El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, indicó que el caso de los videos difundidos, donde se ve a supuestos integrantes del crimen organizado que amenazan y golpean a transportistas de Acapulco, no fue tratado en la reunión del gabinete de seguridad de este martes.
Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, al presidente le preguntaron sobre los videos, a lo que respondió que “está muy mal” las amenazas, pero que se magnifican los temas de seguridad en el país. Afirmó que se han reducido los delitos en el país y tienen especial enfoque en la extorsión.
“No, no ese tema hoy no, tratamos otros (en la reunión). Pero sí estamos enfrentando el problema de extorsión y problemas de inseguridad. Lo que pasa es que todo lo magnifican, lo hacen muy grande. Cuando había un narcoestado manejado por (Felipe) Calderón, por (Genaro) García Luna, silencio, silencio”, dijo.
Agregó que grupos opositores a su gobierno son “hipócritas”, debido a que “callan como momias y gritan como pregoneros cuando les conviene”, en referencia a los videos difundidos.
El presidente afirmó que están en contacto constante con los transportistas y remarcó que una de sus recientes iniciativas de reforma es convertir la extorsión en un delito grave.
“Hemos estado constantemente hablando con los transportistas, constantemente. Y lo mismo existe el problema de la extorsión. Ahora una de mis iniciativas de reforma es convertir la extorsión en delito grave y vamos a seguir en eso”, mencionó.
Este lunes se difundieron en redes sociales videos donde hombres golpean y amenazan a choferes del transporte público de Acapulco. Tras la difusión, la Fiscalía General del Estado informó que ya investigan la agresión a los transportistas. (Juan Luis Altamirano Uruñuela).
En la primera reunión mensual de este año de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), los empresarios expresaron su preocupación por la extorsión y la falta de transporte público en Acapulco, derribado por amenazas, ataques y homicidios cometidos por parte de los grupos criminales.
La reunión se llevó a cabo la mañana de este martes en la Ciudad de México, y fue encabezada por el presidente de la Concanaco, Héctor Tejada Sha, con la representación de los presidentes de todos los estados del país, informó el presidente de la Canaco-Servytur en Acapulco, Alejandro Martínez Sidney.
El representante empresarial informó que en el encuentro sus compañeros de otras partes del país preguntaron por la situación que atraviesa Acapulco luego del impacto del huracán Otis, por la violencia, como el cobro de piso y la parálisis en el transporte público.
A petición del presidente de la Concanaco, Martínez Sidney dijo que explicó la situación que prevalece en la ciudad, y señaló que la falta de actuación de la Fiscalía General del Estado y resultados en las investigaciones ha generado desconfianza hacia la institución.
“Se tienen que hacer cambios profundos en la Fiscalía del Estado, tenemos una fiscal que no ha dado resultados en materia de investigación en delitos de alto impacto, como la extorsión, y los últimos asesinatos que han perjudicado a muchas familias, pero también a la imagen de Acapulco”.
Agregó que “no hay detenciones, no hay un proceso en contra de ellos (los delincuentes), y desde la Secretaría de Seguridad
Pública se están atendiendo ocho casos de extorsión contra empresas en la avenida Costera, y la Secretaría la tiene que estar haciendo de Fiscalía ya que no hay confianza en ellos, porque no hay acciones contundentes en contra los grupos que están extorsionando en Acapulco”.
El líder empresarial señaló que no hay detenciones por parte de la Fiscalía de los delincuentes que acuden a los negocios a exigir “cuotas” y reclamó que cuando se denuncia un caso, la víctima es la investigada, y no el victimario, lo que ha terminado por alejar a los empresarios y comerciantes de la Fiscalía.
“En Guerrero hay impunidad porque no hay justicia para las víctimas, porque la fiscal, Sandra Luz Baldovinos, no está dando resultados, por eso hacemos un llamado a la Comisión de Seguridad y de Gobierno del Congreso local a que citen a comparecer a la titular de la Fiscalía, y que muestre los resultados que está dando, y que el Congreso tome una determinación sobre la continuidad de la fiscal en la institución”.
A pregunta expresa sobre el aumento de la extorsión en Acapulco, Martínez Sidney respondió: “la extorsión se vino en cascada a la apertura de Acapulco después del huracán Otis. Restaurantes que estaban en plena remodelación fueron observados por gente que estaban al acecho de estos inversionistas, y el día que inauguraron ya tenían ahí la nota de la extorsión”.
Dijo que esto está inhibiendo la inversión de los empresarios en Acapulco y agudiza aún más la reactivación económica “y si la Fiscalía no está haciendo su trabajo, estos grupos van a estar por toda la ciudad haciendo de las suyas”.
La Fiscalía General del Estado en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, llevan a cabo operaciones para prevenir e inhibir delitos de extorsión a negocios y comercios ubicados en la avenida Costera.
