En la inauguración de la exposición Huellas, pasos por la memoria, la verdad y la justicia, el nieto del líder campesino desaparecido por el Ejército en 1974, Rosendo Radilla Pacheco, Roberto Arellano Radilla expresó la necesidad de tener memoriales de las víctimas y desaparecidos en zonas públicas, para no olvidar y para la lucha política.
Previo a la inauguración de la exposición en el museo José Juárez de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el nieto de Radilla Pacheco participó en una mesa con el tema Memoriales para la lucha política, donde dijo que son necesarios para recordar a las víctimas, como el recuerdo que las familias tienen en casa de ellos, una foto u otros objetos.
“La ciudad debería tener estos espacios de conmemoración, no igual como los tiene el hogar, tener sobre todo el apego y la apropiación de los espacios en la ciudad”, propuso.
Dijo que en América Latina hay cinco sitios públicos distintos, pero ninguno en México pese a la situación y las historias de las víctimas, destacó el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado en Buenos Aires, Argentina, que se creó en 1998 para “conmemorar a los detenidos y desaparecidos del periodo de 1969 al 1983. Un espacio abierto que contiene placas de mujeres, hombres, niñas, niños, víctimas de la violencia ejercida por el Estado, donde se reconocen estos hechos.
Otro es el memorial del Ojo que Llora, uno de los más famosos que está en Lima, Perú, que también es un espacio abierto en un parque convertido en un lugar escultórico. Otro es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile construido en 2010, que da visibilidad a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de 1973 a 1990.
El Museo de la casa de la memoria de Medellín fue creado en 2006, es un espacio cerrado y también en el exterior, otro es el Museo de la Memoria y la Tolerancia de México pero está en un espacio cerrado y financiado desde el extranjero.
Se preguntó “¿por qué en Guerrero no tenemos todavía estos espacios consolidados?, en primera porque tiene que venir desde la sociedad, de los colectivos, difícilmente va a venir desde un proyecto de Estado por su condición de ser Estado, pero que en el caso de estos países ha sido muy benéfico también para el mismo Estado reconocer su culpabilidad”.
Consideró que estos memoriales también ayudarían a tener mayor empatía entre la sociedad, “que es el objetivo principal de estas exposiciones y sobre todo de estos lugares. Es ponernos en los zapatos del otro”.
El nieto de Radilla Pacheco mencionó que en el caso de Guerrero de las mil 200 personas que fueron víctimas de desaparición forzada en México, 473 eran de Atoyac, el 40 por ciento, “tenemos que tener este tipo de espacios no sólo en Atoyac, también en la capital de Guerrero porque por todos lados nos está pasando esto”.
Agregó que la creación de estos espacios de conmemoración de los familiares de desaparecidos posibilita la transmisión intergeneracional de la memoria, en este caso del periodo de terrorismo de Estado o guerra sucia, el acceso público a un archivo histórico, la creación de un espacio museográfico y la construcción de un monumento en la plaza pública de Atoyac para recordar a los a los desaparecidos. “Un Memorial puede convertirse en un catalizador del diálogo político”.
Sin las familias no
En la mesa estuvo la doctora y profesora de la UACM, Evangelina Sánchez Serrano, quien participó con el tema Sin las familias no, expresó que la fuerza para recuperar la memoria de las víctimas es el trabajo de los colectivos, de las organizaciones.
La académica llamó a la sociedad a reflexionar sobre los candidatos a la presidencia y el resto de los políticos, que no van hacer algo por las víctimas de desaparición forzada. Dijo que lo menos que pueden hacer las personas es ser empáticos con el dolor de los familiares de desaparecidos.
Dijo que el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa visibiliza el gran problema de desaparición forzada en el estado y el país, que es un delito de lesa humanidad. El gobierno “está ocultando su responsabilidad” porque hay una cadena de mando y hay responsabilidades compartidas, y al igual que los colectivos de toda América lo que buscan es justicia y verdad.
Militares y pobladores de Filo de Caballos, sierra de Chichihualco, en el lugar donde fueron halladas dos camionetas clonadas como de la Sedena y un hombre muerto con vestimenta militar. Fuentes policiacas revelaron que el grupo armado quería ingresar a la comunidad de Filo de Caballos y llevaba una lista de hombres de la región a los que iba a buscar Foto: Lenin Ocampo Torres
La mañana de ayer hombres vestidos con ropa tipo militar a bordo de patrullas clonadas del Ejército se enfrentaron a balazos con otros civiles armados, que intentaron irrumpir en la comunidad de Filo de Caballos en la sierra del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), lo que dejó un civil muerto, informaron vecinos vía telefónica.
Por su parte el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia difundió un boletín de prensa la mañana de ayer en el que dice que la tarde del domingo hombres armados atacaron a balazos a agentes de la Policía Estatal, ministeriales y militares cuando iban a bordo de sus patrullas cerca de la comunidad de Izotepec, municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), lo que dejó un hombre muerto y el decomiso de armas en esa zona amapolera.
Vecinos de la comunidad de Filo de Caballos reportaron una balacera en el paraje El Chorrito, en la carretera que se dirige a Tlacotepec y a 500 metros de esa comunidad, en la que observaron patrullas de militares clonadas en la vialidad.
En una llamada a la redacción, un vecino relató que a las 6:45 de la mañana escucharon una balacera cerca de la localidad, lo que causó miedo y zozobra en la población y se encerraron en sus casas.
Comentó que vecinos que viven en las faldas de los cerros observaron en la carretera que se dirige a Tlacotepec en El Chorrito, que había patrullas de militares clonadas, “eso es lo que comentan los paisanos que eso vieron y tienen miedo de que pueda ocurrir otra balacera en el pueblo”.
“En la madrugada se escucharon muchos balazos lo que alertó a la población para encerrarse en sus casas y no salir, pero sí vieron patrullas que no eran militares y hombres armados que caminaban en la vialidad donde ocurrió la balacera, por eso queremos la intervención de las autoridades para que atiendan este problema de inseguridad”, declaró.
Aparece una lista de hombres a los que iban a atacar, entre ellos el candidato a alcalde
El comisario de Filo de Caballos, Alfonso González Pacheco dijo a reporteros en la comunidad que hombres armados a bordo de patrullas del Ejército clonadas trataron de irrumpir en el poblado pero se encontraron con otro grupo delictivo, y se dio una balacera que dejó un civil vestido de militar muerto adentro de una de las camionetas.
Dentro de una camioneta se halló una lista en una hoja de cuderno, con las comunidades y personas a las que presuntamente el grupo delincuencial iba a atacar. En el escrito aparece que en Filo de Caballos iban a buscar a Rafa y a su hijo y se describen sus características, y también aparece el nombre del ex comisario Arturo López Torres, que es papá de la candidata a diputada de la coalición Por México al Frente, que defiende la legaliación de la siembra de amapola .
Después aparece Los Morros y el nombre de Ismael Cástulo, candidato del PRI a alcalde de Leonardo Bravo y se menciona a David y sus características físicas.
