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No obedece órdenes del Ejército de no atender una queja sobre Ayotzinapa, dice la CNDH

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que no sigue instrucciones del Ejército que le ordenó cerrar la queja interpuesta por el Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por actos violatorios de derechos humanos cometidos por militares.
Ayer en un comunicado, la CNDH respondió a la nota publicada por la revista Proceso, firmada por la reportera Gloria Leticia Díaz, y titulada “La Sedena se dio el lujo de girar instrucciones a la CNDH”.
Proceso informó que en un escrito fechado el 28 de julio de 2022 –que pertenece a los millones de archivos filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya– el director general de Derechos Humanos de la Sedena, general de brigada diplomado de estado mayor Ángel Primitivo Flores González, instruyó al responsable de la Segunda Visitaduría de la CNDH, Jair Omar Pasaran Nieto, que “se determine la conclusión de la presente queja” CNDH/2/2022/505/Q, interpuesta por los padres y madres de los 43 por actos presuntamente violatorios a derechos humanos cometidos en su agravio y la de sus hijos atribuibles a personal perteneciente” a la Sedena.
La CNDH indicó en su comunicado que “está al servicio del pueblo de México, sólo a éste se debe, y sus acciones se basan únicamente en las atribuciones y facultades conferidas por el marco jurídico vigente”, aunque no negó la existencia del documento con la instrucción del militar.
Sostuvo que “gracias a la autonomía” que le otorga la Constitución federal y “por instrucción muy enfática de nuestra presidenta, Rosario Piedra Ibarra, en la integración, investigación y documentación de los expedientes de queja no se reciben, ni mucho menos se acatan órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad nacional, estatal, municipal o internacional”.
Aseveró que lo expuesto en la nota periodística de que el general instruyó al responsable de la Segunda Visitaduría, exhibe “ausencia de información básica de la naturaleza jurídico-política de la CNDH”, y por ello, “falta contundentemente a la verdad”.
Afirmó que en la práctica cotidiana, sustentada en la sistemática procedimental establecida por ley, “el resultado de las investigaciones realizadas por la CNDH se basa única y exclusivamente en evidencias, y en ningún caso se determinan los expedientes por la estridencia emanada de los medios de comunicación ni de las redes sociales, y mucho menos por la solicitud simple y llana de ningún particular ni autoridad alguna sin excepción”.
Precisó que contrario a lo que sugiere la nota, el expediente CNDH/2/2022/505/Q/VG se encuentra en trámite y en ningún momento ha sido “cerrado”, y al efecto se cuenta con los acuerdos de 18 de octubre de 2021 y 3 de febrero de 2022, mediante los cuales, la presidente Rosario Piedra Ibarra atendió la petición de las madres, padres y familiares de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada, y también atendió las recomendaciones y comunicaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Los acuerdos a los que se refriere la CNDH como indicativo de que se está atendiendo la petición sobre Ayotzinapa son anteriores al documento del 28 de julio de 2022 que Proceso reveló en su nota periodística, es decir, la orden del general del Ejército dirigida al responsable de la Segunda Visitaduría para concluir la queja de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
También dice que se han atendido “los nuevos hechos y elementos del caso (Ayotzinapa) en los que seguimos abundando con toda seriedad y responsabilidad”, y que continuará con la investigación del expediente citado, el cual sólo se podrá concluir por alguna de las causas señaladas en las nueve fracciones del artículo 125 del Reglamento Interno.
Las nueve causas para concluir un expediente son: por no ser competencia de la Comisión Nacional para conocer de la queja planteada; por no tratarse de violaciones a derechos humanos, en cuyo caso se dará orientación jurídica al quejoso; por haberse dictado la recomendación correspondiente; por haberse enviado a la autoridad o servidor público señalado como responsable un documento de no responsabilidad; por desistimiento del quejoso; por falta de interés del quejoso en la continuación del procedimiento; por acuerdo de acumulación de expedientes; por no existir materia para seguir conociendo del expediente de queja; y por haberse solucionado el expediente de queja mediante los procedimientos de conciliación o durante el trámite respectivo.
La CNDH manifestó que está siempre en comunicación con los familiares, con quienes tienen pendiente una reunión y cuya fecha las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos “habrán de establecer”, precisamente para el seguimiento de la queja.
Subrayó que en lo que respecta a la desaparición de los 43 normalistas, no solamente tiene el deber de observar la ley sino de mantener un compromiso con los padres y madres de las víctimas, al que no habrán de faltar, de acompañarlos en su búsqueda de verdad y justicia, y por lo mismo rechazó “cualquier insinuación” que la coloque en contradicción con ese compromiso que aseguró “va más allá de la ley, es de ética y de elemental solidaridad con su causa, que es de todo el pueblo de México”.
La revista Proceso dio a conocer también el comunicado de la CNDH en su plataforma digital, y resaltó que el organismo no desmintió la existencia del documento que se obtuvo por la filtración de Guacamaya donde el militar instruyó concluir la queja de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que el expediente se encuentra en trámite y que siguen las investigaciones y las actuaciones.
De acuerdo con Proceso, como lo reconoció el GIEI en su reciente conferencia, los documentos filtrados por los hackers demuestran “un intento de exculpación de un militar detenido, el capitán José Martínez Crespo”, adscrito al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, cuando desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y detenido desde noviembre de 2020.

 

GIEI dejará el caso Ayotzinapa ante falta de acuerdos con el gobierno, adelanta Tlachinollan

El 9 de agosto, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, en conferencia en Zócalo de Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera /Archivo

Jesús Guerrero / Agencia Reforma

Chilpancingo

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya no continuará en las investigaciones sobre Ayotzinapa, advirtió el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Todo apunta que el GIEI ya no va a continuar con las investigaciones porque además de que no se han atendido sus informes, el gobierno federal no ha renovado el acuerdo internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pese a que así lo han solicitado los padres y madres de los 43 normalistas”, dijo.
El 6 de mayo de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmó un acuerdo internacional con el gobierno mexicano para la reinstalación del GIEI con el propósito de coadyuvar con las investigaciones para la búsqueda de los 43 normalistas.
En 2015, ene el gobierno de Enrique Peña Nieto, el GIEI inició sus investigaciones, en las que determinó que los 43 normalistas de Ayotzinapa no habían sido quemados en el basurero de Cocula, como lo había establecido en su “verdad histórica” el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está preso por delitos derivados de este caso.
“Desde hace meses los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han insistido con el gobierno federal para que renueve el convenio al GIEI, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta”, comentó Barrera.
Este jueves, el GIEI ofrecerá una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que dará a conocer un informe del caso Ayotzinapa.
“Todo apunta que el GIEI ya no va a poder continuar porque no hay condiciones y por las situaciones que hay sobre el Ejército que se ha empoderado más”, afirmó Barrera.
Mencionó que ahora la narrativa del Ejército es la de reivindicarse como defensores de los derechos humanos y colocar a quienes lo critican como adversarios.
“Eso en nada ayuda porque el Ejército ahora va a descalificar al GIEI, no dándole el respeto, y por eso vislumbramos que el grupo de expertos independientes van a iniciar la retirada de México”, aseguró.
El director de Tlachinollan estuvo en Chilpancingo para participar en un foro de las XII Jornadas con el tema Peritaje Antropológico, en donde habló del riesgo de que se desmantele la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
“Hay el riesgo de que se desmantele este proceso de justicia transicional que se creó en México a través del mecanismo de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa”, dijo el antropólogo en el auditorio de Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Durante su intervención, Barrera Hernández aseguró que la renuncia del Fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, se debió a las presiones que hubo de parte del Ejército porque en las investigaciones que realizó de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala se determinó la presunta responsabilidad de mandos militares.
“Desde hace tiempo hemos visto que en el gobierno federal no hay interés de renovar ese acuerdo de que permanezcan los integrantes del GIEI pese a que había ese compromiso”, reiteró.

