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Identifica una mujer de Los Otros Desaparecidos los restos de su esposo

 

La secretaria del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz informó la tarde de ayer después de su asamblea de cada martes que una integrante del comité logró identificar en días pasados el cuerpo de su esposo que fue exhumado de una de las fosas clandestinas halladas en el cerro de Las Antenas de la comunidad de Mezcaltepec, municipio de Taxco, con éste estarían llegando a unos 25 cadáveres identificados en más de dos años entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
La representante del colectivo informó que por medio de los peritos de la FGE notificaron a una de las integrantes del colectivo de la identificación del cuerpo de su esposo que fue recuperado de una fosa –entre los 25 cuerpos hallados– en los entierros clandestinos del cerro de Las Antenas en febrero de 2014.
Detalló que le informaron que las pruebas de ADN resultaron positivas y tras ver los restos de su esposo en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) lo identificó por su dentadura. Mencionó que hasta ayer no habían entregado el cuerpo ya que se está en espera a que lleguen los agentes de la PGR para hacer los trámites correspondientes, ya que ellos son quienes llevan la carpeta de investigación.
Informó que por parte de la PGR no les han dado a conocer nuevos casos de cuerpos que han sido identificados y entregados a sus familiares de los 150 que fueron recuperados en dos años en más de 100 puntos de Iguala, Taxco y Cocula.
Dijo que la última información que tienen de los cuerpos identificados por la PGR es que son 23 y de éstos sólo han entregado 18 a sus familiares, debido a que al resto de las familias no las pudieron localizar. Además de dos que han sido identificados por la FGE pero de éstos ninguno se ha entregado a sus familias ni les han notificado oficialmente.
En la información dada a conocer por la secretaria del colectivo fue informado que se están volviendo a hacer las tomas de genética a unos 55 cuerpos que fueron recuperados en junio de 2010 de las minas de San Francisco Cuadra, municipio de Taxco, de los 25 de las fosas de Mezcaltepec, Taxco, recuperados en febrero de 2014 y otros exhumados de fosas clandestinas del ejido Tijeritas de Iguala, todos ellos exhumados por peritos de la FGE.
Dio a conocer que no les habían dado a conocer la fecha para la próxima diligencia que tendrán con la FGE para que les den información de los cuerpos recuperados de fosas clandestinas de Taxco, Iguala y Teloloapan.
Sobre el plan de búsqueda declaró que hasta ayer tampoco había sido definido por la PGR pero prevé que en la última semana de este mes se haga la segunda diligencia en el pozo Meléndez, en la comunidad de Puente Campuzano, municipio de Taxco, y espera que participen agentes de la Policía Federal (PF) de la División Científica con equipo especializado para el descenso.
En la asamblea de ayer, representantes de la PF de la División Científica se reunieron con familiares de desaparecidos y se pusieron a disposición para darles seguridad en las búsquedas de fosas clandestinas.

Exhuman 43 cuerpos hallados en fosas clandestinas; les harán pruebas de ADN

Peritos en Criminalística de la Fiscalía General del Estado (FGE) exhumaron 43 cuerpos hallados en fosas clandestinas en Taxco en el 2010 y que fueron depositados en una fosa común en el panteón nuevo en Chilpancingo, a los cuerpos les harán las pruebas de ADN para su identificación.
El 31 de mayo del 2010, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE, ahora Fiscalía) localizó las fosas clandestinas en el tiro de mina La Concha, en la hacienda San Francisco de Cuadra en Taxco de Alarcón, durante seis días de trabajo los peritos sacaron 55 cuerpos, tres estaban momificados, dos en reducción esquelética, además de tres cadáveres sin cabeza y tres cabezas.
El miércoles los peritos hicieron la exhumación de los cuerpos de la fosa común y los trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo).
Una fuente de la FGE informó que es para hacer las pruebas genéticas de ADN para que sean reconocidos por familiares que tengan a desaparecidos.
Recordó que de acuerdo con expedientes de la institución, de los 55 cuerpos depositados en la fosa común, 12 fueron reconocidos y sólo 43 cadáveres están pendientes de ser identificados, “porque en el 2010 cuando se sepultaron los cuerpos a la fosa común en la capital, no se les hicieron pruebas de genéticas”.
A las 2:40 de la tarde de ayer, los peritos y trabajadores del Servicio Médico Forense (Semefo) concluyeron los trabajos de exhumación de los cadáveres.
En diciembre, 58 cuerpos que no están identificados de las regiones Centro, Acapulco y Norte que permanecían en el Semefo fueron inhumados en el Cementerio Forense Estatal que está en la capital, para desahogar los semefos que están saturados. (Luis Blancas / Chilpancingo).

