El alcalde de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena informó que este viernes se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores y mandos militares para hacer una evaluación de la estrategia de seguridad.
En declaraciones a reporteros, luego de la entrega de certificados de bachillerato en la sala de juntas del Ayuntamiento, explicó que el acuerdo fue mantener las operaciones de revisión a automovilistas y motociclistas, así como los recorridos que de la Policía Federal.
Además dijo que las bases de operaciones del gobierno municipal que se encuentran en Petaquillas y Amojileca, ya no serán “estáticas” y se van a desplegar en diferentes puntos de Chilpancingo.
Para reforzar la seguridad en Chilpancingo, donde han ocurrido 226 asesinatos en lo que va del año, expuso que las autoridades municipales seguirán impulsando el programa de Vecino Vigilante.
Agregó que ha logrado la integración de 122 comités de Vecino Vigilante y que el objetivo en 2017 será incrementar la cifra a 200, además de que se contratará más personal para la policía de proximidad, dando prioridad a jóvenes que hayan realizado recientemente su servicio militar.
Informó que Chilpancingo cuenta con 112 policías municipales evaluados y certificados, y 24 reprobados que serán dados de baja, pero aclaró que esto no afectará las finanzas del Ayuntamiento.
De la postura del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) del PRD y algunos regidores que le pidieron que hable del problema de violencia en la ciudad para que el gobierno estatal y federal lo atiendan, y aseguraron que la capital enfrenta una situación grave de inseguridad, dijo que comprendía su postura porque son oposición.
En cuanto a la declaración del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda quien el jueves manifestó que se necesita legislar para generar un marco jurídico que defina el papel del Ejército en las labores de seguridad pública, y que los soldados no estudiaron para perseguir a delincuentes, Leyva Mena se limitó a decir que sí es necesario legislar para ofrecerle a esa institución certeza en su labor.
“El Estado mexicano le ha pedido la colaboración a una institución como el Ejército para enfrentar temas de inseguridad, temas en los que el marco legal no es el apropiado para las funciones de la Secretaría (de la Defensa) y él dice que no pueden dar los resultados que se quieren sin el marco jurídico legal, por eso se requiere la intervención del (poder) Legislativo”.
En cuanto a los trabajos de rehabilitación de la avenida Miguel Alemán aseguró que han concluido, y sólo falta terminar las banquetas, pero aclaró que esto se debe a que las empresas de Izzi y Telmex no han resuelto el cableado, pero aseguró que todo estará listo para el 18 de diciembre, cuando se celebrará el tradicional paseo del Pendón.
Etiqueta: Héctor Astudillo Flores
Es más humano colocar los cuerpos sin identificar en gavetas que en la fosa común, responde el gobernador
El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que los cuerpos que serán inhumados en el Cementerio Forense Estatal de Chilpancingo no han sido identificados por sus familiares pero se cumple con un protocolo.
En conferencia de prensa después de la inauguración del 18 Congreso Internacional en Adicciones, se le preguntó al respecto y dijo que es “más correcto y más humano colocarlos (en las gavetas) que mandarlos a la fosa común”.
Héctor Astudillo reconoció que se trata de un asunto delicado e importante pero asume la responsabilidad de esa decisión.
Del reclamo de la falta de identificación de los cuerpos, el gobernador lamentó que no hay familiares que reclamen los cuerpos, “ese fue el motivo para enviarlos a un cementerio donde se tomaron una serie de medidas de carácter de salud y de trato humano a quienes fallecieron”.
“Entiendo que habrá personas que van a estar diciendo bueno por qué se los llevan si no han sido identificados, pues por eso exactamente porque no han sido identificados”, agregó.
Después el gobernador explicó que donde fueron depositados los cuerpos se trata del “primer panteón ministerial del país” y que en la inhumación de los cuerpos se cumplieron los protocolos internacionales para la conservación e identificación de cuerpos.
Explicó que a los cadáveres se les realizaron diversas pruebas periciales, antropológicas, genéticas, dactiloscópicas, odontológicas, para generar un banco de información y expedientes que permita cruzar información con otras fiscalías y la Procuraduría General de la República (PGR), y de esta forma localizar e identificar familiares vinculados a los cuerpos.
También informó que “las gavetas y bolsas que se utilizan en el panteón ministerial, fueron donadas por la Cruz Roja Internacional, y permiten conservar los cuerpos hasta 50 años”.
Es injustificable la inconformidad de los familiares, dice el fiscal
El fiscal del Estado, Xavier Olea Peláez declaró ayer que es injustificable la inconformidad de los familiares de los desaparecidos por el traslado de cuerpos del Servicio Médico Forense (Semefo) al Cementerio Forense Estatal, y aseguró que se están cumpliendo las reglas y protocolos establecidos en la materia, además, que la Fiscalía cuenta con la base de datos para una posible identificación posterior.
