de la CRAC “es un acto de injusticia, cruel e inhumano”, y que la Cuarta Sala Penal del TSJ está obligada a emitir un fallo rápidamente, para que Arturo Campos y los otros seis miembros de la CRAC salgan libres.
Asegura que los agravios que presentó el 18 de marzo pasado “están bien sustentados”, y adelantó que “se va a caer el auto de formal prisión, porque no hubo secuestro, no se pidió rescate y no se configura el delito”, aseveró.
Consultado al respecto, el abogado informó que la Cuarta Sala Penal cuenta con un plazo de 15 días a partir del 18 de marzo para emitir una resolución, “si rebasa ese término, estaríamos ante el hecho de criminalizar a los compañeros, pues ya está el antecedente de la compañera Nestora que salió libre y ese mismo criterio se tiene que aplicar para que ya no sigan violentando los derechos de los otros miembros de la CRAC”, sentenció.
En el caso de Gonzalo Molina González, preso en el penal de Chilpancingo y quien también fue detenido a raíz de la detención de Nestora Salgado, y cuya defensa la lleva Hegel Mariano Ramírez, ha acumulado en cinco causas penales 11 delitos.
Además de las dos que tienen los siete miembros de la CRAC presos en Ayutla, Gonzalo Molina tiene dos más, una del fuero común, y otra del fuero federal por la toma del Palacio Municipal de Tixtla el 26 de septiembre de 2013, en la que le atribuyen delitos de terrorismo, robo agravado, privación de la libertad personal y lesiones agravadas, y una más por portación de arma sin licencia.
Su abogado, Mariano Ramírez, declaró a El Sur el pasado 24 de marzo que su caso “se complica por la falta de recursos” pues hacen falta hasta para sacar fotocopias del expediente.
Pero dijo que es seguro que va a salir libre, aunque agregó que si hubiera un poco más de apertura política de las autoridades, se agilizaría el proceso y se evitaría el desgaste económico.
Declaró que han buscado el acercamiento con funcionarios del gobierno estatal para plantearles los procesos y que hay un compromiso de revisar el caso.

No hay voluntad del gobierno para liberar a otros presos de la CRAC, dice el abogado de Gonzalo

 

