El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, aseguró que quienes participaron en la balacera y persecución en contra de un empresario en Ayutla el jueves, fueron miembros del grupo delictivo Los Ardillos.
En declaraciones por teléfono, el dirigente de la agrupación denunció que ese grupo delictivo ya está operando en Ayutla y Tecoanapa, porque “hay un acuerdo” de los gobiernos federal, estatal y municipal con el grupo delictivo para replegar a la UPOEG, de la que, aseguró, ya hay muchos asesinados y desplazados de esa región.
El jueves vecinos de Ayutla y Tecoanapa denunciaron que al menos dos muertos, un niño y un adulto, fue el resultado de una persecución a balazos en la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, tramo Tecoanapa-Ayutla por presuntos integrantes de la Policía Ciudadana de la UPOEG a un empresario materialista.
Las autoridades estatales solamente confirmaron la balacera y un muerto y en un boletín informaron que quienes participaron fueron civiles armados con vestimenta de la “policía comunitaria”, en referencia a la policía de la UPOEG.
Plácido Valerio dijo que el empresario propietario del establecimiento que fue agredido hace años secuestró a una persona y estuvo preso, “y la información que tenemos es que su negocio es de lavado de dinero, pero eso lo tendrían que investigar las autoridades”.
Sin embargo deslindó a la UPOEG del ataque, “quienes lo agredieron fue la otra parte que controla Tecoanapa y Ayutla que son Los Ardillos contra la otra gente”.
Aseguró que “el gobierno ya sabe quiénes fueron porque les mandé fotos, lo que pasa es que es muy fácil culparnos todo el tiempo a nosotros de todo”, se quejó.
Dijo que el problema es que el grupo delictivo ya amenazó a comisarios, a comandantes y a mucha gente de la UPOEG.
Informó que él ha presentado las denuncias pero que no han prosperado porque “el acuerdo” de los gobiernos federal, estatal y municipal con el grupo delictivo de Los Ardillos es erradicar a la UPOEG de la región Costa Chica.
El dirigente de la agrupación dijo que por eso se quiere culpar a la UPOEG de la violencia en esa región, cuando quienes la provocan son Los Ardillos y Los Rusos.
Aseguró que la UPOEG se ha replegado porque además de la persecución de parte de los gobiernos estatal y federal, los grupos delictivos les han matado a mucha gente y a otros los han amenazado, “mientras que las autoridades no ponen orden, como traen armas de alto poder”.
Denunció que mucha gente de la UPOEG ha salido desplazada no sólo por la violencia de esos grupos delictivos (Ardillos y Rusos), “sino porque también el gobierno nos empezó a hostigar y yo le pedí a los compañeros que se desplazaran, por eso es que los grupos delictivos aprovecharon”.
Según el dirigente de la UPOEG, “la opinión de la gente de esa región es que hay un acuerdo entre el gobierno y los grupos delictivos para desplazarnos a nosotros”.
Agregó que los dos grupos “ya tienen rato matando gente en esa región y todo mundo sabe quiénes son pero todo mundo tiene temor de denunciarlos”.
El dirigente lamentó que las autoridades estén persiguiendo más a la organización social que a la delincuencia.
Explicó que Tecoanapa y Ayutla ya están bajo el control de Los Ardillos y el resto de los municipios “de Acapulco para abajo”, por Los Rusos.
Policías comunitarios de Tlacotepec en la entrada a Apaxtla, en donde ayer incursionaron en contra del grupo que impone una cuota a los productos de la canasta básica, según dijeron Foto: El Sur
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
El perfil de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC); de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), fueron analizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el año crítico de 2015, después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando hubo un levantamiento social que obligó a la salida del cargo del gobernador, Ángel Aguirre Rivero.
En los recientes correos hackeados por el grupo Guacamaya aparece un texto confidencial donde la Sedena hace un cuadro comparativo de la estructura de los tres grupos, sus diferencias internas, el número de sus integrantes y el tipo de armamento que ocupan en los diferentes municipios de la Montaña, Costa Chica y la Región Centro donde tienen su mayor presencia.
La Policía Comunitaria de la CRAC nació en 1995 en Santa Cruz del Rincón municipio de San Luis Acatlán, donde los indígenas de la Montaña Alta tomaron las armas para defenderse de los asaltos, violaciones y homicidios que se daban en sus caminos.
Desde el inicio, la organización indígena fue acosada por el Ejército y las autoridades, que la señalaron como brazo armado del apenas saliente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En el informe de la Sedena fechado en 2015, señalan que uno de los objetivos de la CRAC es “preservar la seguridad de sus comunidades, proteger su territorio y oponerse al despojo y desplazamiento de la población que se vea afectada por la privatización del ejido”.
El texto en Power Point describe a la CRAC como una policía comunitaria que realiza recorridos a inmediaciones “de las comunidades donde mantienen presencia, establecen puestos de revisión en diferentes puntos y cometen detenciones arbitrarias en contra de la población en general, los cuales son
recluidos en las Casas de Justicia para que sean reeducados conforme a usos
y costumbres; asimismo, realizan reuniones para la resolución de problemas internos, impartición de justicia y para la planeación y ejecución de operativos
especiales de seguridad”.
Inteligencia militar menciona que la Policía Comunitaria tiene presencia en Acatepec, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres, Metlatónoc, Malinaltepec, Marquelia, Copanatoyac, Cochoapa, Iliatenco, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Tlacoapa, Tecoanapa, Copala, Tixtla, Olinalá, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Cualac, Huamuxtitlán, Chilapa y
Juchitán.
Los datos del informe revelan que en el 2015 la CRAC controlaba 120 comunidades, con mil 400 hombres armados y que recibían del gobierno del estado mensualmente un millón 100 mil pesos.
Según el texto la vulnerabilidad del grupo era una pelea interna entre los seguidores de Abad García García, excoordinador y promotor de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán contra los seguidores de Eliseo Villar Castillo (preso en el Cereso de Chilpancingo), coordinador de la “Casa de Justicia Horcasitas, por el control de los recursos económicos que otorga el Gobierno del Estado para sus actividades”.
UPOEG
En el mismo texto se trata la división dentro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) por cuestiones económicas y la creación de la UPOEG el 28 de enero del 2011.
“Se presentó un conflicto al interior de la CRAC-PC, lo cual originó que Bruno Plácido Valerio se separara y creara la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), con el objeto de ganar adeptos, esta organización tomó como bandera de lucha las altas tarifas de luz que pagaban las comunidades indígenas, abogando por una tarifa preferencial por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.
