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Ha logrado la paz en 15 comunidades de Chilapa y Hueycantengo, informa un consejero

 

En un territorio que se disputan los grupos criminales de Los Ardillos y Los Rojos, 15 pueblos de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) han logrado vivir en paz desde hace dos años, tras la organización que logró la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC), de los Pueblos Fundadores, que se ha declarado independiente de los sistemas comunitarios existentes.
“Aquí se cometían asaltos, violaciones, homicidios, secuestros, pero después de que nos organizamos cesó todo. Ahorita todo está bien, ya no se quejan las comunidades, por eso aunque nos estamos cooperando para dar seguridad, las comunidades están de acuerdo porque están en paz”, dijo el consejero regional de la agrupación comunitaria, Bernardino Sánchez Luna.
La organización que aglutina a 15 comunidades de los municipios de Chilapa y de José Joaquín de Herrera y en la que participan 300 policías comunitarios que se encargan de la seguridad, se deslindó ayer de los otros sistemas comunitarios como la CRAC de la casa matriz de San Luís Acatlán y de las casas de El Paraíso y de Tixtla, y han trabajado por su cuenta en estos pueblos en donde también funciona la Policía autodenominada por la Paz y la Justicia.
–¿No han tenido aquí conflictos con grupos del crimen organizado?, –se le preguntó al consejero, a sabiendas de la pugna que hay entre Los Rojos y Los Ardillos.
–Hasta ahora no, está todo tranquilo.
–¿Tienen coordinación con la Policía Estatal, con la Federal y con el Ejército?, –se le preguntó al consejero.
–Nosotros solamente exigimos respeto al gobierno. No nos coordinamos con ellos. Ellos hacen su chamba y nosotros la nuestra.
–¿En la chamba de ustedes no ha habido amenazas, hostigamiento y obstáculos de las fuerzas estatales y federales?
–Cuando iniciamos (en 2015), sí había intimidaciones, pero ahorita se va calmando todo; de hecho, hay trabajadores aquí en Xicotlán, y el presidente municipal de Chilapa nos pidió que los fuéramos a recoger a la orilla de Chilapa, porque tenía miedo de venir a trabajar aquí por la violencia.
“Con eso, el presidente municipal está reconociendo nuestro trabajo, aunque no nos apoya económicamente, pero nos reconoce el trabajo que hacemos, simplemente se niega a soltarnos el recurso”, dijo.
Este grupo de policías comunitarios se fundó el 27 de agosto de 2014, bajo los auspicios del ex consejero de la CRAC de la casa matriz de San Luís Acatlán, Cirino Plácido Valerio. Sin embargo, a raíz del conflicto que este grupo de comunitarios tuvo con los ciudadanos de San Jerónimo Palantla, se deslindaron de Cirino y formaron un grupo separado que aglutina a las 15 comunidades de municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera.
–¿Ustedes son independientes de otros grupos de la Policía Comunitaria que formó la CRAC?, –se le pidió que precisara.
–Somos independientes, o sea que trabajamos con los pueblos. No nos coordinamos con nadie (de los otros grupos del CRAC) ahorita.
–Cuando ocurre un hecho delictivo, ¿Qué pasa con los detenidos, a dónde se los llevan?
–Los sometemos a reeducación y quienes deciden son los comisarios y los consejeros cuánto tiempo se les va a dar. De hecho, no ha habido detenidos porque hablamos con las comunidades para que se respetara la ley.
“Les pedimos que se evite llegar a la violencia, antes que llegar al sistema de reeducación, por eso ahorita está todo tranquilo”, explicó.
–Desde que se formó este grupo de la Policía Comunitaria, ¿cuántas personas han sido detenidas?
–Cuando iniciamos fueron como 30, porque no entendía la gente y seguía cometiendo delitos. No había grandes delitos, pero se amenazaban, se quitaban sus derechos, pues.
Sin embargo, agregó que posteriormente se firmaron actas en los pueblos en las que los habitantes y las familias se comprometieron a vigilar la actuación de los habitantes, “y ahora ya no tenemos detenidos, ya está todo tranquilo”, reiteró.
–¿Desde que se formó esta Policía Comunitaria, cuáles son los obstáculos que han tenido?
–El problema que tuvimos fue con San Jerónimo Palantla, porque entre ellos mismos tienen pleitos, es un problema interno, quisimos entrar y entonces tuvimos problemas con ellos, por eso ahora nos deslindamos de ellos.
“El problema de San Jerónimo, aunque aprobó la mayoría nuestra presencia, los demás no estuvieron de acuerdo, por eso nos retiramos. Hasta ahorita, no sabemos si hay un grupo delictivo detrás de ellos, pero lo que sabemos es que tienen problemas de terrenos, de agua, de escuelas, y están divididos, el comisario municipal por un lado y el comisariado de bienes comunales por otro”, explicó.
–¿Ustedes ya no tienen injerencia en ese pueblo?, –se le preguntó al consejero.
–Ya no, si se llegaran a integrar tendrán que entregar otra acta en donde aceptan incorporarse a la CRAC, pero no ha llegado ningún documento.
El consejero explicó que con la decisión de retirarse de esa comunidad están respetando los acuerdos que firmaron con el gobierno estatal el 11 y 25 de marzo de 2016, cuando se estableció que la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla liberaría a cuatro detenidos de San Jerónimo Palantla, y éstos se desistirían de las ordenes de aprehensión de más de 60 policías comunitarios.
Pero denunció que la gente de San Jerónimo Palantla no cumplió porque en vez de retirar las órdenes de aprehensión en contra de los comunitarios, presentaron más demandas, apoyados por el Frente de Defensa Popular (FDP).

