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Interroga la PGR a dos trabajadores de Protección Civil de Iguala por los 43 desaparecidos

Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron la tarde del jueves a dos trabajadores de la Dirección de Protección Civil municipal de Iguala, para que declaren de los ataques del 26 y 27 de septiembre 2014 y por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según las fuentes consultadas de seguridad pública estatal, la tarde del jueves los dos empleados fueron citados por su director Juan Manuel García Hernández en su oficina, en la planta baja del Palacio Municipal.
En la oficina del funcionario municipal los agentes de la PGR vestidos de civil ya los esperaban para trasladarlos a un hotel donde los interrogaron durante 8 horas, pese a que en Iguala hay oficinas de esa corporación.
Las fuentes informaron que después del interrogatorio los dos trabajadores fueron puestos en libertad, sin que la dependencia informara o detallara sobre qué tema en específico se les interrogó.
Tras los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurridos hace más de 33 meses en esta ciudad, más de 100 personas entre policías municipales, ex funcionarios y miembros de la organización delictiva Guerreros Unidos han sido encarcelados por su presunta participación en los ataques. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

Sigue la investigación y no se busca cerrar el caso Ayotzinapa, dice Campa Cifrián

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián dijo que las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa continúan y que se busca dar con todos los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva indicó que aunque existe la preocupación de los padres de que pudiera haber la intención de cerrar el caso, “yo puedo reiterar porque estuve presente en la reunión con el procurador la semana pasada, y también con el mecanismo de la Comisión Interamericana, que hay la mayor decisión de concluir este proceso cuando se haya dado con todos los responsables, se les haya puesto a disposición de la justicia”.
Destacó la detención, este martes, de uno de los líderes en Huitzuco del grupo criminal Guerreros Unidos, lo cual era una de las peticiones que tienen los padres, de profundizar la investigación.
Señaló que los caminos están abiertos para los padres de los normalistas puedan hablar con algún funcionario de la Segob, y que siempre ha habido apertura y plena disposición para ello.
Agregó que la noche de ayer habló con Vidulfo Rosales, uno de los representantes legales de los padres, a quien le indicó que las investigaciones continúan hasta dar con todos los responsables y someterlos a la justicia.
Roberto Campa agregó que con Rosales sostuvo una conversación en términos cordiales, de plena comunicación, “y reiteramos por este medio, cualquier interés en un encuentro con la Secretaría de Gobernación, con el titular o con quienes trabajamos ahí y tenemos relación con el caso, pues se puede resolver simplemente con una llamada telefónica, estamos siempre a la disposición”.
El funcionario reiteró que siempre que sea solicitada una reunión con el secretario de Gobernación estará atento a la petición que hagan para conciliar agendas, porque existe plena disposición con el titular de Segob siempre para reunirse con los padres de Ayotzinapa, pero no mencionó que el martes cuando fueron a pedir una audiencia con Osorio Chong, los padres de los estudiantes fueron atacados con gases lacrimógenos por policías federales, lo que dejó a cinco familiares lesionados, justo en las puertas de la Segob.

Se discute hoy en comisiones la Ley de Desaparición Forzada

De la Ley de Desaparición Forzada, Campa declaró que existen todas las condiciones para que se apruebe, que por ahora está en manos de Senado y las cuatro comisiones dictaminadoras se han puesto de acuerdo, se ha trabajado intensamente con ellos y con las organizaciones de la sociedad, con expertos.
Agregó que está programado que se discuta hoy en comisiones y se lleve al Pleno del Senado. Se espera que suceda porque hay muchas familias en México que están esperando que salga la ley.
La ley consta de dos partes, una es la penal y las sanciones, “de lo que se trata es de que tenga el mismo manejo en todo el país, y la segunda parte de la ley es todo el diseño de la política pública, de búsqueda y de investigación”.
“Si somos capaces de romper las cadenas de impunidad seremos capaces de revertir esta realidad que tenemos en materia de desapariciones”, dijo.
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La investigación del caso Ayotzinapa está plagada de irregularidades, denuncia WOLA

