Etiqueta: Estados Unidos

Deportan 39.26% más guerrerenses de EU de enero a mayo de este año que en el mismo periodo de 2017

La deportación de guerrerenses de Estados Unidos de enero a mayo de 2018 ha aumentado 39.26 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En los primeros cinco meses de 2018, hubo 6 mil 125 guerrerenses deportados del país vecino del norte, mientras que en el mismo periodo de 2017 fueron 4 mil 398 guerrerenses deportados.
Los municipios de origen que más reportan los migrantes del estado en el 2018 son Acapulco (603), Tlapa (331), Chilapa (297), Chilpancingo (247) y General Canuto Neri (214).
El municipio de la zona Norte, General Canuto Neri (Acapetlahuaya), y los de la Montaña, Tlapa y Chilapa, reportan un aumento porcentual en la deportación de sus habitantes del 303, 96 y 162 por ciento respectivamente.
Acapulco se ubica en el décimo segundo lugar nacional.
Los datos que se encuentran en la página web de la Unidad de Política Migratoria de la Segob tienen fecha de corte hasta mayo pasado. El municipio de origen de los mexicanos deportados sólo se reporta a partir de 2016.
En los primeros cinco meses de 2018 se reportan 5 mil 196 hombres y 929 mujeres guerrerenses deportados, que suman 6 mil 125 personas; mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 3 mil 733 hombres y 665 mujeres guerrerenses, es decir 4 mil 398.
Mil 727 migrantes es la diferencia entre los dos periodos, lo que resulta en un aumento de 39.26 por ciento en la deportación de guerrerenses de Estados Unidos.
Respecto a los municipios de origen, existen diferencias y similitudes entre 2017 y 2018.
Tanto para 2017 como 2018 Acapulco se mantiene en primer lugar estatal con 623 y 603 deportaciones. En lo que va del año, el puerto ocupa el décimo segundo lugar a nivel nacional entre los municipios con mayor número de habitantes deportados. El primer lugar es la ciudad fronteriza y capital del estado de Baja California, Mexicali, con 3 mil 775 migrantes deportados.
Acapulco tiene una población de 810 mil 669 habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los cuales 93 mil 513 viven en condiciones de pobreza extrema, lo cual la convierte en el municipio de México con más habitantes en esa situación, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Hasta mayo se habían contabilizado 376 homicidios dolosos en el puerto, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
En 2017 el segundo lugar fue para Chilpancingo con 245 deportados que mencionaron a la capital del estado como su municipio de origen, mientras que para 2018 se reportan sólo dos más, 247 deportados, cifra que lo ubica en cuarto lugar.
El Inegi señala que la capital del estado tiene una población de 273 mil 106 habitantes y 103 asesinatos ha contabilizado el SESNSP.
Tlapa se ubicó en tercer lugar en 2017, con 169 migrantes deportados, mientras que para este año la cifra subió a 331, que lo ubica en segundo lugar y que representa un aumento del 96 por ciento. El Inegi reporta 87 mil 967 habitantes para este municipio, de los cuales el 27.5 por ciento viven en condiciones de pobreza.
Iguala fue cuarto lugar en los primeros cinco meses del año pasado, con 133 deportados, cifra similar a los 132 deportados que se reportan este año y que lo posicionan en un lejano décimo segundo lugar estatal. Su población es de 151 mil 660 habitantes, y 60 homicidios están contabilizados.
En 2017, el quinto lugar lo ocupaba Tlacoachistlahuaca, municipio de la Costa Chica, con 123 deportados, cifra inferior a los que reporta de enero a mayo de este año que sube a 174 deportados, pero que se posiciona en el noveno lugar y representa un aumento del 41.47 por ciento en la deportación de sus habitantes.
Su población total es de 22 mil 771 habitantes, de los cuales el 65.4 por ciento vive en condiciones de pobreza extrema, porcentaje que lo posiciona en el séptimo lugar estatal.
Respecto a los otros municipios de origen con mayor número de deportados en el presente año, Chilapa se posiciona en el tercer lugar con 297 migrantes, mientras que en los primeros cinco meses de 2017 fueron sólo 113 migrantes, cifra que lo ubicó en quinto lugar, es decir un aumento de 162 por ciento.
Su población es de 129 mil 867, y en los primeros cinco meses de este año se reportaron 45 homicidios dolosos en este municipio.
En 2018, el quinto lugar lo ocupa el municipio de General Canuto Neri (Acapetlahuaya) con 214 habitantes deportados de Estados Unidos, cifra que representa un aumento porcentual de 303 por ciento respecto al periodo comparado de 2017 cuando se deportó a 53 vecinos de ese municipio.
Su población es de apenas 5 mil 780 habitantes, de los cuales el 33.8 por ciento vive en condiciones de pobreza extrema.

