La violencia está en todo el estado, dice el arzobispo Leopoldo González

Karina Contreras

El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, evadió responder a lo que ha dicho por el presidente del Comité Estatal de Morena, Jacinto González, de que valoran denunciar ante la Secretaría de Gobernación a los ministros de culto por no respetar la Constitución, en diversas declaraciones sobre la situación del estado: “pues es su crítica”, contestó brevemente.
Señaló: “La violencia donde vamos la padecemos.Vamos a una comunidad y muchas personas nos hablan de situaciones que han vivido de violencias muy duras”.
El presidente de Morena, Jacinto González, declaró que analiza con el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, si recurren a la Secretaría de Gobernación para que intervenga ante el obispo emerito Salvado Rangel Méndez, pues los ministros de culto deben respetar la Constitución.
El obispo emérito ha declarado que existe colusión entre las autoridades y el crimen organizado.
En breves declaraciones en el Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA), donde fue invitado a la inauguración del inicio del nuevo ciclo escolar, el jerarca católico señaló que la violencia afecta a todos: “todos tenemos necesidad en poder vivir en paz para poder desarrollarnos, para tener la seguridad de cada día, pero también tenemos la misión de construirla y desde corazones rotos es muy difícil la armonía. La armonía primero se hace en el hogar y desde ahí ilumina la calle y nos hace mirarnos de otra manera. Todos somos artesanos de paz”.
Añadió que el reconocer la necesidad de una posibilidad más justa de tener recursos para subsistir de una manera digna y es un desafío de todos. “Es una necesidad que miramos y un reto que debemos de enfrentar y que entre todos debemos sacar adelante porque es labor de todos”.
Al opinar sobre los libros de texto gratuitos, dijo que para educar a un joven se ocupa toda la aldea y si la educación es un bien de todos debería “a todos acercar y unir. El proceso puso en contra, dividió, faltó mucha escucha y pienso que eso se ocupa mucha escucha”.
Dijo que se deben atender otros puntos de vista en relación a aquello que va a guiar la formación de los niños.

Aplaza Morena la resolución de las quejas contra Pablo Amílcar y Jacinto González

Daniel Velázquez

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena aplazó la resolución de dos casos promovidos por morenistas guerrerenses, uno es contra el actual dirigente estatal, Jacinto González Varona, y el otro contra el ex dirigente, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y la ex secretaria de Derechos Humanos del comité estatal, Bernarda Leovigilda Chávez Hernández.
El primer caso fue presentado el pasado 25 de abril de este año, por el militante morenista Luis Adrián Ireta Solís contra el diputado local González Varona, por violentar el artículo 8 de su estatuto, pues señaló que éste desempeña dos cargos simultáneos.
Consultado sobre la denuncia en su contra en ese entonces, el presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Jacinto González, sostuvo que seguirá con las funciones de diputado y presidente del partido hasta que la CNHJ dictamine al respecto.
El pasado 4 de agosto, la comisión anunció que la resolucion sobre este caso sería prorrogada por 30 días.
El otro caso fue llevado a la comisión el pasado 13 de abril, donde la secretaria de Finanzas del CEE de Morena, Ana Lilia Botello Figueroa, por acuerdo del Consejo Estatal recurrió a la CNHJ de su partido, para denunciar que dos militantes se niegan a devolver vehículos.
El alegato de Botello Figueroa es “que en fecha 14 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la verificación del levantamiento físico del inventario de bienes, por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el estado de Guerrero; sin embargo, las personas denunciadas, quienes ostentaron los cargos de presidente y secretaria de Derechos Humanos –ambos del referido comité–, se han negado a entregar dos vehículos Nissan NP300, propiedad del partido”.
El diputado federal Pablo Amílcar Sandoval rechazó que adeude una camioneta al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero, dijo que en el periodo en el que estuvo como dirigente del partido en la entidad, sólo se contaba con dos vehículos y que cuando dejó la dirigencia, hizo entrega a la Secretaría de Finanzas.
En un oficio del 18 de abril, la CNHJ de Morena da cuenta de que admitió la queja con el expediente CNHJ-GRO-067/2023. El pasado 10 de agosto, la comisión informó que prorrogó por 30 días la resolucion sobre el caso.

