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Desde un campo de amapola candidata pide su legalización

La candidata a diputada local por el distrito 19 (Zumpango, Tlacotepec y Chichihualco) de la coalición del PRD, PAN y MC, Yuritzia López Gómez, dijo que los campesinos accederían a un libre mercado sin exponerse a acaparadores y traficantes. Y denunció que la fumigación que hace el Ejército ya afectó a otros sembradíos y secó árboles. Por su parte, el integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra, Arturo López, padre de la candidata, advirtió que la caída en el precio de la goma traerá más violencia a la sierra Foto: Jesús Eduardo Guerrero

En la sierra, en un sembradío de amapola, candidata del Frente urge a legalizar el cultivo

Yuritzia López Gómez, que compite para diputada del distrito de Tlacotepec, Chichihualco y Zumpango, dice que los campesinos accederían a un libre mercado sin exponerse a acaparadores y traficantes. La fumigación que hace el Ejército ya afectó a otros sembradíos y secó árboles, denuncia

Zacarías Cervantes

Sierra del Filo Mayor

Desde dentro de un plantío de amapola, semidestruído por la fumigación por elementos del Ejército mexicano, la candidata a diputada local por el distrito 19 Yuritzia López Gómez, de la coalición Por Guerrero al Frente que integran PRD, PAN y MC, demandó la legalización de la siembra de la amapola con fines medicinales, para terminar con la violencia y con la pobreza en esta zona del estado.
Denuncio, además, la persecución del gobierno a los campesinos de la Sierra a pesar de que consideró que la siembra de enervantes “no es un delito”, si acaso, dijo, es ilegal el tráfico, pero no el cultivo del que viven aproximadamente 50 mil productores en esa zona del estado, quienes actualmente se encuentran en crisis por la destrucción de sus plantíos por el Ejército y por el desplome de los precios.
El distrito 19 comprende los municipios de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Eduardo Neri (Zumpango) y Leonardo Bravo (Chichihualco), los tres afectados por la violencia del crimen organizado.
Para llegar al sembradío de amapola, la médico de profesión, caminó por un accidentado camino en algún lugar de la Sierra del Filo Mayor, en donde ofreció la inusual conferencia de prensa a reporteros locales y a un equipo de enviados de un medio de comunicación francés, a quienes habló del grave problema que viven los campesinos de la región: por un lado asediados por el Ejército que les destruye sus cultivos y por el otro el desplome de los precios del producto de 19 mil pesos que estaba hasta hace año y medio a 6 mil pesos el kilogramo.
Ante esta situación que consideró como grave, la candidata a diputada local informó que miles de productores de goma de opio no quisieron vender su producto porque no sacaban ni si quiera lo que invirtieron, con lo que denunció que se ha agravado la pobreza en la Sierra de Guerrero, lo que dijo que conllevará a incrementar la violencia no solo en la zona, sino en las ciudades.
La inusual conferencia se realizó en el descampado de un terreno, la mitad sembrado de amapola con las flores rojas, rosas y alguna que otra blanca, recién reventadas, y la otra mitad con el predio limpio. Allí en marzo pasado un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fumigó el plantío y disecó todo. En medio del terreno hay ocotes parcialmente quemados por el químico.
“Dicen que el líquido con el que fumigan los plantíos no daña los arboles ni otros plantíos, pero mire, esos árboles ya no van a revivir”, mostró uno de los acompañantes de la candidata los ocotes con las ramas tostadas, semimuertas. Mientras que debajo de los árboles, plantas de durazno también han comenzado a secarse.
En la conferencia de prensa, López Gómez exaltó la necesidad de que los gobiernos estatal y federal promuevan la legalización de la siembra de la amapola con fines medicinales, para que se termine con la destrucción de los cultivos por parte del Ejército y puedan acceder a un libre mercado sin exponerse ante los acaparadores y a los traficantes.
“Mi propuesta es la legalización del cultivo de amapola con fines medicinales. Ustedes vieron que no es fácil llegar acá, es bastante lejos y complicado, con un camino sinuoso con veredas, y nuestros campesinos lo caminan todos los días durante varias horas. El ser agricultor no es un delito, por eso vamos por la legalización del cultivo de amapola”, dijo la mujer, en medio del descampado sembrado de amapola.
Matizó: “entiendo que las autoridades lo tengan por algo ilegal, por eso buscamos la legalidad, para que a los campesinos y a la Sierra no se les afecte”.
La médico declaró que actualmente los campesinos de la Sierra se encuentran en una grave crisis no solamente por la destrucción de los cultivos por parte del Ejército, que también dañan con la fumigación otras plantaciones como el durazno, la milpa y el frijol, sino además por el desplome de los precios de la goma de opio, de lo que se mantienen en esta región unas 50 mil familias.
Parada en la ladera, casi al fondo de una barranca cubierta de ocotes en ambos extremos del cauce, Yuritzia López apuntó la vista hacia el otro extremo y exclamó: “si vemos de aquel lado, es un área que está afectada por la fumigación con los helicópteros y el químico afectó no sólo el cultivo de amapola, sino los árboles, la tierra, el agua todo lo que hay aquí, dañaron nuestro oxígeno, todo”, se quejó.
Para López Gómez el delito es traficar la droga “y contra eso sí tenemos que meternos muy duro para que no haya impunidad. No así contra el trabajo de los agricultores y la gente de la sierra, por eso vamos a proponer la legalización de la amapola, para que los sierreños tengamos de qué vivir”.
Insistió que en la Sierra Madre del Sur hay aproximadamente 50 mil familias que se dedican al cultivo y siembra de la amapola y que “el desplome del precio de la amapola los está dejando sin comer”.
Frente a ese problema su propuesta es un “blindaje a la Sierra”, esto es, explicó, que los gobiernos estatal y federal volteen a ver a los campesinos de esta zona y se les dé proyectos productivos sustentables, para que puedan comer y vivir, y, con ello disminuya, además, la inseguridad en la entidad”.
Reprochó que por el desplome de los precios de la goma de opio se deja sin ingresos a los campesinos, y que aunado a esto vienen los soldados y les destruyen sus cultivos, “¿entonces a qué se va a dedicar ésta gente, y cómo le darán de comer a sus hijos?”, se preguntó Yuritzia.

