El activista Nicolas Chávez Adame acompañado del dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, Raúl Nájera y el representante de la Dirección Colectiva, José Daniel Nava Cabrera a su ingreso a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Luis Daniel Nava
Chilpancingo
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, denunció intimidación por parte de la Policía Ministerial, de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los agentes le iban a notificar dos carpetas de investigación, por los presuntos daños a una bandera de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) y a la infraestructura de la alameda Francisco Granados Maldonado, por parte del Ayuntamiento de Chilpancingo.
Este jueves por la tarde, el ex asesor de la Secretaría General de Gobierno en la actual administración, se presentó a las instalaciones de la FGE en Chilpancingo para conocer su situación jurídica.
En la entrada informó, en conferencia de prensa, que dos agentes de la Policía Ministerial a bordo de la patrulla 334 se presentaron a su domicilio el miércoles, pero sin dar a conocer el motivo.
El dirigente llegó acompañado de Raúl Najera Najera, coordinador estatal, y José Daniel Nava Cabrera, integrante de la dirección colectiva de la APPG.
“Vengo a presentarme porque ayer se apersonó una patrulla ministerial, con dos agentes, y tocaron mi domicilio fuertemente, mientras otro agente de la ministerial tomaba fotos”.
Dijo que los policías preguntaron a su suegra si Nicolas Chávez se encontraba.
“Nosotros decimos que no debemos nada, estamos haciendo pleno uso de nuestros derechos constitucionales”.
Responsabilizó a los tres órdenes de gobierno de su integridad y la de luchadores sociales, en este momento que la entidad vive una crisis de seguridad complicada.
“Hacemos un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado y al senador Félix Salgado, de que la integridad de todos los luchadores sociales se está poniendo en riesgo”.
Mencionó el caso de Soledad Hernández Mena, hija del extinto luchador social Arturo Hernández Cardona, a quien el gobierno federal le retiró las medidas cautelares.
“En Guerrero, el tema de seguridad es muy delicado, nosotros somos fácil de localizar, hacemos una vida social y política en Chilpancingo, Guerrero, y fuera del estado”.
“Regresamos y decimos que aquí estamos. Vamos a preguntar el requerimiento de qué se trata. Los agentes llevaban un documento y vamos a asumir la responsabilidad”.
Hizo también un llamado a las organizaciones sociales, para poner atención a la situación actual de los activistas.
“Responsabilizamos públicamente a los tres órdenes de gobierno. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo al inicio de su gobierno que no iba a perseguir a ningún luchador social. (Pero) hoy vemos que todavía hay esas secuelas”.
Nicolás Chávez salió de la Fiscalía alrededor de las 10 de la noche. Informó que que presenta dos situaciones, la primera relacionada a una protesta en 2021, contra la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán, donde los manifestantes, entre ellos Nicolás Chávez, se llevaron una bandera de la comisión como un acto de protesta.
Otra denuncia que tiene Nicolás Chávez es por la violación a los monumentos históricos, por parte del gobierno de Norma Otilia Hernández.
Está relacionada con las manifestaciones que ha hecho la APPG en defensa del monumento de los luchadores sociales caídos de 1960, en la alameda central de Chilpancingo, y los supuestos daños a las fuentes danzarinas.
El activista tiene que presentarse a una audiencia de la que no le han dado fecha.
Dijo que estas denuncias son cosas raras, de intimidación, que se dan a 29 días de la entrega de la presea Sentimientos del Pueblo que entrega la APPG.
Brigadas del DIF nacional y de salud municipal supervisaron las instalaciones del Cendi-PT, que fue tomado por padres de familia desde el martes, donde se realizaron una serie de observaciones y recomendaciones a los directivos de la escuela para dar limpieza y rehabilitación de áreas.
Además, se pidió cuidar la calidad de alimentos que se da a los niños y publicar el menú de la comida que se les da, así como utilizar mejores utensilios de cocina y mantener con carga vigente los extintores.
En su tercer día de protestas, en el que mantienen un plantón y la toma del Cendi-PT de esta ciudad, padres de familia denunciaron intimidación y hostigamiento por parte de trabajadores del gobierno municipal, quienes les han pedido que ya no den información a la prensa, para que se pueda dar atención y solución a sus demandas.
