La Caravana por la Vida y el Agua llegó al municipio de Chilapa, donde hubo la presencia de 50 camionetas y 20 motocicletas del grupo de sicarios Los Ardillos, en la comunidad de Colotepec, denunció el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
El pasado sábado, durante la marcha, los colectivos y organizaciones corearon “no somos uno, no somos 10, pinche gobierno cuéntanos bien. Zapata vive, la lucha sigue. Ayotzi vive”, otros portaron la bandera de México.
En un comunicado se informó que en el décimo segundo día de la Caravana por el Agua y la Vida, en la comunidad de Alcozacán, Chilapa, donde llegaron las organizaciones, “nuestros compañeros del Cipog-EZ nos informaron que, tras terminar las actividades del día, se reportó la presencia de 50 camionetas y 20 motocicletas del grupo de sicarios Los Ardillos en la comunidad de Colotepec, Chilapa, uno de los puntos por donde la caravana transitaría para continuar su recorrido”.
Por lo anterior hicieron un llamado a todos sus compañeros en México y el mundo así como a las organizaciones de derechos humanos que acompañan a la caravana a que estén en alerta máxima, “realicen acciones de incidencia con las autoridades y activen los protocolos de monitoreo y seguridad para fortalecer la seguridad de las compañeras y compañeros que integramos la caravana”.
Además, el Cipog-EZ agradeció a las personas porque aun sabiendo los riesgos que se corren en estos territorios, tuvieron el corazón para acudir, a compartir su solidaridad, para decirles con su simple presencia: “aquí estamos”.
“Sobre la lucha por el agua y la vida, les queremos decir que para nosotros como pueblos, está claro que la vida de todo ser vivo se asocia con el agua y el territorio. No podemos permitir que quienes no entienden la relación que tenemos como especie en el mundo, destruyan y pretendan enriquecerse de aquello que deberían respetar, cuidar. En nuestro caso, ocurre que hay quienes valoran más el dinero que pueden obtener del territorio, que la vida de quienes en él vivimos, se enriquecen con la producción y venta de drogas, pero en su hacer, asesinan a quienes no estamos de acuerdo con sus formas”, se lee en un comunicado.
Externó que ese recurso que brinda la Tierra, es lo que los unió en esta Caravana. “Los que luchamos por la vida, sabemos que no basta con reciclar. Pero sabemos perfectamente que son las grandes corporaciones quienes hacen un mal uso del agua, son quienes la contaminan y por dinero quitan el agua a los pueblos”.
Ejemplificó que tal como lo hizo la Bonafont en Puebla, la Coca Cola en Tlaxcala, las empresas mineras y de extracción de energéticos o como pretendía hacerlo la Constellation Brands en Mexicali y tal como lo hacen en todo el país, “es un problema sistémico que se tiene que combatir de manera organizada”.
De los más de 500 años de resistencia y rebeldía, “es la dignidad y aquí seguimos y seguiremos. Hoy los pueblos siguen resistiendo y queremos decir que el Cipog-EZ también se mantendrá en la lucha en defensa del agua y de la vida”.
El Cipog-EZ informó que en sus comunidades también sufren por el agua, pero también por la muerte que se despliega sobre todo el territorio de Guerrero, “donde las muertes alcanzan acaso a ser cifras o nada y es que la lucha por la vida es una constante confrontación contra la muerte que no acecha en muchas presentaciones, una de ellas es despojándonos del agua o bien, llenando de transgénicos el campo”.
Agregó que es la violencia de los grupos naco-paramilitares, que por apropiarse del territorio o bien de ellos, “nos persiguen, disparan, torturan, desaparecen, asesinan. Todo lo anterior con la complicidad de los malos gobiernos a quienes hemos informado de todo lo que pasa y no les interesa”.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que la dependencia no tuvo la custodia de los tres tigres asegurados en febrero en un cateo en el municipio de Quechultenango.
En una publicación en Twitter, la dependencia indicó que los tres felinos fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
En una nota publicada ayer en El Sur, el vicefiscal de Prevención y Seguimiento de la FGE, Ramón Celaya Gamboa, dijo que la situación de los tres tigres incautados en Quechultenango es responsabilidad de la federación y que como Fiscalía, “ya se clarificó todos los puntos”.
La Profepa publicó en su cuenta de Twitter, “Los ejemplares fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado. La PROFEPA no tuvo la custodia de los animales”.
El 6 de marzo la Profepa informó que los tres tigres incautados en el municipio de Quechultenango el 16 de febrero están desaparecidos e investiga para dar con su paradero.
Por su parte pobladores de Quechultenango señalaron que los tres tigres murieron porque quedaron abandonados en el lugar donde fueron asegurados, sin la atención de las autoridades, informaron fuentes policiacas
El 17 de febrero la Fiscalía difundió en un comunicado que sus agentes cumplieron el 15 de febrero una orden de cateo en el municipio de Quechultenango, que concedió un juez de control.
Dijo que el resultado fue la detención de un hombre, el aseguramiento de 28 kilos de “hierba seca con características propias de la marihuana”, 11 vehículos, una motocicleta y autopartes con reporte de robo, tres tigres, un arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, cartuchos útiles y objetos tecnológicos diversos.
El viernes pasado fuentes policiacas dijeron que los tres tigres asegurados murieron en el lugar donde se encontraban.