Candidatos presidenciales no ofrecieron propuestas

Acompañada sólo por un reducido equipo de su campaña la candidata de la coalición que integran los partidos PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, llevó al grupo de reporteros locales y a enviados de un medio de comunicación francés al plantío de amapola ubicado en un paraje alejado de la carretera Casa Verde-Tlacotepec, por donde ayer se vieron circular de ida y vuelta a convoyes de militares.
Allí advirtió que el problema en la Sierra se está tornando muy grave y lamentó que en el pasado debate los candidatos a la presidencia no han abordado el tema. “No les interesó, hablaron de Guerrero, nos satanizaron bastante, pero no dieron solución al problema, por eso vamos a impulsar una iniciativa de ley para que el cultivo de la amapola sea legal, primero con fines medicinales, porque ya se ha hecho en otros países”, insistió.
Para la candidata el problema es que el gobierno federal no quiere entrarle, “pero qué le va a dar de comer a esta gente, a los que se dedican a la producción de la goma de opio, o a qué se va a dedicar”.
Agregó que ya se comprobó que el combate en contra de la siembra no ha dado resultados, y que en lugar de que disminuya, los campesinos siguen sembrando aquí en la sierra porque no tienen otro medio de subsistencia.
Denunció que, además, el desplome en el precio de la goma de opio es la causa de que se incremente la inseguridad en toda la entidad.
“Pero si se legaliza, esto entraría al mercado de valores, a la recaudación de impuestos, y eso favorecería a la entidad, porque habría más dinero para proyectos en los programas de bienestar social, y disminuiría la inseguridad, no digo que se terminaría, pero estaría controlada”, recalcó.
La medico se quejó que, sin embargo actualmente los gobiernos federal y estatal combaten el cultivo de los enervantes, sin apoyar a los campesinos de la zona con proyectos productivos para el cultivo de otros cultivos, como el durazno, el aguacate y la pera que son cultivos viables en la zona pero que los campesinos no cuentan con recursos para cultivarlos porque son muy costosos.
Dijo que las autoridades también tienen abandonados a los pueblos de la zona en materia de salud y educación.
“En materia de salud la Sierra de Guerrero está muy mal en algunas comunidades ni siquiera existe un técnico de salud, en otras no hay una casa de salud, también hay pueblos en donde no encuentras ni un paracetamol”, se quejó.

Crisis en la sierra por la caída del precio de la goma de amapola; aumentará violencia, advierten

En los próximos meses el problema se convertirá en un asunto de seguridad nacional, si no se atiende se extenderá a las ciudades a donde los campesinos bajarán a buscar qué comer, advierte el integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra, Arturo López

Zacarías Cervantes

Sierra del Filo Mayor

El desplome de los precios de la goma de opio, la destrucción de los cultivos de amapola por el Ejército y a veces por la fauna, así como las pérdidas ocasionadas por el mal temporal, mantienen en una grave crisis a los productores de amapola de la Sierra del Filo Mayor, declaró ayer el ex comisario de Filo de Caballos e integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra, Arturo López Torres.
Advirtió que la región en los próximos meses se convertirá en un asunto de seguridad nacional, y que si no se atiende a tiempo provocará problemas graves de violencia no sólo en la zona sino en las ciudades a donde los campesinos bajarán a buscar qué comer.
López Torres se quejó de que ninguno de los candidatos a la presidencia de la República ha tomado con seriedad el problema y que, por el contrario, durante el segundo debate el 20 de mayo “denostaron y satanizaron” a los campesinos de esta zona de Guerrero por la siembra de amapola.
López Torres, integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra del Filo Mayor, la agrupación que se manifestó desde 2016 en la legalización de la siembra de la amapola con fines medicinales, declaró ayer que existe preocupación entre los campesinos productores de la goma de opio por la caída en el precio.
“Hace 2 años el kilo de goma de opio estaba de 25 a 30 mil pesos y actualmente bajó hasta 6 y 7 mil pesos, y con este precio los productores no sacan ni lo que invierten en sus cultivos”, dijo el dirigente de la sierra baja.
Alertó que en esta temporada de lluvias por primera vez los campesinos productores acordaron no sembrar, “porque no les rinde, no les da beneficios”, dijo y alertó que esto implica un problema económico para las familias de la región, pero también será un problema social y de seguridad pública para los gobiernos porque los campesinos bajarán a las ciudades a buscar qué llevarles de comer a sus familias.
Reconoció que es labor del Ejército destruir los cultivos por ser ilícitos, “pero si no hay buenos precios de la goma, y aparte están destruyendo la planta, ¿qué va a hacer la gente de la región de la sierra para subsistir?”, se preguntó.
Declaró que es una mentira que sólo la siembra del maíz y frijol ayude a la gente a sobrevivir, “esos cultivos sólo garantizan a las familias que tengan tortillas y algo para comer, pero no para que se compren unos huaraches o zapatos, o manden a sus hijos a la escuela”.
El dirigente explicó que de la cadena productiva de la amapola, el agricultor, como en todas las cadenas productivas, es el más vulnerable y el que menos gana.
“Sí se le mete a la sierra cosas lícitas o buenas, pero no hay voluntad del gobierno para hacer el cambio del cultivo de amapola a cultivos lícitos para que pueda subsistir la gente”, denunció.
Explicó que saben que lo que ha provocado el desplome de los precios de la goma de opio es la introducción a Estados Unidos del fentanilo, que es un narcótico sintético y que es mucho más barato.
“Nos dicen que es una droga mucho más fuerte y potente, y que incluso ha tenido muchos problemas en la Unión Americana debido a que desde el año pasado hubo muchos decesos”, contó.
El ex comisario declaró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump le está haciendo más daño a su población al permitir la entrada de ese narcótico.
López Torres manifestó que se culpa a los productores de la amapola en México pero que no se toma en cuenta que “si no hubiese tanta demanda de ese producto, no se sembraría tanto en la Sierra Madre del Sur, pero como la hay los campesinos siguen cultivando”.
Insistió en que si en la Unión Americana deja de haber consumidores, “lógico que bajará en una forma bastante grande el cultivo, pero mientras haya consumidores seguirá por los siglos de los siglos”.
Lamentó que los candidatos a la presidencia de México hayan tomado el caso de los enervantes, sobre todo la goma de opio, “sólo como una actividad económica que genera la tercera parte del Producto Interno Bruto que obtiene el país”.
A pesar de que advirtió que les está causando problemas graves de seguridad nacional, “prueba de ello es la violencia en todo el país”.
Advirtió que el problema va creciendo, pues antes eran sólo dos estados los que producían goma de opio, y actualmente son siete.
“Los candidatos a la presidencia de México no tomaron en cuenta este problema, como que lo están minimizando, ninguno tomó en forma seria el problema del narcotráfico, porque México es el trampolín de todas las drogas”, dijo.
Mencionó que los productores de la sierra han levantado la voz tres veces con esta, de que el precio de la goma de opio se desplomó.
“En unos cinco meses el problema se va a complicar, principalmente en las ciudades”, advirtió.
Dijo que si no habrá dinero circulante en la sierra, que el gobierno cambie el cultivo de amapola por proyectos productivos”, concluyó.

