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Presentan organizaciones a un juzgado de Chilpancingo sugerencias para evitar concesiones mineras en Malinaltepec

Organismos internacionales presentaron este viernes un amicus curiae (amigo de la corte) ante el Juzgado Primero de Distrito de Chilpancingo en contra de la declaratoria de libertad del terreno, emitida por la Secretaría de Economía federal en el núcleo agrario de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, que abre la posibilidad de que se autoricen nuevas concesiones para la exploración minera en la zona.
La declaratoria de la dependencia federal se dio a pesar de que el pueblo de San Miguel del Progreso obtuvo un amparo el año pasado que canceló las concesiones que ya había en la zona.
El escrito fue presentado por la Fundación para el Debido Proceso (PDLF), con sede en Washington DC; la Clínica de Derechos Humanos del Human Rights Research and Education Center de la Universidad de Ottawa, y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL).
El amicus curiae tiene el propósito de contribuir a la decisión del Juzgado Primero de Distrito en torno a la demanda de amparo que fue presentado por la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso.
Dicho amparo es contra la emisión de la declaratoria de libertad de terreno 02/2015 que emitió la Secretaría de Economía federal para que particulares obtengan concesiones de licencias para la exploración y, en su caso explotación, de recursos naturales en territorios ancestralmente ocupados por la comunidad indígena de San Miguel del Progreso.
La presentación del escrito se hizo la mañana de ayer por el integrante de PDLF, Daniel López Cerqueira, quien se entrevistó por la mañana con la jueza Estela Platero, a quien le entregó el documento.
Después, en conferencia de prensa, se informó que en el amicus curiae se resalta los estándares del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho constitucional comparado sobre la consulta previa, libre o informada, así como los derechos territoriales de los pueblos indígenas, aplicables a la concesión de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales susceptibles de afectarles.
En la conferencia de prensa estuvieron el mismo López Cerqueira de PDLF; Matilde Pérez Romero, del Centro de Análisis e Investigación, Fundar; Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, y Alejandro Ramos Gallegos, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con sede en Chilapa.
En la conferencia de prensa, estuvieron asimismo, como invitadas, autoridades del núcleo agrario de San Miguel del Progreso, encabezadas por el presidente del Comité de Bienes Comunales, Valerio Muro Amado Solano.

Incumpliría el Estado mexicano sus obligaciones internacionales si se acepta la declaratoria

Allí se dijo que las organizaciones signatarias del amicus curiae esperan que el Juzgado Primero de Distrito anule la declaratoria de libertad de terreno 02/2015, y argumentaron que la decisión de la dependencia federal no fue precedida de un proceso de consulta a la comunidad de San Miguel del Progreso, cuyos integrantes han manifestado estar en contra de megaproyectos de minería en su territorio.
“Una decisión que se aparte de los estándares internacionales detallados en el escrito de amicus curiae no sólo desconocería los derechos fundamentales del pueblo me’phaa de San Miguel del Progreso, sino que deslindaría en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano”, se establece en un boletín de prensa emitido por los representantes de los organismos que respaldan el escrito entregado al juzgado federal.
En la conferencia de prensa, López Cerqueira explicó que el escrito entregado al Juzgado Primero de Distrito tiene el propósito de “alertar a la ciudad judicial de lo que establecen los parámetros internacionales, y para que la juez incorpore y tome en cuenta estos parámetros en la resolución del amparo que emitirá próximamente.
Dijo que el principal argumento que debe tomar en cuenta la juez es que la declaratoria de la Secretaría de Economía no fue consultada al pueblo indígena me’phaa y que con ello se les privó de su derecho de incidir en las políticas estatales.
Asimismo, informó que los organismos que promovieron el escrito, “nos ponemos a disposición del Juzgado y de la Secretaría de Economía para seguir aportando elementos”. Además propuso una mesa de negociación en la que se permita a la comunidad incidir en los proyectos del gobierno.
A su vez, Matilde Pérez, de Fundar, declaró que existe preocupación de los organismos por el incumplimiento del Estado y la constante violación a la consulta previa en los pueblos indígenas, que en el caso de San Miguel del Progreso tome en cuenta los argumentos que se establecen en el amicus curiae, “y se pueda garantizar una justicia efectiva que siente precedente para otros casos similares”.

El nuevo modelo de desarrollo del país no toma en cuenta a los indígenas, señala Abel Barrera

Abel Barrera declaró que los pueblos indígenas “son los que enorgullecen al estado de Guerrero, pero que lamentablemente son los más pisoteados, marginados y segregados”.
Agregó que, por eso son los que constantemente apelan a instrumentos internacionales para obligar a las autoridades a que respeten sus derechos como pueblos, y destacó que apelando a esos instrumentos internacionales han ganado los casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dijo que sólo así han obligado a las autoridades a que respeten los derechos que tienen, como el de poseer la tierra de la que son dueños, como el caso de San Miguel del Progreso.
“Pero hoy resulta que, en el nuevo modelo de desarrollo del país nuevamente no son tomados en cuenta”.
Destacó que, en su informe el gobernador Héctor Astudillo Flores habló de cinco proyectos, y que el segundo de ellos es el de la minería. Al respecto, se preguntó a qué costo, puesto que implica destruir el habitad y contaminar el medio ambiente.
Citó el caso de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, en donde la minera Media Luna no sólo está contaminando el medio ambiente, sino que llegó a dividir al pueblo al instalar por la fuerza su proyecto. Explicó que este es el costo de no hacer consultas previas en los pueblos.
Subrayó que, en el caso de San Miguel del Progreso la secretaría de Economía, con su declaratoria de libertad de terreno, deja abierta la posibilidad para que se autoricen más concesiones a empresas y particulares que las soliciten, pero que espera que el amicus curiae ayude mucho para que el Juzgado Primero resuelva a favor de los pobladores.
En tanto, Manuel Olivares Hernández expresó que preocupan estos intentos y estrategias del gobierno federal para sacar adelante proyectos extractivistas, sobre todo en la Montaña de Guerrero, pero que esperan que la jueza pueda resolver con el apoyo del amicus curiae en beneficio de San Miguel del Progreso.