En un comunicado, la FGE explica que el grupo integrado por la brigada de la Fiscalía y la unidad canina, recorrieron a pie desde Caleta hasta la Novena Región Naval en la colonia Icacos, entregando tarjetas y folletos con información para la prevención del delito y los números de denuncia anónima.
Indicó que también se instaló en la glorieta de La Diana un módulo de atención a la ciudadanía, donde por medio del Ministerio Público Móvil se podrán hacer denuncias de cualquier tipo.
Afirmó que la institución “impulsa” acciones que permitan dar atención y seguimiento puntual a cada una de las denuncias presentadas por la ciudadanía llevando a cabo de forma permanente el combate a la impunidad.
Finaliza el documento indicando que la denuncia es importante para combatir las conductas antisociales que dañan a las familias guerrerenses, y que en caso de ser víctima de extorsión esta dependencia en apego a sus funciones y atribuciones pone a disposición de la ciudadanía el número de denuncia anónima vía WhatsApp 747 107 4759. (Redacción).
La manta que explica por qué cerró la taquería y pozoleria Chely Foto: Argenis Salmerón
Argenis Salmerón
Familiares de un comerciante asesinado a balazos el 14 noviembre pasado, colocaron una lona afuera de su restaurante frente a la playa Tlacopanocha, para anunciar su cierre definitivo y denunciar que la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón no otorgó seguridad, a pesar que denunciaron el delito de extorsión.
En declaraciones a reporteros, la comerciante Aracely Bautista Vicente reclamó que la fiscal General, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, le recomendó, “que me fuera de Acapulco porque mi vida corría peligro”.
El negocio de venta de tacos y pozole se ubica a un costado del popular restaurante Tamales Licha, cerca de la cancha de la CROM.
Narró que su esposo fue asesinado en su presencia en su negocio, “dejando en total desamparo a su familia”.
Reprochó que ya había acudido a denunciar el delito de extorsión ante la Fiscalía Regional de Acapulco en dos ocasiones este año.
Criticó que la FGE no otorgó seguridad a su familia o al menos recorridos de la policía, afuera de su negocio que tenía 20 años funcionando, “yo pedí protección y llevé pruebas, pero no me hicieron caso”.
Indicó que el crimen ocurrió a cinco días de reactivar su negocio, luego del impacto del huracán Otis, “apenas íbamos otra vez a reactivar la economía y nos pasa esto”.
Sostuvo que la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón la citó, y en esa reunión lejos de hacerle justicia le dijo que se fuera de Acapulco.
Puntualizó que no “me queda otro remedio que irme de Acapulco con mis dos hijas y nietos”, pero exhortó a quienes han sido víctimas de la misma tragedia que denuncien y no se queden callados.
Admitió que por la delincuencia organizada la situación en Acapulco “es muy difícil”, pero dijo que tiene confianza en que cambien las cosas en el puerto.
Dijo que su esposo se llamó José Alfredo Orozco y fue atacado adentro del negocio.
“Era un negocio limpio y familiar y lamentablemente mi vida cambió y no me queda otra opción que irme de Acapulco”, concluyó.
El Vicefiscal de investigación, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, la fiscal general Sandra Luz Valdovinos Salmerón y el fiscal regional de Acapulco, Rafael Saldaña Julián en conferencia de prensa en Acapulco Foto: Jacob Morales
Jacob Morales Antonio
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que fueron abatidos dos líderes y se detuvo a siete integrantes de una célula del grupo criminal Los Rusos, que operaba en el Mercado Central, a los que responsabiliza de 34 asesinatos.
“La mayoría de sus víctimas eran de bandas contrarias”, aseguró la dependencia, y agregó que también eran esponsables de extorsionar a negocios del centro de Acapulco, generando al mes casi 2 millones de pesos en “cuotas”.
En conferencia de prensa en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Acapulco, la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón informó que la próxima semana se darán detalles sobre las detenciones e investigación del asesinato del fiscal regional de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras, ejecutado el 10 de septiembre pasado, dos días después de asumir como titular en esa región.
La fiscal dio a conocer que la noche del 28 de noviembre, agentes de la Policía Investigadora Ministerial acudieron a la colonia 20 de Noviembre para cumplimentar una orden de aprehensión, por el delito de desaparición de persona, cometida por particulares en contra de Ramiro “N”, alias El Marino y/o El Comandante 18, uno de los principales generadores de violencia en el puerto, y líderes del grupo criminal Los Rusos.
Durante esta operación los agentes fueron agredidos a balazos, repeliendo la agresión, abatiendo en el enfrentamiento a Ramiro y Francisco “N”, alias El 340, principal colaborador de El Comandante 18, sin que hubiera lesionados o bajas por parte de personal de la FGE.
En el lugar se aseguró un vehículo, armas de fuego y un machete, “destacando que la actuación del personal de la FGE se realizó con pleno respeto a los derechos humanos”.
