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Lamenta el PRI fallo del Trife que exonera al líder de Morena de violencia política de género

Daniel Velázquez

La dirigencia estatal del PRI consideró que el falló del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que rechazó que hubiera violencia política en razón de género por parte del diputado y dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, en contra de la diputada Gabriela Bernal Reséndiz, “pone en riesgo el avance en materia de derechos políticos de las mujeres y es un evidente retroceso en la lucha por la igualdad”.
En un posicionamiento difundido por el PRI de Guerrero en sus redes sociales, suscrito por el presidente Alejandro Bravo Abarca y la secretaria general Pilar Vadillo Ruiz, del Comité Directivo Estatal, lamentan el fallo del Trife y consideran que se trata de “un duro golpe” a la lucha de las mujeres por lograr condiciones de igualdad y equidad.
A mediados de abril de este año se conoció un extracto de un discurso que el dirigente estatal de Morena dio ante militantes de su partido en Ometepec, donde expuso que la belleza de la diputada fue usada como la estrategia política por el PRI en el proceso electoral de 2018, para presentar la imagen de Bernal Reséndiz en la candidatura al Senado y no la de quien encabezaba la fórmula, el todavía senador Manuel Añorve Baños.
Debido a sus expresiones, fue acusado de violencia política, y se presentó una queja en su contra. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) brindó medidas cautelares en las que prohibió al morenista acercarse a la diputada priista por el riesgo alto de volver a incurrir en violencia.
El 25 de agosto el Tribunal Electoral del Estado (TEE) resolvió que González Varona sí incurrió en actos de violencia política en razón de género y ordenó que su nombre permanezca por un año cuatro meses en la lista de personas sancionadas por esta falta, le impuso una multa de 15 mil pesos, y debería presentar un disculpa pública y tomar tomar cursos sobre el respeto de los derechos de las mujeres.
La semana pasada el Trife resolvió que “el reconocimiento de la belleza de una persona como estrategia política para la postulación de una candidatura no es una cuestión que impacte de manera exclusiva a las mujeres, por lo que la referencia a la belleza de una mujer como elemento dentro de una estrategia electoral cuando no se hace cosificándole o restándole méritos propios, como sucedió en el caso, pues se hizo alusión a otras cuestiones de su persona, no implica violencia simbólica ni está dirigida a ella en su calidad de mujer”, y eso no constituye violencia política en razón de género sino de afirmaciones amparadas en la libertad de expresión.
El PRI considera que la sentencia del Trife “sienta un precedente que pone en riesgo los avances en materia de violencia de género, ya que eso da pie a que actores políticos usen este fallo para ampararse y continuar violentando a mujeres que participan en política”.

 

Exhorta el Congreso a la Sagadegro y Sader a activar programas de apoyo ante sequías

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Congreso local exhortó a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del estado (Sagadegro), y de Agricultura y Desarrollo Rural federal (Sader), a activar los programas y protocolos de apoyo a campesinos, ante la pérdida de cosechas de cultivos básicos en el estado, producto del estiaje en la temporada de lluvias.
El diputado Andrés Guevara Cárdenas, de Morena, propuso como asunto urgente y de obvia resolución, el exhorto a los titulares de Sagadegro y la Sader, que activen los programas y protocolos de apoyo a los campesinos ante los siniestros y pérdidas de cosechas de cultivos básicos en el territorio guerrerense, causados por sequías. solicitando su aprobación, como asunto de urgente y obvia resolución.
En total, en la sesión de este martes, que inició a las 12 del día y concluyó cinco horas después, se aprobaron como asuntos de urgente y obvia resolución, sin discusión, seis exhortos a diferentes autoridades: para que haya medicamentos del sector salud, por acciones para el combate del dengue, para la elaboración de atlas de riesgo en los municipios, para que se activen las Casas de Representación de Guerrero en Estados Unidos, y por una campaña de testamentos agrarios.
Además, tres reformas de ley para el diagnóstico oportuno de trastornos en el aprendizaje; sobre la paridad sustantiva y lenguaje inclusivo en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y para la colaboración interinstitucional e internacional en la Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales.

