Etiqueta: Héctor Astudillo Flores

Piden vecinos de Nuevo Balsas que los apoye ante la minera Media Luna, informa el alcalde de Cocula

El alcalde perredista de Cocula, Érik Ulises Ramírez Crespo dio a conocer que pobladores de la comunidad de Nuevo Balsas, le pidieron su intervención y apoyo con la empresa minera Media Luna para que atienda sus demandas de indemnización ante las afectaciones en la pesca tras la contaminación, y en servicios de salud.
El edil informó en declaraciones hechas vía telefónica la tarde de ayer que hizo cambios en su administración, entre estos en la tesorería, e inició el trámite de despido de unos 15 trabajadores ante las complicaciones económicas en las que encontró el Ayuntamiento, que hasta ayer logró pagar la quincena a los trabajadores tras solicitar un préstamo.
En relación a la reunión que sostuvo este lunes con una comisión de pobladores de la comunidad de Nuevo Balsas y con integrantes de la sección 17 de mineros de Taxco, el alcalde informó que le dieron a conocer su inconformidad y sus demandas, sin que se firmara una minuta de acuerdos.
Detalló que le pidieron su intervención y apoyo como mediador ante la minera, a lo que ofreció, “que si están en lo correcto, hablaré con la mina y con el comisario –que es de un grupo contrario– para hacerles llegar sus peticiones”.
Mencionó que ante la advertencia de los pobladores de tomar la mina, pidió que su petición la hagan por oficio. Insistió en que no es una minuta de acuerdos, sino un oficio en el que los pobladores le piden que intervenga, y les ofreció apoyarlos en lo que sea necesario.
Informó que hoy, en Chilpancingo se reunirá con representantes de la mina Media Luna para hablar sobre un amparo que metió la mina ante el Ayuntamiento, y del que ayer fue notificado, y en esta reunión, dijo, se referirá a las peticiones de los pobladores.
Dio a conocer que entre las demandas de los vecinos, que son básicamente tres, están el equipamiento del centro de salud, dotarlo de medicamentos y ambulancia; el segundo, que se cumpla la investigación y análisis del agua para determinar si hay contaminación y si ésta afectó la reducción en el sector pesquero ante las detonaciones; y el tercero, que se les pague la indemnización de 500 mil pesos por familia.
Declaró que siempre ha estado del lado del pueblo, “pero también del lado de quienes tienen la razón, yo ahorita estoy como un intermediario nada más, para que no haya una problemática entre la población y la mina, y que la mina respete los acuerdos que ha ofrecido a las personas y que se les apoye lo más que se pueda”.

Informa de cambios en su gobierno

Por otro lado, el alcalde dio a conocer que hizo cambios en su administración, entre ellos, el del tesorero, dejando en el cargo a Moisés Díaz Alarcón, debido a que no podían solicitar el dinero necesario para pagar la quincena pasada, la cual logró pagar ayer tras conseguir un préstamo de 170 mil pesos.
Informó que, en sesión de cabildo ayer, hizo más cambios en su gobierno, entre estos, el jefe de personal, el director de Educación y la subdirectora de Salud, y en otras áreas como Protección Civil y parque vehicular, nombró encargados de área. Agregó que también nombrará en próximos días al encargado de Tránsito Municipal.
Mencionó que, en reunión con ediles y trabajadores, ayer les informó que el alcalde suplente, Carlos Alberto Duarte Bahena, no dejó dinero para pagar salarios ni aguinaldos, por lo que solicitará una audiencia al gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que lo apoye con los pagos de fin de año.
Asimismo, informó que ayer también inició un recorte de personal, debido a la situación financiera en la que está la administración y los posibles recortes presupuestales que se vienen para el próximo año. Detalló que ayer fueron notificados de su despido unos 15 trabajadores, a los que se liquidará conforme a la ley.
Señaló que está trabajando, “al triple para componer este barco que está muy quebrado”.

