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Los levantados en Chilpancingo serían cinco, no seis, pero sólo hay dos denuncias, dice el fiscal

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, informó que no fueron seis levantados en Chilpancingo sino dos, ya que su dependencia cuenta con dos denuncias presentadas por desaparición, pero según sus investigaciones podrían ser cinco; mientras que uno de los tres estudiantes levantados ayer en Tixtla ya fue liberado.
“Pueden ser cinco los de Chilpancingo del taller levantado, pero sólo hay dos denuncias”, agregó.
También detalló que la banda de secuestradores desarticulada el jueves pasado, tras un enfrentamiento con policías ministeriales y el Ejército en la colonia Salubridad, pertenecía a El Tequilero, y señaló que hasta este jueves en la capital del estado también operaba una escisión de La Familia Michoacana.
Ayer en El Sur se publico que la tarde de este martes, sicarios irrumpieron en el taller Moto Servicios Ayala, donde levantaron a seis jóvenes, entre ellos a una mujer, cerca del Centros de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS) No. 136 en la colonia Jardines del Sur, en Chilpancingo.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que sólo se han presentado dos denuncias de personas desaparecidas, pero que las investigaciones de la dependencia daban cuenta de la posibilidad de cinco personas levantadas.
Consultado al término del acto protocolario de arranque de la Operación Chilapa, el fiscal explicó que, mediante una llamada al número de emergencia 066 se informó del levantón de cinco personas, pero “realmente son dos del taller”.
Agregó que se presentaron denuncias de desaparición de dos personas, pero investigarán para saber si fueron o no levantados los otros cinco jóvenes que estaban en el taller.
Durante la mañana de este miércoles, se le preguntó en tres ocasiones al fiscal acerca de los secuestros y levantones en la capital, la primera cuando bajó del helicóptero en el que llegó a la unidad deportiva de Chilapa, donde informó que el reporte proporcionado por el comándate de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), era de tres levantados en Chilpancingo y tres en Tixtla.
Este martes, tres estudiantes fueron privados de su libertad por hombres armados en la colonia La Villita, en el municipio de Tixtla, a unos 100 metros de la comandancia de la Policía Municipal, informó la FGE.
En la segunda ocasión se le preguntó sobre el estatus de los seis, a lo que respondió que en Chilpancingo y Tixtla eran levantados; se le reiteró la pregunta sobre cuál era el reporte, pero ante la falta de datos le pidió al comandante de la PIM, Ricardo Zamora Guevara que respondiera a las preguntas de tres medios de comunicación.
Zamora Guevara reiteró que tenían información sobre dos levantados, ya que las familias presentaron la denuncia, además de que no hay testigos que confirmen si se llevaron o no a más personas.
Sobre los jóvenes privados de su libertad en Tixtla dijo que se consideran también levantados, pero que ahí ninguna familia ha presentado una denuncia formal.

Eran tres bandas de secuestradores en la capital; ya fue desarticulada la de El Tequilero, comenta

El jueves de la semana pasada, se enfrentaron hombres armados y policías ministeriales más de una hora, resultando un policía y un sicario heridos, siete detenidos, y dos hombres y una mujer que estaban secuestrados fueron liberados al sur de Chilpancingo.
Tras los hechos, el fiscal dijo que los detenidos fueron consignados, pero no dio más detalles ni los nombres de los detenidos, sólo informó que se desarticuló la banda de secuestradores.
Se le preguntó entonces cuántas bandas delincuenciales operan en la capital del estado, a lo que respondió que no tenía el número exacto, y luego corrigió que son tres, Los Ardillos, Los Rojos y una escisión de La Familia Michoacana que el jueves pasado fue desarticulada.
Enfatizó que la banda de El Tequilero estaba operando en Chilpancingo hasta el jueves pasado, antes de la intervención de la policía ministerial y del Ejército.
Dijo que tenía ya identificado a El Tequilero, y reiteró que probablemente fue policía municipal, aunque no dio a conocer el nombre del delincuente.
Al final de la consulta, confirmó que ayer fue detenido por la Policía Federal en Chilapa el segundo de Los Rojos, Yiovani Anastasio Parra.

