Piden la destitución del subcoordinador del Registro Civil Joaquín Zúñiga, lo acusan de corrupción

El ex supervisor regional de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil adscrito a la Costa Grande, César Antonio Aguirre Noyola demandó al gobernador Héctor Astudillo Flores la destitución del subcoordinador operativo Joaquín Zúñiga Ramos, por corrupción y nepotismo.
En conferencia de prensa expuso las inconformidades que tiene con 15 antiguos oficiales del Registro Civil de Costa Grande.
Dijo que del 2012 al 2015 tuvo el cargo de director del Registro Civil de Zihuatanejo y el 1 de octubre de 2015 el de supervisor regional, en ese tiempo entregó un oficio a la coordinación denunciando la corrupción de Zúñiga, pues su sobrino que era supervisor regional en Tecpan cobró entre mil y mil 500 pesos para hacer los trámites en una campaña gratuita, y pidió su renuncia.
Expuso que el lunes acudió al Palacio de Gobierno a la Oficialía de Partes en la oficina del gobernador, para presentar pruebas que incriminan al subcoordinador, entre ellas que tiene un grupo de familiares trabajando en la coordinación, un hijo, un sobrino, una sobrina y su esposa.
Entre las pruebas que entregaron está una grabación y un video que demuestra cómo presiona a los oficiales pidiéndoles solventar sus viáticos cuando acude a las campañas gratuitas para trámites de actas de nacimiento, matrimonio, aclaración y rectificaciones. El dinero es para pagar gasolina, hospedaje, pago de casetas, cuando a él la coordinación le designa dinero para esos gastos, pero también les pide cajas con productos de la región como mangos, plátanos y camarones.
Resaltó que Zúñiga Flores se jacta de tener buena relación con la esposa del gobernador, la presidenta del DIF estatal Mercedes Calvo Elizundia, además de que tiene nexos con políticos y dice que está certificado en honestidad.

Llegan 80 soldados a Tierra Caliente; van a Ajuchitlán tras el secuestro masivo

Cerca de 80 soldados de la Policía Militar llegaron este lunes a Tierra Caliente para incorporarse al municipio de Ajuchitlán del Progreso, y reforzar la seguridad tras la petición del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Ayer al mediodía se pudo ver un convoy militar que llegó a Ciudad Altamirano y dos horas los soldados hicieron compras.
Llegaron en aproximadamente 20 unidades, se estima que se establezcan en Ajuchitlán del Progreso para hacer recorridos en las zonas de conflicto, sobre todo en las colindancias con San Miguel Totolapan.
Se espera también que este grupo ingrese a la comunidad San Jerónimo el Grande, donde secuestraron a 10 personas el jueves 17 de noviembre, y que siguen sin aparecer siete de ellos, raptados por el grupo criminal Los Tequileros.
La Policía Militar estuvo en Altamirano dos horas recorriendo los centros comerciales para comprar insumos personales, los soldados también fueron a los bancos y después se retiraron a Ajuchitlán sobre la carretera de Coyuca de Catalán. San Jerónimo se ubica del otro lado del río, por el lado de Tlapehuala.
Este grupo viene a reforzar la seguridad en el municipio de Ajuchitlán del Progreso donde ya opera la Policía del Estado con un grupo en San San Jerónimo el Grande, y la Policía Federal comenzó a incrementar sus rondines en las zonas rurales en las cercanías de esa comunidad.
El gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que aunado a los trabajos de seguridad de la Policía del Estado, la Policía Federal y ahora el Ejército también hay un grupo de investigación antisecuestros apoyado por efectivos de la Procuraduría de Michoacán, para localizar a los siete secuestrados.
Esta operación de búsqueda se da después de que los vecinos de este poblado se levantaron en armas para organizar una autodefensa, que se mantiene de manera discreta vigilando desde algunos cerros y cerca del poblado, pero no dentro donde hay policías estatales.