Crisis en la sierra por la caída del precio de la goma de amapola; aumentará violencia, advierten

El ex comisario de Filo de Caballos e integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra, Arturo López Torres Foto : Jesus Eduardo Guerrero

Comisarios de Coahuayutla denuncian en el cuartel que militares hostigan a los serranos

Comisarios municipales de comunidades de la sierra del municipio de Coahuayutla demandaron al comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, que paren los abusos de autoridad de militares del Cuarto Grupo de Morteros destacamentados en Zacatula, municipio de La Unión, pues desde hace semanas los pobladores son hostigados.
“Hoy lunes fuimos a hablar con el comandante del Cuarto Grupo y aunque se disculpó nos dijo que estamos en nuestro derecho de acudir a denunciar a donde nosotros queramos, por eso pedimos que ya le paren a tanto abuso de autoridad”, expuso el comisario municipal de Lomas Blancas, Erick Hernández Pérez.
Ayer vía telefónica dio a conocer que acudieron a las instalaciones del Cuarto Grupo de Morteros para hablar con el comandante en jefe y exponerle las inconformidades que tienen los habitantes de esa zona serrana, ante las presuntas arbitrariedades que han cometido los soldados con el pretexto de que andan detrás de personas coludidas con la delincuencia organizada.
Desde el jueves de la semana pasada el comisario de Nueva Cuadrilla, Enedino Gutiérrez Solano, el de El Pueblito, Santos Torres Valdovinos, El Aguacate, Marcelino Quintana Saucedo, el de Lomas Blancas, Erick Hernández Pérez, de Las Carretas, Francisco Cruz Valdovinos, de San Rafael, Miguel Cárdenas Rodríguez, de Santa Rosa, Ramiro Cárdenas Rincón, y de San Salvador, Máximo Pimentel Izazaga mediante un escrito dirigido al comandante del Cuarto Grupo de Morteros dieron a conocer los excesos de los militares.
Ayer Erick Hernández dijo que fueron a hablar con el comandante “porque ya no queremos que sigan abusando de nuestra gente, nos atendió un teniente de apellido Flores, dijo que él era el comandante, le dijimos que queremos que nos respeten, que ellos están para que la gente les tenga confianza pero en vez de eso hay miedo porque los militares han golpeado a gente inocente, se han metido a las casas sin órdenes y se han robado dinero y cosas de valor”.
Agregó que llevaron a dos vecinos de las comunidades El Aguacate y Santa Rosa, quienes fueron golpeados por los militares, “para que los viera y viera que no estamos diciendo chismes, el comandante mandó a que los revisaran los doctores que tienen ahí en el cuartel, uno iba con golpes y el otro iba espantado”.
“Nosotros le pedimos que dejen de hacer tanto abuso, que la gente está con temor pero también con ganas de ya no seguir aguantando tantas cosas por parte de los militares y le dijimos que si siguen así, nosotros vamos a ir a denunciarlos a derechos humanos. El comandante se disculpó, nos dijo que han hecho eso porque andan buscando a gente mala allá arriba, nosotros le dijimos que la gente de las comunidades no tiene la culpa, no todos somos gente mala, entonces él nos contestó que nosotros podemos ir a donde nosotros queramos a denunciarlos”.
El campesino indicó que por ese motivo, “nosotros le hacemos un llamado al comandante de la Novena Región Militar para que intervenga en este problema, queremos decirle que aunque sí hay el temor por todas las cosas que han hecho los soldados allá arriba, estamos dispuestos a organizarnos para que ya se pare tanto abuso, por eso le pedimos de manera respetuosa que ponga atención a este problema porque es serio, somos gente buena que pedimos que los soldados hagan su trabajo, pero que nos dejen vivir en paz, sin que tengamos que andar cuidándonos de ellos”.
A la reunión de ayer acudieron los comisarios municipales mencionados y se sumaron los de Portreritos, Raúl Cortés Núñez, de La Vainilla, Eliel Núñez Valdovinos y de San Isidro El Gallo.