Con escopetas, instalan tres retenes contra el crimen organizado vecinos de Zotoltitlán, Mártir de Cuilapan

Los vecinos de la comunidad indígena de Zotoltitlán, municipio de Mártir de Cuilapan, armados con escopetas, machetes y palos instalaron a las 7 de la mañana del domingo tres retenes en la entrada del pueblo para defenderse de los grupos del crimen organizado, que han dejado un muerto y un desaparecido en las últimas dos semanas.
El caso más reciente, que desbordó la inconformidad, ocurrió el miércoles 20 de enero, cuando hombres no identificados levantaron a un vecino y hasta la tarde de ayer no había sido localizado.
El pueblo de Zotoltitlán tiene 2 mil habitantes, y está a 25 minutos en carro al poniente de Apango, del municipio de Mártir de Cuilapan.
Las casas bordean la carretera hacia Zitlala; La Esperanza-Zotoltitlán-Apango-Atliaca-Tixtla es un corredor en disputa por los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos.
La tarde del miércoles en Zotoltilán hombres no identificados se llevaron al campesino Anselmo García y hasta la tarde de ayer no se sabía de su paradero; sus familiares sólo han recibido mensajes de texto de su teléfono celular, dice que ya no lo sigan buscando, porque se encuentra bien.
Los vecinos del pueblo lo empezaron a buscar el jueves, además presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, sin embargo, hasta el sábado no habían tenido respuesta.
Por este motivo, ayer a las 7 de la mañana se armaron con escopetas, machetes y palos para instalar tres retenes, dos rumbo a Apango y otro en un camino hacia Zitlala.
Se supo que se suspendió el servicio de transporte público de Apango-Zotoltitlán, y los vecinos sólo podían llegar caminando o en carros particulares.
Los vecinos armados y encapuchados se negaron a hacer declaraciones a los medios de comunicación.
Fuentes del Ayuntamiento informaron que la presidenta municipal del Movimiento Ciudadano, Felicitas Muñiz Gómez, acudió al pueblo a las 2 de la tarde, acompañada de agentes del Ministerio Público para tomar la declaración de la esposa y los familiares del desaparecido e iniciar las investigaciones para dar con el paradero de Anselmo García.
En un recorrido por la cabecera municipal se observaron entre 18 y 20 policías de la Fuerza Estatal a bordo de tres patrullas y una ambulancia de Protección Civil, sin embargo, los policías dijeron que no sabían si fueron enviados por el conflicto en Zotoltitlán, a las 5 de la tarde aún esperaban instrucciones.
Otros funcionarios del Ayuntamiento que pidieron no ser citados, informaron que antes de la desaparición de Anselmo García, hace dos semanas, un campesino del mismo pueblo fue encontrado degollado, sin dar con los responsables.
La fuente reconoció que hay temor e indignación entre los vecinos de Zotoltitlán por los hechos de violencia que han ocurrido en los últimos días, sin que las fuerzas federales y estatales atiendan el problema a pesar de que han denunciado los hechos.
La comunidad se encuentra en el territorio que se disputan los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos, conflicto que inició hace dos años en Chilapa, después se trasladó a Zitlala, y ahora a Apango la cabecera de Mártir de Cuilapa, ya que hay una carretera que conecta con Zitlala, pasando por las comunidades de La Esperanza y Zotoltitlán hasta llegar a Apango, los tres pueblos de Mártir de Cuilapan y de allí retorna a Tixtla.
La violencia ha comenzado a afectar a comunidades de Mártir de Cuilapan, por eso los vecinos de Zotoltitlán se armaron, pero se rehusaron a hablar con los reporteros de los medios de comunicación.
Hasta las 7:30 de la noche se encontró vía telefónica a la presidenta municipal, pero informó que continuaba en una reunión y no precisó si seguía en esta comunidad.
Dijo que después se comunicaría con el reportero, pero ya no fue posible localizarla para conocer su postura respecto a estos hechos.
A esa hora, fuentes de la cabecera municipal confirmaron que los retenes instalados por los habitantes armados continuaban en los accesos a Zotoltitlán.