Reformas para usar en leyes un lenguaje incluyente

Los asuntos que siguieron el trámite ordinario, son el exhorto que propuso la diputada del PRI, Julieta Fernández Márquez, a los secretarios de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del gobierno federal, al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que se considere una alternativa distinta al Centro de Convenciones para la construcción del hospital de especialidades del ISSSTE en Acapulco. Se turnó a la Comisión de Salud y de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.
Así como la propuesta de exhorto de la diputada de Morena, Beatriz Mojica Morga, a los ayuntamientos de Guerrero a disponer medidas de protección de los animales y establecer medidas de regulación sanitarias ante los problemas de salud pública ocasionados por animales abandonados o en situación de calle, enviado a las comisiones unidas de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, y de Salud.
De iniciativas de ley aprobadas, la diputada del PRD e integrante de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Jennyfer García Lucena, detalló la reforma aprobada a la Ley 812 para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Guerrero, para la detección, prevención y atención a los trastornos del aprendizaje, como instrumento rector de la inclusión integral.
El diputado de Morena, Osbaldo Ríos Manrique, fundamentó la propuesta de reformas y adiciones a la Ley número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero que armoniza la organización y conformación de los espacios principales de la institución, bajo el principio de paridad sustantiva, además de establecer el lenguaje incluyente y no sexista.
Asimismo, el morenista presentó la reforma a la Ley 838 de Atención a los Migrantes del estado de Guerrero, para usar en el ordenamiento un lenguaje incluyente, la perspectiva de género y el respeto al interés superior del menor, además de permitir la colaboración interinstitucional e internacional, que formalice la provisión de donativos en beneficio del sector.
Es decir, la titular de la Secretaría podrá gestionar a nivel nacional e internacional donativos que beneficien a los paisanos.
En materia de Salud, García Lucena impulsó un exhorto para la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, a fin de garantizar el suministro de medicamentos y realizar un diagnóstico de las necesidades de recursos materiales y humanos de los hospitales que dependen del sistema estatal.
En la exposición de motivos, denunció que “constantemente vemos en medios de comunicación y redes sociales denuncias donde se expone la falta de medicamentos, equipamiento, personal médico necesario, así como las inadecuadas condiciones en las que se encuentran varios hospitales en el estado”.
La también diputada del PRD, Patricia Doroteo Calderón propuso otro exhorto para Ibarez Castro, a los 82 municipios y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, para que realicen campañas para disminuir, controlar y erradicar el dengue. Igual que el resto, aprobados por unanimidad.
Como presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, el diputado de Morena, Marco Tulio Sánchez Alarcón, fundamentó el exhorto al director en jefe del Registro Agrario Nacional (RAN), para que, a través de la delegación, se realice lo más pronto posible y de manera gratuita una jornada pública e itinerante de “depósito de lista de sucesión” o “testamento agrario”, que dé certeza jurídica sobre su parcela a ejidatarios y comuneros.
Recordó que tienen derecho a designar a quien deba sucederle en sus derechos, para lo cual bastará que formulen una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia.
Asimismo, la diputada perredista Patricia Doroteo Calderón fundamentó el exhorto a la Coordinación Nacional de Protección Civil (Cenaprece) dependiente de la Secretaría de Gobernación, para que invierta en materia de protección civil antes “las condiciones precarias en que realizan la tarea de Protección Civil en muchos municipios de la entidad”, y resaltó incluso las manifestaciones y paro de labores de los trabajadores del gobierno y manifestaciones para demandar atención a sus carencias”.
Pidieron acciones de coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, así como las direcciones y coordinaciones de Protección Civil de los municipios, para que se generen condiciones presupuestales, de recursos humanos o la firma de acuerdos que sean necesarios para elaborar o actualizar los atlas de riesgo donde sea necesario.
Ríos Manrique presentó el exhorto a la secretaria de Migrantes y Asuntos Internacionales, Silvia Rivera Carbajal, para que analice a la brevedad posible la viabilidad de nombrar a los titulares en las Casas de Representación, en Estados Unidos, a donde los migrantes guerrerenses reciben atención y orientación para realizar sus trámites correspondientes.
Sobre la paz, el morenista Antonio Helguera Jiménez reconoció el llamado de la gobernadora a los poderes, partidos políticos y sectores sociales a contribuir con el reencuentro y la reconciliación, por medio de la ruta del diálogo.
Pidió a la mandataria que diga de manera específica en qué tareas puede ayudar el Congreso local, con qué iniciativas, si es reforzando la fiscalización para atender las causas de raíz.
Confirmó que la paz será posible cuando se reduzcan las brechas de desigualdad social, fomentando la confianza en las instituciones y en el sistema de justicia, y con el combate a la corrupción y la impunidad, “que pudiera lograrse con una gran reforma de Estado que contribuya a una mayor gobernabilidad y a la paz”.
Entre las intervenciones, el diputado de Morena, Joaquín Badillo Escamilla señaló que no se está aprovechando en Guerrero el potencial de la energía solar para “incidir en el futuro, facilitando la expansión e innovación tecnológica en procesos industriales y agrícolas, con amplios beneficios para los habitantes”.
Llamó a sus homólogos a intervenir de manera decidida para que el Estado, a través de la asignación de recursos, “dé ese salto cualitativo para transitar a un Acapulco más próspero y moderno”.