Marchan 3 mil ciudadanos en Teloloapan, paralizan la ciudad y cierran la carretera para exigir seguridad

Más de 3 mil policías comunitarios de la Tecampanera, del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), de la autodefensa de Cuetzala, comerciantes, transportistas, amas de casa y niños marcharon la mañana de ayer en esta cabecera municipal, hicieron un mitin en el Zócalo y paralizaron la ciudad con dos bloqueos en la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia, que seguían hasta las 11:50 de la noche.
Las autodefensas de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala, municipios de la zona Norte que colindan con la región de Tierra Caliente, pidieron a los gobiernos del estado y la federación que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán, quien envió a transportistas a bloquear la carretera este lunes cuando supo que la comunitaria tecampanera iba a protestar.
Acusaron al priista de proteger al grupo criminal La Familia Michoacana, al que responsabilizan de los secuestros, levantones, asesinatos y extorsiones ocurridos en esa región.
Fuentes del movimiento informaron que comunitarios de Teloloapan desarmaron a policías estatales alrededor de las 6 de la tarde, no se precisó a cuántos pero según esta versión los agentes quisieron pasar el bloqueo del lado de Iguala y les quitaron las armas.
La protesta de ayer fue también para exigir seguridad, paz y tranquilidad a los gobiernos estatal y federal, la presentación con vida de los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan, y la llegada de la Marina y la Policía federal.
Reclamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores que en un año de gobierno no ha cumplido su promesa de campaña de llevar paz a este municipio.

La marcha

A las 11:20 de la mañana más de 3 mil comunitarios salieron en marcha del crucero el Caracol en la desviación hacia el municipio de Apaxtla y la carretera hacia Iguala, a unos 300 metros del retén militar.
Caminaron por la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano y entraron al Zócalo por la avenida Club de Leones a la plaza Eutimio Pinzón del Zócalo, frente al Palacio Municipal donde hicieron un mitin.
El contingente era encabezado por mujeres que cargaban una lona con el texto: “Los ciudadanos de Teloloapan apoyamos a los comunitarios en la lucha por la paz y la tranquilidad de Teloloapan”. También se leyeron cartulinas en las que se pide paz y tranquilidad al gobierno y otras: “Ya no queremos más secuestros, extorsiones ni levantones”.
La mayoría iba armada con rifles, pistolas, retrocargas y escopetas de bajo calibre, algunos con chalecos tácticos y antibalas, con carrilleras de cartucho de las armas usadas, radios de comunicación y pocos llevaban el rostro cubierto.
En el recorrido algunos comunitarios armados detuvieron para su revisión a personas que vieron grabando o tomando fotografías con teléfonos celulares, a los cuales cuestionaban el motivo y ante la sospecha de que fueran halcones (informantes) de la delincuencia.
Se demandó al gobierno estatal que presente con vida a los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan contratados por el Ayuntamiento y por quienes los delincuentes piden 2 millones de pesos de rescate.
Ante la movilización de comunitarios y la amenaza de una irrupción de sicarios de La Familia Michoacana que se difundió en redes sociales, unas 30 escuelas, 2 mil comercios, el mercado municipal, los bancos, gasolineras y el transporte público de la cabecera suspendieron actividades, lo que dejó las calles desiertas durante el día.

El alcalde de Arcelia tiene vínculos con la delincuencia, denuncian

En el mitin en el Zócalo frente al Ayuntamiento uno de los oradores de la policía Tecampanera, que omitió su nombre, pidió a los gobiernos estatal y federal que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán.
“Exigimos la investigación de las autoridades del municipio cercano de Arcelia donde ha sido el presidente municipal quien ha coordinado las acciones para repeler cualquier situación que perjudique a ese cártel (La Familia Michoacana), porque es de la delincuencia organizada”, señaló.
“Ya no más secuestros, ya no más extorsiones, exigimos la investigación del presidente de Arcelia que es quien coordina las acciones para poder repeler cualquier acción que atente en contra de los intereses del grupo delictivo asentado ahí”, insistió.
Demandó una policía efectiva “un Ejército que actúe, una Policía Estatal que verdaderamente coadyuve en los esfuerzos que hacemos los ciudadanos porque a Teloloapan lo está cuidando el mismo Teloloapan”.
Pidió que se instalen bases de la policía y del Ejército en las comunidades de Totoltepec y Alahuixtlán, esta última pegada al municipio de Ixcapuzalco y que son considerados en este momento por los comunitarios las zonas de mayor riesgo.
Dijo que las policías comunitarias asentadas en los municipios de Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan han dado muchos más resultados que las corporaciones policiacas y militares en varios años.
Advirtió al gobierno estatal y federal que no dejarán las armas y seguirán defendiendo a sus familias y lo que es de ellos.
Otro comunitario que tomó el micrófono criticó al gobierno de Héctor Astudillo Flores “que se comprometió a traer paz para Guerrero y hasta el momento no la veo, y creo que nadie de los que está aquí vivimos en paz”.
Dio a conocer que hace poco más de tres meses en una propiedad de su familia fueron hallados los restos de dos cuerpos, de los cuales creen que uno es de su cuñado. Lamentó que desde ese tiempo el gobierno estatal ni el federal mediante la Procuraduría General de la República (PGR), hayan emitido los dictámenes periciales para confirmar si son o no los restos de su familiar secuestrado en Teloloapan.
Uno más dijo al gobernador que “ya no queremos sus despensas, sus migajas y su frijol podrido, queremos que nos mande seguridad, que nuestros hijos se paseen en las calles y que sean dignos de ir al mercado porque las mujeres ya no quieren salir por miedo”.
Otro de los oradores expuso que en Teloloapan todas las familias, al menos uno de sus integrantes, han sido víctimas de la delincuencia organizada con un secuestro, extorsión, asesinato o desaparición, “ya basta, de Teloloapan no van a llevarse a nadie más”.
Exhortó al gobierno estatal y federal a que “intervengan en este municipio y rescaten con vida a los compañeros que nos han quitado de nuestro municipio”.
Criticó la falta de resultados del Ejército y dijo que no necesitan “damas de compañía” en las operaciones porque “las palmadas en la espalda y las bendiciones nos las dan nuestras familias y Dios… necesitamos que actúen con nosotros y que nos apoyen en esta lucha que como pueblo hemos emprendido. Teloloapan ya no quiere más desaparecidos, no quiere secuestros ni extorsiones, queremos un pueblo en paz”.