 

Entrega la Semai visas para que 32 padres visiten a migrantes en EU

La Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales en el estado (Semai) entregó 32 visas con vigencia de 10 años, a padres de migrantes en Estados Unidos que no pueden regresar porque son indocumentados.
El programa Uniendo Corazones, que inició la actual administración, entregó por segundo año consecutivos las visas a padres de inmigrantes que, en algunos casos tienen 30 años sin verse.
Los adultos mayores pudieron obtener las visas con pocos documentos con la intervención de la Semai, para que el gobierno del estado funja como aval de que regresarán al país después de visitar a sus familiares.
En este programa, los inmigrantes que viven en Estados Unidos son responsables de pagar el trámite ante el consulado del país del norte en México, así como los pasajes de avión de ida y vuelta, mientras que el gobierno del estado se encarga únicamente de pagar los pasajes de los 32 beneficiarios a la Ciudad de México, donde tomarán el vuelo que los llevará a los estados donde están sus hijos.
De los 32 padres que visitarán este verano a sus familiares, 19 llegarán a California y otros 13 a Nevada, para permanecer en compañía de sus familiares 15 días en el país.
Los primeros llegarán el 5 de agosto a Santa Ana, California, donde los recibirán en Casa Guerrero, y se encontrarán con sus familiares y representantes de los clubes que los inscribieron.
La entrega de los visados fue en las oficinas de la Secretaría, donde se improvisó una reunión que encabezó el titular de la Semai, Fabián Morales Marchán, quien intercambió las experiencias de las madres que por fin lograron obtener el documento migratorio obligatorio para ingresar a aquel país.
Entre risas y lágrimas de alegría, los beneficiarios, en su mayoría mujeres, relataron el buen trato del cónsul quien recibió a cada uno de los padres que visitarán a sus hijos y que desde hace 30 o 20 años no han podido ver.
“A mi mamá se le olvidaba a que íbamos, (porque es una adulta mayor), pero respondía todo lo que preguntaban, ya hasta el final la abracé para felicitarla porque le habían aprobado el trámite, y lloró de la alegría”, relató una de las asistentes.
El año pasado, cuando arrancó el programa, fueron entregadas 34 visas para padres que visitaron a sus hijos; 16 de ellos en Chicago, Ilinois, y 18 más en Los Ángeles, California, durante noviembre. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

No reconoce el gobierno la importancia de las remesas que envían migrantes de EU, reprochan