A un año de la partida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) reprochó que el gobierno mexicano ha calificado el caso de Ayotzinapa como “la investigación penal más exhaustiva de la historia de procuración de justicia en México”, pero sigue sin resolverse y la investigación está plagada de irregularidades, ningún responsable ha sido sancionado por su participación en los hechos y tampoco han encontrado a los estudiantes.
El organismo se dio a la tarea de hacer un resumen del estado en que se encuentra la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República sobre el caso Ayotzinapa.
En el documento difundido este viernes, escrito por Maureen Meyer y Hannah Smith, se menciona que el 20 y 21 de abril, este jueves y viernes, integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la coordinadora del mecanismo y también relatora para México, y el secretario ejecutivo de la CIDH estuvieron en México para dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente.
Al concluir la visita, los representantes de la CIDH expresaron “su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI”.
“El fin de abril marca un año desde la salida del GIEI de México. El GIEI fue creado por un acuerdo entre el gobierno mexicano, la CIDH, los representantes legales de las víctimas y sus familias del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para establecer un equipo internacional de expertos en derechos humanos, justicia penal, y atención a víctimas que darían asistencia técnica a las autoridades mexicanas en su investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el año transcurrido desde la salida del GIEI, ha habido pocos avances en la investigación y el gobierno mexicano no ha descartado su hipótesis original sobre el paradero de los estudiantes”, relatan.
Destaca que el trabajo del GIEI fue esencial para desmentir la llamada “verdad histórica” que el gobierno mexicano intentaba imponer en la investigación de que los estudiantes habrían sido detenidos, asesinados y sus cuerpos incinerados y arrojados al río de Cocula, para contrarrestar la prisa del gobierno mexicano para cerrar el caso.
El grupo descubrió pruebas claves y líneas de investigación creíbles para indagar. Además, consideró que un motivo para explicar la magnitud de los ataques en contra de los estudiantes podría ser que los estudiantes tomaron, sin saberlo, un autobús que contenía heroína y recomendaron perseguir esta línea de investigación. También reveló evidencia que implica a varias autoridades mexicanas en la obstrucción de justicia.
Durante su tiempo en México, el GIEI publicó dos informes exhaustivos sobre sus conclusiones y recomendaciones sobre cómo continuar la investigación, el último fue presentado el 24 de abril de 2016.
En julio de 2016 la CIDH estableció el Mecanismo de Seguimiento para el caso de Ayotzinapa bajo un nuevo acuerdo con el gobierno mexicano, las familias de los estudiantes y sus representantes.
El organismos de defensa de los derechos humanos reprocha que el gobierno mexicano ha calificado el caso de Ayotzinapa como “la investigación penal más exhaustiva de la historia de procuración de justicia en México”. Pero el caso sigue sin resolverse y la investigación está plagada de irregularidades, incluyendo evidencias manipuladas o perdidas y alegaciones del uso de la tortura para obtener declaraciones.
“El gobierno mexicano ha dedicado importantes recursos a la investigación de Ayotzinapa, pero ningún responsable ha sido sancionado por su participación en los hechos y tampoco han encontrado a los estudiantes. La falta de resultados después de tanto tiempo plantea dudas sobre la capacidad y la voluntad del gobierno mexicano para investigar y sancionar a los responsables en este caso, así como su voluntad de atender en su verdadera dimensión y profundidad las desapariciones en el país”, advierte.
Expone que una de las principales recomendaciones del GIEI fue realizar una investigación interna sobre la posible obstrucción de la justicia por parte de las autoridades mexicanas. Por ejemplo, en un video presentado por el Grupo de Expertos, el entonces jefe de la Agencia de Investigaciones Criminales (AIC), Tomás Zerón de Lucio es observado en el río San Juan, donde las bolsas de plástico que contenían restos quemados fueron descubiertas y donde se identificó un fragmento de hueso de uno de los estudiantes, la única identificación positiva en el caso.
Los registros oficiales del gobierno muestran que las bolsas fueron descubiertas el 29 de octubre de 2014. Sin embargo, este video muestra a Zerón en el río con bolsas de plástico y uno de los acusados clave quien fue removido de la custodia, el 28 de octubre, un día antes de que las autoridades anunciaran oficialmente el hallazgo de esta evidencia.
“Hasta agosto de 2016, César Chávez, titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) realizó una investigación del actuar de los funcionarios en el caso. Antes de que sus resultados fueran oficialmente presentados y compartidos con las familias y abogados de los estudiantes, Chávez dejó repentinamente su cargo en septiembre de 2016. Los medios mexicanos y The New York Times obtuvieron el borrador de la investigación de Chávez que encontró 13 graves irregularidades en las actuaciones realizadas por personal de la PGR, incluido a Tomás Zerón. El entonces Visitador había incluso recomendado una investigación más profunda para determinar si la conducta de ciertos funcionarios podría conllevar sanciones penales. Lejos de ser sancionado, Tomás Zerón salió de la PGR y fue nombrado como Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad”, relata.
Expone que la revista Proceso obtuvo una resolución judicial en contra de Sidronio Casarrubias Salgado, un líder del grupo criminal Guerreros Unidos detenido en octubre de 2014, que describe varias evidencias, incluyendo una libreta que tiene números de contacto para funcionarios del estado, entre ellos el actual jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Omar Hamid García Harfuch, y esta información no fue compartida con el Grupo de Expertos durante su estancia en México.
“Esta libreta también se hace referencia a una persona identificada con el alias El Uruguayo. Los abogados de las víctimas investigaron este alias y descubrieron que El Uruguayo es Gonzalo Martín Souza Neves, un presunto líder de Guerreros Unidos. Souza fue detenido en julio de 2014, unos meses antes de la desaparición de los estudiantes, en una operación militar conjunta con la PGR en la que se descubrió que estaba en posesión de grandes sumas de dinero en efectivo y drogas ilegales que supuestamente tenía planes de transportar usando compartimentos ocultos en diversos vehículos, principalmente en autobuses de pasajeros”.
“Esta evidencia es clave porque durante su investigación el GIEI concluyó que un posible motivo para el ataque masivo y sostenido de las autoridades contra los estudiantes en los autobuses fue la intervención involuntaria de los estudiantes en una operación de Guerreros Unidos que usaba autobuses comerciales para traficar la heroína a los Estados Unidos, específicamente Chicago, Illinois, como fue evidenciado en un caso que lleva el Departamento de Justicia de este país (Estados Unidos)”.