Seguirá el Ejército vigilando escuelas de Tierra Caliente, Montaña y Acapulco, informa la SEG

El secretario de Educación estatal, José Luis González de la Vega Otero informó que en escuelas ubicadas en las regiones Tierra Caliente y Montaña Baja, así como en algunas partes de Acapulco, se mantendrá la vigilancia militarizada ante la inseguridad en lo que resta del ciclo escolar, que termina oficialmente el 9 de julio.
El funcionario estatal descartó que, ante los hechos de violencia, se adelante el fin del ciclo escolar en esas mismas zonas. En declaraciones a reporteros, luego de la entrega de 190 plazas a maestros idóneos, en el centro de convenciones Mundo Imperial, González de la Vega expresó que el ciclo escolar por concluir fue complicado a causa del sismo del 19 de septiembre y el huracán que azotó la Costa Chica ese mismo mes, y que obligó a la reconstrucción total o parcial de algunas escuelas.
Precisó que el Ejército mantendrá la vigilancia en las escuelas en 12 comunidades de San Miguel Totolapan, en la región Tierra Caliente, en Chilapa, Montaña Baja, y en Acapulco, con sus propias “complejidades” como en La Frontera, Jardín y algunas escuelas en La Progreso.
González de la Vega explicó que los docentes idóneos que ayer recibieron su nombramiento, se concentrarán principalmente en la Montaña y en la Tierra Caliente, desde donde los profesores se irán “acercando” a ciudades más grandes de la entidad.
“Los nuevos maestros tienen su idoneidad. Ellos lo van a ver, ya tenemos los listados, queremos ser muy transparentes, la ley es muy clara, es decir, ellos tienen su idoneidad, escogen su lugar y si no están de acuerdo, ellos se van al último sitio de la prelación que cada vez habrá lugares más alejados, inclusive se han dado casos en que no están de acuerdo y renuncian a la plaza, la ley nos dice ‘lo escoges o tienes que renunciar a la plaza’”, sostuvo.
Agregó que por tercer año consecutivo se entregaron plazas a docentes idóneos y de promoción como resultado del examen. “Estamos dando respuesta por mérito, y entregamos el nombramiento definitivo en un proceso de mucha transparencia, con eso vamos a cubrir los espacios pendientes, y quienes tenían interinatos van a recibir a uno de los maestros en alguno de estos centros escolares”, expresó.
González de la Vega dijo que con el acto, concluye el proceso de entrega de plazas del actual ciclo escolar.
En total, precisó, se han entregado “alrededor de 3 mil 20 plazas desde que comenzó el proceso de la reforma educativa… Es una plaza federal, con todos los derechos laborales, y está garantizado que su documento es para toda su vida”, comentó el secretario.
Respecto al ciclo escolar, destacó que se avanzó en la demolición de algunos inmuebles, y “esperamos que el gobernador inaugure algunas de las que se están reconstruyendo, que son de 67, 68, algunas, por su tamaño serán concluidas en diciembre. Hay espacios dignos, ellos mismos los escogieron. En La Poza vamos a inaugurar un preescolar y una primaria”.
Agradeció al Ejército su apoyo para brindar seguridad en las escuelas, e indicó que para el caso concreto de Acapulco los soldados mantendrán la seguridad en las escuelas de las colonias Emiliano Zapata, Ciudad Renacimiento, Jardín, Progreso y Frontera.
En el acto protocolario de entrega de nombramientos, la profesora Karla Soto Villamar, egresada de la Normal Urbana Federal Rafael Ramírez, dijo que, “nos han llamado despectivamente hijos de la reforma por apostarle a evaluarnos para acceder a estar frente a grupo… pesa mucho en el magisterio la palabra idóneo”, sin embargo, destacó que en algunos momentos del proceso se sintieron solos: “al parecer nuestra situación de desempleados a todos les era indiferente, hasta que encontramos una mano amiga, una mano fraterna con la que hemos luchado día tras día, estamos muy agradecidos”.
Por su parte, el supervisor Joseph Manríque García indicó que los profesores idóneos rechazan la venta de plazas y aplauden los exámenes que promueven la competitividad y mayor preparación.
Acudieron el secretario general de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Javier San Martín Jaramillo, y el representante nacional de ese mismo sindicato, Fleury Carrasquedo Monjarrás.