Representantes de migrantes en Estados Unidos declararon vía telefónica que las remesas que envían de ese país son, en efecto, mayores que los ingresos por turismo y minería en el estado, pero que el gobierno del estado no le da un reconocimiento igual al de las otras actividades económicas.
En la edición del domingo, El Sur publicó que las remesas que envían a Guerrero de Estados Unidos los trabajadores migrantes, equivalen a 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, en promedio desde 2003, de acuerdo con el Banco de México (Banxico), cifra superior a lo que generan la hospedería y alimentos, la agricultura y la minería.
Consultado vía telefónica, el representante de los clubes de migrantes radicados en Estados Unidos, y coordinador desde hace siete años de una asociación de guerrerenses radicados en Dallas, Texas, Jaime Damián Jiménez informó que las remesas ayudan a mantener muchas regiones del estado, sobre todo en la economía familiar, pero se quejó de que las autoridades guerrerense no toman en cuenta estos ingresos, como lo hace con el turismo y la minería.
Agregó que, muchas veces sus familiares, con los recursos que envían, encuentran trabajo o instalan algún negocio para tener ingresos permanentes, mientras que otros, de sus remesas ayudan al desarrollo y la instalación de servicios en sus comunidades, pero que las autoridades estatales no toman en cuenta esas inversiones menores.
Dijo que, por ejemplo, hay un gran número de migrantes de la región de Tierra Caliente y de otros estados que viven de las remesas. “Esos apoyos van encaminados a los migrantes de las regiones que salieron del estado de Guerrero”, explicó.
Añadió que también son los migrantes los que ayudan a sus familiares en México a establecer los contactos para tener créditos en las financieras, porque la intención es que las remesas ayuden a las familias y a mantener la economía del estado.
El representante de los migrantes dijo que, con la remesas el gobierno del estado tiene un beneficio que supera, efectivamente, al sector del turismo pero que aun siendo estos ingresos mayores que el turismo, el gobierno da prioridad a éste.
Agregó que las remesas se ven en la educación, en la manutención de las familias y en la contribución de los clubes que apoyan con programas sociales, “y de esa manera es palpable el desarrollo, por las remesas en los estados del norte y del estado, sobre todo”, dijo.
Agregó que, por ejemplo, mediante el programa 3 por 3, que impacta en sus comunidades de origen, ayudan a mantener la economía del estado.
Otro de los dirigentes de migrantes, Daniel Méndez Osorio, radicado en Chicago, Illinois, y presidente del club en esa ciudad, dijo que en Tierra Caliente hay un gran número de migrantes que envían remesas a México encaminadas a ayudar al desarrollo de sus hijos, la educación de sus hijos y la sobrevivencia de sus familiares, y reprochó que esto no lo toman en cuenta ninguno de los tres niveles de gobierno.
“Las remesas ayudan porque existen programas del gobierno del estado y del federal para refinanciar la moneda mexicana”, dijo el representante de migrantes. Sin embargo, reprochó que el gobierno estatal no reconoce el esfuerzo de los guerrerenses para el desarrollo del estado.

 

Han sido deportados 2 mil 388 guerrerenses de Estados Unidos en lo que va del año, informa la Semai

El titular de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales en el estado, Fabián Morales Marchán informó ayer que, en lo que va del año, 2 mil 388 guerrerenses han sido deportados de Estados Unidos.
Ayer después de las 2 de la tarde, Morales Marchán encabezó una reunión con funcionarios municipales de Iguala y comisarios de diferentes comunidades, a quienes se les informó de las reglas de operación y requisitos para ingresar al programa 3 por 1.
En declaraciones a reporteros después de la reunión en la sala de Cabildo del Ayuntamiento, el secretario del Migrante dio a conocer que hasta ayer tenían un reporte de dos mil 388 guerrerenses deportados de Estados Unidos, originarios de diferentes municipios, principalmente de reciente migración.
Mencionó que en el último año de gobierno de Barack Obama, hubo más de 18 mil deportados, y el año pasado, con Donald Trump, la cifra fue de poco más de 15 mil guerrerenses expatriados, principalmente de Acapulco, que es una migración más reciente.
Explicó que principalmente están siendo deportados migrantes que se fueron recientemente a Estados Unidos, ya que a los que tienen más de 20 años, como ocurre con la migración de municipios de la zona Norte, “que es una migración más antigua, nos arraigamos más y teniendo estabilidad allá no pueden corrernos. El mayor problema es con los más recientes”.
Dio a conocer que ayer, antes de la reunión en Iguala, estuvo en la cabecera municipal de Cocula, donde entregó 129 paquetes de apoyo de auto empleo a migrantes de ocho municipios de la zona Norte que fueron deportados.
Los proyectos productivos, son cocinas económicas, herramienta para albañilería, carpintería, mecánica automotriz y de estéticas, dependiendo de los oficios que conozcan.

No entra el programa 3 por 1 en comunidades donde no hay interés de migrantes, dice

Ayer, Morales Marchán se reunión con comisarios de las comunidades de Tuxpan, Álvaro Obregón y Tonalapa del Norte, y con representantes de otras, todas pertenecientes a Iguala, para darles información sobre las reglas de operación y requisitos para ser beneficiados con el programa 3 por 1.
De Iguala dio a conocer que, de las 16 comunidades sólo tres están dentro del programa, El Naranjo, Álvaro Obregón y Coacoyula. Antes estuvo Metlapa, pero el líder que estaba al frente al comité “se cansó”, y ahora no hay un comité organizador.
Asimismo, informó que en 2017, del programa 3 por 1 se realizaron sólo 111 obras en las diferentes regiones del estado, y lamentó que hay municipios en los que no han tenido interés. Agregó que la mayoría de obras han sido en la zona Norte, donde hay más arraigo de los migrantes.
De las comunidades que no están entrando al programa, dijo, que es porque no hay mayor interés de los migrantes radicados en Estados Unidos, ya que lo gestionan ellos mismos, con la coordinación de los comisarios de sus comunidades.
A pregunta sobre la inseguridad y la violencia en el estado, Morales Marchán negó que ésta haya afectado de alguna manera a los programas que maneja la Secretaría a su cargo.