Confirma el TEE la resolución del IEPC y desecha la queja del PRD contra Jacinto

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEE) confirmó y validó la resolución del Consejo General, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que determinó que el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, no cometió calumnia electoral contra del PRD, partido al que señaló de ganar elecciones solo en municipios controlados por grupos de la delincuencia organizada.
El 14 de marzo, el PRD a través de su presidente, Alberto Catalán Bastida, interpuso una denuncia ante el IEPC en contra del líder de Morena por difamación y calumnias, pero el Consejo General determinó que no se acreditaron los tres elementos, para considerar que los dichos del morenista encuadran en calumnia electoral, por lo que el perredista interpuso un recurso de apelación.
Sobre este tema, en sesión del 18 de julio, las magistradas determinaron que los agravios que argumentó el PRD “son infundados” y que el IEPC emitió? una resolución, “conforme a derecho, en tanto es congruente y acorde a los criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales, en materia de calumnia”.
El TEE recordó que el IEPC acreditó los elementos objetivos y subjetivos de la acusación de calumnia que presentaron contra Jacinto González; sin embargo, no se acreditó el tercer elemento, que es el electoral, y sin uno de ellos la infracción no puede confirmar.
El elemento electoral se acredita cuando se demuestra que la calumnia tuvo un impacto en el proceso electoral, lo que no aplica para la conferencia de prensa en la que Jacinto González realizó el señalamiento contra el PRD, y las notas periodísticas se publicaron los días 7 y 8 de marzo, pues en esas fechas “no ha iniciado el proceso electoral en el estado”.
En ese sentido, el TEE determinó que fue correcta la consideración del IEPC respecto a que lo expuesto no tiene un impacto en el proceso electoral local ordinario, que inicia la primera semana de septiembre, por lo que “no podría haber una afectación al proceso electoral”.
Y en sesión del 13 de julio, el TEE aprobó “otorgar una prórroga a la Coordinación de lo Contencioso Electoral, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana”, para realizar la debida integración del expediente IEPC/CCE/PES/016/2022, que es la queja que la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna presentó en contra de Alfredo Sánchez Esquivel, por presuntos actos u omisiones que podrían configurar violencia política contra las mujeres en razón de género.

Por actos autoritarios contra una militante, la CNHJ expulsa de Morena a Sánchez Esquivel

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena (CNHJ), expulsó del partido al diputado local, Alfredo Sánchez Esquivel, tras acreditar actos de autoritarismo contra la consejera y militante Arlene Siu Sarabia Peña, siendo ella trabajadora del Congreso local.
De acuerdo con el resolutivo, “es existente la infracción” atribuida al diputado local, cometida cuando era presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local.
Señala que no se desempeñó como integrante digno del partido, vulneró los documentos básicos de Morena, y la consecuencia es su cancelación del Registro en el Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero, establecida en el artículo 129 del Reglamento de esta Comisión, eufemismo para indicar que fue expulsado.
Confirmó que dio un trato cruel, hostil y denigrante a la denunciante, al reducir su salario de manera arbitraria, por violentar su dignidad como mujer, motivado por el enconó que Sánchez Esquivel tenía contra la diputada Yoloczin Domínguez Serna.
Sarabia Peña presentó una queja por violencia política en razón de género el 23 de mayo pasado. En ella precisó que  entró a trabajar al Congreso en la anterior Legislatura, en 2018. En este trienio, desde que Sánchez Esquivel fue presidente de la Jucopo “su situación laboral se tornó preocupante”, porque trataba a las mujeres de manera prepotente.
Detalló que se desempeñaba como secretaria técnica de la diputada Yoloczin Domínguez Serna, cuando Sánchez Esquivel ordenó la reducción de su salario.
En el momento que le pidió una  aclaración. Le dijo: “eso te pasa por ser parte del equipo de la diputada Yoloczin, que ella te resuelva tus problemas. Además, ni sabes hacer nada, sostengo que las mujeres solo tienen capacidad para ser secretarias, por eso de ahora en adelante estarás como auxiliar administrativo y ni se te ocurra andar haciendo escándalos, porque esas mamadas no las voy a tolerar”.
El 22 de septiembre de 2022, cuando fue nombrada subdirectora de Recursos Humanos, continuó el maltrato.
En el juicio, el acusado respondió que los señalamientos eran falsos, “obedecen a una persecución política”, ya que la CNHJ de Morena, tiene abiertos diversos procedimientos en su contra, “lo que deriva una pretensión de desacreditar y perjudicar a su persona”.
Argumentó estar en estado de indefensión ante las declaraciones en su contra, y que este procedimiento se deriva de las denuncias que él ha presentado sobre actos de nepotismo y corrupción en contra de la diputada Yoloczin Domínguez Serna, jefa directa de la actora.
Finalmente, la CNHJ calificó como “grave especial” la falta de Sánchez Esquivel por actos de autoritarismo, luego de acrecitar la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por el Estatuto y la declaración de principios que rigen el actuar y las obligaciones y responsabilidades de los miembros de nuestro movimiento.