Está paralizada la construcción del cuartel en Teloloapan y aún no llega la PF, informa el alcalde

 


El proyecto para la construcción del cuartel del 41 Batallón de Infantería del Ejército en Teloloapan, anunciado en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, está “paralizado” y sólo se cuenta con la donación de un terrero de 60 hectáreas donde está proyectada su construcción, informó ayer el alcalde perredista Robell Urióstegui Patiño.
Vía telefónica ayer en la mañana el alcalde de Teloloapan explicó que en la administración del alcalde Jesús Valladares Salgado el municipio donó el terreno de 60 hectáreas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante un notario público, “ya se hizo y estamos en espera de que se puedan etiquetar recursos para que se dé la construcción del cuartel en Teloloapan”.
Dijo que ha estado pidiendo información de cuándo inicia su construcción pero le han dicho que se espera que se etiqueten recursos, aunque por el momento no hay.
Agregó que hace unos días platicó al respecto con el gobernador Héctor Astudillo Flores y éste le respondió que también insiste ante la Secretaría de Gobernación (Segob) para que inicie la construcción de los cuarteles de Teloloapan y de Chilapa.
Mencionó que el municipio donó 30 hectáreas de terreno y se compraron 30 más con el apoyo del gobierno del estado que aportó tres millones de pesos, y otra parte el municipio. El predio está ubicado al oriente de la cabecera municipal en la carretera Teloloapan-Apaxtla, antes de llegar a la comunidad de Acatempan.
En febrero de 2014 cuando el ex mandatario Ángel Aguirre entregó el terreno a mandos militares de la Sedena, anunció la entrega de un cheque de 10 millones de pesos para el inicio de su construcción y que se habrían dado al ex alcalde Ignacio Valladares Salgado.
Al respecto el alcalde, quien fue tesorero en la pasada administración, dijo que “no se entregó nada, hicieron la entrega simbólica de un cheque pero el recurso nunca pudo llegar a las cuentas (del municipio) porque se tenían que esperar a que la Sedena pusiera su parte. Fue un cheque que se entregó de manera simbólica por 10 millones de pesos pero nunca se hizo efectivo, hasta donde yo sé”.
El 13 de febrero de 2014 tras una sesión del Grupo Coordinación Guerrero que sesionó en Teloloapan, el ex gobernador Ángel Aguirre entregó a mandos militares el predio de 60 hectáreas en el que se construiría el 41 Batallón de Infantería, el cual daría seguridad a los municipios de Teloloapan, Apaxtla, Ixcapuzalco, Cuetzala y parte de Tierra Caliente.
El lunes de la semana pasada y de la misma manera tras una sesión del Grupo de Coordinación Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informaron del reforzamiento de la seguridad en cinco municipios del estado, entre estos Teloloapan.
“El titular del Ejecutivo del estado dará seguimiento con el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Gobernación el compromiso de instalar cuarteles militares en Teloloapan y Chilapa”, decía el boletín del gobierno estatal.
En otro tema ante la pregunta, el alcalde Robell Urióstegui informó que hasta la tarde de ayer la Policía Federal no había llegado a Teloloapan como anunció la semana pasada el vocero de seguridad.
Dijo que el municipio estaba en calma y en espera del arribo de los agentes, “no han llegado a Teloloapan y desconocemos el motivo por el cual no han hecho acto de presencia”, pero confió que en los próximos días lo hagan.
Se le preguntó si es por la petición del gobierno de que se repliegue la comunitaria Tecampanera, y respondió que no porque quien hace la petición de que la comunitaria se repliegue es la Policía Militar.

Marchan en la capital organizaciones sociales, cierran el Cecyteg y se plantan en Casa Guerrero