El Bloqueo

Al anunciar los bloqueos a la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano en las salidas hacia Iguala y Arcelia, uno de los oradores y coordinadores de la comunitaria Tecampanera advirtió que estos serían permanentes y por tiempo indefinido “hasta que el gobierno del estado envíe una mesa de negociación, hasta tener acuerdos firmados en papel, ya no más promesas del gobierno del estado de que nos van a venir a apoyar, el día de hoy necesitamos compromisos claros y que podamos contar ya con la presencia de la Marina y de la Policía Federal para que ayuden y coadyuven en este esfuerzo ciudadano”.
A la 1:30 de la tarde unos mil comunitarios dispersos en cuatro puntos bloquearon la carretera federal 51 Iguala-Ciudad Altamirano en el tramo de Teloloapan a Arcelia, a unos 500 metros de la cabecera municipal, cerca de la entrada a la brecha de terracería que lleva a la comunidad La Magdalena, que según los pobladores es ocupada por el grupo criminal para colocar retenes, secuestrar y extorsionar.
Otro grupo cerró en la salida a Iguala a poco menos de un kilómetro antes de llegar a la cabecera municipal, cerca del retén militar.
En ambos bloqueos cerraron la circulación vehicular con camionetas particulares, algunas blindadas y con el uso de camiones de carga que pasaron por el lugar y que atravesaron en la carretera. Sólo se permitía el paso a ambulancias y vehículos con personas enfermas.
En el bloqueo los inconformes exigieron presencia de funcionarios del gobierno del estado para firmar una minuta de acuerdos, en la que se comprometan a garantizar la seguridad en el municipio, a enviar soldados de la Marina y policías federales porque no hay Policía Municipal ni Estatal, y “el Ejército no actúa”.
Ante los bloqueos decenas de vehículos particulares, del transporte público y de carga quedaron varados en la salida hacia Iguala y hacia Arcelia.
Uno de los comunitarios consultado a las 11:50 de la noche informó que el cierre de la carretera federal continuaría hasta tener una respuesta por escrito del gobierno del estado a su pliego de peticiones.
Informó que ya estaban en pláticas con un funcionario del gobierno del estado y estaban dejando pasar cada dos horas a algunos de los vehículos varados.

Exige la esposa de Gonzalo Molina que Astudillo ordene que sea operado en un hospital privado

 

La esposa del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) preso en Chilpancingo, Gonzalo Molina González, Ausencia Honorato Vázquez denunció que las autoridades del sistema penitenciario insisten en que su esposo sea atendido en un hospital público, y que este miércoles intentaron nuevamente trasladarlo al hospital general Raymundo Abarca Alarcón.
Consultada luego de que visitó al promotor de la CRAC, Ausencia Honorato informó que este miércoles policías del reclusorio nuevamente quisieron trasladar a Gonzalo Molina al hospital general Raymundo Abarca para que le controlaran los dolores, debido a que toda la noche tuvo la presión alta.
“Fue controlado con una pastilla que le dieron las enfermeras que están en la enfermería del reclusorio, además tenía dolor en los riñones por los cálculos renales”, indicó.
Dijo que las autoridades penitenciarias quisieron trasladar a Gonzalo Molina para aplicarle una inyección para el dolor, sin embargo no lo permitieron debido a que “sólo lo están controlando, yo quiero que ya sea operado pero con un médico particular que las organizaciones sociales han propuesto”.
Mencionó que este lunes fue trasladado al hospital general de Chilpancingo para que fuera internado, pero el promotor de la CRAC se negó a ser atendido porque tiene miedo a que lo maten, por lo que tuvieron que hablar con el director del hospital para que no lo internaran.
La esposa del promotor de la CRAC exigió al gobernador priista Héctor Astudillo Flores que ordene que su esposo sea atendido en un hospital privado.
Resaltó: “lo único que le estoy pidiendo a las autoridades es que autorice que mi esposo sea operado por un médico privado, las organizaciones sociales se harán cargo de los gastos, ya tenemos al especialista que lo va a operar, ya no quiero que sólo le den medicamento para que se le pase el dolor”.

Liberaron al universitario por una operación de policías y militares, dice el gobernador

El gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó que el estudiante desaparecido de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Enrique Hinterholzer Rodríguez fue liberado, “seguramente” por una operación de diferentes corporaciones de seguridad en Chichihualco, cabecera del municipio Leonardo Bravo.
Por su parte el rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán llamó a los universitarios a “extremar al máximo su seguridad” para evitar que los afecte la violencia en el estado, luego de los recientes asesinatos y secuestros de estudiantes, así como del plagio del hijo del secretario técnico de la institución, Rubén Quintana Rosas.
El domingo los cuerpos de dos hombres asesinados y de dos mutilados atados de manos y pies fueron encontrados dentro de una camioneta gris en la colonia Flores Baños, al oriente de Chilpancingo pegado a la parte alta de la colonia Tatagildo. Con ellos fue encontrado un joven a quien tenían secuestrado, presuntamente el estudiante universitario Enrique Hinterholzer Rodríguez.
Consultado por reporteros cuando recorría la feria de proximidad social y prevención del delito en el Zócalo de la capital, al gobernador se le preguntó si estaba confirmado que los dos hombres asesinados eran los secuestradores del universitario, pero respondió de manera confusa, que “los jóvenes fueron afortunadamente recuperados”, lo que hace suponer que además de Hinterholzer Rodríguez, había por lo menos otra persona privada de su libertad.
La primera pregunta que se le hizo fue si tenía información respecto a las dos personas asesinadas ayer en Chilpancingo, y los dos hombres y una mujer ejecutados en una boda en Acapulco, ambos hechos ocurridos el domingo, pero no respondió.
Habló de las actividades que se celebraron ayer en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac y después del presupuesto federal, ante la insistencia mencionó la liberación de Enrique Hinterholzer, estudiante de la Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública de la UAG, quien desapareció la madrugada del sábado.
Se refirió al caso como el de “los jóvenes” pero no precisó a quiénes se refería, además especuló que posiblemente fueron liberados por una operación policiaca en Chichihualco.
“A ver, el asunto de los jóvenes que fueron afortunadamente recuperados. Hubo un operativo un día antes, fuerte, por parte del Ejército mexicano, por parte de la Policía del Estado, por parte de la Policía Federal que incursionó especialmente en la zona de Chichihualco, en donde se detectó que estaba el teléfono celular, hubo un operativo fuerte que seguramente ocasionó que los liberaran”, respondió.
–Parece que hubo un repunte de homicidios– se le inquirió.
–En Chilpancingo lamentablemente hay circunstancias pues muy lamentables que en Acapulco no, al contrario, en Acapulco va a la baja– respondió, a pesar de que el domingo en la comunidad de Tres Palos, en Acapulco, dos hombres y una mujer fueron ejecutados en una boda por hombres armados con rifles de asalto AR-15 y AK-47.
Consultado por teléfono el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia no dio detalles de cómo encontraron al universitario en la capital, y si los dos herido son cómplices del secuestro.

Se van a redefinir los protocolos de seguridad de la UAG, anuncia el rector

Consultado en la entrega de becas para estudiantes de nivel medio superior de la UAG ayer en el auditorio de la Rectoría, Javier Saldaña en su intervención anunció que se van a redefinir los protocolos de seguridad, porque no quiere que ocurran hechos de violencia en las escuelas.
Ante más de 100 funcionarios de la UAG, estudiantes y maestros de nivel medio superior, Saldaña Almazán dijo que “en este último mes” la institución tuvo “problemas de inseguridad”, por lo que se reunirá con los directores de las escuelas “para redefinir los protocolos de seguridad”.
“Yo les pido que sus inquietudes las dejen para otro momento, que de su escuela vayan directamente a su casa, si no es necesario no salgan”, dijo el rector a los estudiantes.
Informó que los departamentos psicopedagógicos y de orientación van a trabajar con los directores para reorientarlos y así evitar la inseguridad en la UAG.
Luego contó que “tenemos un problema con un hijo de mi secretario (Rubén Quintana) que venía de Querétaro, no ha aparecido desde el jueves, no quiero comentar más porque es un tema que se está resolviendo pero yo les pido que se cuiden, que extremen al máximo su seguridad”.
El rector dijo que evita lugares públicos y que en cuanto puede va a su casa, “a un lugar seguro”, porque “siento que la estrategia de seguridad (en el estado) iba caminando bien pero ha habido algunas variantes”.
Mencionó que ya habló con el fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez, “de los temas que le han pasado a los estudiantes y afortunadamente se ha hecho justicia pero ya es a toro pasado, ya perdimos a algún alumno o alumna, lo que queremos es no perder a nadie, mantenernos entre nosotros”.
Recordó a la estudiante de la escuela de Enfermería 2 de Acapulco, Adriana Ramos García asesinada el 22 de octubre mientras trabajaba en la pastelería Charlotte, “esa muchacha tenía esperanzas de ser alguien en la vida, la juventud es muy inquieta pero cuídense por favor, vale mucho nuestra vida”.
El 24 de septiembre fueron asesinados los estudiantes de Ciencias de la Educación Aidé Fuentes Nava y de la Preparatoria 33, Emanuel Juárez Flores en la colonia CNOP en Chilpancingo, en un ataque a balazos a una tienda. El estudiante de Medicina, Ángel Mendoza Ocampo fue visto por última vez el 1 de noviembre y la UPOEG lo encontró muerto el jueves pasado en el río de Ayutla.
El estudiante de la licenciatura de Gestión en Gobierno y Gestión Pública, Enrique Hinterholzer fue reportado como desaparecido el sábado en Chilpancingo y apareció el día siguiente en una casa en la colonia Flores Baños, donde dos de sus captores fueron asesinados y otros dos mutilados.
Quintana Rosas reportó la desaparición de su hijo en su cuenta de Facebook, el joven estudia en Querétaro y se dirigía a Acapulco el jueves pasado.

 

Investigan a la directora de la Casa Hogar del DIF tras las protestas, informa el gobernador