La fiscal precisó que Ramiro era el líder de la célula que opera en el Mercado Central denominada Comandante 18, perteneciente al grupo delictivo Los Rusos, y “quienes mantienen una confrontación por el control de la zona centro del municipio de Acapulco, contra remanentes del Cártel Independiente de Acapulco (Cida)”, generado una creciente ola delictiva.
Informó que luego de labores de investigación, tanto en gabinete como en campo, el área de inteligencia supo de la existencia de la célula delictiva, conformada por al menos 50 personas, bajo el mando de Ramiro, quienes están distribuidos en su mayoría en la zona del Mercado Central, La Cima, Carabalí y 1 de Mayo, logrando identificar a algunos de sus principales integrantes, zonas de movilidad, vehículos en los que se transportan, puntos de halconeo, método de comunicación e incluso el inmueble habilitado como casa de seguridad, para la concentración de armamento y ejecución de homicidios, por desmembramiento y/o asfixia con torniquetes en el cuello.
A la fiscal se le preguntó por el número de bandas que mantiene presencia en el municipio, señalando que son tres, que se están disputando el territorio, “entre ellas, el grupo más fuerte es de Los Rusos”, que no está desarticulado porque quedan líderes prioritarios de esa organización por se capturados.
Valdovinos Salmerón afirmó que con las detención de estas personas habrá una baja en los homicidios en la zona Centro de la ciudad, Progreso, La Cima, La Laja y Alta Progreso.
Una reportera preguntó acerca de los motivos de los asesinatos y si éstos habían sido por delitos de secuestro y extorsión realizados por esta célula, “por lo general, podemos nosotros inferir, por las labores de inteligencia, que la mayoría de sus víctimas eran de bandas contrarias”.
Las víctimas de la célula Comandante 18
Valdovinos Salmerón dijo que Ramiro es “responsable de haber ordenado y participado en al menos 34 homicidios en lo que va del año, así como en la desaparición de decenas de personas”, entre éstos, los de cinco de las siete personas que fueron sacadas de un anexo en la colonia Bella Vista.
La fiscal puntualizó cada caso, en orden cronológico. El primero acontecido el 27 de enero de 2023, en la Unidad Habitacional Fovissste, donde fue localizado un hombre desmembrado, con dos cartulinas firmadas por “El Comandante 18”.
El asesinato de un hombre localizado el 1 de julio, en la calle Amates, con Carretera Federal Acapulco-Zihuatanejo, atado de pies y manos, con una bolsa de plástico blanca en la cabeza. El homicidio y la decapitación de tres hombres, cuyas cabezas fueron esparcidas el 27 de agosto en la avenida Ruiz Cortines, en la colonia La Laja, encima de tres vehículos.
Así como los homicidios de cuatro personas, el 11 de septiembre, y cuyos cuerpos desmembrados fueron dejados dentro de un taxi azul robado horas antes, modelo Versa, en la calle Lerdo de Tejada, en el Centro.
Además, dijo que los integrantes de este grupo criminal son responsables de los 17 cuerpos localizados en fosas clandestinas, en la jornada de búsqueda de desaparecidos que se realizó del 18 al 27 de septiembre, en el poblado Carabalí, a 700 metros del Parque el Veladero, donde fueron localizados, de los cuales, 16 restos fueron identificados y entregados a sus familiares.
La fiscal dijo que un cuerpo más se localizó hace poco en la misma zona, sumando en total 18 personas. Entre las víctimas estaban los cuerpos de cinco de las siete personas que fueron privadas de su libertad del centro de rehabilitación Renovación Espiritual, el 1 de septiembre, en la colonia Bella Vista.
Otro de los crímenes que cometieron los integrantes de la célula criminal, son el registrado el 27 de septiembre en la calle del Mercado, de Hogar Moderno, donde se localizó un cuerpo desmembrado dentro de costales. Así como el 1 de octubre, con las mismas características, pero en la calle 6 de Enero esquina con Chilpancingo, en La Laja.
El 14 de octubre, en la misma colonia pero sobre la avenida Ruiz Cortines, fueron localizadas dos cabezas cercenadas sobre el toldo de un taxi azul modelo Chevy, mismo que fue robado. El 24 de octubre fueron localizados los cuerpos de dos hombres asesinados, en la segunda sección de la quinta etapa Infonavit Alta Progreso, y el 22 de noviembre sobre la calle Coahuila, de la Progreso, fue localizado un hombre asesinado por asfixia con torniquete en el cuello, junto a una cartulina.
Detienen a cinco por el asesinato de un estudiante
La fiscal Valdovinos Salmerón informó que dentro de las acciones emprendidas para debilitar a este grupo delictivo, está la ocurrida el 23 de noviembre, cuando personal de la FGE, Ejército y Guardia Nacional, lograron la detención de cinco hombres en flagrancia, por el delito de homicidio calificado, cometido contra el estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero, Axel Omar.