La Sedena señala que la UPOEG en el 2013 con “Bruno Plácido Valerio crea el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), con estructura similar a la de la Policía Comunitaria (PC)”.
En esos años la agrupación salió a combatir al grupo de la delincuencia organizada de Los Rojos que controlaba parte de la Costa Chica y zona Centro del estado, donde en sus primeros operativos detuvieron al menos 54 integrantes del crimen organizado que fueron entregados a las autoridades del gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Según el cuadro comparativo de la Sedena la UPOEG tenía como objetivo “brindar seguridad a sus comunidades, la liberación de presos políticos, presentación de los 43 normalistas desaparecidos, exigiendo la apertura de los cuarteles para su búsqueda”.
En el 2014 la agrupación fue obligada por pobladores de Ayutla y Tecoanapa para entrar a la ciudad de Iguala y buscar al menos a 13 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro de Ayotzinapa, que eran originarios de esos municipios y que fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre.
Los operativos eran encabezados por el promotor de la UPOEG, Miguel Ángel Blanco, que fue el primero en encontrar decenas de fosas clandestinas y quien ubicó el punto conocido como Barranca La Carnicería –a un costado del basurero de Cocula– donde se encontró un resto óseo del normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Miguel Ángel Blanco fue asesinado en el poblado de Xaltianguis en agosto del 2015 y hasta la fecha su asesinato nunca fue esclarecido.
El informe señala que la UPOEG tiene 2 mil 200 elementos, 750 armas largas y 150 cortas, con presencia en los municipios de Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos, Tecoanapa, Ayutla de los Libres, Cruz Grande, Copala, Cuautepec, San Luis Acatlán, Marquelia, Azoyú, Igualapa, Ometepec, Cuajinicuilapa y Tlapa de Comonfort.
Según la Sedena la vulnerabilidad del grupo era que su líder “Bruno Plácido Valerio ha adoptado una postura mesurada buscando el acercamiento con autoridades de los tres niveles de gobierno con la posible intención de postularse como diputado local”.
FUSDEG
El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) es una escisión de la UPOEG y la inteligencia militar señala que “su conformación contó con la asesoría y respaldo de Bertoldo Martínez Cruz, líder del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), vinculado al ERPI” (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).
El grupo nació el 23 enero de 2015, en la comunidad de Mohoneras, municipio de Chilpancingo, bajo el liderazgo de Salvador Alanís Trujillo que posteriormente fue desplazado de la zona y fundó la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo.
Durante el levantamiento armado del Valle del Ocotito y posteriormente la creación del FUSDEG, la organización participó en el apoyo de las organizaciones sociales que exigían la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El 6 de febrero de 2015 los integrantes del FUSDEG y pobladores del Valle retuvieron al comandante de la Policía Federal, José Luis Solís López, más conocido como Espartaco.
La retención se dio luego de que un grupo de al menos 300 policías federales se dirigía a los pueblos de Mazatlán y Petaquillas para desalojar a los pobladores que tenían retenidos a militares y exigían su salida.
En el informe de la Sedena mencionan que en el 2015 el FUSDEG tenía al menos mil hombres armados que controlaban Chilpancingo (Palo Blanco, Dos Caminos, Mazatlán, Acahuizotla, El Ocotito, Petaquillas, Mohoneras y Los Cajeles); Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y Acapulco (Xaltianguis, Cacahuatepec, Limoncito, Huamuchito, Xolapa, Barrio Nuevo de los Muertos, Huajintepec, Amatepec, El Playón, Pablo Galeana, Las Tortolitas, San José, Las Marías y La Calera.
La vulnerabilidad del grupo era que carecían “de una estructura solida debido a su conformación y presenta dificultad para definir su dirección en las localidades y
municipios donde tiene presencia, principalmente en Chilpancingo”.
El texto de Power Point de 14 diapositivas al que tuvo acceso El Sur y que era de carácter confidencial, considera que los tres grupos enfrentan una crisis estructural derivada de los “protagonismo de sus dirigentes, por mantener sus privilegios e intermediación con las autoridades; pugnas por el control de los recursos económicos; recurrentes abusos y transgresión de los derechos de la población; control de territorios y rutas que les facilite el desarrollo de sus actividades”.
“La pérdida de legitimidad y de liderazgo en las organizaciones CRAC-PC, UPOEG y FUSDEG, mantendrá limitada su pretensión por expandir sus áreas de influencia, lo que contribuye al divisionismo y el consecuente debilitamiento de
sus estructuras internas, lo que debidamente encauzado, permitirá a las autoridades estatales mantener su control”.
El análisis finaliza que “el activismo de estas organizaciones estará orientado a dar continuidad a proyectos de autonomía donde ejerzan el control de los municipios donde tienen presencia, limitando la presencia gubernamental, seguir obteniendo recursos argumentando su contribución a la seguridad local y ampliar sus áreas de influencia”.
Actualmente de los tres grupos, la CRAC-PC es la única que se ha mantenido por la forma de organización que tienen de elegir su sistema comunitario por asambleas de los pueblos.
La UPOEG en el sexenio de Evelyn Salgado Pineda ha sido prácticamente desmantelada de su zona de control de la Costa Chica, donde han detenido o asesinado a sus principales comandantes que fundaron la organización y han sido señalados constantemente por las autoridades federales de operar para el grupo delictivo Los Rusos.
El Fusdeg sólo controla algunas comunidades de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y actualmente se encuentra dividido y peleando el control de su zona con los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos.
El dirigente indígena ejecutado en Chilapa junto a dos de sus compañeros del Cipog-EZ, Adán Linares Silverio saluda a funcionarios que acompañaron en su gira al presidente López Obrador el pasado 21 de octubre en el crucero de Colotepec, Chilapa Foto: Lenin Ocampo Torres
Luis Blancas
Chilpancingo
Tres integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), uno de los cuales habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar la violencia del crimen organizado, Adán Linares Silverio, así como Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales fueron asesinados a balazos la tarde del sábado en la comunidad Xochimilco, municipio de Chilapa.
En conferencia de prensa afuera del Servicio Médico Forense en Chilpancingo, el promotor de esa organización, Jesús Plácido Galindo responsabilizó al líder de grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, y por estar “coludidos” a los diputados locales Bernardo Ortega, Jesús Parra García y al alcalde de Chilapa, Aldy Esteban Román, del homicidio de sus tres compañeros.
Mientras que la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) lamentó y condenó el crimen en contra de los tres activistas indígenas.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que minutos antes de las 4 de la tarde del sábado recibieron el reporte de tres personas asesinadas en la carretera Chilapa-Tixtla.
