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El obispo Rangel violó la ley al reunirse con un jefe del narco: Florencio Salazar

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, señaló que el obispo Salvador Rangel al reunirse con un capo del narcotráfico está incurriendo “en actos violatorios a la ley”.
“Nosotros hemos, como gobierno, dialogado en diferentes ocasiones con él (el obispo), le hemos expresado que es una actividad primero muy delicada para él, y segundo, que es una cuestión que le compete al gobierno pero el propio gobierno no tiene ninguna facultad, no hay ninguna norma que le autorice para hacer negociaciones con delincuentes”.
En una entrevista realizada en la sala de reuniones Aurora Meza Andraca, Salazar Adame aseguró que al gobierno le preocupa que el obispo insista en tocar “estos temas”, en referencia a las reuniones que ha sostenido con grupos del crimen.
“Ya está incurriendo en actos violatorios a la ley, esto es una función del Estado y hay que recordar que en México hay una separación de la Iglesia y el Estado, somos un Estado laico”, agregó.
Insistió que de la misma manera en que el gobierno respeta los credos de las diferentes personas, quienes son ministros de los cultos tienen la responsabilidad de respetar la ley y la laicidad del Estado.
Dijo que ante estos actos del obispo a quien le compete investigarlo es al gobierno federal, por la Ley de Asociaciones Religiosas. Si lo estima pertinente la subsecretaría de Asuntos Religiosos sería la que actuaría conforme a derecho.
El pasado domingo el obispo Salvador Rangel dio a conocer en Chilapa que sostuvo un encuentro con un capo del narcotráfico en Guerrero, quien prometió que su organización no mataría candidatos.
Este lunes el obispo detalló en una segunda declaración, que en el pacto con el narcotraficante se condicionaba la posibilidad de que no se compraran los votos, y en lugar de comprarlo ese dinero se invirtiera en obra pública para las comunidades.
Salazar Adame, enfatizó que investigar al obispo no es de competencia estatal, ni a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), sino que únicamente le corresponde al gobierno federal.
Sobre la propuesta de pacto con candidatos y el narcotráfico, el funcionario estatal recordó que sería un despropósito.
“Los candidatos, los que resulten electos protestaran cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que de ella emanen”.
Señaló que los candidatos que opten por este tipo de negociaciones durante su campaña o administraciones no pueden actuar al margen de la ley, por lo que no sería legitimo que participen en un proceso “celebrando acuerdos con grupos delincuenciales”.

El obispo no debe inmiscuirse en asuntos del Estado: Vicario

El presidente del Congreso local, Héctor Vicario Castejón, consideró que las opiniones del obispo Rangel Mendoza deben dejarse en el ámbito espiritual y no polemizar al respecto; sin embargo advirtió que no debe meterse en asuntos competencia del Estado.
En declaraciones en el Congreso local, Vicario Castrejón coincidió con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y afirmó que “con la delincuencia no hay punto de negociación, se les debe aplicar la ley a quienes la infrinjan”.
Sin embargo reconoció que el ámbito del ministro católico es “la sociedad en general y él tiene que ver con los buenos y con los malos, pero su atención es del espíritu, mientras que la responsabilidad del Estado es ver por el bien común de toda la sociedad”.
El priista consideró que se tiene que delimitar las funciones del obispo, “como dice el dicho, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.

 

El dirigente asesinado tuvo amenazas para que dejara el movimiento contra la minera, denuncia el sindicato

 