 

No ha sido llamada la comisión que creó la UAG para la reforma de la Ley 701, denuncia la CRAC

 

La Universidad Autónoma de Guerrero creó una comisión para analizar y elaborar el proyecto de la reforma de la Ley 701, a partir del convenio de coordinación institucional con el gobierno del estado, que no ha sido llamada a ninguna actividad, denunció la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán.
En un documento sobre la Ley 701, armonización y reforma, recordaron que el rector, Javier Saldaña Almazán, y el gobernador, Héctor Astudillo Flores, se comprometieron en un convenio firmado en abril, a realizar acciones tendientes al análisis y presentación de proyectos de reforma a la legislación, para dar cumplimiento a la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Esta recomendación está dirigida al gobernador de Guerrero, al fiscal general, al Congreso del estado y al Ayuntamiento de Olinalá, por violaciones a los derechos humanos de siete miembros de la Policía Comunitaria y 12 personas detenidas por la CRAC.
Sin embargo, hasta finales de octubre supieron que se integró la comisión, pero los universitarios que la integran no habían sido convocados para trabajar en el proyecto de Ley.
Desde 2013, en el Informe Especial sobre las Autodefensas y la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero, la CNDH recomendó al ejecutivo estatal impulsar las reformas que permitan la plena armonización de los sistemas normativos indígenas con el estatal, en los aspectos de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que expliciten claramente la competencia de cada ámbito normativo y los mecanismos para la efectiva inclusión de las normas, procedimientos y autoridades indígenas en una dinámica de colaboración y coordinación con las instituciones estatales.
Recomienda al Congreso llevar a cabo “de manera inmediata”, los trabajos legislativos para que, “en coordinación con el Poder Ejecutivo estatal y previa consulta con las comunidades, se armonicen los sistemas normativos indígenas con el estatal, en los aspectos de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que expliciten claramente la competencia de cada ámbito y los mecanismos para la efectiva inclusión de las normas, procedimientos y autoridades indígenas en una dinámica de colaboración y coordinación con las instituciones estatales”.
Sin embargo, en la reforma integral a la Constitución política del estado, en abril de 2014, se pospuso dos años la armonización de las leyes secundarias, incluida la 701, y antes de concluir el plazo, la actual Legislatura decidió prorrogarla hasta marzo de 2017.
El 4 de marzo de 2016, emitió otra recomendación similar, la 9/2016, para el gobernador y los diputados locales, y llamó al fiscal general del estado a establecer las medidas adecuadas para la reparación del daño de las víctimas de las violaciones a derechos humanos acreditadas, y a generar manuales, lineamientos, protocolos o instrumentos normativos necesarios, sobre cómo dirigir, analizar y determinar las indagatorias que involucren a autoridades comunitarias e indígenas.
El convenio de la UAG y el gobierno estatal se encuentra en la página de la liga de Consejería jurídica del gobierno del estado, y establece como vigencia, “el cumplimiento de la Recomendación antes citada, contando a partir de la fecha de su firma, pudiéndose modificar o rescindirse mediante comunicación escrita con treinta días naturales de antelación, con el fin de no afectar el desarrollo de las actividades”.

Piden al PRD locatarios del mercado demolido en Coyuca de Benítez una comisión que los atienda