Exigen colectivos de familiares de desaparecidos a Campa Cifrián que los localice vivos o muertos

El titular de la Subscretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián dijo que la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada en el estado se hará hasta que se encuentren vivos o muertos, pues así se lo demandaron los familiares.
En una reunión con los colectivos y organizaciones de familiares de desaparecidos en la que estuvo la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Policía Federal (PF), la Policía Científica y la Fiscalía General del Estado (FGE), las autoridades se comprometieron a llevar a cabo las investigaciones de manera coordinada para localizar a las víctimas.
La reunión fue privada en la sala Ignacio Manuel Altamirano del Palacio de Gobierno con Los Otros Desaparecidos de Iguala, el colectivo Siempre Vivos de Chilapa, familiares de desaparecidos en Chilpancingo y Acapulco y el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco).
De las autoridades estuvo Campa Cifrián, el fiscal Javier Olea Peláez, el encargado de la CEAV Rubén Vasconcelos Méndez, la fiscal de la Procuraduría Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR Eréndira Cruz Villegas Fuentes, la titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad Sara Irene Herrerías Guerrera, la titular de la División Científica de la PF, Patricia Trujillo Mariel, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, José Armenta Tello y el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia.
En breves declaraciones luego de la reunión, Campa Cifrián dijo que los familiares de los desaparecidos exigieron que se busque a las víctimas “con vida y sin vida”, recordó que hay casos que son de larga data, es decir, que ocurrieron hace 8 o 10 años, y que las autoridades se comprometieron a implementar acciones para resolverlos.
Explicó que las acciones serán intercambiar datos con cárceles, panteones, fosas clandestinas y comunes, para localizar a las víctimas de desaparición en el estado.
Añadió que el próximo jueves a las 11 de la mañana habrá una segunda reunión con las familias de los desaparecidos y que en cuatro meses habrá otro encuentro para evaluar los avances.
Por su parte, la secretaria general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena dijo que en la reunión las autoridades informaron que según con la reforma a la Ley General de Víctimas, los familiares de desaparecidos investigados en la FGE (del fuero común) recibirán atención en el CEAV, antes de la reforma sólo se admitían a los que investigaba la PGR (fuero federal).
Otro avance importante es que la Policía Científica se incorporó a las acciones para buscar a los desaparecidos, Adriana Bahena dijo que dicha división cuenta con una base de datos de las cárceles del país a la que tendrán acceso los familiares, “de todos o de los estados que a nosotros nos interesen”.
Dijo que en la reunión también se discutió el proyecto de un Centro Comunitario en Iguala, para el cual Campa Cifrián dijo que la Sedatu aportará el 60 por ciento de los 40 millones de pesos que se requieren para la construcción, y el gobernador Héctor Astudillo Flores pondrá el resto.
Explicó que los cinco colectivos y organizaciones de familiares de desaparecidos pidieron a las autoridades que se forme una base de datos en la que se incluya el registro de los detalles de los cuerpos que se vayan encontrando, como ropa, señas y las condiciones en las que estaban, y que esté disponible en internet pero con acceso restringido sólo para los representantes.
Antes, ya habían solicitado la información de los cuerpos que han sido recuperados en la mina de San Francisco Cuadra, Mexcaltepec, cerro del Huixteco, Puente Campuzano, pozo Meléndez y Temazcalapa del municipio de Taxco, así como de Las Parotas en el cerro Gordo, la fosa común de la colonia Fermín Rabadán, San Miguelito, Tijeritas, Monte Hored de Iguala y los recuperados en el municipio de Teloloapan entre 2010 y 2015.
Adriana Bahena dijo que otro punto importante que se discutió es que se revise el cambio de las carpetas de investigación de fuero común al fuero federal, también pidieron que las búsquedas de los desaparecidos se lleven a cabo en periodos de una semana por municipio y que se fortalezca la CEAV en los estados, ya que las fiscalías no cuentan con protocolos para hacer la entrega del cuerpo de una víctima que no sea originaria del lugar.
Durante la reunión, los representantes del Tadeco recordaron que en julio de 2007 conformaron el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, pero a más de nueve años de mantener su demanda de presentación con vida de 33 activistas y justicia para 11 asesinados, “esta práctica no cesa, es cotidiana y el número de víctimas de la violencia crece diariamente”.
Por separado, las autoridades se reunieron con otro grupo de familiares de desaparecidos en Chilpancingo, quienes debieron de estar presentes en el primer encuentro pero por decisión de los colectivos se optó por manejar los casos de manera paralela.
En declaraciones, un representante del grupo informó que en la segunda reunión las autoridades se comprometieron a solicitarle al Instituto Nacional Electoral (INE) los registros de las huellas digitales de sus familiares desaparecidos para compararlos con las huellas de los cuerpos que se han encontrado; también se les dijo que recibirán apoyo de la CEAV.