Consultado por teléfono el fiscal informó que los protocolos que se están aplicando son los que les proporcionó la Cruz Roja Internacional, y que continuará el traslado hasta completar 60 en una primera etapa, mientras continúa la aplicación de las pruebas al resto de los 460 que hay en los semefos del estado.
En cuanto a las denuncias que presentaron familiares de desaparecidos ante el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y ante el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Ismael Eslava Pérez de la falta de resultados en las investigaciones para encontrar a los desaparecidos, argumentó falta de presupuesto, pero que aún así hay avances y que hasta les dieron a conocer lugares donde pudiera haber fosas posiblemente con cadáveres.
Dijo que la tarde del martes se reunió con el visitador de la CNDH Ismael Eslava a quien le explicó que los cadáveres que comenzaron a ser trasladados al cementerio ministerial son los que no han sido identificados.
“A mí me salta un problema porque dicen que no están identificados los cuerpos. Los cuerpos no pueden ser identificados si ningún deudo los identifica, lo que tenemos identificado es el ADN, las periciales de antropología forense, dactiloscopia, criminología, tenemos todo, pero son desconocidos”, aseguró.
–Pero la inconformidad de los familiares de desaparecidos es que no se ha hecho una confronta–, se le aclaró al fiscal.
–Están confrontados, cómo que no hay una confronta. Pero si no se sabe quiénes son no puede haber familiares.
Explicó: “si yo me muero tengo quien me reconozca, mi esposa o mis hijos. Aquí no es ese el caso, aquí son cadáveres que no han sido reconocidos por ningún familiar. Entonces la colectividad cómo puede estar en contra si no están reconocidos”.
Olea Peláez aseguró también que se cumplieron los protocolos, “los protocolos nos los dio la Cruz Roja Internacional. Somos el primer estado de la República en crear esto, porque en todos los estados y en la Ciudad de México se ha determinado el tiempo que están los cadáveres no reconocidos en Semefo, y son enviados a la fosa común, sin sacarles el perfil de ADN, sin nada”.
En cambio, explicó que con la medida que se aplicó aquí, “si un hermano mío está desaparecido y ya lo metieron a la gaveta, me sacan sangre y saliva e inmediatamente me van a decir: es el número 5 que está en tal lado”.
–En estas condiciones, ¿va a continuar el traslado?
–Evidentemente que va a continuar porque estamos rebasados en el número de cadáveres que podemos tener en los semefos.
Confirmó que en una primera etapa se van a trasladar 60 de un total de 460 cuerpos que hay en los semefos del estado. El martes fueron trasladados 20, ayer miércoles serían enviados otros 20 y este jueves 20 más, “y hasta allí paramos”.
Agregó que después van a continuar aplicando las pruebas al resto de los cadáveres para que “en un tiempo razonable” se trasladen otros 20, “y así vamos a ir descongestionando los semefos”.
Además aseguró que la Fiscalía cuenta con una relación “perfectamente cotejadas”, y dijo que los datos se encuentran en un libro de gobierno.
Falta presupuesto para investigar los casos de desaparecidos
En cuanto a la denuncia que presentaron familiares de desaparecidos ante el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarab y al visitador de la CNDH Ismael Eslava en el sentido de que no hay avances en las investigaciones para localizar a personas desaparecidas y esclarecer los asesinatos, el fiscal argumentó que la Fiscalía carece de presupuesto para hacer su trabajo.
Informó que la tarde del martes se reunió con el representante del Alto Comisionado, “y le dije claramente las penurias que pasa la Fiscalía en ese aspecto”.
Agregó que le explicó al enviado de las Naciones Unidas la escasez del presupuesto, “le expliqué que Guerrero no es Coahuila, no es Chihuahua y que es muy difícil encontrar cadáveres. Le expliqué claramente qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos avanzando”.
Dijo que el Alto Comisionado y el visitador de la CNDH le recomendaron que de alguna manera se tiene que fortalecer la Unidad o Fiscalía de personas desaparecidas.
“El problema es que hoy no tenemos el presupuesto, y vamos a ver si para el año que entra se puede hacer crecer la Fiscalía de desaparecidos”.
Olea Peláez aseguró que el representante del Alto Comisionado y el visitador de la CNDH “estuvieron 100 por ciento de acuerdo” con su respuesta.
La reunión fue en la Fiscalía entre las 5 y 7:15 de la noche y posteriormente se trasladaron a la Secretaría de Gobierno, en donde se reunieron también con el secretario Florencio Salazar Adame.