 

Ve diputada de Morena que en la UAG hay funcionarios ricos y una pobre educación

La diputada local por Morena, Leticia Castro Ortiz durante su participación en tribuna en la sesión del Congreso local, en la cual hizo un llamado al nuevo rector de la Universidad Autónoma de Guerrero para que se dedique a mejorar la máxima casa de estudios y busque el desarrollo académico luego de que se ubicara a la institución en el lugar 56 de 100 universidades evaluadas Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La diputada local de Morena, Leticia Castro Ortiz, a unos días de la toma de protesta del rector Javier Saldaña Almazán, recriminó los resultados de la institución educativa en el desarrollo de la entidad, así como en la  colocación de sus egresados en el campo laboral.
Durante las intervenciones en la sesión plenaria del Congreso, llamó al rector Saldaña Almazán “a privilegiar la excelencia académica, que sólo se puede lograr con una visión académica”.
De contexto, la abogada de profesión indicó que este año, la UAG se ubicó en el lugar 56 de 100 instituciones de educación superior evaluadas en México, a partir de sus planes de estudio, grado académico de la planta docente e inserción de los estudiantes en la planta laboral.
Si bien en el ejercicio destacaron las carreras enfermería, cirujano dentista y médico, añadió que la UAG tiene enormes retos que deben atender con “una enorme disposición” el personal docente y el rector.
“Coincido con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador: no puede existir gobierno rico con pueblo pobre y en la UAG no puede existir funcionarios ricos con pobre educación”, sin dar nombres.
Consideró necesaria una profunda transformación democrática para lograr un mejor desarrollo del estado, a partir del rediseño de los planes de estudio, valoración de las carreras que se ofrecen por la carga de egresados y para disminuir la falta de vacantes laborales.
Recordó que este año, la universidad recibió de financiamiento más de 3 mil millones de pesos, y en 2024, el poder legislativo tendría que analizar de manera pormenorizada el presupuesto que le van a asignar, a partir de indicadores de inserción laboral de sus egresados, y la utilización de profesionales calificados para desempeñar actividades en las empresas existentes en la entidad.
Advirtió que la institución es opaca en estos rubros  “de suma importancia para valorar si lo que reciben de presupuesto es acorde a los resultados hasta hoy obtenidos”.
Estimó que no son  los mejores resultados, sino que hay un “enorme  déficit en la contratación de egresados, así como en las licenciaturas que no tienen espacios en el mercado laboral, y la nueva oferta educativa  insuficiente”.
Lamentó que los egresados no laboren en empleos afines a sus estudios. insistió en que, para hacer más productiva a la institución tiene que hacer estudios sociales y económicos que permitan ofertar carreras que tengan demanda de trabajo.
Por lo anterior, llamó al rector Saldaña Almazán a que trabaje de manera responsable en favor del personal docente, administrativo, y de los estudiantes.
Afirmó que, con la transformación que comenzó en México, es fundamental y urgente el desarrollo y la competitividad de la universidad con las mejores del país.
Pidió que se privilegie la excelencia académica “a través de acciones encaminadas a fomentar el desarrollo académico del personal docente y mejore sustancialmente la preparación de los estudiantes. La UAG tiene muchísimo que mejorar y esto sólo se puede lograr con una visión académica”.
 

Se consultará a 100 mil para la nueva ley de educación inclusiva, informa Citlali Calixto

Asistentes al foro “Diálogo sobre la reforma constitucional de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos”, en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Dhaniel Velázquez