 

Anuncian activistas visita a EU para denunciar casos de ejecuciones y de tortura en Guerrero

La gira Juntos contra la Impunidad será del 2 al 12 de marzo en las ciudades de Washington y Nueva York, Estados Unidos (EU), para exponer y denunciar distintos casos de ejecuciones y de tortura en Guerrero, entre ellos el del estudiante de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes asesinado el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en los ataques que dejaron 43 normalistas desaparecidos.
Miembros de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad presidida por el obispo Raúl Vera, indicaron en conferencia de prensa este martes que en la gira difundirán casos que han litigado más de 10 años y, de ser posible harán peticiones de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya sede está en Washington.
Así será, por ejemplo, el caso de Julio César, pero también el de la masacre en la comunidad de El Charco, Ayutla, donde soldados del Ejército ejecutaron a 11 jóvenes hace 20 años. Además el expediente del activista Arturo Hernández Cardona, asesinado por el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
“Son hechos desgarradores que reflejan que el Estado mexicano usa a las fuerzas armadas para desaparecer, torturar, ejecutar. Muestras son Aguas Blancas, Tlatlaya, los 43”, expresó Elsa Avilés de la Red.
“En Guerrero hay más de 650 desaparecidos por el Ejército, es terrorismo de Estado que no para. Tenemos más de 100 mil desaparecidos en el país”, dijo en su intervención el activista Julio Mata.
“La impunidad en Guerrero ha aumentado. Ya son dos décadas de la matanza en El Charco y con la Ley de Seguridad Interior tendremos más casos similares por parte del Ejército”, alertó Julián Cruzalta.
“Es increíble que en Iguala se puede detener y asesinar a una persona que va transitando. Como familiares y víctimas de los atropellos del Estado mexicano hemos decidido iniciar la petición de admisibilidad ante la CIDH”, secundó Soledad Hernández Mena, hija de Arturo Hernández Cardona.
Los normalistas asesinados

En entrevista con El Sur Afrodita Mondragón Fontes, mamá de Julio César –el joven normalista cuyo cadáver fue hallado con el rostro desollado–, exigió que el caso sea atraído por la PGR y reclasificado.
“Se trató de una ejecución extrajudicial en la que hubo tortura, pero se calificó como homicidio doloso”, denunció con voz enérgica.
“Julio César ingresó a Ayotzinapa y, a los dos meses en la represión a los estudiantes le cortaron el rostro. No es lo mismo un balazo a ser asesinado con tanta saña. Deben ser encontrados los asesinos reales, no cualquier policía. Su muerte fue tremenda, ¿qué hizo para que lo mataran así?”.
Por su parte Cuauhtémoc y Cuitláhuac Mondragón, tíos de Julio César, condenaron “la omisión de las autoridades, ¿por qué la PGR separó los casos de los 43 desaparecidos y el de los estudiantes asesinados: Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez, debe de ser una sola investigación”.
Solicitaron que sean tipificadas la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones, “tras el tema de los 43 sabemos que no son delitos graves. Con Julio César en la segunda necropsia que efectuaron intervinieron los antropólogos-forenses argentinos y ya tenemos las pruebas de que fue torturado, y eso no se tomó en cuenta. En la investigación oficial del caso declararon personas que ni siquiera estuvieron presentes. Es plan con maña”, lamentó Cuauhtémoc Mondragón.
Tras casi cuatro años los familiares del estudiante saben lo que implica perseverar para que un caso sea esclarecido.
“Queremos que Década lo difunda en la gira porque ha sido descuidado, jurídicamente hablando. La autoridad le apuesta al olvido, te hacen perder tiempo y los trámites cansan, aunque seas familiar, es un desgaste físico y económico que te cambia la vida”, dijo Cuitláhuac. (De la corresponsalía, Ciudad de México).