Hasta anoche, los padres mantenían su protesta para exigir la destitución de la directora del plantel y la directora general, Sabrina Galeana Méndez y Alma Francisca Juárez Altamirano, respectivamente, a quienes señalan de presuntas irregularidades como desvío de recursos y nepotismo.
También exigen la reinstalación de al menos cuatro educadoras, que fueron despedidas sin justificación y que son de las fundadoras de la guardería.
Los padres informaron que el lunes, una comisión del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias o DIF nacional y del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, realizaron una inspección al plantel, donde se realizaron una serie de observaciones y recomendaciones.
De acuerdo con los oficios que fueron entregados tras la inspección, les piden mantener los refrigeradores en temperaturas adecuadas, para evitar el congelamiento de frutas, verduras y huevos; contar con utensilios en los que se preparan los alimentos en buenas condiciones, sin grasa ni cochambre; etiquetar los alimentos con las fechas que son refrigerados y servir los alimentos en utensilios en buen estado.
Asimismo, les piden señalar los puntos de reunión y una limpieza general en las instalaciones. Publicar el menú de alimentos que se da a los niños a la vista de los padres o tutores al inicio de la jornada laboral; mantener los extintores con carga vigente, ya que “se encuentra vencida”, que los botes de basura tengan bolsa y tapadera; proteger los contactos eléctricos, colocar las tapas a los inodoros, mantener todas las áreas limpias y ordenadas.
Se les pidió dar atención inmediata a las observaciones y recomendaciones, “para salvaguardar la integridad física y emocional de las niñas y de los niños”.
Asimismo, este jueves también realizó una inspección al plantel, luego de las inconformidades de los padres, una brigada de la Dirección de Regulación Sanitaria de Salud municipal, y de acuerdo con el acta de verificación levantada con número de reporte 1750, indican que en los baños de los niños no hay agua, pero estaban limpios, las llaves del lavabo en mal estado y las losetas deterioradas.
En la cocina se encontró “en estado limpio”, en el refrigerador se encontró carne congelada “en buen estado”, con escurrimientos de sangre; los alimentos empaquetados en buen estado y “jitomates guardados en el refrigerador ya no están en condiciones de consumirse”.
Mientras que en las áreas verdes tienen la maleza crecida, que puede propiciar la creación de zancudos y fauna nociva.
Se le notificó a la directora Sabrina Galeana Méndez que tiene tres días hábiles para corregir las irregularidades detectadas en el abasto de agua, reparación de los sanitarios, cloración del agua almacenada y limpieza de maleza, advirtiendo una sanción administrativa en caso de incumplimiento.
El reportero de la agencia Quadratín, Yener de los Santos Matías, presentó una denuncia penal por el delito de robo, allanamiento de morada “y lo que resulte” en su agravio, ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Chilpancingo.
En su querella asentó: “los periodistas en distintas partes de nuestra entidad, somos intimidados, perseguidos y asesinados, por lo anteriormente expuesto en este párrafo temo por la integridad a mi persona y de mi vida”.
Derivado de la presentación de la demanda peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentaron la tarde de ayer a su departamento ubicado en la calle Matamoros, de la colonia Rufo Figueroa, “para dar fe de la existencia de su domicilio, así como de las condiciones y características físicas del lugar”, como parte de la integración de la carpeta de investigación.
El reportero sufrió el robo de su equipo de trabajo y cinco mil pesos en efectivo, aproximadamente a las 10 de la noche del martes pasado.
En su denuncia, De los Santos Matías, precisó que esa noche le robaron una computadora portátil marca Toshiba, dos cámaras fotográficas marca Canon, una videocámara marca Canon, una cámara fotográfica marca Nikon, un lente teléfono, y cinco mil pesos en efectivo.
Reiteró: “en mi departamento tengo más pertenencias de valor, las cuales no se llevaron, y tengo temor de estas personas que irrumpieron de manera ilegal a mi domicilio, ya que solo se llevaron mi herramienta de trabajo donde tengo toda mi información y datos muy importantes que solamente mis compañeros de trabajo conocen”.
Agregó: “en mi trabajo realizamos diferentes denuncias de manera pública, ya que es parte de nuestra profesión, y los periodistas en distintas partes de nuestra entidad somos intimidados, perseguidos y asesinados, por lo anterior expuesto en este párrafo temo por la integridad a mi persona y de mi vida”.
El miércoles, en conferencia de prensa, Yener de los Santos, informó que cree que no fue un robo común y que podría tratarse de una intimidación por su trabajo como periodista.