La diputada Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, informó que está en marcha la consulta para la elaboración de una nueva ley sobre educación inclusiva, que pase del modelo clínico al modelo social.
En conferencia de prensa en un salón de un hotel de la avenida Costera, la diputada informó que la meta es consultar a 100 mil guerrerenses que viven con una o más discapacidades, quienes se conoce que radican en los municipios de Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Ometepec, Ayutla, Tecpan, Zihuatanejo, Tlapa, Iguala, Taxco, Teloloapan y Pungarabato, que representan el 52.4 por ciento de las personas que viven con alguna discapacidad en el estado.
Calixto Jiménez compartió algunos de los hallazgos que han encontrado durante los foros y mesas de trabajo que han realizado, uno de ellos es que las personas con discapacidad no son un grupo vulnerable sino “vulnerado”, porque no se atienden las condiciones para que tengan oportunidades parejas para su desarrollo.
Durante los trabajos, también han encontrado que algunas personas no viven con una discapacidad, sino que pueden ser dos o más, que son discriminadas no sólo por la discapacidad sino que se añaden otros factores, como género o raza, que las organizaciones civiles de ayuda a personas con discapacidad están mejor organizadas en las zonas urbanas que las rurales, que los pronósticos médicos no son exactos y algunas personas han podido desarrollar habilidades, por la tenacidad de sus familiares, porque los médicos no les dieron expectativas.
Otra observación que han hecho es que hay personas que viven con alguna discapacidad que no es reconocida por la ley, pues viven con enfermedades que limitan el desarrollo de la persona, como la ezquizofrenia, la diabetes o el cáncer.
En las mesas de trabajo también encontraron que la lengua de señas mexicana no es la forma de comunicacion habitual entre las personas con discapacidad auditiva, sino que las familias han desarrollo sus propios códigos para comunicarse entre ellos, lo que significa que está herramienta no es enseñada en las escuelas.
Otro hallazgo es que los niños que viven con una discapacidad, han expresado mediante dibujos que viven discriminación y que son aislados, pues no se integran con los demas menores.
La diputada indicó que los descubrimientos y datos obtenidos de esta consulta, se convertirán en ley por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tanto, se deberán etiquetar recursos para su aplicación.
Del calendario de actividades para el desarrollo de la consulta, la diputada no especificó fechas ni plazos, sólo dijo que se encuentran a la “mitad del camino” y confíó que al finalizar el año estará concluido el proceso.
Precisó que la información recolectada mediante foros, mesas de trabajo presenciales, virtuales, a petición de parte, buzones físicos y buzón digital, será sistematizada por profesionales e integrantes de las asociaciones civiles, y para la ley se tomarán en cuenta todas las propuestas relacionadas con la educación y las que se reciban sobre otros sectores, como la movilidad, serán canalizadas a las áreas que corresponda.
Calixto Jiménez indicó que los municipios que no están considerados en el plan de trabajo, se pueden incluir a petición de los ayuntamientos para realizar mesas de trabajo o establecer un buzón para recibir propuestas, las cuales se pueden entregar por escrito o en formato digital.

Ratifica el IEPC sanción al dirigente de Morena por violencia política de género

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Partici-pación Ciudadana (IEPC), consideró que existe un “riesgo de violencia alto” para la diputada del PRI, Gabriela Bernal Resendiz, quien denunció a su homólogo de Morena, Jacinto Gonzalez Varona, por violencia política en razón de género
Confirmó las medidas cautelares para que el también dirigente estatal diputado de Morena se abstenga de cualquier acercamiento o comunicación con ella o su familia, fuera de la labor legislativa, y que propicie “un ambiente de respeto”.
Asimismo, le pide “que se abstenga de realizar señalamientos sexistas, denigrantes, machistas, misóginos y otros que pudieran derivar violencia política de género, así como la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia, en relación con la diputada Gabriela Bernal o su familia, así como evitar cualquier manifestación que implique violencia política física, simbólica, psicológica y sexual”.
Requirió a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que en un plazo de diez días hábiles, remita un plan de seguridad personal elaborado junto con Bernal, y remita de manera quincenal un informe.
Ese es el resultado de un recurso de apelación resuelto la semana pasada por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), que promovió el morenista contra las medidas de protección otorgadas de manera oficiosa en la demanda por violencia política en razón de género que presentó Bernal Resendiz, a propósito de las declaraciones de González Varona en un acto partidista privado que trascendió a redes sociales.
Gonzalez Varona fue denunciado por decir que se utilizó la imagen de la entonces candidata a la senaduría por el PRI, para que ganara el primero de la fórmula, hombre (Manuel Añorve), después de que Bernal denunció en tribuna violencia política hacia la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 20 de junio, el TEE ordenó a la Comisión determinar en un nuevo proyecto, la medida de protección donde se identificara el bien jurídico tutelado, el tipo de amenaza potencial, la persona agresora, la vulnerabilidad de la víctima y nivel de riesgo, en plazo de 24 horas.
El viernes 23 de junio, la comisión de Quejas y Demandas calificó  “un nivel de riesgo de violencia alto” para la denunciante, a partir del análisis de expediente,  los medios recabados por la autoridad, así como del cuestionario de riesgo para casos de VPG, en términos del apartado 5 del Protocolo para la Atención de Víctimas, aplicado a Bernal.
Indicó que los bienes tutelados a la denunciante son “a una vida libre de violencia, la dignidad, la discriminación, la libertad de las mujeres, y que existe la probabilidad de una amenaza, en virtud, como lo menciona la quejosa, que el denunciado es acompañado por una camioneta con escoltas y estos se encuentran armados”.
Además, que los actos que pudieran configurar VPG, han escalado del apelante y la quejosa, a que diversos actores políticos continuaran con la denostación a Bernal, quien la hizo sentir insegura. Precisa que las medidas no prejuzgan la existencia o no de las infracciones denunciadas.