 

Publican convocatoria para jornaleros migrantes de Guerrero a Estados Unidos; excluyen a mujeres

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Guerrero publicó la convocatoria Jornalero Agrícola para Estados Unidos, dirigida a campesinos que quieran viajar con permisos de trabajo a ese país en esta temporada.
En su portal oficial, la dependencia informa que hay 200 plazas disponibles, únicamente para hombres campesinos que no hayan trabajado en Estados Unidos, de manera legal o ilegal, antes de participar en el programa, que tengan de 23 a 40 años, estén casados y con hijos –se aceptará que vivan en concubinato–, tengan experiencia laboral agrícola de un año y vivan en una zona rural, este último es “obligatorio”.
Los aspirantes deberán presentar su CURP, acta de nacimiento expedida en cajero, identificación del Instituto Nacional Electoral (INE), al igual que la de su pareja, acta de nacimientos de hijos, constancia que los acredite como campesinos, certificado de estudios mínimos de primaria, comprobante de domicilio y pasaporte.
Estos deberán ser presentados en la Unidad Regional de Chilpancingo, la fecha límite es el 21 de febrero; la dependencia aclaró que es una convocatoria sólo para campesinos de Guerrero, por lo que no se aceptarán documentos de aspirantes de otros estados y, debido a que es un programa exclusivo para hombres, tampoco aceptarán mujeres.
Aunque en la convocatoria no se específica el lugar donde los campesinos laborarán, ni las empresas involucradas en el proceso, se dice que los aspirantes recibirán la información precisa en las oficinas cuando entreguen su documentación.
El 7 de febrero pasado, pobladores de la comunidad indígena de Ahuixtla, municipio de Chilapa, que se dedican a la agricultura, acudieron a la capital a denunciar que el servicio educativo en la localidad es deficiente porque los maestros no acuden de manera regular a las escuelas; también informaron que la mayoría de los hombres opta por emigrar a Estados Unidos ante la falta de empleos en Guerrero.

 

Vincula la desaparición de su hijo de EU en Palo Blanco con el asesinato de su esposo

La vecina de El Ocotito, Aída Navarrete Blanco denunció que desde el sábado no sabe de su hijo Brian Willy Rayón de 19 años, originario de Estados Unidos, luego de que fue detenido por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Palo Blanco, municipio de Chilpancingo.
Consultado al respecto el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que primero se tiene que investigar el hecho, “si es así haremos lo que nos corresponda para que regrese a la normalidad la persona a la que usted hace referencia”.
“También es muy importante decirles que el operativo (de seguridad) no solamente es para esta zona sino también de aquí hasta Acapulco, incluido Coyuca y obviamente también en todo lo que es la carretera tanta autopista como las carreteras federales, hay un operativo muy importante que traté también en mi encuentro con el presidente de la República antier por la noche”, mencionó ayer en la tarde en Zihuatanejo, al término de la colocación de la primera piedra de lo que será el edificio del Centro Regional de Rehabilitación Integral y que estará ubicado en la carretera escénica La Majahua.
Además, ayer en conferencia de prensa Navarrete Blanco dijo que la detención arbitraria de su hijo pudiera estar relacionada con el asesinato de su esposo Marcelino Anota López, que ocurrió hace seis meses, “mi esposo era policía de la organización (UPOEG) fue asesinado por sus propios compañeros”.
Informó que su esposo fue levantado en la base comunitaria de Mohoneras el 30 de mayo, y su cuerpo apareció al otro día cerca de la comunidad de Dos Caminos, “pudiera ser que la detención de mi hijo es por la muerte de mi marido, porque hace seis meses lo mato la UPOEG”.
Señaló al comandante de la UPOEG del poblado de Palo Blanco, Benito, de ser quien ordenó detener a su hijo, y después acudió a la base de la policía ciudadana de esta comunidad y de Buenavista de la Salud para pedir información de su familiar, pero le negaron ayuda.
Dijo que su hijo llegó a su casa en El Ocotito el 11 de diciembre desde Santa Ana, California, Estados Unidos, y el sábado se trasladaba a la comunidad de Petaquillas, donde vive, “pero en Palo Blanco lo bajaron del taxi y a la fecha no se sabe nada de él”.
Dijo que Willy Rayón cuando fue desaparecido llevaba dos teléfonos celulares, 2 mil pesos en efectivo y 8 mil dólares.
Informó que en Santa Ana, California, se dedica a la construcción.
Informó que no ha regresado a El Ocotito por temor a ser amenazada por los policías de la UPOEG, “tenía un hijo pequeño, tuve que sacarlo del pueblo por miedo y temor en caso de que puedan llevárselo”.
“Quiero que me entreguen a mi hijo, ¿qué si en verdad ellos son policías que cuidan el pueblo?, que no lo creo, mi hijo no tiene ninguna culpa, mi hijo acaba de llegar, yo quiero a mi hijo, las personas que lo agarraron pienso que son padres, siente el dolor porque para uno de madre es un dolor desesperante no saber nada de mi hijo”, declaró.
Navarrete Blanco comentó que le notificó a la embajada de Estados Unidos que se comunicara con la Fiscalía General del Estado y la Agencia del Ministerio Público para dar con el paradero de su hijo.
Exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores, a la Fiscalía y al presidente municipal de Chilpancingo, Jesús Tejeda Vargas, que intervengan para que liberen a su hijo Willy Rayón quien es ciudadano estadunidense.
El lunes la madre del joven informó a El Sur que la detención ocurrió el sábado cuando el joven iba de El Ocotito a la capital, según pasajeros que iban en un taxi colectivo con la víctima.