Unos 300 integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero marcharon en esta ciudad e instalaron un plantón afuera de Casa Guerrero para pedir una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Entre sus demandas está la indemnización para los vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, justicia para la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada, Rocío Mesino Mesino, respuesta a los mineros de Taxco que llevan 9 años en huelga, atención para los damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, y la presentación con vida del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia.
También la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y justicia al asesinato del coordinador de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Irineo Salmerón Dircio de Tixtla.
Rechazaron la reforma educativa y exigieron la destitución del secretario de Educación estatal, José Luis González de la Vega Otero.
Subrayaron que el motivo de salir a la calle a manifestarse es para exigir en conjunto sus demandas. En Casa Guerrero integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) los esperaba en la puerta uno.
El contingente iba encabezado por un carro con sonido por el cual reiteraron sus demandas. Además portaron lonas de sus organizaciones.
Mediante el micrófono los manifestantes externaron su rechazo a las reformas estructurales como la reforma educativa y la reforma al sector salud, señalaron que el gobierno en lugar de dar más apoyo a la educación o al campo habla de reducción de presupuesto.
“No podemos continuar así, nosotros debemos pedir estar de una manera estable con seguridad social, con educación. Imaginen cada uno de estos hechos, nosotros somos ciudadanos, también a parte de que somos trabajadores, vivimos en este lugar y pagamos impuestos. Tenemos derecho del libre tránsito, derecho o a exigir todo lo que nosotros estamos remunerando al estado”, pronunció una profesora.
Exigieron que el gobierno del estado encabezado por el priista Héctor Astudillo Flores se sentara con ellos en mesas de trabajo, para analizar sus demandas y darles solución.
Cuando el contingente llegó a las oficinas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) en la avenida Lázaro Cárdenas, exigieron que los trabajadores desalojaran las instalaciones.
Pidieron la destitución del director de la institución Jaime Carmona Huerta porque les hace retenciones salariales en nómina para pagar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) préstamos que solicitan, sin embargo el Cecyteg no está haciendo los pagos, por lo que tienen adeudos y padecen de acoso laboral.
Cuando comenzaron a salir los trabajadores se escucharon las consignas: “¡Fuera, fuera por corruptos! ¡Estamos hartos!”.
“Precisamente en esta dirección general hay mucho recurso desviado, aquí hay mucha gente que aparece en nómina y que no tiene un techo financiero, sin embargo ese techo financiero lo toman de los trabajadores de base a los cuales no se les dan las prestaciones”, acusó un profesor.
Los manifestantes cerraron el portón de las instalaciones, colocaron una cartulina y el contingente siguió su trayecto a Casa Guerrero.
Del edificio salió el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado, quien dijo a los manifestantes que vería para cuando les programaban una reunión.
La Dirección Colectiva acordó que no se sentarían a dialogar con ningún funcionario porque no resuelven sus demandas, que sólo lo harían con Héctor Astudillo.
Presentaron las calcomanías que pegarán en los parquímetros como muestra simbólica de clausura, ante el rechazo de la población. La calcomanía dice “lo exige el pueblo, no al parquímetro, no a la basura”. Como ejemplo colocaron las primeras calcomanías en el que está afuera de la puerta uno del edificio.
Después, como a las 4:45 de la tarde llegó el secretario particular del gobernador, César Armenta, para programar una cita con el gobernador para este martes, le pidieron que les firmara un documento con el compromiso pero no quiso pero los comunicó telefónicamente con Astudillo Flores.
El gobernador les dijo que con “humildad política” se comprometía a reunirse con ellos el martes a las 10:30 de la mañana. Los manifestantes aceptaron y cerca de las 5:30 de la tarde terminó su protesta.
La Dirección está conformada por organizaciones como los mineros de Taxco, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (CETEG), la Universidad Pedagógica Nacional, vecinos del Nuevo Balsas y el Frente de Defensa Popular Francisco Villa (FDP).

El estado pide el desarme de la Tecampanera para llevar policías a Teloloapan, dice el alcalde

El alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño informó que el gobierno del estado le pide a la Policía Comunitaria Tecampanera que deje las armas para que la seguridad esté a cargo de las corporaciones policiacas, luego de que esa organización pidió a las fuerzas federales que brinden seguridad en el municipio.
La mañana de este jueves el perredista se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores en Casa Guerrero donde se planteó la instalación de tres Bases de Operaciones Mixtas (BOM) integradas por policías estatales y militares, para atender el problema de inseguridad.
“El compromiso es mandar tres bases operativas, estamos hablando de más de 150 elementos que estarían en Teloloapan, aparte de los que ya hay para garantizar la seguridad”, detalló.
Consultado en la inauguración de la feria empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que el gobierno del estado solicitó a las “fuerzas federales” brindar mayor seguridad.
“Hemos tenido una constante comunicación (con el gobernador) para resolver este tema de Teloloapan, espero que hoy por la tarde se tenga un diálogo con el secretario general de Gobierno y se pueda resolver el problema”, agregó.
Sostuvo que no hay una parálisis total en ese municipio a pesar de que confirmó que estaban cerradas las sucursales bancarias, tiendas de autoservicio, los juzgados y la agencia del Ministerio Público.
“Yo quiero clarificar que Teloloapan no está paralizado, porque las instituciones educativas, el transporte público está funcionando, sí existe temor y sicosis”, agregó.
Insistió en que ante la situación debe ser franco, que hay temor de la población sobre lo que pueda pasar, porque la ciudadanía “no está acostumbrada a ver gente armada caminando” por la ciudad.
“No pretendemos acostumbrarnos, por eso pedimos que la federación se haga ya cargo de brindar mayor seguridad a la ciudadanía, que se haga un compromiso concreto de que sí habrá seguridad para la ciudadanía tecampanera”, enfatizó.
Insistió en que su municipio ha sido “fuertemente golpeado” por la delincuencia organizada, y lo que pide la Comunitaria Tecampanera es seguridad para sus pobladores.
De las acusaciones de que tiene vínculos con el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, el perredista lo negó y se puso a disposición de las autoridades para que lo investiguen.
En videos difundidos en redes sociales presuntos integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana dicen que financiaron su campaña electoral pero no cumplió los acuerdos pactados.
“Que sean las autoridades competentes las que hagan el esclarecimiento de lo que se está imputando, yo nuevamente muestro mi rechazo a esas acusaciones, por lo que quien me acuse tendrá que comprobarlo”, enfatizó.
Insistió en que el objetivo de difundir el video es “manchar” a su gobierno, aunque desconocía de quién eran las intenciones y bajo qué encomienda.
Recordó que Teloloapan sólo hay cinco policías certificados de 20, los cuales deben de cuidar a una población de 54 mil habitantes. Su gobierno enfrenta además la falta de interés en formar parte de la corporación, a pesar de las convocatorias para unirse a la Policía Municipal.

El gobernador le ordenó “darle pa’bajo” a El Tequilero, dice el fiscal en San Jerónimo, Ajuchitlán

El fiscal Xavier Olea Peláez estuvo en San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán, donde la semana pasada el grupo criminal Los Tequileros secuestraron a 10 vecinos de los que todavía hay siete en cautiverio; informó que la orden del gobernador Héctor Astudillo Flores no es detener al líder criminal Raibel Jacobo de Almonte, El Tequilero, sino “acabarlo, darle pa’bajo”.
Anunció una operación especial por tierra y aire con agentes de Guerrero y Michoacán para ubicar a los secuestrados.
El fiscal llegó a Ajuchitlán poco antes de las 11 de la mañana en cuatro helicópteros, acompañado de policías ministeriales, estatales y de agentes de la Procuraduría de Michoacán.
Ahí estuvo acompañado de los policías y dialogó algunos minutos con reporteros para después volar a San Jerónimo el Grande.
En Ajuchitlán agradeció el apoyo de los agentes de Michoacán en la operación conjunta. Agradeció al gobernador Silviano Aureoles en nombre de Héctor Astudillo, “no quiero bajas de ustedes, quiero una sola baja, a él (El Tequilero) y ya, porque tiene asolada esta región de la Tierra Caliente”.
“Vamos a demostrarles que la ministerial de Guerrero es honesta, y vamos a sacar adelante este trabajo”, dijo.
Xavier Olea expuso que el objetivo de su visita era encabezar la búsqueda y rescate de los siete secuestrados, además de detener a El Tequilero.
Dijo que la estrategia era rodear San Miguel Totolapan incluyendo la sierra para dar con su paradero, “no es fácil, hay muchas cuevas, la zona es abrupta entre los cerros pero vamos a lograrlo”.
Informó que van bien equipados, incluirán un avión de un solo tripulante para tomar fotografías y reconocer las zonas donde se estima que está escondido el líder del grupo criminal Los Tequileros y en dónde tiene a los secuestrados.
En San Jerónimo el Grande unas 30 personas lo recibieron pero poco a poco salió más gente de sus casas. Le dijeron que las personas estaban escondidas por miedo, a pesar de la presencia de la Policía del Estado.