Operan en el estado 50 grupos de la delincuencia organizada, dice el fiscal

El fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez informó que son, por lo menos, 50 grupos delictivos los que operan en las diferentes regiones de la entidad y que son responsables del problema de inseguridad y violencia que priva en Guerrero.
También dijo que solicitó a representantes de la embajada de Estados Unidos que ayuden al gobierno del estado a combatir el tráfico de drogas, luego de que el cónsul Hugo Rodríguez manifestó a las autoridades locales, el miércoles en Acapulco, su preocupación por el tráfico de heroína al país norteamericano.
Del secuestro de dos estudiantes del CBTA de Corral Falso, en Ajuchitlán, explicó que se trató de un autosecuestro, en el que los jóvenes obtuvieron, al parecer, cien mil pesos de sus familiares, por lo que se procederá a su detención.
El fiscal asistió este jueves al arranque oficial del programa Escuelas al Cien, que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores en las instalaciones del el Conalep de Chilapa, municipio donde más tarde se celebró la sesión del gabinete de seguridad nacional encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Consultado antes de que iniciara el programa, el fiscal insistió en que el problema de violencia e inseguridad que priva en Tierra Caliente es producto de la disputa entre los grupos criminales que encabezan El Tequilero y El Pez.
Indicó que, así como sucede en aquella región, pasa lo mismo en Chilapa, donde la inseguridad es producto de la pugna que existe entre Los Rojos y Los Ardillos.
Informó que por lo menos son 50 grupos delictivos los que operan en las diferentes regiones del estado, pero aclaró que la mayoría son “pequeñas células” conformadas por cinco o seis delincuentes.
“Son muchos, pero evidentemente no hay un grupo grande, entonces se pelean por el control de la droga en esta zona de la Montaña baja y en Tierra Caliente, principalmente por la heroína, la goma de opio que posteriormente se convierte en heroína”.
Olea Peláez indicó que en el Grupo de Coordinación Guerrero le apostará a las labores de inteligencia para combatir a los grupos criminales y lograr la aprehensión de todos sus líderes.
Explicó que en la reunión del gobernador Héctor Astudillo con el cónsul de Estados Unidos Hugo Rodríguez el miércoles en Acapulco, el embajador les externó su preocupación por el tráfico de heroína, droga que termina en territorio estadunidense.
“Están preocupados y nosotros les dijimos ‘pues ayúdennos’. Yo soy una gente muy cristalina y les dije ‘ayúdenme, para que ustedes nos ayuden en la investigación’”.
–¿Ayuda en qué materia se pidió al gobierno de Estados Unidos? –preguntó un reportero.
–Pues en materia económica, en materia de seguridad, en materia de inteligencia, etcétera, respondió.
Indicó que la Secretaría de Gobernación entregará herramientas sofisticadas la próxima semana al área antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De la Comisión Especial para investigar las desapariciones en el municipio de Chilapa, explicó que el próximo lunes se emitirá el decreto correspondiente, es decir, ya no se presentará la iniciativa ante el Congreso local como se había planteado en un principio.
Anunció también que la próxima semana desayunará con empresarios de la capital para escuchar sus planteamientos en materia de seguridad pública.
Consultado por segunda ocasión, al concluir el acto en el Conalep, Xavier Olea dio a conocer que fue un autosecuestro el de los dos estudiantes del CBTA de Corral Falso, en Ajuchitlán del Progreso, “quisieron bajarle un dinero a su mamá”, señaló.
Explicó que los jóvenes solicitaron un rescate de 300 mil pesos, pero sólo obtuvieron cien mil pesos, por lo que se procederá a la detención de los estudiantes, y aseguró que los tres jóvenes detenidos el miércoles en una motoneta y que llevaban consigo más de 27 mil pesos eran sus cómplices.