El reportero de la agencia Quadratin Guerrero en Chilpancingo, Yener de los Santos en conferencia de prensa con el director de este medio digital, Ricardo Castillo Díaz y el secretario general de la delegación del SNRP, Luis Blancas Rayo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El reportero de la agencia Quadratín, Yener de los Santos, denunció el robo de sus instrumentos de trabajo la noche de este martes.
En conferencia de prensa el mediodía de ayer, informó que cree que no fue un hurto común y que podría tratarse de una intimidación por su trabajo como periodista.
Acompañado por el secretario general de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Luis Blancas, De los Santos informó que le robaron su computadora portátil, dos cámaras fotográficas, un disco duro y dinero en efectivo.
El hurto ocurrió en su departamento ubicado en la calle Matamoros de la colonia Ruffo Figueroa, en Chilpancingo, aproximadamente a las 10 de la noche, según dijo en la conferencia de prensa.
Explicó que él o los responsables no violaron la chapa de su departamento y que lo extraño es que no se llevaron otros artículos que tenía en el mismo sitio.
“Quiero dejar el antecedente, porque llevo viviendo en ese departamento un año y medio y no había pasado nada, es una zona tranquila y segura pero ahora no sólo me robaron mi equipo, sino también mi tranquilidad”, destacó.
Contó que le llama la atención que el robo ocurrió con un patrón similar al que han sufrido otros dos reporteros en Chilpancingo: “les pasó algo similar, les robaron solamente su herramienta de trabajo y eso es lo que llama la atención”.
En su caso, explicó que había otros objetos de valor, pero sólo se llevaron su computadora portátil, las dos cámaras y el disco duro, que son los que ocupa para su trabajo.
“No estoy señalando nada contra nadie pero el día de ayer (martes), hice un cuestionamiento a los grupos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) que se están peleando por el proceso electoral. Dije que cómo es posible que los universitarios que se dicen defensores de la democracia solamente tienen un aspirante a rector”.
Otro asunto que trabajó el martes, fue que criticó el arranque del programa del fertilizante por los gobiernos federal y estatal. Informó que cuestionó que se informó que son 40 mil toneladas de maíz las que van a comprar a los campesinos de Guerrero, cuando antes, en enero, habían anunciado que sería 50 mil.
“Yo no estoy acusando a nadie pero sí dejo estos antecedentes de las últimas notas periodísticas que hice. Reitero que me llama la atención que casualmente sólo se llevaron el equipo que utilizo para trabajar y cinco mil pesos de mis ahorros de este año”.
El secretario general del SNRP, Luis Blancas, denunció que ya son tres reporteros que sufren robos con el mismo patrón de conducta en este año, y consideró que el caso es grave.
“Esta situación es grave, y como SNRP nos solidarizamos con el compañero y exigimos a las instituciones de seguridad, de procuración de justicia y derechos humanos, así como a las organizaciones de periodistas, y a los tres órdenes de gobierno, que intervengan en esta situación”.
Advirtió que el reportero no está solo e hizo un llamado a las autoridades para que intervengan “de manera inmediata” para que el caso no quede así, impune, y sin esclarecerse como los anteriores.
Al final llegó el coordinador de la plataforma informativa Quadratín en la que trabaja Yener de los Santos, el periodista Ricardo Castillo Díaz, quien se solidarizó con su trabajador ya en una segunda conferencia de prensa.
Integrantes de la Dirección Colectiva de la CETEG región Centro, en la oficina del Departamento de Educación Inicial de la SEG a cuya encargada Rocío Encarnación Ayala acusan de intimidarlos y no respetar sus derechos laborales Foto: Jessica Torres Barrera
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Integrantes de la Dirección Colectiva, de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) región Centro, cerraron la oficina del Departamento de Educación Inicial, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para exigir la destitución de la encargada, Rocío Encarnación Ayala.
Los cetegistas, de la fracción que encabeza Antonia Morales Vélez, colocaron pancartas en las que se leía la petición de destitución de la encargada, porque afirmaron que los intimida y no respeta sus derechos laborales.
En declaraciones, el miembro de la dirección Colectiva de la CETEG, Miguel Ramírez Marino, detalló que desde hace un año “se ha venido gestando” una serie de inconformidades por las actitudes de Rocío Encarnación Ayala.