Unos 300 locatarios del mercado Morelos, de Coyuca de Benítez, se reunieron con integrantes del Consejo Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD para solicitarles que los diputados locales de ese partido creen una comisión especial para atender el caso de la destrucción del mercado que, sostienen, es propiedad de los comerciantes.
La tarde de ayer, en uno de los costados del mercado se instaló una asamblea con el dirigente de los comerciantes, Fulgencio Cruz López quien moderó las intervenciones de los afectados que durante una hora expusieron sus casos de agresión, violación de sus derechos humanos por la autoridad municipal y la falta de diálogo que prometió el alcalde priista, Javier Escobar Parra.
Ahí, el presidente del Consejo Ejecutivo Municipal del PRD en Coyuca de Benítez y su homólogo de Acapulco, Isaías Arellano Maldonado; el consejero estatal del PRD, Abel Trujillo Ramírez, y el secretario de finanzas del CEE, Mario Ruiz Valencia, entre otros integrantes del partido escucharon las quejas.
Isaías Arellano dijo a los asistentes que se creó una comisión del CEE para escuchar el planteamiento de los propietarios y llevarlo a los diputados locales; consideró que la demolición del mercado es una falta de respeto y una provocación y les reconoció a los locatarios que llevaran una defensa pacífica.
Mientras se desarrollaba la asamblea, el martillo neumático de una retroexcavadora no dejaba de demoler el techo de 20 metros de altura. Esta acción fue calificada por Arellano Maldonado como una burla, “estamos ante un gobierno mudo porque no dialoga y ante un gobierno sordo porque no escucha, pero con la fuerza popular demostraremos quién tiene la razón”.
La locataria Guadalupe Rodríguez Bataz, manifestó que fueron despojados por el presidente municipal Javier Escobar, mediante su director de Reglamentos y Espectáculos, José Manuel de la Paz, quien agredió a su hermano cuando grababa con una cámara la irrupción a medianoche de trabajadores que entraron el 3 de noviembre a derrumbar locales.
La comerciante sostuvo que el mercado no corría riesgos porque la estructura principal sigue, a pesar del paso de las máquinas.
Recordó que desde el incendio del 8 de agosto inició un ataque frontal hacia ellos porque fue provocado, ya que no se pudo haber consumido en su totalidad en dos horas.
Días después, el gobernador Héctor Astudillo Flores fue a Coyuca para entregar dinero a los comerciantes afectados tras el siniestro; esa vez, uno de los comerciantes escuchó cuando el gobernador le ordenó al alcalde que demoliera en su totalidad el mercado Morelos.
La comerciante contó que el nuevo mercado, que lleva cuatro años de construcción, está semivacío y es “un elefante blanco”, porque está en la periferia.
Por su parte el dirigente, Fulgencio Cruz pidió que los diputados iniciaran una auditoría al presidente municipal priista por el manejo de los recursos para la demolición del mercado.
Al acto asistieron la secretaria de Autoridades locales y municipios, del CEE del PRD, Virginia Trejo Trujillo, el coordinador del movimiento #YoSiCreoEnTi-Coyuca, y el médico y líder Nemesio Soberanis Martínez.

Autorizan pago del bono del Día del Padre y aumento al de años de servicio en el Cobach, informa el SUSPEG

La secretaria general de la sección 31 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Yadira Orozco Zúñiga informó que el gobernador, Héctor Astudillo Flores autorizó el pago en dos emisiones del bono del Día del Padre para los trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres agremiados al sindicato, y un aumento de 2 millones 300 mil pesos para el bono por años de servicio.
Los acuerdos se tomaron durante una reunión que Orozco Zúñiga tuvo con Astudillo Flores, el director general del Colegio de Bachilleres, Juan Carlos Martínez Otero Gallegos, y el secretario general del SUSPEG, Adolfo Calderón Nava, el lunes pasado en Casa Guerrero.
En declaraciones telefónicas, Orozco Zúñiga dijo que se trató de la primera reunión que tuvo con el gobernador en los seis meses que lleva al frente de la sección 31 del SUSPEG, y consideró que hubo resultados durante la mesa de trabajo con Astudillo Flores, a pesar de que no se firmó ninguna minuta.
Dijo que le planteó al gobernador la demanda de la sección 31 del SUSPEG de que se pague el bono del Día del Padre, a unos 300 administrativos del Colegio de Bachilleres afiliados al sindicato, y Astudillo Flores accedió a proporcionar los recursos para que se paguen los mil 500 pesos del bono en dos emisiones, antes de que termine este mes se depositarán 750 pesos, y antes de que concluyan las vacaciones decembrinas los 750 restantes.
Aunque ya pasó el Día del Padre, dijo que el gobierno estatal apenas pagará el bono correspondiente a este año, que además está incluido en el Contrato Colectivo de Trabajo del que la sección 31 del SUSPEG es titular.
Astudillo Flores también autorizó 2 millones 300 mil pesos para el estímulo de años de servicio a los trabajadores que tengan desde 10 hasta 30 años de antigüedad en el Colegio de Bachilleres, lo que significa que habrá un aumento considerable para los administrativos.
De manera institucional, es decir por parte del Colegio de Bachilleres, los trabajadores con 10 años de antigüedad recibían 2 mil 500 pesos, los de 15 años 3 mil, a los de 20 años 4 mil 500, los de 25 años 6 mil 500 y los de 30 años 12 mil 500; cantidad que aumentará de manera porcentual, según el catálogo de la Subsecretaría de Educación Media Superior federal.
Orozco Zúñiga dijo que los avances en la reunión con Astudillo Flores fueron significativos para la sección 31 del SUSPEG, y que el gobernador se comprometió a firmar la minuta la próxima semana para darle formalidad a los acuerdos.