 

Construyen sobre su casa y la afectan, se queja vecina del conjunto Villa Sol en Renacimiento

La vivienda afectada por la construcción que está ubicada en la parte de arriba y abajo la vecina afectada Foto: Argenis Salmerón

Argenis Salmerón

La vecina del conjunto habitacional Villa Sol, ubicada en las inmediaciones de la colonia Ciudad Renacimiento, Mayra Lizbeth Terrazas Flores, quien denunció que una vecina le construyó encima de
su casa, se quejó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio y la Fiscalía General del Estado no le hacen caso, a pesar de presentar las pruebas de los daños en su vivienda.
La construcción se ubica en el condominio Ixtapa en el número 7, y la propietaria que está causado el daño a la casa se llama Rosa Elia Jiménez Herrera.
La vivienda consta de dos recámaras, una sala, un baño y espacio de servicio y la mayoría están juntas, no hay nada que divida una casa con la otra.
Sin embargo, la señalada de invadir el espacio de la otra casa, construyó en la parte de arriba de una recámara de la afectada.
La mujer contó que el 30 de marzo pasado presentó una queja en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio, porque la obra que estaban haciendo arriba de su casa no tenía licencia de construcción.
Añadió que después los trabajadores de la dependencia municipal colocaron sellos de clausura, pero la obra sigue en proceso, “ya
terminaron paredes y loza, encima de mi casa”.
Ante esta situación, manifestó que acudió al Ayuntamiento para solicitar ayuda a la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, pero “hasta la fecha no tengo respuesta, solamente me dijeron que me
van a llamar por teléfono”.
Comentó que también acudió al Ministerio Público sector Renacimiento a
interponer una demanda por daños y amenazas de muerte que le hizo su
vecina Jimémez Herrera.
Sin embargo, se quejó que el titular del Ministerio Público, Kevin Arnulfo López Moreno le notificó que no procedía la demanda, a pesar de un peritaje e inspección ocular de los trabajadores de la Fiscalía General del Estado.
Terrazas Flores dijo que el peritaje arrojó que hay pérdida total en su vivienda y que se tiene que hacer la reparación del daño.
Pidió la intervención de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, porque la presidenta municipal Abelina López Rodríguez no pudo ayudarla, “no pueden darme la razón, y me cierran todas las puertas”.
Señaló que una recamara de su casa tiene en la paredes grietas y cuartadueras y en la loza fisuras y hundimiento por la construcción deuna casa de material de su vecina.
Criticó que su vecina además de construir encima de su vivienda pretende colocar un Rotoplas de mil 100 litros, “en cualquier momento se va a colapsar mi casa y esperemos que no haya una desgracia”.
Afirmó que las casas del conjunto habitacional está construidas de material Duplex, es decir de alambrón, tablarroca y una capa mínima de cemento.

 