Detiene el martes la PF a un secuestrador y libera a dos plagiados en Chilapa

Agentes de la Policía Federal (PF) y ministerial detuvieron a un  presunto secuestrador y liberaron a dos secuestrados el martes en Tepozcuautla, Chilapa, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
La FGE señaló en un boletín de prensa que el detenido se llama Gerardo y fue vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado, además está relacionado en tres averiguaciones previas por los delitos de delincuencia organizada, homicidio y robo específico.
En el proceso legal, el juez de control del Distrito Judicial de los Bravo decretó prisión preventiva al imputado en contra de Gerardo, “quien permanecerá internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso)”.
La FGE comentó que en la detención del presunto secuestrador se le aseguró  un arma de fuego, un radio de comunicación, mariguana y un teléfono celular.
Ante este hecho se integró la carpeta de investigación 1201112000082401b17, además, el detenido está relacionado con las averiguaciones previas del fuero común y federal, ALV/SC/02/0468/2016, ALV/SC/03/0475/2015, por el delito de robo específico y homicidio calificado, “así también con la indagatoria federal A.P.PGR/SEIDO/UEIDMS/306/2015 por delincuencia organizada”.

Abandona Los Otros Desaparecidos una reunión con la Fiscalía porque no presentó la información que prometió

Integrantes del colectivo Los otros Desaparecidos de Iguala abandonaron el auditorio de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde peritos exponían las fichas técnicas de personas no identificadas que serán enviadas al Cementerio Forense.
Los familiares de víctimas de desaparición exigieron datos de las exhumaciones en las primeras búsquedas de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La representante de la organización, Adriana Bahena Cruz dijo que una vez que se descartó que los restos hallados en aquellas fosas eran los normalistas desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, la Fiscalía los hizo a un lado.
Informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores en su visita a Iguala en agosto pasado les pidió un voto de confianza, y hace 15 días Bahena Cruz se reunió con el vicefiscal, José Antonio Bonilla Uribe para acordar esta reunión.
El acuerdo fue que les presentarían los resultados de las exhumaciones de fosas clandestinas de 2014 que estuvieron a cargo de la Fiscalía. Sin embargo no les presentaron la información solicitada, a pesar de que ya la tienen.
Ayer recriminó que “sólo nos hicieron perder el tiempo, nos quisieron ver la cara de tontos al hacernos venir”.
En la mañana se tuvo conocimiento que dos camiones con integrantes del colectivo salieron de Iguala rumbo a Chilpancingo, y poco después de las 11 comenzó la reunión con especialistas forenses de la Fiscalía que explicaron el tipo de análisis a los cuerpos encontrados, antes de enviarlos al Cementerio Forense.
A los activistas les dijeron que todas las muestras biológicas de los familiares, se confrontan automáticamente con la base de datos de todos los fallecidos que no han sido identificados.
A pregunta de los familiares sobre sus desaparecidos les respondieron que si no les han llamado es porque no ha habido coincidencia con los perfiles genéticos de los cuerpos.
Comenzó la exposición de las fichas técnicas de los primeros 20 cuerpos enviados del Servicio Médico Forense de Iguala que no fueron reclamados. Entre ellos algunos casos de 2011 a 2015.
Mencionaron siete casos de homicidios, tres de desnutrición severa e inanición -probablemente indigentes-, y una persona que se infartó en la vía pública, cada cual con su filiación personal, racial y prendas de vestir al momento del deceso.