No los atienden en el MP de Coyuca de Benítez, dicen los comerciantes que denunciarían al alcalde


Ayer culminó la demolición de los locales en el Mercado Morelos en Coyuca de Benítez, sin que el presidente municipal, Javier Escobar Parra se acercara a ellos, reclamaron dueños de los locales.
Los comerciantes manifestaron que quienes intentaron levantar una denuncia en el Ministerio Público (MP) de Coyuca de Benítez, no fueron atendidos, lo que calificaron como un acto de corrupción entre los gobiernos estatal y municipal.
En la mañana, un visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) les notificó a los comerciantes que ya se inició la investigación de su queja contra el alcalde.
Los locatarios manifestaron que sus negocios fueron derribados con máquinas retroexcavadoras pese a que aún tenían mercancías dentro, y que algunos de ellos perdieron hasta más de un millón de pesos. La locataria, María Martha Barrera Lagunas, dueña de los locales 51 y 53  dijo que ella fue sola al Ministerio Público pero la ignoraron, no insistió y se retiró, y que prefirió dejarlo así porque, “me han amenazado varias personas de diferentes áreas del Ayuntamiento, amenazándome con armas”.
En visita a las ruinas del mercado, la vendedora se quejó de que intentó levantar una denuncia en el Ministerio Público de Coyuca por el despojo del gobierno municipal, debido a que ellos estaban amparados; sin embargo, la autoridad se negó a atenderla.
La mujer, que vendía pasta de mole rojo y verde, tostadas, chalupas, semillas y otros productos de una tienda de abarrotes, manifestó que estaba lleno de coronas que no vendió en las festividades del Día de Muertos, “ahí quedó todo, aplastadas en medio de todos los escombros”. Calcula que perdió casi 2 millones de pesos, porque su negocio era uno de los más surtidos.
Entre los escombros, algunos locatarios sacaban cortinas de metal que podían reutilizarse o piezas de metal para venderlas como fierro viejo. En la esquina del mercado que colinda con la carretera, vendedores de pollo y pescado ofrecían sus productos.
Por su parte, el comisario ejidal Homero Popoca, recordó que en 2009 entregó una constancia de posesión a los locatarios, “para agilizar sus escrituras,  y están en el Registro Público de la propiedad”. Para ese año, expidió 302 oficios que acreditaban a los dueños legítimos del mercado. Dijo que desconocía con qué argumentos el Ayuntamiento destruyó los locales.
La autoridad comunal criticó que el alcalde Javier Escobar no se acercó a los propietarios de los locales que se negaban a salir, y ahora se quedaron sin patrimonio.
Por su parte el representante legal de los comerciantes del mercado Morelos, Fulgencio Cruz López recordó que dos veces visitaron el Congreso local y diputados de Morena, Movimiento Ciudadano, PRD, PT y PRI para que solicitaran una tregua al presidente municipal Javier Escobar, para que no entraran las máquinas desde el miércoles de la semana pasada, pero no ocurrió.
El sábado, el diputado por MC fue al mercado y les dijo a los locatarios que se habían violado los acuerdos que los diputados plantearon  y que hoy martes subiría a tribuna para inconformarse con el alcalde de Coyuca de Benítez.
El comerciante manifestó que, después de que se fue Ricardo Mejía las máquinas llegaron a terminar de destruir el mercado.
El sábado también les cortaron el suministro de energía eléctrica. Ayer, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en una camioneta estacionada a un costado del mercado, terminaban de hacer la reconexión del cableado.
Ante la falta de respuesta de la Codehum, dijo que escalarán su denuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Aunque mostró un oficio firmado por el visitador Concepción Bedolla Vega en el que se les notifica que ya inició la admisión de la queja.
Fulgencio Cruz López dijo confiar en que con el acompañamiento de la CNDH y el Congreso local se les regrese ese espacio destruido por el gobierno municipal, para que se levante un nuevo mercado.
Señaló que el gobernador Héctor Astudillo Flores protege al alcalde de Coyuca porque ambos son priístas, “Héctor Astudillo está tapando la gran corrupción desde que estuvo el anterior presidente”.
Los últimos 23 locales, fueron destruidos con el consentimiento de algunos, pero no de la mayoría, lamentó el dirigente de los comerciantes, quien reiteró que el alcalde no se ha acercado a ellos pese a que declaró el miércoles de la semana pasada, que dialogaría con quienes se negaban a salir.
Ya en la tarde, fuentes oficiales reportaron que 70 comerciantes se presentaron en el Ministerio Público de Coyuca de Benítez para denunciar el despojo, además de daños y lesiones a los locatarios el fin de semana, cuando terminaron de destruir el mercado Morelos.