En 2016 hubo cinco secuestros múltiples en Tierra Caliente y toda una familia desaparecida en Zitlala

De enero a diciembre de 2016 en Guerrero ocurrieron cinco secuestros y una desaparición masivas, según un recuento de la información publicada en El Sur. La región donde ocurrieron más crímenes de este tipo fue Tierra Caliente.
La desaparición múltiple fue la de seis integrantes de una familia de la que no se sabe su paradero desde el 18 de octubre, cuando iban de Zitlala a la cabecera municipal de Chilapa.
El 7 de enero hombres armados irrumpieron a las 6 de la mañana en la comunidad de Quetzalcoatlán de Las Palmas del municipio de Zitlala, ahí ejecutaron a seis personas, entre ellas a un adolescente de 14 años y dejaron a tres heridos, según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.
Ante la disputa del territorio entre los dos grupos de la delincuencia organizada Los Rojos y Los Ardillos han ocurrido hechos de violencia en los municipios de Chilapa y Zitlala, en la parte baja de la región de la Montaña.
Después de los hechos se informó que más de la tercera parte del pueblo se desplazó de su comunidad y se refugió en la cabecera municipal, en el recuento se mencionaron 74 personas entre autoridades comunitarias y 18 niños en edad escolar.
En marzo, a dos meses de que fueron desplazados por el ataque de hombres armados, 12 familias nahuas de Quetzalcoatlán regresaron voluntariamente a sus casas, informó entonces la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).

Región Tierra Caliente

Sólo en la región Tierra Caliente ocurrieron cinco secuestros múltiples, entre las víctimas de la violencia están mineros, maestros y grupos de ciudadanos que transitaban en las calles.
El 10 de enero como se informó en este periódico, sicarios asesinaron a dos taxistas y a dos vecinos de Arcelia, entre ellos José Eutimio Tinoco, El Rey de la Tortilla, y secuestraron a 21 hombres, hirieron a otro e incendiaron dos taxis, cuando el numeroso grupo de familias completas se dirigía a una boda que se celebraba en la comunidad El Salitre, del mismo municipio de Arcelia, en la región Tierra Caliente.
Al día siguiente, el lunes 11 de enero unos 30 hombres con armas largas irrumpieron en las instalaciones de la secundaria técnica 114 de la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, y secuestraron a cinco maestros, entre ellos al director.
Al comenzar el viernes 15 de enero los 21 secuestrados en la boda fueron liberados por sus captores y encontrados por policías ministeriales cerca de la comunidad de La Gavia, que es el bastión del grupo criminal Los Tequileros del vecino municipio de San Miguel Totolapan. Hubo una amplia operación de búsqueda desplegada por soldados del Ejército y corporaciones federales y estatales.
Según reportes oficiales, a la 1 de la madrugada los policías ministeriales ubicaron a los 21 hombres en el cerro Las Antenas, cerca de la comunidad La Gavia, y los trasladaron a la agencia del Ministerio Público de Arcelia.
El mismo viernes en la tarde aparecieron en la comunidad de San Francisco, municipio de San Miguel Totolapan, cuatro de los cinco profesores secuestrados en su escuela en Santana del Águila, y se dijo que el director de la secundaria 114, Joaquín Real Toledo fue asesinado a golpes el primer día del secuestro debido a que no pudo caminar porque tenía complicaciones de su salud.
La versión oficial indicó que fueron liberados mediante una acción policiaca en la que no hubo disparos ni detenidos.
El 16 de enero el cuerpo del director fue hallado por militares cerca del cerro del Águila. El cuerpo fue ubicado a las 11 de la mañana, luego de una búsqueda de varias corporaciones. El Ejército siguió el rastro del primer reporte que recibieron de los testigos acerca de la ruta de escape que usaron los secuestradores. El lugar donde fue localizado el profesor se ubica a unos 2 kilómetros de la secundaria.
En septiembre ocho mineros fueron secuestrados en un camino de terracería cuando se dirigían a la mina en una camioneta de la empresa Beneficiadora de Materiales de Temixco, procedentes de la cabecera municipal, Arcelia.
Los mineros lograron escapar de su cautiverio, cuatro huyeron a través de un cerro y regresaron a sus casas, y cuatro cruzaron el río Balsas, uno murió al tratar de pasar.
Ese mes la contadora de la empresa Beneficiadora de Materiales de Temixco, su esposo y de su hijo fueron secuestrados cuando se dirigían a la mina, los criminales liberaron a la pareja y se quedaron con el adolescente de 16 años y un millón de pesos que llevaba la mujer para el pago de la nómina. Ese día hombres armados irrumpieron en las instalaciones de la mina y se llevaron a un ingeniero.
El 17 de septiembre fueron liberados el adolescente hijo de la contadora y el ingeniero. Familiares dijeron a El Sur que fueron dejados libres tras el pago de un rescate cuya cantidad no dieron a conocer.
Debido a la violencia, desapariciones y secuestros, los gobiernos federal y estatal anunciaron nuevas estrategias de seguridad.
En la región de Tierra Caliente se relanzó el “Operativo Tierra Caliente”. El 5 de diciembre de 2015 acudieron el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos a Ciudad Altamirano.
La actividad fue después de que la dirigencia nacional del PRD denunció los intentos de extorsión de la delincuencia organizada contra el alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, quien fue ejecutado el 23 de julio de este año.
La estrategia en Tierra Caliente arrancó formalmente en diciembre de 2014, en el contexto de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, cuando ya era gobernador Rogelio Ortega Martínez, abarcaba 17 municipios de la zona Norte y de la Tierra Caliente. Para el relanzamiento con Astudillo se incrementó la presencia federal con 200 policías que después abandonaron la zona.
En noviembre cerca de 200 vecinos de la comunidad San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso, se levantaron en armas para crear su autodefensa ante el ingreso de hombres armados del grupo criminal Los Tequileros, debido a que el jueves 17 de noviembre hombres armados ingresaron a la comunidad a pie por dos rutas distintas, se llevaron una unidad del transporte público donde subieron a 10 personas, soltaron a tres y por las siete que faltaban pedían 4 millones de pesos.
El 29 de noviembre los otros cautivos fueron liberados. El vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informó que a las 8 de la noche cerca del cerro de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, se encontraron a las personas que manifestaron que estaban en poder de la banda Los Tequileros.
En declaraciones telefónicas indicó que los hombres contaron que luego que fueron liberados caminaron por cañadas y cerros hasta que llegaron cerca de La Gavia, donde encontraron a policías ministeriales que los buscaban y que los trasladaron a sus casas.