El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que la directora de la casa hogar del DIF estatal en Chilpancingo, Jazmín Terrazas Valente fue separada del cargo en lo que se investigan las denuncia de maltrato a los niños.
Dijo que en la investigación de las denuncias de los menores será con la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, y que en caso de que haya un problema él y su esposa la presidenta del DIF, Mercedes Calvo Elizundia están en la disposición de remediarlo.
El gobernador precisó que los niños “no se escaparon” de la casa hogar sino que “se salieron”, confirmó que 19 volvieron y sólo faltan tres.
Por su parte Calvo Elizundia indicó que se investiga la protesta de los niños y una hipótesis es que fue causada por dos menores provenientes de Morelos, quienes tienen un historial de conflicto en los hogares donde han sido recibidos.
Relató que hace 10 días la casa hogar de Chilpancingo recibió a dos menores de 16 y 17 años originarios de la Ciudad de México que se escaparon de una casa hogar en Morelos, llegaron a Iguala y de Iguala a Chilpancingo, “son niños que han estado en varias ciudades y estamos en investigaciones”.
Agregó que hay una “coincidencia” entre la llegada de los menores y la protesta “pero no podemos jurarlo ni asegurar una cosa que no hemos comprobado de manera definitiva, pero hay una coincidencia de que llegan a la casa”.
Informó que el DIF ha reintegrado a sus familias a 38 menores, que al asumir la presidencia honorífica había 22 menores y ahora hay más de 40.
El director del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado, Francisco Solís Solís informó que la Contraloría Interna inició un proceso administrativo contra la directora Jazmín Terrazas.
Tras la protesta y el escape de 22 niños de la Casa Hogar del DIF ubicada en la colonia Jardines del Sur en la capital, quienes denunciaron maltrato y que son alimentados con productos descompuestos, el funcionario estatal coincidió en que la protesta fue a raíz de la llegada de unos niños del Estado de México.
Consultado tras concluir el protocolario izamiento de la bandera en el Zócalo capitalino, el funcionario aseguró que todos los niños que se huyeron el domingo ya están de regreso en la casa cumpliendo sus actividades cotidianas.
Aseguró que el personal que trabajaba en la institución está capacitado y el área de nutrición “es evaluada cada mes”.
“Nos verifican los menús, la comida que es consumida y hay muchos comentarios, en ese sentido a los niños los tratamos de cuidar”, agregó.
Aseguró que la Contraloría Interna inició un proceso administrativo en contra de la directora, para “fincar responsabilidades en el caso de que existan, si es que hay una omisión como la señalaron los niños”.
Explicó que hace cuatro días llegaron niños del Estado de México los que “inquietaron a varios de los muchachos”, porque empezaron a decir que las adopciones que se tendrían iban a darles preferencia.
Consideró que las acciones y denuncias de los menores se debió a la llegada de los cuatro jóvenes quienes pensaban que la Casa Hogar funcionaba sólo como albergue, “lamentablemente estos muchachos inquietaron de manera colectiva a los demás jóvenes”.
Insistió en que todo se generó por la llegada de los niños nuevos quienes les comentaron “que por que no les dejaban hacer lo que en el Estado de México sí”, lo que provocó las protestas del domingo.
Solís Solís dijo que se escaparon del Estado de México y los encontraron en Iguala, por lo que los remitieron a la Casa Hogar mientras sus hermanos venían por ellos.
Señaló en que las cosas en la Casa Hogar ya están tranquilas y que los niños participan en sus actividades recreativas y culturales, “sigue la vida sin ningún problema”.
Aseguró que en la institución hay cámaras de vigilancias aprobadas por la Codehum para vigilar las labores diarias.
“A los niños no se les prohíbe salir, hay horarios de salida para las escuelas, actividades recreativas, hay personal que los lleva a las escuelas y que los monitorean”, detalló.

Piden defraudados por financieras a Astudillo que la Fiscalía continúe las investigaciones

 

La Alianza en Defensa de Afectados por Financieras en Guerrero exigió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que la Fiscalía General del Estado (FGE) termine de integrar la averiguación para castigar a los responsables de los fraudes de Productos Amor, que desde hace un año está detenida.
Además, los dirigentes de la Alianza acudirán este marte a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, para presionar la aprobación de un punto de acuerdo que obligue al fideicomiso a conseguir recursos económicos para los defraudados y se pueda resarcir el daño causado.
En una llamada telefónica a la redacción de El Sur, el representante legal de la Alianza, Jaime Alvarado López informó sobre el procedimiento legal de los defraudados, en su mayoría de Productos Amor.
Precisó que son 15 mil 500 defraudados de Productos Amor, de los cuales se inició una averiguación previa hace cuatro años, sin embargo la FGE no termina de integrarla para castigar a los responsables. Dijo que ya tiene un año “atorado” el expediente y que no avanza.
Agregó que, a raíz de esto se abrieron 10 mil 238 querellas, de las que sólo se han ratificados 8 mil, y que el fraude de Productos Amor es de 917 millones de pesos.
El represente legal manifestó que este lunes se trasladaron a la Ciudad de México porque el martes acudirán a la Cámara de Diputados.
Contó que hace un mes y medio el senador priista Sofío Ramírez y el anterior senador por el mismo partido, René Juárez Cisneros, promovieron un punto de acuerdo, para que la cámara de diputados asignara 600 millones de pesos a este problema.
Dijo que acudirán a la Cámara de Diputados para presionar y que las fracciones parlamentarias, incluidas la del PRI con Verónica Muñoz Parra, empujen el punto de acuerdo a favor de los defraudados del estado, y se gestione el dinero para resarcir el daño.
Reiteró a la Cámara de Diputados y al gobierno del estado que le den solución al problema que se ha presentado desde hace cuatro años y que está presente en 52 municipios.
“Se está convocando a los 15 mil 500 defraudados para que, en caso de que no avancen se inicie una serie de movilizaciones en todo el estado de Guerrero, estamos en 52 municipios, en las siete regiones del estado. Ya nos habíamos detenido cuando llegó Astudillo y dijo que no nos movilizáramos porque se iba a resolver el asunto, nos reunimos con él antes de la campaña, incluso en la campaña y el se comprometió a recibirnos cuando llegara de gobernador, tenemos un año y no nos recibe”, detalló el representante.
Expuso que han solicitado unas ocho veces por escrito la audiencia, y que el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, en marzo se comprometió a gestionarles una audiencia con Astudillo Flores, pero no los ha recibido.
Dijo que en caso de que no les resuelvan se movilizarán en Tlapa, Ayutla, Teloloapan, Chilpancingo y Chilapa. “Se está convocando a todos las víctimas de estos fraudes a que se concentren en las fechas próximas, vamos a dar a conocer un calendario de actividades de protesta para que se resuelva el problema”, comunicó. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Toma líder sindical el centro de salud de Coyuca de Catalán para que su hija siga en la administración

 