 

El énfasis debe ponerse en el regreso paulatino de los militares a los cuarteles, plantea Tlachinollan

 

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que el matiz que gobernadores están dando a la Guardia Nacional, para que sus mandos sean civiles, es un avance.
Subrayó no obstante que el énfasis debe ponerse en regresar paulatinamente a los militares a sus cuarteles y fortalecer a las corporaciones policiacas –como recomiendan la ONU y al CIDH–, pues con el nuevo cuerpo se afianza a los soldados en las tareas de seguridad.
Lamentó que en el debate sobre la Guardia Nacional que promovió la Cámara de Diputados, se hayan excluido a los organismos civiles de derechos humanos.
Este martes 8 de enero, varios gobernadores, entre ellos Héctor Astudillo Flores de Guerrero, participaron en la primera audiencia en la Cámara de Diputados sobre la Guardia Nacional, para apoyar su integración con soldados, marinos y policías federales, con la condición de que el mando sea civil y recaiga en la Secretaría de Seguridad Pública y no en la de Defensa Nacional como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.
También rechazaron que la Guardia Nacional propuesta tenga facultades de investigación, como plantea la iniciativa presidencial, pues ésta es una tarea que corresponde al Ministerio Público.
En consulta telefónica, Barrera Hernández, ratificó que legalizar la Guardia Nacional deja la puerta abierta a la permanencia de los militares en los cuerpos de seguridad pública.
Señaló que se habla de que van a crear nuevos grupos de seguridad “desde una perspectiva militar, y creemos que en términos del modelo de seguridad, no cumple con estándares internacionales que señala Naciones Unidas y varios organismos internacionales”.
Recordó que los organismos de derechos humanos han reiterado que en gobiernos democráticos “el ejército no puede por ningún motivo suplantar a cuerpos policiales, sino, no tendrían razón de ser las corporaciones policiacas ni su función de prevenir el delito, proteger el patrimonio de las personas, su integridad física y garantizar el orden”.
Mientras los policías son agentes de atención y proximidad a la población, la formación de los soldados encuadra en la lógica de la guerra, de combatir al enemigo. En este contexto comparó el uso de soldados en actividades de seguridad pública, como un médico que atiende no sólo personas, sino a todo ser viviente, “aquí es como torcer mucho la figura de una Guardia Nacional que se quiere decir civil, con militares”.
Insistió en que con la Guardia Nacional se quiere imponer una mezcolanza, particularmente en Guerrero, donde los militares han asumido antes tareas de seguridad con una visión de contrainsurgencia, que ve a los ciudadanos organizados como rivales o enemigos, “es una visión maquiavélica de que quien actúa críticamente es un peligro para la estabilidad social”.
Advirtió que esa línea dura de usar las leyes para castigar a luchadores sociales y defensores de derechos humanos, que llevó a la cárcel a la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, actual senadora por Morena, Nestora García a la cárcel, tiene como punto de quiebre la participación del Ejército en tareas de seguridad.

No hay policía corrupto, si no que hay político corrupto

De los altos índices de violencia, que parecen incrementarse todos los días, y la corrupción de las corporaciones policiacas que argumentaron para mantener a soldados en la calles durante dos sexenios, el defensor aclaró eso es negar que la figura del policía sí se puede profesionalizar.
Aclaró que la fecha no hay un programa que verdaderamente apueste al fortalecimiento de las corporaciones policíacas, “el punto más corroído del sistema de seguridad”, sin embargo, añadió que “no hay policía corrupto, sino hay político corrupto”.
Estimó que no se puede colocar en el banquillo de los acusados sólo a policías, que sí forman parte del engranaje de la corrupción, mientras no rindan cuentas los mandos de corporaciones policías como los funcionarios de gobierno.
El defensor insistió en una reforma que devuelva la confianza a los ciudadanos en los policías.
Por otro lado, confirmó que la vía de los hechos Guardia Nacional ya está operando en Guerrero. Indicó el Ejercito comenzó a tener control de la información de seguridad, porque todos los alcaldes de la región Montaña están entregando informes diarios en el 98 batallón de Tlapa, y se reúnen semanalmente con los responsables de la seguridad municipales.
Confirmó que los organismos están excluidos del análisis de la seguridad en el nuevo gobierno “porque sabemos que es una perspectiva que  debilita gravemente al sistema de seguridad estatal, federal y va en detrimento del fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, que son parte de nuestro sistema democrático”.

 

Demandan ONG y víctimas que se ratifique la condena a los soldados que violaron a Valentina Rosendo

 

Representantes de organismos de derechos humanos y víctimas de tortura sexual exigieron que se ratifique la sentencia a los dos militares que violaron a la indígena me’ phaa Valentina Rosendo Cantú, luego de que los soldados interpusieron un recurso de apelación.
En conferencia ayer en Chilpancingo el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, Alan García dijo que la sentencia de 19 años de prisión emitida por una juez federal en contra de dos militares que violaron a Valentina Rosendo Cantú, “es relevante e histórica” y marca un “precedente importantísimo” en el país para evitar la impunidad. Los Organismos no Gubernamentales (ONG) que lo acompañaron pidieron que se ratifique.
En la conferencia de prensa estuvieron representantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, de la Asociación por lo Justo, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
Valentina Rosendo Cantú dijo que esperaba muchos años más de cárcel para los militares que la atacaron sexualmente, y no solamente los 19 que les impusieron, pero se siente satisfecha porque la sentencia marca un precedente para otras mujeres que han sido víctimas de tortura sexual.
Inés Fernández Ortega, otra víctima de tortura sexual por militares en 2002, dijo que espera que también en su caso se emita una sentencia similar a la de Valentina contra sus agresores.
El 1 de junio la juez del Juzgado Séptimo de Distrito de Chilpancingo, Iliana Fabricia Contreras Perales emitió la sentencia condenatoria contra los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca, por violación y tortura sexual contra la indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú ocurrida en 2002.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, organismo que dio seguimiento y acompaño jurídico al caso, declaró que la sentencia decretada desde un estado azotado por la impunidad y las violaciones a los derechos humanos impone límites a los abusos militares, y se establece un referente en beneficio de las mujeres víctimas de tortura sexual en el país, donde impera la impunidad y el Ejército era intocable ante sus acciones letales.