Desaparecen seis integrantes de una familia en Zitlala

Desde el 18 de octubre una familia completa se encuentra desaparecida, se desplazaba de Zitlala a la cabecera municipal de Chilapa.
Las víctimas fueron identificadas como Florencia Capistrán Tecolapa de 80 años, Mario García Capistrán de 58, María Feliciano Diego de 48, Félix García Feliciano de 25, Santa García Feliciano de 23 y Marco Antonio García Feliciano de 18. Todos originarios del poblado nahua de Ixcatla, municipio de Zitlala.
En un comunicado el comité de familiares de personas desaparecidas Siempre Vivos de Chilapa explicó que el martes 18 de octubre las víctimas viajaban en una camioneta roja de la marca Nissan, tipo pick up, sobre el camino que conduce a Chilapa, pero nunca llegaron a su destino y el resto de sus familiares comenzó a buscarlos sin encontrarlos.
A 12 días de la desaparición de los seis integrantes de la familia García Feliciano en Zitlala, la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó de manera oficial las investigaciones del caso.
También participó personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) así como de la Codehum y personal del Ejército mexicano.
El presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro informó que la Policía Ministerial del Estado acudió a la comunidad de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, para recabar las declaraciones de las personas que vieron a los integrantes de la familia desaparecida.
El 31 de octubre, policías, militares y el grupo Paz y Justicia de Tlaltempanapa señalado de vínculos con el grupo criminal Los Ardillos, buscaron a la familia desaparecida. El 2 de noviembre familiares de los seis desaparecidos informaron que continuarían la búsqueda con sus propios medios, debido a que no les permitieron participar con el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos en la operación policiaca y militar que se integró para las investigaciones.
A dos meses de la desaparición de seis miembros de la familia García Feliciano de Ixcatla, Zitlala, la Fiscalía mantiene suspendidas las investigaciones y no ha informado los resultados de la búsqueda a los familiares ni al colectivo, informó su presidente José Díaz Navarro.

Legislar para que los soldados hagan labores de seguridad es militarizar al país: Tlachinollan

 

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra denunció que si se regula la actuación de los soldados en funciones de seguridad pública, “entraremos en un régimen militarizado”.
Reconoció que la ola de violencia en Guerrero y otras entidades del país tiene a la población desesperada, al gobierno, e incluso diputados de izquierda quieren mantener a los militares en labores de investigación y seguridad pública, porque las corporaciones policiacas y los gobiernos municipales están infiltrados por las bandas del narcotráfico.
Mencionó que en Costa Grande la Familia Michoacana, en la zona Centro Los Ardillos y Los Rojos ponen alcaldes y diputados.
En este escenario, dijo que “nadie confía en los policías y piensan que los únicos que pueden salvarlos en esta desesperación son los militares, pero se comete un error”.
Vía telefónica aclaró que el negocio de las drogas no se limita a los policías, están implicados políticos, empresarios que limpian el dinero sucio, y el modelo económico favorece al crimen organizado.
En tanto esa situación prevalezca, “se le estará dando un cheque en blanco a los militares para el autoritarismo, la mano dura, para que se cancelen los derechos fundamentales de los ciudadanos”, advirtió.
Recordó que los instrumentos internacionales dicen que en sociedades democráticas la seguridad pública no puede estar en manos de los ejércitos, pues esa es una tarea de la policía, y la formación de los soldados es eliminar al enemigo, matar.
Así los soldados no caben en la seguridad pública, donde tienen que interactuar con la población civil, aplicar ciertos protocolos en proporción y racionalidad con las leyes, que no observan los militares.
Indicó que la experiencia de golpes en América Latina, los gobiernos militares representan lo más oscuro de la historia: se formaron las dictaduras, hubo miles de desaparecidos, asesinados, encarcelados, principalmente disidentes políticos.
En Guerrero, en la década de 1960 y 70, el Ejército salió a encargase de la seguridad y se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, en la llamada guerra sucia.
De casos recientes señaló el homicidio de Bonfilio Rubio Villegas, transeúnte del servicio público, asesinado por soldados después de una revisión en un retén de Huamuxtitlán en 2009, “porque en el autobús iba una persona con bota militar, eso ocasionó una discusión y después de que el camión se retiró, a menos de 50 metros de distancia los militares descargaron sus armas”.
Como ese, aseguró que hay muchos casos en el país, además de los ataques directos contra grupos de civiles desarmados, como en Tlatlaya en el Estado de México, y del 26 y 27 de septiembre en Iguala contra estudiantes de Ayotzinapa.
Recordó las recomendaciones del relator contra la tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de los Grupos de Trabajo sobre desapariciones forzadas, libertad de expresión, detención arbitraria, desplazamiento forzados que llaman al gobierno de México a cesar la actividad militar en seguridad pública, a capacitar a las fuerzas policiales y regresar a los soldados a su función original. Pero en lugar de que regrese a los cuarteles, ahora piden facultades legales para estar en las calles, contradiciendo la propia constitución, se quejó.
Aclaró que hoy el Ejercito es un gobierno paralelo a los poderes formales en el país, “nadie se imagina a un agente del Ministerio Público llamando a comparecer a los soldados o a un policía obligando a militares a comparecer, o implementar una orden contra alto mando de las fuerzas armadas”.
“Es ahí donde el Ejército fija una posición política, a no ser sometido a una investigación, a no rendir cuentas, es la institución más hermética, no está abierto al escrutinio público, sólo ellos saben lo que pasa en las fueras armadas, carece de controles civiles”, explicó.
A pesar de que hay muchos militares en los mandos de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, opinó que no están exentos de infiltración y cooptación del crimen organizado.
“Aún estamos en un régimen civil, porque es ilegal que un militar entre a una casa a hacer un cateo, a detener a una persona, pero si se aprueba un marco legal los ciudadanos no tendrán forma de defenderse de las arbitrariedades, con facultades legales se va convirtiendo en un régimen militarista”, insistió.
Consideró que los foros a los que llaman diputados locales para discutir una ley que regule la actuación de militares en funciones de seguridad pública, tendría que ser para “arreglar toda esa cloaca en las instituciones, en las policías, qué pasa con los ayuntamientos que se convirtieron en promotores de la droga, precisamente donde la violencia está desbordada”.