El centro de salud de Coyuca de Catalán fue tomado el jueves de la semana pasada por la delegación sindical, que encabeza Cristina Castro Aguirre, para impedir que su hija, Guadalupe Baltazar Castro, sea removida de su puesto como administradora.
La delegada pidió el apoyo de sus compañeros y otros familiares que también ocupan puestos claves, no sólo para evitar que llegue un nuevo administrador, sino para que no remuevan de ese cargo a su hija. Quien ocupa ese puesto recibe algunos recursos y maneja la dotación de suministros del centro de salud.
El administrador regional de la Jurisdicción Sanitaria, Edgar Said Gómez Guzmán, consultado vía telefónica dijo que tiene conocimiento del conflicto de intereses en el centro de salud de Coyuca de Catalán.
A Gómez Guzmán lo retuvieron dentro de las instalaciones de la jurisdicción cuando supieron que haría el cambio, y luego le prohibieron el ingreso.
El movimiento fue apoyado, incluso, por el director del centro de salud, Alejo Montes de Oca, quien es padrino de la administradora. El velador es hermano de la líder sindical, y fue quien inicialmente cerró las puertas e impidió el ingreso de funcionarios de la jurisdicción sanitaria 01 que llevaban un documento ordenado por la misma Secretaría estatal para instalar al nuevo administrador, Sergio Herrera Rodríguez.
El jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Enrique Robles Romero, y el administrador Edgar Said Gómez Guzmán, conocen del caso, pero no han logrado que la orden que les llegó se cumpla.
El administrador anunció que hoy intentarán un nuevo diálogo, pues consideró la medida de la lideresa sindical como “un desacato a lo dispuesto por el gobernador, Héctor Astudillo Flores”.
En la puerta hay un anuncio que dice, “No permitimos la entrada a personas ajenas a este centro de salud”.
Sólo permiten la entrada a pacientes, pero hay órdenes de los integrantes de la familia Castro, de no permitir el ingreso de funcionarios o autoridades superiores de la Secretaría.

 

 

Mil 818 asesinatos de enero a octubre, 358 más que en 2015; sube 24.5 por ciento

En los primeros 10 meses del año han ocurrido mil 818 asesinatos en el estado, en los que aparentemente participó el crimen organizado, 358 más que en el mismo periodo de 2015 lo que representa un 24.5 por ciento de incremento.
En octubre de este año se registraron 162 ejecuciones, 18 más que en septiembre que tuvo 144 homicidios según un recuento de lo publicado en El Sur, lo que representa un incremento de 12.5 por ciento ese mes.
El 24 de octubre hubo un enfrentamiento entre civiles armados del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, que dejó siete muertos, pero esos no se consideran en este recuento porque no hay indicios de que participara el crimen organizado, como sí ocurre en los otros casos.
El 3 de octubre en una actividad en Tixtla el gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró que el índice de homicidios dolosos en el estado disminuyó en septiembre en un 40 por ciento en Acapulco y 32 por ciento en el resto de la entidad.
El mes pasado en Acapulco aumentaron los asesinatos, sumaron 70, el 44 por ciento del total en el estado y fueron ocho más que en septiembre cuando hubo 62, es decir, en el último mes aumentaron un 11 por ciento.
En los 31 días de octubre de las 162 víctimas cinco fueron mujeres. Sin contar Acapulco en el conteo hubo 18 jóvenes entre 18 y 26 años, una niña de 14 que fue secuestrada y después hallada cerca de la comunidad de Iyotla en Leonardo Bravo (Chichihualco). Las edades de las demás víctimas oscilan entre 30 y 60 años.
La mayoría de los homicidios fueron a balazos, le siguen los asesinados con arma blanca, lapidados, a golpes y desmembrados. En algunos casos les dejaron narcomensajes.
Las regiones en las que se cometieron más ejecuciones son Acapulco, Centro, Costa Grande, Norte y la Montaña.
Los municipios en los que se cometieron más hechos de violencia fueron Chilpancingo con 25 muertes, Coyuca de Benítez con 11, Zihuatanejo con siete, Iguala y Atoyac de Álvarez con cinco, Chilapa de Álvarez con cuatro, Eduardo Neri (Zumpango) con tres, en San Marcos, Buenavista de Cuéllar, Atenango del Río, Ometepec, Tixtla, Petatlán, Huitzuco y Pilcaya se registraron dos, en Tecpan de Galeana, Leonardo Bravo, Marquelia, Telolopan, Cruz Grande, Zitlala, Metlatónoc, La Unión, San Luis Acatlán, Copala, Ayutla de los Libres, Cuetzala del Progreso, Tlapa, Tepecoacuilco y Tlacoapa hubo uno.
Entre las víctimas están un trabajador de una empresa de Tecpan, un campesino, el ex secretario particular del ex diputado PRD Miguel Cantorán, el director de asuntos indígenas de Chilapa Apolinar García Palatzin y el comisario Zizicazapa en Chilapa Bartolo García Tlalamolteco, el chofer del secretario de Finanzas de Chilapa Edgar Salmerón, un líder priista en Metlatónoc, la doctora del IMSS Adela Rivas Obé, dos presuntos asaltantes de Oxxos en Chilpancingo, y un policía ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Además un ingeniero, un comandante del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y chofer de Petaquillas, Julio Alarcón Astudillo, dos taxistas, un carnicero, el ex secretario particular del alcalde del PRI Javier Escobar, dos hermanos, dos choferes de la ruta a Chilapa, tres albañiles, un mecánico, un pasajero de un taxi, el director de Tránsito de Cocula Luis Alberto Bahena Mora, un trabajador del Ayuntamiento de Acapulco, un maestro de primaria, un comerciante, dos estudiantes de Telebachillerato en Ometepec y un indígena me’phaa.