Guerrero, primer lugar en número de deportados de EU; suman 12 mil 741 en diez meses

Con 12 mil 741 deportados en 10 meses, Guerrero se ubica en el primer lugar de repatriados de Estados Unidos, de acuerdo con la estadística de la Secretaría de Gobernación (Segob) actualizada al mes de diciembre.
De acuerdo con estos datos, los guerrerenses deportados son el 9.2 por ciento de los mexicanos repatriados desde el país vecino, de las cuales, 15.1 por ciento son mujeres, y 7.7 por ciento, menores de edad.
De enero a octubre, Guerrero se ubicó entre los primeros tres sitios, con Michoacán y Oaxaca, que juntos suman 26.9 por ciento de los 134 mil 490 registros de deportación de mexicanos en lo que va del año.
Entre los menores de edad, sólo en octubre se registraron 110 casos de niños y adolescentes de 12 a 17 años de edad, de los cuáles 97 iban solos y 19 eran mujeres. De los menores de 11 años fueron ocho casos, cinco hombres y tres mujeres, dos iban solos.
Las autoridades dan cuenta de 7 mil 154 deportaciones de menores de edad en lo que va de 2017, y 14 por ciento dijeron ser originarios de Guerrero. Con Michoacán y Oaxaca suma el 34 por ciento de las repatriaciones de menores de edad.
En general, el número de guerrerenses deportados de enero a octubre de 2017, es 42 por ciento menor al del año pasado, cuando se alcanzó la cifra de 18 mil 159 repatriados en este mismo periodo.
Se confirma que las deportaciones están en descenso si consideramos que en 2016, respecto a 2015 las deportaciones de guerrerenses disminuyeron 25 por ciento. De enero a octubre de hace dos años se reportaron 14 mil 519 repatriaciones.
Respecto a 2010, durante el gobierno de Barack Obama en Estados Unidos, las deportaciones de 2017 son menores en 142 por ciento.

Viajarán a Estados Unidos 143 jornaleros en un programa piloto, anuncia la Secretaría del Trabajo