Una nota publicada en la agencia Reforma precisa que se preveía que autoridades trasladarían a los tigres a una Unidad de Manejo Ambiental (UMA), ubicada en el municipio de Tecpan de Galeana.
Sin embargo, el operativo de rescate se retrasó debido a que la delegación de la Profepa no contaba con jaulas y un zoológico que aceptara a los ejemplares. Y una fuente del gobierno estatal declaró a ese diario que “lo que pudo haber pasado es de que los dueños de esos tigres regresaron y se los llevaron”.
El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno estatal, Ángel Almazán Juárez informó que los tres tigres que fueron decomisados en Quechultenango continúan en esa localidad, y añadió que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) está buscando un lugar para llevarlos.
Consultado por teléfono, Almazán Juárez agregó que los tres tigres están bien de salud, son dos hembras y un macho y no los podrán llevar al zoológico Zoochilpan en la capital, porque no hay espacio.
“En el zoológico Zoochilpan no tenemos espacio porque tenemos varios tigres, no podemos meter a uno, por eso los tres tigres siguen en Quechultenango y la Profepa está empezando a buscar un lugar para llevarse a los tres ejemplares, se habla que a uno lo llevarán al parque ecológico de Zacango, Estado de México y los otros dos a Hidalgo, pero aún no esta confirmado”, declaró.
El funcionario estatal agregó que se encuentran en su jaula en Quechultenango, que están siendo atendidos por trabajadores de la Profepa y resguardados por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El 17 de febrero la Fiscalía difundió un comunicado en el que dice que sus agentes cumplieron este martes 15 de febrero una orden de cateo en el municipio de Quechultenango, que concedió un juez de control.
Dijo que el resultado fue la detención de un hombre, el aseguramiento de 28 kilos de “hierba seca con características propias de la mariguana”, 11 vehículos, una motocicleta y autopartes con reporte de robo, tres tigres, un arma de uso exclusivo del Ejército y fuerza aérea, cartuchos útiles y objetos tecnológicos diversos.
Por los operativos de seguridad de los tres niveles de gobierno en Quechultenango, el pasado miércoles unos 30 militares y un grupo de agentes de la Policía Ministerial, que incursionaron en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, señalado por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales como el santuario del grupo delictivo de Los Ardillos, fueron retenidos por pobladores de la cabecera municipal más de cinco horas y liberados hasta que el comandante de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López y el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, fueron a firmar una minuta de acuerdos. (Luis Blancas / Chilpancingo).
A las 7:42 de la tarde Quechultenango estaba en el punto más álgido del conflicto, llegaban hombres y mujeres con palos a rodear a los militares retenidos en la plancha del Palacio Municipal, ahí una mujer gritaba, “no queremos gobierno… todos aquí somos los ardillos”, en referencia a un violento grupo criminal que tiene asoladas a comunidades indígenas de Chilapa y que avanza hacia Chilpancingo luego de ocupar Petaquillas, según reportes oficiales de los gobiernos estatal y federal.
Mientras la población, recién declarada como “ardillos” (como se puede confirmar en un video transmitido en vivo en la página de Facebook suracapulco) hacía caminar a unos 50 soldados por la calle, este reportero hizo un recorrido alrededor de la zona.
Sin el contexto de la senda de sangre, desapariciones y actos de corrupción del grupo criminal, documentados ampliamente por éste y otros medios, parecería que son “los salvadores del pueblo”, como dice la gente de ese lugar, que es aparentemente su base social, o una expresión de su dominio del territorio.
En la protesta participaron en el momento de mayor asistencia unos 500 pobladores, una mínima parte de la población.
Alrededor del intenso conflicto en las calles había niños jugando futbol, puestos de tacos, hamburguesas, tiendas abiertas, adolescentes dándose abrazos y besos, otros contando chistes y anécdotas pero no se vieron adultos. Para comparar, por ejemplo, cuando en Chilpancingo hay un asesinato se cierran todos los negocios casi en automático, cuando hay protestas sociales u operaciones policiaco-militares, algunos espacios cierran, otros se mantienen abiertos.
En los alrededores del Palacio Municipal de Quechultenango está el cuartel de la policía local, ahí se vio que estaban alrededor de 10 agentes en la oscura calle, ahí uno fumaba, se les pidieron referencias para salir del pueblo y uno respondió, “está pelado porque está lleno de guachos”.
Siguiendo el recorrido, en la calle a la salida de Quechultenango hacia a Mochitlán había más de 20 camionetas del Ejército y otro tanto de las policías Estatal y Ministerial. Al final de esa calle se le preguntó a un soldado del Ejército cómo se podría salir de ese pueblo hacia Chilpancingo, y respondió, “caminando, porque el pedo está cabrón”, y se carcajeó, en este lugar en el que es casi imposible hacer periodismo, una zona de silencio. (Rosendo Betancourt Radilla / Quechulte-nango).
Revisan el Mercado Central efectivos del Ejército y la Guardia Nacional
El comandante del 56 Batallón de Infantería, el coronel Marco Antonio Mendoza Mendoza, desmiente que se violen los derechos humanos y que haya acoso sexual. Afirma que hay una campaña de desprestigio contra los militares orquestado por un grupo criminal que extorsiona a los comerciantes
Soldados y agentes de la Guardia Nacional hacen recorridos en los alrededores y en los pasillos del mercado Central de la ciudad Foto: Carlos Alberto Carbajal
Argenis Salmerón
Efectivos del Ejército y Guardia Nacional desplegaron una operación de inhibición y revisión, dentro del Mercado Central, luego de que miércoles hubo un bloqueo de comerciantes que pedían la salida de los agentes en el centro de abasto.