El activista del movimiento de los trabajadores en paro de la minera Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold Resources que explota la mina Guajes-El Limón, Quintín Salgado Salgado asesinado el miércoles en Nuevo Balsas, la semana pasada fue amenazado de muerte por hombres armados quienes le exigieron que se desistiera del movimiento, “y si sigues chingando te vamos a matar”, le advirtieron.
Vía telefónica el delegado del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM), Indalecio Pérez Morones refutó, asimismo, al secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame, quien declaró la noche del miércoles que Quintín Salgado no era trabajador de la empresa ni dirigente del paro laboral.
Pérez Morones aseguró que la víctima estaba subcontratada como concesionario de una Urvan para prestar el servicio de transporte del personal de Nuevo Balsas a la mina.
Responsabilizó del asesinato a los dirigentes locales de la CTM, a la empresa minera y a los gobiernos federal y estatal “por apáticos, insensibles y omisos ante el conflicto laboral”.
Informó que la semana pasada hombres armados que viajaban en un Tsuru blanco interceptaron a Quintín en el puente que cruza el río Balsas, entre el pueblo de Nuevo Balsas y el plantón que se encuentra en la puerta tres de la mina.
El ahora finado iba a dejar un escrito del ejido Real de Limón a los paristas, en el que los ejidatarios le habían dado un ultimátum a la empresa, hasta el 20 de enero, para que se presentara a dialogar con los trabajadores en paro, de lo contrario darían por terminado el convenio de arrendamiento de sus tierras y le exigirían a la minera que sacara su maquinaria.
Contó que Quintín Salgado llevó el escrito a los representantes de la minera y lo firmó de recibido el director de Operaciones de Media Luna, Jason Simpson, y cuando regresaba al plantón con los papeles los hombres armados le impidieron el paso antes de cruzar el puente.
“Lo interceptaron dos personas desconocidas en la región, que bajaron del Tsuru Blanco y le advirtieron que si no se desistía del paro y si seguía chingando, lo iban a matar, y finalmente ayer (miércoles) cumplieron su amenaza”, lamentó el dirigente sindical.
Quien fungía como vocero de los trabajadores en paro de la mina El Limón-Guajes fue asesinado a las 9 de la mañana del miércoles en el centro del poblado de Nuevo Balsas, cuando salía de su casa rumbo al centro de salud.
Pérez Morones aseguró que el asesinato sí tiene relación con el movimiento de los trabajadores que piden el desconocimiento del Contrato Colectivo de Trabajo que actualmente detenta un sindicato de la CTM y que piden el reconocimiento del STMMSRM.
El asesinato del dirigente ocurrió a siete días de una reunión de negociación entre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con los dos sindicatos, y en la que se preveía una solución al conflicto.
El 18 de noviembre otros dos trabajadores de la minera Media Luna que participaban en el paro laboral fueron asesinados a balazos cerca de la comunidad Atzcala, municipio de Cocula, donde los paristas mantenían un filtro. Las victimas de entonces fueron los hermanos Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña. Entonces también se había anunciado días antes el inicio de las pláticas entre los representantes de la minera y los dirigentes del STMMSRM en Canadá.
Pérez Morones informó que el día que fue amenazado, Quintín se regresó, pero que antes, los hombres armados le quitaron su teléfono celular y se lo deshicieron azotándolo contra el suelo frente a él.
Denunció que esto evidencia cuál es la política de la empresa, “está sacando el cobre y está demostrando qué tipo de empresa es, una empresa represora, violadora de los derechos humanos, de los derechos laborales, y violadora de las leyes de México, lamentablemente también tenemos un gobierno apático, insensible y omiso, que no quiere actuar”, se quejó Pérez Morones.
Agregó que los trabajadores no piden que el gobierno se ponga de su lado, sino que actúe conforme a la ley y que resguarde el orden y la seguridad de los ciudadanos de los pueblos, y que obligue a la empresa a que se siente a dialogar y que cumpla las leyes de México.
Denunció que empresa y gobierno con estos actos de violencia están calentando a la gente, y pretenden que “reviente”, lo que sería lamentable, “yo no quisiera ni pensarlo, porque el día que la gente reviente y explote va a haber mucho derramamiento de sangre, tanto de un lado como otro”, advirtió el delegado del STMMSRM.
Demandó a la empresa y al gobierno que no le apuesten a eso y les mandó el mensaje de que los trabajadores quieren dialogar, que las autoridades deberían obligar a la empresa a dialogar.
“Los gobiernos federal y estatal deberían hacer su trabajo, en lugar de estar lamentando las pérdidas de la empresa deberían estar lamentando la pérdida de vidas humanas, no puede valer más una mina que la vida de tres personas”, dijo en referencia al asesinado de Quintín Salgado y de los hermanos Víctor y Marcelino Sahuanitla.
Dijo que frente a estos actos de violencia el paro laboral va a seguir igual y que van a solicitar la intervención del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para que intervenga ante el gobierno de México y se resuelva el conflicto mediante el diálogo.
Adelantó que sigue en pie el encuentro anunciado para el 30 de enero en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con representaciones de los dos sindicatos, el de la CTM y el STMMSRM, el primero que detenta el contrato y el segundo que busca la titularidad.

 

No era dirigente de los paristas de la mina, dice Florencio Salazar del asesinato de Quintín Salgado

 

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame confirmó el asesinato de Quintín Salgado Salgado, pero dijo que no era trabajador ni dirigente de los trabajadores paristas de la minera Media Luna, “lo fue en el pasado”, aunque reconoció que participaba de manera activa en el bloqueo a la empresa.
Salazar Adame fue consultado anoche al término de la presentación de su libro Los Partidos Políticos y las ONG.
Informó que el gobierno pidió a la Fiscalía General del Estado que de inmediato haga las investigaciones para que sea localizado el responsable. Añadió que por lo pronto la Fiscalía ya elabora la carpeta de investigación.
Quintín Salgado era vocero de los trabajadores en paro de la mina El Limón-Guajes, que explota la minera Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold Resources, fue asesinado a las 9 de la mañana de ayer en el centro del poblado de Nuevo Balsas, cuando salía de su casa rumbo al centro de salud, informó vía telefónica el delegado del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM), Indalecio Pérez Morones.
Quintín Salgado fue trabajador de la mina hasta 2016 y ahora apoyaba a los trabajadores en paro y fungía como vocero del movimiento, junto con el delegado Pérez Morones.
Fuentes del movimiento informaron ayer que el vocero del movimiento, de 37 años, fue despedido por la minera Media Luna en 2016 por su participación en el movimiento de los pobladores de Nuevo Balsas, cuando protestaron contra la contaminación y exigieron una indemnización por los daños ambientales y la disminución de la pesca que disminuyó las ganancias de los pescadores.
Pérez Morones denunció que el asesinato tiene relación con el movimiento de los trabajadores que piden el desconocimiento del Contrato Colectivo de Trabajo que actualmente detenta un sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el reconocimiento del STMMSRM, porque era uno de los principales activistas.
El asesinato ocurre a siete días de que se realice la reunión de negociación entre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con las representaciones de los dos sindicatos, y en la que se preveía el inicio de la solución al conflicto.
Pérez Morones advirtió que con la muerte de Quintín Salgado se va a complicar la solución del conflicto laboral que comenzó el 3 de noviembre, y responsabilizó de la muerte a los dirigentes de la CTM local, a la empresa minera y a los gobiernos del estado y federal.
Ayer a pregunta de si el gobierno tomará algunas medidas para evitar riesgos de confrontación, el secretario de Gobierno dijo que “el señor Salgado” no era trabajador ni dirigente de los trabajadores.
Agregó que es un problema de carácter empresarial porque hay un sindicato al que le disputan la titularidad del Contrato, y que es una cuestión que debe resolver la gerencia, “no es un problema externo a la mina en donde hubiera otros grupos que no tuvieran alguna relación con la empresa”.
Entonces declaró que es un problema de carácter gerencial, “pero nos hemos ofrecido como mediadores para que haya un recuento y esperemos que esto se resuelva a la mayor brevedad”.