El abogado del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla Gonzalo Molina González, Hegel Mariano Ramírez, declaró ayer que los gobiernos estatal y federal no muestran la misma voluntad política que tuvieron con Nestora Salgado a los otros ocho presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Aseguró que hay una intención de los gobiernos federal y estatal de mantener en prisión a los otros miembros de la CRAC que fueron detenidos después de Nestora Salgado, que tienen acusaciones por los mismos delitos que ella pero que se los han reclasificado, en otros casos han retrasado la resolución de amparos o han dilatado la resolución de la sentencia más allá del plazo establecido legalmente.
A Gonzalo Molina le han acumulado 12 delitos en cuatro causas penales, dos de ellas del fuero federal y dos del fuero común, lo que dificulta su defensa, y el procesado carece de recursos hasta para sacar copias de su expediente.
El abogado que lleva el caso de dos de las cuatro causas penales de Molina González informó que una de ellas, la 76/2013 por delincuencia organizada es por la que fue absuelta la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, por el Segundo Tribunal Unitario del 21 Circuito, con sede en Chilpancingo.
Informó que otra causa penal es la 196/2013 que lleva el Juzgado Segundo del Ramo Penal de Tlapa por secuestro agravado, por el que también fue absuelta Nestora.
La otra causa es la 157/2013 que lleva el Juzgado Cuarto Penal de Chilpancingo por terrorismo, robo agravado, privación ilegal de la libertad y lesiones agravadas, por acusaciones del síndico de Tixtla, el director de la Policía Municipal, el secretario general del Ayuntamiento y cinco policías municipales.
Otro proceso penal en contra de Gonzalo Molina es el 59/2013 que lleva el Juzgado Séptimo de Distrito federal por terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, portación de arma sin licencia, y delitos contra servidores públicos.
Asimismo existe en su contra la 678/2013 que lleva el Juzgado Séptimo de Distrito por portación de arma de fuego sin licencia.
Derivado de todos estos procesos penales que enfrenta en la cárcel de Chilpancingo Gonzalo Molina, otros 14 integrantes de la CRAC tienen órdenes de aprehensión en su contra, aunque algunos de ellos enfrentan los procesos en libertad.
La mayoría de estas causas penales se integraron contra los policías comunitarios luego de que el 26 de agosto del 2013 protestaron frente al Ayuntamiento de Tixtla, para exigir que el gobierno diera a conocer la detención de Nestora Salgado.
Hegel Mariano señaló que tras la resolución que la semana pasada dictaron los jueces penales de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla, que absuelven a Nestora Salgado de secuestro y por lo cual sale en libertad, se espera que en los próximos días el resto de los comunitarios presos también sean beneficiados con esta resolución.
Dijo que también se prevé que cuando menos ocho miembros de la CRAC, entre ellos Arturo Campos Herrera (quien está preso en el penal de Ayutla) y Gonzalo Molina, salgan en libertad aunque el 29 de diciembre se les reclasificó el delito de secuestro agravado por privación ilegal de la libertad personal.
Reconoció que el caso de Gonzalo Molina es más complicado jurídicamente porque enfrenta causas penales del fuero común y otra por el fuero federal.
Aunque Hegel Mariano consideró que si las autoridades jurisdiccionales toman en cuenta la resolución que dictó en el 2014 el Juez 6 de Distrito de Acapulco que dejó en libertad a varios comunitarios de Ayutla, estableciendo que la Policía Comunitaria es una institución protegida por la Ley 701 de usos y costumbres de los pueblos originarios en Guerrero, Gonzalo tiene que abandonar la cárcel.
En opinión del abogado la detención de los policías comunitarios durante la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, fue una estrategia para desaparecer a este sistema de justicia de los pueblos originarios.
No descartó que en Tixtla, Ayutla y Olinalá la delincuencia organizada haya presionado al gobierno para detener el avance de las policías comunitarias, porque afectaba sus intereses económicos.
El abogado declaró que esta hipótesis de complicidad es porque durante la administración de Aguirre Rivero los procesos judiciales de los comunitarios presos eran demasiado lentos.
“Como que veíamos que había mala fe de los jueces para una serie de trámites, e incluso era muy complicado realizar audiencias porque los presos estaban en cárceles de máxima seguridad en distintos estados del país”, recordó.
Indicó que si bien durante el mandato interino de Rogelio Ortega a los comunitarios se les trasladó a penales de Guerrero (en el caso de Nestora Salgado a la cárcel femenil de Tepepan, en la Ciudad de México desde Nayarit) de todos modos los procesos penales van en forma lenta.
Agregó que desde hace más de dos años la Primera Sala Penal del Poder Judicial que es integrada por los magistrados Vicente Rodríguez, Miguel Barreto Sedeño y Julio Jáuregui siguen sin dictar una resolución sobre una apelación sobre el auto de formal prisión que dictó el juez penal de esta ciudad, Abimael Rodríguez en contra de Gonzalo Molina acusado de diversos delitos del fuero común.

Salió de la cárcel de Ayutla el sábado el ex comandante de la CRAC, Antonio Leobardo

 