“Hay una serie de situaciones que no ayudan a fortalecer el trabajo. Esta maestra, lejos de invitar a la unificación del trabajo, de no excluir a las compañeras e invitar a la cordialidad para sacar adelante el trabajo, hace lo contrario”, recriminó.
Manifestó que la encargada del Departamento de Educación Inicial, incluso, provoca la división de los empleados de la dependencia de la SEG, al generar conflictos internos y preferencias con algunos trabajadores.
El cetegista externó ya han enviado escritos a la Subsecretaría de Educación Básica, al titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para que intervengan, pero no han tenido respuesta.
En su participación, la trabajadora María Eugenia Nogueda Téllez informó que en total son unos 11 empleados y más de la mitad pide la salida de Encarnación Ayala.
“Todo el tiempo vivimos bajo amenazas, Rocío Encarnación atenta contra el derecho de los trabajadores. Todo el tiempo nos está intimidando y ha provocado mucha confrontación con el personal del área”, destacó.
Los trabajadores informaron que ya no quieren diálogo con la encargada, que piden su destitución, porque de lo contrario continuarán con su movilización hasta obtener una respuesta.
El titular de la Secretaria de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña en entrevista con El Sur en su oficina ubicada en la colonia Villa Lucerna en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, afirmó que rechaza cualquier amenaza e intimidación a cualquier trabajador de la Secretaría por sus ideas o por defender sus posturas, luego de que la dirigente magisterial, Reyna Bello de Jesús, hizo públicas las amenazas de muerte que recibió y que sospecha se deben a sus señalamientos contra funcionarios de la dependencia por la venta de plazas y tráfico de influencias.
También, Rodríguez Saldaña aseguró que no tolerará “ninguna venta de plazas, ningún cambio de adscripción o algún movimiento laboral por pago de algo”, además expuso que enviará a una persona para dialogar con la líder magisterial.
Como lo informó El Sur, la dirigente de la Coordinadora Sectorial de la Región Centro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Reyna Bello de Jesús, denunció que desde el 13 de diciembre ha sido amenazada de muerte junto a su familia, y sospecha que se debe a los señalamientos que hizo contra funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) por estar involucrados en la “venta de plazas y tráfico de influencias”.
Entrevistado al respecto ayer en sus oficinas, ubicadas en la colonia Villa Lucerna, al oriente de la ciudad, Marcial Rodríguez Saldaña dijo que rechaza cualquier amenaza e intimidación a cualquier trabajador de la Secretaría por sus ideas o por defender sus posturas.
Afirmó que en la dependencia “tiene que haber una política de diálogo, incluso de tolerancia a veces excesiva, porque estamos en un proceso de transición, este nuevo gobierno está comprometido con el diálogo y la democracia”.
Dijo que como secretario jamás ha pedido la intervención de ninguna fuerza pública y no lo hará, “tenemos autoridad para salir al frente, para saludar a cualquier líder, a cualquier trabajador, con los estudiantes dialogamos con todos”, y “en el caso particular de la maestra yo esperaría que ella presente una denuncia”.
Indicó que independientemente de que lo haga, pedirá a una persona de la SEG que platique con ella, para ver en qué ámbito de competencia de la SEG se presentan también sus denuncias.
Hay el compromiso de actuar contra la corrupción
Rodríguez Saldaña sostuvo que su compromiso es actuar y no permitir que al interior de la SEG haya actos de corrupción, porque además busca mantener un ambiente de armonía, “hemos vivido en las últimas dos décadas un periodo de mucha convulsión social y eso ha impedido que el sector educativo avance, más la pandemia (de Covid-19)”.
Sin embargo, argumentó que hay condiciones favorables debido a “una extraordinaria relación con el gobierno federal” pues se han reunido con servidores públicos de la SEP, aunado a que en Guerrero “hay estabilidad social a diferencia de lo que había hace unos años”, también “no hay cuestionamientos a la legitimidad del gobierno”, y con su política de diálogo buscarán mejorar los indicadores educativos y atender los rezagos históricos que hay en educación y justicia laboral.
Invitó a todos los liderazgos de los diferentes agrupamientos de trabajadores de la educación a mantener una actitud de diálogo y conciliación, porque aseguró “no hay necesidad de ir a cerrar una oficina como antes se hacía, no hay necesidad de cerrar calles y mucho menos una vía federal, aquí están las puertas abiertas”.