El coordinador de Movilidad Laboral del Servicio Nacional de Empleo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado, Pedro Bibiano Torres adelantó que este sábado viajarán 143 guerrerenses a campos de Florida, Estados Unidos, para trabajar como jornaleros en la cosecha de jitomate, donde ganarán de 11 a 12 dólares por hora, como parte del programa piloto de Movilidad.
Consultado en su oficina, el coordinador contó que los jornaleros permanecerán en Florida nueve meses de manera legal, “con una empresa seria”, que tiene vinculación con el Servicio Nacional de Empleo a nivel nacional.
“Es una empresa que requiere jornaleros agrícolas a través de los servicios nacionales de empleo de algunas entidades”, contó.
Abundó que de recontratación van 46 jornaleros, y que el programa piloto de Movilidad Laboral México-Estados Unidos tiene casi dos años y medio funcionando en el estado.
El reclutamiento lo llevó a cabo directamente la empresa contratadora, en agosto y septiembre.
El rango de edad para entrar a este programa piloto es de 23 a 40 años, exclusivamente para hombres.
Dijo que se va buscará incluir a mujeres como en el programa México-Canadá que incluyen a ambos sexos, pero en este momento, por ser programa piloto están iniciando sólo con hombres que entran al rango de edad y con experiencia en el campo de jornaleros agrícolas.
El coordinador abundó que principalmente salen jornaleros de Chilapa, pero que van de todas las regiones de la entidad, de Tixtla, Chilpancingo, de la zona rural de Acapulco, San Marcos, Florencio Villareal, Iguala, Taxco, Ciudad Altamirano, Tecpan de Galeana, San Jerónimo y Coyuca de Benítez, entre otros municipios.
Señaló que, de acuerdo con los contratistas el pago es por tarea, “son prácticamente a desarrollarlas en un tiempo determinado en horas… según los reportes de retorno, tenemos de la gente que ya ha estado allá contratada que fluctúa entre los 11.50 y 12 dólares más o menos por hora, trabajan 6 u 8 horas”.
El otro programa de la Secretaría es el de movilidad México-Canadá, que tiene unos 34 años, con distintos empleadores, en diferentes partes de ese país, señaló.
Al año salen en distintas temporadas de este programa unos 900 jornaleros agrícolas, principalmente de la Montaña.
“La migración es un fenómeno natural… a nosotros nos da alguna certeza que se vayan de manera legal, nosotros damos seguimiento, el acompañamiento preciso, porque así nos los indican nuestro secretario (Oscar Rangel Miravete)… de estar atentos de cualquier situación”, detalló.
Aceptó que, pese a esta movilidad legal, la migración ilegal sigue siendo elevada, aunque no precisó con números, pues dijo que no hay un control. (Beatriz García / Chilpancingo).

Hay un patrón de impunidad en el país, afirma Nestora Salgado antes de volver a EU

La ex comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García participó antes de regresar a Estados Unidos, luego de 10 días en el país, en la presentación del informe del proceso de acceso a la justicia en los asesinatos de los activistas Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola, ocurridos hace siete años en Oaxaca y que están en la impunidad, lo que afirmó que es un patrón en México.
En la presentación del informe participaron el embajador de Finlandia en México, Roy Eriksson, la mamá de Jyri, Evve Jaakkola, el esposo de Bety, Omar Esparza y los abogados Karla Micheel y David Peña, quienes denunciaron que a siete años hay impunidad en el caso.
Fue en el museo José Luis Cuevas, y fue invitada Nestora Salgado porque fue presa política y porque su proceso judicial aún no concluye.
La activista dijo que “da vergüenza que sea un patrón sistemático querernos callar, está quedando en uno más de tantos casos de impunidad el caso de otras defensoras asesinadas por defender el territorio, entonces nos damos cuenta que son los intereses de algunas personas que tienen mucho que ver y están moviendo los hilos para que no haya justicia”.
Hace siete años ocurrió el doble asesinato de Alberta Cariño Trujillo, conocida como Bety Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) en Oaxaca, y de Jyri Antero Jaakkola, observador de derechos finlandés, que estaba en ese territorio Triqui.
Ambos fueron asesinados por un grupo armado en Oaxaca el 27 de abril de 2010, mientras acompañaban una caravana de paz y observación de derechos humanos que encabezaba Bety, cuando se dirigía a la comunidad indígena de San Juan Copala.
A siete años de los hechos sus familiares y abogados, organizaciones de derechos humanos y diputadas y diputados del Parlamento Europeo mantienen su señalamiento de que no hay justicia, y el gobierno mantiene a los perpetradores en libertad. Están pendientes de ejecutar diversas órdenes de aprehensión.
Salgado señaló sobre el caso que “es la misma historia que se está repitiendo: el caso de Nestora Salgado, de muchos presos políticos. La misma historia, la misma defensa, las mismas voces que queremos levantar, que luchamos por la defensa del territorio, en defensa de la paz, se me hace tan curioso que en este patrón seamos asesinados, seamos encarcelados y con esta misma impunidad”.
Antes de que concluyera el informe, Salgado se fue al aeropuerto y aseguró que seguirá su proceso, porque aún queda pendiente su libertad absoluta. La Fiscalía General del Estado mantiene acusaciones en su contra por más de 50 secuestros.