Buscan policías, militares y el grupo Paz y Justicia en Tlaltempanapa a la familia desaparecida

Haga clic aquí para ver el video: https://goo.gl/wGZ0fN

Militares, policías ministeriales y estatales entraron este lunes a Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en busca de los seis integrantes de la familia García Feliciano que desaparecieron el 18 de octubre cuando regresaban de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, a Ixcatla, en Zitlala, de donde son originarios.
Tlaltempanapa es una comunidad nahua de unos mil habitantes ubicada a unos 20 minutos al norte de Zitlala, la cabecera municipal, que se encuentra bajo el resguardo de civiles armados del grupo autollamado Paz y Justicia, cuyos integrantes irrumpieron del 9 al 14 de mayo del 2015 a Chilapa, cuando según el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos fueron levantados 16 vecinos en esa cabecera municipal, y a quienes relacionan con el grupo criminal Los Ardillos.
La búsqueda fue acompañada por el asesor de la Secretaría de Gobierno Jorge Miranda Huesca, el visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, y el visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Adelaido Memije.
El grupo de civiles armados que opera en esta comunidad puso como condición para permitir la búsqueda en el pueblo y alrededores, que no asistiera el presidente de la asociación de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro, quien aguardó en Zitlala hasta que terminó la búsqueda, sin resultados.
Marino García Capistrán y su esposa María Feliciano Diego, así como la madre del primero, Florencia Capistrán Tecolapa y los hermanos Félix, Santa y Marco Antonio García Feliciano, hijos de la pareja, desaparecieron el 18 de octubre cuando regresaban de Tlalcozotitlán a su pueblo Ixcatla.
Díaz Navarro ha insistido en que la familia fue levantada en una zona cercana a Tlaltempanapa, y que la deben de tener en un lugar cercano a esta localidad.
Debido a las acusaciones directas las autoridades locales del pueblo se opusieron a que Díaz Navarro formara parte de la búsqueda, en la que sólo participaron el grupo de la Policía Ministerial que se encarga de las investigaciones, la Policía Estatal así como los visitadores de la CNDH y de la Codehum. El equipo fue resguardado por soldados que se desplazaron en seis unidades.
El convoy entró a la comunidad aproximadamente a las 11 de la mañana cuando cientos de vecinos se encontraban concentrados en la cancha techada del centro.
Los responsables de la operación se reunieron en la Comisaría con una comisión de autoridades del pueblo encabezadas por el comisario municipal, Luciano Colotzin Tlalcomatlán y el comandante de la autollamada policía comunitaria, Felipe Dámaso.
El asesor de la Secretaría de Gobierno, Miranda Huesca explicó los motivos de la acción y dijo que era una búsqueda en todos los pueblos para localizar a los seis integrantes de la familia desaparecida.
El comandante del grupo civil armado del pueblo, un joven que siempre mantuvo su supremacía con relación al comisario, que era de mayor edad, dijo a los visitantes que también ellos “están preocupados por estas personas desaparecidas, porque los han ido a culpar a su propio pueblo de su desaparición cuando no es así”, dijo.
Agregó que aquí la policía que se encarga de la seguridad del pueblo, “estamos trabajando bien no para robar ni secuestrar a alguien” y agregó que se organizaron para integrar su propia policía para defenderse de los delincuentes “y porque eran los mismos militares y policías federales los que venían a molestarnos, por aquí en las orillas a cualquiera le daban su chinga”.
Felipe Dámaso ofreció la colaboración de la Policía Comunitaria del pueblo para buscar a los desaparecidos y con el comandante de la Policía Ministerial a cargo de las investigaciones, acordaron las rutas de búsqueda. Primero recorrieron el pueblo y posteriormente se trasladaron a la comunidad de Tezayuca, a unos 5 kilómetros al poniente de Tlatempanapa. Se trata de una localidad fantasma, de casas abandonadas, versiones policiacas señalan que fue un campamento de un grupo del crimen organizado por donde tenían salida a pie para llegar a La Esperanza, municipio de Mártir de Cuilapan.
Posteriormente anduvieron por la carretera que comunica con Tlalcozotitlán hasta el puente de Tlapehualapa, en donde hay un tramo de la carretera accidentado y acudieron para confirmar si la familia desaparecida no tuvo algún percance automovilístico en esa zona. Los miembros de la caravana caminaron por las márgenes de una barranca ante la posibilidad de que la camioneta donde viajaba la familia hubiera volcado.
Al finalizar sin éxito la jornada de búsqueda, el visitador de la CNDH, Hipólito Lugo Cortés declaró que para el organismo nacional es preocupante que se den casos como éste en donde hay toda una familia desaparecida, y agregó que la intervención de la Comisión Nacional obedece a la petición de los familiares y la asociación civil Siempre Vivos de Chilapa.
Dijo que se abriga la esperanza de que los seis integrantes de la familia estén con vida a pesar de que llevan dos semanas desaparecidos.
Agregó que ojalá las instituciones cumplan sus funciones de investigar y localizar a los seis.
Subrayó que existe una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) y una orden girada a la Policía Ministerial, “en este caso corresponde a ellos realizar las investigaciones de manera eficiente, oportuna e imparcial, pero sobre todo con resultados lo más pronto posible, tomando en cuenta que entre más tiempo pase se corre el riesgo de que se atente contra la vida y la integridad de estas personas”.
Mientras tanto el presidente de la asociación Siempre Vivos, Díaz Navarro se mostró insatisfecho porque no se le permitió entrar al pueblo y participar en le búsqueda para proponer los lugares y sitios a los que se debería de dar prioridad.
Insistió en que el grupo civil armado que opera en este pueblo debe saber dónde están los integrantes de la familia que desapareció en este punto de la carretera Tlalcozotitlán-Zitlala, esa tarde del 18 de octubre.
Denunció que cerca de la comunidad de Tlaltempanapa hay un cerro que se llama Tepechpan en donde hay rumores de la existencia de fosas clandestinas, y no descartó que allí se encuentren algunos de los 30 cuerpos de desaparecidos que tiene registrados esa asociación de enero a octubre de este año.
El activista advirtió que de su parte no va a cesar en la búsqueda ni dejar de acompañar a los familiares de los desaparecidos en todas las acciones para encontrar a las seis personas, “tienen que aparecer, no pueden desaparecer así nomás”.