Protesta Antorcha Campesina en Palacio de Gobierno; piden regularizar un predio en la capital

La mañana de este lunes, un grupo de integrantes de Antorcha Campesina encabezados por su líder, José Juan Bautista Hernández, llegó a Palacio de Gobierno para exigir la intervención del gobierno del estado en el caso del predio de la colonia Nueva Revolución, de Chilpancingo.
A las 11 de la mañana de este lunes unos 50 inconformes llegaron a la puerta principal de Palacio de Gobierno, para exigir una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
A la llegada del grupo, policías estatales bloquearon de manera inmediata la entrada al contingente y evitaron que se acercara. Los policías encadenaron las vallas a la cerca del Palacio de Gobierno, evitando también la entrada de trabajadores y transeúntes en la puerta principal.
Bautista Hernández explicó que solicitaron que el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano del Estado de Guerrero (Invisur) agilice los trámites de expropiación de la colonia Nueva Revolución, que se han detenido a causa de la falta de documentación.
Dijo que la gente que vive ahí, están en la constante incertidumbre sobre la seguridad de sus viviendas.

Siguen sin contratar a los cinco maestros fundadores de la primaria Centenario, de Zihuatanejo

Los cinco maestros fundadores de la escuela primaria Centenario de la Revolución, ubicada en la colonia Ampliación La Presa II, de Zihuatanejo, lamentaron que los funcionarios que el gobernador, Héctor Astudillo Flores designó para atenderlos y dar una solución a su situación laboral, no han sido capaces de resolver su petición de ser contratados en este plantel, que ellos fundaron hace nueve años.
Los profesores Javier Higuera Cortés, Dayra Divina Santos García, Rosabel y María del Rosario Franco Laurel, y Gonzala Vargas Cipriano, a principios de septiembre pasado fueron respaldados por los padres de familia de la escuela para exigir que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) resuelva su situación laboral.
Los cinco maestros presentaron el examen de evaluación; tres de ellas lo aprobaron pero sólo María del Rosario Franco Laurel recibió su nombramiento como maestra titular en otra escuela; en tanto que desde febrero pasado, las dos maestras que resultaron idóneas no han recibido su nombramiento para presentarse en algún centro de trabajo, y a los otros dos maestros que no aprobaron la evaluación, también desde febrero ya no les fue renovado el contrato con la SEG; ninguno de los cuatro maestros han recibido sueldo desde entonces.
El 11 de octubre pasado, los cinco maestros, apoyados por los padres de familia, se acercaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, a quien le plantearon la lucha que desde hace nueve años han emprendido para construir la escuela que fundaron; en esa ocasión, le pidieron al gobernador “que por humanidad” los cinco fueran contratados en ese plantel, Astudillo Flores les aseguró que serían atendidos.
Ayer lunes, vía telefónica, la maestra Rosabel Franco dijo que el viernes de la semana pasada acudieron a Chilpancingo, “teníamos la cita para el miércoles en la SEG, pero nos avisaron que mejor fuéramos el viernes para que nos pudieran atender mejor; fuimos porque nos dijeron que nos iba a atender un señor de nombre Ernesto Sandoval, llegamos a su oficina y con la novedad de que no estaba, porque tenía encargos por parte del gobernador, y nos atendió su secretario Homero”.
Señaló además estuvo presente el secretario de Servicios Regionales en la Costa Grande, “porque él no pudo ir”, y otro funcionario de nombre Eduardo León Encarnación, a quienes les dieron a conocer la minuta de trabajo que en su momento acordaron con el delegado de Gobierno en la Costa Grande, Julio César Vargas Calvo, que a decir de ese funcionario, está respaldada por el gobernador, “nos salieron con que por normatividad no pueden contratar a las tres compañeras en nuestra escuela, pero sabemos que sí se puede; sin embargo, no lo quieren hacer porque creemos que tienen otras preferencias”.