Dijo que en la carretera que se dirige hacia Tlacotepec, “hoy nos agredieron hombres armados con camionetas tipo militar, lo bueno que el altercado fue antes de que llegaran al poblado, si no serían hechos que nos lamentaríamos porque habrían pérdidas de familias”.
González Pacheco informó que por la violencia se suspendieron las clases de todos los niveles educativos en Filo de Caballos, porque los maestros tienen miedo de subir, al igual que los médicos del hospital de la comunidad no están laborando y no tienen energía eléctrica.
González Pacheco exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores y al presidente Enrique Peña Nieto que instalen un destacamento de militares en Filo de Caballos, para resguardar y hacer recorridos de vigilancia en el corredor de la sierra y brindar seguridad a la población para evitar que continúe la violencia.
Comentó que si continúan los hechos de inseguridad hay el riesgo que de la población no salga a votar en las comunidades de Xochipala, La Laguna, El Miraval, Tres Cruces, Los Morros, Campo de Aviación, Torre Camotla, Escalera, Filo de Caballos, Corralitos, Carrizal, Polixtepec, Puentecillas, y algunas de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
Se quejó de las operaciones de seguridad de la Policía Estatal, militares y ministeriales en la que sólo acuden a levantar cuerpos o cuando ocurre un incidente, “por eso pedimos el apoyo, que ellos comiencen a operar, que se lleven al que tengan que llevarse, nosotros lo que queremos seguridad para toda las familias”.
“Hago un llamado al gobernar Héctor Astudillo Flores y a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), que brinden seguridad porque están agrediendo a familias, los hacemos responsables de lo llegara a suceder, si perdemos una vida o que haya un hecho lamentable”, declaró.
Cuatro horas después de ocurrir este hecho en Corralitos llegaron agentes de la Policía Rural y encontraron el cuerpo de un hombre asesinado a balazos adentro de una camioneta tipo Cheyenne, clonada como vehículo oficial del Ejército, y otra más en ese lugar.
Después llegaron Policías Estatales, ministeriales y militares quienes acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes.
En el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se informó que las dos camionetas tipo Cheyenne clonadas como patrullas militares quedaron en la vialidad, tenían impactos de bala en el parabrisas, ventanas y puertas, y estaban rotuladas con los números 0850392 y 0850342.
Cuando peritos de Fiscalía realizaron las investigaciones encontraron una lista de nombres de comunidades y personas contra las que serían sus próximos ataques.
En la lista venía el nombre de la comunidad Filo de Caballos, el ex comisario Arturo López Torres quien es padre de la candidata a diputada de la coalición Por Guerrero al Frente (PRD-PAN-MC) por el Distrito 19, Yuritzia López Gómez, y en Los Morros el candidato a presidente municipal de Leonardo Bravo (Chichihualco) por el PRI, Ismael Cástulo Guzmán, quienes son los promotores de la legalización de la amapola en la sierra de Guerrero.
El vocero de seguridad Roberto Álvarez confirmó el hallazgo dos camionetas clonadas que presentaban impactos de bala y adentro de una de ellas estaba el cuerpo de un hombre que vestía ropas tipo militar, quien no fue identificado.
Informó que soldados y policías estatales “mantendrán labores de patrullaje en caminos de la sierra para brindar seguridad a la población”.
Huyen familias de la comunidad de Corralitos
El comisario de Filo de Caballos Alfonso González Pacheco, contó que familias de la comunidad Corralitos huyeron de sus casas por temor de que ocurra otro hecho de violencia, como sucedió la tarde del sábado donde civiles armados irrumpieron a esa localidad donde asesinaron a tres hombres, entre ellos al comisario, dejaron una camioneta y dos casas de madera incendiadas y dos viviendas baleadas.
Vecinos de esa comunidad informaron que de 40 familias que vivían en ese lugar sólo se quedaron 5, y que civiles armados habían quemado dos viviendas más en esa localidad.
El muerto en Izotepec
El vocero Álvarez Heredia difundió un boletín de prensa la mañana de ayer, en el que dice que a las 4:30 de la tarde del domingo se realizó un operativo por parte de la Policía Estatal, ministeriales y militares a bordo de sus patrullas cerca de la comunidad de Izotepec en Tlacotepec, fueron atacados a balazos por hombres armados, y ocurrió un enfrentamiento en el que no hubo muertos ni heridos.
Después de hora y media las autoridades policiacas y los civiles armados se enfrentaron a balazos por segunda ocasión, y un sicario vestido con ropa camuflada murió, y se decomisaron dos rifles de asalto AK-47 o cuerno de chivo, una pistola calibre 38 súper y más de 250 cartuchos de diferentes calibres.
Después de 20 años de la masacre de El Charco, Ayutla de los Libres, las viudas informaron que se acabó su exigencia de justicia y reparación del daño, porque algunas organizaciones sociales y de derechos humanos han lucrado con el caso.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, Eustolia Castro Ramírez a nombre de 10 viudas denunció que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad les exigió el pago de 250 mil pesos, para seguir impulsando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la acusación contra el Estado para obtener justicia y reparación del daño.
La mujer me’ phaa leyó un posicionamiento en el que reclamó que la muerte de sus esposos no ha sido aclarada “por actos del Ejército, mucho se ha dicho y escrito sobre eso, nosotras no estábamos ahí, no podemos atestiguar, pero los sobrevivientes sí estuvieron presentes en los hechos en ese instante”.
Agregó que durante 20 años “hemos sido traídas y llevadas por dirigentes de organizaciones sociales y líderes que sospechamos han lucrado con nuestro dolor, en esos años en las que varias de nosotras éramos adolescente sólo hemos recibido una canasta de despensa y cobijas por las autoridades municipales.
En 1998 les dieron 10 mil pesos por el gobernador René Juárez Cisneros, pero a algunos sobrevivientes no les tocó nada.
“Nuestra soledad y necesidad económica como viudas y sobrevivientes por nuestros hijos nos hizo esperanzarnos en organizaciones internacionales, que han sido sordas y ciegas a nuestro sufrimiento. Motivo por el cual decidimos acudir ante la SAICA (Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas) para que pudiéramos ser atendidos”.
“Por lo anterior hemos consensado cerrar este capítulo de nuestra vida, y para lograrlo venimos a solicitar al gobernador del estado –Héctor Astudillo Flores– nos reciba en una audiencia y seguras estamos de que con su apoyo y guía por fin hallaremos una salida hacia la luz de nosotras y nuestros hijos”.
Abundó que solicitarán al gobierno del estado proyectos productivos para trabajar el campo, pero insistió en que el caso se tiene que cerrar porque algunas organizaciones sociales han utilizado el tema para sacar provecho, “ninguna de las organizaciones sociales, ya no hablen de este caso”.
Dijo que la desesperación que les causaba la deuda de 250 mil pesos que le reclama la Red Solidaria Década Contra la Impunidad las obligó a dejar de pedir justicia ante la Comisión Interamericana.
Dijo que los representantes de la organización les solicitaron 39 mil 400 pesos para tramitar unos proyectos productivos a nivel federal, pero no cumplieron.
También solicitaron ser libres y dejar de estar “fichadas” por las autoridades, además de que el diálogo con el gobierno del estado será en paz, y negaron cualquier presión para dar la conferencia.