Muere un hombre en un enfrentamiento armado con el Ejército en Coyuca de Catalán

En Coyuca de Catalán, un hombre murió en un enfrentamiento con el Ejército; mientras que cuerpos policiacos que operan en Taxco detuvieron a cuatro presuntos traficantes con droga, y por separado a otros cuatro jóvenes con armas, droga, pólvora y granadas.
Un hombre murió a balazos en un enfrentamiento con soldados del Ejército cerca del poblado de Zetina, municipio de Coyuca de Catalán, la tarde de este miércoles, a orillas de la carretera federal Coyuca de Catalán-Zihuatanejo.
De acuerdo con informes oficiales, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 2 de la tarde, cuando soldados del 34 batallón se enfrentaron a balazos con hombres armados que toparon en un camino cerca de la carretera federal, donde comenzaron a intercambiar disparos y continuaron en un cerro.
La pequeña localidad de Zetina está a una hora de recorrido desde la cabecera municipal por la carretera federal que va a Zihuatanejo. El enfrentamiento ocurrió muy cerca de la población, pero continuó hacia la ladera de un cerro.
No se reportaron militares lesionados, pero sí un civil muerto. Los militares continuaban hasta antes de anochecer la búsqueda del grupo de sicarios que habían enfrentado.
En el primer reporte no se hizo referencia de ningún objeto decomisado, pero el Ministerio Público continuaba en el lugar de los hechos junto con los militares, adonde también llegaron la Policía Estatal y la Gendarmería.
El lugar donde se dio el enfrentamiento se ubica a unos 20 minutos de recorrido desde el poblado de Monte Grande, lugar donde el Ejército tuvo otro enfrentamiento el 8 de mayo; entonces, tres soldados murieron y otros tres resultaron lesionados.

Detienen a cuatro hombres con drogas en Coyuca de Catalán

Cuatro hombres fueron detenidos por la Policía Estatal en una operación en las inmediaciones de Paso de Arena y Pineda, a quienes acusan de llevar droga para su venta al menudeo.
En un boletín, la Secretaría de Seguridad Pública informó que, como parte de las operaciones recientes, “en el carretera de terracería que comunica a las localidades de Paso de Arena y Pineda, observaron a orillas del camino a 4 personas quienes al notar la presencia de los uniformados se mostraron nerviosos y trataron de evadirlos”.
Indica que, a Raymundo de 38 años, El Tucán, le hallaron una bolsa de plástico negro con nueve bolsitas con “hierba verde seca con características propias de la marihuana” de unos 300 gramos; a Guillermo de 48 años, El Grillo, le decomisaron una mochila con nueve bolsitas “con presunta marihuana y un peso aproximado de 350grs”; a Guillermo N de 29 años, El Moronga, le fueron halladas también nueve bolsas, “con un aproximado de 300 gramos de presunta marihuana”, y Daniel N de 29 años, El Caguamero o El Buñuelo, que llevaba dos frascos blancos de medicamento, con 38 dosis “de presunta droga conocida como cristal”.
Los hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal para su investigación correspondiente.

Detienen soldados a cuatro jóvenes armados, con droga, pólvora y granadas en Taxco

Soldados del ejército, y policías estatales y ministeriales, detuvieron la tarde del martes en un rancho en el barrio Las Zarzas, de la cabecera municipal de Taxco, a cuatro jóvenes de 18, 20, 26 y 27 años, a los que confiscaron armas, municiones, droga, pólvora, dos granadas y uniformes camuflados tipo militar, luego de un reporte anónimo sobre la presencia de hombres armados en el lugar.
De acuerdo con información de fuentes policiacas, después de las 2 de la tarde del martes se desplegó un dispositivo conjunto de militares y policías, luego de una denuncia anónima sobre la presencia de hombres armados en el rancho de nombre Navi, en el barrio de Las Zarzas, cerca de las instalaciones del teleférico, en la cabecera municipal de Taxco.
Se informó que, al llegar el convoy de policías y militares a la zona señalada, observaron a un joven armado que disparó e intentó huir. Los uniformados lo persiguieron dentro del rancho, donde lograron detener a cuatro jóvenes.
Los detenidos fueron identificados como Eduardo de 18 años, vecino de Chilpancingo; Saúl de 20 años, también de Chilpancingo; Jesús Enrique de 26, vecino de Taxco; y Jesús Manuel de 27, originario de Chiapas.
Se informó que al hacer una inspección en la zona, entre la maleza fueron hallados un fusil M1 con cargador para 12 cartuchos, un revolver calibre 38 súper con cinco balas, además 150 cartuchos útiles calibre .9 milímetros y 650 gramos de mariguana.
Se agrega que, en un pasillo del rancho se decomisaron cinco uniformes camuflados tipo militar, dos granadas, 200 gramos de pólvora, medio kilogramo de azufre, tres metros de mecha, un kilogramo de polvo blanco no identificado, un boleto de paquetería y 45 dosis de la droga conocida como piedra.
Se informó que los cuatro detenidos y todo lo asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Resolverá un juzgado civil la violación de soldados a Valentina, informa Tlachinollan