Lloran vecinos ante el fiscal, le piden que regrese a sus secuestrados

“Ya no sembramos, ya no salen los jóvenes a las escuelas, estamos hablando para ver cómo el gobierno nos puede apoyar porque estamos afectados en nuestras actividades económicas, por el miedo a la inseguridad”, fueron las primeras palabras que recibió el fiscal de un vecino.
La gente se desahogó: “ayúdeme, hace ocho meses se llevaron a mi hijo y no lo he vuelto a ver y no sé nada de él, ahora no veo a mi nieto, se lo llevaron”, le dijo una mujer de unos 70 años en medio de su llanto.
Cinco mujeres más lo abrazaron llorando, “queremos primero que recupere a nuestros familiares”.
“Mi hijo fue a la leña, de ahí se lo llevaron, a eso se dedicaba señor”, dijo otra de las mujeres.
Xavier Olea dijo que llevaría todos los testimonios ante el gobernador, que le diría lo que vio, que “en San Jerónimo hay hambre, que está escaseando el trabajo porque la gente no sale a trabajar por miedo, que realmente están resguardados en sus casas”.
Dijo que “el mensaje que quiero que tengan es que es un operativo. La verdad yo no les puedo prometer el resguardo de la población porque traigo 80 policías solamente, 51 policías del Estado de Michoacán que nos están apoyando”.
Agregó que este viernes “nos mandan un avión para tomar fotografías, para buscar los campamentos. Ya se encontró un campamento por la Policía del Estado, desafortunadamente no estaban ahí los secuestrados. Esta gente se mueve en la noche, hace caminar mucho a sus secuestrados”.
“La intención con este sujeto, se los digo con el corazón en la mano, no es detenerlo, vamos a acabar con él, pero para que ustedes se sientan más tranquilos, para que ustedes trabajen a gusto y que puedan sobrevivir, que esta Navidad sea placentera, primero es el rescate y después le damos pa’bajo a ese sujeto o al mismo tiempo, pero primero son ustedes, ese es el mensaje del gobernador que les manda por mi conducto”.
“Que sepa el tipo este, El Tequilero, que están armados pero no anden pululando en las calles con las armas porque se pueden meter en problemas, ténganlas en sus casas”, pidió el fiscal.
En San Jerónimo la gente fue clara, “no tenemos empleos, no podemos vender nuestra leña por miedo a salir fuera del pueblo y topar esa gente, no podemos ni trabajar la tierra de riego porque los canales no sirven, y si salimos con una camionetita nos topamos con los ministeriales o con los federales que nos quieren extorsionar”. El fiscal se comprometió a tomar cartas en el asunto.

Piden 4 millones de pesos de rescate por los siete secuestrados; son campesinos y un chofer las víctimas

Los familiares de los secuestrados confirmaron que ya tuvieron contacto con los sicarios, quienes piden medio millón de pesos por cada uno de los que se llevaron, pero a uno de los siete le piden un millón de pesos.
La versión dada por los familiares indica que desde el primer día tuvieron contacto, “aquí sale la gente a pedir pero estamos cooperando entre el mismo pueblo y pues no podemos dar más, los muchachos que se llevaron se dedican al campo, cortan y venden leña, a uno lo levantaron poniendo una cerca, otro el que tal vez más modo tenga es chofer de una combi, pero cuánto puede dar, no tienen dinero sus familias para juntar medio millón”.
También se informó que los primeros tres liberados ya no están en el pueblo y que no pagaron rescate por ellos.

Vecinos armados vigilan desde los cerros

Vecinos de San Jerónimo el Grande instalaron tres puestos de control en las entradas y desde tres lomas ubicadas en puntos cercanos. No están a pie de la carretera pero se alcanzan a ver a lo lejos, y ellos ven todo vehículo que entra y sale.
“Lo decimos porque dicen que van a ir a los cerros a buscar, no se confundan, los que están aquí cerca son nuestros”, informó uno de los vecinos a los policías que llegaron.
En el pueblo no se ven los hombres armados, ahí permanece la Policía del Estado que instaló un grupo este miércoles. Ellos se encargan de la seguridad en la comunidad. Afuera están los civiles porque temen otra irrupción por brechas fuera de los caminos comunes.
La Policía del Estado convocó este jueves a una reunión con los vecinos. Llamó a los líderes de los hombres que están en la autodefensa a desarmarse y a permitir que la Policía Estatal se hiciera cargo de la seguridad.