Bloquean la calle y el edificio Álvarez padres de un kínder de la capital; piden un edificio

Unos 200 padres de familia, alumnos y profesores del kínder Leonor López Orellana, del barrio de San Mateo, cerraron las oficinas del gobierno estatal, ubicadas en el edificio Álvarez, bloquearon el cruce de las calles 5 de Mayo y 16 de Septiembre, a una cuadra del Zócalo durante hora y media, y luego bloquearon en la calle Corregidora, afuera del plantel.
A las 9:20 de la mañana los padres de familia y alumnos con sus uniformes del turno matutino y vespertino se dirigieron al edificio Álvarez, donde bloquearon la entrada y la calle, en la esquina de 5 de Mayo y 16 de Septiembre.
Tanto los padres, como los profesores y alumnos portaron pancartas en las que se leía: “Después de un año seguimos esperando la construcción del kínder”, “Sr. gobernador exigimos solución inmediata a la construcción del jardín de niños Leonor López Orellana”, “Dónde están las escuelas dignas de la Reforma Educativa”; mientras que los niños gritaban la consigna, “¡Queremos solución!”.
Los adultos no permitían la entrada y salida del edificio, pero hubo quienes con forcejeos, empujando a los adultos y niños, lograban entrar o salir.
Los manifestantes denunciaron que desde hace un año están exigiendo la construcción de un plantel en un terreno ubicado cerca de su escuela.
Contaron que, a causa de la remodelación que se le hizo a la primaria Lauro Aguirre que se encuentra a un lado del preescolar, hace un año, se dieron cuenta que se debilitó la estructura, por lo que fueron removidos a la biblioteca pública del mismo barrio. Después se cambiaron a las instalaciones de la feria, en la colonia Los Ángeles, y ante el próximo inicio de la festividad de Navidad y Año Nuevo, que se celebra en las instalaciones de la feria, necesitan otro plantel.
Una madre de familia dijo que tuvieron problemas para adquirir el terreno porque se inició el trámite, pero que la dueña murió y ahora los herederos no quieren pagar el Impuestos Sobre la Renta (ISR) para terminar el trámite, además de que en el turno de la mañana la directora, Rocío Mancilla Millán no ha hecho las gestiones correspondientes y sólo “da largas” para resolver el problema.
Posteriormente a la protesta acudió el director del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (IGIFE) Jorge Alcocer Navarrete quien les pidió desbloquearan y se trasladaran al plantel para dialogar y llegar a acuerdos. En un principio se negaron a dejar la protesta, y que sólo una comisión acudiera al diálogo, pero finalmente aceptaron.
La reunión fue en privado en el plantel con una comisión de padres y maestros, mientras que los demás esperaron afuera, bloqueando la calle Corregidora.
La escuela es una casa en la que adaptaron los cuartos como salones de clases, no tiene patio y tiene espacios reducidos para las actividades escolares.
La reunión duró unos 40 minutos, al término, los padres y maestros se reunieron para informarles sobre el acuerdo.
El acuerdo fue que el director buscaría al gobernador Héctor Astudillo Flores para plantearles la situación, para que posteriormente se reúnan con los dueños del terreno, autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y autoridades municipales para hacer los trámites y adquirir el terreno.