Después de la 1:30 de la tarde, 150 efectivos del Ejército y Guardia Nacional se dispersaron en los pasillos del centro de abasto.
Agentes militares revisaron los locales y personas “sospechosas” para inhibir el delito, mientras que los comerciantes mostraron asombro por la operación.
Los comerciantes accedieron a que los militares buscaran en sus locales y no hubo resistencia, mientras que a las personas “sospechosas” en su mayoría hombres les hacían una revisión en sus pertenencias.
El método de seguridad fue rodear el Mercado Central y adentro hacer las revisiones, mientras que los camiones militares estuvieron estacionados afuera del centro de abasto.
Al final, una patrulla de la Policía Municipal se sumó a la operación de seguridad Santa Lucía.
En declaraciones a reporteros, el comandante del 56 Batallón de Infantería, el coronel Marco Antonio Mendoza Mendoza, dijo que no están violentando los derechos humanos en las operaciones de inhibición en el Mercado Central, menos que haya acoso sexual contra las mujeres.
Manifestó que el miércoles hubo un bloqueo en la avenida Cuauhtémoc por parte de los comerciantes del Mercado Central.
Consideró que es una campaña de desprestigio contra los militares para que se salgan del mercado y que fue orquestado por un grupo criminal que opera en la zona, y que extorsiona a los comerciantes.
“Salieron en una campaña de desprestigio hacia el Ejército y a la Guardia Nacional por las actividades que estamos haciendo dentro del marco del operativo Santa Lucía”, abundó.
Explicó que la operación militar Santa Lucía arrancó en 14 de agosto en Acapulco con 590 efectivos del Ejército y Guardia Nacional, con la finalidad de coadyuvar con las autoridades de los órdenes de gobierno para disminuir los índices de homicidios vinculados con el crimen organizado.
Indicó que la manifestación de los comerciantes fue por la presencia militar que mantienen permanente en el Mercado Central.
“De tal manera que estamos inhibiendo las actividades ilícitas de una persona, que sabemos quien es, y que hasta donde podamos, vamos a tratar de sacarlo de aquí, de esta área para que no siga cobrando cuotas, no siga extorsionando a los locatarios, tanto fijos y los que estan afuera”, acotó.
Añadió: “está persona quiere que nos vayamos para que lleve a cabo sus actividades ilícitas de manera tranquila, de manera permanente, y esta campaña que orquestó, obedece a que quiere que nos vayamos”.
Aseguró que los efectivos del Ejército no se van salir del Mercado Central, “no vamos a permitir que se siga abusando de la sociedad, de los verdaderos trabajadores”.
Precisó que “es una persona que tiene el control del Mercado Central y obviamente esa persona debe tener a más gente alrededor de él, que se encarga de obtener recursos de manera ilícita para su beneficio personal”.
El jefe militar aseguró que los agentes en todo momento garantizan los derechos humanos, “no es cierto que nuestro personal militar manoseen a las personas, a las mujeres, como ayer (miércoles) se decía, como aparecía en las cartulinas”.
“Queremos (…) para que participen con nosotros para obtener información y sacar de la zona de confort a esa gente, que no hace otra cosa más que aprovecharse de la gente trabajadora, de la gente que vive bien”, puntualizó.
Declaró que los efectivos se han acercado a los comerciantes para que denuncien los delitos de extorsión, pero “la gente tiene miedo, los mismos locatarios tienen miedo, pues están amenazados”.
“Y como lo hemos visto durante mucho tiempo, aquí en el puerto de Acapulco a la gente la matan nada más por que si, entonces la gente tiene miedo, no nos dicen, y también ayer (miércoles) fueron amenazados para participar en esa campaña de desprestigio”, concluyó.
El miércoles pasado, unos 300 comerciantes del Mercado Central, bloquearon los dos sentidos de la avenida Cuauhtémoc por dos horas para denunciar hostigamiento y acoso sexual por parte de los efectivos del Ejército y Guardia Nacional.
Soldados y agentes de la Guardia Nacional recorren los pasillos del Mercado Central de Acapulco Foto: Carlos Alberto Carbajal
“No queremos gobierno, aquí todos somos los Ardillos”, un grito en Quechultenango
A las 7:42 de la tarde Quechultenango estaba en el punto más álgido del conflicto, llegaban hombres y mujeres con palos a rodear a los militares retenidos en la plancha del Palacio Municipal, ahí una mujer gritaba, “no queremos gobierno… todos aquí somos los ardillos”, en referencia a un violento grupo criminal que tiene asoladas a comunidades indígenas de Chilapa y que avanza hacia Chilpancingo luego de ocupar Petaquillas, según reportes oficiales de los gobiernos estatal y federal.
Mientras la población, recién declarada como “ardillos” (como se puede confirmar en un video transmitido en vivo en la página de Facebook suracapulco) hacía caminar a unos 50 soldados por la calle, este reportero hizo un recorrido alrededor de la zona.
Sin el contexto de la senda de sangre, desapariciones y actos de corrupción del grupo criminal, documentados ampliamente por éste y otros medios, parecería que son “los salvadores del pueblo”, como dice la gente de ese lugar, que es aparentemente su base social, o una expresión de su dominio del territorio.