Las luchas de las guerrerenses son referentes y vitales, dice una vícima de San Salvador Atenco

La conferencia de prensa para hablar de la sentencia fue en un salón del hotel Paradise Inn de Chilpancingo, en donde Norma Jiménez, sobreviviente de tortura sexual de San Salvador Atenco, Estado de México, dijo que los casos de Valentina e Inés Fernández son referentes y vitales para que otras mujeres emprendieran su lucha por la justicia.
Mencionó el caso de las 25 mujeres detenidas y torturadas en 2006 en San Salvador Atenco que son acompañadas por cuatro organizaciones convocantes, y 17 agrupaciones solidarias que iniciaron la campaña Rompiendo el Silencio, “porque entendimos que lo que nos ocurrió no fue un hecho aislado, y nos llenó de esperanza y fortaleza”.
Por su parte, Inés Fernández Ortega, indígena me’ phaa de la comunidad de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla, quien también fue violada sexualmente por militares en 2002, pidió que en su caso también se haga justicia y que los militares que la agredieron acaben en la cárcel.
Solicitó a los asistentes que la acompañen en el proceso y que no la dejen sola, “para que mi caso llegue a la justicia”.
Valentina Rosendo hizo una reseña de todo lo que ha vivido en los 16 años de su lucha en busca de justicia, desde que en el 2002 fue violada por militares en su comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, pueblo que abandonó y tuvo que aprender el español para poder buscar justicia.
Dijo que por todo lo que ha pasado esperaba muchos más años de cárcel para los militares que la atacaron, y no solamente 19, pero aún así se siente satisfecha porque significa una base de esperanza para otras generaciones de mujeres que también han sido víctimas, e igual que ella buscan justicia.
Se quejó de que en México el gobierno nunca la escuchó, y por el contrario siempre la tachó de “mujer mentirosa”, que no quería a los militares en su comunidad porque siembra amapola. También denunció que fue víctima de hostigamiento y amenazas y por eso tuvo que buscar justicia fuera del país, “porque aquí en México no hay castigo para los militares violadores”.
Dijo que por eso hay muchas mujeres asesinadas y violadas, porque no se investiga ni castiga a los culpables, “no hay ningún hombre en la cárcel” y en seguida demandó a la juez que no libere a los militares que la violaron para que sirva de escarmiento a otros victimarios, pero también por la seguridad de ella.
Anunció que seguirá la lucha para que se haga justicia en otros casos como el de las mujeres torturadas sexualmente en San Salvador Atenco y el de Inés Fernández Ortega.
Abel Barrera mencionó que Valentina tuvo que salir del estado “porque si no aquí la mataban”, incluso en Chilpancingo en una ocasión quisieron quitarle a su hija.

La violación sexual se ha intensificado y convertido en un patrón coercitivo de amenaza hacia las mujeres: Centro Prodh

Por su parte, Gabriela Carrión, abogada del Centro Prodh, dijo que a partir del testimonio de Valentina Rosendo muchas mujeres han roto el silencio y citó que de 100 entrevistas de Amnistía Internacional en el país, 72 reconocieron haber sido víctimas de violencia sexual y a raíz de los casos de Valentina e Inés Fernández 100 mujeres se han acercado a ese organismo para denunciar lo que les pasó.
Contó que se han encontrado que son más frecuentes los casos de violación tumultuaria que las agresiones se cometen, incluso frente a sus familiares como padres e hijos, y que también la violencia se comete contra mujeres embarazadas. Dijo que la violación sexual se ha intensificado y convertido en un patrón coercitivo de amenaza hacia las mujeres.
Mientras tanto las investigaciones son nulas y a siete años de la reforma judicial no hay acciones mínimas para frenar los casos de tortura sexual, expuso.
Dijo que la sentencia por el caso de Valentina Rosendo es un primer paso para que todas las mujeres que han sido víctimas busquen justicia y haya un alto a la impunidad.
Calificó la sentencia como “relevante e histórica”, que marca un “precedente importantísimo” porque es un reconocimiento negado hace muchos años y finalmente tuvo una sanción.
Por su parte María Corina denunció que en México no hay voluntad de investigar cuando son los militares los implicados en las violaciones graves a los derechos humanos, y puso como ejemplo los casos de Valentina e Inés, “que son un precedente importante para que se sigan investigando los casos de tortura sexual cometidos en contra de las mujeres en México”.
María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional de Feminicidio explicó que la de Valentina Rosendo es una sentencia histórica porque materializa los estándares o criterios para juzgar con perspectiva de género la tortura sexual, para que la palabra de las víctimas sea fundamental para lograr la justicia. Agregó que por ello las mujeres reconocen la lucha de Valentina y de Inés.
En un boletín Tlachinollan dijo que la investigación por la violación de Valentina inició ante la justicia militar en México, donde la denuncia interpuesta no prosperó. “Por ello, luego de un largo proceso ante el Sistema Interamericano, el 31 de agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió una sentencia contra el Estado mexicano.
Añadió que este órgano ordenó a México 16 medidas de reparación, dentro de las cuales se ordenó investigar los hechos en el fuero civil y proceder a identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables, para así garantizar el acceso a la justicia de Valentina Rosendo Cantú.
“Gracias a esta y otras sentencias dictadas por la corte en 2014 México modificó parcialmente el Código de Justicia Militar (CJM), estableciéndose que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra personas civiles se investigarían en tribunales civiles”.
Sin embargo cuestionó que a pesar de ese avance la reforma sigue siendo insuficiente y, por el contrario, en diciembre de 2017 el Ejecutivo federal publicó la Ley de Seguridad Interior (LSI), la cual da mayores facultades a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, poniendo en riesgo el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.
Tlachinollan agregó en su boletín que además de abordar la responsabilidad de los militares, la sentencia de la Corte Interamericana se refiere a la violencia sexual como un acto de tortura, lo que implica que “una violación sexual puede constituir tortura aun cuando consista en un solo hecho u ocurra fuera de instalaciones estatales”.
Agregó que el tribunal concluye que la violación sexual en el presente caso implicó una violación a la integridad personal de Rosendo Cantú, constituyendo un acto de tortura.
Tlachinollan consideró que la sentencia judicial dictada por la jueza Contreras a favor de Valentina Rosendo confirma el razonamiento y la jurisprudencia asentada por el tribunal interamericano, al señalar que la violación sexual es un medio especial de tortura, pues impacta en la dignidad de las mujeres.
Sin embargo, manifestó que los sentenciados Armando Pérez Abarca y Nemesio Sierra García apelaron esa resolución y los expedientes fueron remitidos ante el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, y que el magistrado José Luis Arroyo Alcántar de este Tribunal resolverá sobre el recurso.
Concluyó que para las organizaciones participantes la lucha de Valentina y la sentencia que ha logrado sientan un precedente muy relevante para la exigencia de justicia de las mujeres de Atenco y para las demás sobrevivientes de tortura sexual en México.
Dijo que los organismos que han acompañado a Valentina Rosendo hacen un llamado respetuoso al magistrado José Luis Arroyo Alcántar, para que resuelva “conforme a derecho y de manera imparcial, tomando en cuenta todas y cada una de las pruebas que obran en la causa penal 62/2013”.
Consideró que esta “es una oportunidad histórica para seguir demostrando al mundo que México cumple con sus obligaciones internacionales, y que sí es posible garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de tortura sexual”.