Deja un presunto delincuente muerto y dos policías federales heridos un enfrentamiento en Chilapa

Como resultado de un enfrentamiento entre la Policía Federal y presuntos integrantes del grupo de la delincuencia organizada Los Rojos, un delincuente murió, dos fueron detenidos y dos federale resultaron heridos, reportaron ayer fuentes policiacas.

El enfrentamiento fue reportado a la 1:15 de la tarde de ayer en el barrio de San Juan, cercano al de San José, sólo un día después de que arrancó la Operación Chilapa en la que participan 3 mil 500 militares y 200 miembros de otras corporaciones de seguridad.
De acuerdo con reportes policiacos, los presuntos delincuentes se replegaron en la pozolería El Grano de Oro, ubicada en el Andador 16 Sur.
Según la fuente policiaca, mientras sucedía el enfrentamiento las fuerzas federales tenían rodeado al líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, señalado como responsable de las desapariciones de personas en el municipio, que logró escapar. El fiscal Xavier Olea Peláez dio a conocer que Zenén Nava estaba rodeado por fuerzas federales, en entrevista con el noticiero de Radio Fórmula Atando Cabos.
Según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, policías federales se enfrentaron a balazos con hombres armados que estaban en una pozolería que se halla a cinco cuadras del Centro.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que, tras el enfrentamiento los policías federales solicitaron refuerzos al Ejército, Policía Estatal y Policía Ministerial.
Asimismo, los reportes indican que luego del enfrentamiento la Policía Federal detuvo a dos presuntos delincuentes, a quienes les decomisaron un arma larga y dos pistolas, sin especificar el calibre; tampoco se informó de la identidad de los detenidos.
Dos policías federales resultaron lesionados, lo mismo que un delincuente que, según fuentes de la Policía Ministerial, fue trasladado al Hospital General de Chilapa, pero perdió la vida en el camino.
Soldados del Ejército y policías federales sitiaron la zona, desde la avenida Insurgentes y la calle 7 Oriente, hasta la avenida Municipio Libre y todas las cuadras del barrio de San José y la entrada al barrio de San Juan, donde sucedió la balacera.
De acuerdo con testimonios de vecinos, policías federales y soldados catearon varias casas, y por la tarde aprehendieron a otros dos presuntos integrantes de la célula delictiva, hecho no confirmado por las autoridades.
Un uniformado explicó que se declaró “código rojo” en todo el barrio, es decir zona de riesgo ante la posibilidad de que se registrara un nuevo enfrentamiento derivado de alguna reacción de la delincuencia organizada.
Hasta la noche de ayer, militares mantenían la zona cerrada a la circulación vehicular, mientras que policías federales patrullaban y detenía a automovilistas para revisarlos. Asimismo, en las entradas a la ciudad soldados instalaron filtros de revisión.
Horas después del hecho, y cuando la información circulaba en portales de internet y redes sociales, el gobierno municipal publicó un breve comunicado según el cual, los sucesos son parte de los “firmes resultados” de la Operación Chilapa, “a cargo del Ejército, Fuerzas Federales y Estatales, donde participan 3,500 soldados y 200 policías”.
A los vecinos que intentaban ingresar al barrio y que decían vivir en esa zona, los uniformados les explicaban que no podían impedirles el paso, pero su ingreso era “bajo su propio riesgo”.
Todos los negocios que rodean el barrio estaban cerrados y muy pocas personas caminaban en las calles, se trataba de quienes intentaban llegar a sus domicilios que se encuentran justamente en esa zona.
“La neta, carnal, yo sí escuché y vi muchas cosas, pero no te voy a decir nada porque no quiero que me pase algo malo, me vayan a matar”, expresó un comerciante que cuando vio la llegada de este reporteros de inmediato cerró su negocio.
Pese a que en el barrio de San José había una intensa movilización de las diferentes corporaciones de seguridad y que las calles estaban prácticamente vacías, en el centro de Chilapa todo trascurría con normalidad, pues los negocios estaban abiertos, había afluencia de vehículos particulares y del transporte público, y los vendedores ambulantes se mantenían en el Zócalo ofertando sus productos.
Ayer, hasta las 9:30 de la noche ni el gobierno del estado, ni la Fiscalía General habían fijado una postura sobre lo acontecido en este municipio, tampoco se informó la identidad de los detenidos ni del presunto delincuente que perdió la vida.
En Chilapa, la organización Siempre Vivos tiene un registro de 57 personas desaparecidas entre 2014 y 2015, de las cuales, 16 ocurrieron del 9 al 14 de mayo del año pasado cuando unos 300 comisarios y civiles armados de comunidades del sur del municipio tomaron las calles de Chilapa para exigir que las autoridades detuvieran a Zenén Nava.
En el municipio también han ocurrido constantes ejecuciones que, de acuerdo con las autoridades, son el resultado de la disputa de la plaza entre Los Rojos y el grupo criminal Los Ardillos.
Dos días antes de esta balacera, y en la víspera del despliegue militar contra la delincuencia fue aprehendido Yovani Anastasio Parra El Chivo, identificado por autoridades federales como segundo al mando en la organización delictiva Los Rojos.