Seguridad para candidatos

En otro tema Salazar Adame consideró que es viable y justificable que se blinden a los candidatos como lo han demandado algunos partidos políticos, “en la medida de que los partidos soliciten seguridad para sus candidatos lo ha ofrecido el gobernador Héctor Astudillo, en su momento se les va a proporcionar”.
Aunque dijo que también se necesita que los partidos contribuyan en postular a sus mejores gentes “y que todos hagamos un esfuerzo para que el proceso sea de manera civilizada”.

 

Matan a un dirigente del bloqueo a la mina Media Luna de Cocula

Ejecutan a un dirigente del bloqueo a Media Luna afuera de su casa en Nuevo Balsas, Cocula

El líder de la sección 17 del sindicato de Taxco responsabiliza a la empresa minera

Alejandro Guerrero

Iguala

La mañana de ayer hombres armados a bordo de un vehículo compacto ejecutaron de varios balazos al ex trabajador de la mina Media Luna y uno de los dirigentes que encabezaban el bloqueo de trabajadores desde el 3 de noviembre, Quintín Salgado Salgado, de 37 años, afuera de su casa en el centro de la comunidad de Nuevo Balsas, municipio de Cocula.
En declaraciones vía telefónica el secretario general de la sección 17 de los mineros de Taxco, Roberto Hernández Mojica, atribuyó el asesinato a la participación y apoyo a los trabajadores de la mina que se mantienen en paro en demanda del cambio de la representación sindical, y responsabilizó a la empresa minera.
Apenas el 18 de noviembre dos trabajadores de Media Luna que participaban en el paro laboral y plantón fueron asesinados a balazos cerca de la comunidad de Atzala, municipio de Cocula, donde los paristas habían instalado un retén de vigilancia. De este caso el Sindicato Minero señaló a la minera canadiense, a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las víctimas fueron los hermanos Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña.
Los trabajadores iniciaron el paro laboral y toma de las instalaciones de la empresa canadiense Torex Gold Resources el 3 de noviembre, para exigir el cambio de titularidad de su contrato colectivo de trabajo de la CTM al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM).
Fuentes policiacas de la Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmaron la ejecución a balazos de Quintín Salgado, identificado entre los pobladores de Nuevo Balsas como uno de los iniciadores del más reciente plantón que ayer cumplió 82 días.
Los reportes detallan que el comandante de la policía comunitaria de Nuevo Balsas, Marcos Valentín Ramírez –señalado de apoyar a la minera- avisó de la ejecución a las 11:00 de la mañana, a pesar de que fuentes de la comunidad indican que el crimen ocurrió dos horas antes.
Según la versión, la ejecución de Salgado Salgado ocurrió al salir de su casa, en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Centro de Nuevo Balsas. En ese lugar fue atacado a balazos por varios hombres armados que se movilizaban en un vehículo compacto, del que no se dieron a conocer características y que al parecer ya lo esperaban.
Otra versión indica que Quintín iba a bordo de su vehículo y allí fue interceptado por los sicarios que lo atacaron a balazos cuando se le emparejaron.
Quintín Salgado tuvo un ataque directo, recibió varios impactos de bala en la cara y en el cuerpo. Sus agresores huyeron sin que nadie intentara detenerlos.
Se dio a conocer que los familiares levantaron el cuerpo y lo trasladaron a su casa, impidiendo las diligencias de peritos y agentes del Ministerio Público.
Se dio a conocer que en la zona donde fue el ataque encontraron cinco casquillos percutidos calibre .9 milímetros.

Responsabilizan a Media Luna del crimen

Para el secretario general de la sección 17 de los mineros de Taxco, Roberto Hernández Mojica, la ejecución de Quintín Salgado Salgado está relacionada con su participación en el paro que mantienen trabajadores en Media Luna, y responsabilizó del asesinato a la empresa canadiense.
En declaraciones vía telefónica ofrecidas la mañana de ayer narró que Quintín Salgado ya había sufrido una represión de la minera, pues era trabajador de Media Luna pero fue despedido en 2016 por el apoyo que dio a pescadores y pobladores que tomaron la mina para demandar una indemnización, debido al daño ambiental y la contaminación del agua del río Balsas que provoca la empresa.
Confirmó que el asesinato ocurrió a las 9 de la mañana y dio a conocer que con Quintín iniciaron la lucha en contra de la contaminación.
Afirmó que Salgado Salgado estaba apoyando el paro de los trabajadores de la mina y fue uno de los impulsores, por lo que consideró que el ataque en su contra está claramente relacionado con su activismo en contra de la minera.