 

Instalan Ejército y Policía Estatal tres bases en Ixcapuzalco tras la emboscada a la Tecampanera

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia informó que policías estatales y soldados del Ejército instalaron tres bases de operaciones en la cabecera municipal de Pedro Ascencio de Alquisiras (Ixcapuzalco), para dar seguridad a los pobladores.
En declaraciones por teléfono, Álvarez Heredia dijo que se determinó trasladar a 70 policías estatales por tierra a la cabecera municipal de Ixcapuzalco y colocar puestos de revisión, después de una denuncia hecha en redes sociales.
A la operación se sumaron soldados del Ejército que instalaron tres bases de operaciones en puntos estratégicos, uno de ellos en la carretera, que se quedarán ahí el tiempo que sea necesario para darle tranquilidad a la población, “porque es una zona difícil”.
El martes, un coordinador de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan, reportó vía telefónica que la habían emboscado presuntos miembros de la organización delictiva La Familia Michoacana en el paraje La Camila, lo que dejó un muerto y tres heridos.
El vocero del gobierno dijo que el despliegue de policías inició la noche del martes, y en la cabecera municipal los pobladores no reportaron ninguna incidencia.
Señaló que de esos supuestos hechos no hubo ninguna denuncia ante el Ministerio Público ni se reportó al 911, aunque precisó que eso “no significa que nosotros estemos diciendo que los hechos no hayan pasado”.
Informó que recorrieron clínicas de la zona, pero que no hallaron a los heridos ni se confirmó que hubiera un muerto, y exhortó a los comunitarios a que hagan las denuncias.
En un comunicado Álvarez Heredia informó que despegó de Chilpancingo un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública para hacer vuelos de reconocimiento y no registraron ningún incidente.
A partir de la primera hora de ayer, los policías estatales implementaron un operativo especial en la cabecera de Ixcapuzalco con reconocimientos dentro y fuera del municipio, y en los caminos que conducen a El Pochote, Llano de la Merced y Llano de Ixcapaneca, sin reportar incidentes. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

Convocados a las urnas hoy 2 millones 506 mil 912 electores guerrerenses

Podrán votar hoy 2 millones 506 mil 912 electores guerrerenses en 4 mil 951 casillas

Participarán como funcionarios 44 mil 559 ciudadanos. El proceso electoral 2017-2018 costará 242 millones 663 mil 744 pesos

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El domingo los guerrerenses elegirán a 28 diputados locales por el principio de Mayoría Relativa y 18 de Representación Proporcional, a 80 planillas de presidentes municipales, síndicos y regidores de entre los 8 mil 847 candidatos que registraron 14 partidos políticos que participan en el proceso electoral, de los cuales cinco son de registro estatal.
Mientras que en la elección federal se elegirá a presidente de la República y se renovarán las cámaras de senadores y diputados.
Para las tres elecciones federales y dos locales se instalarán en Guerrero 4 mil 951 casillas únicas, en cada una habrá un presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales, en total 44 mil 559 funcionarios electorales.
Los ciudadanos podrán acudir a las urnas a emitir su voto desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y en 50 metros a la redonda de las casillas ya no debe estar visible ningún tipo de propaganda política a ninguno de los cargos.
Sin embargo, en las casillas en las que a las 6 de la tarde haya aún personas formadas para votar se esperará a que emitan su sufragio. En algunos casos principalmente en los lugares donde hay pocos electores ha ocurrido que la votación concluye horas antes de las 6 de la tarde, entonces se procede al conteo y traslado de los paquetes electorales a los comités distritales.
El INE realizará en esta jornada electoral una prueba piloto que establece la instalación de casillas especiales en hospitales, una por cada entidad federativa, en Guerrero se instalará en Chilpancingo en el Hospital Dr. Raymundo Abarca Alarcón.
Esta es la primera elección concandidatos sin partido, sólo nueve consiguieron el registro a candidaturas independientes de los cuales siete buscan las alcaldías de Atoyac de Alvarez, Juan R. Escudero, Benito Juárez, Ometepec, Iguala, Huamuxtitlán e Iliatenco, así como a los distritos 02 y 10.
Otra de las características de esta elección es que hay reelección. 36 de los candidatos buscan reelegirse en el cargo, de los cuales 4 son diputados propietarios, 18 presidentes municipales y un alcalde suplente; 11 regidores, 5 propietarios y 6 suplentes; y 2 síndicos propietarios.
De acuerdo la lista nominal del INE el domingo podrán votar 2 millones 506 mil 912 guerrerenses, de los cuales 1 millón 194 mil 119 son hombres que representa el 47.63 por ciento y 1 millón 312 mil 793 son mujeres que representan el 52.37 por ciento.
Para la elección a diputados locales y ayuntamientos se imprimieron 5 millones 302 mil 746 boletas electorales.
Para la elección para renovar al Congreso se imprimieron 2 millones 673 mil 812 boletas y 2 millones 628 mil 934 para ayuntamientos; no se imprimieron para Ayutla de los Libres porque en ese municipios el gobierno se elegirá por sistema normativos internos de usos y costumbres en una asamblea que se realizará el 15 de julio próximo.
El municipio en el que participarán mayor número de electores es Acapulco en el que hay 620 mil 475, que contrasta con Atlamajalcingo del Monte donde podrán participar 4 mil 431 electores.
En la contienda participan nueve partidos de registro nacional: PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC, Morena, Panal, y PES, y cinco locales: Impulso Humanista de Gue-rrero, Partido Socialista de Guerrero, Coincidencia Guerrerense, Partido del Pueblo de Guerrero y Partido Socialista de México.
Las prerrogativas para los partidos políticos suman un total de 163 millones 822 mil 644: para el PRI se etiquetaron 41 millones 212 mil 531; el PRD 37 millones 53 mil 842; Movimiento Ciudadano, 15 millones 405 mil 547; el PVEM recibió 12 millones 693 mil 998; el PAN, 12 millones 372 mil 143; el Partido del Trabajo, 11 millones 393 mil 457; Morena, 10 millones 66 mil 438 y 3 millones 266 mil 993 cada uno de los partidos estatales, así como 735 mil 730 para las candidaturas independientes.
En total el proceso electoral 2017-2018 costará 242 millones 663 mil 744 pesos.
La coalición Transformando Guerrero de PRI y PVEM registró candidatos en 28 distritos electorales y a 40 candidatos a alcalde; Por Guerrero al Frente (PRD, MC y PAN) registró a 27 candidatos a diputados locales y 53 alcaldes; y Juntos Haremos Historia de Morena y PES registraron a 19 distritos electorales y 59  ayuntamientos.
También se realizaron 450 sustituciones, la región Norte es en la que más hubo con 115, seguido de la Costa Chica donde hubo 82, en Centro fueron 76, y en Acapulco, Tierra Caliente, Costa Grande, Montaña hubo 52, 40, 39 y 39.