El titular de la SEG opinó que es bueno que se denuncien los actos de corrupción o actos indebidos, y que no va “a tolerar ninguna venta de ninguna plaza, ningún cambio de adscripción o algún movimiento laboral por pago de algo”.
Añadió que a él nadie lo puede señalar de eso, e incluso, tiene familiares y amigos en el movimiento que le piden ayuda pero siempre y cuando “esté dentro del proceso normativo”, ejemplificó que actualmente el “ingreso al servicio docente es a través del examen de la convocatoria, (cuando) antes las plazas se heredaban, se vendían, hoy ya no”.
Manifestó que las denuncias de actos de corrupción investigarán, y “si las instancias que tienen responsabilidad de hacer esto, que es la Contraloría y el Jurídico no atienden, también vamos a revisar la actuación de ellos, nuestra responsabilidad es combatir la corrupción en todos los niveles y no permitir actos de intimidación y mucho menos de amenazas en la Secretaría”.
Dirigió denuncias de Reyna Bello al Jurídico
Del señalamiento de Reyna Bello de que a pesar de que entregaron las pruebas a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso y a él, como “voucher de depósitos en las cuentas bancarias” y no se ha hecho nada, respondió que “a la gobernadora no se la ha entregado esto, no sé al secretario general de Gobierno, pero a mí en las reuniones que he tenido me han dado a conocer y de inmediato he instruido que se investigue”.
Expuso que como secretario escucha y atiende pero no lleva los expedientes a detalle, contó que fue en los primeros meses de esta administración morenista cuando en una reunión recibió las denuncias y comentarios, pero los dirigió al Jurídico, y en estos días revisará qué ha pasado con esas denuncias y si hay entorpecimientos, hará que continúen las investigaciones.
De la denuncia contra los validadores donde “hay mafias pequeñas” que trafican con cambios, con venta de contratos o nombramientos de recomendados, Marcial Rodríguez expuso que éstos son trabajadores de base y no de confianza, y colaboran en el área de Planeación para revisar si en una escuela que demanda maestros procede la asignación de docentes, “es decir, si existe la matrícula suficiente para que pueda contratarse o asignarse a un maestro o a un trabajador”.
Mencionó que los validadores no deciden todo sino que la responsabilidad final está en el director general de Planeación y en el subsecretario de Planeación Educativa, Benjamín Adame Pereyra, “pueden cometer errores los validadores, pero si el director de Personal está viendo y el subsecretario que no procede, se tiene que dar cuenta al secretario (es decir a él) para que se ordene corregir”.
El caso de los maestros
despedidos
De la queja de la líder magisterial de que el 15 de julio de 2022 fueron despedidos mil 800 maestros, el titular de la SEG contestó que se trató de profesores a quienes se les terminó su contrato temporal, “no hay que tampoco engañar a nadie, es un contrato temporal y la Secretaría no está obligada a volver a contratar a nadie que le dan un contrato temporal, nuestras obligaciones son con los que hacen el examen y que van a ingresar por carrera al servicio docente”.
Argumentó que la nómina de la SEG la paga la federación y ante la ellos le plantean si hace falta cubrir plazas, “antes había un desorden en el otorgamiento de plazas, de nombramientos, por eso el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa) lo tuvieron que blindar, para que ya no incorporarán a más trabajadores sino hasta pasar por un procedimiento de la autoridad estatal”.
Cobertura de plazas
De cómo cubrirán esos espacios de los docentes que no fueron contratados para que los niños no se queden sin clases, informó que en 2022 entregaron 560 plazas a los egresados de las normales que hicieron examen y se ganaron su plaza por méritos propios y los asignaron en esos espacios que quedaron.
Pero aclaró que habría que corroborar el dato de los mil 800 docentes despedidos, “no estoy diciendo ni que sí ni que no, hay que corroborarlo”, agregó que en Guerrero tienen registrados a 600 maestros actualmente que están por contrato.
Afirmó que apenas este lunes le informaron que de 69 escuelas que estaban cerradas por falta de maestros cuando recibieron la administración, actualmente ya abrieron 40, aunque dijo hay otra problemática, que algunas escuelas tienen muy poca matrícula, y para que no se queden los niños sin clases las incorporarán al sistema del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), además este mes entregarán otro paquete de plazas a egresados de normales, a quienes enviarán a donde hagan falta.