A 16 años de la violación de la indígena me’ phaa Valentina Rosendo Cantú y a ocho de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) contra el Estado mexicano, el juzgado Séptimo de Distrito del estado resolverá el primer caso de tortura sexual cometida por soldados del Ejército, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Mediante un comunicado el organismo de derechos humanos anunció que en los próximos días la jueza del juzgado Séptimo de Distrito, Iliana Fabricia Contreras Perales emitirá una sentencia de primera instancia sobre la presunta responsabilidad de dos militares por la tortura sexual contra Valentina Rosendo Cantú.
Antes del fallo de la Coidh sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco, en noviembre de 2009, los casos en donde estaban involucrados militares los resolvía el Consejo de Justicia Militar (CJM), el Ejército juzgaba a sus elementos y las resoluciones no se hacían públicas o no se sabía si se cumplían.
El ataque a Valentina Rosendo Cantú ocurrió el 16 de febrero de 2002 en la localidad de Barranca Bejuco, en el municipio de Acatepec en la Montaña alta de Guerrero y la Coidh dictó la sentencia del caso el 21 de agosto de 2010.
Tlachinollan mencionó que por la omisión de los tribunales nacionales la Corte fue la primera en dictar sentencia en el caso, así como en el de Inés Fernández Ortega, dos mujeres indígenas que en diferentes lugares y circunstancias fueron torturadas sexualmente por militares el mismo año.
Subrayó que dado que la agresiones ocurrieron en un contexto de pobreza y discriminación, la Corte Interamericana creó la denominación “violencia institucional castrense.”
Destacó los casos paradigmáticos a nivel nacional e internacional porque sentaron precedentes para el desarrollo del término “tortura sexual” y “violencia institucional castrense”, y se convirtieron en un referente en la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y de la lucha contra la tortura sexual.
Asimismo indicó que tribunales de otros países toman como referente el caso de Valentina para exigir garantía a los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada y a la protección judicial para todas las mujeres.
En el escrito Tlachinollan confió en que la sentencia del la jueza federal permita materializar la larga búsqueda de justicia que Valentina mantiene desde hace 16 años, que ha enfrentado bajo amenazas, hostigamiento y agresiones que impactaron su vida personal, familiar y comunitaria.
Destacó la oportunidad histórica del caso, porque se está a punto de resolver en el fuero civil el primer proceso de tortura sexual cometida por soldados del Ejército, y de aplicar los estándares emitidos por la propia Coidh sobre cómo juzgar estos casos con perspectiva de género y etnicidad, estableciendo un precedente nacional.
Consideró que la resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo, “llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, regulada en la Ley de Seguridad Interior”.
Mencionó que la Ley de Seguridad Interior es cuestionada por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, y contradice el sentido de la sentencia de la Corte que solicitó al Estado mexicano reformas legislativas con el fin último de proteger y garantizar justicia a la población por violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército.
Como representante legal de Valentina Rosendo Cantú, Tlachinollan aclaró que hasta que no cuenten con sentencias firmes, con reparación en materia de justicia, la sentencia de la Corte no se considerará cumplida.

Ya sabían que íbamos, afirman soldados sobrevivientes de la emboscada en El Pozo

Soldados sobrevivientes al ataque cerca del rancho El Pozo de la familia Montúfar en Coyuca de Catalán advirtieron que los hombres armados los estaban esperando, ya que les dispararon de manera inmediata.
Ayer en el programa Despierta con Loret de Televisa que se trasmite por televisión abierta, fue presentada una breve entrevista de dos soldados sobrevivientes del 34 Batallón que acudieron a Monte Grande, municipio de Coyuca de Catalán, a atender una llamada de auxilio por la irrupción de sicarios en el rancho.
El 8 de mayo a las 10 de la noche se reportó la presencia de hombres armados en el rancho de la familia del candidato priista a diputado local, Abel Montúfar Mendoza, quien fue asesinado ese día.
La denuncia fue que había sido levantado el caporal y que se estaban llevando animales y cosas del interior de los terrenos, y se pidió la presencia del Ejército.
En los atacantes asesinaron a tres soldados, dos quedaron tendidos sobre la carretera a un costado de una camioneta particular en la que se trasladaban, mientras que el tercero quedó dentro de la batea del mismo vehículo.
Este lunes en el noticiero matutino se transmitió la entrevista en la que uno de los soldados heridos, postrado en su cama de hospital, dijo que antes de llegar a una curva fueron agredidos por presuntos delincuentes del crimen organizado, quienes estaban parapetados.
“Ya sabían que íbamos a llegar nosotros ahí, y nos reciben directamente con todo lo que tienen”, agregó.
Otro soldado que también está convaleciente en el hospital dio a conocer que antes de ser atacados a balazos alcanzó a ver a un joven, quien al percatarse de la llegada de los militares abrió fuego contra ellos.
“Yo nomás alcancé a ver a un muchacho, lo aprecié de lejos y vi que alzó su arma, cuando lo vi empezó a tirarnos”, comentó.
Dijo que ante el constate ataque del grupo de criminales, aunque sólo alcanzó a ver a uno, intentó solicitar refuerzos porque no podían atacar a sus oponenentes.
“Yo empecé a solicitar apoyo pero como el terreno no se prestaba para la señal, batallé”, agregó.
“No pude enlazarme con los demás compañeros, cambié de frecuencia y pues el terreno no se prestaba para los radios, chequé a los demás (soldados), a los tres, y ya no tenían vida”, agregó.
En la transmisión televisiva no se dio más información sobre su llegada o sobre qué pasó después de confirmar el asesinato de los militares.

A cuatro meses del desarme de la policía municipal de la capital, no hay información de las investigaciones