Cierran padres la primaria Venustiano Carranza de Acapulco para que les envíen seis maestros

 


Padres de familia, con sus hijos, cerraron la escuela primaria Venustiano Carranza del fraccionamiento Miramar, ubicado cerca de Puerto Marqués, para exigir seis maestros para el turno matutino que han solicitado a las autoridades educativas desde hace dos años. Además, informaron que en el turno vespertino faltan tres maestros, y se quejaron de que los policías que están en el plantel no lo vigilan, pues sólo firman y se van.
A las 7:30 de la mañana los padres impidieron la entrada de los maestros y dijeron que mantendrán cerrada la escuela; que tendrán hoy una reunión con el asesor del gobernador Héctor Astudillo Flores, César Flores Maldonado, para que les dé una respuesta ante la falta de docentes.
Los padres colocaron cartulinas en el portón de la escuela en las que se leía: “La educación es obligatoria sr. Gobernador”, “Necesitamos a nuestros maestros en las aulas. Más de 120 alumnos sin maestros. Esc. Prim. Venustiano Carranza”, “Nos faltan 6 maestros de una plantilla de 12. Escuela Primaria Venustiano Carranza”, “La Reforma Educativa está acabando con la educación. Artículo 3 Constitucional” y “Solicitamos su apoyo gobernador, dos años esperando”.
Los niños gritaban consignas como: “Queremos maestros” y “Educación primero al hijo del obrero, educación después al hijo del burgués”. La presidenta del comité de padres de familia, Visa Ventura Arcos informó que la protesta fue para insistir a las autoridades educativas para que les envíen los seis maestros, porque ya son dos años que los están pidiendo.
Indicó que en el ciclo escolar pasado estuvieron pagando maestros para que atendieran a sus hijos, y que este año los mismo maestros de la plantillas los están ateniendo, pero no pueden estar todo el tiempo con ellos, y sólo les dan ciertas asignaturas, como Inglés y Computación, por lo que los niños están muy mal académicamente. Señaló que, de una plantilla de 12 maestros nada más tienen seis. Asimismo, la mamá Araely Peralta dijo que la inquietud de los padres es ante la falta de respuestas concretas de las autoridades.
Indicó que los padres ya se cansaron de estar esperando la llegada de docentes; aclaró que en el turno vespertino la escuela se llama Fernando Montes de Oca, y que también les falta de maestros, por lo que se van a unir para exigir educación para sus hijos.
Informó que hoy sostendrán una reunión con el asesor Flores Maldonado para saber cuál es la respuesta a la falta de docentes e indicó que los padres han decido que no habrá clases hasta que las autoridades les resuelvan la situación.
La madre de familia Carmen Santiago López dijo que quieren los maestros, pues recordó que todo el ciclo escolar pasado estuvo pagando 35 pesos a la semana para que su hijo recibiera clases, lo que consideró injusto, porque el Artículo Tercero de la Constitución establece que la educación es gratuita.

Retiene la Tecampanera unos cien camiones de productos para Tierra Caliente y mantiene paralizado Teloloapan

 