“Desafortunadamente algunos egresados de las normales, pocos, que se les envía a cubrir plazas en lugares de zonas indígenas o en la Sierra, en zonas apartadas, no se presentan o van unos días y se regresan”, dijo, y afirmó que ya indicó al Jurídico proceder para dar esas plazas a quienes hicieron el examen y están en la lista “de prelación”.
Se le preguntó también por el señalamiento de irregularidades con las plazas de maestros fallecidos por Covid-19, las cuales se están vendiendo, Marcial Rodríguez dijo que “sí hubo muchos movimientos irregulares (en la administración pasada), basificaron a personal que no tenía derecho, incluso aquí mismo en las áreas centrales, a personal de confianza le hicieron contratos después de que terminó el gobierno, después del 15 de octubre de 2021, hasta diciembre sin tener facultades”.
Dijo que para no confrontarse con los trabajadores se les respetó su contrato hasta diciembre de ese año, pero ya no se les renovó.
Expresó que en 2022 denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) cinco casos de venta de plazas en Tierra Caliente y de manera interna hay varios procesos en el Jurídico de casos de maestros que viven en Estados Unidos y siguen cobrando.
La SEG, en proceso de transición
De por qué se ha contratado a funcionarios que ya estuvieron en la administración pasada, cuando se dice buscar una nueva forma de gobernar, con un nuevo partido, además la base del magisterio apoyó políticamente un cambio, Marcial Rodríguez respondió que están “en un proceso de transición, se van haciendo ajustes de la totalidad del aparato administrativo, el aparato también es muy grande en la SEG”.
Aseguró que después del primer informe de gobierno de la gobernadora, les pidieron revisar las áreas administrativas para corregir y aseguró que “vamos a tomar nota, yo por eso circulé un conjunto de acuerdos que son obligatorios para todos los servidores públicos, para advertirles de que quien no cumpla con estos lineamientos no tiene cabida en la Cuarta Transformación”.
“Ya se han hecho algunos movimientos en la Secretaría, ha habido cambios en diferentes niveles, e incluido el secretario, estamos sujetos a una revisión a nuestro trabajo y a rendirle cuentas a la gobernadora, en mi caso estoy haciendo una evaluación constante y vamos a continuar atendiendo estos casos que dice la maestra para poder informar en su momento a la gobernadora”.
Reiteró que no permitirá ningún acto de corrupción, llamó a todos los servidores públicos, quienes dijo “están obligados a denunciar cualquier acto de corrupción y el que no lo haga que se atenga a las consecuencias, vamos a sancionar y en su caso a remover a funcionarios que no entiendan que somos un gobierno emanado de un movimiento”.
El presidente del Consejo Ciudadano y conocido restaurantero de la colonia turística La Ropa, de Zihuatanejo, Carlos Gutiérrez Farías manifestó que durante el actual periodo vacacional recibió comentarios y quejas de turistas que se sintieron intimidados ante la presencia de policías en cuatrimotos recorriendo ese balneario, “algunos tuvieron experiencias de miedo en los retenes, porque los detenían sin tener la seguridad de si se trataba de policías u otro tipo de personas”.
Gutiérrez Farías dijo que, a pesar de la alerta a ciudadanos de Estados Unidos de no viajar a Ixtapa, luego del homicidio de un turista estadunidense en Ixtapa, “los extranjeros están llegando, muchos de ellos porque ya conocen Ixtapa-Zihuatanejo; también llegó mucho turismo nacional, llegaron por la temporada de frío, porque querían vacacionar pese a todo lo malo que se dice de Guerrero”.
Comentó que al contrario de lo que se tenía planeado, la presencia de policías armados “los hizo sentir más inseguros que seguros; creo que ahí les falló la estrategia, y si a eso le agregamos que durante estas vacaciones la colonia La Ropa siguió casi la mitad a oscuras, porque no tenemos alumbrado público en la carretera escénica, y le agregamos los cientos de vendedores ambulantes que llegan a ponerse donde sea y a vender lo que sea, pues no dimos una buena impresión”.
Agregó que algunos de sus clientes que llegaron por carretera le comentaron que “fueron parados en retenes para revisión, pero queda la psicosis de que pudiera tratarse de otras personas y no policías reales; creo que al gobierno le hace falta más estrategia para cuidar a los turistas sin hacerlos sentir intimidados”.