En la protesta participaron en el momento de mayor asistencia unos 500 pobladores, una mínima parte de la población.
Alrededor del intenso conflicto en las calles había niños jugando futbol, puestos de tacos, hamburguesas, tiendas abiertas, adolescentes dándose abrazos y besos, otros contando chistes y anécdotas pero no se vieron adultos. Para comparar, por ejemplo, cuando en Chilpancingo hay un asesinato se cierran todos los negocios casi en automático, cuando hay protestas sociales u operaciones policiaco-militares, algunos espacios cierran, otros se mantienen abiertos.
En los alrededores del Palacio Municipal de Quechultenango está el cuartel de la policía local, ahí se vio que estaban alrededor de 10 agentes en la oscura calle, ahí uno fumaba, se les pidieron referencias para salir del pueblo y uno respondió, “está pelado porque está lleno de guachos”.
Siguiendo el recorrido, en la calle a la salida de Quechultenango hacia a Mochitlán había más de 20 camionetas del Ejército y otro tanto de las policías Estatal y Ministerial. Al final de esa calle se le preguntó a un soldado del Ejército cómo se podría salir de ese pueblo hacia Chilpancingo, y respondió, “caminando, porque el pedo está cabrón”, y se carcajeó, en este lugar en el que es casi imposible hacer periodismo, una zona de silencio. (Rosendo Betancourt Radilla / Quechulte-nango).
Un detenido, y tres tigres, un arma, 11 vehículos y 28 kilos de mariguana decomisados en Quechultenango
La FGE informa los resultados de la operación conjunta con el Ejército que duró seis días. La FGE informó que sus agentes cumplieron este martes 15 de febrero una orden de cateo que concedió un juez de control.
Tres tristes tigres enjaulados hallados en una operación de seguridad en Quechultenango por agentes de la Fiscalía General del Estado Foto: El Sur
Redacción
Chilpancingo
Siete días después de que de manera extraoficial se supo de una operación conjunta de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ejército en el municipio de Quechultenango, se informó ayer mediante un boletín de prensa de los resultados.
La FGE informó que la operación se realizó en cumplimiento de una orden de cateo que concedió un juez de Control, expedida el 15 de febrero pasado.
Dijo que el resultado fue la detención de un hombre, el aseguramiento de 28 kilos de “hierba seca con características propias de la marihuana”, 11 vehículos, una motocicleta y autopartes con reporte de robo, tres tigres, un arma de uso exclusivo del Ejército y fuerza aérea, cartuchos útiles y objetos tecnológicos diversos.
En el boletín no se dan mayores detalles de la persona detenida, pero la noche del miércoles cuando se negoció la salida de 30 militares y un grupo de policías ministeriales que estaban retenidos por la población acusados del “saqueo de casas”, “hostigar a mujeres” e “interrogar a niños” sobre las actividades a las que se dedican sus padres, los pobladores denunciaron que el detenido fue el médico de la cabecera municipal, Jesús Flores Gatica, de quien exigieron su libertad.
Según los pobladores, el médico fue detenido en su consultorio sólo porque le encontraron una escopeta. En el comunicado de la FGE no se informa de la situación jurídica del detenido y si fue liberado como se estableció en la minuta de acuerdos firmada esa noche.
Se informa en el comunicado que el cateo ordenado por el el juez de Control fue en un inmueble ubicado en la calle Libertad de ese municipio.
Refiere que también se aseguraron siete vehículos con reporte de robo en un terreno “con características de deshuesadero” en el poblado de Tlanicuilulco, así como cinco inmuebles donde se encontraron autopartes como 10 puertas de vehículos de diferentes marcas, siete radiadores, siete condensadores, siete salpicaderas, tres cofres, dos tableros, un medallón, así como dos motores y cuatro vehículos desarmados también con reporte de robo.
Se informó que los tres tigres quedaron a disposición de la autoridad competente, “y lo demás” a disposición del Ministerio Público correspondiente en el municipio de Chilpancingo.
Advirtió que la FGE, “continuará con los operativos de seguridad, dando seguimiento a las líneas de investigación que permitan la aprehensión de los probables responsables”.
El comunicado no precisó, pero de acuerdo a los pobladores la operación de los agentes ministeriales y militares comenzó el sábado y terminó con la retención durante cinco horas el miércoles de los 30 militares y el grupo de la ministerial en la cabecera municipal.
Los militares y ministeriales fueron liberados hasta que autoridades estatales y el comandante de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López, firmaron una minuta de acuerdos en la que se establece que en adelante, “la seguridad recaerá en la ciudadanía de la región” y que cuando el Ejército y las autoridades estatales patrullen el territorio serán acompañados por la Policía Municipal.
Además que el gobierno del estado “asume el compromiso” de liberar al médico Jesús Floreas Gatica este jueves.
Cuestiona Cipog-EZ que el gobierno con todo su poder no haya detenido a operadores de Los Ardillos
La organización indígena de Chilapa califica como operativo fallido del Ejército el realizado en Quechultenango
Redacción
Chilpancingo
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) reprochó que el gobierno “con toda la capacidad técnica, logística, tecnológica e inteligencia militar”, no haya sido capaz de detener a “los operadores del grupo narco paramilitar Los Ardillos” en Quechultenango, durante la operación que terminó la noche del miércoles con la retención de militares y policías ministeriales durante cinco horas.