Mediante el pago de una fianza de 4 mil 657 pesos, fue liberado a las 6 y media de la tarde del sábado el ex primer comandante de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla, Antonio Leobardo Galeana, quien fue detenido por la Policía Ministerial la mañana del viernes en Chilapa.
Sin embargo, el ex comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) continúa siendo procesado bajo la causa penal 110-II/20014, por los delitos de privación ilegal de la libertad y ataque a las vías generales de comunicación, por las cuales otras tres ex autoridades de la CRAC tienen órdenes de aprehensión que no se han ejecutado.
El abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Alejandro Ramos Gallegos informó ayer que será hasta este jueves cuando el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ayutla de Los Libres resolverá el auto de formal prisión o de libertad de Leobardo Galeana.
Dentro de la misma causa penal tienen órdenes de aprehensión que no se han ejecutado, el ex comisario municipal de la comunidad de El Timbre, municipio de Ayutla, Oscar Neri Epitacio; el ex segundo comandante de la Policía Comunitaria, Salvador Neri Neri y el primer comandante de la policía que depende de la comisaría municipal de El Timbre, Roberto Leobardo Nazario, por quienes solicitará un amparo para evitar su detención, anunció el abogado.
Ramos Gallegos denunció que las acusaciones en contra de las autoridades de la CRAC de El Timbre, al igual que como en el caso de Nestora Salgado, están relacionadas con acciones que realizaron en los meses de noviembre y diciembre de 2013, bajo el amparo de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Recordó que en esos meses, a seis vecinos de El Timbre les cortaron el servicio de energía eléctrica por una denuncia que presentaron pobladores de la comunidad vecina de El Mirador, a raíz de un conflicto intercomunitario.
Explicó que los habitantes de El Timbre se organizaron y el 29 de noviembre bloquearon en cuatro puntos la carretera que comunica a El Mirador para presionar y que se restableciera el servicio de luz a los seis vecinos.
Comentó que la Policía Comunitaria detuvo también al entonces comisario de El Mirador, Casimiro Neri Feliciano y a dos autoridades más de esa comunidad, a Isauro Amado Luciano y Pedro Neri Rafael, quienes fueron los que presentaron la denuncia por privación ilegal de su libertad.
Ramos Gallegos informó que desde que comenzó el bloqueo y la detención de las autoridades de El Mirador, ninguna autoridad intervino, y fue hasta el 24 de diciembre, cuando autoridades municipales convocaron a una reunión en la que participaron las dos partes, pero no llegaron a ningún acuerdo, y fue hasta el 29 de diciembre de 2013 que liberaron al comisario y a sus dos acompañantes.
Informó que desde esa fecha los presuntos agraviados presentaron las denuncias, y que la órdenes de aprehensión se liberaron el 25 de julio de 2014; en el caso de Antonio Leobardo se ejecutó el pasado 18 de marzo a las 8 de la mañana en Chilapa, a donde había ido de compras.
El abogado informó que siguen pendientes por ejecutarse las órdenes de aprehensión del ex comisario municipal de El Timbre, Oscar Neri Epitacio, del ex segundo comandante de la Policía Comunitaria, Salvador Neri Neri y el ex primer comandante de la policía que depende de la comisaría municipal de El Timbre, Roberto Leobardo Nazario.
El abogado explicó que para el caso de Leobardo Galeana, ya está corriendo el plazo para que el juez de Ayutla resuelva el auto de formal prisión o de libertad, mientras que en el caso de las otras tres autoridades, solicitará un amparo para evitar que los detengan.
Denunció que se sigue el mismo patrón que en el caso de Nestora Salgado, y que el gobierno asumió la misma conducta de no querer reconocer los derechos de los pueblos indígenas, que con la Ley 701 se procuran justicia mediante los usos y costumbres de los pueblos originarios.
Sin embargo, reconoció que el caso de Nestora Salgado sienta un precedente para que muchas autoridades de la CRAC que están presas puedan obtener su libertad.

Bloquean organizaciones la cárcel de Ayutla por la libertad del ex comandante de la CRAC

 

Autoridades comunitarias de El Timbre, municipio de Ayutla, bloquearon la entrada de la cárcel de Ayutla en demanda de la libertad del ex comandante de la Policía Comunitaria Antonio Leobardo Galeana, detenido el viernes en Chilapa.
La comunidad El Timbre forma parte de la Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Unos 50 integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) respaldados por el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y el comisario de El Timbre Arturo Mendoza Regina demandaron una reunión con el asesor del gobierno del estado, César Flores Maldonado, para resolver el caso de Leobardo Galeana.
La protesta empezó a las 10 de la mañana y los inconformes dijeron que permanecerán en el lugar hasta que sean atendidos.
En la cárcel, por ser día de visita, los manifestantes sólo permitieron ingresar a los familiares que van a ver a algún interno, e impiden la salida de los guardias de seguridad y del director del penal.
El coordinador del FODEG, Hoguer Morales Miranda, Antonio Leobardo fue detenido el viernes a las 8 de la mañana en Chilapa, después fue llevado a Chilpancingo, luego a Tierra Colorada, después a Las Mesas y finalmente encarcelado en Ayutla a las 6 de la tarde, acusado de los delitos de privación de la libertad y de obstaculizar la vía pública.
En la tarde se buscó a Morales Miranda para conocer si hubo acuerdos para la liberación de Antonio Leobardo pero no fue posible localizarlo.

Con la detención el gobierno busca desgastar a la CRAC y a los pueblos, considera Tlachinollan