Castro Ramírez reclamó que los sobrevivientes Efrén Cortez Chávez y Éricka Zamora Pardo, no les han informado si ellos continuarán luchando para exigir justicia, una decisión que respetan.
Una hija de un sobreviviente, Delfina Trinidad Oliva coincidió en la postura de las viudas, aunque reconoció que el daño no será reparado, “queremos que se cierre el caso y que se cierre bien, porque algunos sobrevivientes no han recibido apoyos”.
Un sobreviviente que fue apresado un año y medio, Anastasio Ramírez Simona demandó al gobernador un buen apoyo a las mujeres y a todos los detenidos, porque no han recibido nada.
El sobreviviente y ex policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Bernardino García Francisco solicitó que el caso se cierre de una vez por todas, porque muchos se aprovechan y a los verdaderos afectados no se les apoya.
El 7 de junio de 1998 el Ejército disparó y mató a 10 campesinos y un estudiante universitario, además dejó cinco heridos y 22 detenidos, según lo que han narrado los sobrevivientes del ataque.
Pobladores de la colonia La Mohonera, de la cabecera municipal de Teloloapan, denunciaron ayer que unos 200 policías antimotines, policías ministeriales y soldados armados, así como funcionarios del gobierno estatal intentaron desalojar a más de 80 familias de este asentamiento sin una orden judicial, ya que en la zona se construyen las instalaciones del cuartel del 41 Batallón de Infantería.
Por separado, vecinos de la comunidad de San Juan Mina, municipio de Tlapehuala, denunciaron que la madrugada de ayer, gendarmes y soldados del Ejército ingresaron por la fuerza a catear sus casas y robaron dinero y diversos artículos.
Un vecino de La Mohonera, Cristino Bahena Salgado denunció, vía telefónica, que ellos tienen constancias de propiedad de esos predios, que son usados como parcelas de cultivo de maíz hace más de 17 años, y que durante el gobierno perredista de Ignacio de Jesús Valladares Salgado y Ángel Aguirre Rivero, se falsificaron las escrituras para ceder los terrenos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En un video que los afectados compartieron con el reportero, se ve a los antimotines con los escudos de la policía del estado y toletes, también se ve a otros policías, al parecer ministeriales, cubiertos del rostro, y a soldados del Ejército armados.
En la grabación de uno de los vecinos se alcanza a escuchar cómo los pobladores, entre ellos mujeres, reclaman a los policías y soldados que, “así deberán de actuar en contra de los delincuentes que agredieron a los estudiantes de Ayotzinapa, allá sí se necesitan armas para pelear con los delincuentes y los asesinos de los estudiantes de Ayotzinapa y encontrar a los culpables, no con la gente humilde, los campesinos, vienen a hacer sus ‘panchos’, allá vallan a hacerlos y busquen a aquellas personas”.
Cristino Bahena denunció que, la mañana de ayer llegaron unos 200 antimotines y después de las 3 de la tarde empezaron a avanzar hacia ellos de una forma intimidatoria.
Señaló que el gobierno municipal le cedió parte de esos terrenos a la Sedena para la construcción del cuartel, que el gobierno sacó una escritura “falsa” de la propiedad de ese predio en 2012, pese a que ellos tienen constancias de propiedad desde hace 17 años. Precisó que esas tierras son ejidales y las utilizan para la siembra de maíz, y que de hecho empezaron a preparar las tierras para este ciclo agrícola.
Puntualizó que ellos no están en contra de que se construya el Batallón en esa zona, “sino al contrario, pero que respeten nuestro trabajo y nuestras tierras”.
Comentó que en ese asentamiento viven 140 familias, pero las afectadas directamente son unas 80. El predio donde se construye el cuartel militar está en la carretera Teloloapan-Apaxtla, a unos 5 kilómetros de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, y en el área en disputa se construye una barda.
Dijo que en el gobierno de Ignacio Valladares se compraron casi 14 hectáreas del terreno que después se donaron a la Sedena, pero que ahora pretenden invadir otras 15 hectáreas del predio y los pretenden desalojar sin una orden judicial y con el uso de la fuerza pública.
Señaló que las autoridades han ofrecido reubicar a las familias, pero en un terreno “más feo” y pedregoso, que no les conviene, y declaró que ayer por la tarde se dialogó sin que se diera ninguna confrontación, y después se retiraron del lugar los antimotines.
Advirtió que ellos defenderán sus tierras hasta las últimas consecuencias, y responsabilizó a las autoridades estatales y militares de lo que llegue a suceder; dijo que, de ser necesario convocarán a vecinos de otras colonias de Teloloapan para defender sus terrenos, y que el ofrecimiento de reubicación que les dan es en un predio de tres hectáreas, lo que rechazan, y exigen la presencia del ex alcalde, Ignacio de Jesús Valladares, para que aclare la situación.
En el video se alcanza a ver al Subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno estatal, Fernando Jaimes Ferrel.
En hechos separados, vecinos de la comunidad de San Juan Mina, municipio de Tlapehuala, denunciaron que la madrugada de este miércoles gendarmes y soldados del Ejército irrumpieron en sus casas para hacer cateos y terminaron robándose dinero en efectivo y diversos artículos que encontraron.
Frente al centro de salud de San Juan Mina, vecinos reportaron que en dos viviendas se metió la gendarmería reclamando que tenían reportes de que ahí había mariguana escondida, y exigiendo a los dueños que la entregaran.
En una de las viviendas estaba una pareja con una niña de unos nueve años de edad, a quienes amenazaron y apuntaron con rifles y pidiendo que entregaran la droga.
La familia reportó que los gendarmes encontraron sobre la mesa una bolsa llena de hojas secas y semilla de hierbabuena, que la señora siembra, y que mostró en el patio el lugar donde tiene sembrada la planta, pero que los gendarmes insistieron en que era mariguana.
Tiraron muebles, ropa, camas, y en el cateo se llevaron el dinero en efectivo que ahí había.
“Eran sólo mil pesos que tenía para la semana. Mi esposo es albañil y eso tenía guardado”, dijo la mujer entre lágrimas. “Tenemos miedo de presentar denuncia, nos amenazaron y tenemos miedo de que vayan a volver. Si nosotros anduviéramos en cosas malas, no tendríamos así la casa, de humilde”, dijo la mujer.
Al fondo, la vivienda se conecta con otra casa. En donde rompieron una cama en la búsqueda de diversos artículos. Ahí reportan el robo de un celular y unas bocinas. El dueño dice que se dedica a la venta de agua, y que a la hora del cateo no estaba en su casa.
La localidad de San Juan Mina está muy pegada a Tlapehuala, y en la ruta que conduce a pueblos del río Balsas que pertenecen al municipio de Ajuchitlán.
En San Jerónimo, municipio de Ajuchitlán, ubicado a 5 kilómetros de San Juan Mina, también reportaron la incursión de la Gendarmería, pero también reportaron la presencia de una patrulla del ejército. Ahí señalaron que, alrededor de las 11 de la noche llegaron buscando a hombres armados en un rancho abandonado.