Llaman presidentes del INE y el IEPC  a los ciudadanos  a votar sin miedo
y libremente

Dagoberto Santos propone además castigar en las urnas a partidos que hayan comprado el sufragio

Los presidentes del Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE), Dagoberto Santos Trigo, y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta, llamaron a votar sin miedo, de manera libre y contra los partidos que hayan intentado comprar o condicionar su voto.
A los partidos políticos, a candidatos y a sus simpatizantes, pidieron respetar “la legalidad y la normativa electoral, y que su conducta sea en estricto apego al derecho electoral, para que el voto sea libre”.
En consulta telefónica, Dagoberto Santos llamó a los ciudadanos a “salir a votar sin miedo, a votar por quien quieran, por quien se les de su gana”, porque aseguró que las condiciones están dadas para que los votos sean contados de manera confiable.
El presidente del INE en Guerrero afirmó que tienen el compromiso de que todas las casillas sean instaladas a tiempo, tendrán el material necesario, y los funcionarios recibirán los votos, contarán y llenarán los documentos como de debe de hacer ante el escrutinio público, porque su trabajo será ante los electores.
Llamó a acudir a las urnas a votar, “que tengan la seguridad de que no les va a pasar absolutamente nada, es el momento de escoger con responsabilidad a nuestros gobernantes, y ese voto puede ser un castigo si es que no les gustó el partido que gobierna, o confirmarlo en caso de que el partido haya hecho buen papel, es la herramienta que tiene el ciudadano”.
Llamó a los electores a no votar por partidos políticos que les han ofrecido dinero a cambio de su voto, indicó que eso es lucrar con la miseria, “les aconsejaría que no votaran por ellos”, recordó que pueden denunciar cualquier acto de compra de votos ante los funcionarios electorales que estarán en cada Mesa Directiva de casilla, para que ellos reporten el hecho al Ministerio Público, que estará permanentemente en las oficinas del INE.
Nazarín Vargas llamó a utilizar el medio que tenemos para “resolver el problema” del estado y del país, “esperamos un voto libre, razonado, sin coacción”.
Recordó que hay un espacio físico en el que los ciudadanos estarán solos y sin ninguna presión, “en la secrecía se tienen todas las condiciones para tener un voto libre”.
El consejero presidente del IEPC llamó a los partidos políticos, a los candidatos y a sus simpatizantes a respetar “la legalidad y la normativa electoral y que su conducta sea en estricto apego al derecho electoral, para que el voto sea libre”. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).

Se declara el GCG en sesión permanente  para vigilar el proceso electoral de hoy

Habrá un despliegue especial para los “focos rojos” que se deben de atender con prioridad, informa el vocero Roberto Álvarez Heredia

Redacción

Chilpancingo

El grupo de Coordinación Guerrero (GCG), se declaró en sesión permanente de seguridad para vigilar y atender los incidentes que se pudieran registrar durante la jornada electoral de hoy, domingo.
A las 9 de la mañana de este sábado, en la Sala de Gabinete de Casa Guerrero, el gobernador, Héctor Astudillo Flores encabezó la reunión a la que asistieron mandos de la Secretaría de Marina y del Ejército.
En declaraciones vía telefónica, el vocero en Materia de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia informó que en la mesa de trabajo se planteó un operativo especial para los “focos rojos” que se deben de atender con prioridad.
Detalló que se plantea enviar más policías a la región Norte, principalmente a la comunidad de Ixcapuzalco, así como al corredor de Tixtla- Chilapa, a la sierra en el tramo Chilpancingo-Yextla, y a la Costa Chica, de Ayutla a Cuajinicuilapa.
Recordó que en esta jornada electoral soldados del Ejército y Marina permanecerán acuartelados durante el desarrollo de las elecciones, y sólo tendrán permitido salir cuando se solicite una ayuda especifica, agregó que, desde el sábado salían de la sierra de Eduardo Neri- Heliodoro Castillo y regresarán en cuanto culmine el proceso electoral, por lo que se enviarán más policías estatales a la zona.
Durante la consulta se le preguntó sobre el posicionamiento del Frente por Guerrero, a lo que respondió el vocero que la seguridad es un asunto bien abordado y que no por un llamamiento así se estará dando, sino porque se necesita y las autoridades encargadas de seguridad determinaron brindar el apoyo necesario.
Para esta jornada se tiene prevista la participación de 12 mil agentes de la Marina, el Ejército, y las policías Federal, Estatal y municipales, pero sólo estarán activos los 8 mil 210 anunciados el viernes.
Tras la consulta, el gobierno del estado difundió un comunicado para enunciar que, en víspera de la jornada electoral, el gobernador, Héctor Astudillo Flores encabezó la reunión en la que revisó y fortaleció las acciones de seguridad para mantener la tranquilidad de los comicios en 28 distritos locales y 9 federales que abarcan 81 municipios del estado.
Se detalló que la sesión permanente incluye a las instituciones federales y estatales, así como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la delegación del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero (IEPC), ante la posibilidad que amerite su participación conforme a la ley.
En el comunicado se informa que las autoridades federales, en apoyo a las instancias electorales, han alistado un operativo conforme a la ley y que vigile el funcionamiento en las 4 mil 950 casillas de los 28 distritos.
Destaca que cumplió la entrega de la paquetería electoral al 100 por ciento, por lo que se espera que a las 8 de la mañana de este domingo se instalen todas las casillas.
En la reunión estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame; el comandante de la Octava Región Naval, Romel Eduardo Ledezma Abaroa; el comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza; el comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán Valle; el vocal Ejecutivo del INE en Guerrero, Dagoberto Santos Trigo; el presidente del IEPC del estado de Guerrero, Nazarín Vargas Armenta; el fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila; y el secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes.

Balean la casa del candidato a alcalde del PRI en Tixtla; acusa a su opositora del PRD

“Esos sucesos lamentables en este clima político electoral dan incertidumbre”, indica el candidato de la coalición que incluye también al PVEM. “Saúl Nava está haciendo un teatro”, dice la perredista Erika Alcaraz Sosa, y no descarta un auto atentado