La organización indígena, que ha venido responsabilizando a ese grupo de las ejecuciones y desapariciones en comunidades nahuas de Chilapa donde tiene presencia, recriminó a las autoridades estatales y federales en un comunicado que difundió ayer que, por el contrario, hayan firmado una minuta de acuerdos con los representantes del grupo delictivo.
El Cipog-EZ se refiere a los acuerdos a los que llegaron las autoridades estatales y el comandante de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López, la noche del miércoles con pobladores de Quechultenango para liberar a 30 militares y un grupo de agentes ministeriales; dichos acuerdos son que la seguridad en adelante recaerá en la Policía Municipal y que cuando los militares y las corporaciones estatales realicen patrullajes serán acompañados por la Policía Municipal. Además ofrecieron liberar este jueves al detenido Jesús Flores Gatica.
El Cipog-EZ demandó que se mantengan los operativos en Quechultenango “y en los territorios que ya hemos señalado como Cipog-EZ: Chilapa, Colotlipa, Tixtla, Petaquillas y Tlanicuilulco”.
Asimismo, que se “depure” y se “desarticule” a Los Ardillos “desde las instituciones que están vinculadas a ellos, como la Policía Municipal, presidentes municipales y Fiscalía; no es posible que el Ejército vaya a realizar operativos junto a quienes son los asesinos, perpetradores de los crímenes e informantes de éstos”, reprochó la organización.
También demandó que la estrategia del gobierno y los operativos los realicen “de manera contundente” y exigieron la detención de los dirigentes principales del grupo “porque no puede ser que a más de 30 años sigan asesinando y atemorizando a la población con toda la impunidad que el estado brinda”.
Exigió a los jefes de la Sedena, de la Guardia Nacional y demás corporaciones, que si no tienen el valor de proteger a la población y detener a los grupos criminales, que renuncien, que dejen de simular y jugar con la vida de miles de seres humanos.
La agrupación calificó como “operativo fallido” el que realizó el Ejército en el municipio de Quechultenango, al que considera “uno de los bastiones del grupo narco-paramilitar Los Ardillos”, escribió la organización en su comunicado.
“Frente a la estrategia fallida del Ejército el día de ayer (miércoles), pareciera que sólo nos queda esperar a que por suerte no nos maten”.
Planteó que no conciben cómo (los militares y la Policía Ministerial) entraron a hacer un operativo “y un grupo de 200 pobladores, que la mayoría teme a Los Ardillos pero son controlados por ellos, los amedrentaron y expulsaron de la comunidad”.
Agregó: “Tampoco entendemos que se haya suscrito una minuta con gente de Los Ardillos, en la que se acordó que se permitiría la realización de operativos militares en Quechultenango, pero acompañados de la policía municipal así como de las guardias comunitarias; ¿acaso con toda la inteligencia militar no saben que en Quechultenango no hay policía comunitaria sino sicarios al servicio de Los Ardillos?”, cuestionó el Cipog-EZ.
Destacó que de acuerdo a un video que se difundió en las redes sociales la noche del miércoles una mujer, “les dice en su cara a los militares que ellos son Ardillos”.
La organización aclaró que su denuncia no es en contra de la gente de Quechultenango, “que es obligada, bajo amenaza de muerte, a callar los crímenes de Los Ardillos, sino al grupo narco-paramilitar, que utiliza a la gente como carne de cañón”.
La agrupación hizo responsable al Estado por lo que está sucediendo y por lo que le pueda suceder a quienes pertenecen al Cipog-EZ, así como a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero.
Destacó que si las fuerzas del Estado no lograron desarticular “a los criminales Ardillos y Rojos” y no lograron detener a sus cabezas, “el escenario de guerra y muerte que existe en nuestras comunidades, continuará”.
El vocero y ex coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), David Sánchez Luna, denunció este miércoles que el comandante regional y el policía comunitario desaparecidos, están privados de su libertad por el grupo denominado Por la Paz y la Justicia que pertenece a la organización delictiva Los Ardillos.
Mediante una llamada telefónica, demandó la intervención de los tres órdenes de gobierno para que rescaten a sus dos compañeros.
Informó que la Policía Comunitaria de la CRAC-PF hizo sus propias investigaciones a raíz del video que fue subido a las redes sociales en donde aparecen el comande regional Pablo Hilario Morales y el policía comunitario, Samuel Hernández Sánchez.
Sánchez Luna aseguró que sus compañeros están privados de su libertad por Zeferino González y Audencio González de la comunidad de Coatzingo; Vicente Tapia de Zelocotitlán y Cenorino Villalva de Buenavista, municipio de Chilapa. Dijo que ellos pertenecen al grupo de Los Ardillos.
Agregó que este es el mismo grupo que atacó la comunidad de Rincón de Chautla el 27 de enero del 2019, cuando al defender al pueblo la Policía Comunitaria de la CRAC-PF abatió a dos del grupo atacante y estos dejaron abandonadas dos camionetas y algunas armas en la entrada de la comunidad.
“Exigimos a los tres órdenes de gobierno que intervengan para que liberen con vida a nuestros compañeros”, demandó Sánchez Luna.