En esta segunda reunión los funcionarios entregaron un documento que contiene información de los lugares donde existen fosas posiblemente con cadáveres, y les explicaron que en el caso de las que fueron encontradas en Zitlala con 34 cadáveres y 9 cabezas humanas, fueron encontradas en función del trabajo de la Fiscalía, cuando llegaron a un campamento del crimen organizado en donde habían sepultado a 34 de sus víctimas.
Asimismo, informaron al Alto Comisionado y al visitador de la CNDH que en algunas barrancas profundas puede haber más fosas, “y les dijimos en qué parte del estado pueden estar”.
Agregó que con eso demostraron que “sí estamos trabajando y que tenemos en proceso de avance aún cuando no tenemos el presupuesto adecuado”.
Es un proyecto único
En un boletín de prensa conjunto la Fiscalía y la secretaría de Salud informaron que el Cementerio Forense Estatal (como se lee en las placas que pusieron a las gavetas donde depositaron cuerpos este martes), es un proyecto único en su género y que es coordinado por la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado.
Se informó que los cadáveres que fueron llevados el martes al panteón ministerial son los que tienen completo el proceso de identificación, “es decir, se realizó la cadena de custodia y las diligencias de traslado, para que todo quede plenamente identificado”
Las dependencias explicaron que cada gaveta fue sellada para inhumación, “misma que cuenta con una placa metálica con número de averiguación previa y fecha de resguardo, previamente se realizó doble verificación de cada cuerpo, es decir peritaje, cuestionario ante mortem y post mortem”.
Se informó que el traslado de los cuerpos será paulatino, mientras continúa el proceso de las pruebas de ADN de todos los cadáveres por el estado en que se encuentran, esto implica que el proceso puede prolongarse, para inhumar los que se encuentran en servicios médicos forenses de Iguala, Chilpancingo y Acapulco.
Las dependencias informaron que en esta etapa de inhumación están concluidos cuatro módulos de 80 gavetas, 40 por cada lado y faltan tres módulos más por construir, “existe un libro de gobierno para ingresar el día y la hora de los cuerpos, un mapa del panteón y cada espacio tiene una ubicación específica”.
“El manejo y tratamiento de los cuerpos se hace bajo los protocolos homologados de necropsia, y el fin último es que en el Panteón Forense se preserven los cuerpos en un lugar específico, para que en la base de datos de genética creada se ingresen los perfiles de los familiares y se haga la correlación de manera sistematizada, previa práctica de los estudios correspondientes de los cuerpos identificables”, agrega.
Se informó que el proceso de inhumación lo hizo la Secretaría de Salud, y que en la primera etapa se tuvo asesoría de la Cruz Roja Internacional, que dotó de un software para facilitar la elaboración de los perfiles genéticos, “señalando que no habrá cadáver en gaveta si no está identificado con todos los estudios que se tendrán al 100%, los cuales se ingresarán a la base de datos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGE”.
Paran clases por segundo día maestros de Apaxtla; no hay razón para adelantar vacaciones: Astudillo
Profesores de 14 comunidades de Apaxtla suspendieron clases en los diferentes niveles educativos por segundo día, dejaron de ir a sus centros de trabajo y exigieron seguridad al gobierno municipal y estatal, ante la presencia en sus pueblos de hombres armados integrantes de una célula de la organización delictiva La Familia Michoacana.
Policías estatales llegaron a Apaxtla la noche del martes.
Ayer los maestros no acudieron a la reunión que tenían programada para las 8 de la mañana. Los profesores de preescolar, primarias y telesecundarias habían definido suspender clases por tiempo indefinido y hasta que les garantizaran la seguridad, según dio a conocer a las 11 de la mañana uno de los profesores e integrante del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC).
Ya después de las 5 de la tarde y tras una reunión que tuvo una comisión de maestros con el alcalde, el general retirado del Ejército, Salvador Martínez Villalobos, se acordó que para este día los profesores de algunas de las comunidades reanudarán las clases.
La fuente consultada dijo que el compromiso del alcalde es que los cerca de 20 militares que están en la cabecera y los 10 policías estatales que llegaron la noche del martes a Apaxtla darán seguridad a los profesores hasta sus comunidades y harán recorridos de vigilancia en las carreteras.
Informó que reanudarán clases en las comunidades en las que haya las condiciones de seguridad y que haya vigilancia de soldados y policías estatales, bajo la advertencia de suspender nuevamente las clases en cuanto se deje de dar seguridad.
El martes y ayer, profesores de 14 comunidades de Apaxtla suspendieron clases y dejaron de ir a sus escuelas por la presencia de un grupo de 70 hombres armados presuntos miembros de la organización delictiva La Familia Michoacana a los que vieron en la carretera al Caracol en el poblado de Xochitepec y Santa Cruz, del municipio de Teloloapan, en la zona colindante con los municipios de Teloloapan y Arcelia.