Recomienda investigar los vínculos de funcionarios con la delincuencia organizada

El organismo dice que las autoridades mexicanas deben continuar la búsqueda de los estudiantes, y sobre todo debe de respetar los acuerdos que asume con las familias para la búsqueda.
“Dadas las diferencias significativas en el informe interno final presentado por la Visitaduría General y el proyecto de ex-Visitador Chávez, las autoridades mexicanas deben realizar una nueva investigación interna sobre las autoridades que pudieran haber participado en la obstrucción de la justicia. Además debe indagar sobre las posibles responsabilidades de los funcionarios que ocultaron al GIEI información clave sobre los antecedentes de casos que involucran a grupos criminales con presencia en Iguala, como Guerreros Unidos, y el trasiego de drogas a los Estados Unidos. Las autoridades también deben investigar los posibles vínculos entre funcionarios mexicanos y grupos de la delincuencia organizada”.
Dado que se ha descubierto evidencia adicional de la práctica del uso de autobuses para el trasiego transnacional de drogas, las autoridades mexicanas deben comprometerse a investigar de fondo la posibilidad de que el motivo para el ataque en contra de los estudiantes fuera por su participación no intencional en una operación de narcotráfico, pide.
“Aunque se ha identificado la participación de elementos de la Policía Municipal de Huitzuco en los ataques contra los estudiantes, el gobierno no ha avanzado en la investigación de dos agentes de la Policía Federal que estuvieron presentes en uno de los lugares donde desaparecieron algunos estudiantes y que han sido señalados por el GIEI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su presunta responsabilidad en el encubrimiento de los hechos, y tampoco las responsabilidades de otras fuerzas de seguridad de estatal y federal que estuvieron presentes durante los hechos”.

Llama a resolver con seriedad el grave problema con las desapariciones en el país

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos dice que gobierno mexicano aún no ha adoptado suficientes medidas para asegurar una búsqueda rápida y coordinada para personas reportadas como desaparecidas, ni para facilitar la identificación de restos y la localización de fosas.
“El caso de los 43 estudiantes es sólo uno de los más de 30 mil casos de desaparición registrados oficialmente en México. La principal obligación del gobierno es evitar que las personas en México sigan desapareciendo a manos de grupos criminales o de funcionarios públicos y, cuando ello pase, buscarlas inmediatamente y con vida e investigar a los responsables.
“Como parte de su trabajo en el caso de Ayotzinapa, el Grupo de Expertos abordó la cuestión más amplia de las desapariciones en México y el GIEI recomendó que el gobierno adoptara un marco legal adecuado para investigar los casos de desapariciones”, menciona.
“El plazo para emitir la ley general de desapariciones en México venció el 6 de enero de 2016. No obstante, la ley sigue atorada en el Senado mexicano y los comentarios sobre el proyecto de dictamen actual enviados por el poder Ejecutivo representan un retroceso a las propuestas de las familias de personas desaparecidas, organizaciones civiles y expertos”, expone.