Los detenidos, cuyas fotos presentaron, son José “N” alias El 0 y/o El Gordo; Bladimir “N”, Víctor “N”, Rene Jhosimar “N” y Kevin “N”, integrantes de la célula El Comandante 18, quienes fueron vinculados a proceso por homicidio.
La fiscal explicó que la detención ocurrió en una casa de seguridad, que quedó bajo resguardo de la FGE, ubicada en la colonia Progreso, y se localizó sin vida a Axel Omar, quien horas antes había sido privado de su libertad.
“Este inmueble era utilizado como casa de seguridad para la concentración de armamento y privar de la vida a sus víctimas, generalmente por desmembramiento y/o torniquete. Asegurando, además, armas y granadas”, indicó.
Cayeron dos por extorsión a negocios
Para el 28 de noviembre personal de la FGE logró la detención en la colonia Providencia de Samir “N”, alias El 66 y Bernabé “N”, alias El 11, a este último se le aseguró un arma. Estas personas fueron vinculadas a proceso por el delito de extorsión.
Valdovinos Salmerón señaló que el grupo delictivo realizaba cobros “de cuota por descarga, derecho de piso y supuesta seguridad a comerciantes fijos y semifijos”, principalmente en el Mercado Central, en la colonia La Cima, Carabali y 1 de Mayo.
“Lo anterior, representa un duro golpe a la estructura criminal y financiera de Los Rusos, poniendo fuera de circulación a nueve individuos, y un ingreso aproximado mensual de 2 millones de pesos”. La fiscal agregó que “con la desarticulación de dicha célula, se prevé que los homicidios efectuados con la característica que los distinguía, se reduzcan en comparación a los meses pasados”.
La fiscal estuvo acompaña del vicefiscal de Investigación, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, y el fiscal regional de Acapulco, Rafael Saldaña Julián.
Padres de familia de la secundaria 10 en Juan R Escudero (Tierra Colorada), cerraron el plantel para exigir al titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, que investigue la venta de drogas, acoso sexual, bullying y extorsión dentro del plantel educativo.
Los inconformes, desde las 6:30 de la mañana, colocaron pancartas en la entrada de la escuela: “Investigación sobre acoso y pornografía por parte de maestros y alumnos”, “destitución del director y maestros”, y “queremos justicia”. También impidieron que ingresaran los docentes, directivos y alumnos.
Detallaron que hay un alumno que amenaza y extorsiona a sus compañeros, que incluso la denuncia ya la tiene la SEG, pero no han realizado las investigaciones al respecto.
Señalaron a dos maestros: Amado y Cásar, a uno de hacer comentarios sexistas a las alumnas y el otro pidió, en una ocasión, que se quitaran la mochila y se abrieran de piernas.
Los padres de uno de los alumnos afectados contaron que la situación es “grave”, por el acoso sexual y también a su hijo lo amenazaron, diciéndole que iban a matar a sus tutores e incluso lo golpearon.
Al menor lo obligaban pagar 200 pesos diarios, para que no lo siguieran golpeando. Los mismos alumnos lo estaban extorsionando, “nos dimos cuenta del problema porque nuestro hijo nos pedía más dinero, por eso es que hablamos con él”.
Informaron que ya interpusieron una demanda contra la escuela y ante el jurídico de la SEG, por lo que no quisieron dar más detalles. Dijeron que pidieron hablar con el director, Alberto Morales Navarrete, pero no los quiso atender.
Autoridades de la SEG acudieron a la escuela para tratar de dialogar con los inconformes. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
El comandante de la 27 Zona Militar, Martín Gerardo Franco, la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández, el diputado local Carlos Cruz López, la fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el fiscal especializado de Control Regional de la FGR,Germán Adolfo Castillo, el consejero jurídico del poder Ejecutivo de Guerrero, Jorge Salgado Parra, el fiscal general de Justicia Militar, Alejandro Ramos, el comandante de la 16 Zona Naval, Héctor Rafael Solís y el alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec, en los honores a la bandera en la inauguración de la segunda sesión ordinaria 2023 de zona sureste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Foto: Brenda Escobar
Brenda Escobar
Zihuatanejo
Este viernes se llevó a cabo en Ixtapa la segunda sesión ordinaria 2023 de la zona sureste, de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la que el fiscal especializado de Control Regional, de la Fiscalía General de la República (FGR), Germán Adolfo Castillo Banuet, informó que en 2022 los delitos del fuero común más recurrentes en esta zona fueron fraude, robo o asalto y la extorsión, mientras que en ámbito federal fueron los delitos patrimoniales.
La segunda sesión ordinaria se llevó a cabo en el centro de convenciones del hotel Azul, en la zona hotelera II de Ixtapa, donde la fiscal general de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, fue la anfitriona de sus pares de los estados de Veracruz, Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Michoacán y Estado de México.