Policías estatales y ministeriales encontraron un vehículo Tsuru blanco en el crucero de la localidad Xochimilco. Adentro estaban los cuerpos de dos hombres asesinados a balazos y otro más afuera. Las tres víctimas tenían impactos de bala en el cuerpo.
En el lugar había casquillos percutidos calibre 9 milímetros y 38 súper. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias de ley y los cuerpos fueron trasladados al Semefo de la capital.
La FGE difundió un comunicado la tarde del sábado en el que dice que inició una carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de tres hombres, por los hechos ocurridos en un crucero en la población de Xochimilco en Chilapa de Álvarez.
Responsabiliza al presidente López Obrador y a la gobernadora
El Cipog-EZ difundió un boletín de prensa en el que dice “responsabilizamos al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado, al presidente municipal de Chilapa Aldy Esteban Román, a las policías estatales y municipales del estado de Guerrero. Los responsabilizamos de la muerte de nuestros hermanos”.
“Actuaremos nosotros y nosotras, porque es evidente que al mal gobierno no le interesa la vida de nuestros pueblos”, agrega.
“Hermanos, hermanas, con profundo dolor les informamos que tres de nuestros hermanos han sido asesinados. Nuestras palabras son de dolor y rabia. Nunca entenderemos la muerte que los grupos narcoparamilitares han impuesto en nuestro territorio”, expone el Cipog-EZ.
Añade que sus compañeros acudieron a Chilapa, fueron detenidos por agentes de Tránsito municipal a las 2:40 de la tarde del sábado, “posterior a eso una motocicleta los empezó a seguir y perdimos contacto total con ellos, hasta que a las 9:30 de la noche de ese día se reportó su hallazgo sin vida en el poblado de Xochimilco”.
“Si no nos defendemos quién nos va a defender”, fueron las palabras que los pueblos de la Montaña baja de Guerrero le dijeron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el 21 de octubre.
Pese a que el Cipog-EZ tuvo un diálogo con el presidente de la República, la tarde del 5 de noviembre “nuestros hermanos Adán, Guillermo y Moisés fueron asesinados”, se lee en el boletín.
“Nuestro corazón sufre, nos duele, lo dijimos al mundo, al presidente de la República, los grupos narco-paramilitares nos están matando, nos torturan, nos desaparecen. No pasaron más de 15 días y asesinaron a nuestros hermanos, fueron brutalmente asesinados”, concluye el comunicado.
Solicitaron la detención de Los Ardillos el 21 de octubre, reprocha
El promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo responsabilizó al líder de grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez del crimen, y por estar “coludidos” a los diputados locales Bernardo Ortega, Jesús Parra García y al alcalde de Chilapa, Aldy Esteban Román.
En conferencia de prensa en el Servicio Médico Forense (Semefo) en la capital, Plácido Galindo se quejó de que a pesar que Adán Linares y miembros de la organización abordaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en la gira de trabajo el 21 de octubre pasado, donde le solicitaron la detención de los integrantes del grupo delictivo que opera en Chilapa y el cese a la agresión contra el Consejo no han tenido respuesta, y siguen las agresiones en contra de sus integrantes.
Dijo que en ese acercamiento acordaron que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas
y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda iban a acudir a la comunidad de Alcozacán para atender el problema, pero no les han dicho cuándo.
Informó que desde el 2015 a la fecha 43 miembros han sido asesinados y 20 más se encuentran desaparecidos por el grupo paramilitar, que pretende desaparecer a la organización e invadir el territorio.
“Hacemos responsables de estos hechos al líder de Los Ardillos Celso Ortega, a su familiar (hermano) Bernardo Ortega, al alcalde de Chilapa Aldy Esteban Román, porque sus trabajadores trabajan con los malos, y al diputado local Jesus Parra García, que cuando fue alcalde permitió la presencia de estos amigos en el munipio”, insistió.
Indicó que esta agresión en su contra pudiera ser una reacción a los señalamientos contra Los Ardillos y al diputado Bernardo Ortega, que hicieron frente al presidente de México cuando visitó La Montaña de Guerrero.
“No están muertos nuestros compañeros, la lucha sigue, la resistencia del crimen operando en la montaña no nos va a afectar, vamos a seguir denunciando, nos duele ver que cada día los compañeros que bajan a comprar a Chilapa ya no regresan, de este asunto es responsable el Estado”, declaró.
Mencionó que Adán Linares hace dos años contaba con medidas cautelares, cargaba un botón de pánico y un teléfono satelital, lo cual no fue suficiente para garantizar su seguridad, “ahora él dejó dos niñas y sus restos serán sepultados en Alcozacán al igual que Moisés que dejó dos niños, mientras que Guillermo será sepultado en Tula y dejó en la orfandad a tres hijos”.
Plácido Galindo dijo que sus tres compañeros asesinados salieron a las 2 de la tarde del sábado de la comunidad Alcozacán en Chilapa, se dirigían a Chilpancingo para comprar refacciones de un vehículo, cerca de los arcos fueron retenidos por agentes de Tránsito municipal, los siguió un motociclista y después al pasar por el crucero de Xochimilco fueron asesinados a balazos.
Dijo que en asambleas de las comunidades en las que tiene presencia el Cipog-EZ analizarán qué acciones realizarán ante las agresiones del grupo criminal Los Ardillos.
Exigió al presidente López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado justicia para los miembros de la organización y que no quede impune.
Minutos después de la 1 de la tarde los familiares de Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, resguardados por policías estatales y efectivos de la Guardia Nacional acudieron al Semefo en la capital para recoger los cuerpos de los tres miembros de la Cipog-EZ y realizar las denuncias correspondientes ante la Agencia del Ministerio Público.
La Codehum condena el triple asesinato
La Codehum lamentó y condenó el suceso en el que fueran privados de la vida el sábado Adán Linares Silverio, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
La Codehum difundió un comunicado en el que señaló que dará seguimiento al caso, a fin de que se garantice a favor de los deudos el derecho al acceso a la justicia.
El organismo hizo un llamado a las autoridades encargadas de la investigación para que se realice de manera diligente y apegada a la legalidad, “y que las acciones que se tomen sean con estricto respeto a los derechos humanos”.
Familiares y amigos de Adolfo Aparicio Bello, Pedro Romero Sotelo y Efrén Barrios Cárdenas quienes desaparecieron el pasado viernes en Quechultenango, durante el bloqueo a los carriles norte-sur de la Autopista del Sol en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Familiares y amigos del encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Adolfo Aparicio Bello, así como de Pedro Romero Sotelo y Efrén Barrios Cárdenas, quienes desaparecieron el viernes en Quechultenango, bloquearon cuatro horas la Autopista del Sol en Chilpancingo, de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde.