Desapareció una adolescente de 14 años en la capital; la Fiscalía activa la Alerta Ámber

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó una Alerta Ámber por la desaparición de una adolescente de 14 años el pasado viernes 17 de marzo en Chilpancingo.
La Fiscalía publicó en su cuenta de Facebook el reporte número AAGRO-027-2017 por la desaparición de Mariana Navarrete Mariano, de 14 años.
Detalló que la adolescente salió de su casa el viernes 17 de marzo, vestía blusa floreada, pantalón de mezclilla azul y botines cafés. Además, tiene una cicatriz en la pierna derecha, cabello ondulado negro, tez morena clara, boca mediana, complexión robusta, nariz recta y labios gruesos.
La Fiscalía pidió que para cualquier información se comuniquen al número de emergencia 911 para dar con la adolescente, pues “se desconoce su paradero y se teme que pueda ser víctima de algún delito”.

Denuncian la desaparición de dos niñas de 14 años en Iguala; no saben de ellas desde el lunes

 

La desaparición de dos niñas de 14 años vecinas de la colonia Génesis de esta ciudad, fue reportada ante el Ministerio Público, pues desde el lunes se desconoce su paradero
De acuerdo con información de fuentes policiacas de seguridad pública del estado, ayer familiares de dos jóvenes de 14 años, quienes son primas, reportaron su desaparición ante la agencia del ministerio público con sede en esta ciudad.
Sólo se dio a conocer que las dos jóvenes salieron de su casa de la colonia irregular Génesis, al sur de la ciudad, desde la tarde del lunes y a partir de esa fecha se desconoce de su paradero.
Tras su desaparición, sus familiares informaron que las han buscado con familiares, amigos, ante las diferentes corporaciones policiacas, clínicas, hospitales y hasta las instalaciones del Semefo de esta ciudad, sin que hasta ayer hayan sido localizadas.
Según la información, los familiares no han recibido ninguna llamada para pedir algún tipo de rescate por ellas.

En 2016 hubo cinco secuestros múltiples en Tierra Caliente y toda una familia desaparecida en Zitlala

De enero a diciembre de 2016 en Guerrero ocurrieron cinco secuestros y una desaparición masivas, según un recuento de la información publicada en El Sur. La región donde ocurrieron más crímenes de este tipo fue Tierra Caliente.
La desaparición múltiple fue la de seis integrantes de una familia de la que no se sabe su paradero desde el 18 de octubre, cuando iban de Zitlala a la cabecera municipal de Chilapa.
El 7 de enero hombres armados irrumpieron a las 6 de la mañana en la comunidad de Quetzalcoatlán de Las Palmas del municipio de Zitlala, ahí ejecutaron a seis personas, entre ellas a un adolescente de 14 años y dejaron a tres heridos, según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.
Ante la disputa del territorio entre los dos grupos de la delincuencia organizada Los Rojos y Los Ardillos han ocurrido hechos de violencia en los municipios de Chilapa y Zitlala, en la parte baja de la región de la Montaña.
Después de los hechos se informó que más de la tercera parte del pueblo se desplazó de su comunidad y se refugió en la cabecera municipal, en el recuento se mencionaron 74 personas entre autoridades comunitarias y 18 niños en edad escolar.
En marzo, a dos meses de que fueron desplazados por el ataque de hombres armados, 12 familias nahuas de Quetzalcoatlán regresaron voluntariamente a sus casas, informó entonces la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).