El fiscal especializado de Control Regional de la FGR, Germán Adolfo Castillo Banuet, estuvo en esta reunión, representando al titular de esta institución, Alejandro Gertz Manero, quien es el presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Castillo Banuet, en su mensaje durante el acto inaugural, mencionó algunos datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022, dada a conocer en septiembre de este año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), respecto de los cambios que se dieron de 2021 a 2022 en la percepción ciudadana de la seguridad pública y la procuración de justicia.
Dijo que en 2022, el porcentaje de la población que percibe inseguridad en su entidad subió ligeramente, de 78.8 por ciento a 79.4 por ciento, “lo cual nos compromete a trabajar más arduamente para reducir esa cifra”, al tiempo que agregó que el porcentaje de delitos denunciados aumentó de 10.1 por ciento a 10.9 por ciento, “con lo cual la cifra negra, según esta encuesta, es del 89.1 por ciento, ligeramente inferior al periodo anterior”.
Señaló que “en 2022, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 319 mil millones de pesos, es decir, 1.08 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que equivale a un promedio de 8 mil 192 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito, por eso tenemos que seguirnos coordinando todas las instituciones del estado mexicano para abatir estas consecuencias”.
Luego, dijo que en ese mismo año, según la Envipe, “se cometieron 26.8 millones de delitos asociados a 21.1 millones de víctimas, esto representa una tasa de concentración de 1.3 delitos por víctima; la incidencia delictiva es mayor en hombres para la mayoría de los delitos, no obstante, en los delitos sexuales las mujeres son más vulneradas, al contabilizarse 11 delitos sexuales cometidos a mujeres por cada delito sexual cometido a hombres”.
Castillo Banuet destacó que los delitos más recurrentes en el fuero común fueron el fraude, el robo o asalto en calle o transporte público y la extorsión, y que el robo total o parcial de vehículo ocupó el quinto lugar.
“Por ello, esta conferencia está trabajando en la actualización del convenio de colaboración para el intercambio de información sobre vehículos robados firmado en el año 2018, con la intención de contar con un instrumento que establezca mecanismos de colaboración y coordinación entre las instituciones de procuración de justicia, para fortalecer de manera permanente el suministro, intercambio y operación de los datos e información sobre vehículos robados en el Sistema Informático Nacional Interoperable, para su localización, recuperación y devolución”.
Más adelante, apuntó que en lo que se refiere a los casos de delitos federales en esta zona sureste de la conferencia, del periodo de enero de 2019 a febrero de 2023 “la incidencia delictiva es el 25 por ciento, con 15 mil 001 casos de delitos patrimoniales; 15 por ciento, con 8 mil 728 casos violación a la ley federal de Armas de fuego y Explosivo; el 12 por ciento, 7 mil 17 casos de violación a la ley de Vías Generales de Comunicación; 10 por ciento, con 5 mil 632 casos de delitos en materia de hidrocarburos; el 5 por ciento, con 2 mil 884 delitos contra la Salud y 4 por ciento con 2 mil 619 casos de violación a la ley de Migración”.
“Por ello, la Fiscalía General de la República, del total de las carpetas iniciadas en este periodo (319 mil 393) a nivel nacional, el 21 por ciento (66 mil 567) corresponde a esta zona de la conferencia, de las cuales, 12 mil 274 fueron con detenido, judicializando 5 mil 440 carpetas, que corresponde al 44 por ciento, vinculando a proceso 7 mil 640 carpetas de investigación, correspondiente a 11 mil 405 imputados, y 6 mil 747 sentenciados (6 mil 392 de ellos en procedimiento abreviado y 210 en juicio), para lo cual, en muchos casos ha contado con la colaboración y apoyo de las fiscalías estatales y las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales. A todas ellas nuestro agradecimiento”.
Contra la supresión de la prisión preventiva
Más adelante, Castillo Banuet señaló que ya entrando en materia de esta Conferencia Nacional y que “debido a las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que han resuelto inconvencional la prisión preventiva oficiosa, y que las personas juzgadoras federales están aplicando con criterios dispares, pero sobre todo en el juicio de amparo, las fiscalías estamos fortaleciendo nuestras acciones para lograr la prisión preventiva en los procesos penales, mediante la capacitación y formación continua de los agentes del Ministerio Público”.
También con “la adopción de mejores estrategias de investigación del riesgo procesal para acreditar la necesidad de cautela de los imputados, así como en la aplicación de las destrezas de litigación, para justificar esta medida cautelar, especialmente cuando los jueces se nieguen a otorgarla de manera oficiosa y sea evidente que es necesaria y proporcional”.
“Sin dejar de impulsar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el debido cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los expedientes 1 y 3 de 2003 aperturados para tal fin, a fin de evitar los excesos en que están incurriendo los juzgadores, insisto, especialmente los de amparo que otorgan la suspensión provisional con efectos restitutorios que implican, de inicio, suprimir la prisión preventiva, cuando ese tema es el fondo del juicio de amparo, y están dejando en libertad a cientos de procesados e incluso sentenciados cuya condena aun no queda firme”.