Continuaron con los cuerpos de la morgue de Chilpancingo enviados de Chilapa en 2015, y a media exposición Adriana Bahena denunció que no se habían trasladado de Iguala a conocer los datos de personas que murieron en hospitales, y que la información que les ofrecieron apenas la están preparando.
A las 12:45 los familiares salieron del auditorio, la mayoría con reclamos ante el desgaste y la pérdida de tiempo.
“Hoy nos quisieron ver la cara de tontos al hacernos venir con una parte, porque el colectivo se forma con mil 200 personas. Yo no sé si quieren que yo le venga a hacer un zafarrancho y vea la manera de que esa información se nos haga llegar”, se quejó Adriana Bahena.
Relató que los integrantes del colectivo llevan meses pidiendo la información de ocho fosas en específico que tiene la Fiscalía, “son las que nos interesan a nosotros, algunas de estas fosas tienen como 30 cuerpos, más de 200 en total, y nos interesa saber qué pasó con esos restos”.
Mencionó la de Mexcaltepec, Taxco, que ubicaron con un grupo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que encabezó Miguel Ángel Jimenez Blanco en febrero de 2014, con 25 cadáveres.
Al salir del auditorio el presidente de la Comisión de Atención a Víctimas, José Luis Gallego Peralta abordó a la dirigente del grupo para decirle que irá el viernes a Iguala, y que a fin de mes entregaría al Colectivo la información que requiere.
Ella respondió que era mucho tiempo, pues Eréndida -en referencia a Eréndira Cruzvillegas Fuentes, fiscal Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Procuraduría General de la República (PGR)- le dijo frente a Bonilla que la Fiscalía ya entregó esa información a la PGR.
La activista le recordó a Gallegos Peralta que está prevista una visita del subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián a Iguala el 2 de febrero, como si el gobierno estatal quisiera hacer coincidir la entrega de los datos con la visita del funcionario federal. Gallegos sólo respondió que son muchos temas para abordar con Campa.

De noviembre de 2014 a junio de 2015 se hallaron 104 cuerpos en fosas de Iguala y sus alrededores

Un recuento de El Sur del 30 de noviembre de 2015 indica que de noviembre de 2014 a junio de 2015, después de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala y sus alrededores fueron hallados 104 cuerpos, de los cuales 11 eran mujeres, la mayoría presentaba huellas de tortura, tiro de gracia, pies y manos atados, golpes, estaban amordazados y con los rostros cubiertos.
En el paraje La Joya se exhumaron 20 cuerpos, 42 en Monte Hored, 13 en la Barranca del Tigre, 26 en El Maizal y 30 en Las Parotas.
Los últimos cuerpos fueron exhumados por peritos y antropólogos de la PGR el 15, 17 y 22 de junio, recuperaron tres cuerpos con huellas de calcinación en tres fosas diferentes a sólo unos metros de donde en octubre la Fiscalía hizo la exhumación de Las Parotas.
Antes del 26 de septiembre de 2014, la FGE ya había hecho exhumaciones masivas con base en declaraciones de supuestos detenidos.
El 27 de marzo de 2014 fueron exhumados dos cuerpos en fosas de Pueblo Viejo, al pie del Cerro Gordo, entre el 16 y 17 de abril de ese año la Fiscalía sacó nueve cuerpos más del paraje La Joya y el 20 y 21 de mayo, sólo un mes después, fueron exhumados 19 cuerpos en el paraje Monte Hored, todas estas zonas ubicadas en la misma ruta hacia el Cerro Gordo, al poniente de Iguala.
Antes, del 10 al 14 de febrero de 2014 la Fiscalía y soldados del 41 Batallón de Infantería con base en Iguala exhumaron 25 cadáveres en el cerro de La Antena, en la comunidad de Mexcaltepec, Taxco, colindante con Iguala.