Región Tierra Caliente

Sólo en la región Tierra Caliente ocurrieron cinco secuestros múltiples, entre las víctimas de la violencia están mineros, maestros y grupos de ciudadanos que transitaban en las calles.
El 10 de enero como se informó en este periódico, sicarios asesinaron a dos taxistas y a dos vecinos de Arcelia, entre ellos José Eutimio Tinoco, El Rey de la Tortilla, y secuestraron a 21 hombres, hirieron a otro e incendiaron dos taxis, cuando el numeroso grupo de familias completas se dirigía a una boda que se celebraba en la comunidad El Salitre, del mismo municipio de Arcelia, en la región Tierra Caliente.
Al día siguiente, el lunes 11 de enero unos 30 hombres con armas largas irrumpieron en las instalaciones de la secundaria técnica 114 de la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, y secuestraron a cinco maestros, entre ellos al director.
Al comenzar el viernes 15 de enero los 21 secuestrados en la boda fueron liberados por sus captores y encontrados por policías ministeriales cerca de la comunidad de La Gavia, que es el bastión del grupo criminal Los Tequileros del vecino municipio de San Miguel Totolapan. Hubo una amplia operación de búsqueda desplegada por soldados del Ejército y corporaciones federales y estatales.
Según reportes oficiales, a la 1 de la madrugada los policías ministeriales ubicaron a los 21 hombres en el cerro Las Antenas, cerca de la comunidad La Gavia, y los trasladaron a la agencia del Ministerio Público de Arcelia.
El mismo viernes en la tarde aparecieron en la comunidad de San Francisco, municipio de San Miguel Totolapan, cuatro de los cinco profesores secuestrados en su escuela en Santana del Águila, y se dijo que el director de la secundaria 114, Joaquín Real Toledo fue asesinado a golpes el primer día del secuestro debido a que no pudo caminar porque tenía complicaciones de su salud.
La versión oficial indicó que fueron liberados mediante una acción policiaca en la que no hubo disparos ni detenidos.
El 16 de enero el cuerpo del director fue hallado por militares cerca del cerro del Águila. El cuerpo fue ubicado a las 11 de la mañana, luego de una búsqueda de varias corporaciones. El Ejército siguió el rastro del primer reporte que recibieron de los testigos acerca de la ruta de escape que usaron los secuestradores. El lugar donde fue localizado el profesor se ubica a unos 2 kilómetros de la secundaria.
En septiembre ocho mineros fueron secuestrados en un camino de terracería cuando se dirigían a la mina en una camioneta de la empresa Beneficiadora de Materiales de Temixco, procedentes de la cabecera municipal, Arcelia.
Los mineros lograron escapar de su cautiverio, cuatro huyeron a través de un cerro y regresaron a sus casas, y cuatro cruzaron el río Balsas, uno murió al tratar de pasar.
Ese mes la contadora de la empresa Beneficiadora de Materiales de Temixco, su esposo y de su hijo fueron secuestrados cuando se dirigían a la mina, los criminales liberaron a la pareja y se quedaron con el adolescente de 16 años y un millón de pesos que llevaba la mujer para el pago de la nómina. Ese día hombres armados irrumpieron en las instalaciones de la mina y se llevaron a un ingeniero.
El 17 de septiembre fueron liberados el adolescente hijo de la contadora y el ingeniero. Familiares dijeron a El Sur que fueron dejados libres tras el pago de un rescate cuya cantidad no dieron a conocer.
Debido a la violencia, desapariciones y secuestros, los gobiernos federal y estatal anunciaron nuevas estrategias de seguridad.
En la región de Tierra Caliente se relanzó el “Operativo Tierra Caliente”. El 5 de diciembre de 2015 acudieron el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos a Ciudad Altamirano.
La actividad fue después de que la dirigencia nacional del PRD denunció los intentos de extorsión de la delincuencia organizada contra el alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, quien fue ejecutado el 23 de julio de este año.
La estrategia en Tierra Caliente arrancó formalmente en diciembre de 2014, en el contexto de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, cuando ya era gobernador Rogelio Ortega Martínez, abarcaba 17 municipios de la zona Norte y de la Tierra Caliente. Para el relanzamiento con Astudillo se incrementó la presencia federal con 200 policías que después abandonaron la zona.
En noviembre cerca de 200 vecinos de la comunidad San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso, se levantaron en armas para crear su autodefensa ante el ingreso de hombres armados del grupo criminal Los Tequileros, debido a que el jueves 17 de noviembre hombres armados ingresaron a la comunidad a pie por dos rutas distintas, se llevaron una unidad del transporte público donde subieron a 10 personas, soltaron a tres y por las siete que faltaban pedían 4 millones de pesos.
El 29 de noviembre los otros cautivos fueron liberados. El vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informó que a las 8 de la noche cerca del cerro de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, se encontraron a las personas que manifestaron que estaban en poder de la banda Los Tequileros.
En declaraciones telefónicas indicó que los hombres contaron que luego que fueron liberados caminaron por cañadas y cerros hasta que llegaron cerca de La Gavia, donde encontraron a policías ministeriales que los buscaban y que los trasladaron a sus casas.