En la noche, por teléfono el hermano de Adolfo informó que ayer se localizó la camioneta en que viajaban y a que a ello ayudó el helicóptero que la familia había solicitado para hacer un recorrido por la zona.
“Ya teníamos localizados los puntos”, dijo, pero recriminó que como el domingo la FGE inició tarde los trabajos la neblina impidió que continuaran.
Por el bloqueo que realizaron dijo que la búsqueda este lunes fue diferente, incluso participaron el Ejército y la Guardia Nacional.
La camioneta en la que viajaban fue localizada y hay personas dentro, pero no saben su identidad, dijo, y precisó, “del vehículo sí, aún tenemos ese rayito de luz de encontrar con vida a nuestros familiares”.
Detalló que este martes continuarán las labores de rescate para sacar la camioneta e identificar los cuerpos que están dentro.
Mientras que en la protesta unos 100 manifestantes llevaban pancartas en el encauzamiento del bulevar del río Huacapa, a unos metros de la autopista, en las que se leía, “Gobernadora exigimos el regreso con vida de nuestros familiares”, “Necesitamos la aparición con vida de Adolfo, Efrén y Pedro”, “Tu familia te espera”.
Al lugar llegaron el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros y el subdirector de Negociaciones de la Secretaría General de Gobierno, Rafael Julián Arcos para solicitarl a las familias que no bloquearan “porque un problema no se soluciona con otro problema”.
Los funcionarios aseguraron a los manifestantes que se retomaría la búsqueda pero que permitieran los trabajos a la Fiscalía y a las demás corporaciones para la localización de los tres hombres.
Sin embargo, los manifestantes cerraron unos minutos la vialidad a unos metros del Huacapa, posteriormente avanzaron a la Autopista del Sol, la cual bloquearon en el sentido norte-sur y también el entronque con la carretera federal a las 11:20 de la mañana.
En el bloqueo
La madre de Adolfo, Higinia Bello contó que su hijo desapareció el viernes y que el último contacto fue a las 7:25 de la noche en el tramo Quechultenango-Chilpancingo, “mi hijo es trabajador de los Derechos Humanos, sin embargo tenemos un negocio familiar. Hace cinco meses murió mi esposo y Adolfo es el que me está apoyando en algunos trabajos”.
Adolfo junto con Romero Sotelo y Barrios Cárdenas llegaría a Chilpancingo pero anocheció, por lo que Higinia salió a buscarlos con otro familiar porque dijo que pensó que tal vez se les había ponchado una llanta, pero no los localizaron.
Contó que buscaron en todo el camino, considerando también que tal vez habían tenido algún accidente y caído en alguna barranca, y al no tener resultados interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
El domingo acudió la Fiscalía al lugar de donde salió Adolfo con los otros dos hombres, pero como acudieron en la tarde los trabajos se suspendieron porque la neblina estaba densa y la lluvia tampoco permitió que vieran más abajo del barranco.
“Ahora las autoridades me dicen que no cierre la autopista, que un problema no se resuelve con otro, pero les dije que en las acciones que realizaron el domingo no hubo nada”, Higinia comenzó a llorar y a gritar de la desesperación.
“El tiempo corre, la vida de mi hijo está en peligro, por favor que me ayude la señora gobernadora, que me escuche y apoye, porque la Fiscalía está saliendo otra vez tarde para la búsqueda”, reclamó.
Continuó llorando, su cuerpo se desvaneció y dos mujeres la tuvieron que sostener, “son dos personas más que están en peligro, mi hijo y dos de mis trabajadores, por favor, por favor, hay que unirnos para peinar la zona, desde Petaquillas, Mochitlán y Tepechicotlán, porque hablan de que hay cuevas”.
La madre reprochó que la FGE le aseguró que acudirían perros buscadores y helicópteros para localizarlos pero no asistieron, “yo pido drones para poder mirar porque la superficie es muy accidentada”.
Higinia tiene un aserradero, Maderas de la Sierra, las instalaciones se ubican en la capital. La madre contó que su hijo le ayuda cuando tiene tiempo libre porque su esposo murió hace cinco meses. De acuerdo con las familias los dos trabajadores y Adolfo realizarían un trabajo y ese mismo día regresarían, pero no fue así.
El tiempo que estuvo el bloqueo sobrevoló un dron de la Policía Estatal, además los agentes de la Guardia Nacional constantemente tomaron fotografías a las familias.
Uno de los manifestantes informó que con el GPS rastrearon el celular de Aparicio Bello y la localización les indicaba que estaban en una cueva en dicho tramo carretero.
Al lugar llegó la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán para dialogar con las familias.
También acudieron unos 50 policías estatales con equipo antimotines pero permanecieron en la calle lateral de la autopista en la espera de la orden del desalojo, algunos familiares y amigos se arrodillaron y recriminaron que se utilizaría la fuerza pública para replegarlos y que esos policías podían servir para la búsqueda.
Al saber que las autoridades iniciaron los trabajos de búsqueda los manifestantes a las 12:30 del día comenzaron a abrir y cerrar cada 15 minutos la vialidad, donde cientos de automovilistas quedaron varados.
Minutos antes de las 3 de la tarde los manifestantes se replegaron a la banqueta de dicha vialidad, en tanto una comisión de familiares de los desaparecidos fue a una reunión a la Fiscalía.
Las personas que permanecieron en la vía lateral de la Autopista lloraron por los hombres desaparecidos y una mujer se desmayó, pero no informaron si ya se habían localizado a sus familiares.
La Fiscalía también difundió un boletín para localizar a Efrén Barrios Cárdenas de 55 años, pero no de Pedro Romero Sotelo, este último es uno de los desplazado de Campo de Aviación del municipio Leonardo Bravo.
El encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos de la Codehum, también fue precandidato morenista para la alcaldía del municipio de Copala en el 2021.
En un comunicado se informó que el gobierno de Guerrero amplió el operativo de búsqueda por aire y tierra con agentes de las secretarías de Seguridad Pública y de Protección Civil, así como de la Fiscalía estatal, para agilizar la localización de tres personas reportadas desaparecidas.
Se detalló que el grupo estaba integrado por agentes de la secretaría de Seguridad Pública, quienes dan acompañamiento a integrantes de las comisiones de Búsqueda de Personas y de Derechos Humanos.
“El resguardo y acompañamiento está al mando de María de Jesús Varona y junto a ellos se trasladó un grupo de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, con el titular Víctor Parra Téllez, además de personal de Protección Civil y de un grupo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado”, se informó.