Amenazaron a los vecinos de un rancho abandonado, para exigirles que les dijeran dónde estaban los hombres.
“Nos apuntaron a toda la familia, somos cuatro, tenemos una niña en casa y así con el rifle se metieron a la casa. Se llevaron como 12 mil pesos que teníamos, se llevaron unos cartuchos de un rifle 22, tenemos una escopeta y se la querían llevar, pero está muy vieja y la dejaron. Luego escuchamos disparos y se fueron”, indicaron.
“Sólo pedimos al gobierno que no venga a robar, si vienen contra alguien, vayan contra ellos, pero por qué se meten a las casas a robar, eso no está bien”, expresó uno de los inconformes.
En el rancho se observó una camioneta estacionada; de acuerdo con los vecinos, el dueño desapareció hace varios años y el lugar está solo. A la camioneta le rompieron los vidrios y había un cartucho percutido a un costado. Luego se fueron del lugar.
Reportan decomiso de droga y un vehículo en Tlapehuala
La Gendarmería puso a disposición del Ministerio Público federal, con sede en Altamirano, una camioneta con reporte de robo, 5 kilos de mariguana y una moto, decomisados en el municipio de Tlapehuala.
Informes policíacos señalan que aproximadamente a las 10 de la mañana, la Gendarmería puso a disposición una camioneta en la que señalan que llevaban un cargamento de 5 kilos de mariguana en una bolsa.
También pusieron a disposición una moto con reporte de robo, tipo Itálica. No se reportaron detenidos, ni se pusieron a disposición dinero, armas o teléfonos.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Tlapehuala, donde reportaron la presencia de la Gendarmería y el Ejército desde las 10 de la noche en la localidad de San Juan Mina y en San Jerónimo, municipio de Ajuchitlán.
La candidata a diputada local por el distrito 19 (Zumpango, Tlacotepec y Chichihualco) de la coalición del PRD, PAN y MC, Yuritzia López Gómez, dijo que los campesinos accederían a un libre mercado sin exponerse a acaparadores y traficantes. Y denunció que la fumigación que hace el Ejército ya afectó a otros sembradíos y secó árboles. Por su parte, el integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra, Arturo López, padre de la candidata, advirtió que la caída en el precio de la goma traerá más violencia a la sierra Foto: Jesús Eduardo Guerrero
En la sierra, en un sembradío de amapola, candidata del Frente urge a legalizar el cultivo
Yuritzia López Gómez, que compite para diputada del distrito de Tlacotepec, Chichihualco y Zumpango, dice que los campesinos accederían a un libre mercado sin exponerse a acaparadores y traficantes. La fumigación que hace el Ejército ya afectó a otros sembradíos y secó árboles, denuncia
Zacarías Cervantes
Sierra del Filo Mayor
Desde dentro de un plantío de amapola, semidestruído por la fumigación por elementos del Ejército mexicano, la candidata a diputada local por el distrito 19 Yuritzia López Gómez, de la coalición Por Guerrero al Frente que integran PRD, PAN y MC, demandó la legalización de la siembra de la amapola con fines medicinales, para terminar con la violencia y con la pobreza en esta zona del estado.
Denuncio, además, la persecución del gobierno a los campesinos de la Sierra a pesar de que consideró que la siembra de enervantes “no es un delito”, si acaso, dijo, es ilegal el tráfico, pero no el cultivo del que viven aproximadamente 50 mil productores en esa zona del estado, quienes actualmente se encuentran en crisis por la destrucción de sus plantíos por el Ejército y por el desplome de los precios.
El distrito 19 comprende los municipios de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Eduardo Neri (Zumpango) y Leonardo Bravo (Chichihualco), los tres afectados por la violencia del crimen organizado.
Para llegar al sembradío de amapola, la médico de profesión, caminó por un accidentado camino en algún lugar de la Sierra del Filo Mayor, en donde ofreció la inusual conferencia de prensa a reporteros locales y a un equipo de enviados de un medio de comunicación francés, a quienes habló del grave problema que viven los campesinos de la región: por un lado asediados por el Ejército que les destruye sus cultivos y por el otro el desplome de los precios del producto de 19 mil pesos que estaba hasta hace año y medio a 6 mil pesos el kilogramo.
Ante esta situación que consideró como grave, la candidata a diputada local informó que miles de productores de goma de opio no quisieron vender su producto porque no sacaban ni si quiera lo que invirtieron, con lo que denunció que se ha agravado la pobreza en la Sierra de Guerrero, lo que dijo que conllevará a incrementar la violencia no solo en la zona, sino en las ciudades.
La inusual conferencia se realizó en el descampado de un terreno, la mitad sembrado de amapola con las flores rojas, rosas y alguna que otra blanca, recién reventadas, y la otra mitad con el predio limpio. Allí en marzo pasado un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fumigó el plantío y disecó todo. En medio del terreno hay ocotes parcialmente quemados por el químico.
“Dicen que el líquido con el que fumigan los plantíos no daña los arboles ni otros plantíos, pero mire, esos árboles ya no van a revivir”, mostró uno de los acompañantes de la candidata los ocotes con las ramas tostadas, semimuertas. Mientras que debajo de los árboles, plantas de durazno también han comenzado a secarse.
En la conferencia de prensa, López Gómez exaltó la necesidad de que los gobiernos estatal y federal promuevan la legalización de la siembra de la amapola con fines medicinales, para que se termine con la destrucción de los cultivos por parte del Ejército y puedan acceder a un libre mercado sin exponerse ante los acaparadores y a los traficantes.
“Mi propuesta es la legalización del cultivo de amapola con fines medicinales. Ustedes vieron que no es fácil llegar acá, es bastante lejos y complicado, con un camino sinuoso con veredas, y nuestros campesinos lo caminan todos los días durante varias horas. El ser agricultor no es un delito, por eso vamos por la legalización del cultivo de amapola”, dijo la mujer, en medio del descampado sembrado de amapola.
Matizó: “entiendo que las autoridades lo tengan por algo ilegal, por eso buscamos la legalidad, para que a los campesinos y a la Sierra no se les afecte”.
La médico declaró que actualmente los campesinos de la Sierra se encuentran en una grave crisis no solamente por la destrucción de los cultivos por parte del Ejército, que también dañan con la fumigación otras plantaciones como el durazno, la milpa y el frijol, sino además por el desplome de los precios de la goma de opio, de lo que se mantienen en esta región unas 50 mil familias.
Parada en la ladera, casi al fondo de una barranca cubierta de ocotes en ambos extremos del cauce, Yuritzia López apuntó la vista hacia el otro extremo y exclamó: “si vemos de aquel lado, es un área que está afectada por la fumigación con los helicópteros y el químico afectó no sólo el cultivo de amapola, sino los árboles, la tierra, el agua todo lo que hay aquí, dañaron nuestro oxígeno, todo”, se quejó.
Para López Gómez el delito es traficar la droga “y contra eso sí tenemos que meternos muy duro para que no haya impunidad. No así contra el trabajo de los agricultores y la gente de la sierra, por eso vamos a proponer la legalización de la amapola, para que los sierreños tengamos de qué vivir”.