Deben redoblarse esfuerzos en políticas de protección a las mujeres, plantea Yoloczin

Karina Contreras

La diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el Congreso, Yoloczin Domínguez Serna, indicó que es importante redoblar esfuerzos en cuestión de seguridad y lamentó el asesinato de la joven de 16 años, Eyna Vanesa Pérez Bahena, y de la maestra Marlene Enríquez, el primer caso en Acapulco y el segundo en Chilpancingo.
En declaraciones al iniciar un acto en Acapulco que encabezó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la diputada local dijo que ha habido acciones por parte del gobierno del estado encaminadas a la protección de las mujeres, y recordó que la gobernadora ha dicho que Guerrero será un santuario para las mujeres.
Añadió que el Protocolo Violeta ha sido muy acertado, “yo confió en nuestras autoridades en materia de seguridad que harán lo conducente. Necesitamos redoblar esfuerzos definitivamente, pero es un tema que no nada más es del ejecutivo. Es un tema que se tiene que tratar con los tres órdenes de gobierno, se tienen redoblar esfuerzos, se tiene que hacer una línea de acción con cuestiones más severas”.
La diputada dijo que son temas que tienen en la mesa las autoridades competentes en el tema de seguridad y desde el legislativo es redoblar los esfuerzos para avanzar. A la diputada se le dijo que hay un reclamo a la Fiscalía porque su falta de resultados en las investigaciones lleva a más hechos que quedan en la impunidad y eso genera más hechos como los vividos. Respondió que desde “nuestro espacio, ¿qué es lo que solicitamos? Solicitamos que se redoblen esfuerzos en materia de seguridad. Al redoblar esfuerzos creo que es un tema general, redoblar esfuerzos es pisar un poco más el acelerador en el sentido de los temas de seguridad”.
Sobre si podrían llamar a comparecer la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, respondió que en estos momentos no se ha puesto en la mesa el tema, aunque “no es un tema alejado. No puedo decir sí y no puedo decir no”, pero se que podría analizar.
Señaló que se debe reconocer que hasta este momento las acciones del Ejecutivo en protección a las mujeres con loa protocolos han sido positivos.

 

Urge la diputada Julieta Fernández a aplicar protocolos de la Ley de Trata

El secretario general de la CTM en el estado, Rodolfo Escobar Ávila, líderes sindicales y la diputada local priista Julieta Fernández Márquez de invitada en la asamblea y conferencia de prensa en las instalaciones de la sección 28 ubicadas en la avenida Constituyentes del Barrio de la Fábrica en Acapulco Foto: Jesús Trigo

Jacob Morales Antonio

La diputada local priista Julieta Fernández Marquez, afirmó que es “terrible” qué en el Ministerio Público no haya protocolos para la protección de las víctimas que acuden a denunciar.
En declaraciones luego de asistir a una reunión en las oficinas de la Federación de Trabajadores de Guerrero (FTG), la diputada opinó que es necesario la aplicación de la Ley de Trata donde se establecen protocolos.
Agregó que muchos jóvenes y adolescentes que están en calidad de desaparecidos pueden haber sido víctimas de este delito, sobre todo en las colonias populares, donde les ofrecen trabajo y salario alto.
Indicó que hay un registro en Guerrero de 369 personas desaparecidas en los primeros tres meses en el estado de entre 15 a 25 años.
La diputada expresó que muchas mujeres víctimas son amenazadas de muerte si van y denuncian, por eso dejan de hacerlo “y es terrible”.
Dijo que a esto se suma que no hay una fiscalía especializada en la trata de personas y el delito es diferente porque no se tiene que comprobar que fueron engañadas, sino que con el hecho de ser explotadas sexualmente será suficiente para ordenar la captura del victimario. “Necesitamos que la ley se aplique y que se aplique bien”.
La priista dijo que “pareciera” que el delito de trata no existe porque no hay datos ni indicadores y todos los que existen son de organizaciones civiles.