No hay razones para adelantar las vacaciones, dice el gobernador
Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que solicitó al secretario de Seguridad Pública (SSP), Pedro Almazán Cervantes que enviara dos grupos de la Policía Estatal para reforzar la seguridad en ese municipio y dijo que no hay razones para que los maestros adelanten el inicio del periodo vacacional
En conferencia de prensa después de la inauguración del 18 Congreso Internacional en Adicciones en Acapulco, al gobernador se le preguntó sobre el temor de los maestros de Apaxtla que desde el lunes suspendieron clases porque han visto hombres armados en los caminos que llevan a las comunidades donde están las escuelas, y el gobernador indicó que ya están dos grupos de la Policía Estatal en el municipio en coordinación con el alcalde municipal, Salvador Martínez Villalobos.
Sobre la sicosis por la inseguridad que ha llevado a maestros a tomar la decisión de adelantar las vacaciones de fin de año, el gobernador afirmó “no veo razones para tomar determinaciones de adelantar vacaciones por el tema de la inseguridad”.
Astudillo Flores indicó que el problema en el estado es la falta de maestros, porque se jubilaron al mismo tiempo 800 docentes y eso ha generado que padres de familia hagan protestas en demanda de profesores que den clases a sus hijos.
El gobernador explicó que es más complicado enviar maestros a las escuelas donde hacen falta porque con la reforma educativa no se puede reemplazar de manera rápida a los docentes.
De la inconformidad de que no se investigan los casos de desapariciones que ocurren en el estado, el gobernador aceptó que puede haber quienes crean que no se hace lo necesario para encontrar a las víctimas de desaparición forzada pero dijo que el gobierno del estado hace su trabajo, “hasta donde podemos con lo que tenemos”.
Denuncian organizaciones que el gobernador abandonó molesto una reunión y piden garantías de seguridad

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se levantó molesto de la mesa de diálogo de ayer, cuando le dijeron que su gabinete está infiltrado por la delincuencia organizada y le pidieron la destitución del secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero.
Ante la actitud de Astudillo las organizaciones declararon roto el diálogo con el gobierno del estado y pidieron medidas de protección para el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, pues temen que el gobernador pueda atentar contra su integridad física.
El 28 de noviembre integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, familiares de la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada Rocío Mesino Mesino, los mineros de Taxco en huelga, damnificados del fraccionamiento Nuevo Mirador, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el Frente de Defensa Popular (FDP) protestaron afuera de Casa Guerrero para exigir audiencia con Astudillo Flores.
Ayer en conferencia de prensa en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo, Chávez Adame dijo que le expusieron su inconformidad sobre los altos índices de violencia e inseguridad las persecuciones políticas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Agregó que se le presentó un pliego petitorio de 10 puntos, como el esclarecimiento del asesinato de Rocío Mesino, la presentación con vida del integrante del FDP Manuel Alejandro Moreno, voluntad política para la ubicación de los restos de asesinados durante la guerra sucia, y apoyo a Josefina Margarito Rosendo la hija de Patricio Margarito Rivera quien fue encarcelado tras ser acusado por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio a pesar de que existe un contrato de compra-venta.
El encuentro se tornó ríspido
Chávez Adame expuso que se tornó ríspida la reunión cuando le exigieron la destitución del secretario González de la Vega.
Cuando le plantearon el tema de inseguridad y le dijeron que la delincuencia organizada estaba inmiscuida en la política y en su gabinete de gobierno, le pidieron que les ayudara porque no querían ser otras víctimas de desapariciones, entonces el gobernador señaló directamente a Chávez Adame, y molesto le dijo “claro que te voy a contestar”.
“Ya lo agarró personal y dijo que en el caso de nosotros, de lo que nos había pasado con de la Vega Otero y el compañero Alfonso, que nos encontramos todavía en esa circunstancia donde nos desapareció de la base de datos de Educación dijo ‘ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie y si tú tienes pruebas que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas’”, relató el dirigente de la APPG.
El gobernador subrayó que no podía despedir al secretario de Educación porque no tenía evidencias contundentes de malos manejos, de inmediato se paró de la mesa y sin despedirse se retiró de la reunión, agregó.
“Si algo me llegara a pasar a mi, a mi familia o a mis compañeros que representan a esta Dirección Colectiva yo hago responsable directamente a Héctor Astudillo Flores como ejecutivo del estado y al secretario de gobierno, así como al secretario de Educación que lo conocemos, son personas vengativas y me parece que un gobernador no puede perder la cabeza, no puede ser intolerante ante una realidad que vivimos”, advirtió.