Insistió que en la Sierra Madre del Sur hay aproximadamente 50 mil familias que se dedican al cultivo y siembra de la amapola y que “el desplome del precio de la amapola los está dejando sin comer”.
Frente a ese problema su propuesta es un “blindaje a la Sierra”, esto es, explicó, que los gobiernos estatal y federal volteen a ver a los campesinos de esta zona y se les dé proyectos productivos sustentables, para que puedan comer y vivir, y, con ello disminuya, además, la inseguridad en la entidad”.
Reprochó que por el desplome de los precios de la goma de opio se deja sin ingresos a los campesinos, y que aunado a esto vienen los soldados y les destruyen sus cultivos, “¿entonces a qué se va a dedicar ésta gente, y cómo le darán de comer a sus hijos?”, se preguntó Yuritzia.
Candidatos presidenciales no ofrecieron propuestas
Acompañada sólo por un reducido equipo de su campaña la candidata de la coalición que integran los partidos PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, llevó al grupo de reporteros locales y a enviados de un medio de comunicación francés al plantío de amapola ubicado en un paraje alejado de la carretera Casa Verde-Tlacotepec, por donde ayer se vieron circular de ida y vuelta a convoyes de militares.
Allí advirtió que el problema en la Sierra se está tornando muy grave y lamentó que en el pasado debate los candidatos a la presidencia no han abordado el tema. “No les interesó, hablaron de Guerrero, nos satanizaron bastante, pero no dieron solución al problema, por eso vamos a impulsar una iniciativa de ley para que el cultivo de la amapola sea legal, primero con fines medicinales, porque ya se ha hecho en otros países”, insistió.
Para la candidata el problema es que el gobierno federal no quiere entrarle, “pero qué le va a dar de comer a esta gente, a los que se dedican a la producción de la goma de opio, o a qué se va a dedicar”.
Agregó que ya se comprobó que el combate en contra de la siembra no ha dado resultados, y que en lugar de que disminuya, los campesinos siguen sembrando aquí en la sierra porque no tienen otro medio de subsistencia.
Denunció que, además, el desplome en el precio de la goma de opio es la causa de que se incremente la inseguridad en toda la entidad.
“Pero si se legaliza, esto entraría al mercado de valores, a la recaudación de impuestos, y eso favorecería a la entidad, porque habría más dinero para proyectos en los programas de bienestar social, y disminuiría la inseguridad, no digo que se terminaría, pero estaría controlada”, recalcó.
La medico se quejó que, sin embargo actualmente los gobiernos federal y estatal combaten el cultivo de los enervantes, sin apoyar a los campesinos de la zona con proyectos productivos para el cultivo de otros cultivos, como el durazno, el aguacate y la pera que son cultivos viables en la zona pero que los campesinos no cuentan con recursos para cultivarlos porque son muy costosos.
Dijo que las autoridades también tienen abandonados a los pueblos de la zona en materia de salud y educación.
“En materia de salud la Sierra de Guerrero está muy mal en algunas comunidades ni siquiera existe un técnico de salud, en otras no hay una casa de salud, también hay pueblos en donde no encuentras ni un paracetamol”, se quejó.
Crisis en la sierra por la caída del precio de la goma de amapola; aumentará violencia, advierten
En los próximos meses el problema se convertirá en un asunto de seguridad nacional, si no se atiende se extenderá a las ciudades a donde los campesinos bajarán a buscar qué comer, advierte el integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra, Arturo López
Zacarías Cervantes
Sierra del Filo Mayor
El desplome de los precios de la goma de opio, la destrucción de los cultivos de amapola por el Ejército y a veces por la fauna, así como las pérdidas ocasionadas por el mal temporal, mantienen en una grave crisis a los productores de amapola de la Sierra del Filo Mayor, declaró ayer el ex comisario de Filo de Caballos e integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra, Arturo López Torres.
Advirtió que la región en los próximos meses se convertirá en un asunto de seguridad nacional, y que si no se atiende a tiempo provocará problemas graves de violencia no sólo en la zona sino en las ciudades a donde los campesinos bajarán a buscar qué comer.
López Torres se quejó de que ninguno de los candidatos a la presidencia de la República ha tomado con seriedad el problema y que, por el contrario, durante el segundo debate el 20 de mayo “denostaron y satanizaron” a los campesinos de esta zona de Guerrero por la siembra de amapola.
López Torres, integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra del Filo Mayor, la agrupación que se manifestó desde 2016 en la legalización de la siembra de la amapola con fines medicinales, declaró ayer que existe preocupación entre los campesinos productores de la goma de opio por la caída en el precio.
“Hace 2 años el kilo de goma de opio estaba de 25 a 30 mil pesos y actualmente bajó hasta 6 y 7 mil pesos, y con este precio los productores no sacan ni lo que invierten en sus cultivos”, dijo el dirigente de la sierra baja.
Alertó que en esta temporada de lluvias por primera vez los campesinos productores acordaron no sembrar, “porque no les rinde, no les da beneficios”, dijo y alertó que esto implica un problema económico para las familias de la región, pero también será un problema social y de seguridad pública para los gobiernos porque los campesinos bajarán a las ciudades a buscar qué llevarles de comer a sus familias.
Reconoció que es labor del Ejército destruir los cultivos por ser ilícitos, “pero si no hay buenos precios de la goma, y aparte están destruyendo la planta, ¿qué va a hacer la gente de la región de la sierra para subsistir?”, se preguntó.
Declaró que es una mentira que sólo la siembra del maíz y frijol ayude a la gente a sobrevivir, “esos cultivos sólo garantizan a las familias que tengan tortillas y algo para comer, pero no para que se compren unos huaraches o zapatos, o manden a sus hijos a la escuela”.
El dirigente explicó que de la cadena productiva de la amapola, el agricultor, como en todas las cadenas productivas, es el más vulnerable y el que menos gana.
“Sí se le mete a la sierra cosas lícitas o buenas, pero no hay voluntad del gobierno para hacer el cambio del cultivo de amapola a cultivos lícitos para que pueda subsistir la gente”, denunció.
Explicó que saben que lo que ha provocado el desplome de los precios de la goma de opio es la introducción a Estados Unidos del fentanilo, que es un narcótico sintético y que es mucho más barato.
“Nos dicen que es una droga mucho más fuerte y potente, y que incluso ha tenido muchos problemas en la Unión Americana debido a que desde el año pasado hubo muchos decesos”, contó.
El ex comisario declaró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump le está haciendo más daño a su población al permitir la entrada de ese narcótico.
López Torres manifestó que se culpa a los productores de la amapola en México pero que no se toma en cuenta que “si no hubiese tanta demanda de ese producto, no se sembraría tanto en la Sierra Madre del Sur, pero como la hay los campesinos siguen cultivando”.
Insistió en que si en la Unión Americana deja de haber consumidores, “lógico que bajará en una forma bastante grande el cultivo, pero mientras haya consumidores seguirá por los siglos de los siglos”.