No era dirigente de los paristas de la mina, dice Florencio Salazar del asesinato de Quintín Salgado

Se va a complicar la solución del conflicto laboral, advierte el sindicato minero y responsabiliza a los dirigentes de la CTM, a la empresa minera y a los gobiernos del estado y federal

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame confirmó el asesinato de Quintín Salgado Salgado, pero dijo que no era trabajador ni dirigente de los trabajadores paristas de la minera Media Luna, “lo fue en el pasado”, aunque reconoció que participaba de manera activa en el bloqueo a la empresa.
Salazar Adame fue consultado anoche al término de la presentación de su libro Los Partidos Políticos y las ONG.
Informó que el gobierno pidió a la Fiscalía General del Estado que de inmediato haga las investigaciones para que sea localizado el responsable. Añadió que por lo pronto la Fiscalía ya elabora la carpeta de investigación.
Quintín Salgado era vocero de los trabajadores en paro de la mina El Limón-Guajes, que explota la minera Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold Resources, fue asesinado a las 9 de la mañana de ayer en el centro del poblado de Nuevo Balsas, cuando salía de su casa rumbo al centro de salud, informó vía telefónica el delegado del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM), Indalecio Pérez Morones.
Quintín Salgado fue trabajador de la mina hasta 2016 y ahora apoyaba a los trabajadores en paro y fungía como vocero del movimiento, junto con el delegado Pérez Morones.
Fuentes del movimiento informaron ayer que el vocero del movimiento, de 37 años, fue despedido por la minera Media Luna en 2016 por su participación en el movimiento de los pobladores de Nuevo Balsas, cuando protestaron contra la contaminación y exigieron una indemnización por los daños ambientales y la disminución de la pesca que disminuyó las ganancias de los pescadores.
Pérez Morones denunció que el asesinato tiene relación con el movimiento de los trabajadores que piden el desconocimiento del Contrato Colectivo de Trabajo que actualmente detenta un sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el reconocimiento del STMMSRM, porque era uno de los principales activistas.
El asesinato ocurre a siete días de que se realice la reunión de negociación entre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con las representaciones de los dos sindicatos, y en la que se preveía el inicio de la solución al conflicto.
Pérez Morones advirtió que con la muerte de Quintín Salgado se va a complicar la solución del conflicto laboral que comenzó el 3 de noviembre, y responsabilizó de la muerte a los dirigentes de la CTM local, a la empresa minera y a los gobiernos del estado y federal.
Ayer a pregunta de si el gobierno tomará algunas medidas para evitar riesgos de confrontación, el secretario de Gobierno dijo que “el señor Salgado” no era trabajador ni dirigente de los trabajadores.
Agregó que es un problema de carácter empresarial porque hay un sindicato al que le disputan la titularidad del Contrato, y que es una cuestión que debe resolver la gerencia, “no es un problema externo a la mina en donde hubiera otros grupos que no tuvieran alguna relación con la empresa”.
Entonces declaró que es un problema de carácter gerencial, “pero nos hemos ofrecido como mediadores para que haya un recuento y esperemos que esto se resuelva a la mayor brevedad”.

Seguridad para candidatos

En otro tema Salazar Adame consideró que es viable y justificable que se blinden a los candidatos como lo han demandado algunos partidos políticos, “en la medida de que los partidos soliciten seguridad para sus candidatos lo ha ofrecido el gobernador Héctor Astudillo, en su momento se les va a proporcionar”.
Aunque dijo que también se necesita que los partidos contribuyan en postular a sus mejores gentes “y que todos hagamos un esfuerzo para que el proceso sea de manera civilizada”.

 

No será fácil tener el dinero para aplicar la alerta de género, advierte Florencio Salazar

Las alertas por violencia feminicida que declararon el gobernador Héctor Astudillo Flores y la Secretaría de Gobernación (Segob), tendrán que complementarse, dijo ayer el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame en la sesión extraordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, que se llevó a cabo ayer sin la presencia de reporteros en Casa Guerrero.
En la grabación de su intervención a la que tuvo acceso El Sur, el funcionario ratificó la posición de no recibir la alerta de Segob hasta que se hayan corregido tres errores de escritura, pero ya reconoce que será una “tarea colosal” a la que “no es fácil darle soporte presupuestal” ante la severa crisis de las finanzas del gobierno.
La feminista y ex secretaria de la Mujer, Rosa María Gómez Saavedra informó después que el gobierno del estado ya trabaja las tres líneas que planteó la Segob mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en el dictamen de la Alerta por Violencia Feminicida en ocho municipios del estado.
Indicó que en una presentación que se mostró en la sesión como parte del programa de trabajo del gobierno del estado se habló de la seguridad, la prevención, la justicia y la reparación del daño como ejes centrales.
Dijo que allí propuso que se incorpore a las comisiones de seguimiento del Sistema estatal las organizaciones que impulsaron la solicitud de Alerta ante el gobierno federal.
Las comisiones creadas desde que se instaló el sistema son alerta de género, órdenes de protección, atención a las mujeres víctimas de violencia, prevención, radicación, de enlace y promoción de la participación ciudadana, de reformas legislativas y de seguimiento y atención a feminicidios.
Florencio Salazar dijo que el gobierno de Héctor Astudillo está obligado a jerarquizar programas porque abordar los problemas en su conjunto “nos pueda paralizar por la escasez de los recursos”.
Agregó que nadie ignora la “severa crisis” en las finanzas públicas luego de que se supo que el gobierno federeal ha recortado en el primer semestre del año 830 millones de pesos, “sumado a recortes que iniciaron prácticamente con el año, más el enorme déficit recibido por la administración anterior por 32 mil millones de pesos”.
Aclaró que la escasez de recursos no lo exenta de sus deberes y propuso a funcionarios de Tribunal Superior de Justicia, del Congreso, del Ejecutivo y de los ayuntamientos que se informen de las posibilidades de cada uno para avanzar y dar resultados.
Insistió en que no pueden comprometer todos los recursos para atender las diferentes propuestas y las acciones que se han planteado en la alerta, “esto no sería posible, y sería además irresponsable”, subrayó.
A algunas organizaciones de mujeres integradas al sistema pidió que no vean al gobierno como adversario, sino que trabajen coordinadamente y se orienten por los mismos objetivos, porque las autoridades las necesitan y “ustedes sin el gobierno van a hacer muy poco”.
A la sesión llegaron sólo representantes de los titulares de diversas dependencias, de acuerdo con el ingreso controlado (con lista en mano) que se observó en la puerta 2 de la residencia oficial.