Desconoce De la Peña Pintos cuándo funcionarán los hospitales en Tierra Caliente, dice

El secretario de Salud de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos dijo que no hay fecha para concluir y que empiece a funcionar el hospital de Coyuca de Catalán, ni para el hospital de Arcelia o la Jurisdicción Sanitaria, y tampoco se sabe cuándo se pagará la deuda del hospital de Coyuca de Catalán de un año de servicios subrogados a laboratorios privados.
El secretario de Salud estuvo en la Feria del Sombrero en Tlapehuala, en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Abordado al finalizar el desfile, el secretario dijo que, por el momento no hay médicos especialistas en la sierra, porque están concentrando a los pacientes en la parte baja del municipio de Coyuca de Catalán.
El hospital regional de Coyuca sigue sin servicios de laboratorios, ultrasonidos ni Rayos X, ante una deuda de un año completo a los proveedores.
“No hay servicios subrogados en el hospital regional, porque estamos en espera de un asunto del Seguro Popular, y estamos en una etapa de aprovechar lo que tenemos”, dijo el secretario. “Además pronto tendremos todo eso en el nuevo hospital de Coyuca”, apuntó.
Sin embargo, De la Peña confirmó que no hay fecha para iniciar el nuevo hospital, y están a la espera de que sea totalmente terminado.
Tampoco hay fecha para concluir el hospital comunitario de Arcelia, una obra de la administración estatal anterior que quedó inconclusa.
El secretario dijo que, de todas formas están intentando cubrir todos los espacios médicos en todos los centros de salud.
Acerca del centro de salud de Coyuca de Catalán, donde los sindicalizados mantienen tomado el edificio para evitar el ingreso del nuevo administrador, dijo que desconocía del problema.

No corresponde a Salud estatal regularizar a Vectores, afirma

El secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos informó que la regularización de los vectores corresponde a los acuerdos establecidos a nivel nacional, y no del estado.
Este viernes, en Chilpancingo y Zihuatanejo trabajadores eventuales de Vectores del Distrito 01 protestaron alrededor de una hora afuera de las instalaciones de la Secretaría de Salud (Ssa) estatal, para exigir el pago de tres quincenas que les adeudan.
Además, exigieron la regularización de 15 compañeros que llevan trabajando hasta 12 años, pues a partir de seis meses y un día laborando tienen ese derecho.
El funcionario estatal explicó que este lunes se les pagaría lo que se les debe y, además, se estarían revisando las peticiones hechas durante la protesta.
“Nosotros hemos hecho el planteamiento para ver lo que podemos hacer en ese sentido, y por lo pronto establecemos una estrategia para acordar con las secciones 76 y 77 que nos ayuden a avanzar en este sentido”, dijo.

Toman el Palacio de Teloloapan comunitarios de la Tecampanera en su segundo día de protestas