Los levantados en Chilpancingo serían cinco, no seis, pero sólo hay dos denuncias, dice el fiscal

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, informó que no fueron seis levantados en Chilpancingo sino dos, ya que su dependencia cuenta con dos denuncias presentadas por desaparición, pero según sus investigaciones podrían ser cinco; mientras que uno de los tres estudiantes levantados ayer en Tixtla ya fue liberado.
“Pueden ser cinco los de Chilpancingo del taller levantado, pero sólo hay dos denuncias”, agregó.
También detalló que la banda de secuestradores desarticulada el jueves pasado, tras un enfrentamiento con policías ministeriales y el Ejército en la colonia Salubridad, pertenecía a El Tequilero, y señaló que hasta este jueves en la capital del estado también operaba una escisión de La Familia Michoacana.
Ayer en El Sur se publico que la tarde de este martes, sicarios irrumpieron en el taller Moto Servicios Ayala, donde levantaron a seis jóvenes, entre ellos a una mujer, cerca del Centros de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS) No. 136 en la colonia Jardines del Sur, en Chilpancingo.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que sólo se han presentado dos denuncias de personas desaparecidas, pero que las investigaciones de la dependencia daban cuenta de la posibilidad de cinco personas levantadas.
Consultado al término del acto protocolario de arranque de la Operación Chilapa, el fiscal explicó que, mediante una llamada al número de emergencia 066 se informó del levantón de cinco personas, pero “realmente son dos del taller”.
Agregó que se presentaron denuncias de desaparición de dos personas, pero investigarán para saber si fueron o no levantados los otros cinco jóvenes que estaban en el taller.
Durante la mañana de este miércoles, se le preguntó en tres ocasiones al fiscal acerca de los secuestros y levantones en la capital, la primera cuando bajó del helicóptero en el que llegó a la unidad deportiva de Chilapa, donde informó que el reporte proporcionado por el comándate de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), era de tres levantados en Chilpancingo y tres en Tixtla.
Este martes, tres estudiantes fueron privados de su libertad por hombres armados en la colonia La Villita, en el municipio de Tixtla, a unos 100 metros de la comandancia de la Policía Municipal, informó la FGE.
En la segunda ocasión se le preguntó sobre el estatus de los seis, a lo que respondió que en Chilpancingo y Tixtla eran levantados; se le reiteró la pregunta sobre cuál era el reporte, pero ante la falta de datos le pidió al comandante de la PIM, Ricardo Zamora Guevara que respondiera a las preguntas de tres medios de comunicación.
Zamora Guevara reiteró que tenían información sobre dos levantados, ya que las familias presentaron la denuncia, además de que no hay testigos que confirmen si se llevaron o no a más personas.
Sobre los jóvenes privados de su libertad en Tixtla dijo que se consideran también levantados, pero que ahí ninguna familia ha presentado una denuncia formal.

Eran tres bandas de secuestradores en la capital; ya fue desarticulada la de El Tequilero, comenta

El jueves de la semana pasada, se enfrentaron hombres armados y policías ministeriales más de una hora, resultando un policía y un sicario heridos, siete detenidos, y dos hombres y una mujer que estaban secuestrados fueron liberados al sur de Chilpancingo.
Tras los hechos, el fiscal dijo que los detenidos fueron consignados, pero no dio más detalles ni los nombres de los detenidos, sólo informó que se desarticuló la banda de secuestradores.
Se le preguntó entonces cuántas bandas delincuenciales operan en la capital del estado, a lo que respondió que no tenía el número exacto, y luego corrigió que son tres, Los Ardillos, Los Rojos y una escisión de La Familia Michoacana que el jueves pasado fue desarticulada.
Enfatizó que la banda de El Tequilero estaba operando en Chilpancingo hasta el jueves pasado, antes de la intervención de la policía ministerial y del Ejército.
Dijo que tenía ya identificado a El Tequilero, y reiteró que probablemente fue policía municipal, aunque no dio a conocer el nombre del delincuente.
Al final de la consulta, confirmó que ayer fue detenido por la Policía Federal en Chilapa el segundo de Los Rojos, Yiovani Anastasio Parra.