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández condenó la detención del ex comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de El Paraíso, Antonio Leobardo Galeana, detenido este viernes en Chilapa.
Dijo que las autoridades estatales y federales se colocan en una postura de confrontación a los policías comunitarios para seguir desgastando la relación de los pueblos y la CRAC.
Consultado vía telefónica mencionó que la Ley 701 reconoce al sistema de los policías comunitarios, y consideró que de nada sirven las leyes y compromisos que se asumen con las autoridades cuando se tienen reuniones regionales, entre la Policía Comunitaria, jueces y agentes de los ministerios públicos, porque en los hechos siempre existe una postura de sometimiento, de no reconocimiento y de criminalización contra quienes trabajan a favor de la comunidad.
Manifestó que es preocupante que las autoridades tengan una postura ambigua, que digan una cosa y hagan otra, “las autoridades no son coherentes con lo que dicen y hacen,  es lo que ha dañado y desgastado al movimiento social”.
Agregó que  “en estos momentos que se logró la libertad de Nestora Salgado y que se cometió una injusticia por parte de las mismas autoridades, quienes hicieron la investigación y dictaron la orden de aprehensión, haya consigna política, es desafiar al movimiento y lucha legítima de la Policía Comunitaria, es como decir que el gobierno tiene el control de la ley y que no va a reconocer y a ceder a las conquistas que han logrado los pueblos indígenas”.
Indicó que las autoridades echan por la borda los esfuerzos de la Policía Comunitaria, por lo que las autoridades se colocan en una postura de confrontación para seguir desgastando la relación con los pueblos y la CRAC.
Expuso que con la detención de Leobardo Galeana “se está viviendo más de lo que se conquistó este viernes, del gran triunfo que se obtuvo del caso de Nestora”.
Su liberación ayudaría a allanar el camino para establecer una nueva ruta de diálogo y de búsqueda de acuerdos, dentro del marco legal y procedimientos jurídicos pero con voluntad política, indicó.
Aseveró que no hay voluntad de las autoridades, ya que hay una postura de fuerza y de intolerancia, que no se quiere abonar para que haya un ambiente de distención y que las autoridades deben de reconocer las conquistas y avances de la sociedad, y la detención no abona para que la autoridad adquiera ese reconocimiento y legitimidad que se necesita.
El defensor reiteró que lo que sucedió con la liberación de Nestora marca un momento clave para demostrar que la Policía Comunitaria está haciendo un trabajo ejemplar, “ya quisiéramos que eso hicieran los policías de los tres niveles, pero estamos viendo que son los mismos policías municipales y estatales los que están violentando los derechos de la población”.
Dijo que las violaciones de los policías municipales y estatales está demostrado como en el caso Ayotzinapa, donde se utilizaron policías para reprimir a la población, por lo que el gobierno debe entender que se debe cambiar la política que no funciona.
El director agregó que las autoridades tienen que terminar con el pacto de impunidad que prevalece para proteger a los policías municipales y estatales, y por otro lado darle el reconcomiendo y respeto a la Policía Comunitaria.
Sin embargo la manera en la que actúa el gobierno es mediante el uso de la fuerza y la detención de los defensores, pero no de los delincuentes, criticó.

Trasladan a Eliseo Villar del penal de Las Cruces en Acapulco a la cárcel de Chilpancingo

El ex coordinador de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) desconocido por esa organización, Eliseo Villar Castillo fue cambiado del penal de Las Cruces de Acapulco a la cárcel de Chilpancingo.
En breves declaraciones telefónicas y por separado, el abogado del ex coordinador comunitario de la extinta Casa de Justicia de Juchitán, Edgar Muñoz, y el hijo del preso confirmaron el hecho, sin embargo ninguno de los dos dio más información sobre el cambio.
Otras fuentes indicaron que Villar Castillo fue amenazado por integrantes de grupos criminales dentro del penal de Las Cruces y ante el temor de sufrir un atentado fue trasladado a la cárcel de Chilpancingo, donde también se encuentran presos el promotor de la CRAC de Tixtla, Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez, de Zitlaltepec.
Villar Castillo y la coordinadora Adelaida Hernández Nava fueron detenidos el 30 de abril de 2015 luego de un ataque de la Policía Estatal a integrantes de la organización que dejó seis policías comunitarios y dos policías estatales muertos a las afueras de Ometepec, en el poblado de San Juan de los Llanos, municipio de Igualapa.
Villar Castillo tiene cinco procesos penales, uno por lesiones y robo calificado en el Juzgado Décimo, otro por privación de la libertad personal en el Juzgado Primero, uno más por secuestro en el Juzgado Quinto y los dos restantes son por robo calificado con privación ilegal de la libertad en el Juzgado Cuarto, y en el Juzgado Sexto.
El 1 de junio se le dictó el auto de formal prisión por secuestro en el Juzgado Quinto y el 7 de ese mes se le dictó un segundo auto de formal prisión en el Juzgado Sexto por daños contra un campesino.