 

Pide el PRI respeto para la ministra Piña en sesión del Congreso por el Día de la Mujer

Diputadas locales posan para una fotografía para conmemorar el 8 de Marzo al final de la sesión del Congreso del estado Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Diputadas de Morena y PRI, durante sus intervenciones por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se pronunciaron por el reconocimiento de sus derechos y la erradicación de las diferentes violencias, pero también aprovecharon para hacer alusión a la posibilidad de que la próxima presidencia de la República sea encabezada por una mujer, y para defender a la presidenta de la Corte por presuntos ataques desde el gobierno federal.
La priista Grabiela Bernal Reséndiz en su intervención se solidarizó con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Lucía Piña Hernández, “quien está siendo víctima de los más fuertes ataques y presiones del gobierno federal solo por mostrar autonomía”.
La priista le dijo a la ministra “que no está sola y que las esperanzas de millones de mexicanas y mexicanos están en usted y en las demás ministras y ministros para salvaguardar la Constitución política de nuestro país”, en referencia a la decisión sobre la revisión del plan de reforma electoral del presidente López Obrador.
Se pronunció por “no más campaña de odio y división contra la ministra Piña, ni contra ninguna mujer de este país”.
La morenista Citlali Calixto Jiménez dijo en tribuna que en el estado se realizan acciones dirigidas “a construir un santuario para las mujeres, se está trabajando como nunca antes se había hecho”.
Después señaló que México está preparado para ser gobernado por una mujer, en referencia a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, quien es aspirante a la presidencia de la República.
“Tenemos más funcionarias públicas que nunca ¿Y por qué no?, estamos en condiciones de tener presidenta de la República”.
La presidenta de la Jucopo, la morenista Yoloczin Domínguez Serna, dijo que conoce de primera mano lo “complejo que es enfrentarse a un sistema que por el simple hecho de ser mujer se nos juzga y se pone en duda la capacidad de tomar decisiones”.
Señaló que a quienes cuestionan y luchan por espacios “sin restricción nos vulneran, nos minimizan, nos tratan de ignorantes porque para algunas personas, el tener grados académicos o decirse especialistas en alguna materia consideran que son mejores y que tienen derecho a señalar y a ofender a los demás”.
La petista Leticia Mosso Hernández dijo qué Día Internacional de la Mujer debe ser también un movimiento que abone por un mundo digital inclusivo, a la innovación y la tecnología para la igualdad de género, ya que este es uno de los mayores rezagos en la entidad que es la tercera con mayor rezago tecnológico, situación que se profundiza en los municipios y comunidades indígenas.
El priista Héctor Apreza Patrón festejó que no “se partidicen estas luchas” porque de hacerlo, señaló que sería “mezquino”, incluso criticó que hubiera pocos diputados varones en el pleno escuchando las intervenciones de las diputadas.

Partidos y no autoridades deben regular el principio de paridad, plantea Bernardo Ortega

En la primera sesión del pleno del segundo periodo ordinario de sesiones, el diputado perredista Bernardo Ortega presentó una iniciativa para que en la elección de diputaciones locales, además del principio de paridad de género sea respetada la autodeterminación y “autogobierno de los partidos”, planteando que las asignaciones se realicen respetando el orden de prelación, tal y como las hayan registrado los partidos, para no dejar a decisión de los organos electorales esa asignación.
El perredista planteó en su propuesta que además del principio de paridad de género, sea respetada la autodeterminación y autogobierno de los partidos, señala que es apremiante “conjuntar” el tema de paridad de géneros con la autoorganización de los partidos políticos, para que “sin romper o lesionar alguno de ellos” se logre la conformación igualitaria de hombres y mujeres.
Recordó que se ha dejado en manos de las autoridades electorales, sobre todo jurisdiccionales, la aplicación de criterios para dar cumplimiento de los principios constitucionales; sin embargo, “se ha olvidado cada vez más el de la auto organización y auto determinación de los partidos políticos, gracias a los cuales se da vida al sistema electoral”.
Señaló que “es un principio ineludible lograr la conformación paritaria de mujeres y hombres en el Congreso de Guerrero; por ello, una vez realizadas las elecciones, y al quedar firmes los triunfos de las diputaciones electas por mayoría en las urnas, la autoridad electoral, como árbitro de la contienda, tiene la tarea de lograr una conformación paritaria del Congreso de Guerrero; es decir, 50 por ciento de hombres y 50 de mujeres, en cifras naturales, 23 para cada género”.
En el caso de la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional o “plurinominales”, se echa mano de las listas que registraron los partidos políticos, y “es ahí donde empieza la desarmonización, porque la autoridad electoral administrativa, queriendo cumplir con la paridad de géneros, empieza a asignar las diputaciones sin que se ciña al orden en que fueron registradas las candidaturas a diputaciones por los partidos políticos en sus listas”.
De acuerdo con lo dicho por el perredista, los órganos electorales por querer cumplir con la paridad, “empieza a hacer los ya famosos saltos de género, logrando una conformación paritaria, pero sin respetar el orden de prelación con que los partidos determinaron registrar sus candidaturas.
“Aquí es donde la problemática resulta muy visible, porque la autoridad electoral, sin hacerlo de mala fe, se aparta del principio de autodeterminación de los partidos políticos cuando se ciñe al principio de paridad de género, alternancia e igualdad sustantiva, olvidando el principio de autoorganización”.
También planteó que cuando la autoridad administrativa electoral realice la asignación, respete estrictamente el orden de prelación, tal y como lo registraron los partidos políticos en sus listas, garantizándose los primeros lugares en ellas, para lograr la armonía e igualdad sustantiva de género.