En su segundo día de protestas y el bloqueo de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, policías comunitarios y autodefensas cerraron la tarde de ayer el Palacio municipal de Teloloapan, para presionar a las autoridades estatales a que atiendan sus exigencias de seguridad de la Marina y la Policía Federal, el rescate de los tres herreros secuestrados y permitir que las comunitarios sigan operando armados.
En el segundo día de protestas, los comunitarios de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala cumplieron más de 33 horas del cierre de los accesos a Teloloapan con los dos bloqueos a la carretera federal 51 Iguala-Ciudad Altamirano, en las salidas hacia Arcelia e Iguala, en el primer bloqueo total que se mantuvo desde la 1:30 de la tarde del jueves, y el segundo intermitente, que se abría cada dos horas para dar paso a algunos automovilistas.
A las 3:30 de la tarde y ante la desatención del gobierno estatal, unos 100 comunitarios armados tomaron la sede del Ayuntamiento de Teloloapan, el cual ya había sido desalojado por trabajadores y funcionarios, y al llegar ya estaba cerrado.
Afuera del Palacio, comunitarios en su mayoría armados, se quedaron en plantón, en tanto que los otros grupos en los que participan integrantes del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) y la autodefensa de Cuetzala, se mantuvieron en los bloqueos de la carretera.
En la tarde, uno de los coordinadores de la Tecampanera informó de la integración de una comisión que había salido a las 7 de la noche de Teloloapan para reunirse en Chilpancingo con el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame. Minutos antes de las 10 de la noche, informó que ya habían entrado a la mesa de negociaciones en la que también estaba el alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño y otros funcionarios del gabinete estatal.
En el segundo día de protestas, las calles quedaron vacías, casi dos mil negocios cerrados, las clases suspendidas en 30 escuelas de diferentes niveles y el transporte paralizado.
El jueves, unos 3 mil comunitarios de Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan, marcharon en esa cabecera municipal, hicieron un mitin y bloquearon la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia, que también es la entrada desde la región Norte a la Tierra Caliente, lo que dejó varios vehículos varados.

El pliego de peticiones

En su pliego de peticiones, los comunitarios exigen el recate con vida de los tres herreros secuestrados hace una semana en Totoltepec, a manos de un grupo armado de la organización La Familia Michoacana. Piden también la captura de los principales líderes de la organización criminal y la investigación al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán, a quien señalan de proteger a la organización.
En las demandas también exigen que brinden seguridad la Marina y la Policía Federal, ante la falta de resultados del Ejército.
En declaraciones por teléfono ofrecidas la mañana de ayer, uno de los comunitarios advirtió que no dejarán las armas, y dijo que entre sus exigencia está que el gobierno deje trabajando a los comunitarios, ante la exigencia y la amenaza del gobernador Héctor Astudillo Flores de desarmarlos.
En ese momento, había advertido que no levantarían sus protestas hasta que se firme un acuerdo en el que el gobierno se comprometa a dejar a los comunitarios seguir trabajando.
Por la tarde, después de la toma del Palacio otro comunitario dijo, también vía telefónica, que esa determinación fue porque, “el señor gobernador no ha resuelto nada de nuestras peticiones, no ha tomado cartas en el asunto y ayer (jueves) quedó que mandaría a alguien para hablar con nosotros, su secretario no llegó y hoy nos mandó un comunicado que en una hora estaba en Teloloapan, y volvió a pasar lo mismo, no llegó nadie”, dijo molesto.
Dijo que su lucha no es contra el gobierno ni la ciudadanía, “queremos que nos entiendan, que la desesperación en Teloloapan es grande, nuestros tres compañeros herreros son personas que salieron a buscar la vida, fueron a buscar el pan de cada día para su familia y fueron secuestrados por la Familia Michoacana”.
Señaló que, “creemos justo que el gobernador tome cartas en el asunto, que ya busque a estas personas que se dedican a secuestrar y a hacerle daño a muchas personas. Como vecinos de Teloloapan hemos vivido años de terror a causa de esa gente”.
Dijo al gobernador Astudillo y a la población que, “nosotros nos hemos visto en la necesidad de levantarnos en armas porque los que somos parte de la Policía Comunitaria somos comerciantes, campesinos, maestros o transportistas, y todos tenemos familia que han sido víctimas del crimen organizado con secuestros, extorsiones, desapariciones o asesinatos”.
“Hoy lo estamos haciendo por nuestros tres hermanos herreros, y después si hay necesidad, lo haremos por cualquier ciudadano de Teloloapan, aquí ya no se le va a dejar solo a ningún ciudadano de Teloloapan”, sostuvo.
A las 12 de la noche, aún no concluía la reunión de integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera, en Palacio de Gobierno, con el secretario general, Florencio Salazar Adame, y con el fiscal general de estado, Xavier Olea Peláez.
Tampoco se daban a conocer todavía los acuerdos entre la organización que exige que se respete su derecho a usar armas.