Continuó: “En ese sentido, es importante que el Pleno de la Región Centro Sur del Poder Judicial de la Federación emitió un criterio que ratifica la supremacía constitucional y que entra en colisión con el previamente emitido por el Pleno de la Región Centro Norte, y que será materia de una resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que le haremos llegar la postura de esta conferencia”.
“Sabemos que, como la tendencia es suprimir la prisión preventiva, resulta necesario promover la adopción de sistemas efectivos de control de los imputados que llevan su proceso en libertad y evitar que se evadan de la justicia, a través de pugnar porque las unidades de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, dependientes en su mayoría de los poderes ejecutivos, posean los recursos suficientes y realicen eficazmente su función de asegurar el cumplimiento de las mismas”.
Indicó que este tema requiere que la federación y las entidades federativas “inviertan en la generación de sistemas estatales de monitoreo electrónico que permitan tener supervisados a los procesados en libertad, pues hoy está siendo un negocio cooptado por empresas particulares, no siempre éticas y profesionales”.
“Otra área de oportunidad para un debido proceso es contar con mecanismos eficientes de protección de testigos de la acusación, ya que el sistema acusatorio requiere forzosamente la declaración de éstos en la audiencia del juicio oral y que lo hagan de manera eficiente para lograr la condena, y una constante en las instituciones de procuración de justicia es la carencia de estas unidades y mecanismos”.
Apuntó que en esta sesión, “la FGR abordará las mejoras a la cooperación de las fiscalías para evitar fallos judiciales desfavorables en asuntos trabajados por dos o más instituciones, ante los criterios judiciales cada día más exigentes para el Ministerio Público y más favorables para las defensas”.
Luego, hizo un reconocimiento a la fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, “quien ha obtenido recientemente sentencias favorables en casos relacionados con delitos graves que afectan a la sociedad guerrerense, así como por su compromiso con la investigación y persecución de los delitos y por la coordinación que hemos logrado”.
Enseguida aseveró: “Tengo la certeza de que quienes participamos en esta sesión nos esforzaremos para generar acciones concretas en favor de la procuración de justicia y que día a día daremos mejores resultados a las víctimas y la sociedad”.
“Finalmente, quiero expresar mis más sentidas condolencias a familiares, colegas y amigos del licenciado Fernando García Fernández, ex delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de Guerrero, así como del teniente coronel Víctor Manuel Salas Cuadras, ex fiscal regional de Tierra Caliente, quienes en fechas recientes fueron asesinados por grupos delictivos”.
Apuntó que “las instituciones de procuración de justicia lamentamos estos cobardes ataques, y nos comprometemos a esclarecer los hechos y perseguir a los responsables hasta que reciban el castigo que la ley establece”, y pidió para ellos un minuto de aplausos.
“Somos mayoría los que pretendemos el bienestar social”: fiscal
Por su parte, en su breve mensaje de bienvenida a los ahí presentes de menos de tres minutos, la fiscal Sandra Luz Valdovinos, agradeció “a Dios por la oportunidad de reunirnos en este magno evento, para materializar la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia de la zona sureste”.
“Hoy nos honran con su presencia en este auditorio y es para mí un honor y regocijo recibir a cada una y uno de ustedes en este hermoso y paradisiaco lugar del triángulo del sol, Ixtapa-Zihuatanejo, parte de nuestro estado de Guerrero, por lo que en este centro de convenciones se convertirá hoy en un recinto de encuentro entre colegas y expertos en un marco de cordialidad, camaradería y espíritu para la reconstrucción nacional”.
Prosiguió: “Abordaremos temas de importancia para la prosperidad y la armonía de nuestro México, somos mayoría los que pretendemos el bienestar social como servidores públicos, ya que tenemos una gran responsabilidad con la sociedad mexicana que se encuentra ansiosa de la seguridad y la procuración de justicia”.
Acompañaron en el presídium a la fiscal Sandra Luz Valdovinos y al fiscal especializado de Control Regional de la FGR, Germán Adolfo Castillo Banuet; el diputado local, Carlos Cruz López; el consejero jurídico del Poder Ejecutivo en Guerrero, Jorge Salgado Parra, en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; la fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Gladans.
También el fiscal general de Justicia Militar, Alejandro Ramos Flores; el comandante de la 27a Zona Militar, Martín Gerardo Franco; el comandante de la 16 Zona Naval, Héctor Rafael Solís Hernández y el alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec.
El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en las instalaciones de la Décima Segunda Región Naval de Acapulco Foto: Carlos Carbajal
Karina Contreras
El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que Guerrero ocupa el noveno lugar a nivel nacional por el delito de homicidios dolosos, al presentar 171.69 homicidios por cada 100 mil habitantes en el periodo de diciembre de 2018 a julio de 2023.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Acapulco, desde la Décimo Segunda Región Naval, Ojeda Durán informó las cifras de diez delitos, cinco con mayor frecuencia en el estado e igual número con menor incidencia de diciembre del 2018 a julio del 2023.