 

Espera ex presidenta de la Mesa Directiva nuevo dictamen sobre alteración a Ley 179

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local en el periodo en el que se alteró un artículo transitorio a la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública, la priista Flor Añorve Ocampo, informó que están a la espera de que la Comisión Especial creada para investigar el hecho presente un nuevo dictamen con el que quede claro qué sucedió y quién o quiénes son los responsables, aunque reconoció que no hay fecha para que eso ocurra.
La Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública Estatal fue aprobada por el pleno del Congreso local la noche del 12 de abril, y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado dos días después. Sin embargo, en este último tramo, el documento aprobado sufrió una alteración al artículo segundo transitorio, hecho por el cual el 27 de ese mismo mes se creó la Comisión Especial para que investigara el caso.
Y a pesar de que había inicialmente un plazo de 45 días para presentar el dictamen y que después se le aprobara una prórroga de 14 días, el pleno no ha conocido y menos discutido y votado el dictamen que se tendría que realizar a partir de la investigación de dicha alteración.
En declaraciones después de la sesión de la Comisión Permanente, Flor Añorve comentó que de acuerdo con la información que tiene, en el Congreso se continúan con las investigaciones sobre la alteración del artículo transitorio de “alguna información que llegó, la están recapitulando, creo que eso es importante, que no quede ningún hilo suelto, que las cosas que tengan que estar en análisis, lo hagan”.
Respecto a la información que en su momento la Comisión Especial le pidió, dijo que ella entregó todo lo que le correspondía y que los nuevos elementos servirán para que lo aportado por ella “tenga mejor sustento”.
Se le preguntó si en el nuevo habría nombres de los responsables de dicha alteración, ya que en el dictamen que se iba a presentar en la sesión secreta y del cual tiene copia El Sur no se menciona a ningún responsable directo y mucho menos sanciones.
En un primer momento dijo que, si no se logra tener nombres de los responsables, que por lo menos se realice “un análisis serio que se tiene que presentar, porque ocurrieron hechos, no puede ser que solamente se diga que no hay ninguna situación ahí, entonces ¿Cómo llegó esa modificación, quién la mandó, cómo pasó, cómo se publicó? Yo creo que se tienen que buscar a los responsables”.
Reiteró que ella no envió ningún texto modificado y que lo que envió fue lo aprobado por el pleno del Congreso local, y debe quedar claro desde el Poder Ejecutivo “quién la recibió y quién autorizó que se publicara, también del otro lado hay responsabilidad”.
Un reportero preguntó a la diputada si sabe quién o quiénes buscan encubrir al o los responsables de la alteración. Respondió que ella no tiene conocimiento sobre eso, pero que manifestó a su grupo parlamentario que “si había un dictamen que dijera que ‘aquí no pasó nada’, yo no lo iba a aprobar. Sería en contra de lo que en su momento yo declaré y que fueron cosas veraces”.
Flor Añorve reiteró que no se puede aprobar un dictamen en el que no se mencione a los responsables o que “se diga que aquí no pasó nada, porque sí pasó y está publicado”, además de que confirmó que como grupo parlamentario del PRI si iban a participar en la sesión secreta para conocer el dictamen de la comisión, así como el del PRD.
A pregunta, Añorve Ocampo dijo que es de las diputadas más interesadas en que se conozca quiénes fueron los responsables de esta alteración porque cuando esto ocurrió ella era presidenta de la Mesa Directiva y en consecuencia la responsable legal del Poder Legislativo.
“Con las pruebas que yo tenía en mi poder, se deslindó la responsabilidad porque yo solamente hice entrega de lo aprobado en el pleno, sí soy una de las interesadas en que se clarifiquen las cosas”.
Se le preguntó si se está planteando algún plazo a la Comisión Especial para que presente el dictamen o se enviaría alguna excitativa, pero señaló que es algo que no se ha discutido porque el Poder Legislativo está en periodo de receso.