En su segundo día de protestas para exigir mayor seguridad en el municipio, integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan retuvieron camiones y tráileres de empresas nacionales y trasnacionales en los retenes de vigilancia en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, que hasta la noche de ayer seguían varados.
Ayer también mantenían tomado el Palacio Municipal como parte de su plan de acción para exigir a los gobiernos estatal y federal mayor seguridad para el municipio y la presencia de la Policía Federal, lo que fue parte de los acuerdos tras el bloqueo de la carretera más de 30 horas de los días 10 y 11 de este mes.
Ayer en la tarde en declaraciones vía telefónica el alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño informó que además estaban cerradas las sucursales bancarias, los juzgados y la agencia del Ministerio Público.
Cerca de las 8 de la mañana de ayer fuentes de la comunitaria Tecampanera informaron que en el segundo día de protestas estaban reteniendo todo tipo de camiones de carga de mercancía y servicios de empresas nacionales y trasnacionales. Pararon camiones de Coca-Cola, Bimbo, Coppel, repartidores de gas, cerveceras y de otras empresas que llevaban mercancía a la región Tierra Caliente y que venían a la zona Norte.
A la una de la tarde de ayer informaron que había unos 100 camiones y tráileres retenidos en los retenes que instalaron en la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia. Los camiones y tráileres fueron estacionados en la orilla de la carretera, sin que se bloqueara la circulación vehicular.
El martes los comunitarios cerraron el Ayuntamiento y tiendas de autoservicio para demandar mayor seguridad y la presencia de la Policía Federal, que se haga justicia a los tres herreros asesinados y se aplique la ley en contra de miembros de la delincuencia que se adjudicaron el crimen, y que se capture a los principales líderes del grupo criminal La Familia Michoacana. Además que se abra una carpeta de investigación en contra del alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, a quien señalan de tener vínculos con esta organización delictiva.
En la tarde en declaraciones por teléfono, el alcalde Robell Urióstegui confirmó la retención de camiones de carga y dio a conocer que hasta la tarde de ayer seguía cerrado el Ayuntamiento, los juzgados de primera instancia, de paz, el Ministerio Múblico, y no han permitido que las tiendas de autoservicio abran y tampoco en los bancos había servicio.
Declaró que la tarde del martes se reunió con una comisión de comunitarios para escuchar sus peticiones. Dijo que le pidieron que sea intermediario para programar una mesa de diálogo con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame. Dio a conocer que ya había platicado con el secretario y estaba en espera de que le dijeran la hora para que pudiera recibir una comisión, que podría ser ayer en la noche.
Del anuncio del gobernador tras una reunión con el Grupo de Coordinación Guerrero de reforzar la seguridad en este municipio, Urióstegui Patiño dijo que no le han dado una fecha para eso.
Mencionó que hay un planteamiento a los comunitarios que para que lleguen fuerzas federales, “ellos se tienen que hacer a un lado y dejar de seguir al frente de su movimiento”.
A pregunta de que si está despachando en Teloloapan dijo que no se lo han permitido. Dio a conocer que tenía una oficina alterna en la que atendía a la población pero que también fue cerrada, por eso definió parar las actividades y confió en que hoy se reinicien labores.
El martes los comunitarios habían advertido que en caso de que no fueran atendidas sus demandas también podrían tomar la hidroeléctrica El Caracol y las mineras asentadas en la zona.

Desde agosto dejó el gobierno estatal de dar seguimiento a la comisión para la Ley 701

 

Desde agosto, el gobierno estatal dejó de darle seguimiento a los trabajos de la Comisión Coordinadora que se encargaría de diseñar proyectos de reforma a la legislación local para regular el sistema de justicia comunitario, denunció el coordinador del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Ramiro Morales Hernández.
Morales Hernández, también coordinador de la comisión, dijo que los universitarios hicieron un proyecto de foros de consulta, pero el gobierno estatal no informó si aprobó o no su propuesta, por lo que no hay avance.
Consultado vía telefónica, precisó que el deber de la UAG es asesorar y presentar propuestas al gobierno estatal sobre la reforma a la legislación local para regular el sistema de justicia comunitario, pero no realizar las actividades que no hayan sido aprobadas por el ejecutivo y tampoco puede intervenir “si alguna de las partes” involucradas no lo solicita.
Dijo que la última vez que los universitarios se reunieron con el gobierno estatal para discutir sobre los trabajos que harían de manera conjunta fue, “en julio o agosto, algo así”, aunque no precisó fecha precisa.
También expuso que los universitarios están en la mayor disposición para colaborar con el gobierno estatal cuando así lo desee para darle continuidad a los trabajos de la Comisión Coordinadora; aunque consideró que, si no hay avances es porque las autoridades “seguramente” han tenido otras actividades que atender, como la presentación del primer informe de labores del gobernador, Héctor Astudillo Flores.
Este martes, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán denunció que la Comisión Coordinadora que se creó para analizar y elaborar el proyecto de la reforma de la Ley 701, no ha sido llamada a ninguna actividad.
El pasado 6 de abril, el rector Javier Saldaña Almazán y el gobernador Astudillo Flores firmaron el convenio de colaboración interinstitucional para dar cumplimiento a la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Esta recomendación está dirigida al gobernador de Guerrero, al fiscal general, al Congreso del estado y al Ayuntamiento de Olinalá, por violaciones a los derechos humanos de siete miembros de la Policía Comunitaria y 12 personas detenidas por la CRAC.
Lo que se propone en el convenio es “analizar la pertinencia de presentar las iniciativas de reforma al artículo 14 de la Constitución Política estatal, a través de un ejercicio de derecho a la consulta, para garantizar el principio de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas que componen el Sistema de Justicia Comunitario y que sea compatible con el sistema internacional de derechos humanos”.
Por parte de la UAG, los integrantes de la Comisión Coordinadora son el maestro de la Unidad Académica de Derecho, Ángel Ascencio Romero; la maestra e investigadora de la Unidad Académica de Ciencias de Desarrollo Regional, Dulce María Quintero Romero; el historiador y director de la Unidad Académica de Filosofía y Letras, Jaime Salazar Adame; y el coordinador del campus Montaña de la UAG, Jaime García Leyva.
Además los maestros e investigadores de la Unidad Académica de Derecho, José Gilberto Garza Grimaldo y Medardo Reyes Salinas, y el maestro e investigador de la Unidad Académica de Antropología Social, Ramiro Arroyo Sepúlveda. Por parte del gobierno estatal, se desconoce quiénes colaboran en la Comisión Coordinadora.