 

No investigan las autoridades las desapariciones de vecinos del sur de Chilapa, dice su abogado

Los gobiernos federal y estatal tampoco han investigado las desapariciones de personas que denunciaron los pueblos del sur del municipio de Chilapa, que irrumpieron en la cabecera municipal el 9 y la abandonaron el 14 de mayo del año pasado.
El asesor de la agrupación civil Comunitarios por la Paz y la Justicia, que irrumpió armada en mayo del año pasado en Chilapa y durante su estancia en la ciudad desapareció al menos a 30 ciudadanos, Jesús Escobedo González informó que a pesar de que presentaron las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) no hay avances en las investigaciones de los desaparecidos del sur de Chilapa.
Ahora la organización aglutina 76 pueblos de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango).
De los desaparecidos afirmó que son víctimas del crimen organizado cuando viajan de sus comunidades a Chilapa.
Los familiares de desaparecidos de Chilapa que encabeza José Díaz Navarro, y que acusan a los vecinos del sur de Chilapa de las desapariciones de mayo, denunciaron anteriormente que a siete meses de la irrupción de civiles armados no se ha esclarecido la desaparición de 57 vecinos, de los cuales 38 denunciaron ante el Ministerio Público.
Ayer, Escobedo González asesor de la agrupación Comunitarios por la Paz y Justicia que irrumpieron en Chilapa, denunció que los gobiernos federal y estatal incumplieron el compromiso de investigar el paradero de sus familiares y de garantizarles seguridad.
El abogado informó que han documentado 15 casos de desaparecidos de las comunidades de El Jagüey, San Ángel y Santa Catarina, pero reconoció que de éstos sólo cinco presentaron denuncias ante el Ministerio Público, y hay otros casos que no han sido denunciados públicamente por temor.
Escobedo González agregó que los comisarios mantenían comunicación con funcionarios del gobierno de Rogelio Ortega Martínez, pero no han recibido respuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores ni del secretario de Gobierno, a pesar de que los primeros cinco días de la administración solicitaron audiencia.
Precisó que los pueblos están documentando todos los casos para tener la información correspondiente si deciden regresar a la cabecera municipal a presionar.
El abogado recordó que los comisarios y los civiles armados dejaron la cabecera municipal el 14 de mayo, después de que la Policía Federal se comprometió a garantizar seguridad en sus pueblos y a detener a los cabecillas de la banda criminal Los Rojos que controla Chilapa, a los que responsabilizaron de la desaparición de vecinos y ejecuciones en sus comunidades y en los caminos.
Insistió que a siete meses no se han cumplido sus demandas pues los integrantes del grupo criminal siguen operando y sus desaparecidos no han sido localizados.
También se quejó de que los campesinos del sur de Chilapa, que colindan con el municipio de Quechultenango, son víctimas del crimen organizado cuando viajan a Chilapa.
Detalló que a mediados de diciembre fue ejecutada una familia (una pareja y su hija), en la comunidad de San Ángel, en la carretera de Atzacoaloya a Chilapa, después de vender artesanías en la cabecera.
Dijo que no se integró una averiguación previa ni se publicó en los medios de comunicación. “En esos pueblos se siguen dando enfrentamientos que no se publican en la prensa”, aseguró el abogado.
Dijo que los pueblos se siguen integrando a la agrupación Comunitarios por la Paz y la Justicia, y ya son 76, 36 del municipio de José Joaquín de Herrera y 40 del de Chilapa.
Informó que suman más de mil civiles armados, pues tienen de 8 a 25 integrantes.
Aseguró que por la presencia de los civiles armados se ha logrado la paz en la zona, pero los vecinos son víctimas cuando se trasladan a Chilapa, por lo que transitan la ruta de Quechultenango para llegar a Chilpancingo.
Rechazó los señalamientos de que los civiles armados pertenecen a la banda criminal Los Ardillos, se quejó que el señalamiento los pone en estado de vulnerabilidad ante el otro grupo criminal que opera en Chilapa (Los Rojos), y ante las autoridades porque deslegitima su demanda de seguridad y la búsqueda de sus desaparecidos.