Desaparecen seis integrantes de una familia en Zitlala

Desde el 18 de octubre una familia completa se encuentra desaparecida, se desplazaba de Zitlala a la cabecera municipal de Chilapa.
Las víctimas fueron identificadas como Florencia Capistrán Tecolapa de 80 años, Mario García Capistrán de 58, María Feliciano Diego de 48, Félix García Feliciano de 25, Santa García Feliciano de 23 y Marco Antonio García Feliciano de 18. Todos originarios del poblado nahua de Ixcatla, municipio de Zitlala.
En un comunicado el comité de familiares de personas desaparecidas Siempre Vivos de Chilapa explicó que el martes 18 de octubre las víctimas viajaban en una camioneta roja de la marca Nissan, tipo pick up, sobre el camino que conduce a Chilapa, pero nunca llegaron a su destino y el resto de sus familiares comenzó a buscarlos sin encontrarlos.
A 12 días de la desaparición de los seis integrantes de la familia García Feliciano en Zitlala, la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó de manera oficial las investigaciones del caso.
También participó personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) así como de la Codehum y personal del Ejército mexicano.
El presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro informó que la Policía Ministerial del Estado acudió a la comunidad de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, para recabar las declaraciones de las personas que vieron a los integrantes de la familia desaparecida.
El 31 de octubre, policías, militares y el grupo Paz y Justicia de Tlaltempanapa señalado de vínculos con el grupo criminal Los Ardillos, buscaron a la familia desaparecida. El 2 de noviembre familiares de los seis desaparecidos informaron que continuarían la búsqueda con sus propios medios, debido a que no les permitieron participar con el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos en la operación policiaca y militar que se integró para las investigaciones.
A dos meses de la desaparición de seis miembros de la familia García Feliciano de Ixcatla, Zitlala, la Fiscalía mantiene suspendidas las investigaciones y no ha informado los resultados de la búsqueda a los familiares ni al colectivo, informó su presidente José Díaz Navarro.

Tiene nuevo jefe el 27 Batallón de Iguala señalado por la desaparición de los 43

El coronel de infantería Filemón Campillo Castro fue nombrado comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala en relevo del general brigadier Álvaro Javier Juárez Vázquez, quien a su vez relevó al polémico general José Rodríguez Pérez, señalado de haber operado los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, cuando estaba al mando de este batallón.
Las rotaciones y cambios de mandos realizados a principios de este mes son con base en los ascensos otorgados el 20 de noviembre al grado inmediato a los generales, coroneles y tenientes coroneles del Ejército y a la Fuerza Aérea por el presidente Enrique Peña Nieto, según fuentes militares.
En los primeros días de este mes el comandante del 27 Batallón de Infantería, el coronel Álvaro Javier Juárez Velázquez, que había sido transferido del sexto Batallón de Infantería en Miahuatla ciudad de México.
A finales de julio de 2015 Javier Juárez relevó en el cargo al coronel José Rodríguez Pérez, quien de acuerdo con investigaciones periodísticas el batallón a su cargo operó y coordinó los ataques la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando soldados siguieron a los estudiantes desaparecidos.
Las fuentes consultadas confirmaron que el coronel de arma, Filemón Campillo Castro que fue ascendido a teniente coronel de infantería, fue nombrado comandante del 27 Batallón de Iguala. Campillo Castro estaba asignado anteriormente a la región Costa Grande.

Piden al gobierno alemán que incluya la desaparición forzada en la agenda de la visita del presidente Peña

 

En vísperas de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Berlín, el 11 y el 12 de abril, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México exigió que en su agenda incluya la desapareción forzada y, como ejemplo emblemático, el caso de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
En una carta abierta fechada en Stuttgart, Alemania, los firmanes exigieron al presidente Joachim Gauck, y la canciller federal Angela Merkel, que en la visita del presidente de México incluyan en la agenda a los derechos humanos.
Indicaron que la crisis de derechos humanos “ha adquirido dimensiones catastróficas en este país, pues cifras oficiales mencionan que se desconoce el paradero de casi 27 mil personas”.
Sin embargo, denunciaron que las autoridades casi no han adoptado medidas para aclarar estos crímenes, por ejemplo, de la “inacción” gubernamental señalaron el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre del 2014.
Recordaron que la desaparicion forzada de 43 normalistas reveló la colaboración entre las autoridades estatales y el crimen organizado, y “desató un gran desconcierto en México y a nivel internacional”.
Pero precisó que el caso es, “sólo la punta del iceberg” de este grave problema, y sólo ante la presión internacional las autoridades mexicanas comenzaron una investigación con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), subsdidiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Destacaron que el Grupo presentó una serie de resultados que refutaron la tesis principal de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre el destino de los normalistas, que sigue sin ser aclarado.