Con escopetas, instalan tres retenes contra el crimen organizado vecinos de Zotoltitlán, Mártir de Cuilapan

Los vecinos de la comunidad indígena de Zotoltitlán, municipio de Mártir de Cuilapan, armados con escopetas, machetes y palos instalaron a las 7 de la mañana del domingo tres retenes en la entrada del pueblo para defenderse de los grupos del crimen organizado, que han dejado un muerto y un desaparecido en las últimas dos semanas.
El caso más reciente, que desbordó la inconformidad, ocurrió el miércoles 20 de enero, cuando hombres no identificados levantaron a un vecino y hasta la tarde de ayer no había sido localizado.
El pueblo de Zotoltitlán tiene 2 mil habitantes, y está a 25 minutos en carro al poniente de Apango, del municipio de Mártir de Cuilapan.
Las casas bordean la carretera hacia Zitlala; La Esperanza-Zotoltitlán-Apango-Atliaca-Tixtla es un corredor en disputa por los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos.
La tarde del miércoles en Zotoltilán hombres no identificados se llevaron al campesino Anselmo García y hasta la tarde de ayer no se sabía de su paradero; sus familiares sólo han recibido mensajes de texto de su teléfono celular, dice que ya no lo sigan buscando, porque se encuentra bien.
Los vecinos del pueblo lo empezaron a buscar el jueves, además presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, sin embargo, hasta el sábado no habían tenido respuesta.
Por este motivo, ayer a las 7 de la mañana se armaron con escopetas, machetes y palos para instalar tres retenes, dos rumbo a Apango y otro en un camino hacia Zitlala.
Se supo que se suspendió el servicio de transporte público de Apango-Zotoltitlán, y los vecinos sólo podían llegar caminando o en carros particulares.
Los vecinos armados y encapuchados se negaron a hacer declaraciones a los medios de comunicación.
Fuentes del Ayuntamiento informaron que la presidenta municipal del Movimiento Ciudadano, Felicitas Muñiz Gómez, acudió al pueblo a las 2 de la tarde, acompañada de agentes del Ministerio Público para tomar la declaración de la esposa y los familiares del desaparecido e iniciar las investigaciones para dar con el paradero de Anselmo García.
En un recorrido por la cabecera municipal se observaron entre 18 y 20 policías de la Fuerza Estatal a bordo de tres patrullas y una ambulancia de Protección Civil, sin embargo, los policías dijeron que no sabían si fueron enviados por el conflicto en Zotoltitlán, a las 5 de la tarde aún esperaban instrucciones.
Otros funcionarios del Ayuntamiento que pidieron no ser citados, informaron que antes de la desaparición de Anselmo García, hace dos semanas, un campesino del mismo pueblo fue encontrado degollado, sin dar con los responsables.
La fuente reconoció que hay temor e indignación entre los vecinos de Zotoltitlán por los hechos de violencia que han ocurrido en los últimos días, sin que las fuerzas federales y estatales atiendan el problema a pesar de que han denunciado los hechos.
La comunidad se encuentra en el territorio que se disputan los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos, conflicto que inició hace dos años en Chilapa, después se trasladó a Zitlala, y ahora a Apango la cabecera de Mártir de Cuilapa, ya que hay una carretera que conecta con Zitlala, pasando por las comunidades de La Esperanza y Zotoltitlán hasta llegar a Apango, los tres pueblos de Mártir de Cuilapan y de allí retorna a Tixtla.
La violencia ha comenzado a afectar a comunidades de Mártir de Cuilapan, por eso los vecinos de Zotoltitlán se armaron, pero se rehusaron a hablar con los reporteros de los medios de comunicación.
Hasta las 7:30 de la noche se encontró vía telefónica a la presidenta municipal, pero informó que continuaba en una reunión y no precisó si seguía en esta comunidad.
Dijo que después se comunicaría con el reportero, pero ya no fue posible localizarla para conocer su postura respecto a estos hechos.
A esa hora, fuentes de la cabecera municipal confirmaron que los retenes instalados por los habitantes armados continuaban en los accesos a Zotoltitlán.