Se indicó que la instrucción al personal fue brindar apoyo, seguridad y facilidades hasta encontrar a los tres ciudadanos reportados desaparecidos, quienes fueron vistos por última vez en la comunidad de San Martín en el municipio de Quechultenango.
El municipio de Quechultenango es señalado por las autoridades como el bastión de la organización criminal Los Ardillos.
Indígenas nahuas de comunidades de Chilapa y Jose? Joaquín de Herrera se manifestaron el viernes al paso del convoy del presidente Andre?s Manuel Lo?pez Obrador por el crucero de Colotepec, donde lo pararon 15 minutos para exponerle la situacio?n de violencia en sus comunidades Foto: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El 24 de noviembre del 2015 la Urvan número 45, placas 4668-FMC, salió poco después de las 6 de la mañana de San Jerónimo Palantla con siete pasajeros a bordo rumbo a Chilapa. A las 6:40 en el punto conocido como La Ciénega, antes de llegar a Atzacoaloya, fue atacada a balazos y cuatro de los ocupantes, el chofer y tres mujeres, fallecieron por la lluvia de disparos.
Elizabeth, una niña de cuatro años y Flora, una adolescente de 14 resultaron heridas. El séptimo pasajero logró huir ileso.
Las cuatro víctimas mortales fueron: Ángela Casarrubias Cortés de 52 años, su hija Ana Orgín Casarrubias de 22 y madre de Elizabeth. Además Victoria Díaz Bernabé de 34 años y el chofer de la Urvan, Isaac Xochitempa Chautla de 43 años, quien era promotor y consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de San Jerónimo Palantla, de donde eran originarias las demás víctimas.
Ese día, de acuerdo a la CRAC-PF y al Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ), marcó la violencia que viven los pueblos nahuas de esa región de Chilapa que ha dejado 47 asesinatos, 21 desaparecidos y un detenido.
Esas cifras fueron las que le entregaron en un documento el viernes pasado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el crucero de Colotepec donde el mandatario fue interceptado.
Le reprocharon que los tres órdenes de gobierno han minimizado y no han querido resolver ni atender el problema de la violencia provocada por los grupos delictivos Los Rojos y Los Ardillos, aunque el primero ya fue desarticulado con la detención de su líder Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, el 21 de agosto del 2019.
Casos representativos
La masacre del 24 de noviembre del 2015 fue atribuida por la CRAC-PF y el Cipog-EZ a integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) al que pertenece un grupo de vecinos de San Jerónimo Palantla, y al que vinculaban con el grupo delictivo Los Rojos.
El 11 de junio del 2016, fue asesinado en Xochitempa el comandante suplente de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, Florencio Morales Salgado, en un operativo de la CRAC de la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, y vecinos de San Jerónimo Palantla representados por el FDP.
El 19 de diciembre del 2018, 12 vecinos de El Paraíso de Tepila desaparecieron. Entre ellos Anita, de tres años, Elena y Zacarías de seis, Juanita de siete, Emiliano de nueve, Sergio y Jorge de 12 años, Rosaria de 15, Ángel de 17. Así como Rosaria Ignacio Melchor de 60, Alberto Espiridión Ignacio de 40 y Antonia Andraca Celedonio de 36.
La CRAC-PF y el Cipog-EZ, responsabilizaron de la desaparición masiva a la policía comunitaria del grupo Por la Paz y la Justicia que relacionan con Los Ardillos.
El 4 de mayo del 2019 fueron ejecutados en Chilapa los consejeros de la CRAC-PF y concejales del Cipog-EZ ante el Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena (CIG-CNI), José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, el primero de Xicotlán y el segundo de Buena Vista.
El 16 de mayo de 2019 los indígenas Martín Salgado de Jesús y María Ricarda Xochitempa Chautla, de San Jerónimo Palantla, fueron levantados cerca de Xochitempa y siguen desaparecidos.
El 23 de mayo del 2019 el comandante regional de la CRAC-PF y concejal del Cipog-EZ ante el CIG-CNI, Bartolo Hilario Morales, de Tula, fue levantado en el crucero del Jagüey en la carretera Chilapa-Hueycantenango y su cuerpo fue encontrado desmembrado y embolsado al día siguiente junto al del indígena de Xicotlán, Isaías Xanteco Ahuejote, en el punto conocido como Las Antenas de la carretera Chilpancingo-Tlapa.
El 2 de junio de 2019 fue ejecutado frente a su esposa en Hueycantenango, Eugenio Máximo Hilario, ex comandante regional y fundador de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango). La dirigencia del Cipog-EZ denunció entonces que los responsables fueron policías municipales de ese lugar e integrantes del grupo Los Ardillos.
El 7 de julio de 2019, fue levantado el comandante de la Policía Comunitaria de Alcozacán, Felipe de Jesús Tolentino Bolaños. Su cuerpo fue encontrado el 11 de julio cerca de Chilapa.
El 8 de julio de 2019 fueron levantados en el crucero del Jaguey, David Domingo Alonso y Marcelino Pedro Rojas Reyes, policías comunitarios de Ayahualtempa, sus cuerpos fueron encontrados en el crucero de Rincón de Chautla el 11 de julio. El día que los levantaron bajaron a Chilapa, donde participaron en la retención de camiones y en la “expropiación” de fertilizante.
El 10 de julio de 2019, fueron bajadas de una combi del transporte público en el crucero del Jagüey las delegadas del CNI, Juana Fernández Ambrosio y Alberta Martínez Rendón. Sus cuerpos fueron encontrados degollados y con huellas de tortura al día siguiente cerca de la colonia Corral de Piedra de Chilapa.
El 8 de agosto del 2019 fue levantado en el crucero del Jagüey, Hilario Tepetitlan, originario de Alcozacán y su cuerpo fue hallado horas después cerca de la colonia Corral de Piedra.
El 7 de septiembre de 2019 fue levantado en Hueycantenango el regidor de seguridad pública de José Joaquín Herrera y policía comunitario de Ayahualtempa, Leocadio Bolaños Hernández. Su cuerpo fue encontrado decapitado al día siguiente en el punto conocido como El Ocotito, cerca de esa cabecera municipal.
El 14 de septiembre de 2019 fue levantado en Tlachimaltepec, José Joaquín de Herrera, el policía comunitario de Alcozacán, Silviano Morales Joaquín. Su cuerpo fue encontrado cerca de la comunidad de Tospanyo el 17 de septiembre.
El 8 de octubre de ese año fue acribillado cerca del módulo de la Policía Municipal en Hueycatenango el policía comunitario de Zacapexco, Santos Vázquez Andraca.