El caso Ayotzinapa y las armas alemanas exportadas ilegalmente

Aunque no lo precisan, el caso Ayotzinapa también fue vinculado a la exportación ilegal de armas de Alemania, que policías usaron contra estudiantes de Ayotzinapa en un desalojo en Chilpancingo el 12 de diciembre de 2011, con un saldo de dos estudiantes muertos, y en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, donde fueron asesinadas seis personas y desaparecidas 43.
Se trata de la entrada de 9 mil 652 fusiles de asalto G36 alemanes a Guerrero, entregados a policías entre 2006 y 2009, pese a las prohibiciones de venta de este tipo de armas a estados en conflicto, ante las constantes violaciones a los derechos humanos.
Investigaciones alemanes han dado cuenta del uso de estas armas para reprimir movimientos sociales y estudiantiles, y señalaron el asesinato del normalista Julio César Mondragón Fontes, encontrado con el rostro desollado pocas horas después de los ataques del 26 de septiembre.
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México señaló que, tras los hechos de Iguala, en México se perdió la confianza en las instituciones estatales, porque las desapariciones, afirmó, “no únicamente” están relacionadas con el crimen organizado.
Afirmaron que también las fuerzas estatales de seguridad “son responsables de graves violaciones de derechos humanos en México”.
Informaron que la corrupción, “alcanza niveles más altos en la política nacional. Por eso no parece ser probable recibir una sanción por crímenes de violaciones de derechos humanos”.
También denunció detenciones arbitrarias y tortura ejercidas por policías y soldados, “so pretexto de la lucha contra el crimen organizado”.
Señalaron que, a través de la tortura se consigan las confesiones de delitos, y así se agilizan las averiguaciones; y los polícias y militares que torturan no temen a ser acusados porque, en la mayoría de los casos, la víctima permanece en la cárcel, a pesar de la falta de evidencias del delito.
Señalaron que a partir de la presión internacional, el gobierno mexicano presentó un bosquejo de leyes contra la tortura y la desaparición forzada de personas, que no corresponden con los estándares internacionales, y rechaza las recomendaciones y resultados de investigación de organizaciones internacionales de derechos humanos y Comités de las Naciones Unidas, para la mejora de la situación de derechos humanos en México.
Así, se atacó y difamó a expertos como el Relator Especial sobre la Tortura de las Nacionales Unidas, Juan Méndez, y a los integrantes GIEI, que señalaron irregularidades de la administración estatal.
Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Peña Nieto promociona la inversión de mercados internacionales y promueve nuevas leyes en áreas de energía, minería, extración de gas y petróleo, que tendrán repercusiones considerables en unas 32 mil comunidades agrícolas en México, y en las casi 28 millones de personas que viven en zonas rurales.

No hay en México mecanismos de protección a periodistas y defensores, acusan

Asimismo, informaron que defensores de derechos humanos y periodistas, que señalan las irregularidades y exigen cambios, son víctimas de campañas de desprestigio, represión e incluso asesinato, y no existen mecanismos de protección suficiente a periodistas amenazados como indican los recientes y numerosos asesinatos de periodistas críticos.
De acuerdo con la clasificción mundial de la libertad de prensa, de Reporteros sin Fronteras, México es el quinto país en asesinatos de periodistas, y la organización Artículo 19 tiene a la Ciudad de México, Veracruz y Guerrero como las entidades mas peligrosas para ejercer el oficio de informar.
Asimismo, exigeron que Alemania pida mejoras de la situación de derechos humanos a Peña Nieto, y en particular en la creación de leyes para que las iniciativas contra la tortura y desapariciones forzada correspondan con los estándares internacionales, y que se disponga de mecanismos efectivos de participación y monitoreo de la sociedad civil, y de las asociaciones de víctimas en la realización y aplicación de estas leyes.
De igual manera, solicitaron que en la práctica se garantice el derecho a las comunidades indígenas de su consentimiento, libre, previo e informado en la planeación y desarrollo de megaproyectos, como está establecido en el Convenio 169 de la OIT, y que se fortalezca el Mecanismo de Protección para los defensores de derechos humanos y periodistas, basándose en las recomendaciones de la sociedad civil.

Reportan la desaparición de tres pecadores que zarparon el martes de Dominguillo

Pescadores de playa Dominguillo señalaron que desde el martes tres de sus compañeros salieron a pescar en dos embarcaciones, y por las condiciones meteorológicas persiste el temor de que estén desaparecidos. Sin comunicación por pescar en altamar, dijeron que en caso que no llegaran sus compañeros en el trascurso de la noche de ayer, llamarían a Capitanía de Puerto y a la Marina para iniciar la búsqueda.
Uno de los pescadores, Cutberto Olea Carmona relató que el 8 de marzo en la mañana emprendieron la pesca en altamar; sin embargo, las lluvias, la marejada y los fuertes vientos son factores que están en contra de esa actividad, sobre todo porque las embarcaciones en las que salen son pequeñas.
El experimentado pescador indicó que son hasta cinco días los que regularmente toman en altamar para extraer las diversas variedades de pesces, “cuando se van los martes, llegan máximo los viernes o sábados en la madrugada”.
Indicó que sus compañeros se fueron temprano y la lluvia cayó en Acapulco en la noche, el comportamiento del mar fue agresivo y durante esos días quienes estaban en tierra decidieron no pescar.
Agregó que si en el trascurso de ayer no llegaban, reportarían a Capitanía de Puerto porque los pescadores sólo llevan alimento para seis días.
Desconoce el nombre de sus compañeros pero sí recuerda sus apodos; en una embarcación iba a quien le llaman La Cornuda y en la otra lancha, El Mono y El Tilico.