Denuncia ex regidor de Apaxtla ataque a balazos a él y su familia; salió ileso

Alejandro Guerrero

Iguala

El ex regidor del PRD en Apaxtla, Sergio Cayo Villalobos, denunció que el 13 de junio sufrió un atentado a balazos con su familia por dos civiles que lo persiguieron y lo interceptaron cuando regresaba de Teloloapan, pero resultó ileso.
De acuerdo con información de fuentes consultadas, el ex regidor de la administración 2018-2021 que encabezó el actual alcalde reelecto por Movimiento Ciudadano, David Manjarrez Miranda, participó activamente en las reuniones de finales del año pasado cuando incursionó la policía comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) en Apaxtla, con la presunta intención de tomar el control y dar seguridad a petición de los pobladores para eliminar el cobro de piso y extorsiones que hacía el grupo La Bandera, antes Guerreros Unidos.
Mediante una denuncia pública publicada la mañana del martes en su perfil personal de Facebook, el ex regidor perredista denunció que el 13 de junio alrededor de las 3 de la tarde sufrió un atentado a balazos.
Narra que “cuando regresaba de Teloloapan, en el entronque a Tonalcual, me estaba esperando una camioneta Buick gris con dos sujetos en su interior, al pasar los topes me percaté que dicha camioneta comenzó a seguirme, ya llegando a los topes de la cuadrilla Emiliano Zapata, perteneciente al municipio de Apaxtla, dicha camioneta me cerró el paso, poniéndose enfrente de mi carril; en seguida, con toda premeditación, alevosía y ventaja, se bajó un sujeto sacando una pistola tipo escuadra y apuntándome de frente con el arma, y empezó a dispararme”.
El ex regidor describió que logró agacharse para esquivar los disparos, aceleró su carro y logró evadir a los pistoleros y más balazos que le realizaron. “El sicario que me atacó, no le importo que vinieran conmigo mujeres y niños, gracias a Dios falló”, agrega el ex edil del PRD, quien según las fuentes consultadas ahora tiene afinidad con Morena.

Denuncia Adrián Wences al líder estatal de MC por falsificar su firma

Daniel Velázquez

El ex coordinador estatal Movimiento Ciudadano (MC), Adrián Wences Carrasco, presentó una denuncia penal en el Ministerio Público de Costa Azul por el delito de falsificación de firma, en contra del actual coordinador estatal de ese partido, Julián López Galeana y quienes resulten responsables por ser “cómplices”.
En una improvisada conferencia de prensa afuera del Ministerio Público luego de haber presentado la denuncia, Wences Carrasco explicó que se trata de hechos consumados y confirmados por el propio López Galeana.
Detalló que el año pasado se entregó el nombramiento como coordinadora del Mercadito Naranja a la regidora July Peláez Victoriano, y para darlo se falsificó su firma, debido a que un padecimiento físico en su mano derecha le impide firmar de puño y letra. La coordinadora del Mercadito Naranja es María del Rocío Bravo Gutiérrez y con la falsificación se dio el nombramiento a la otra persona.
Indicó que el propio López Galeana reconoció ante militantes del partido que la firma de Wences Carrasco en el nombramiento era apócrifa y les dijo que el asumiría las consecuencias. “El manifestó ante diez personas, algunos que vienen aquí que era un error que había cometido, que si por ese error tenía que ir a la cárcel asumía la responsabilidad”.
Wences Carrasco está confrontado con López Galeana desde fines de mayo cuando denunció el nuevo dirigente, que él mismo propuso ante la dirigencia nacional, incumplió los acuerdos.
Abundó que MC tiene una comisión nacional de justicia intrapartidaria que sanciona los actos cometidos por militantes que van contra sus estatutos pero lo sucedido no es una violación “es un delito grave”.
Consideró que López Galeana junto con el coordinador de la Cuarta Circunscripción Gildardo Pérez Gabino, lo que hicieron fue aprovecharse de la buena fe de la regidora.
Wences Carrasco indicó que cuando se enteró de que falsificó su firma habló con López Galeana y le dijo que debía separarse del cargo porque el partido no avala actos ilegales.
Lo acompañaron a presentar la denuncia la delegada de Mujeres de MC, Nereida de Jesús Silvar Bravo, y la ex presidenta del Consejo Estatal, Consuelo Sánchez Virrueta
Wences Carrasco indicó que ya son cuatro trabajadores los que han tenido que presentar denuncias por despido injustificado: la presidenta del Consejo Estatal Consuelo Sánchez Virrueta, el secretario de Asuntos Electorales Cuauhtémoc Mazzini, la de Comunicación, Lizbeth Ramírez Hernández, y una trabajadora de diseño, Xally Betzaida Chávez Mercado.