Sólo acudieron dos alcaldes de los ocho que incluye la Alerta

A la sesión sólo acudieron los alcaldes de Ometepec y Tlapa, dos de los ocho en los que se declaró la alerta, pero los ocho municipios (Acapulco, Chilpancingo, Zihua-tanejo, Iguala, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla) se integraron al Sistema Estatal.
Salazar Adame propuso reuniones de trabajo en los ochos municipios este mes, “para redoblar los compromisos en cada orden de gobierno”.
Adelantó que ya solicitó a la Secretaría de Finanzas una reasignación para atender “al menos las cuestiones más urgentes de la alerta este año, y en 2018 puedan tener una partida especial para atender el programa”.
Pidió a la diputada del PRD, Yuridia Melchor Ocampo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, “que nos ayude a disponer, sino todos los recursos deseables, de una partida que nos permita avanzar”.
A las comisiones que confirman el sistema estatal les dijo que sesionen con regularidad, que visiten las casas de atención a las mujeres y que informen cómo están operando.
Estimó que en ocasiones solventar necesidades básicas o administrativas son suficientes para que las instituciones funcionen, y se pueden atender a la brevedad.
En el último punto del orden del día se abordó el tema de la alerta de la Segob, y Salazar Adame ratificó su posición en el sentido de que es necesaria una comunicación debidamente soportada de la Conavim para atender la declaratoria.
En las grabaciones también se supo de intervenciones de una funcionaria del Poder Judicial que destacó los avances en capacitación, aún sin concluir, y quejas ante la falta de atención apropiada en las agencias de Ministerio Público, donde las víctimas deben comprar hojas de papel bond para levantar una denuncia.
Entre las participaciones, Gómez Saavedra pidió una respuesta para la Conavim. Luego en declaraciones a este diario confirmó que para evitar confusión en Guerrero se deben de integrar las acciones de las dos declaraciones de alerta, pues el gobernador planteó ocho temas de trabajo y la Conavim más de 20.

Piden que se resuelva el conflicto en Ciudad de las Mujeres

En la sesión la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar urgió a las autoridades a resolver el conflicto laboral del Centro Ciudad de las Mujeres de Tlapa, sin despidos ni reducción de salarios.
En un escrito entregado a Salazar Adame, Reyna explicó que el Centro fue inaugurado por el presidente Enrique Peña Nieto para dar atención integral a mujeres víctimas de violencia, como un modelo de atención interinstitucional y en respuesta a recomendaciones de organismos internaciones para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres.
Indicó que en la sesión leyó el documento en el que pide que se solucione el conflicto de un proyecto que debe garantizar el derecho de acceso a la justicia de más de mil 500 mujeres indígenas de La Montaña, que son atendidas mensualmente en este centro.

La inseguridad propició el movimiento de autodefensa de Mezcala, justifica el vocero