Añadió que de los primeros se estaba hablando de homicidio doloso, extorsión, secuestro, trata de personas y narcomenudeo; los de menos incidencia: violencia familiar, robo de transporte, robo a transportistas, feminicidio y robo a casas habitación. Expuso que en ese periodo el total de los delitos de alto impacto ponen a la entidad es el vigésimo octavo lugar a nivel nacional.
Detalló el almirante que en homicidio doloso al mes de julio van 126 casos y que es una constante por lo que ocupa el noveno lugar en el país. En el caso de la extorsión tienen registrados 14 casos en julio y en el año tienen registradas 102 y “también podemos ver que es una constante y ocupa el lugar doce”.
En el delito de secuestro, en julio va un caso y en el año ocho, por lo que la entidad ocupa el lugar 13 y va decreciendo. Mientras que en la trata de personas hay cero casos en el mes de julio y tres en lo que va del año, el cual también van bajando ocupando el lugar trece. Por su parte, en el delito de narcomenudeo, tienen registrado 58 casos y “sí es uno de los delitos que va creciendo”, por lo que se tienen 517 casos en lo que va del año; también, ocupa el lugar 19.
Mientras que en los delitos de menor incidencia están la violencia familiar, donde se han dado 319 casos en el mes de julio, va creciendo por lo que van dos mil 233 casos en lo que va del año y ocupa el lugar 27. El robo a transporte, en el mes de julio, dos casos, y en lo que va del año nueve, ocupa el lugar 27, también va decreciendo. En robo a transportistas, cero casos en el mes de julio e igual en el año por lo que ocupa el lugar 29 en el país.
Y en lo que se refiere a feminicidio, un caso en julio y siete en lo que va del año; va decreciendo y ocupa el lugar 29. Mientras que el robo a casas habitación son 40 casos en el mes de julio y este delito es una constante por lo que ocupa el lugar 31 al registrar 223 casos en lo que va del año.
El secretario de Marina explicó que Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo concentran el 61 por ciento de los delitos del estado. De los 989 delitos en la entidad, 610 se reparten en los tres municipios, donde Acapulco es el municipio con mayor incidencia delictiva con 395 delitos, seguido de Chilpancingo con 148 y Zihuatanejo con 67.
Ojeda Durán detalló que el estado de la fuerza real en Guerrero es de siete mil 681 integrantes, entre policía estatal, municipal y la policía naval, de los cuales siete mil 436 son operativos. En lo que se refiere a fuerzas federales la Secretaría de la Defensa cuenta con dos mil 382 elementos, de los cuales mil 910 son operativos; el Ejército, siete mil 244, seis mil 541 operativos; la Guardia Nacional, cuatro mil 556, de los cuales cuatro mil 100 son los operativos. En total, tanto las fuerzas federales, como las fuerzas de seguridad pública del estado operativamente hablando tenemos 19 mil 987 elementos.
El mando naval dijo que en lo que se refiere a compañías o a la construcción de las compañías de la Guardia Nacional aquí en el estado, hay 41 instalaciones: 12 compañías terminadas, 10 que están que fueron asignadas de predios de la Secretaría de la Defensa Nacional para la Guardia Nacional, una coordinación estatal en construcción, tres coordinaciones de batallón en construcción, siete compañías en construcción; también se tienen siete compañías pendientes por iniciar su construcción y una coordinación de batallón pendiente también por iniciar su construcción.
El secretario dijo que los aseguramientos en el estado son diferentes drogas como marihuana, cocaína, metanfetamina y decomiso de moneda nacional o dólares; han detenido a 2 mil 98 personas. Se han asegurado dos mil vehiculos; 51 embarcaciones; dos aeronaves y armas de fuego, cartuchos, cargadores nueve laboratorios clandestinos que fueron desmantelados. En lo que va de julio a agosto han decomisado 10 toneladas de cocaína.
En lo que se refiere a búsqueda y rescate, se han realizado 564 operaciones, de las cuales, han sido rescatadas 261 persona. En lo que se refiere a un evento que se llama Atención médica de primer contacto aquí en el estado, que se lleva a cabo por esta Secretaría de Marina en conjunto con Bienestar, con el IMSS, con el Insabi y con la Secretaría de Salud del estado, se han beneficiado a 23 mil 442 personas en 23 comunidades que se han atendido; se han dado dos mil 211 consultas; personas donde se les da pláticas de salud pública, más de ocho mil personas; y otras atenciones, casi 12 mil atenciones extras.
Restaurantes, escuelas particulares y boutiques a los alrededores del Centro de Convenciones en donde se construirá el hospital del ISSSTE Foto: Carlos Carbajal
Jacob Morales Antonio
Restaurantes, pastelerías, salones de fiestas y locales de ropa, así como casas, y edificios de departamentos, rodean la zona donde será construido el nuevo hospital del ISSSTE en el Centro de Convenciones.