La violencia en 30 municipios

El 1 de octubre un joven de 26 años fue asesinado a balazos cuando viajaba en una camioneta Urvan del transporte público en Tecpan. Al siguiente día dos hombres fueron asesinados a balazos dentro de un vehículo en Alto Ventura, municipio de San Marcos en la Costa Chica.
El 4 de octubre el ex secretario particular del ex diputado local perredista Miguel Cantorán Gatica, Manuel Pérez Lazca fue ejecutado a balazos a unas cuadras del Zócalo de Chilapa.
La tarde del mismo día los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, y el trabajador del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos (IEEJAG), Juventino Carranca Tejacal fueron asesinados en el viejo libramiento a Tixtla en un supuesto asalto. Los presuntos asaltantes al huir asesinaron a balazos al chofer de la Urvan de la ruta Reforma-Mercado, Marco Antonio Organista Lorenzo en la colonia Ampliación Revolución en la capital. Los cinco delincuentes fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General del Estado.
Dos días después el director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Chilapa, Apolinar García de 29 años y su tío el comisario de la comunidad de Zizicazapa, Bartolo García Tlalamolteco de 43 años fueron torturados y asesinados con arma punzocortante.
Los cadáveres fueron encontrados la mañana de este miércoles en la carretera de El Limón a Refugio en el lugar conocido como La Pila, en Chilapa. A un lado de los cuerpos había un narcomensaje.
El día 7 de ese mes el chofer del secretario de Finanzas de Chilapa, Israel Salmerón fue ejecutado y encontrado en la orilla del nuevo libramiento a Tixtla, a un kilómetro de la caseta de cobro.
El 11 de octubre el cuerpo de la doctora del IMSS Adela Rivas Obé, desaparecida el 22 de septiembre, fue encontrada en un barranco de la playa La Majahua en Zihuatanejo.
Después de tres días un ingeniero topógrafo de unos 30 años fue ejecutado a balazos en el negocio Pizza Bar La U en la plaza Las Palmas cerca del Congreso del Estado en Chilpancingo.
El domingo 17 de octubre vecinos e integrantes del FUSDEG de Petaquillas y El Ocotito, municipio de Chilpancingo, y de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, bloquearon más de seis horas en estos tres sitios la carretera federal Chilpancingo-Acapulco para exigir el esclarecimiento del asesinato del comandante y chofer de Petaquillas Julio Alarcón Astudillo quien fue asesinado dentro de su Urvan en el estacionamiento del mercado San Francisco en la capital.
El 18 hombres armados ejecutaron a balazos a dos vecinos de la cabecera municipal de Huitzuco, y el cuerpo de un hombre con el tiro de gracia en la cabeza fue hallado en la entrada de la comunidad de San Vicente Palapa, municipio de Tepecoacuilco.
El 19 de octubre cuatro hombres fueron encontrados asesinados en dos hechos distintos. En las inmediaciones del poblado de Atoyaquillo en la sierra de Coyuca de Benítez hallaron a tres víctimas que habían sido levantadas en Aguas Blancas, entre ellas al ex secretario particular del alcalde priista Javier Escobar Parra, Gabino Ramos Flores.
Hace 12 días dos choferes del transporte público de la ruta Chilapa-Chilpancingo fueron ejecutados a balazos en la cabeza a un lado del parque Margarita Maza de Juárez en la capital.
En un enfrentamiento a balazos entre la Policía Estatal y civiles armados hace ocho días hubo tres hombres muertos y uno herido en la gasolinera cerca del entronque al aeropuerto de Zihuatanejo.
El 27 de octubre dos hermanos fueron ejecutados con el tiro de gracia y hallados en una brecha de terracería en la cabecera municipal de Atenango del Río.
Un día después hombres armados entraron, mataron a un estudiante e hirieron a dos más en el Telebachillerato Comunitario 82, de la comunidad Las Iguanas, Ometepec, luego murió uno de los heridos.
Hace cinco días el director de Tránsito Municipal de Cocula, Luis Alberto Bahena Mora de 40 años, fue hallado asesinado en la carretera Iguala-Cocula, en la comunidad de Mextitlán, Teloloapan, con huellas de tortura y un narcomensaje clavado en el pecho con un picahielos, en el que advirtieron al ex alcalde Ulises Ramírez Crespo que no asumiera el cargo.
El último día de octubre en Chilpancingo dos hombres fueron ejecutados a balazos en distintos hechos, uno era chofer de una Urvan de transporte público.

En Acapulco 70 asesinatos

En Acapulco en octubre ocurrieron 70 homicidios, ocho más que en septiembre cuando hubo 62, lo que es un aumento de 11 por ciento y en lo que va del año suman 844 en el municipio.
Según las notas publicadas en El Sur el mes pasado de las 71 muertes en las que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, 10 fueron mujeres.
Entre las víctimas están tres tortilleros, un trabajador administrativo de una escuela, un teniente de corneta, una vendedora de jugos, cuatro taxistas, un jardinero, un cobrador de cuotas, un mecánico, un arquitecto, un abogado, un policía municipal, dos comerciantes, una trabajadora de pastelería y un estudiante de enfermería, un taquero, un carnicero, la dueña de un autolavado, una secretaria de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), un vendedor de chicles y dos militares.
En algunos de los casos fueron desmembrados y dejados con narcomensajes, degollados, torturados a golpes y otros ejecutados a balazos.
Las colonias donde ocurrieron los hechos de violencia son Alianza Popular, Clemencia Figueroa, Andrés de Urdaneta, Costa Azul, Renacimiento, Bella Vista, Unidos por Guerrero, Loma Bonita, Industrial, Ampliación Miguel de la Madrid, Zapata, Cumbres de Figueroa, Ampliación Villa Madero, Fraccionamiento Magallanes y Las Parotas.
El 6 de octubre tres personas fueron asesinadas a balazos en distintos hechos, entre ellas una vendedora de jugos en el fraccionamiento Costa Azul.
Después de cuatro días un taxista y su pasajero fueron asesinados a balazos en la colonia Unidos por Guerrero y esa noche otro hombre fue ejecutado en la calzada conocida como carretera federal Acapulco-México, en el punto conocido como la Y Griega.
El día 12 del mes pasado dos hombres fueron asesinados, otro fue desmembrado, y hubo un ataque a balazos contra la fachada de la Coordinación de la Policía Ministerial en la colonia La Laja.
Asimismo dos hombres fueron ejecutados a balazos la noche de ese día luego que fueron sacados de su casa en la colonia Industrial, cerca de Paso Limonero.
Hace 17 días tres cuerpos, una mujer y dos hombres, fueron exhumados de una fosa clandestina en la colonia Ampliación Miguel de la Madrid en la parte alta de Las Cruces. Además una cabeza y el brazo de una persona fueron hallados afuera de un negocio de comida en la avenida Ruiz Cortines en la colonia Quebradora, tenían un narcomensaje.
El 22 de octubre siete personas fueron asesinadas a balazos en distintos hechos en Acapulco, entre ellos un policía municipal acribillado frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y dos trabajadores de la pastelería Charlotte, en el fraccionamiento Magallanes, una era mujer estudiante de enfermería quien trabajaba para sostener sus estudios.
El domingo una pareja fue asesinada a balazos y se hallaron dos cuerpos envueltos en sábanas debajo del puente de la Vía Rápida.
Un joven fue asesinado a golpes dentro de su vivienda en el fraccionamiento Las Playas, mientras que otro, muerto a pedradas, quedó abajo del puente de la Vía Rápida. Mientras que los dos militares levantados el sábado en el Mercado Central fueron localizado el domingo envueltos en sabanas en Acapulco.