Dijo que el grupo delictivo está utilizando al comandante regional y al policía comunitario para que los fundadores de la CRAC-PF se entreguen o cedan para que puedan entrar al territorio comunitario como ha sido su pretensión.
“Pero eso no lo vamos a perimir, exigimos que los dejen en libertad. Nosotros no somos los que andamos provocando, sino el grupo delictivo de Los Ardillos”, insistió el ex coordinador.
Volvió a rechazar lo que señaló el comandante regional Pablo Hilario Morales y el policía comunitario, Samuel Hernández Sánchez en un video que se hizo público por Facebook el martes de que la CRAC-PF es la responsable de la violencia en esos pueblos de Chilapa.
“El territorio comunitario no es como lo mencionan ellos de que lo utilizamos para secuestros y homicidios. Aquí el que comete un delito se va a reeducación. No nos mantenemos de lo que ellos dicen que cobramos por cada muerto. Desmentimos esas cosas que están mencionando”.
Insistió que el señalamiento del comandante y el policía comunitario “es porque los tienen amenazados y secuestrados” dijo e insistió en que los dejen en libertad.
“Ya indagamos de donde salió el video, y sí, los tienen ellos. Los están presionando para que digan todas esas cosas, pero todo lo que ha pasado lo ha hecho el grupo delictivo; han secuestrado, han matado, han violado y ahora nos lo están recargando al sistema comunitario”.
Explicó que la CRAC-PF no la dirige una sola persona, sino que está integrada por los representantes de 12 comunidades, “y nosotros no somos los responsables de la violencia, si nos vienen a provocar a nuestros pueblos simplemente nos defendemos”.
La imagen de la Virgen de Guadalupe detrás de un disparo de arma larga. La figura se encuentra afuera de la comandancia de la UPOEG en Buenavista de la Salud Foto: Lenin Ocampo Torres
Lenin Ocampo Torres
Buena Vista de la Salud
Buenavista de la Salud se convirtió en zona de guerra. La tarde de fuego hombres armados en camionetas blindadas intentaron tomar la comandancia del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la UPOEG. En el ataque murieron dos jefes visibles de la organización que defendían la zona contra la delincuencia y dos jóvenes más que realizaban la guardia comunitaria.
A las 6 de la tarde del miércoles una camioneta negra con blindaje artesanal rompió una de las cadenas que impiden el acceso a la comunidad que pertenece al municipio de Chilpancingo, llegó y entró a la comandancia donde sus tripulantes accionaron sus armas y lanzaron granadas.
En la comandancia sólo había siete policías ciudadanos que realizaban la guardia para evitar que el grupo delictivo de Los Ardillos tomara el único pueblo libre de la delincuencia.
Fueron dos horas de enfrentamiento, en una comunidad que está a 30 minutos de Chilpancingo y es parte de un corredor donde transitan diariamente miles de personas que viajan al puerto de Acapulco y a las comunidades de la carretera vieja.
“Llegaron de todos lados, la camioneta negra intentó entrar a la comandancia, abrieron sus ventanas y comenzaron a disparar, traían armas de todos y hasta calibre 50, los comunitarios respondieron, se dio un enfrentamiento y ninguna autoridad llegó”, comentó este jueves uno de los testigos de la balacera.
El ataque fue “planeado, el sábado llegaron los soldados y desarmaron a la base, nosotros íbamos a bloquear ayer (miércoles) pero Mario (Zamora) recibió una llamada y le dijeron que aguantara, que el sábado lo iba a recibir el gobierno de Evelyn (Salgado Pineda)”.
Mario Zamora Maldonado era el jefe del grupo, maestro de profesión y activista en la defensa de los derechos magisteriales y estudiantiles. Ese día realizaba la guardia con Marciano García Dircio, el comandante Rena, jefe de los pueblos de la sierra de Chilpancingo que constantemente denunciaba al Ejército mexicano por las fumigaciones de la amapola que afectaban sus siembras de maíz.
“Ya sabían que ellos estaban, llegaron por todos lados, tomaron el pueblo y dispararon a las casas de los demás comunitarios para que no salieran a pelear. Pero el grupo que se quedó en la comandancia respondió, el profe Mario recibió tres dmparos y esquirlas en el cuerpo por las granadas que aventaron, pero reaccionó y se defendió”, platicó otro testigo durante un recorrido de El Sur por la zona.
Los pobladores se refugiaron en sus casas, marcaron al 911 y ocuparon las redes para presionar a las autoridades del estado para que mandaran la seguridad.
Las autoridades llegaron después de las 8 de la noche, cercaron el área y realizaron algunos rondines por la zona. Al llegar, vieron dos camionetas blindadas que quedaron en medio de la carretera, prendidas y con las puertas abiertas.
Las camionetas tenían equipos tácticos, colchonetas y cobijas. El grupo agresor bloqueo la carretera con camiones que cruzaban por el lugar, en El Ocotito atravesaron un camión y dos camionetas de empresas de abarrotes. En Acahuizotla un tráiler, a todos los vehículos les dispararon y poncharon las llantas para cortar la circulación.
“Nos cayeron disparos de todos lados, del Ocotito disparaban, del lado de Cajeles, de todos lados, fácil eran más de 50 sicarios, todos con pecheras y cascos de soldados, era una zona de guerra, la gente se resguardó y hasta el momento hay zozobra por si regresan de nuevo”, comentó un comunitario.