Comisarios de las nueve comunidades del municipio de Eduardo Neri (Zumpango) y una de Tepecoacuilco que el domingo constituyeron su policía comunitaria, y que después marcharon en Mezcala y bloquearon una hora la carretera federal en el entronque a ese pueblo, se reunirán este martes con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
El domingo en la tarde se reunieron en privado con el delegado regional de gobierno en la zona Norte, Ignacio Ocampo Zavaleta y con el delegado de Gobernación estatal en la misma zona, Felipe Adame, a quienes expusieron los motivos para conformar su policía comunitaria en esos 10 pueblos.
Mientras tanto el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia consultado vía telefónica reconoció que la conformación de la policía comunitaria en esas 10 comunidades obedece a que, según los pobladores, es una zona donde se han cometido diversos delitos y que allí se disputan el territorio los grupos criminales Guerreros Unidos y Los Rojos.
Álvarez Heredia reconoció que en el encuentro de Ignacio Ocampo y Felipe Adame con los comisarios “recibieron de éstos la demanda de mayor seguridad por los homicidios, secuestros y extorsiones que ellos han vivido en los últimos años, hay que recordar que esta zona está localizada en donde se encuentra la veta de oro más importante del país (dijo en referencia a la mina de Carrizalillo), y esto ha generado un interés de los grupos delictivos por esa zona”.
Para el vocero esta es la causa de la confrontación de los grupos criminales Guerreros Unidos y Rojos.
Sin embargo el funcionario aseguró que la seguridad en la zona está a cargo de la Policía del Estado y del Ejército mediante recorridos de vigilancia y puestos de revisión de personas y vehículos en los pueblos.
Álvarez Heredia adelantó que la seguridad en esa zona seguramente será un tema de reflexión al seno del Grupo de Coordinación Guerrero en su próxima sesión.
En la tarde en un boletín de prensa, en declaraciones que se atribuyeron al mismo vocero se informó que “la inseguridad propicia que las comunidades se organicen para formar grupos de autodefensa”, aunque aclaró que “no existe una figura legal que justifique la presencia de los grupos de autodefensa”.
Aclaró que no existe un ánimo de oposición de las autoridades a las autodefensas, “y sí una amplia disposición al diálogo con las comunidades para atender la legítima demanda de los pueblos por mayor seguridad”.
Antes, en declaraciones a distintos medios de comunicación en Casa Guerrero después del mediodía el domingo pasado, declaró que el surgimiento de autodefensas “no va a despertar oposición entre las instituciones de seguridad ni a la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, al contrario, tenemos que verlos con empatía por el hecho de brindar seguridad en sus propias localidades, y con disposición al diálogo para conocer las causas que motivaron el surgimiento de estos grupos”, expuso.
“Debemos reconocer que existe un problema de inseguridad en la zona que hace que los pobladores de las localidades en mención se organicen para formar sus propios grupos de autodefensa, y por esa razón se entabló la comunicación que ya se tiene con ellos”, declaró.
Explicó que por eso funcionarios de la Secretaría de Gobierno se presentaron en Mezcala después de la marcha el domingo, para tener un acercamiento con los comisarios de los pueblos, y adelantó que las pláticas continuarán este martes.
Para el vocero es importante que se agilicen en el Congreso local los trabajos de la iniciativa de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero a fin de regular estos grupos de autodefensa.

 

Se va a “sacudir” a la Tierra Caliente de los grupos delictivos, anuncia el gobernador

El gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que en los bloqueos de carreteras y caminos, así como en la quema de vehículos que afectaron durante dos días a varios municipios de Tierra Caliente, participaron no solamente miembros de La Familia Michoacana sino también Los Tequileros, a quienes identificó como “las dos partes”, y que también intervinieron delincuentes “de otro estado”.
En declaraciones en Acapulco, el gobernador sostuvo que las operaciones de seguridad desplegadas van a “sacudir” Tierra Caliente y que las fuerzas de seguridad pública van contra Los Tequileros y La Familia Michoacana. “No hay favoritismo ni protección para nadie”, subrayó el gobernador ante señalamientos del Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan de que la banda de El Tequilero cuenta con el apoyo del Ejército y de la policía estatal.
El gobernador ofreció a las 11 de la mañana una conferencia de prensa en Casa Guerrero, acompañado por el comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán Valle; el comisionado de la Policía Federal, David Portillo Menchaca; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Pedro Almazán Cervantes; el fiscal general del estado Javier Olea Peláez; el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y el vocero en materia de seguridad Roberto Álvarez Heredia.
Astudillo aseguró que el gobierno del estado “con todo el apoyo de la federación, ha hecho frente a la delincuencia que ha venido operando en esta región y que ha venido causando un problema muy serio”, dijo con respecto a los hechos de violencia en Tierra Caliente.
“Es importante subrayarles que los acontecimientos que se dieron el día de ayer (el sábado), son acontecimientos especialmente complicados y delicados por la cantidad de vehículos quemados”, dijo y agregó que “la participación de la delincuencia organizada no fue de una parte, fueron de las dos partes. Fue como una competencia de a ver quién generaba conflictos para echarse las culpas”, explicó.
Dijo que recibieron información de que “parte importante de la delincuencia de otro estado también vino a incursionar el día de ayer, para ayudar a los de la Tierra Caliente y en todas las complicaciones que generaron en la carretera”, pero no precisó qué grupo criminal recibió el apoyo de otro estado aunque La Familia Michoacana tiene miembros precisamente en ese estado y sobre todo en el de Estado de México donde se ha reportado su presencia en los municipios vecinos de Tlatlaya y Tejupilco.
Después aseguró que a esa hora, 11 de la mañana, ya había paso vehicular “absoluto” en la carretera de Iguala a Ciudad Altamirano, “no hay en sí un bloqueo que impida el tránsito de vehículos, salvo los que están atravesados, y que se tienen que retirar.”, destacó.
Luego, el vocero reiteró que fueron retirados en total 14 bloqueos y 144 vehículos que fueron utilizados por la delincuencia para impedir el paso, y que hubo un detenido.
Detalló que según las primeras investigaciones, la Fiscalía General del Estado concluyó que los vehículos fueron incendiados directamente por los delincuentes y que igualmente se estableció que en las acciones violentas participaron integrantes “del grupo delictivo La Familia Michoacana y de Los Tequileros”.
Precisó que la delincuencia incendió ocho autobuses, 14 camionetas de 3.5 toneladas, un tráiler, cuatro torton, una grúa y un vehículo particular; además de que se encontraron abandonados tres autobuses, 46 vehículos de pasajeros tipo Urvan, 38 taxis, cinco tráilers, 18 camionetas cerradas, dos camiones y tres vehículos de volteo, también utilizados para los bloqueos.
Dijo que los vehículos usados durante los bloqueos fueron retirados por grúas y están siendo trasladados a los corralones, donde quedaron a disposición de quienes acrediten su legítima propiedad.
Pero acusó a concesionarios del servicio de grúas en la región que se han negaron a prestar el servicio y “de igual forma, algunas concesionarias de estaciones de gasolina negaron la venta de combustible a las fuerzas del orden”.