Las calles del fraccionamiento Costa Azul, que colindan directamente con el área que ocuparía el nosocomio como Fernando de Magallanes y Comandante Baresford, están ocupadas principalmente por restaurantes.
Algunos de los más reconocidos son El Pinito, uno de los primeros que se colocó en la zona, Green Apple, Buzos, La Jaiba Loca, El Negro Santo, Sabor Guerrero, y hay tres complejos habitacionales en construcción.
El propietario del restaurante Green Apple, Ricardo Leyva, quien tiene 16 años con su establecimiento a un costado de la puerta cinco del complejo, dijo que no se opone a la inversión que va a dejar la obra, sino que se use parte del espacio del Centro de Convenciones para su edificación.
El asiduo lector de El Sur, dijo que su negocio se verá mermado, porque con la llegada del hospital, la zona se va a llenar de vendedores ambulantes y habrá una competencia desleal, porque él paga impuestos, nómina, renta y servicios.
Dijo que la autoridad municipal se ha visto rebasada para poner orden en las calles, y más en zonas donde hay una gran aglomeración de gente que provoca la instalación de puestos ambulantes.
Consideró que el construir el hospital en esa zona no dará oportunidad a la gente que viene de otras partes del estado la facilidad de llegar, debido a que el transporte en la zona es cara, así como los negocios que hay en la zona que están dirigido a otros sector económico.
Con la llegada de los vendedores ambulantes también llegará la delincuencia que extorsiona y que mantiene sometidos al comercio informal.
El restaurantero dijo que el problema del agua se va a agudizar en el fraccionamiento donde el agua escasea, una semana y media por mes.
Consideró que también los propietarios de casas y departamentos se verán afectados con el desplome de la plusvalía de los predios.
Ricardo Leyva consideró que el Centro de Convenciones debe de mantenerse como está, y que puede ser utilizado para reuniones y convenciones para un sector que no pueda cubrir un evento en la zona Diamante.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en la conferencia de prensa matutina en la Ciudad de México donde habló de la ley minera Foto: Agencia Reforma
Redacción
Con la iniciativa que se envió de la nueva ley minera a la Cámara de Diputados, se busca que se cuiden los recursos naturales, que se cuide el futuro de las nuevas generaciones, que no se destruya el territorio, dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando un reportero le preguntó si con dicha iniciativa no hay peligro de que se inhiba la inversión en la minería.
Explicó: “No hay ningún problema, lo que se quiere pues es que ya no se sigan entregando concesiones y que no se entreguen concesiones donde no hay agua, no hay agua para la gente, eso es una flagarante violación a derechos humanos”, indicó.
El mandatario planteó un escenario: “vamos a suponer que con esta iniciativa se fueran mitad de los concesionarios que hay en la industria minera, la mitad; o para decirlo de otra manera, que se cancelaran la mitad de las concesiones. Con esa mitad alcanzaría para explotar la industria minera más de mil años”.
Durante el periodo neoliberal entregaron concesiones a diestra y siniestra. Todavía no saben los propietarios de la tierra, sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios que ya lo que está debajo de sus tierras, lo que está en el subsuelo ya fue concesionado, estoy seguro que la mayoría de los propietarios de Sonora no lo saben, ni de Durango, ni de Chihuahua, ni de Oaxaca, porque se dedicaron a entregar concesiones en todo el territorio.
México tiene 200 millones de hectáreas, es nuestro territorio dos millones de kilómetros cuadrados, entregaron 120 millones de hectáreas para la explotación minera, el 60 por ciento del territorio nacional en el periodo neoliberal. ¿Cuándo se acaban de explorar y de explotar 120 millones de hectáreas? Nunca, miles de años.
Entonces, insistió, no hay ningún riesgo, no existe ningún problema con las mineras. Recordó sólo un problema, planteado durante la visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
López Obrador, como lo había dicho antes, recordó que en un diálogo con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante su visita a México a principios de enero, le comentó una problemática de una minera en Guerrero que era objeto de extorsión por la delincuencia organizada.
“Me planteó un problema de una mina canadiense en Guerrero, que extorsionaban los de la delincuencia a la empresa, solamente un problema. Y todas las minas de Canadá están trabajando sin problema”.
El mandatario aseguró que no existe ningún tipo de problema con la inversión y producción minera en el país, señalando que se busca evitar la entrega de concesiones en zonas donde se presenta carencia de agua.
El 19 de enero, el presidente López Obrador mencionó que mineras de Canadá habían presentado quejas debido a que no lograban realizar trabajos en el estado debido a que sufrían extorsiones.
“En la minería, que deberíamos de tener más problemas porque son 125 mineras canadienses, son dos problemas de parte de ellos y uno de parte de nosotros. Uno, porque hay una minera que no nos paga los impuestos, y dos, que se quejan de que no los dejan trabajar en Guerrero, que es cierto, que los extorsionan y eso, y ya lo estamos viendo”, expresó el presidente en dicha oportunidad.