Recibió la impugnación a las tres nuevas órdenes de aprehensión contra Nestora Salgado, informa el TSJ

 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), Robespierre Robles Hurtado confirmó que el órgano recibió los recursos de impugnación a tres órdenes de aprehensión que existen en contra de la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, pero declaró que desconoce los detalles y el plazo en que deberán resolverse, “porque no es el juez de la causa”.
En consulta después de una reunión al mediodía de ayer con los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el auditorio del Tribunal, en el centro de la ciudad, Robles Hurtado dijo que la información que tiene es que los jueces de Tlapa solamente resolvieron al auto de libertad de una de las tres causas penales que tiene.
Después justificándose en la independencia que tienen los jueces aseguró que carece de información respecto a la situación legal de Nestora Salgado.
Explicó que el caso “va bien en el sentido de que se están respetando todos sus derechos y se están siguiendo todas y cada una de las actuaciones de manera formal y de manera jurídica”.
Agregó que de las tres causas penales que tenía en su contra Salgado García, “al parecer hubo un movimiento en el sentido de que ya tenía una boleta de libertad, yo vi que se tomó una foto con su boleta, pero también después vimos que llegaron tres averiguaciones previas con tres órdenes de aprehensión suscritas por la Fiscalía”.
–¿Cuándo se vence el plazo para decretar el auto de formal prisión o de libertad y para que se resuelvan las otras tres órdenes de aprehensión?–, consultó un reportero.
–No lo sé porque tendría que checar la fecha en que fue notificado–, respondió.
Dijo también que tiene conocimiento de que la defensa de Nestora presentó un recurso de impugnación en contra de las tres órdenes de aprehensión, “porque toda la gente puede interponer recursos para impugnar”.
–¿Pero cuándo se resuelven?
–Es que yo no soy el juez de la causa y no tengo la información, tenemos más de 80 jueces y yo no puedo estar al pendiente de todas las casusas penales, es imposible físicamente hablando–.
–Pero este caso es especial–.
–Todos los casos son especiales para nosotros, porque toda la gente merece un especial trato en lo que se trata de la administración de justicia–.
Según la defensa de Salgado García, el martes fue absuelta de tres causas penales que estaban a cargo de los juzgados primero y segundo del ramo penal con sede en Tlapa por secuestro.
Sin embargo esperaban que le fueran notificadas otras tres averiguaciones previas para las que ya habían promovido los recursos de impugnación, pero hasta ayer continuaban pendientes de resolverse, situación de la que el magistrado presidente del TSJ desconocía, según argumentó, “porque yo no soy el juez de la causa”.

Liberan al coordinador de la Comunitaria de Rincón de Chautla y a tres mujeres; queda un preso en Chilapa

Cuatro de las cinco personas recluidas en el penal de Chilapa, entre ellas el ex presidente del PRD municipal y coordinador de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, Margarito González Nava, fueron liberadas la tarde de ayer luego de un acuerdo con la parte acusadora.
Poco después de las 3 de la tarde salieron libres del reclusorio de Chilapa Margarito González Nava y las señoras Guadalupe Orgín Tepexco, Concepciona Reyes Tolentino y Minerva de la Cruz Xochitempa, de San Jerónimo Palantla.
Quedó detenido Godofredo Cortés Reyes.
El lunes, un día antes, fueron liberados Crescencio Bolaños de la Cruz, Manuel Ahuelican Diego y Pedro Chávez Hernández, todos vecinos de San Jerónimo Palantla.
Se confirmó que quedaron sin efecto 41 órdenes de aprehensión contra integrantes de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la fracción de Los Pueblos Originarios.
Los ocho detenidos fueron acusados de homicidio y privación ilegal de la libertad tras un enfrentamiento armado entre policías comunitarios de la CRAC y vecinos de San Jerónimo Palantla el 8 de febrero de 2015 en la comisaría de ese lugar donde cinco personas resultaron muertas.
El director jurídico de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), Felipe Sánchez Ramírez, informó que tras las liberación continuarán las pláticas con diversas dependencias del estado y con la SAI como órgano conciliador para poner fin al conflicto.
Explicó que aunque la parte acusadora, los familiares de las víctimas de febrero de 2015, se dispusieron a desistirse, es un delito grave que procede y que se sigue de oficio.
Informó que como parte del acuerdo de las partes el sábado pasado fueron liberados las cuatro personas que la CRAC tenía detenidas en la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, entre ellos el ex comisario de San Jerónimo Palantla Alfonso Orgín.
Dijo que son acuerdos que se tomaron entre las partes para demostrar voluntad para poner fin a este conflicto social.
Sobre el último detenido dijo que revisarán la situación y que es probable que salga en unas horas, por una situación distinta.
Hay una serie de contradicciones, en su momento procesal se va aclarar para deslindar responsabilidades.
Margarito González Nava, declaró a El Sur que no participó en los hechos y agradeció a sus compañeros de la CRAC, PRD, Morena y la mediación de la SAI así como de las organizaciones sociales.
Dijo que la CRAC se ha dedicado a cuidar los pueblos y que no quieren problemas.
“Tanto ellos como nosotros no buscamos problemas”, sólo seguridad para sus pueblos.