En siete meses ninguna autoridad halló pistas de los 57 desaparecidos en Chilapa

Durante los últimos siete meses del año que culmina, ni las autoridades federales ni las de dos administraciones locales y estatales dieron noticias del paradero de al menos 57 desaparecidos en Chilapa a sus familiares, ni del asesinato de un padre que exigía la presentación con vida de sus tres hijos.
El 9 de mayo de 2015, a la ciudad ingresaron unos 300 civiles armados provenientes del sur del municipio, quienes dijeron que venían en busca de criminales que habían causado daño en sus localidades.
Dos días después, vecinos de Chilapa marcharon en la cabecera municipal y encararon a los hombres armados, a los que acusaron de haberse llevado a unos 30 pobladores frente a policías y militares, quienes siguen desaparecidos.
El 14 de mayo, los civiles armados salieron de la ciudad después de una reunión con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y con la condición de que el Ejército detuviera a un líder criminal vinculado al grupo criminal de Los Rojos.
El número de vecinos organizados para reclamar a sus desaparecidos comenzó a disminuir, sólo quedaron familiares de 14 de ellos, aunque después se sumaron otros dos que continúan exigiendo la presentación con vida de sus desaparecidos.
Las familias vincularon a los responsables de las desapariciones con el grupo delictivo Los Ardillos, que mantienen una disputa con Los Rojos, aunque negaron vínculos de sus desaparecidos con cualquiera de los dos grupos.
El comisario ejidal de Xiloxuchicán, José Apolonio manifestó que sí retuvieron a los familiares y aseguró que los habían entregado a la Gendarmería, pero los familiares no aceptaron la declaración, y en cambio han hecho llamados a las autoridades federales, estatales y municipales para que coadyuven en la búsqueda de sus desaparecidos.
En mayo la administración municipal estaba en manos del priista Francisco Javier García Gonzáles, quien pocos días después de la salida de los civiles armados y en presencia de representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) afirmó que apoyaría a las familias que quedaron desamparadas durante el proceso de búsqueda, pues supo que en la mayoría de los desaparecidos eran jefes de familia. Esto no ocurrió.
Ahora preside el Ayuntamiento de Chilapa el también priista Jesús Parra García, cuya administración tampoco ha cubierto las necesidades básicas de las familias.

No hay avance pese a los compromisos de los gobiernos federal y estatal

El 20 de mayo, a la ciudad arribó el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, quien informó a los familiares de desaparecidos que la dependencia coadyuvaría en la búsqueda de sus parientes y que tomaría el control de seguridad del municipio para trabajar en la contención de la delincuencia organizada. Ese día, los familiares retomaron la esperanza de recuperar a sus familiares.
También, los familiares solicitaron la presencia del entonces gobernador, Rogelio Ortega Martínez, a quien le reprocharon haberse reunido con los pobladores del sur de Chilapa, pero no con los de la cabecera municipal que reclamaban a sus familiares desaparecidos.
Fue hasta el 24 de mayo cuando Ortega Martínez se reunió con los familiares en Chilapa. Durante el encuentro, familiares de un desaparecido el 30 de marzo, Gilberto Abundis, reprocharon al alcalde y al gobernador la desaparición de su familiar, a quien el 23 de mayo identificaron en una foto de un periódico de nota roja que consignaba el hallazgo de cuerpos en la comunidad de Nejapa, municipio de Chilapa. La seña con la que lo distinguieron sus familiares fue un tatuaje en la espalda.
Conforme pasaron los días, a esta lista de desaparecidos se sumaron más, de antes del 9 y de después del 14 de mayo.
En tres ocasiones ha acudido a la ciudad el equipo multidisciplinario de la Procuraduría General de la República (PGR), que incluye peritos en genética, criminalística y derechos humanos, y a agentes del Ministerio Público federal, para que las familias interpusieran su denuncia.
La mayoría tenía desconfianza del Misterio Público del fuero común para interponerla ahí, pero tampoco confiaban en que las autoridades investigaran.