El 18 de octubre de 2019 fue levantado en el río La Hamaca, entre Acojtapaxtlán y El Epazote, Fidel Bolaños Rojas, originario de Ayahualtempa. Al día siguiente desapareció su hijo Félix Isidro Bolaños Hernández, cuando lo buscaba en Colotlipa, municipio de Quechultenango. Ambos continúan desaparecidos.
El 1 de noviembre de 2019 fue asesinado en Cochixjtlán Tlatempa, cerca de Hueycantenango, Samuel Rojas Dorantes, originario de Ayahualtempa.
El 18 de noviembre de 2019 fue asesinado en la colonia Piedra Colorada de Hueycantenango, Isaac Martínez Rosendo, vecino de Ayahualtempa.
Las víctimas del 2020
El 17 de enero de 2020, Alcozacán se vistió de luto. Ese día fueron masacrados 10 vecinos de ese pueblo, todos integrantes del grupo Sensación Musical, cuando regresaban de una tocada en Tlayelpan.
A cinco de las víctimas les prendieron fuego en el interior de la camioneta en que viajaban y los otros cinco fueron asesinados a balazos, algunos tenían el tiro de gracia.
Los muertos fueron los hermanos José Julio de 37 años y Cándido Fiscaleño Hilario, de 20, Crescenciano Migueleño Coapango de 37, chofer de una de las camionetas, Israel Tolentino Ahuelicán de 24, chofer de la otra camioneta y policía comunitario.
Los otros fueron Israel Mendoza Pasado de 15 años, Regino Fiscaleño Chautla, Antonio Mendoza Tolentino, Lorenzo Linares Jiménez, Juan Joaquín Ahuejote y Marcos Fiscaleño Baltazar.
El 15 de agosto fue levantado en Totopacholpe, territorio del grupo Por la Paz y la Justicia, Rutilio Bolaños Gatica, de Ayahualtempa, y encontrado asesinado al día siguiente en Kamoxtepec.
El 19 de diciembre fueron encontrados con huellas de tortura, maniatados y con el tiro de gracia en el punto conocido como La Herradura, los cuerpos de los miembros del Cipog-EZ originarios de Alcozacán, María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, quienes habían sido levantados en Chilapa un día antes.
El 7 de marzo, ya del 2021, fue atacada una camioneta de policías comunitarios cerca del crucero de Olinalá por hombres armados con AK-47 y AR-15, resultaron heridos cuatro policías comunitarios: Adán Linares Silverio, Pablo Hilario Morales, Alberto Zoyateco Pérez y Jordán Terjiño Luna, éste último falleció al día siguiente.
El 7 de diciembre de 2021 desapareció en Hueycantenango cuando fue a visitar a sus familiares el policía comunitario Marcelino Chino Mendoza de 30 años, originario de Alcozacán.
El 11 de diciembre desaparecieron los ex policías comunitarios Felipe Tlalxintle Tepexco de 62 años y José Juan Reyes Román de 24, el primero de Xochitempa desapareció entre las comunidades de Mexcaltepec y San Jerónimo Palantla, y el segundo de Ayahualtempa fue levantado en Hueycantenango.
El 16 de enero del 2022, Delfina Ramírez Morales de 26 años fue detenida por policías municipales de José Joaquín de Herrera, según la dirigencia del Cipog-EZ y su cuerpo fue encontrado con disparos de arma de fuego en la comunidad de Temixco.
El 25 de enero desaparecieron el comandante regional de la CRAC-PF de Zacapexco, Pablo Hilario Morales y el policía comunitario de Tula Samuel Hernández Sánchez. El Cipog-EZ responsabilizó a policías municipales de Atlixtac.
El 6 de mayo fueron levantados cerca de Atzacoaloya, Lorena Chantzin Paxacuasingo y Marcos Campos Ahuejote, horas después sus cuerpos fueron encontrados por agentes ministeriales dentro de su camioneta al fondo de una barranca.
El 21 de mayo fue levantado en Hueycantenango Justino Tapia Rosendo de Ayahualtempa de 19 años y estudiante de la UAG. Justino, quien era hijo del policía comunitario Margarito Tapia, fue encontrado asesinado cerca de San Marcos, municipio de José Joaquín de Herrera.
El 9 de julio fue asesinado en Chilapa el policía comunitario y fundador de la CRAC-PF, Alberto Morales Sebastián, de la comunidad de Tula.
El 24 de julio fue asesinado en Chilapa Nicolás Pérez Zoyateco de 49 años, originario de Alcozacán.
Los desaparecidos más recientes son Secundino Jiménez Plácido de Zacapexco, desaparecido el 28 de septiembre en Atzacoaloya, y Celso Cocotzin Tolentino de Alcozacán, según el Cipog-EZ secuestrado en Chilapa el 18 de octubre.
La CRAC-PF y el Cipog-EZ cuentan también como parte de la violencia, la detención del policía comunitario de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, Godofredo Cortés Reyes.
Godofredo fue detenido en marzo de 2016 acusado de homicidio y privación ilegal de la libertad, derivado de una masacre el 8 de febrero de 2015 en la comisaría de San Jerónimo Palantla, donde cinco indígenas fueron asesinados, según los familiares de las víctimas, por policías comunitarios de la CRAC-PF.
El diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez afirmó que son “acusaciones sin sustento”, las que realizaron en su contra integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) ante el presidente de la República, de ser uno de los líderes del grupo criminal Los Ardillos.
Durante la última visita de Andrés Manuel López Obrador a Guerrero, éste fue interceptado por al menos 200 pobladores de Chilapa y José Joaquín Herrera. El líder del Cipog, Jesús Plácido, entregó un documento al mandatario, donde le expresó que “desde hace varios años, el grupo de Los Ardillos, que encabezan Celso Ortega y su hermano el diputado Bernardo Ortega, ha atacado a balazos sus pueblos en varias ocasiones, ha asesinado y desaparecido a mujeres y hombres, dejando huérfanos a los niños”.
Este domingo por la tarde, en un comunicado, el diputado Bernardo Ortega, hermano del líder del grupo criminal Los Ardillos, Celso Ortega, de nuevo negó ser parte de la delincuencia organizada. En el escrito apunta su trayectoria en la política, desde 1996, cuando fue candidato por primera vez a presidente municipal de Quechultenango y hasta el actual cargo, como diputado local por el distrito 24, con cabecera en Tixtla.
Señala: “Soy humano. He tenido errores a lo largo de mi vida y me pueden señalar por ello, pero nunca de corrupto, criminal o que me dedique a actividades ilícitas. Yo soy responsable de mis actos y acciones”.