“Todo puede suceder porque un gobernador enojado, un gobernador molesto es capaz de todo, nosotros decimos que en lo particular el profesor Alfonso Simón Tavira y su servidor, si aquí se rompe la relación decimos que entre nosotros veremos los canales legales para iniciar una denuncia formal ante las instancias de gobierno en contra de José Luis González de la Vega Otero y en contra del propio gobernador”.
Aclaró que el secretario González de la Vega no es una persona física, y era el secretario de Educación cuando les quitaron sus derechos laborales, “no es un pleito personal que tenemos, pero si el gobernador quiere un pleito personal pues está rebajando su nivel, se supone que los gobernadores deben tener la capacidad política de aceptar la crítica, de revisarla y dar una solución, no hacer berrinches o caprichos”.
Dijo que la Dirección Colectiva definió no aceptar ninguna mesa de trabajo más con el gobernador, y que definirá sus próximas acciones.
En su intervención el integrante de la extinta Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicomedes Fuentes expuso que el tema de derechos humanos en los tiempos de la guerra sucia, cuando el Ejército sitió el estado y desapareció a cientos de civiles en busca de jefes guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970, lo plantearon al gobernador.
“Se requiere de un oficio de colaboración de alguien del estado que puede ser la Fiscalía o el gobernador del estado, dirigido a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal” para que entregue los restos a sus familiares.
De los restos informó que uno es Eliseo Flores Vázquez originario de Acuentla, Chilapa, y el otro es Martín Mario Organés, que vivió desde niño en la comunidad de Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac de Álvarez.
Contó que “ellos eran Guerrilleros, cayeron allá en un cerco del Ejército. Fueron encontrados en el lugar donde cayeron a unos 300 metros de distancia en el cerro de las Clavellinas, lugar cercano a la comunidad del Posquelite (Coyuca de Benítez)”.
En Atoyac exigen seguridad
En Atoyac la Dirección Colectiva demandó al gobernador Héctor Astudillo garantías de seguridad ante el desplante que tuvo en la reunión en Chilpancingo.
En conferencia de prensa Norma Mesino y Clemencia Guevara Tejedor informaron que se rompió el diálogo de parte del gobernador al abandonar de manera ríspida una mesa de trabajo.
Dijeron que en la reunión plantearon, antes de que se supiera que estaban asesinados, la presentación del líder transportista Juan Mendoza Tapia, su esposa y los dos hombres que los acompañaban.
Norma Mesino adelantó que habrá una difusión en todos los organismos internacionales no gubernamentales porque al igual que están demandando la alerta de género piden una alerta humanitaria, “porque desde que inició el gobierno de Peña Nieto hay asesinatos de maestros, campesinos, periodistas”.
Se pospone para hoy la reunión del FUSDEG y UPOEG con el gobernador
La reunión programada para este viernes entre los grupos del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se pospuso debido a la agenda del gobernador, Héctor Astudillo Flores.
Este viernes se haría la tercera reunión entre las dos organizaciones para definir el método por el cual se decidirá que tipo de seguridad se le brindaría a los pobladores de Tierra Colorada, municipio de Juan R Escudero.
Integrantes de las dos organizaciones fueron notificados de la suspensión del encuentro el jueves por la noche, la reunión se reprogramó para este sábado a las 11 de la mañana en Casa Guerrero, con el gobernador Astudillo Flores.
Llegan a Tixtla 20 policías estatales, recorren la ciudad e instalan retenes en la carretera
Por indicaciones del gobernador Héctor Astudillo Flores fueron enviadas cuatro patrullas y 20 policías estatales al municipio de Tixtla, para prevenir más hechos de violencia.
A las 8:30 de la mañana entraron a la cabecera municipal las cuatro camionetas respaldadas por otras dos de la Policía Municipal, las cuales en convoy recorrieron el centro de la ciudad para posteriormente colocarse en las salidas a Chilapa y Chilpancingo.
El reforzamiento es únicamente en la cabecera municipal, la cual cuenta con una población de 54 mil habitantes y en la que en el último mes se han cometido continuos y brutales asesinatos.
Minutos antes de que partiera el convoy del Zócalo de Tixtla, el alcalde perredista Hossein Nabor Guillén informó que este miércoles sostuvo un encuentro privado con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes.
Dijo que por indicaciones del gobernador se dio el encuentro en Palacio de Gobierno, donde se acordaron las operaciones en conjunto con el gobierno municipal.
“Con el secretario buscamos la posibilidad, por indicaciones reitero del gobernador, de hacer operativos conjuntos para disuadir los hechos de violencia que se han dado en las últimas semanas en el municipio de Tixtla”, agregó.