Los levantados en Chilpancingo serían cinco, no seis, pero sólo hay dos denuncias, dice el fiscal

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, informó que no fueron seis levantados en Chilpancingo sino dos, ya que su dependencia cuenta con dos denuncias presentadas por desaparición, pero según sus investigaciones podrían ser cinco; mientras que uno de los tres estudiantes levantados ayer en Tixtla ya fue liberado.
“Pueden ser cinco los de Chilpancingo del taller levantado, pero sólo hay dos denuncias”, agregó.
También detalló que la banda de secuestradores desarticulada el jueves pasado, tras un enfrentamiento con policías ministeriales y el Ejército en la colonia Salubridad, pertenecía a El Tequilero, y señaló que hasta este jueves en la capital del estado también operaba una escisión de La Familia Michoacana.
Ayer en El Sur se publico que la tarde de este martes, sicarios irrumpieron en el taller Moto Servicios Ayala, donde levantaron a seis jóvenes, entre ellos a una mujer, cerca del Centros de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS) No. 136 en la colonia Jardines del Sur, en Chilpancingo.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que sólo se han presentado dos denuncias de personas desaparecidas, pero que las investigaciones de la dependencia daban cuenta de la posibilidad de cinco personas levantadas.
Consultado al término del acto protocolario de arranque de la Operación Chilapa, el fiscal explicó que, mediante una llamada al número de emergencia 066 se informó del levantón de cinco personas, pero “realmente son dos del taller”.
Agregó que se presentaron denuncias de desaparición de dos personas, pero investigarán para saber si fueron o no levantados los otros cinco jóvenes que estaban en el taller.
Durante la mañana de este miércoles, se le preguntó en tres ocasiones al fiscal acerca de los secuestros y levantones en la capital, la primera cuando bajó del helicóptero en el que llegó a la unidad deportiva de Chilapa, donde informó que el reporte proporcionado por el comándate de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), era de tres levantados en Chilpancingo y tres en Tixtla.
Este martes, tres estudiantes fueron privados de su libertad por hombres armados en la colonia La Villita, en el municipio de Tixtla, a unos 100 metros de la comandancia de la Policía Municipal, informó la FGE.
En la segunda ocasión se le preguntó sobre el estatus de los seis, a lo que respondió que en Chilpancingo y Tixtla eran levantados; se le reiteró la pregunta sobre cuál era el reporte, pero ante la falta de datos le pidió al comandante de la PIM, Ricardo Zamora Guevara que respondiera a las preguntas de tres medios de comunicación.
Zamora Guevara reiteró que tenían información sobre dos levantados, ya que las familias presentaron la denuncia, además de que no hay testigos que confirmen si se llevaron o no a más personas.
Sobre los jóvenes privados de su libertad en Tixtla dijo que se consideran también levantados, pero que ahí ninguna familia ha presentado una denuncia formal.

Eran tres bandas de secuestradores en la capital; ya fue desarticulada la de El Tequilero, comenta

El jueves de la semana pasada, se enfrentaron hombres armados y policías ministeriales más de una hora, resultando un policía y un sicario heridos, siete detenidos, y dos hombres y una mujer que estaban secuestrados fueron liberados al sur de Chilpancingo.
Tras los hechos, el fiscal dijo que los detenidos fueron consignados, pero no dio más detalles ni los nombres de los detenidos, sólo informó que se desarticuló la banda de secuestradores.
Se le preguntó entonces cuántas bandas delincuenciales operan en la capital del estado, a lo que respondió que no tenía el número exacto, y luego corrigió que son tres, Los Ardillos, Los Rojos y una escisión de La Familia Michoacana que el jueves pasado fue desarticulada.
Enfatizó que la banda de El Tequilero estaba operando en Chilpancingo hasta el jueves pasado, antes de la intervención de la policía ministerial y del Ejército.
Dijo que tenía ya identificado a El Tequilero, y reiteró que probablemente fue policía municipal, aunque no dio a conocer el nombre del delincuente.
Al final de la consulta, confirmó que ayer fue detenido por la Policía Federal en Chilapa el segundo de Los Rojos, Yiovani Anastasio Parra.