La comandancia de la UPOEG queda en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, en la entrada de Buenavista de la Salud. Su fachada quedó completamente perforada por las balas de diferentes calibres que el grupo atacante accionó.
En el piso aún hay grumos de sangre, casquillos y una granada de fragmentación que ninguna autoridad quiso levantar y prefirieron dejarla en medio de una cinta amarilla que dice: “precaución”.
“No dio tiempo de nada, agarraron a la guardia desprevenidos porque nunca supimos que venían. Constantemente hemos denunciado al nuevo gobierno cómo opera el grupo, toma la carretera y baja a la gente, en ocasiones los golpea e intimida y si saben que son cercanos a nosotros hasta los mata, es increíble que estando cerca de la capital el gobierno permita que ese grupo opera como si nada”, reveló uno de los sobrevivientes.
Buenavista es un poblado de Chilpancingo donde la gente se dedica al campo y al ganado. Durante 2 años han sido blanco de ataques de los grupos de la delincuencia que han intentado tomar el control del pequeño pueblo.
Un día después la gente sigue igual, como si no hubiera pasado nada y se hubiera acostumbrado a los constantes tiroteos y a la falta de presencia gubernamental.
“Nosotros vamos a seguir, la gente se enojó más porque mataron a dirigentes que siempre ayudaron a sus pueblos, siempre buscaron el bienestar, siempre buscaron educación y ahora pues sólo nos queda defendernos si la autoridad no responde, nos lastima porque nosotros votamos por La Torita (Evelyn Salgado), realmente esperamos que esto termine” pidió uno de los policías ciudadanos.
Civiles armados emboscaron a las 9 de la mañana de ayer a policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en un camino de terracería entre las comunidades nahuas de Ahuixtla y Papaxtla, municipio de Chilapa.
El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, informó por teléfono que los agresores son miembros del grupo delictivo de Los Ardillos y que en el ataque dejaron tres comunitarios heridos.
Denunció que a las 2 de la tarde, el mismo grupo agresor atacó la comunidad de Zacapexco, también del municipio de Chilapa, en donde ocurrió un enfrentamiento con policías comunitarios que defendieron el pueblo.
El dirigente del Cipog-EZ responsabilizó a los gobiernos del estado y federal, porque dijo que desde hace meses están denunciando la presencia de ese grupo armado cerca de sus pueblos y no actúan para su desarme o repliegue.
En tanto, en un comunicado que envió la dirigencia del Cipog-EZ la tarde de este martes a los medios de comunicación, informó que la emboscada de las 9 de la mañana ocurrió en contra de cinco policías comunitarios de la comunidad de Tula, que perteneciente al Cipog-EZ.
Explicó que los comunitarios se dirigían de Ahuixtla hacia Papaxtla.
“Nuestros compañeros fueron atacados por ocho personas que bajaron del cerro con armas de fuego R-15 y cuernos de chivo; tres de nuestros compañeros resultaron heridos. Los atacantes vestían pantalón militar y llevaban los rostros cubiertos, además de las armas de alto calibre”, explicó la organización en su comunicado.
Informó que el 23 de septiembre “ya habíamos denunciado la presencia de personas vestidas tipo militar que sabemos pertenecen al grupo narco-paramilitar de Los Ardillos, hoy a 5 días de la denuncia, tres de nuestros compañeros se encuentran gravemente heridos”.
El Cipog-EZ responsabilizó al gobierno de Héctor Astudillo Flores, a la Fiscalía General del Estado (FGE), así como a la Guardia Nacional, Policía Estatal y municipal, “por su complicidad con los narcoparamilitares y su silencio cómplice desde siempre”.
Denunció que saben que quienes emboscaron a sus compañeros fueron Los Ardillos “a quienes hemos denunciado ya en muchas ocasiones, en los tres niveles de gobierno, pero éstos han cerrado sus oídos y se han puesto del lado de quienes nos masacran”.
Concluyó que saben que Los Ardillos se están preparando para entrar a las comunidades del Cipog-EZ, y piden a las organizaciones y organismos de derechos humanos que denuncien y difundan “la guerra narco-paramilitar que
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero (Cipog-EZ), reprochó en un pronunciamiento al presidente Andrés López Obrador que sólo venga a Guerrero a entregar migajas a los indígenas, cuando lo que necesitan es que resuelva el problema de la violencia que sufren.
“Guerrero es el estado más violento de México, por encima de Morelos, Sinaloa y Michoacán y uno de los estados donde quien gobierna, literalmente, es el narco, ahí están los grupos narco paramilitares Los Ardillos y Los Rojos, que tanta muerte han causado a nuestros pueblos”, dice el documento de la organización indígena.
El Cipog-EZ, que tiene presencia en 24 pueblos nahuas de Chilapa, en una zona donde han sido permanentemente atacados por el grupo delictivo de Los Ardillos, reclamó al presidente respuesta al llamado “a la verdad y a la justicia” que hicieron después de una marcha de niños el 30 de abril en Alcozacán.
“Los niños y niñas de nuestras comunidades salieron a demandar vida y no muerte, y usted, en vez de hablar de las causas que orillan a una comunidad a tomar las armas, se dedicó a atacarnos, a decir que el que a hierro mata, a hierro muere, como una amenaza para nosotros. Hoy que visita Guerrero, sabemos que pasará de largo las verdaderas problemáticas de nuestro estado”, critica en su escrito.