Detalló que del municipio operan en un turno sólo 20 policías, los que se unirán a los 20 del estado para resguardar las entradas y salidas de la carretera Chilpancingo-Chilapa.
Dijo que en la reunión con el secretario también se planteó la necesidad de crear un proyecto para rescatar el tejido social en el municipio, ya que para su gobierno no se considera como única herramienta para luchar contra la violencia el uso de la policía.
Hay trabajo de investigación, afirma
El alcalde fue informado por el fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez, que además hay trabajo de investigación de manera paralela a las operaciones de seguridad instruidos por el gobierno del estado.
Dijo que se le informó que la línea de investigación en el hallazgo de los ocho cuerpos y los otros tres cuerpos encontrados en el libramiento, corresponden a ejecuciones de la delincuencia organizada.
“Nos aseguró que la línea de investigación es la de la delincuencia organizada, todas las muertes están relacionadas con esto, lo que no puedo asegurar son datos específicos, esos están por confirmarse”, señaló.
Las cuatro camionetas y 20 policías estatales, acompañados por los 20 municipales se colocaron en dos retenes, uno frente a la gasolinería ubicada en la salida a Chilapa.
En ese retén los policías estatales revisaron las camionetas de pasajeros que provenían de Chilapa y de Zitlala, bajaban a los usuarios para revisar sus pertenencias.
El segundo se colocó en la salida a Chilpancingo donde también revisaron a los automovilistas y conductores de motocicletas.
La mañana del martes tres hombres asesinados fueron hallados en el nuevo libramiento a Tixtla, entre ellos el ex regidor Luis Tenero Encarnación, y ese día en la noche se encontraron cinco hombres ejecutados en el viejo libramiento. Hace 11 días, el domingo 20, 9 cuerpos desmembrados fueron encontrados en la salida de la ciudad a Chilapa.
Pide el promotor de la CRAC Arturo Campos al gobernador que pare la violencia
El preso político y promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera llamó al gobernador Héctor Astudillo Flores desde la cárcel a que pare la delincuencia o renuncie, y sostuvo que el modelo de la Policía Comunitaria es el mejor y debe de seguir avanzando en las comunidades del estado y del país.
En un pequeño espacio que ocupa una oficina en la cárcel de Ayutla, Arturo saludó y abrazó unos 20 minutos a los representantes de las organizaciones sociales y de derechos humanos que lo visitaron ayer. Después un grupo de reporteros entró para charlar con él.
Vestía una playera blanca del equipo Los Pumas y un pantalón de mezclilla. Se veía fuerte a pesar de lo difícil que ha sido estar encerrado tres años en condiciones precarias, la falta de medicamentos y de doctores.
“Si el gobernador quiere a su estado, que pare la violencia, si no que renuncie”, soltó el promotor de la CRAC, y recriminó lo dicho por el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el martes, de que la violencia bajó en el estado, “sigue habiendo muertos”, además de que siguen los secuestros, cobros de cuotas y asesinatos.
El preso político dijo que “puede haber muchas leyes pero mientras no se respeten seguirá la violación de los derechos humanos” en el estado y el país. Culpó a los malos gobernantes de la “mala” situación del estado.
Señaló la incapacidad del gobierno de dar seguridad a las comunidades, y dijo que la CRAC es la única esperanza para la paz en el estado, “el modelo de la Policía Comunitaria es mejor, se tiene que copiar el modelo para seguir avanzando en las demás comunidades del estado”.
Campos Herrera expresó que “los pueblos tienen que hacer la reforma (a la Ley 701), se tiene que mejorar” y reclamó el presupuesto que se debe de dar a la Policía Comunitaria por el estado, que sigue gastando el dinero en una estrategia que ha fallado.
Expresó que “libertad sería justicia total, que no haya pobreza, corrupción”. Dijo que él afuera no se sentiría seguro y como todos tiene miedo, “pero si nos toca morir por una buena causa la lucha seguirá”, porque pese a los asesinatos de los integrantes de la CRAC, la única esperanza es la organización de los pueblos, donde la inconformidad crece.
Pide el alcalde “apoyo urgente” al gobernador para combatir la violencia en Tixtla
Debido a la violencia en el municipio de Tixtla el gobierno perredista de Hossein Nabor Guillén solicitó apoyo urgente para combatir la ola de violencia al gobierno del Estado.
“Nosotros estamos tratando de contener lo que más podemos, pero mientras no haya presencia del gobierno federal y estatal, pues obviamente se nos complican más las cosas”, enfatizó.