“No hay favoritismo ni protección para nadie”

En Acapulco, después de dar el banderazo de arranque a los trabajos de desazolve del río de La Sabana, Astudillo sostuvo que no habrá favoritismo en las operaciones de seguridad que llevan a cabo el Ejército y la policía estatal en San Miguel Totolapan.
A pregunta sobre si las operaciones de seguridad desplegadas en la cabecera se extenderían al poblado de La Gavia, donde presuntamente se esconde el líder de Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte, el gobernador dijo que van a entrar en todos lados porque buscan “sacudir” Tierra Caliente.
“Vamos por la delincuencia organizada, llámense como se llame. Se va a entrar donde se tenga que entrar, los objetivos son el que tu mencionas (El Tequilero) y también los otros (Familia Michoacana), lo que hay que sacudir este mal a la Tierra Caliente”.
El gobernador pidió a los reporteros que en su declaración se citara que las acciones de seguridad emprendidas en San Miguel Totolapan son contra los dos grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona. “Por favor, citen a los dos, porque luego nada mas citan a uno”.
Astudillo Flores agregó que fue “muy lamentable, muy preocupante” y “muy delicado” lo que encontraron en San Miguel Totolapan, pues los delincuentes reciben “apoyos de grupos organizados”.
Recordó que la intervención de las fuerzas federales y estatales fue para “proteger a la sociedad”, no para enfrentarse a ella y convocó a los ciudadanos a volver a la actividad normal.
El gobernador dijo que “no fue un asunto sencillo” retomar el control en San Miguel Totolapan, por la cantidad de bloqueos que se instalaron en los que participaron los transportistas. “Esto es algo muy lamentable, la participación, muchos de ellos entendemos, por presión y por temor a la delincuencia organizada”.
Astudillo Flores informó que la Fiscalía General del Estado ya abrió carpetas de investigación contra quienes se negaron a colaborar con las fuerzas de seguridad pública durante su incursión en San Miguel Totolapan, como las gasolineras y servicios de grúas. “Se están haciendo las carpetas de investigación para realizar las investigaciones correspondientes y aplicar responsabilidades”.

Piden comuneros que la federación agilice la solución a un conflicto agrario en Tepecoacuilco

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El presidente del comisariado de bienes comunales y el comisario municipal de San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecoacuilco, se reunieron ayer con el subsecretario para Asuntos Agrarios del gobierno estatal, Fernando Jaimes Ferrel, a quien le pidieron la intervención del gobierno del estado ante la federación para que agilice la solución del conflicto agrario por 3 mil 150 hectáreas que tienen con la comunidad de San Agustín Oapan.
Además, autoridades agrarias del Alto Balsas de los municipios de Mártir de Cuilapan (Apango), Tepecoacuilco, Huitzuco, Eduardo Neri (Zumpango) e Iguala, afectadas por el cierre de la carretera debido a este conflicto agrario, aplazaron una reunión para el 29 de abril que había sido convocada para este domingo 16 de abril, porque no asistieron las autoridades de todos los pueblos.
El comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Tecuiciapan, Liborio Jiménez Matías, el comisario municipal, Rodrigo Nava Abundis y el asesor jurídico del núcleo agrario, Raymundo Castro Aparicio, se reunieron a mediodía de este lunes con Fernando Jaimes Ferrel, ahí le pidieron una reunión con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, para tratar a otro nivel el conflicto agrario.
El conflicto mantiene bajo tensión la zona del Alto Balsas luego de que en marzo pasado autoridades de 14 pueblos comenzaron a presionar para que los pobladores de San Miguel Tecuiciapan abran una carretera que cerraron desde marzo del 2015 tras un enfrentamiento con sus vecinos de Analco, anexo de San Agustín Oapan.
El 22 de marzo convinieron en una reunión en el Congreso local abrir la vía sólo de 7 de la mañana a 7 de la noche, pero el martes 11 de abril, el comisario municipal, Rodrigo Nava Abundis advirtió que volverán a cerrar la carretera si no se cumplen los puntos de la minuta de acuerdos.
Los dos principales acuerdos firmados son la apertura de una carretera de San Miguel Tecuiciapan con salida en la carretera federal Chilpancingo-Iguala, en la zona conocida como Mayanalán, para evitar que pasen en San Agustín Oapan, también piden la intervención de la Secretaría de Gobernación para resolver el conflicto agrario.
Los acuerdos serían ratificados el domingo 16 de abril en una reunión a la que asistirían las autoridades de todos los pueblos afectados con el bloqueo de la carretera. La reunión fue convocada para las 12 del día en Xalitla, municipio de Tepecoacuilco, pero como no llegaron los representantes de todos los pueblos se canceló y se convocó para el 29 de abril, esta vez en San Miguel Tecuiciapan, municipio de Mártir de Cuilapan (Apango).
Consultado vía telefónica, el comisariado de Bienes Comunales de San Juan Totolcintla, Melquiades García Ríos informó que la reunión que se llevaría acabo el domingo fue uno de los acuerdos tomados en la reunión del 22 de marzo en el Congreso local, pero reconoció que no se acordó nada porque no llegaron las autoridades de los pueblos de Tula del Río, Tlamamacán y San Marcos Oacatzingo, municipio de Mártir de Cuilapan; de San Francisco Ozomatlán, municipio de Huitzuco y de San Juan Tetelcingo, municipio te Tepecoacuilco.
A la reunión asistieron las autoridades de San Miguel Tecuiciapan, San Agustín Oapan, San Juan Totolcintla, San Agustín Oxtotipan y Xalitla, y sólo nombraron a Melquiades García Ríos como encargado de convocar por escrito a las autoridades de todos los pueblos afectados para que asistan a la próxima reunión.
“Ahora yo voy a llevar personalmente las invitaciones por escrito para que asistan a la reunión del 29 de abril”, afirmó.
Informó que es importante que se reúnan los representantes de todos los pueblos afectados por el bloqueo de la carretera para evitar que los de San Miguel Tecuiciapan vuelvan a cerrar como lo advirtió el comisario Nava Abundis la semana pasada.
Aseguró que las declaraciones del comisario no abonan a resolver el problema del cierre de la carretera, informó que el domingo platicaron a nivel personal con él, pero que los acuerdos formales los tendrán en la reunión del 29 de abril, “esperamos que acudan todas las autoridades a San Miguel Totolcintla.
En tanto, el asesor de los comuneros de San Miguel Tecuiciapan, Raymundo Castro Aparicio informó que la reunión con el subsecretario Jaimes Ferrel, fue para pedir que se cumpla con el calendario de trabajo planteado para solucionar el conflicto agrario.
Detalló que en el cronograma se estableció que en septiembre del año pasado, el gobierno del estado debía informar a los dos núcleos agrarios en pugna los resultados de los trabajos topográficos que se levantaron para que las dos comunidades dialogaran y escucharan las propuestas de solución, pero las autoridades solamente han informado a los vecinos de San Miguel Tecuiciapan, y falta que se reúnan con San Agustín Oapan, lo que está retrasando el conflicto mientras que la tensión en la zona sigue igual.
Dijo que otra petición fue saber si se han llevado acabo las mesas de trabajo con los comuneros de San Agustín Oapan, pero como dijo que no se habían hecho, el gobierno estatal se comprometió a solicitar un espacio en el Consejo Agrario para que exhorten a las autoridades federales y tomen éste asunto como prioritario, “por la conflictividad que representa”.
Además, el abogado informó que solicitaron una audiencia con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, para ver el grado de compromiso que tiene con este conflicto.
Explicó que en la reunión del 22 de marzo en el Congreso local, solamente se trató el conflicto social, es decir, del bloqueo del camino, pero que no se dialogó del conflicto agrario, que dijo, es otra cosa.
Informó que el conflicto agrario se está viendo en una mesa de diálogo con las autoridades estatales y federales, y este lunes solamente trataron el conflicto agrario y no el problema social que es la apertura del camino, que involucra a otros pueblos de la zona.