Este viernes 4 de mayo se cumplieron cuatro meses del desarme de la Policía Municipal de Chilpancingo y de que los agentes están acuartelados, mientras que la vigilancia quedó a cargo de la Policía Estatal con apoyo del Ejército y la Policía Federal.
El 4 de enero fueron desarmados y acuartelados 120 policías municipales y 30 agentes de Tránsito después de que la corporación fue señalada de la desaparición de 7 jóvenes del 23 al 31 de diciembre.
Los agentes municipales están sujetos a investigación por la Fiscalía General del Estado (FGE), que fue uno de los pendientes que dejó el fiscal Javier Olea Peláez quien renunció a su cargo “por motivos personales” el 25 de abril.
Militares, policías federales y estatales desarmaron y acuartelaron a los policías municipales y a agentes de Tránsito el 4 de enero, luego de denuncias en su contra por la desaparición de 7 jóvenes que fueron levantados entre el 23 y el 31 de diciembre en distintos puntos de la ciudad.
El 2 de enero el ex presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Chilpancingo, Piquinto Damián Huato denunció la desaparición de siete jóvenes en Chilpancingo, dos de ellos Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, quienes fueron encontrados muertos casi a la medianoche del día siguiente, el 3 de enero, cerca de Tierras Prietas, al norte de la capital.
Otros tres fueron encontrados vivos, torturados y atados de las manos a las 6 de la mañana del 3 de enero en un terreno baldío cerca del Palacio de Gobierno. Dos más, Efraín Patrón Ramos de 25 años y Abel Aguilar García de 18 siguen desaparecidos. En la mayoría de los casos, según el empresario, participó en su detención la Policía Municipal.
A cuatro meses de que fueron desarmados y acuartelados los policías municipales, la Policía Estatal con el apoyo del Ejército y la Policía Federal continúan a cargo de la seguridad de la capital del estado, debido a que no se ha definido la situación jurídica de los agentes municipales, a pesar de que el alcalde declaró que se irían incorporando a sus labores paulatinamente.
A pesar de que al menos cinco agentes de la policía municipal fueron ubicados como partícipes en la desaparición concretamente de Efraín Patrón Ramos, mediante videos filmados por cámaras de seguridad la noche del 29 de diciembre, el juez de control Edgardo Mendoza Falcón sólo vinculó a proceso a Nicolás, el 12 de enero, pero por el homicidio calificado en agravio de Jorge Arturo Vázquez Campos y Marcos Catalán Cabrera.
Los casos de los otros 5 jóvenes no han sido esclarecidos ni han sido vinculados a proceso más elementos policiacos.

Los videos

Mediante una serie de filmaciones por las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación, y Cómputo (C4) en Chilpancingo que se difundieron en los medios de comunicación, se aprecia el último momento que fue visto el trabajador de la Secretaría de Salud, Efraín Patrón, quien fue seguido desde el libramiento a Tixtla en la escuela José Martí y detenido por los agentes municipales en la avenida Juárez, cerca de la Alameda Granados Maldonado.
Habría sido dicha grabación la que llevó al Grupo de Coordinación Guerrero a retirar a la policía de Chilpancingo de las calles y ser investigada por la desaparición de los siete jóvenes y la muerte de dos.
Ayer se confirmó que agentes de la Policía Estatal siguen instalados en el cuartel y se encargan de los recorridos a pie en las calles del centro de la ciudad, y en las patrullas de la Policía Municipal en las colonias.
Fuentes de la corporación informaron que participan en las operaciones de vigilancia en Chilpancingo y en las comunidades del valle de El Ocotito 150 policías estatales en 20 patrullas de la Policía Municipal como Estatal, así como entre 15 y 20 agentes de tránsito estatal suplen las funciones de los municipales en la ciudad.
Mientras tanto los policías municipales y agentes de Tránsito desarmados, inhabilitados y sujetos a investigación, sólo fueron retenidos en el cuartel de la corporación los primeros 15 días, después se les permitió salir a sus casas y sólo se presentan a registrar su asistencia en las instalaciones de la corporación.
Algunos reconocieron que siguen recibiendo sus salarios sin problema.
El 21 de enero familiares de los policías municipales desarmados protestaron en la explanada de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) en donde exigieron a los tres órdenes de gobierno que agilizaran las investigaciones conforme a la ley, y que se responsabilizara a los policías que sí estuvieron involucrados en las desapariciones y que al resto le permitieran incorporarse a sus funciones.
Han trascurrido cuatro meses y la FGE no ha definido su situación jurídica para que sean reincorporados a sus labores de seguridad.

La SEG cambiará a los maestros y mandará reemplazos a la telesecundaria de la Frontera

El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, informó que luego de la irrupción de hombres en la telesecundaria Vicente Suárez, ubicada en la colonia Frontera en Acapulco, que maestros de la institución solicitaron su cambio de adscripción.
En conferencia de prensa cerca de las 4 de la tarde, en el hotel Holliday Inn en Chilpancingo, González de la Vega Otero dijo que se reunió con “la mayoría” de los nueve maestros que laboran en la telesecundaria, quienes le contaron sobre la agresión que sufrieron dos profesoras, junto a 20 alumnas, y solicitaron su cambio de centro de trabajo, y confirmó que su petición será concedida y las autoridades buscarán a los docentes que los reemplazarán.
“Lo que nos han pedido (los maestros de la telesecundaria) es que les demos todo el soporte, en algunos casos nos han pedido los cambios de adscripción, lo vamos a hacer, lo vamos a pactar, lo hablamos hace un momento con ellos; por supuesto, vamos a enviar a las personas que van a sustituir en estas escuelas”, dijo.
El funcionario del gobierno del estado abundó que también se discutieron las necesidades de la telesecundaria, la cual no cuenta con barda y que el gobernador Héctor Astudillo Flores autorizó a analizar la inversión que se requiere en la institución, así como en otras de la zona, en las que los maestros pidieron la reinstalación de la seguridad que brindaba el Ejército y ésta se brindará una vez que concluya el periodo vacacional de Semana Santa, el próximo 9 de abril. En esa fecha, el titular de la SEG acudirá al plantel para reanudar las clases de manera normal.
Declaró que la SEG les pidió a los maestros que contacten a la dependencia con las alumnas agredidas y sus familias, para poder brindarles la atención correspondiente, los trabajadores y alumnos de la telesecundaria recibirán apoyo psicológico.
En cuanto a los cambios de adscripción, dijo que “lo importante” es que lleguen maestros sustitutos y para ello se van a contratar maestros interinos.
Sobre la cifra que dio la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), de que 200 escuelas estatales de Acapulco suspendieron clases por los hechos en la telesecundaria, González de la Vega Otero dijo que “el reporte que nosotros tenemos de la región, de las zonas, es que el día de hoy (ayer) no abrieron siete escuelas”.
A pregunta de qué fue lo que los maestros de la telesecundaria le contaron sobre la irrupción de los hombres, el funcionario contestó: “No entramos mucho en el tema específico, lo que puedo decir es que no hubo, con toda certeza, no hubo una agresión física me refiero de violación. No hubo ninguna agresión en ese sentido hacia las alumnas y las maestras, (…) no es un grupo armado, entraron con cuchillos y algunos machetes”.
Precisó que el tema principal de la plática que tuvo con los maestros es “qué vamos a hacer” para brindar garantías de seguridad en el plantel.
Por la mañana, González de la Vega Otero dijo que le solicitó al comandante de la Novena Zona Militar, general Javier Jiménez Mendoza, que apoye a la dependencia para brindar seguridad en las escuelas y en especial a las que suspendieron clases debido a los hechos en la telesecundaria, que fueron ocho.
Señaló que lo que hizo el delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez, Alfredo Miranda Vergara, quien confirmó el hecho, fue indebido y llamó al funcionario a “ser más cuidadoso”.
Ante esto, se le preguntó sobre la falta de comunicación entre los funcionarios, ya que el hecho ocurrió a las 8 de la mañana del miércoles y a las 6 de la tarde fue negado por él, y contestó: “Yo recibo con respeto su pregunta, le dije la explicación sobre el contacto hasta las 3 de la tarde. Tuvimos un compromiso con todas las comunidades de allá arriba, no había señal, hubo una declaración de primera instancia que tenía el delegado, ya hablamos con él y sobre que debe ser más cuidadoso”, enfatizó.
Antes de la conferencia de prensa, la SEG difundió un boletín de prensa en el que informó que el secretario González de la Vega, se reunió con los maestros de la telesecundaria Vicente Suárez, “afectados por la intromisión de extraños a su institución educativa”, y agregó que se acordó dar seguimiento a las investigaciones realizadas por la Fiscalía, así como dar apoyo psicológico a las afectadas.