 

La Comisión de Justicia es ajena a cambios a reformas en matrimonio igualitario: Mojica

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La secretaria de la Comisión de Justicia del Congreso local, Beatriz Mojica Morga, afirmó que este colegiado que fue el encargado de dictaminar las reformas en materia de matrimonios y concubinato igualitario, no fue notificado de las observaciones del Poder Ejecutivo, y que no aprobó cambios al dictamen aprobado por el pleno.
A la diputada se le preguntó sobre cómo fue el proceso de modificación al dictamen aprobado por el pleno en la sesión del 25 de octubre pasado, y sobre las observaciones que realizó el Poder Ejecutivo las cuales fueron confirmadas por el diputado morenista Jacinto González Varona.
El pasado 25 de octubre el pleno aprobó por mayoría de votos reformas al Código Civil y al Código Procesal Civil del estado, para legalizar los matrimonios y concubinatos igualitarios, pero estas modificaciones fueron observadas por el Ejecutivo que detectó errores en la redacción principalmente por no utilizar la palabra “cónyuges” en lugar de “casados”.
Y fue hasta el 30 de diciembre que estas reformas se publicaron en el Periódico Oficial con estos cambios, además de que se agregaron otros “de forma” en párrafos y fracciones que el pleno no tocó en su reforma del 25 de octubre.
Pero de acuerdo con lo establecido en el Artículo 278 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo estos cambios no se pueden realizar sin pasar por la comisión. “Una vez aprobado un dictamen con Proyecto de Ley o Decreto no podrá modificarse, salvo para hacer las correcciones que demanden el buen uso del lenguaje y la claridad de los textos y que sean ordenadas por la Mesa Directiva. Dichas correcciones sólo las podrán realizar las comisiones Dictamidatoras… Corregido el texto, se notificará para su revisión al presidente de la Mesa Directiva, quien ordenará la publicación en la Gaceta y continuará el trámite que proceda”.
Sin embargo, no se supo cuándo se reunieron los diputados de la Comisión de Justicia para hacer las correcciones pertinentes, y ayer la secretaria de dicha comisión confirmó que ni siquiera tuvieron conocimiento de estas observaciones.
En breves declaraciones telefónicas, la diputada morenista dijo que no podía opinar respecto a los cambios porque no tenía detalles de estos y que la Comisión de Justicia no tuvo conocimiento y mucho menos sesionó para aprobar estos.
“Desconozco, la Comisión de Justicia no ha sesionado en absoluto, y desconozco que haya habido modificaciones del dictamen, no, no hemos recibido ninguna notificación, por tanto, no podría responder, no tengo información”.
Por lo que consideró que se tendría que “preguntar a la Mesa Directiva si esto fue así, pues ahora que regresemos al pleno pues preguntaremos qué fue lo que pasó”.
Se le recordó lo que dice el artículo 278 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en el sentido de que solo la comisión dictaminadora podría realizar cambios a un dictamen con Proyecto de Ley o Decreto aprobado por el pleno, y se le preguntó cómo pudieron darse estos. Respondió: “la Comisión de Justicia no ha sesionado para ver este tema ni ningún otro, por tanto desconocemos incluso si haya habido observaciones porque no se nos ha notificado, por tanto si fuese el caso pues pediremos a la Mesa Directiva información de lo que sucede, porque la Comisión no recibió ninguna notificación”.
A la diputada también se le preguntó respecto a los cambios de forma que se realizaron a lo aprobado por el pleno, en los que destaca principalmente el de la palabra casados por la de cónyuges, y si ninguno de los diputados detectó el error.
Mojica Morga justificó que “es un tema de técnica legislativa, yo no veo mayor problema en un cambio de palabra, en términos de técnica legislativa esa es una atribución que se puede hacer antes de ser publicado un dictamen sin mayores complicaciones”.
Ayer también se buscó por teléfono a la presidenta de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández del PRD, al presidente de la Comisión de Justicia Jesús Parra García, del PRI, y a la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, de Morena, para tener una postura respecto a los cambios publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, pero no se logró comunicación. Sólo la primera vía mensaje de texto justificó que estaba en un área con mala señal de celular.