Lamentó que los candidatos a la presidencia de México hayan tomado el caso de los enervantes, sobre todo la goma de opio, “sólo como una actividad económica que genera la tercera parte del Producto Interno Bruto que obtiene el país”.
A pesar de que advirtió que les está causando problemas graves de seguridad nacional, “prueba de ello es la violencia en todo el país”.
Advirtió que el problema va creciendo, pues antes eran sólo dos estados los que producían goma de opio, y actualmente son siete.
“Los candidatos a la presidencia de México no tomaron en cuenta este problema, como que lo están minimizando, ninguno tomó en forma seria el problema del narcotráfico, porque México es el trampolín de todas las drogas”, dijo.
Mencionó que los productores de la sierra han levantado la voz tres veces con esta, de que el precio de la goma de opio se desplomó.
“En unos cinco meses el problema se va a complicar, principalmente en las ciudades”, advirtió.
Dijo que si no habrá dinero circulante en la sierra, que el gobierno cambie el cultivo de amapola por proyectos productivos”, concluyó.
El ex comisario de Filo de Caballos e integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra, Arturo López Torres Foto : Jesus Eduardo Guerrero
El desplome de los precios de la goma de opio, la destrucción de los cultivos de amapola por el Ejército y a veces por la fauna, así como las pérdidas ocasionadas por el mal temporal, mantienen en una grave crisis a los productores de amapola de la Sierra del Filo Mayor, declaró ayer el ex comisario de Filo de Caballos e integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra, Arturo López Torres.
Advirtió que la región en los próximos meses se convertirá en un asunto de seguridad nacional, y que si no se atiende a tiempo provocará problemas graves de violencia no sólo en la zona sino en las ciudades a donde los campesinos bajarán a buscar qué comer.
López Torres se quejó de que ninguno de los candidatos a la presidencia de la República ha tomado con seriedad el problema y que, por el contrario, durante el segundo debate el 20 de mayo “denostaron y satanizaron” a los campesinos de esta zona de Guerrero por la siembra de amapola.
López Torres, integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra del Filo Mayor, la agrupación que se manifestó desde 2016 en la legalización de la siembra de la amapola con fines medicinales, declaró ayer que existe preocupación entre los campesinos productores de la goma de opio por la caída en el precio.
“Hace 2 años el kilo de goma de opio estaba de 25 a 30 mil pesos y actualmente bajó hasta 6 y 7 mil pesos, y con este precio los productores no sacan ni lo que invierten en sus cultivos”, dijo el dirigente de la sierra baja.
Alertó que en esta temporada de lluvias por primera vez los campesinos productores acordaron no sembrar, “porque no les rinde, no les da beneficios”, dijo y alertó que esto implica un problema económico para las familias de la región, pero también será un problema social y de seguridad pública para los gobiernos porque los campesinos bajarán a las ciudades a buscar qué llevarles de comer a sus familias.
Reconoció que es labor del Ejército destruir los cultivos por ser ilícitos, “pero si no hay buenos precios de la goma, y aparte están destruyendo la planta, ¿qué va a hacer la gente de la región de la sierra para subsistir?”, se preguntó.
Declaró que es una mentira que sólo la siembra del maíz y frijol ayude a la gente a sobrevivir, “esos cultivos sólo garantizan a las familias que tengan tortillas y algo para comer, pero no para que se compren unos huaraches o zapatos, o manden a sus hijos a la escuela”.
El dirigente explicó que de la cadena productiva de la amapola, el agricultor, como en todas las cadenas productivas, es el más vulnerable y el que menos gana.
“Sí se le mete a la sierra cosas lícitas o buenas, pero no hay voluntad del gobierno para hacer el cambio del cultivo de amapola a cultivos lícitos para que pueda subsistir la gente”, denunció.
Explicó que saben que lo que ha provocado el desplome de los precios de la goma de opio es la introducción a Estados Unidos del fentanilo, que es un narcótico sintético y que es mucho más barato.
“Nos dicen que es una droga mucho más fuerte y potente, y que incluso ha tenido muchos problemas en la Unión Americana debido a que desde el año pasado hubo muchos decesos”, contó.
El ex comisario declaró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump le está haciendo más daño a su población al permitir la entrada de ese narcótico.
López Torres manifestó que se culpa a los productores de la amapola en México pero que no se toma en cuenta que “si no hubiese tanta demanda de ese producto, no se sembraría tanto en la Sierra Madre del Sur, pero como la hay los campesinos siguen cultivando”.
Insistió en que si en la Unión Americana deja de haber consumidores, “lógico que bajará en una forma bastante grande el cultivo, pero mientras haya consumidores seguirá por los siglos de los siglos”.
Lamentó que los candidatos a la presidencia de México hayan tomado el caso de los enervantes, sobre todo la goma de opio, “sólo como una actividad económica que genera la tercera parte del Producto Interno Bruto que obtiene el país”.
A pesar de que advirtió que les está causando problemas graves de seguridad nacional, “prueba de ello es la violencia en todo el país”.
Advirtió que el problema va creciendo, pues antes eran sólo dos estados los que producían goma de opio, y actualmente son siete.
“Los candidatos a la presidencia de México no tomaron en cuenta este problema, como que lo están minimizando, ninguno tomó en forma seria el problema del narcotráfico, porque México es el trampolín de todas las drogas”, dijo.
Mencionó que los productores de la sierra han levantado la voz tres veces con esta, de que el precio de la goma de opio se desplomó.
“En unos cinco meses el problema se va a complicar, principalmente en las ciudades”, advirtió.
Dijo que si no habrá dinero circulante en la sierra, que el gobierno cambie el cultivo de amapola por proyectos productivos”, concluyó.
Comisarios municipales de comunidades de la sierra del municipio de Coahuayutla demandaron al comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, que paren los abusos de autoridad de militares del Cuarto Grupo de Morteros destacamentados en Zacatula, municipio de La Unión, pues desde hace semanas los pobladores son hostigados.
“Hoy lunes fuimos a hablar con el comandante del Cuarto Grupo y aunque se disculpó nos dijo que estamos en nuestro derecho de acudir a denunciar a donde nosotros queramos, por eso pedimos que ya le paren a tanto abuso de autoridad”, expuso el comisario municipal de Lomas Blancas, Erick Hernández Pérez.
Ayer vía telefónica dio a conocer que acudieron a las instalaciones del Cuarto Grupo de Morteros para hablar con el comandante en jefe y exponerle las inconformidades que tienen los habitantes de esa zona serrana, ante las presuntas arbitrariedades que han cometido los soldados con el pretexto de que andan detrás de personas coludidas con la delincuencia organizada.
Desde el jueves de la semana pasada el comisario de Nueva Cuadrilla, Enedino Gutiérrez Solano, el de El Pueblito, Santos Torres Valdovinos, El Aguacate, Marcelino Quintana Saucedo, el de Lomas Blancas, Erick Hernández Pérez, de Las Carretas, Francisco Cruz Valdovinos, de San Rafael, Miguel Cárdenas Rodríguez, de Santa Rosa, Ramiro Cárdenas Rincón, y de San Salvador, Máximo Pimentel Izazaga mediante un escrito dirigido al comandante del Cuarto Grupo de Morteros dieron a conocer los excesos de los militares.