María Avilez Rodríguez

Tixtla

El candidato a alcalde de Tixtla de la coalición PRI-PVEM, Saúl Nava Astudillo denunció que hombres armados balearon la fachada de su casa, y responsabilizó al PRD de intimidación a un día de las elecciones; en respuesta, la candidata de Por Guerrero al Frente al mismo cargo, Erika Alcaraz Sosa dijo que, “Saúl Nava está haciendo un teatro”, y no descartó un auto ataque.
En la mañana en una conferencia de prensa, Nava Astudillo dijo que interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público contra el PRD por los hechos de violencia, pero que no pedirá seguridad.
Detalló que, a las 3 de la mañana se escucharon percusiones de arma de fuego que se impactaron en las paredes de su casa, “esos sucesos lamentables en este clima político electoral dan incertidumbre, por el proceso que se vive en Tixtla”.
Saúl Nava lamentó que los sucesos de violencia sucedan, porque nada abona al clima político, ya que desde que inició su campaña la ha hecho con responsabilidad y emoción.
“Los sucesos que ocurrieron este sábado no abonan nada a la tranquilidad, me siento consternado, mi familia se asustó, yo le pido a todos los actores políticos que nos condujéramos con respeto ante el proceso electoral”, dijo.
Asimismo, acusó que el viernes durante todo el día, colaboradores de la candidata del PRD, Erika Alcaraz Sosa revisaban los carros, principalmente los que tenían propaganda de Saúl Nava, y los acosaban.
El candidato del PRI-PVEM responsabilizó de lo que le pueda pasar a él y a su familia, al equipo de Erika Alcaraz y al síndico, Víctor Hugo Romero Valencia, quien andaba por todos lados amenazando y hostigando a sus simpatizantes.
Pidió también al alcalde perredista de Tixtla, Hossein Nabor Guillén, que “saque las manos de este proceso”, que deje libre a la ciudadanía de inclinar su voto a la preferencia electoral que decida.
Nava Astudillo aseguró que el mismo sábado acudiría al MP a interponer una denuncia contra del PRD, para que iniciara la investigación.
Luego de la conferencia, el candidato mostró los cinco impactos de bala en su casa, ubicada en la calle Juan N. Álvarez del barrio de Santiago.
Por su parte, también en conferencia de prensa, Erika Alcaraz Sosa manifestó que, “me veo obligada hacer esta aclaración, porque mi nombre salió a relucir en la conferencia de prensa que dio Saúl Nava”.
Dijo que le apenaba la actitud de Saúl Nava, “no puede ser que seas un hombre tan cobarde, tan poco hombre e irresponsable, en hacer una acusación de esa índole hacia mi persona, cuando sabes perfectamente que no tengo nada que ver con ningún tipo de delincuencia”.
La candidata aseguró que actuará en contra de Nava Astudillo por haberla señalado de manera directa como responsable de un acto, “que él mismo provocó, porque a las 3 de la mañana a los domicilios comenzaron a llamar vía telefónica, de manera masiva e insistente, diciendo que Erika era sinónimo de violencia, y minutos más tarde se da el ataque, es algo ridículo y poco creíble”.
Además, informó que a las personas les están mandando mensajes que dicen que, “la gente de Erika balaceó la casa de Saúl, compañeras hay que ganar y no permitir que ganen los malos”.
Aseguró que “es un teatro que él armo para que la gente diga que Erika es la mala y voten por Saúl Nava”.
En su teléfono mostró una encuesta que indica que ella va arriba en las preferencias, por lo que aseguró que el candidato priista está desesperado porque va abajo, y a un día de la elección “quiere hacer su show para pretender levantar”.

 

 

 

Recorrieron policías y militares la sierra, informan vecinos de la zona azotados por la violencia

Ayer policías del estado y militares recorrieron en conjunto caminos rurales de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Heliodoro Castillo (Tlacotepec) luego de la violencia que mantiene cerradas escuelas y hospitales en esa zona amapolera, informaron autoridades del gobierno del estado.
El sitio de Urvan que se dirigen a Tlacotepec de la Unión de Transportistas de Heliodoro Castillo en la capital cumplió 12 días sin reanudar servicio de transporte público, mientras que en las comunidades que no tenían energía eléctrica porque la cortó un grupo criminal, ya se restableció el servicio.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia en un boletín de prensa la tarde de ayer, indicó que desde las primeras horas se trasladaron policías y soldados para garantizar la seguridad.
“El operativo conjunto ocurre un día después de que el gobernador Héctor Astudillo Flores anunciara que soldados y policías patrullarían los caminos rurales de la sierra de Guerrero para detener las incursiones de los grupos delictivos que operan en la zona”, dice el comunicado.
En una nota del 19 de julio, El Sur informó que vecinos de varios pueblos de Heliodoro Castillo que se encuentran en la parte alta, adelante de Filo de Caballos, informaron que hay 19 pueblos que desde el 9 de junio, cuando fue atacado Izotepec, no tienen energía eléctrica ni servicio telefónico.
Las comunidades afectadas son Yextla, Izotepec, Chicahuales, Yerbasanta, Los Bajos, La Vuelta del Sur, Tiquimil, Escalerilla, Puerto la Guitarra, Pueblo Viejo, Las Juntas, Tejamanil, Campo Morado, Chilpancinguito, La Aurora, Renacimiento, Agua Zarca, La Guitarra y Puerto del Gallo.
Consultado por teléfono el presidente municipal de Heliodoro Castillo, el priista Juan Pedro Salgado Román informó que se restableció el servicio de energía eléctrica en las localidades afectadas, “ya me comuniqué con trabajadores de la CFE y dicen que ya se restableció la luz”, y agregó que ya cuentan con servicio telefónico.
Salgado Román dijo que otro de los problemas que tiene su municipio por estos hechos de violencia es el bloqueo a la carretera cerca de Corralitos, la suspensión del servicio de transporte público de Chilpancingo a Tlacotepec, el desabasto de alimentos básicos, gasolina, además de la suspensión de clases y disminuyó el servicio del Hospital Básico Comunitario de Tlacotepec.
Informó que en algunas escuelas hubo clases porque maestros viven en el municipio, y el hospital da servicio al 50 por ciento, “por los hechos que ocurrieron en Leonardo Bravo, docentes, médicos y enfermeras no subían a Tlacotepec por el temor de que pudieran ocurrir un hecho de violencia”.
El alcalde de Tlacotepec comentó que estos hechos los reportó a los funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la Secretaría de Salud para que intervengan.
“El municipio se encuentra tranquilo, sólo el asunto es en Leonardo Bravo, pero poco a poco ya se está restableciendo la circulación de la carretera Leonardo Bravo a Tlacotepec, porque hoy (ayer) llegó una camioneta de Cometra a la cabecera municipal, eso quiere decir que ya habrá paso por esa vía”, declaró.
Agregó que las Urvan de la ruta Chilpancingo-Tlacotepec continúan paradas, “desconozco cuándo van a reanudar las labores, ahí tiene que ver los transportistas, pero estaré al pendiente de este hecho”.
Un chofer de la ruta Chilpancingo-Tlacotepec dijo que ayer iban a reanudar el servicio de transporte público, pero los comisarios de la sierra de Leonardo Bravo les pidieron que reanudaran el servicio hoy, porque tendrían una reunión en la comunidad de Los Morros para abordar el tema de Seguridad.
En el sitio del transporte público de Chilpancingo a Tlacotepec se observó que estaban estacionadas dos Urvan. (Luis Blancas / Chilpancingo).