 

Capacitará la Fiscalía a la UPOEG en Costa Chica; sólo atenderá delitos menores, acuerdan

 

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) coordinación con su estructura de seguridad comunitaria, capacitación, la creación de una oficina para la investigación del abigeato y dos morgues para la región Costa Chica, porque la inseguridad “desplazó” a las instituciones y a los ciudadanos, según el dirigente Bruno Plácido Valerio.
Ayer en la tarde la Fiscalía informó en un boletín de la reunión de representantes de la UPOEG con el fiscal Xavier Olea Peláez, para establecer los lineamientos de coordinación entre la dependencia y “un grupo importante de comisarios municipales”, pero no se precisó cuántos ni de qué comunidades ni municipios.
Dijo que acordaron mantener una capacitación permanente de los comisarios, policías, comandantes, promotores y defensores comunitarios en el nuevo Sistema de Justicia Penal y en el combate al abigeato.
Además, mantener reuniones de coordinación, evaluación de comisarios con fiscales regionales en seguridad y dar seguimiento a los hechos delictivos, así como la habilitación de una funeraria como Servicio Médico Forense en la región Costa Chica.
Al respecto se consultó vía telefónica al dirigente de la UPOEG, quien informó que la inseguridad desplazó a las instituciones y a los ciudadanos en esa región, por eso la UPOEG busca coordinación con las autoridades.
Por ejemplo, cuando la Policía Ciudadana detenga a delincuentes que no son la región pero fueron a extorsionar a sus comunidades, serán entregados a la FGE. Asimismo, se notificará de personas que se encuentren desaparecidas o se estime que se fueron del estado por su cuenta, y que se denuncian como secuestros, para que la Fiscalía trate de localizarlos en otras entidades de la República.
Agregó que los delitos menores se pueden resolver en las comunidades pero los secuestros y homicidios que ocurran en las comunidades serán turnados a la FGE.
Confirmó que la UPOEG va a entrar a una etapa de capacitación en juicios orales, sólo como información, y solicitó la creación de una Fiscalía para investigar el robo de ganado.
También solicitó una reunión con autoridades del sector salud y de la FGE para la creación de rastros porque en la región se introduce ganado robado o enfermo, no apto para el consumo humano, y el tema compete a las dos instituciones de gobierno.
Dijo que se pidió la creación de dos morgues para que la gente que muere en un accidente o por homicidio no sea trasladada al Semefo de Acapulco. Indicó que es muy costoso para las familias el traslado del cuerpo de vuelta a las comunidades.
Subrayó que es necesario el diálogo y coordinación de autoridades comunitarias con el gobierno estatal, pero “que nadie suplante a nadie, por ejercer una acción en su función que no lo persigan”.
Informó que hay más de 100 carpetas de investigación contra integrantes del sistema comunitario de seguridad que están atendiendo legalmente, presentando pruebas para agotar los procesos penales.
Adelantó que entre hoy y mañana continuará la mesa de trabajo con la Fiscalía para diseñar una agenda de reuniones y capacitaciones en municipios de Costa Chica.
De la denuncia de un desaparecido el 26 de noviembre en la carretera Ayutla-Tierra Colorada en el entronque de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, en un acto público el domingo, en las acciones contra el alza al precio de la gasolina donde se culpó a la UPOEG, dijo que no le han informado al respecto.
Se trata de un comerciante de la comunidad de El Pericón, Ayutla de Libres, quien fue privado de su libertad y señaló a grupos de la región. Su hermana aseguró que la policía de la UPOEG se lo llevó porque tenía tres grupos operando en la zona, aunque presentó la denuncia en la oficina antisecuestros indicó que las autoridades les exigen que ellos lleven las pruebas.