Familias desamparadas

Además de la búsqueda de los desaparecidos, las familias han sumado demandas como la recuperación de sus pérdidas materiales, y el financiamiento para pagar deudas que suman unas 900 mil 400 pesos, contraídas para sobrevivir. Además de apoyos para cubrir las necesidades básicas diarias de cada familia.
A pesar de la presencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el DIF estatal, durante estos siete meses no se han resuelto las demandas de las familias.
El vocero de los desaparecidos, José Díaz Navarro en julio previó: “Esto ya se olvidó, un caso más de impunidad lo definiría ya, como los cientos de casos que hay de homicidios y desapariciones, y de secuestros que no se investiga nada, esto pinta para ser un caso más”.
Terminó el año, sin la localización de 57 desaparecidos que se acercaron al comité de familiares Siempre Vivos AC, de los que sólo 38 han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público federal; los demás esperan a que regrese para denunciar.
Pero Díaz Navarro denunció que no son sólo 57 desaparecidos en la región, sino 200, y 200 asesinatos que, en su mayoría, las familias no se atreven a denunciar.
También terminó el año con el padre de tres desaparecidos en mayo que exigía su presentación con vida, Bernardo Carreto, quien también era hermano del ex director de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto, destituido del cargo “por no resultar confiable”.

Asesinan a un policía comunitario del FUSDEG en un retén de Quechultenango; acusan a Los Ardillos

 

Un policía comunitario del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), fue asesinado el sábado en un retén del grupo Los Ardillos en el municipio de Quechultenango, zona de influencia de esa banda de narcotraficantes, cuando se dirigía con su familia a celebrar el Día de Muertos a su pueblo natal, denunció el FUSDEG.
Mediante un escrito informó que el sábado 31 de octubre, alrededor de las 10 de la mañana, Rafael Cilio Morales, policía comunitario de Mohoneras, una de las localidades de El Valle de Ocotito, iba a la localidad de Las Parotas, municipio de Quechultenango junto con su esposa y su mamá.
En el trayecto, donde es común encontrar retenes de hombres armados, fue detenido y separado de su familia en el tercer punto de revisión, cerca de Jojutla.
Detalló que los agresores les quitaron sus pertenencias, y cuando se fueron del lugar, los familiares buscaron a Rafael, a quien encontraron sin vida en el monte, con rastros de tortura.
Responsabiliza del homicidio al grupo Los Ardillos, y demandaron a las instancias judiciales que tomen las medidas necesarias para combatir a este grupo criminal “responsable de un sin número de asesinatos, levantones, secuestros, robos y tráfico de drogas”.
Se informó que el comisario de Jujutla llamó a la Policía del Estado, quien envió a personal del Servicio Médico Forense (Semefo), y después de varias horas de espera levantaron el cuerpo.
El FUSDEG se confrontó públicamente en manifestaciones con civiles inconformes con la Policía Comunitaria, vinculados a Los Ardillos en febrero de este año, cuando el sistema de seguridad se instaló en la comunidad de Petaquillas, paso obligado de Quechultenango a Chilpancingo. Entonces hubo denuncias de amenazas por parte de ese grupo delictivo.
El Frente detalló que a la fecha han perdido en diferentes hechos a 15 policías comunitarios en esta que llaman “guerra contra la delincuencia”.