Ratifica el IEPC sanción al dirigente de Morena por violencia política de género

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Partici-pación Ciudadana (IEPC), consideró que existe un “riesgo de violencia alto” para la diputada del PRI, Gabriela Bernal Resendiz, quien denunció a su homólogo de Morena, Jacinto Gonzalez Varona, por violencia política en razón de género
Confirmó las medidas cautelares para que el también dirigente estatal diputado de Morena se abstenga de cualquier acercamiento o comunicación con ella o su familia, fuera de la labor legislativa, y que propicie “un ambiente de respeto”.
Asimismo, le pide “que se abstenga de realizar señalamientos sexistas, denigrantes, machistas, misóginos y otros que pudieran derivar violencia política de género, así como la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia, en relación con la diputada Gabriela Bernal o su familia, así como evitar cualquier manifestación que implique violencia política física, simbólica, psicológica y sexual”.
Requirió a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que en un plazo de diez días hábiles, remita un plan de seguridad personal elaborado junto con Bernal, y remita de manera quincenal un informe.
Ese es el resultado de un recurso de apelación resuelto la semana pasada por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), que promovió el morenista contra las medidas de protección otorgadas de manera oficiosa en la demanda por violencia política en razón de género que presentó Bernal Resendiz, a propósito de las declaraciones de González Varona en un acto partidista privado que trascendió a redes sociales.
Gonzalez Varona fue denunciado por decir que se utilizó la imagen de la entonces candidata a la senaduría por el PRI, para que ganara el primero de la fórmula, hombre (Manuel Añorve), después de que Bernal denunció en tribuna violencia política hacia la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 20 de junio, el TEE ordenó a la Comisión determinar en un nuevo proyecto, la medida de protección donde se identificara el bien jurídico tutelado, el tipo de amenaza potencial, la persona agresora, la vulnerabilidad de la víctima y nivel de riesgo, en plazo de 24 horas.
El viernes 23 de junio, la comisión de Quejas y Demandas calificó  “un nivel de riesgo de violencia alto” para la denunciante, a partir del análisis de expediente,  los medios recabados por la autoridad, así como del cuestionario de riesgo para casos de VPG, en términos del apartado 5 del Protocolo para la Atención de Víctimas, aplicado a Bernal.
Indicó que los bienes tutelados a la denunciante son “a una vida libre de violencia, la dignidad, la discriminación, la libertad de las mujeres, y que existe la probabilidad de una amenaza, en virtud, como lo menciona la quejosa, que el denunciado es acompañado por una camioneta con escoltas y estos se encuentran armados”.
Además, que los actos que pudieran configurar VPG, han escalado del apelante y la quejosa, a que diversos actores políticos continuaran con la denostación a Bernal, quien la hizo sentir insegura. Precisa que las medidas no prejuzgan la existencia o no de las infracciones denunciadas.

Acusan de corrupción abogados de Tierra Caliente a la encargada del juzgado de Coyuca

Edificio del juzgado del distrito de Mina en Coyuca de Catalán, el cual no cuenta con un juez titular mixto sino con una encargada del despacho, a quien litigtantes acusan de corrupción Foto: Israel Flores