Van dos muertos de la UPOEG y 26 del FUSDEG tras casi 19 meses de enfrentamientos

El 23 de enero de 2014, la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) entró al valle de El Ocotito con la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia del Estado de Guerrero y, en menos de año una escisión conformó el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que aglutinó comunidades que pertenecían al movimiento que encabeza el dirigente indígena Bruno Plácido Valerio.
Pese a la tensión de la división, agravada por la confrontación política del año electoral (2015) y a las acusaciones mutuas de dar apoyo a grupos delictivos, la UPOEG mantuvo su presencia en algunas localidades del valle, de donde extendió su influencia a la Sierra.
El primer hecho violento conocido entre las organizaciones extendidas en comunidades rurales de Chilpancingo y Acapulco, ocurrió el 30 de marzo de 2015, en el crucero de San Juan el Reparo, de la carretera nacional Tierra Colorada-Cruz Grande, en el municipio de Juan R. Escudero.
Esa noche se reportaron siete muertos del FUSDEG y dos de la UPOEG, además de dos heridos graves, uno de cada grupo. Los primeros denunciaron que fueron emboscados, lo segundos que repelieron una agresión. Un policía herido del FUSDEG murió a 10 días del ataque, y de cinco integrantes del FUSDEG extraviados en los ataques, dos fueron encontrados degollados el 1 de abril en Chacalapa, San Marcos.
Poco después, el 8 de abril, el policía comunitario del FUSDEG, Raúl Jiménez Salgado, sobreviviente de los hechos, fue asesinado en su domicilio, en el poblado de Xaltianguis, municipio de Acapulco.
A poco más de un año, el 18 de abril de 2016, fue asesinado el ex comisario y ex presidente del comisariado de los Bienes Comunales de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, Edilberto Santiago Díaz, era hermano del primer coordinador del FUSDEG en Tierra Colorada, Romualdo Santiago Díaz. Los hijos de la víctima responsabilizaron a policías de la UPOEG.
Asimismo, denunciaron el asesinato de la coordinadora del FUSDEG, Nelva Edilia Sánchez López, el 26 de julio de 2015, cuando cruzaba la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en San Marcos, crimen perpetrado por policías ciudadanos de la organización opositora.
En este escenario enrarecido, también se enfrentaron dos grupos de policías comunitarios del propio FUSDEG en Xolapa, municipio de Acapulco. El 7 de junio de 2015, fueron muertas 16 personas a balazos: 13 de la fracción de Acapulco, encabezados por Policarpo Ramírez quien murió en la balacera y tres del FUSDEG del Valle de El Ocotito, regente en el movimiento de seguridad comunitaria del FUSDEG.
En estos hechos tiene antecedente el conflicto del cambio de comisarios municipales en Chilpancingo, donde dos grupos del mismo FUSDEG en Petaquillas se disputaron el control del sistema de seguridad comunitaria.

 

 

Retiene la Policía Federal al líder de la APPG Chávez Adame cuando regresaba del aniversario de la CRAC, denuncia

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame denunció que la noche del sábado fue retenido, junto con dos compañeros, por policías federales durante dos horas en la caseta de La Venta, donde le dijeron que tenía siete órdenes de aprensión de 2004, y que no lo detuvieron porque dialogó por teléfono con un comandante para que le esclareciera la situación.

En conferencia de prensa afuera de la Procuraduría General de la República (PGR), integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos de Guerrero, a la que también pertenece, manifestaron su solidaridad con el dirigente.
Ahí, Chávez Adame contó que el sábado a las 10:43 de la noche, cuando regresaba a la capital después de acudir a la celebración del 21 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), cerca de la caseta de La Venta los detuvieron policías federales.
Añadió que detuvieron con violencia la camioneta donde venía con dos integrantes de la comisión política del APPG, Alfonso Simón Tavira y Raúl Nájera.
Dijo que comenzaron a buscar información sobre ellos y le dijeron que tenía siete ordenes de aprensión vigentes de 2004, desde el periodo de Zeferino Torreblanca Galindo.
Les pidieron que no opusieran resistencia, y que se dieran la vuelta para esposarlos y subirlos a un camión de la PF, expuso.
“Como si fuéramos criminales o capos de la mafia, nosotros le dijimos que eso no podía quedar así que nos permitieran hacer una llamada… nos contestó el comandante Trejo, de la Policía Federal, con quien se logró llegar al acuerdo de liberarnos”, detalló, y lamentó que lo que los haya salvado de ser detenidos fuera una llamada a un comandante de la Policía Federal.
Chávez Adame comentó que, “yo recibí una llamada del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, donde él decía que sentía preocupación por haberme detenido de esa forma. El día de ayer también se habló con el delegado de la PGR para ver nuestra situación. Decíamos nosotros que si es del 2004 cuando Zeferino Torreblanca nos toma presos, pues ya son 12 años… y la acción penal prescribe”.
Al salir de una reunión en la PGR, Chávez Adame contó que acordaron que se va a rastrear su situación jurídica y su expediente, en una reunión donde estarán presentes los jefes de operativos de la Policía Federal sector caminos, y después tomará la propuesta que le hizo el gobernador de reunirse para dialogar sobre su situación jurídica.