De Florencio Salazar sobre el artículo de Vidulfo Rosales

De Florencio Salazar sobre el artículo de Vidulfo Rosales

Señor director:
El señor Vidulfo Rosales Sierra en el artículo publicado el día de hoy (lunes) “Gobernantes de Guerrero en su laberinto” (p. 14), señala lo siguiente:
“Las instituciones de justicia están totalmente corrompidas y no tienen independencia, los jueces todavía arreglan las sentencias con el telefonazo del secretario de Gobierno”.
Rechazo el señalamiento de que haya telefonazos del secretario de Gobierno (sic) a juez o impartidor de justicia alguno; el señor Rosales Sierra debería sustentar sus afirmaciones en hechos concretos.
Respecto a los diversos cuestionamientos que hace al gobierno, me permito precisarle:
i) Guerrero no se encuentra en la situación de ingobernabilidad que se encontraba antes de octubre de 2015; ii) El gobernador Astudillo Flores, ha atendido la demanda social y de infraestructura a pesar de la severa limitación de recursos económicos; iii) se ha impulsado la inversión y el crecimiento económico; iv) el turismo se ha reactivado; y, v) hay un esfuerzo sostenido para abatir el complejo problema de la violencia, reconociendo que no se ha logrado un nivel de seguridad satisfactoria.
Agradeceré  a usted la publicación de la presente.

ATENTAMENTE
Florencio Salazar Adame
Secretario general de Gobierno

La próxima semana se podrían reunir empresarios y el gabinete de seguridad, dice la Coparmex

El líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Adrián Alarcón Ríos informó que la próxima semana se instalará la mesa de seguridad y justicia, en la que participarán empresarios locales e integrantes del gabinete de seguridad.
Vía telefónica dio a conocer que el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame le notificó que pasando las vacaciones de Semana Santa se les daría la fecha para la reunión, en la que se prevé la participación del gobernador Héctor Astudillo Flores.
También dijo que no se ha comunicado con el obispo Salvador Rangel Mendoza, pero señaló que el objetivo de haberlo buscado a principios del mes fue para que participara en la mesa de trabajo, y expusiera cada una de las ideas que tiene para el combate a la inseguridad.
Comentó que su preocupación de que no se presente es porque se fijó una tregua de silencio entre el gobierno del estado y el obispo, pero subrayó que ya había un previo acuerdo en el que se comprometía a participar.
Agregó que ya se reunieron también con representantes de la organización México SOS, que encabeza el empresario Alejandro Martí, para que les dé asesoría. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).