Lo de Chilapa

Durante la consulta realizada, se le preguntó sobre los tres días que se cumplieron del bloqueo de maestros en la carretera de Chilapa, y respondió que se trata de un tema que tiene tiempo.
“Nosotros llevamos atendiendo esa zona desde hace dos años, ha habido temas de seguridad, recordarán que hemos estado en Chilapa con el propio gobernador, y pues adicional al problema de inseguridad que afortunadamente se fue resolviendo, y está prácticamente resuelto, está el tema de la falta de maestros”, comentó.
Subrayó que con estas declaraciones no busca “echar bronca”, pero aseguró que se ha tendido y mandando las horas adeudo que recibieron de la anterior administración, por lo que señaló que el problema de los maestros que están “al frente”, es que se les paga y son movidos.
“Llegan los maestros, se les paga a esos maestros, y los mueven, es decir… es asunto de nunca acabar.. tan es así que de las 17 escuelas, comunidades completas como Zapotitlán, ya hicimos el acuerdo directo con padres de familia y comisarios ejidales, para que se desprendieran del movimiento”, agregó.
Enfatizó que cuando ya se daban las horas a los maestros, los dirigentes de la movilización les cobraban a ellos, y después de que pagaban los movían a lugares más cerca, es decir los bajaban de las comunidades y los dejaban en Chilapa.
“Cosa que además no pueden hacer, es indebido y afectan al maestro y al maestro lo tendremos que regresar, una vez que concluya el proceso de contraloría”, agregó.
Insistió en que para que estas irregularidades no se repitan se les exhortó a que no sigan con estas prácticas, y que mejor los padres de familia recurran a las instancias directamente, para que reciban la atención directa y se les garantice que sus hijos tengan a sus maestros.

Es de mala fe el señalamiento de que destruyó milpas en Tlacoachistlahuaca, responde el Ejército

Luego de las acusaciones de vecinos de las comunidades de Santa Cruz Yucucani y Juquila Yucucani, municipio de Tlacoachistlahuaca, de que el Ejército les destruyó sus milpas al aterrizar un helicóptero, el comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza respondió que revisó unos videos de los hechos y “es una muy mala interpretación y de muy mala fe, porque los pobladores no quieren que se destruyan los plantíos (de amapola) y no entienden que es una función de nosotros”.
En breves declaraciones al concluir una actividad de destrucción de armas en las instalaciones del 56 Batallón de Infantería en la región militar, en Cumbres de Llano Largo, se le preguntó y respondió que se estableció un diálogo para que los vecinos “entiendan que nosotros no estamos en contra de ellos, estamos en contra de toda una serie de ilícitos que se cometen a raíz de la siembra de amapola”.
De que los soldados acampan a unos 3 kilómetros de las comunidades de Santa Cruz y Juquila porque no los dejan pasar los habitantes, dijo que están en donde están los plantíos, “no tenemos por qué estar donde está la población”.
Advirtió que todos los plantíos que se encuentran en la zona van a ser destruidos.
Respecto de que la siembra de amapola es la forma de vida de muchas familias, el general consideró que esa es la polémica, pero “a nosotros nos obliga la ley y ellos están en una situación fuera de la ley”.
Añadió que deben cambiar sus cultivos por algo más productivo, con menos trabajo y más beneficios. Agregó que van a estar en comunidades desde Cruz Grande para entregar útiles escolares y medicinas.
Del repunte de la violencia en Acapulco y a qué lo atribuye evitó responder, “ahí no podría ser temerario en dar una opinión”.
Pidió que las “notas fueran más analíticas y vieran en términos generales cómo vamos al año pasado, es un motivo de análisis profundo que les invito que hagan, el motivo, cuál es la razón en un momento y por unos días repunta la delincuencia”.