 

Marchan activistas en Chilpancingo en el noveno aniversario del asesinato de un normalista

Unos 100 integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales marcharon en esta ciudad en el noveno aniversario luctuoso del egresado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y activista Fidel Benítez Rodríguez, y protestaron en contra al aumento al precio de las gasolinas.
A las 11:25 de la mañana los manifestantes marcharon del museo La Avispa a la cruz que se colocó en el carril de norte a sur de la Autopista del Sol, a unos metros de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se encontró el cadáver de Benítez Rodríguez el 26 de diciembre de 2008, ahí hicieron un mitin y luego tomaron de manera simbólica la gasolinería Eva III, donde el 12 de diciembre de 2011 fueron reprimidos normalistas de Ayotzinapa.
En las acciones participaron maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) y otras organizaciones.
En el recorrido los manifestantes corearon consignas como “Ayotzi vive, la lucha sigue”, “Gobierno asesino que mata campesinos, gobierno fascista que mata normalistas”, “Fidel, caíste, pero nunca te vendiste” y otras.
Al frente del contingente activistas portaban rosas blancas y cadenas se cempasúchil que colocaron en la cruz de Benítez Rodríguez, también llevaban una pancarta en la que se leyó: “Aguirre Rivero: ¿Verdad que duele la muerte de un hijo? 43 ¿Cómo te la estás pasando hoy?”, en referencia a la muerte de Ángel Aguirre Herrera, hijo del ex gobernador perredista a quien los padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos responsabilizan de los ataques en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Frente a la cruz de Benítez Rodríguez el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame recordó al integrante de la generación Lucio Cabañas como un buen compañero y activista, responsabilizó de su muerte al ex gobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo, al secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero y al secretario Técnico de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Jorge Sotomayor Landeta, funcionarios que en el 2008 “amenazaron a los egresados de Ayotzinapa” porque no toleraban sus constantes protestas.
Dijo que las organizaciones sociales y magisteriales continuarán conmemorando a los caídos en la lucha social, calificó esa zona de la Autopista del Sol como “el tramo de la muerte”, ya que kilómetros más adelante del punto donde se localizó el cuerpo de Benítez Rodríguez fueron asesinados por policías los normalistas de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011.
Los manifestantes lamentaron que la violencia en el estado siga en aumento y condenaron el asesinato de la maestra de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jeany Rosado Peña, su ex esposo el médico internista del IMSS Nicéforo Cabrera Rojas y de su hijo de 13 años Isaac Daniel, para quienes exigieron justicia.
El secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García dijo que los manifestantes “estamos aquí para conmemorar y rendir el merecido homenaje a Fidel Benítez, solamente muere a quien se le olvida, pero el compañero fue ejemplo de lucha”.
Se solidarizó con la normal de Ayotzinapa y los universitarios que lamentaron el asesinato de la familia Cabrera Rosado, y exigió a la Fiscalía que esclarezca los hechos.
El secretario general de la sección 17 del Sindicato de Mineros de Taxco, Roberto Hernández Mojica dijo que los tres niveles de gobierno “quieren acabar con la lucha social” porque quienes protestan para exigir justicia, una vida digna y seguridad, incomodan a las autoridades, pero eso no impedirá que sigan manifestándose.
El secretario de Relaciones y Solidaridad del STAUAG, Alberto García Mendoza dijo que el gobierno sólo cambia de personajes, pero que continúa la línea de represión en contra de los luchadores sociales. Acusó a las autoridades de no resolver los problemas del estado y de proteger a los delincuentes.
Manifestó que por la situación violenta en Guerrero, “diferentes sectores” han sido atacados y han caído por las balas de la delincuencia organizada, ante lo que exigió a las autoridades que “hagan que les corresponde”. Advirtió que este 2017 será un año de protestas y que las organizaciones no cederán.
El integrante de la CETEG y subsecretario de Educación de Pueblos Originarios, Taurino Rojas González dijo que “desgraciadamente a lo largo de la lucha nos hemos encontrado con muchos obstáculos, la muerte de Fidel es una muestra de que al sistema no le conviene que la gente proteste y luche, exigimos justicia para todos los compañeros”.
Recordó que desde que las empresas trasnacionales se apoderaron de los recursos naturales del país, los pueblos originarios han sido afectados, pero decidieron organizarse para exigir sus derechos constitucionales y continuarán protestando este año.
Al concluir el mitin los manifestantes entonaron el himno Venceremos y luego marcharon a la gasolinera Eva III, la cual tomaron de manera simbólica en contra del aumento al precio de los combustibles, aseguraron que la reforma energética es una más que atenta en contra del pueblo.
Puntualizaron que ante el gasolinazo, los mexicanos en distintos estados exigen la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, pero en Guerrero las organizaciones también exigen la renuncia del gobernador priista Héctor Astudillo Flores, quien pidió un año para acabar con la violencia y no ha logrado disminuirla. Del presidente municipal de Chilpancingo, el también priista Marco Antonio Leyva Mena, dijeron que ambos “son títeres” del gobierno federal.