Ayer Erick Hernández dijo que fueron a hablar con el comandante “porque ya no queremos que sigan abusando de nuestra gente, nos atendió un teniente de apellido Flores, dijo que él era el comandante, le dijimos que queremos que nos respeten, que ellos están para que la gente les tenga confianza pero en vez de eso hay miedo porque los militares han golpeado a gente inocente, se han metido a las casas sin órdenes y se han robado dinero y cosas de valor”.
Agregó que llevaron a dos vecinos de las comunidades El Aguacate y Santa Rosa, quienes fueron golpeados por los militares, “para que los viera y viera que no estamos diciendo chismes, el comandante mandó a que los revisaran los doctores que tienen ahí en el cuartel, uno iba con golpes y el otro iba espantado”.
“Nosotros le pedimos que dejen de hacer tanto abuso, que la gente está con temor pero también con ganas de ya no seguir aguantando tantas cosas por parte de los militares y le dijimos que si siguen así, nosotros vamos a ir a denunciarlos a derechos humanos. El comandante se disculpó, nos dijo que han hecho eso porque andan buscando a gente mala allá arriba, nosotros le dijimos que la gente de las comunidades no tiene la culpa, no todos somos gente mala, entonces él nos contestó que nosotros podemos ir a donde nosotros queramos a denunciarlos”.
El campesino indicó que por ese motivo, “nosotros le hacemos un llamado al comandante de la Novena Región Militar para que intervenga en este problema, queremos decirle que aunque sí hay el temor por todas las cosas que han hecho los soldados allá arriba, estamos dispuestos a organizarnos para que ya se pare tanto abuso, por eso le pedimos de manera respetuosa que ponga atención a este problema porque es serio, somos gente buena que pedimos que los soldados hagan su trabajo, pero que nos dejen vivir en paz, sin que tengamos que andar cuidándonos de ellos”.
A la reunión de ayer acudieron los comisarios municipales mencionados y se sumaron los de Portreritos, Raúl Cortés Núñez, de La Vainilla, Eliel Núñez Valdovinos y de San Isidro El Gallo.
El secretario de Educación estatal, José Luis González de la Vega Otero informó que en escuelas ubicadas en las regiones Tierra Caliente y Montaña Baja, así como en algunas partes de Acapulco, se mantendrá la vigilancia militarizada ante la inseguridad en lo que resta del ciclo escolar, que termina oficialmente el 9 de julio.
El funcionario estatal descartó que, ante los hechos de violencia, se adelante el fin del ciclo escolar en esas mismas zonas. En declaraciones a reporteros, luego de la entrega de 190 plazas a maestros idóneos, en el centro de convenciones Mundo Imperial, González de la Vega expresó que el ciclo escolar por concluir fue complicado a causa del sismo del 19 de septiembre y el huracán que azotó la Costa Chica ese mismo mes, y que obligó a la reconstrucción total o parcial de algunas escuelas.
Precisó que el Ejército mantendrá la vigilancia en las escuelas en 12 comunidades de San Miguel Totolapan, en la región Tierra Caliente, en Chilapa, Montaña Baja, y en Acapulco, con sus propias “complejidades” como en La Frontera, Jardín y algunas escuelas en La Progreso.
González de la Vega explicó que los docentes idóneos que ayer recibieron su nombramiento, se concentrarán principalmente en la Montaña y en la Tierra Caliente, desde donde los profesores se irán “acercando” a ciudades más grandes de la entidad.
“Los nuevos maestros tienen su idoneidad. Ellos lo van a ver, ya tenemos los listados, queremos ser muy transparentes, la ley es muy clara, es decir, ellos tienen su idoneidad, escogen su lugar y si no están de acuerdo, ellos se van al último sitio de la prelación que cada vez habrá lugares más alejados, inclusive se han dado casos en que no están de acuerdo y renuncian a la plaza, la ley nos dice ‘lo escoges o tienes que renunciar a la plaza’”, sostuvo.
Agregó que por tercer año consecutivo se entregaron plazas a docentes idóneos y de promoción como resultado del examen. “Estamos dando respuesta por mérito, y entregamos el nombramiento definitivo en un proceso de mucha transparencia, con eso vamos a cubrir los espacios pendientes, y quienes tenían interinatos van a recibir a uno de los maestros en alguno de estos centros escolares”, expresó.
González de la Vega dijo que con el acto, concluye el proceso de entrega de plazas del actual ciclo escolar.
En total, precisó, se han entregado “alrededor de 3 mil 20 plazas desde que comenzó el proceso de la reforma educativa… Es una plaza federal, con todos los derechos laborales, y está garantizado que su documento es para toda su vida”, comentó el secretario.
Respecto al ciclo escolar, destacó que se avanzó en la demolición de algunos inmuebles, y “esperamos que el gobernador inaugure algunas de las que se están reconstruyendo, que son de 67, 68, algunas, por su tamaño serán concluidas en diciembre. Hay espacios dignos, ellos mismos los escogieron. En La Poza vamos a inaugurar un preescolar y una primaria”.
Agradeció al Ejército su apoyo para brindar seguridad en las escuelas, e indicó que para el caso concreto de Acapulco los soldados mantendrán la seguridad en las escuelas de las colonias Emiliano Zapata, Ciudad Renacimiento, Jardín, Progreso y Frontera.
En el acto protocolario de entrega de nombramientos, la profesora Karla Soto Villamar, egresada de la Normal Urbana Federal Rafael Ramírez, dijo que, “nos han llamado despectivamente hijos de la reforma por apostarle a evaluarnos para acceder a estar frente a grupo… pesa mucho en el magisterio la palabra idóneo”, sin embargo, destacó que en algunos momentos del proceso se sintieron solos: “al parecer nuestra situación de desempleados a todos les era indiferente, hasta que encontramos una mano amiga, una mano fraterna con la que hemos luchado día tras día, estamos muy agradecidos”.
Por su parte, el supervisor Joseph Manríque García indicó que los profesores idóneos rechazan la venta de plazas y aplauden los exámenes que promueven la competitividad y mayor preparación.
Acudieron el secretario general de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Javier San Martín Jaramillo, y el representante nacional de ese mismo sindicato, Fleury Carrasquedo Monjarrás.
En Coyuca de Catalán, un hombre murió en un enfrentamiento con el Ejército; mientras que cuerpos policiacos que operan en Taxco detuvieron a cuatro presuntos traficantes con droga, y por separado a otros cuatro jóvenes con armas, droga, pólvora y granadas.
Un hombre murió a balazos en un enfrentamiento con soldados del Ejército cerca del poblado de Zetina, municipio de Coyuca de Catalán, la tarde de este miércoles, a orillas de la carretera federal Coyuca de Catalán-Zihuatanejo.
De acuerdo con informes oficiales, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 2 de la tarde, cuando soldados del 34 batallón se enfrentaron a balazos con hombres armados que toparon en un camino cerca de la carretera federal, donde comenzaron a intercambiar disparos y continuaron en un cerro.