 

Iniciarán hoy recorridos policías estatales y soldados en la sierra, anuncia Astudillo

El gobernador, Héctor Astudillo Flores informó que a partir de este miércoles iniciarán los recorridos de la Policía Estatal y el Ejército en la zona serrana, donde la semana pasada grupos de civiles armados se enfrentaron a balazos.
“A partir de mañana (miércoles), habrá recorridos y habrá presencia allá en la sierra, hay que recordar que en la sierra hay una Policía Rural que son más de 200 personas”, agregó.
La mañana de este martes, al concluir la primera sesión extraordinaria del Comité Rector del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, en la Sala de la Alegría de Casa Guerrero, Astudillo Flores advirtió que el Ejército y la Policía Estatal estarán en la sierra, pero no como los habitantes quieran que estén.
“Lo que menos vamos hacer es ponernos del lado de alguien, vamos a hacer nuestro trabajo y cumplir con nuestra responsabilidad como tengamos que hacerlo”, comentó.
Este lunes más de mil vecinos de 23 pueblos de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco), Eduardo Neri (Zumpango), Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Chilpancingo, marcharon en Filo de Caballos y anunciaron la creación de la Policía Ciudadana de Autodefensa, luego de que el sábado y el lunes de la semana pasada, hubo tres asesinatos en Corralitos y uno cerca de Filo de Caballos.
En la marcha del lunes, los comisarios de la región denunciaron que la violencia que comenzó el sábado de la semana pasada en Corralitos sigue latente, y que por el abandono de los gobiernos federal y estatal, que los han dejado solos, acordaron en una reunión el viernes pasado en Carrizal de Bravo, municipio de Leonardo Bravo, asumir la defensa de sus pueblos mediante una Policía Ciudadana de Autodefensa, nombrada por los pueblos de la zona.
Ante esto el gobernador recordó que en esta zona de la sierra, de Xochipala hasta Yextla hay Policía Rural, integrada por 200 vecinos que fueron elegidos por la misma población y quienes reciben un salario del gobierno del estado, además de estar coordinados por la Policía Estatal.
Recalcó que en esta región del estado, que se ha caracterizado por la violencia de grupos del crimen organizado que disputan los territorios del trasiego de enervantes, sí hay policía, aunque el sábado, durante los enfrentamientos tardaron más de 8 horas en responder al llamado de auxilio de la población.
“Lo que sí tenemos que hacer es tener mucho cuidado para no colocarnos de ningún lado, de ninguna presión, de ningún grupo de la delincuencia”, enfatizó.
Insistió en que los problemas como el cierre del hospital comunitario y la suspensión de clases se arreglarán, aunque no todo se puede resolver de tajo, sino punto por punto.
“A mí lo que me llama la atención es que quienes están pidiendo que vaya la policía y el Ejercito, al rato no sean quienes nos estén quitando a los detenidos cuando nos los estemos trayendo, o nos estén pidiendo que nos retiremos cuando estemos allá”, dijo.

 

Inédita e histórica, la condena de 19 años a militares que violaron a Valentina, dicen la ONU y ONG

 

“Inédita e histórica”, fueron los calificativos de especialistas en violencia de género, abogados, organizaciones y representantes de la ONU sobre la sentencia de una jueza de distrito con sede en Guerrero, consistente en una condena de 19 años, cinco meses y un día de prisión a los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca por tortura y violación sexual contra Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa que desde 2002 cuando fue agredida, ha mantenido una lucha en busca de justicia.
En la sede del Club de Periodistas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Valentina estuvo acompañada por Alda Facio Montejo, integrante del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer en la Ley y en la Práctica, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
También estuvieron Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Tania Reneaum Panszi directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Santiago Aguirre Espinoza subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y Vidulfo Rosales Sierra abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El caso fue acompañado por estas dos últimas dos organizaciones y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (Cejil).
“Lo que siempre quise es que se sancionara a los responsables, quería justicia y por eso nunca dejé de alzar la voz. Estoy preparada para ayudar a otras mujeres que también sufren violaciones por parte del gobierno”, expresó Valentina Rosendo.
El 1 de junio la jueza Fabricia Contreras Perales, titular del juzgado Séptimo de Distrito en Guerrero emitió el fallo, notificado la semana pasada a los abogados de las organizaciones de derechos humanos que llevan la defensa.
Vidulfo Rosales detalló que “esta sentencia hace un estudio de los delitos de tortura y violación sexual contra Rosendo Cantú, (ocurrida) el 16 de febrero de 2002, cuando elementos del Ejército mexicano se encontraban realizando labores de seguridad pública en aquella zona indígena me’phaa, en el municipio de Acatepec, Guerrero”.
Producto de esta violación, continuó, Valentina “emprendió una larga lucha para acceder a la justicia, a los servicios médicos, que en todos eso años le fueron negados. Su caso fue llevado al fuero militar por incompetencia. En aquel tiempo se consideraba que los delitos cometidos por militares en el ejercicio de funciones se llevaban por el fuero militar. Ahí permaneció su caso”.
“Llevamos el caso al Sistema Interamericano en el año 2005. Hasta el año 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) conoció el mismo. En agosto de ese año se dio la sentencia correspondiente contra el Estado mexicano (…) hay varias medidas de reparación e investigación, una es sancionar a los responsables de este delito de tortura y violación en agravio de Valentina. Es apenas que la juez séptima dicta la sentencia correspondiente, condenando a dos elementos del Ejército con 19 años, cinco meses y un día”.
Abogados y acompañantes de Valentina aclararon que por tratarse de una sentencia en primera instancia los inculpados pueden apelar y que, de hecho, uno de ellos ya lo hizo.
“Llamamos a estar atentos al desarrollo de este caso, pues las pruebas y los testimonios son contundentes. La sentencia sienta un precedente importante por la ordenanza proveniente de la Corte Interamericana, aunque no sienta jurisprudencia, sí es un avance en el cumplimiento de las sentencias”, expuso Santiago Aguirre, del Centro Prodh.

El gobierno nunca investigó

Valentina Rosendo Cantú tenía 17 años cuando fue violada. Ella lavaba ropa en un arroyo en el municipio de Acatepec. “Después de un largo camino salió a la luz su verdad”, dijo Valentina en la conferencia al recordar que cuando fue atacada denunció el caso ante las autoridades, pero no recibió ayuda.
La mujer me’phaa que acudió a la capital del país desde la zona de La Montaña de Guerrero dio su testimonio y contó cómo se sentía tras un largo proceso de 16 años en búsqueda de justicia.
Señaló que fue “un largo camino” pero “un día salió la verdad en mi gobierno, mi pueblo. En todo México toqué puertas porque nunca me creyeron. Siempre el gobierno me puso muchas trabas para llegar a donde hoy estoy. Demostré al gobierno que nunca investigó. Esto comprueba que siempre dije la verdad, pero el gobierno no me creía”.
“No nada más es mi lucha, sino que también esto va a favorecer a muchas mujeres, porque los militares que agreden y violan a las mujeres nunca se han castigado”.
Valentina relató que tuvo que aprender a hablar español y enfrentar la negativa de justicia, soportar que no creyeran sus acusaciones, sufrir discriminación por ser pobre, mujer, indígena y hablante de una lengua originaria.
“Yo salí de México para buscar justicia en otro país, ahí donde fui escuchada, donde sí me creyeron. Desde siempre he dicho la verdad, no como los militares, que después de que puse mi denuncia fueron a mi pueblo a ofrecerme dinero para que dejara de seguir señalando que fueron ellos los que me agredieron y yo nunca quise dinero, siempre quise que se castigara a los responsables”.
Valentina manifestó también que “está feliz” y confía en que la justicia “llegue por fin”, pues es consciente que los dos militares inculpados, quienes se encuentran en prisión preventiva, pueden apelar la sentencia de la jueza.