Una investigación seria del asesinato de la maestra y su familia, exigen universitarios

La viuda de Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, la activista Roberta Campos Adame y el maestro Antonio García Quiroz exigieron a los tres niveles de gobierno y a la Fiscalía General del Estado (FGE) que investiguen de manera seria el asesinato de la maestra e integrante del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Jeany Rosado Peña, el de su hijo Isaac Daniel Cabrera y de su esposo Nicéforo Cabrera Rojas, ocurridos la noche del domingo en esta ciudad.
Mientras esperaban la llegada de los cuerpos de Rosado Peña y de su hijo a las oficinas del STAUAG en la capital, donde hubo una ceremonia de despedida, varios universitarios se quejaron de la omisión del rector, Javier Saldaña Almazán ante el asesinato múltiple y criticaron su ausencia en la actividad a la que acudieron más de 200 Universitarios acompañados de activistas y familiares de la maestra asesinada.
Obeso Cázares expresó que estaba “muy impactada, muy consternada”, pero convencida de que los “crímenes atroces” que ocurren en Guerrero “son producto de una violencia estructural que se viene generando desde el Estado”.
Dijo que aunque “quizá” el asesinato de Rosado Peña y su familia no fue ordenado por alguien de alguna institución gubernamental, “si tienen que ver con el abandono en que el Estado tiene a los ciudadanos, el Estado que debe ser garante de la vida de los ciudadanos, del patrimonio, ha renunciado a eso y a permitido o ha generado de alguna manera esa violencia”.
Afirmó que “indiscutiblemente” el gobierno de Héctor Astudillo Flores y el fiscal general Xavier Olea Peláez deben de investigar los hechos y castigar a los responsables.
Campos Adame dijo que la situación actual es delicada porque “tanto la lucha social como la violencia” se relacionan con la delincuencia organizada. El de la familia de Rosado Peña fue un crimen horrendo en el que fue asesinado un niño de tan sólo 13 años de edad, “es triste lo que vivimos los guerrerenses porque estamos expuestos a este tipo de situaciones”.
Campos Adame dijo que escuchó a los dirigentes sindicales de la Universidad “hasta tibios, hasta con miedo”, sin exigir de manera contundente a la Rectoría que Saldaña Almazán proteste por estos actos, y aseguró que los ex rectores Rosalío Wences Reza, Enrique González Ruiz y Arquímedes Morales Carranza, “ya estarían en la calle diciéndole a la gente que se organice para parar la ola de delincuencia”.
Señaló a Saldaña Almazán de que le apuesta a que las autoridades cumplan su papel a pesar de que los asesinatos siguen, lo que es prueba de su ineptitud.
Mencionó que la lucha de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, fue correcta porque hubo organización y solidaridad, pero en el caso de la UAG los universitarios están dispersos y deben de unirse.
García Quiroz pidió a Olea Peláez “que no vaya a salir con su batea de babas, con sus falsas especulaciones y sus erróneas hipótesis”, respecto del asesinato de Rosado Peña y su familia, como ocurrió en el caso de la doctora del IMSS Adela Rivas Obé.