Tras el hallazgo de los tres cuerpos dejados a la orilla del nuevo libramiento a Tixtla, el alcalde se comunicó con el gobernador Héctor Astudillo Flores para manifestar su preocupación ante los continuos hechos de violencia.
El lunes de la semana pasada, 21 de noviembre, se hallaron los cuerpos de ocho hombres decapitados, este viernes fue hallado asesinado el coordinador del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Irineo Salmerón Dircio junto a otra persona, y este lunes fueron encontrados tres hombres muertos, entre ellos un ex regidor.
El gobernador “está integrando a Tixtla en la presencia del gobierno federal para los próximos días, se anunció pero no se ha dado”, dijo ayer el alcalde.
Insistió en que su gobierno repudia la violencia, principalmente contra los integrantes de la Policía Comunitaria, “quienes han sufrido dos levantones”.
Recordó que ante la ola de violencia se organizó la Policía Municipal para instalar retenes sobre la carretera.
“Mira nuestra capacidad económica del Fortamun sólo nos da para sostener 55 elementos de la Policía Municipal, esos 55 elementos para los 53 mil habitantes debes de tener claro que no alcanzan, pero tenemos en activo menos porque la mitad cubre un turno y el otro grupo el otro turno”, informó.
Reiteró que el gobierno municipal trata de combatir el problema de inseguridad, pero es urgente la intervención de la federación y del estado, para evitar que se “compliquen más las cosas”.
“El gobernador nos tomó la llamada por la mañana y anunció que se incrementará la presencia (de policías federales), obviamente esto obedece a algunas estrategias de seguridad que no nos van avisar, estamos esperando cuándo llegan y cuál será la estrategia a seguir”, mencionó.
Confirmó que uno de los cuerpos hallados en la mañana es Luis Tenero Encarnación, quien fue regidor y era uno de los promotores de la creación de la Universidad Intercultural Latinoamericana de Ciencias y Artes (UILCA).
Paramilitares que hacen trabajo sucio del gobierno causan violencia en Tixtla, señalan la CRAC y ONG
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Tixtla, perteneciente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, organizaciones sociales y activistas de ese municipio solicitaron el envío de observadores de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, públicos y civiles, dada la violencia dirigida contra los sectores organizados.
Por escrito pidieron la intervención para evitar más muertes, reunir evidencias del hostigamiento, desapariciones forzadas, privación de la libertad y para formular las denuncias contra los posibles asesinatos de los luchadores sociales ante instancias internacionales.
Al gobernador priista Héctor Astudillo Flores y al alcalde perredista Hossein Nabor Guillén les pidieron medidas cautelares y precautorias para los ciudadanos de Tixtla, aunque “han demostrado la incapacidad para brindar la seguridad de todos los ciudadanos de Guerrero y específicamente de Tixtla”.
Recordaron que Tixtla ha sido bastión de la lucha social y existe una “cacería sangrienta” contra los activistas y los normalistas de Ayotzinapa.
Como referencia recordaron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl I. Burgos de Ayotzinapa, que fue posible sólo por la colusión del crimen organizado con policías, fuerzas armadas y gobiernos el 26 de septiembre de 2014, y el desalojo a balazos de un bloqueo de normalistas el 12 de diciembre del 2011, donde asesinaron a dos.
Denunciaron que ocurren el hostigamiento, extorsiones, crímenes, desapariciones forzadas, presos políticos y demás lesiones de los derechos humanos, pese a que el Observatorio Ciudadano para la Seguridad Pública para la Justicia Penal, identificó vínculos de 24 presidentes municipales de Guerrero con la delincuencia organizada, no hay procedimientos ni investigaciones penales.
De Tixtla denunciaron que hace varios meses se intensificó la violencia, “día tras día hay desapariciones forzadas, levantones, desmembrados y ciudadanos asesinados. Es notable que la inseguridad ha ido en aumento en los últimos días y a pesar de la presencia de policías estatales y militares que ‘resguardan’ las entradas y salidas del municipio de Tixtla, las ejecuciones continúan y nos han sometido a un toque de queda, apoderándose de la población el miedo y el terror”.
Aunado a nuevos asesinatos de estudiantes de la Normal Rural y de luchadores sociales, como el 4 de octubre cuando un comando armado arremetió contra usuarios de una Urvan del transporte público, donde seis personas fueron asesinadas, entre ellas dos estudiantes de Ayotzinapa: Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, con balazos en la cabeza.
Este miércoles 23 de noviembre fue llevado de manera forzada el maestro Irineo Salmerón Dircio, coordinador de enlace de la CRAC en Tixtla, cuando se dirigía a su escuela primaria a impartir clases, y el viernes fue identificado entre dos cuerpos hallados sin vida en Amate Amarillo, municipio de Chilapa, junto a una cartulina que decía “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
El lunes 28 de noviembre fue sacado de su casa por la fuerza el ex regidor, promotor de una universidad popular en Atliaca, y activista contra las elecciones del 7 de junio de 2015 en apoyo a los padres de Ayotzinapa, Luis Tenero Encarnación.