La pequeña localidad de Zetina está a una hora de recorrido desde la cabecera municipal por la carretera federal que va a Zihuatanejo. El enfrentamiento ocurrió muy cerca de la población, pero continuó hacia la ladera de un cerro.
No se reportaron militares lesionados, pero sí un civil muerto. Los militares continuaban hasta antes de anochecer la búsqueda del grupo de sicarios que habían enfrentado.
En el primer reporte no se hizo referencia de ningún objeto decomisado, pero el Ministerio Público continuaba en el lugar de los hechos junto con los militares, adonde también llegaron la Policía Estatal y la Gendarmería.
El lugar donde se dio el enfrentamiento se ubica a unos 20 minutos de recorrido desde el poblado de Monte Grande, lugar donde el Ejército tuvo otro enfrentamiento el 8 de mayo; entonces, tres soldados murieron y otros tres resultaron lesionados.
Detienen a cuatro hombres con drogas en Coyuca de Catalán
Cuatro hombres fueron detenidos por la Policía Estatal en una operación en las inmediaciones de Paso de Arena y Pineda, a quienes acusan de llevar droga para su venta al menudeo.
En un boletín, la Secretaría de Seguridad Pública informó que, como parte de las operaciones recientes, “en el carretera de terracería que comunica a las localidades de Paso de Arena y Pineda, observaron a orillas del camino a 4 personas quienes al notar la presencia de los uniformados se mostraron nerviosos y trataron de evadirlos”.
Indica que, a Raymundo de 38 años, El Tucán, le hallaron una bolsa de plástico negro con nueve bolsitas con “hierba verde seca con características propias de la marihuana” de unos 300 gramos; a Guillermo de 48 años, El Grillo, le decomisaron una mochila con nueve bolsitas “con presunta marihuana y un peso aproximado de 350grs”; a Guillermo N de 29 años, El Moronga, le fueron halladas también nueve bolsas, “con un aproximado de 300 gramos de presunta marihuana”, y Daniel N de 29 años, El Caguamero o El Buñuelo, que llevaba dos frascos blancos de medicamento, con 38 dosis “de presunta droga conocida como cristal”.
Los hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal para su investigación correspondiente.
Detienen soldados a cuatro jóvenes armados, con droga, pólvora y granadas en Taxco
Soldados del ejército, y policías estatales y ministeriales, detuvieron la tarde del martes en un rancho en el barrio Las Zarzas, de la cabecera municipal de Taxco, a cuatro jóvenes de 18, 20, 26 y 27 años, a los que confiscaron armas, municiones, droga, pólvora, dos granadas y uniformes camuflados tipo militar, luego de un reporte anónimo sobre la presencia de hombres armados en el lugar.
De acuerdo con información de fuentes policiacas, después de las 2 de la tarde del martes se desplegó un dispositivo conjunto de militares y policías, luego de una denuncia anónima sobre la presencia de hombres armados en el rancho de nombre Navi, en el barrio de Las Zarzas, cerca de las instalaciones del teleférico, en la cabecera municipal de Taxco.
Se informó que, al llegar el convoy de policías y militares a la zona señalada, observaron a un joven armado que disparó e intentó huir. Los uniformados lo persiguieron dentro del rancho, donde lograron detener a cuatro jóvenes.
Los detenidos fueron identificados como Eduardo de 18 años, vecino de Chilpancingo; Saúl de 20 años, también de Chilpancingo; Jesús Enrique de 26, vecino de Taxco; y Jesús Manuel de 27, originario de Chiapas.
Se informó que al hacer una inspección en la zona, entre la maleza fueron hallados un fusil M1 con cargador para 12 cartuchos, un revolver calibre 38 súper con cinco balas, además 150 cartuchos útiles calibre .9 milímetros y 650 gramos de mariguana.
Se agrega que, en un pasillo del rancho se decomisaron cinco uniformes camuflados tipo militar, dos granadas, 200 gramos de pólvora, medio kilogramo de azufre, tres metros de mecha, un kilogramo de polvo blanco no identificado, un boleto de paquetería y 45 dosis de la droga conocida como piedra.
Se informó que los cuatro detenidos y todo lo asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
A 16 años de la violación de la indígena me’ phaa Valentina Rosendo Cantú y a ocho de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) contra el Estado mexicano, el juzgado Séptimo de Distrito del estado resolverá el primer caso de tortura sexual cometida por soldados del Ejército, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Mediante un comunicado el organismo de derechos humanos anunció que en los próximos días la jueza del juzgado Séptimo de Distrito, Iliana Fabricia Contreras Perales emitirá una sentencia de primera instancia sobre la presunta responsabilidad de dos militares por la tortura sexual contra Valentina Rosendo Cantú.
Antes del fallo de la Coidh sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco, en noviembre de 2009, los casos en donde estaban involucrados militares los resolvía el Consejo de Justicia Militar (CJM), el Ejército juzgaba a sus elementos y las resoluciones no se hacían públicas o no se sabía si se cumplían.
El ataque a Valentina Rosendo Cantú ocurrió el 16 de febrero de 2002 en la localidad de Barranca Bejuco, en el municipio de Acatepec en la Montaña alta de Guerrero y la Coidh dictó la sentencia del caso el 21 de agosto de 2010.
Tlachinollan mencionó que por la omisión de los tribunales nacionales la Corte fue la primera en dictar sentencia en el caso, así como en el de Inés Fernández Ortega, dos mujeres indígenas que en diferentes lugares y circunstancias fueron torturadas sexualmente por militares el mismo año.
Subrayó que dado que la agresiones ocurrieron en un contexto de pobreza y discriminación, la Corte Interamericana creó la denominación “violencia institucional castrense.”
Destacó los casos paradigmáticos a nivel nacional e internacional porque sentaron precedentes para el desarrollo del término “tortura sexual” y “violencia institucional castrense”, y se convirtieron en un referente en la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y de la lucha contra la tortura sexual.
Asimismo indicó que tribunales de otros países toman como referente el caso de Valentina para exigir garantía a los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada y a la protección judicial para todas las mujeres.
En el escrito Tlachinollan confió en que la sentencia del la jueza federal permita materializar la larga búsqueda de justicia que Valentina mantiene desde hace 16 años, que ha enfrentado bajo amenazas, hostigamiento y agresiones que impactaron su vida personal, familiar y comunitaria.
Destacó la oportunidad histórica del caso, porque se está a punto de resolver en el fuero civil el primer proceso de tortura sexual cometida por soldados del Ejército, y de aplicar los estándares emitidos por la propia Coidh sobre cómo juzgar estos casos con perspectiva de género y etnicidad, estableciendo un precedente nacional.
Consideró que la resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo, “llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, regulada en la Ley de Seguridad Interior”.
Mencionó que la Ley de Seguridad Interior es cuestionada por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, y contradice el sentido de la sentencia de la Corte que solicitó al Estado mexicano reformas legislativas con el fin último de proteger y garantizar justicia a la población por violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército.
Como representante legal de Valentina Rosendo Cantú, Tlachinollan aclaró que hasta que no cuenten con sentencias firmes, con reparación en materia de justicia, la sentencia de la Corte no se considerará cumplida.