En ese sentido continuó su escrito, en el que se deslinda de las actividades de sus hermanos, “jamás seré responsable de lo que hagan con su vida terceras personas mayores de edad, así sean familiares o amigos”.
Lamentó que “por falta de información o por la razón que sea, se use mi nombre en acusaciones sin sustento”, en referencia a lo señalado por el líder Cipog ante el presidente de la República, Andrés Manuel López.
Bernardo Ortega insistió en que sólo es “responsable de mis actos y decisiones, no de las de otras personas. Y a las pruebas me remito”. En otros momentos, ante señalamientos similares, ha insistido en que se presenten las denuncias en su contra, para que sea investigado.
Para finalizar, señaló: “En México no es delito compartir un apellido. Cada quien construye el camino de su vida y la mía está dedicada a mi familia, a representar a la gente que más necesita. Así ha sido y así seguirá”.
El lugar en donde fue asesinado el comandante de los policías de Seguridad Comunitaria de Mazatlán, Hermenegildo Neri Ortiz Romero, a donde llegaron vecinos y agentes de los tres órdenes de gobierno Foto: El Sur
Redacción
Chilpancingo
El comandante de los policías del grupo Seguridad Comunitaria de Mazatlán, Hermenegildo Neri Ortiz Romero fue asesinado a balazos cerca de la Comisaría municipal en el barrio de San Isidro de esta comunidad de Chilpancingo.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que a las 10:30 de la mañana se reportó una persona asesinada en la calle principal de la localidad.
Policías estatales y ministeriales encontraron el cuerpo del comandante de la autodefensa local asesinado a balazos dentro de una tienda de abarrotes, cerca de la Comisaría municipal.
Versiones policiacas dicen que la víctima caminaba por la vialidad, fue interceptado por civiles armados, intentó huir y se refugió en una tienda en donde los agresores lo alcanzaron y lo asesinaron a balazos.
El reporte de la Fiscalía indica que el comandante y ex comisario tenía impactos de bala en la cabeza.
Agentes de la Guardia Nacional, policías estatales, ministeriales y militares aseguraron el lugar y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes.
Vecinos se acercaron al lugar para saber qué es lo que había ocurrido.
Familiares del comandante y ex comisario municipal no permitieron que las autoridades llevaran el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) en la capital y lo trasladaron a su casa para sepultarlo.
La Fiscalía General del Estado difundió un comunicado la tarde de ayer en el que señaló que inició una carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables, por el delito de homicidio calificado por arma de fuego en agravio de Hermenegildo, por los hechos ocurridos en el barrio San isidro, en el poblado de Mazatlán, municipio de Chilpancingo.
“Agentes de la Policía Investigadora Ministerial y personal de los Servicios Periciales, acudieron al lugar de los hechos, a fin de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer los hechos”, concluye el boletín.
Hermenegildo Neri Ortiz Romero fue comandante del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) en la comunidad de Mazatlán, para brindar seguridad ante los hechos de violencia y fue comisario municipal del periodo 2021-2022.
A finales del 2016 y principios del 2017 se desintegró el FUSDEG en esta localidad y surgió un nuevo grupo: Seguridad Comunitaria de Mazatlán que se deslinda de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del FUSDEG.
En declaraciones a reporteros el comandante Neri, como lo conocían, dijo que la organización era independiente y que surgió para brindar seguridad a la población de esta localidad.
No es el único caso de asesinatos de comandantes de grupos de autodefensas en el estado, el dirigente magisterial de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y comandante de la UPOEG, Mario Zamora Maldonado fue asesinado el 26 de enero de este año durante un enfrentamiento en Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, donde murió junto a tres de sus compañeros de la UPOEG cuando se enfrentaron al grupo criminal Los Ardillos.
El 22 de noviembre del año pasado el comandante y fundador del FUSDEG, Maximino Alejo Prudencio y su chofer Bonifacio fueron ejecutados a balazos en una emboscada en la colonia San José en Tierra Colorada, cabecera del municipio Juan R. Escudero.
La dirigencia del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunció que después de las 2 de la tarde de este lunes reiniciaron los ataques del grupo delictivo Los Ardillos ahora a las comunidades nahuas de Zacapexco y Rincón de Chautla, municipio de Chilapa.
Por su parte la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz informó ayer, (cuatro días después de que comenzaron los ataques), que “ante el reporte de una agresión a comunidades de Chilapa”, las autoridades visitaron la comunidad de Colotepec acompañadas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) “para atender y verificar el hecho”.
Y luego de cuatro días de balaceras, el dirigente de la agrupación, Jesús Plácido Galindo, informó por teléfono que hasta a las 2 de la tarde sólo dos policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), habían resultado heridos, ambos de la comunidad de Zacapexco.
Por la mañana, la dirigencia del Cipog-EZ envió un mensaje “urgente” a las autoridades federales y estatales para intervenir ante el problema de violencia que viven estas comunidades ubicadas al sur de Chilapa; el dirigente denunció por teléfono que hasta el mediodía de ayer no había presencia de las autoridades federales y estatales en la zona que está siendo atacada.
Plácido Galindo informó que antes de la una de la madrugada de este lunes habían cesado los ataques a las comunidades de Tula y Xicotlán, donde la Policía Comunitaria de la CRAC-PF ya asumió el control.
Sin embargo denunció que después de las 12 del día comenzaron las agresiones ahora a los pueblos de Zacapexco y Rincón de Chautla.
De hecho, la zona se encuentra bajo fuego del grupo delictivo desde las 11:40 de la noche del viernes, cuando atacaron el pueblo de Tula, pero en el transcurso del sábado los agresores fueron replegados incluso del pueblo vecino, Colotepec, de donde de acuerdo con los pobladores de Tula les hacían los disparos.
Por la mañana, antes de que se conociera de la reanudación de las balaceras contra Zacapexco y Rincón de Chautla, la dirigencia del Cipog-EZ, había enviado un mensaje “urgente” al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez; a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos, así como a la Secretaía de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que se apersonaran en la zona a atender el problema de violencia que sufren los pueblos nahuas.
“Exigimos una reunión con todas y cada una de las autoridades, así como con representantes encargados de seguridad pública antes mencionadas, derivado de la falta de seguridad que aqueja a las comunidades de la Montaña baja de Guerrero y que todos y cada uno de ustedes están enterados, sin hacer absolutamente nada”, pidió en su mensaje la agrupación.
Advirtió que de no ser atendidos por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, “no daremos paso a nadie por la carrera Chilapa-Tlapa, hasta ser atendidos por ustedes”.