Israel Flores

Ciudad Altamirano

Un grupo de 17 abogados de Tierra caliente, de los principales que litigan en el juzgado del distrito de Mina, en Coyuca de Catalán, denunciaron a la encargada del juzgado, Esmeralda Jacobo Espinosa, mediante un documento enviado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, ante casos de corrupción y arbitrariedades.
Los litigantes solicitan en el texto que se envíe a un titular que se haga cargo de este juzgado mixto.
El documento fue entregado el 5 de junio y va dirigido al presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez. Lo firman 17 abogados de Tierra Caliente, entre los que se encuentran Juan Manuel Sánchez Mendoza, Juan José Gutiérrez Valladares, Heberto Ortiz Gutiérrez, Jorge Macedo Maganda y Leobardo Alcántara Santibáñez, quien además funge como el defensor de oficio en el juzgado; también Anahí Pérez Santamaría, Minervo Palacios Antúnez, José Juan Flores Pérez, María de la Luz Beltrán Mederos, Angélica Patiño Benítez, Regilnaldo Sánchez Lucas, Jasmine Gómez Freyat, Servando Espinoza Peñaloza, Julia Elizabeth Jiménez Espíndola, Gilberto Gómez Martínez, María Eugenia Pineda Sánchez y Néstor Aguilar Pérez.
El documento señala que la licenciada Esmeralda Jacobo Espinosa asumió este cargo hace cerca de dos meses, como encargada del despacho del juzgado, y que por tal motivo se requiere, en un juzgado tan importante, a un titular que realmente sea juez.
De acuerdo con la denuncia, los abogados señalan que “se trata de una funcionaria y servidora déspota, soberbia, arbitraria, abusiva y también tentada por el vicio de la corrupción”.
En el documento se señala que a la encargada del juzgado se le han hecho peticiones dentro de la función jurisdiccional, para que aclare o precise conforme a la norma del procedimiento y diga “en qué consisten los múltiples requerimientos y prevenciones que las promociones o pretensiones que le plantean, como acciones jurídicas de su actuar, hemos tenido como respuestas no lo que correspondía a derecho, sino amenazas o combinaciones procesales, así como aplicarnos medidas de apremio por el sólo ejemplo de solicitarle que nos aclare y fundamente sus acuerdos”.
Señala el documento que los abogados han tenido que recurrir a los amparos, quejas procesales, excitativas, apelaciones y reconsideraciones, y que todo ello tiene que ver con la injusticia que muestra con su actuar el encargado de despacho del juzgado de Mina.
El documento también señala que “cuando se trata de ratificar un escrito, para cuando le parece caprichoso, se tiene que sacar una cita previa y que por lo general es agendada para largos días posteriores, y mientras, tanto los tiempos procesales van chocando con el principio de prontitud”.
También señalan que la licenciada dilata para turnar los acuerdos, así como el archivo y poderlos consultar, porque generalmente los mantiene en su privado, “son turnados al archivo tres o cuatro días después de haberse publicado, y mientras tanto, los términos de los acuerdos han estado corriendo, y si se trata de recurrir alguno que merezca objeción, prácticamente ya se pasó el tiempo, porque no podemos penetrar a solicitar el expediente a su secretaria, porque está ocupada la señora, y no podemos interrumpir para solicitar se nos preste el expediente, pues esa es una práctica que no podemos tolerar como abogados, por ello le pedimos que se nombre a un juez con otra actitud y aptitud”.
“Además, la señora encargada del despacho, frente a las abogadas mujeres se vuelve aun más arbitraria, intolerante y grosera, y en ocasiones se burla de la figura física”.
Pero además de los señalamientos, expresan que podría tratarse de acciones relacionadas con su convivencia constante con tres litigantes de la misma región, con quienes abiertamente aparece en bares, “fiestas particulares que le realizan, sirviéndole de chóferes, preparando convites, por ello es que necesitamos que se nombre un juez titular, que no tenga esos vicios que se confrontan con el principio de imparcialidad”.
Señalan los abogados en el documento que tienen evidencias materiales, testimonios o documentos, que pueden señalar como pruebas en contra de la encargada del juzgado mixto de Coyuca de Catalán.
El grupo de abogados señalaron que representan a grupos de la sociedad del campo, del comercio y de la agricultura, entre otras organizaciones, que se han visto afectadas por la forma en la que actúa la encargada del despacho y quienes incluso han estado inquietos de manifestarse y obstruir a la acceso al juzgado, por lo cual le piden al presidente del TSJ que ponga a su consideración estas peticiones.
El grupo de abogados espera que esta misma semana haya una respuesta por parte del TSJ.

Perdió su plaza porque la carrera que estudió en el CREN no existe, denuncia una egresada