 

Protestan vecinos de cuatro municipios en la CICAEG para que termine de construir sus carreteras

Pobladores de los municipios de Quechultenango, Acatepec, Chilapa y Atlixtac protestaron en las oficinas de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), porque no han concluido la construcción de dos carreteras que iniciaron desde el año pasado, y que comunicarán a los cuatro municipios.
A las 10:30 de la mañana, unos 80 pobladores de los cuatro municipios llegaron a las oficinas de la CICAEG, ubicadas frente las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), en la avenida Ruffo Figueroa, en la capital.
El presidente de gestoría del núcleo de San Lucas Teocuitlapa, municipio de Atlixtac, Guillermo Matías Marrón comentó que la CICAEG y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) destinó un presupuesto para la construcción de la carretera que pasa por la comunidad de Tlanicuilulco, en Quechultenango, y El Epazote, en Chilapa, en la que sólo han pavimentado 13 kilómetros de 60.
En el caso de la carretera Acatepec-San Lucas Teocuitlapa, en Atlixtac, son 5 kilómetros de los que aún no han iniciado los trabajos, “las obras carreteras están financiadas por la CICAEG y la Cdi, pero no han atendido nuestras demandas”, declaró.
Matías Marrón señaló que las obras deberían haber iniciado en mayo del año pasado; sin embargo, apenas en noviembre de ese año comenzaron los trabajos, pero a consecuencia de la temporada de lluvias se suspendieron las labores que a la fecha no han reanudado las dos empresas constructoras.
Agregó que en el municipio de Quechultenago está parada la obra en la comunidad de Tezintla, que se dirige a la cabecera municipal.
Dijo que, hace dos meses se reunieron con funcionarios de la CICAEG y la Cdi para reanudar la construcción de carreteras, “sólo una semana trabajaron y después ya no laboraron, nos dijeron que ya habían financiado las obras; sin embargo, las dos empresas, una de ellas Dimarca SA de CV, que no realizan los trabajo”.
“Todos los pueblos de la Montaña, para mejorar sus condiciones la única alternativa es haciendo presión, tomar oficinas públicas cerrando carreteras, el gobierno ha sido difícil que voltee a ver a nuestros pueblos”, declaró.
Recordó que estas carreteras fueron programadas en las administraciones de Zeferino Torreblenca Galindo, Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega Martínez y Héctor Astudillo Flores, y el año pasado iniciaron los trabajos de construcción.
Matías Marrón informó que fueron atendidos por el director general de la CICAEG, Ricardo Taja Ramírez, en la que acordaron que la dependencia destinará 10 millones de pesos a las carreteros y la obra concluirá el próximo año, en el ejercicio fiscal 2017.
A las 11:30 de la mañana los pobladores de los cuatro municipios se retiraron de las oficinas de la CICAEG.