Pidieron que la reunión se realice en la comunidad de Alcozacán “para tomar acciones contundentes y parar todos los delitos de lesa humanidad que se están cometiendo, por los grupos del narcotráfico en especial Los Ardillos”.
A las d2 de la tarde, el dirigente del Cipog-EZ informó que después de las 12 del día reanudaron las agresiones esta vez contra los pueblos de Zacapexco y Rincón de Chautla, que se encuentran al fondo de Xicotlán y Tula.
Informó que de la noche del viernes, cuando empezaron los ataques, a la tarde de ayer, dos policías comunitarios de la CRAC-PF habían resultado heridos, informó que ambos son de la localidad de Zacapexco y que ya son atendidos en un hospital.
Aseguró que hasta la tarde de ayer todavía no había presencia del Ejército, la Guardia Nacional, ni de la Policía Estatal.
La Coordinación para la Construcción de Paz, informó por la tarde en su página de Facebook que “ante el reporte en redes sociales de una agresión en comunidades del municipio de Chilapa, autoridades de los tres niveles de gobierno y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acudieron a la comunidad de Colotepec “para atender y verificar el hecho”.
El Cipog-EZ venía denunciando que en Colotepec estaba atrincherado el grupo delictivo que constantemente atacaba a balazos al pueblo de Tula, y desde donde comenzó la agresión la noche del viernes. Es decir, las autoridades de los tres órdenes de gobierno visitaron ayer la comunidad desde donde comenzó la agresión, no los pueblos agredidos .
La noche del martes fueron encontradas narcomantas en distintos puntos de la capital, en las que se acusa al secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez de haber recibido 3 millones de pesos de un grupo criminal.
Fuentes policiacas informaron que minutos después de las 11 de la noche del martes recibieron el reporte de que había dos narcomantas en los puentes peatonales de las colonias Lázaro Cárdenas y Obrera, en la Autopista del Sol.
La manta decía, “Secretario de seguridad pública Evelio mendez gomez, ya se save que usted recibió 3 millones de pesos por parte de celso ortega líder de los ardillos para perseguir a los tlacos y facilitar la entrada a los Ardillos”.
“Si usted se presta esos acuerdos usted sera responsable de la guerra que se desate ya que no se les va permitir a nadie que entre la plaza tiene dueño y la mantenemos tranquila, pero si quieren guerra miedo hay y les avisamos que no se les va permitir a nadie venga a calentar la plaza como lo quieren provocar el Secretario de Seguridad del estado Evelio Mendez Gomes con sus acuerdos y con los tres millones que recibió piensa que va permitir la entrada de gente que solo quiere extorsionar, robar, secuestrar y matar a gente inocente como lo hacen Los Ardillos”.
Después le sigue, “Gente de Chilpancingo ya no se dejen engañar y denuncien a las autoridades que se prestan ayudar a los ardillos a desparecer a empresarios de Chilpancingo con ayuda de los ufes y sus acuerdos que tenían con menchaca y ahora lo hicieron con evelio”.
“Sra gobernadora, si usted no quiere que se desate una guerra ponga en orden a su gente, no confundan la tranquilidad con miedo o ausencia estamos presentes y tenemos tranquilos pero si eso no les gusta ustedes serán los que ocasionen la guerra”, concluye el mensaje.
Las dos narcomantas fueron retiradas por los uniformados y fueron trasladadas a la Agencia del Ministerio Público para realizar las investigaciones. (Redacción / Chilpancingo).
Sepelio de la pareja indígena encontrada muerta el domingo en la carretera Chilapa-Heycantenango Foto: El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) acusó a los tres órdenes de gobierno de ser omisos y cómplices del grupo delictivo que los ha venido atacando y el domingo levantó, torturó y asesinó a los indígenas Marcos Campos Ahuejote de la comunidad de Xicotlán y su compañera Lorenza Chantzin Paxacuasingo de Acahuehuetlán, municipio de Chilapa.
Los dos fueron sepultados ayer en Xicotlán y por la tarde el Cipog-EZ en un comunicado insistió que no murieron en un accidente como lo informó la Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobierno estatal, sino que fueron asesinados.
“Nos quieren hacer creer que su camioneta se salió de la carretera y que murieron por un accidente automovilístico, cuando fueron encontrados muertos con señales de tortura la mañana del 7 de mayo en un lugar en el que los familiares y miembros de la organización ya habíamos buscado, sobre la carretera en un tramo con topes”, denunció la agrupación.
El Cipog-EZ calificó como “absurda la forma en la que el gobierno calla la verdad y protege a quienes nos han perseguido por años, asesinando, secuestrando y torturando”.
Informó que ayer recibieron los cuerpos de Marcos Campos Ahuejote y Lorenza Chantzin Pochacuacingo “y hoy las familias y nuestras comunidades lloran y honran a sus muertos”.
Agrega que, mientras tanto, “los malos gobiernos hacen como si no pasara nada, para ellos, para ellas, no representamos nada, sólo se incrementan las cifras de muertos, pero mientras no superen el número de muertos de la administración pasada, todo está bien, podrán presumir que en esta administración hubo menos muertos que en la pasada, el número de votantes permanece”.
El Cipog-EZ denunció que los tres órdenes de gobierno por acción u omisión son igual de delincuentes que el grupo delictivo de Los Ardillos que los han venido asesinado en 26 comunidades de Chilapa.
“Los Ardillos están dentro de sus propias instituciones, son parte de la Fiscalía, de las policías municipales y del gobierno de Guerrero. Ese grupo narco-paramilitar opera con total impunidad, instala retenes y asesina a nuestros hermanos y hermanas y eso lo sabe la gobernadora Evelyn Salgado, pero no solamente ella, pues el gobierno federal también guarda silencio frente a la muerte que recorre a nuestro estado y al país”.
Hicieron responsables a los tres órdenes de gobierno “de lo que nos pueda suceder a los coordinadores y promotores del Cipog-EZ Jesús Plácido, Nicéforo Nava, Delfino Sánchez, Sixto Mendoza, Benjamín Sánchez, Prisco Rodríguez, Adán Linares, Guillermo Morales Hilario, así como a los niños y niñas, mujeres, hombres, abuelos y abuelas de nuestras 26 comunidades, pues se sabe de sobra que Los Ardillos se mueven y controlan los tramos que van de Tlapa a Chilapa, de Chilapa a Chilpancingo y de Chilapa a José Joaquín de Herrera”.
Llamó a la ONU, a las organizaciones de derechos humanos, que denuncien los crímenes que el Estado mexicano permite que ocurran a los habitantes de nuestras comunidades.