Alejandro Guerrero

Iguala

La profesora egresada del Centro Regional de Educación Normal (CREN) de esta ciudad, Halis Montero, denunció en redes sociales que junto a otros 300 alumnos cursó la licenciatura en Inclusión Educativa, de la que no existía registro ni clave, lo que ocasionó que le hayan quitado su plaza en Guanajuato, caso igual al de otros dos egresados de la misma escuela.
Este caso se hizo viral en las redes sociales, luego de que en plataforma TikTok, en un video corto hizo pública su denuncia, que encabezó: “Cómo estudié una licenciatura que no existe”, y aunque en el video no menciona el nombre de la escuela, ella es egresada del CREN.
En total, ha publicado tres videos para hacer sus denuncias, el primero el 5 de junio, que hasta este jueves había alcanzado 1.4 millones de vistas. Mientras que el realizado dos días después tiene casi 194 mil vistas; y el tercero y último de la serie, publicado este miércoles, alcanzó 358 mil vistas en 24 horas.
Asimismo, a las 10:37 de la noche del miércoles, la joven publicó en sus redes sociales un comunicado, en el que destaca que ser normalista le ha enseñado a no quedarse callada ante “injusticias e irregularidades”. Destaca que hace un año se graduó con un buen promedio y mención honorífica.
Narra que al egresar logró conseguir una plaza de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Guanajuato, pero debido a la exigencia de las autoridades educativas de aquella entidad, “me enteré que mi licenciatura, la cual cursé durante cuatro años, no estaba registrada de forma nacional; luego, descubrí que no había una clave de registro de carrera en el estado, que los documentos que avalaban mi licenciatura estaban extraviados. Nadie sabía decirme qué estaba pasando o quién había cometido el error”.
Mencionó que en la secretaría de Educación de Guanajuato le solicitaron la clave de registro de la carrera, “al no tenerla me retiraron mi plaza”, y denunció que, junto con ella, también a otros dos compañeros egresados de la misma normal les quitaron sus plazas. Mientras, otros egresados de la misma generación están en riesgo de perder sus plazas, ya que aún no les han entregado sus certificados de terminación ni título profesional.
“Hoy (miércoles) pude revisar en las páginas nacionales que ya hay clave de carrera. Demasiado tarde para mí, pero aún no tengo certificado de terminación de estudios ni información del título, fue triste haber perdido mi plaza, pero ahora concurso para obtener otra y atento con volver a perderla, por no tener aún los documentos que acrediten mi terminación de estudios, ¿preocupante? ¿Injusto?”.

Los videos

En el primero de los videos narra que en 2018, con apoyo de sus padres, decidió estudiar para ser maestra y eligieron la carrera de Educación Especial. Ingresó al CREN, aunque en ningún momento menciona el nombre de la escuela, para lo cual se tuvo que cambiar de ciudad.
Narra que desde el primer día que llegó a la escuela “todo estuvo mal”, ya que le informaron que la licenciatura que había elegido, la de Educación Especial, había desaparecido, y que ahora se llamaba Inclusión Educativa.
En una segunda parte, informó que ya en su plaza como maestra, por parte de la secretaría de educación de Guanajuato, le advirtieron que tendría problemas con su licenciatura ya que era muy nueva y le pidieron que se comunicara con su escuela, para ver si le daban el título, porque de lo contrario, la tendrían que remover del cargo y quitarle la plaza. Lo cual sucedió.
Contó que habló a la normal y le dijeron que lo arreglarían. Después fue a la Dirección Nacional de Profesiones, para preguntar si la escuela tenía registrada esa licenciatura, para que le expidieran un título o cédula profesional provisional. Allí le dijeron que “no existe”.
Dijo: “La escuela en la que estudié me tuvo cuatro años estudiando, y no solamente a mí, sino como a 300 personas. Nos tuvieron en una licenciatura que no existía, que no estaba registrada y que no era oficial, que las autoridades grandes (de la SEP), ni siquiera sabían que en la escuela estaban ofreciendo esa licenciatura”, narró en un segundo video.
Mencionó que en la actualidad ya existe la licenciatura en Inclusión Educativa en el ámbito federal, pero que “solo no existe en mi estado, porque es Guerrero. Hay muchas irregularidades y para qué más decirles”.
Después, en un tercer video, que hizo público este miércoles, la joven denunció que ahora está “vetada de la escuela”, que muchos profesores ahora hacen comentarios negativos hacia sus compañeros, para decirles que “no me sigan el juego”.
“Pero no sé de qué juego hablan, porque para mí estudiar no es un juego. Porque no es un juego, cada vez que ellos me pidieron dinero para pagar mis cuotas semestrales, las tuvieron. Porque para mí no fue un juego cuando ellos me dijeron entrégame tu tesis y la entregué en tiempo y forma”.
Agrega que tampoco fue un juego cuando le pidieron “cifras grandes de dinero para darme mi título. Les di el dinero, pero no les pidas a ellos que te den una clave de universidad, ni les pidas que te den un título, porque eres demasiado exagerado. Estás pidiéndoles cosas que no está en sus manos hacer”.
Dijo que si no pueden hacer nada, “retírense de sus puestos laborales (porque) la incompetencia no sirve en el país, solamente encarece la educación, que de por sí, está por los suelos”.