 

Una maestra de la UAG, su esposo y su hijo menor de edad son las víctimas de la noche del domingo en Chilpancingo

Los dos hombres y la mujer asesinados la noche del domingo son una integrante del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Jeany Rosado Peña, el médico internista del IMSS de Ciudad Altamirano Nicéforo Cabrera Rojas y su hijo de 13 años, quienes vivían en la colonia Recursos Hidráulicos de esta ciudad.
Esa noche fuentes policiacas informaron que los tres cuerpos fueron hallados en su casa, pero ayer la Fiscalía General del Estado (FGE) afirmó que el cuerpo de la mujer fue encontrado a un costado de la Autopista del Sol, entre Tierra Colorada y Chilpancingo cerca del puente de río Papagayo.
En el reporte de la Fiscalía se informó que a las 11 de la noche del domingo familiares de las tres víctimas no tenían comunicación con ellos y fueron a buscarlos a su casa. En la sala encontraron al médico envuelto con una colchoneta, había rastros de sangre en el piso y en las paredes.
Después llegaron policías ministeriales y peritos de la Fiscalía, en el primer piso de la vivienda en un cuarto hallaron el cuerpo el menor de 13 años asesinado a balazos, estaba acostado en su cama.
Testigos informaron que la tarde del domingo un grupo de hombres entró a la casa ubicada en la colonia Recursos Hidráulicos, atrás del Palacio de Gobierno y tras cometer el doble asesinato se llevaron a Rosado Peña y tres vehículos de la familia.
Fuentes de la Fiscalía informaron que a las 6:30 de la tarde del domingo fue encontrada la maestra de la UAG a un costado de la Autopista del Sol, en el kilómetro 341 entre Tierra Colorada y Chilpancingo cerca del puente del río Papagayo.
La fuente comentó que a esa hora fueron asesinados Cabrera Rojas y su hijo Daniel de 13 años dentro de su casa, y a las 11 de la noche familiares de la víctima avisaron a las autoridades policiacas, y dijeron que el ataque pudiera ser una venganza.
En la casa de las víctimas policías ministeriales hallaron tres casquillos percutidos calibre .380 milímetros y un cúter que el médico internista usó para defenderse.
Vecinos de la colonia Recursos Hidráulicos dijeron que cuando ocurrió el asesinato no se escucharon detonaciones de arma de fuego.
Fuentes del Servicio Médico Forense (Semefo) informaron que las tres víctimas tenían impactos de bala en la cabeza, y en el caso de la trabajadora de la UAG tenía heridas de arma blanca en las dos mejillas y en el cuello.
En este homicidio se integró la carpeta de investigación 12020090600034080117 para dar con los presuntos responsables.
Por otro lado, sindicalizados del STAUAG informaron que Rosado Peña era maestra de la Unidad Académica de Enfermería de Coyuca de Catalán, que debido a la inseguridad huyó hace siete años de ese municipio y se refugió en Chilpancingo.
Comentaron que hace tres años se integró al Comité Ejecutivo Central del STAUAG donde trabajaba, su pareja era de Tlapehuala y ella de Mérida, Yucatán.

Muere en el hospital un campesino baleado afuera de la feria de la capital

Un campesino de 35 años murió la noche del domingo en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, luego de que fue atacado balazos afuera de las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, en la colonia Los Ángeles de esta ciudad.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que a las 10 de la noche del domingo recibieron el reporte de que había fallecido un hombre en el hospital.
En el reporte indicó que a las 8 de la noche la víctima fue agredida a balazos afuera de las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, y por sus propios medios se trasladó al hospital general para recibir atención médica.
A las 10 de la noche del domingo el hombre murió a consecuencia de las heridas de bala. La víctima se llamaba Francisco, era un campesino originario de la comunidad de, del municipio de Eduardo Neri (Zumpango).
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.