Fallo reconoce discriminación hacia indígenas, dice la ONU-DH

El representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab dijo que “este momento marca una nueva forma de cómo el poder Judicial está realmente actuando, tomando en cuenta estándares internacionales para poder juzgar a militares. El poder Judicial sí puede contribuir a cambiar la realidad de este país”.
La sentencia, consideró, “es una contribución contra la impunidad, ya que reconoce múltiples formas de discriminación estructural. Es una importante lucha la de Valentina y sus representantes. Se trata de una sentencia muy relevante que cita estándares internacionales, reconoce las múltiples dimensiones de discriminación hacia mujeres indígenas en un contexto, como lo dice la sentencia, de desigualdad estructural y asimetría de poder, de abuso militar contra la víctima civil”.
“Es la primera sentencia en la que se determina una responsabilidad penal sobre la base de una sentencia previamente dictada por la Corte Interamericana. Eso es muy importante”, insistió.
El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre recordó que los casos llegan a instancias internacionales “porque las víctimas no han encontrado justicia en México”.
Sin embargo, “ninguno de los casos donde la Corte Interamericana ha sentenciado a México, se ha cumplido del todo. La impunidad en México es tan fuerte que no la han logrado desestructurar, salvo en este caso, y por eso celebramos esta lucha de más de 15 años de Valentina Rosendo. Esa es la relevancia de esta sentencia”.

 

Se reanudaron ayer los ataques desde los cerros a Izotepec tras la salida del Ejército, informan vecinos

Zacarías Cervantes y Luis Blancas

Chilpancingo

Vecinos de la comunidad serrana Izotepec, municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), denunciaron que la mañana de ayer se reanudaron los tiroteos desde los cerros hacia el pueblo, luego de que el miércoles se fueron de la zona soldados del Ejército y policías estatales que llegaron luego de los ataques del sábado.
Vía telefónica los pobladores informaron que ayer seguían sin energía eléctrica y sin servicio telefónico 10 pueblos de esa área de la sierra. El sitio de Urvan que se dirige a Tlacotepec desde Chilpancingo continúa sin reanudar el transporte público, suspendido desde el sábado tras los enfrentamientos en esa zona amapolera.
Además seguían cerradas las escuelas y el hospital básico comunitario de Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo, donde hubo enfrentamientos entre dos grupos de la delincuencia organizada el sábado y el martes.
Esta no es una situación menor, el hospital tiene 800 metros cuadrados, seis consultorios, 13 médicos, dos pediatras, 14 enfermeras, 13 enfermeras generales y dos cirujanos, y atiende a vecinos de otras poblaciones.
Algunos de los habitantes de los pueblos de Heliodoro Castillo que abandonaron las localidades por la violencia denunciaron que ayer se reanudaron los tiroteos, según les informaron vía radio sus familiares que se quedaron en Izotepec.
Contaron que los militares y policías estatales llegaron el lunes a Izotepec tras el enfrentamiento del sábado, pero después del mediodía del miércoles abandonaron la zona y ayer en la mañana reanudaron las hostilidades contra la población.
Una de las desplazadas envió a El Sur un audio grabado de los radios de comunicación con los que se comunican los hombres armados, y un video en el que observa a un hombre muerto.
Los hombres armados con vestimenta tipo militar y encapuchados que rodean el cuerpo se burlan del cadáver y con los pies lo voltean, “ya está bien tieso el mierda”, se escucha que dice alguien.
Sin embargo las fuentes no confirmaron que haya habido algún muerto a raíz de los tiroteos de ayer ni de los días anteriores en Izotepec.
Asimismo, en los audios que enviaron ayer se escucha que los hombres armados se comunican, se dan instrucciones y se coordinan vía radio.
“Los tenemos bien rodeados, de aquí para Tlaco (Tlacotepec) pura gente nuestra. Si quieren pedos tenemos a los policías en la mira, ahorita les vamos a tirar a los policías, a los guachos (soldados) no, los estamos viendo, están dando vueltas”, se escucha en uno de tres audios que enviaron.
Se entiende que los hombres armados desde los cerros mantienen bajo vigilancia al pueblo y tenían en la mira a los policías y militares que habían llegado el lunes, que se retiraron el miércoles en la tarde.
En el segundo audio se escucha: “A los guachos déjenlos, con los militares no tenemos pedos, pero si también quieren también se les va a dar, pero ahorita nomás denle a los otros cuando los tengan en la pura mira”.
En el tercer audio se escucha: “Denles a los escopetudos, chéquenlos bien, cuando los tengan en la mira denles duro. No, pensé que eran de aquellos, y yo dije ahorita les vamos a quitar el sueño pero no”.
La fuente informó que por el asedio del grupo criminal que se mantiene desde el sábado pasado, al menos 10 pueblos siguen sin energía eléctrica y sin servicio telefónico a pesar de que han solicitado insistentemente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que vaya a reparar las cuchillas que fueron dañadas por los sicarios.
Agregó que la respuesta de la CFE y de la empresa telefónica es que no existen garantías de seguridad para que el personal suba a restaurar el servicio.
Los pueblos más grandes que seguían sin servicio ayer son Yextla, Izotepec, Yerbasanta, Los Bajos, Vuelta del Sur, Escalerillas, Puerto la Guitarra y Pueblo Viejo.
Además en los pueblos de la parte baja, como Filo de Caballos, Carrizal, Campo de Aviación, Corralitos y La Laguna, ayer no se habían reabierto las escuelas y las clases seguían suspendidas desde el lunes.
Tampoco el hospital básico comunitario de Filo de Caballos había reanudado sus actividades, informó vía telefónica uno de los habitantes.
En la localidad de Corralitos el sábado de la semana pasada ocurrió un enfrentamiento que dejó tres muertos y el martes ocurrió otro cerca de Filo de Caballos con un asesinado que fue encontrado dentro de una camioneta clonada para aparentar que era de militares.

Cumple cinco días suspendido el transporte público de Chilpancingo a Tlacotepec

El sitio de Urvan de la Unión de Transportistas de Heliodoro Castillo ubicado en la colonia Morelos en Chilpancingo sigue sin reanudar el servicio de transporte público, cerró debido a los ataques del sábado en la comunidad Corralitos que se extendieron el martes a Filo de Caballos, en la sierra de Chichihualco.
El sábado luego de un enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada en la localidad Corralitos, los transportistas suspendieron el servicio para proteger su integridad y la de los pasajeros porque transitan por esa comunidad.
Ayer se observó que se estaban abandonadas las instalaciones, no había Urvan ni choferes, había basura en el piso y afuera sólo estaba estacionada una Urvan de esa ruta.
El 10 de septiembre del año pasado un chofer ejecutado a balazos y una Urvan incendiada fue el saldo de un ataque de un comando al sitio, entonces cerraron durante 10 días.