Ayer su cuerpo sin vida fue localizado en la carretera de cuota Chilpancingo-Tixtla o el nuevo libramiento, cerca de la población de Matlalapa, de Tixtla. Tenero Encarnación también pertenecía a la Policía Comunitaria de Atliaca.
Frente a esto, denunciaron una violencia dirigida contra los sectores organizados, para aniquilar la disidencia contra el Estado. Señalaron el uso de “grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio, que no hace abiertamente el gobierno”.
Acusaron a la clase política partidista y de los tres niveles de gobierno de estos asesinatos, en particular al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde de Tixtla Hossein Nabor Guillén, de la inseguridad en el municipio.
Convocaron a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a Peace Brigades International (OBI), Amnistía Internacional, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Federación de Asociaciones Juristas Progresistas (FAJP) y el Mecanismo de Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Activistas de la Ciudad de México, a poner sus ojos en este municipio.
Liberan a otros cinco secuestrados de Ajuchitlán; ya son todos, asegura el vocero de seguridad
Cinco hombres que fueron secuestrados en San Jerónimo El Grande en Ajuchitlán hace 12 días, por el grupo delictivo Los Tequileros, fueron liberados ayer en la noche.
El gobernador Héctor Astudillo Flores informó en Twitter que “a las 8 de esta noche, fueron liberadas las cinco personas pendientes en Ajuchitlán del Progreso. Sanos y salvos”.
Por separado, el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informó que a las 8 de la noche de ayer cerca del cerro de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, se encontraron a cinco personas que manifestaron que estaban en poder de la banda Los Tequileros.
El jueves 17 de noviembre hombres armados ingresaron a la comunidad de San Jerónimo el Grande en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, versiones en el pueblo dicen que los sicarios entraron a pie por dos rutas distintas, y que conforme avanzaban por las calles se llevaban a quien se les atravesaba, y así se llevaron también una unidad del transporte público donde subieron a 10 personas, de las cuales soltaron la semana pasada a tres, y por las siete que faltaban se pedían 4 millones de pesos.
Los primeros días el vocero dijo que fueron secuestradas de 12 a 14 personas, posteriormente precisó que las víctimas fueron 10, pero ayer indicó que los cinco liberados y los tres primeros eran todos.
En declaraciones telefónicas indicó que los hombres contaron que luego que fueron liberados caminaron por cañadas y cerros hasta que llegaron cerca de La Gavia, donde encontraron a policías ministeriales que los buscaban, y que los trasladaron a sus casas.
Informó que tras la liberación de los cinco hombres se descubrió que “no hay ni una persona en manos de la banda de Los Tequileros”.
Aseguró que sólo eran cinco los hombres retenidos y no siete como en un principio informó. Aseguró que familiares de los hombres secuestrados confirmaron que sólo faltaban cinco.
Álvarez Heredia mencionó que falta que declaren los cinco hombres liberados mientras tanto fueron resguardados por policías.
Las operaciones conjuntas de los policías ministeriales, estatales y del gobierno de Michoacán continuarán en esa zona, informó el funcionario.
En un comunicado de prensa Álvarez Heredia explicó que las personas rescatadas están sanas y a salvo, “la banda de Los Tequileros no tiene a ninguna persona privada de su libertad según refirieron a las autoridades ministeriales, los cinco varones que fueron resguardados por policías ministeriales, después de que estas cinco personas fueron liberadas del cerro de La Gavia donde los mantenía sus captores, y ya fueron conducidos a sus respectivos domicilios por policías ministeriales al poblado de San Jerónimo el Grande”.
Agregó que la operación de 80 soldados del Ejército hoy buscarán a los plagiarios para hallarlos, detenerlos y que sean procesados por sus delitos.
Ayer en la mañana policías ministeriales se dieron un plazo de 72 horas para, a más tardar el viernes, tener resultados en el caso de los secuestrados de San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán.
Se redujeron los vuelos sobre el municipio de Ajuchitlán por falta de helicópteros y varios agentes permanecieron la mayor parte del día en las oficinas de Coyuca de Catalán, pero se informó que hay un plazo interno que se dieron para lograr resultados.
Ayer llegó a la región el comandante estatal de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), Ricardo Zamora Guevara, para encabezar la búsqueda.
El fiscal Xavier Olea aseguró que participaría un avión con capacidad para tomar fotografías de las zonas agrestes, y así buscar en los cerros a los secuestrados.