La agrupación sostiene que como pueblos originarios pertenecientes “no luchamos por cargos públicos, no somos financiados por ningún partido político para hablar mal de usted, ni mucho menos luchamos por despensas o programas de Bienestar, motivo por el que viene a Guerrero, nosotros luchamos por la vida, porque grupos narcoparamilitares operan con la complicidad de los tres niveles de gobierno”.
Agrega que por eso hay tanto silencio a la violencia que sufren en sus comunidades indígenas, “hemos pasado por autoridades federales, estatales, municipales, oficio tras oficio, reuniones logradas y reuniones canceladas, acuerdos incumplidos una y otra vez por cada uno de los funcionarios, pero para ustedes nuestra palabra no vale, quizás porque no pertenecemos a un grupo de poder, o porque no nos vendemos”.
Le cuestionan que quiera resolver el problema de la violencia “repartiendo migajas, cuando con eso lo que aseguran son votos para permanecer en el poder”.
Reprocha: “Reparten lo que desde su cabeza es importante, pero no escuchan las verdaderas demandas de los pueblos, ¿Cuándo realmente nos va a escuchar?, y no sólo eso ¿cuándo habrá verdad y justicia para nuestras hermanas y hermanos asesinados, torturados, desaparecidos, desplazados?”, le preguntan.
Recuerdan que ya son más de 10 mil desplazados por la violencia en los municipios de Chilapa, Zitlala, Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan, Petatlán, Iguala y Cocula.
Asimismo que; “Guerrero es el estado más violento de México, por encima de Morelos, Sinaloa y Michoacán y uno de los estados donde quien gobierna, literalmente, es el narco, ahí están los grupos narcoparamilitares “Los Ardillos” y “Los Rojos”, que tanta muerte han causado a nuestros pueblos.
Le exigen que, en todo caso, resuelva sus demandas de justicia para los asesinados, desaparecidos y desplazados por la violencia y que detenga a los responsables.
El Consejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y el Consejo Indígena de Guerrero (CIG), entregaron ayer el informe: Crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos contra pueblos indígenas del Cipog-EZ, a la líder del Congreso Nacional Indígena (CNI) María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy.
En el documento, las organizaciones con presencia en 24 comunidades indígenas nahuas del municipio de Chilapa, denuncian que las corporaciones de los tres niveles de gobierno están coludidos con el grupo delictivo de Los Ardillos y por eso no se resuelve el problema de violencia que viven.
“En esos lugares no sólo los grupos delictivos están matando a los indígenas, sino que desde el gobierno se permite el desplazamiento, nos niegan el derecho al trabajo, a la salud, y al libre tránsito.
El documento fue entregado ayer en la sede del CNI en la ciudad de México a la líder indígena, quien se comprometió a difundir el contenido del documento al resto de los integrantes de la agrupación.
Marichuy consideró que el documento “es una importante observación” y que indica que hay oídos sordos y desinterés arriba para reconocer que existen estas comunidades y que debe haber respeto hacia ellas.
Consideró que es una guía para encontrar resistencia “e ir tejiendo esas resistencias, porque ya no queremos más muertes ni muertos en las regiones indígenas”.
Entregó el documento el dirigente del Cipog, Jesús Plácido, quien denunció que han buscado que el gobierno escuche “nuestras palabras en reuniones con los tres niveles de gobierno”, pero que no han encontrado eco.
Reprochó que el 12 de mayo les habían prometido una reunión “pero todo fue burla y engaño”.
Contó que la violencia en esas comunidades se recrudeció en 2015 y que desde entonces sólo han sido promesas y engaños de los tres niveles de gobierno de que van a atender el problema de violencia.
“Deben saber que hemos explorado todas las vías para no morir, para vivir. No crean que nos divierte tener que enfrentar a la delincuencia organizada, ese es el trabajo de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policías Estatal y Municipal, pero que creen, están coludidos con el grupo delictivo de Los Ardillos que nos están atacando”, denunció.
Jesús Placido denunció que en esas comunidades los integrantes del grupo delictivo los quieren matar solamente por no cederles su territorio para que lo controlen, “también porque rechazamos a los partidos políticos que representan al poder”.
“Venimos a la Ciudad de México a nombre de las 24 comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, pertenecientes al Congreso Nacional Indígena y al Concejo Indígena de Gobierno a decirles que “al mal gobierno, al de Andrés Manuel López Obrador no le interesa nuestro problema; tampoco al gobierno estatal ni al municipal”.
Planteó Jesús Plácido que, al contrario, “sabemos que los tres niveles de gobierno están coludidos con quienes nos disparan, nos torturan, desaparecen”.
Siguió: “y nos matan no sólo con las balas, nos hacen lo que muy bien saben hacer los capitalistas, los gobiernos, los ejércitos, construyendo un cerco alrededor nuestro, asfixiándonos con terror, con retenes y puntos que nos impiden desplazarnos, porque nos cazan como presas, negándonos así el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la justicia, al libre tránsito, a la movilidad; sangre, pobreza y miedo recorren a nuestras comunidades”.
Reprochó que tienen que salir niños y niñas con pistolas “y ahí sí voltea el mal gobierno, para condenarnos claro está, no para escucharnos y menos para resolver nada”.
Y luego, concluyó que “si bien la muerte nos acecha, no nos rendimos, no nos vendemos y no claudicamos”.