Operan en el estado 50 grupos de la delincuencia organizada, dice el fiscal

El fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez informó que son, por lo menos, 50 grupos delictivos los que operan en las diferentes regiones de la entidad y que son responsables del problema de inseguridad y violencia que priva en Guerrero.
También dijo que solicitó a representantes de la embajada de Estados Unidos que ayuden al gobierno del estado a combatir el tráfico de drogas, luego de que el cónsul Hugo Rodríguez manifestó a las autoridades locales, el miércoles en Acapulco, su preocupación por el tráfico de heroína al país norteamericano.
Del secuestro de dos estudiantes del CBTA de Corral Falso, en Ajuchitlán, explicó que se trató de un autosecuestro, en el que los jóvenes obtuvieron, al parecer, cien mil pesos de sus familiares, por lo que se procederá a su detención.
El fiscal asistió este jueves al arranque oficial del programa Escuelas al Cien, que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores en las instalaciones del el Conalep de Chilapa, municipio donde más tarde se celebró la sesión del gabinete de seguridad nacional encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Consultado antes de que iniciara el programa, el fiscal insistió en que el problema de violencia e inseguridad que priva en Tierra Caliente es producto de la disputa entre los grupos criminales que encabezan El Tequilero y El Pez.
Indicó que, así como sucede en aquella región, pasa lo mismo en Chilapa, donde la inseguridad es producto de la pugna que existe entre Los Rojos y Los Ardillos.
Informó que por lo menos son 50 grupos delictivos los que operan en las diferentes regiones del estado, pero aclaró que la mayoría son “pequeñas células” conformadas por cinco o seis delincuentes.
“Son muchos, pero evidentemente no hay un grupo grande, entonces se pelean por el control de la droga en esta zona de la Montaña baja y en Tierra Caliente, principalmente por la heroína, la goma de opio que posteriormente se convierte en heroína”.
Olea Peláez indicó que en el Grupo de Coordinación Guerrero le apostará a las labores de inteligencia para combatir a los grupos criminales y lograr la aprehensión de todos sus líderes.
Explicó que en la reunión del gobernador Héctor Astudillo con el cónsul de Estados Unidos Hugo Rodríguez el miércoles en Acapulco, el embajador les externó su preocupación por el tráfico de heroína, droga que termina en territorio estadunidense.
“Están preocupados y nosotros les dijimos ‘pues ayúdennos’. Yo soy una gente muy cristalina y les dije ‘ayúdenme, para que ustedes nos ayuden en la investigación’”.
–¿Ayuda en qué materia se pidió al gobierno de Estados Unidos? –preguntó un reportero.
–Pues en materia económica, en materia de seguridad, en materia de inteligencia, etcétera, respondió.
Indicó que la Secretaría de Gobernación entregará herramientas sofisticadas la próxima semana al área antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De la Comisión Especial para investigar las desapariciones en el municipio de Chilapa, explicó que el próximo lunes se emitirá el decreto correspondiente, es decir, ya no se presentará la iniciativa ante el Congreso local como se había planteado en un principio.
Anunció también que la próxima semana desayunará con empresarios de la capital para escuchar sus planteamientos en materia de seguridad pública.
Consultado por segunda ocasión, al concluir el acto en el Conalep, Xavier Olea dio a conocer que fue un autosecuestro el de los dos estudiantes del CBTA de Corral Falso, en Ajuchitlán del Progreso, “quisieron bajarle un dinero a su mamá”, señaló.
Explicó que los jóvenes solicitaron un rescate de 300 mil pesos, pero sólo obtuvieron cien mil pesos, por lo que se procederá a la detención de los estudiantes, y aseguró que los tres jóvenes detenidos el miércoles en una motoneta y que llevaban consigo más de 27 mil pesos eran sus cómplices.

 

No investigan las autoridades las desapariciones de vecinos del sur de Chilapa, dice su abogado

Los gobiernos federal y estatal tampoco han investigado las desapariciones de personas que denunciaron los pueblos del sur del municipio de Chilapa, que irrumpieron en la cabecera municipal el 9 y la abandonaron el 14 de mayo del año pasado.
El asesor de la agrupación civil Comunitarios por la Paz y la Justicia, que irrumpió armada en mayo del año pasado en Chilapa y durante su estancia en la ciudad desapareció al menos a 30 ciudadanos, Jesús Escobedo González informó que a pesar de que presentaron las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) no hay avances en las investigaciones de los desaparecidos del sur de Chilapa.
Ahora la organización aglutina 76 pueblos de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango).
De los desaparecidos afirmó que son víctimas del crimen organizado cuando viajan de sus comunidades a Chilapa.
Los familiares de desaparecidos de Chilapa que encabeza José Díaz Navarro, y que acusan a los vecinos del sur de Chilapa de las desapariciones de mayo, denunciaron anteriormente que a siete meses de la irrupción de civiles armados no se ha esclarecido la desaparición de 57 vecinos, de los cuales 38 denunciaron ante el Ministerio Público.
Ayer, Escobedo González asesor de la agrupación Comunitarios por la Paz y Justicia que irrumpieron en Chilapa, denunció que los gobiernos federal y estatal incumplieron el compromiso de investigar el paradero de sus familiares y de garantizarles seguridad.
El abogado informó que han documentado 15 casos de desaparecidos de las comunidades de El Jagüey, San Ángel y Santa Catarina, pero reconoció que de éstos sólo cinco presentaron denuncias ante el Ministerio Público, y hay otros casos que no han sido denunciados públicamente por temor.
Escobedo González agregó que los comisarios mantenían comunicación con funcionarios del gobierno de Rogelio Ortega Martínez, pero no han recibido respuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores ni del secretario de Gobierno, a pesar de que los primeros cinco días de la administración solicitaron audiencia.
Precisó que los pueblos están documentando todos los casos para tener la información correspondiente si deciden regresar a la cabecera municipal a presionar.
El abogado recordó que los comisarios y los civiles armados dejaron la cabecera municipal el 14 de mayo, después de que la Policía Federal se comprometió a garantizar seguridad en sus pueblos y a detener a los cabecillas de la banda criminal Los Rojos que controla Chilapa, a los que responsabilizaron de la desaparición de vecinos y ejecuciones en sus comunidades y en los caminos.
Insistió que a siete meses no se han cumplido sus demandas pues los integrantes del grupo criminal siguen operando y sus desaparecidos no han sido localizados.
También se quejó de que los campesinos del sur de Chilapa, que colindan con el municipio de Quechultenango, son víctimas del crimen organizado cuando viajan a Chilapa.
Detalló que a mediados de diciembre fue ejecutada una familia (una pareja y su hija), en la comunidad de San Ángel, en la carretera de Atzacoaloya a Chilapa, después de vender artesanías en la cabecera.
Dijo que no se integró una averiguación previa ni se publicó en los medios de comunicación. “En esos pueblos se siguen dando enfrentamientos que no se publican en la prensa”, aseguró el abogado.
Dijo que los pueblos se siguen integrando a la agrupación Comunitarios por la Paz y la Justicia, y ya son 76, 36 del municipio de José Joaquín de Herrera y 40 del de Chilapa.
Informó que suman más de mil civiles armados, pues tienen de 8 a 25 integrantes.
Aseguró que por la presencia de los civiles armados se ha logrado la paz en la zona, pero los vecinos son víctimas cuando se trasladan a Chilapa, por lo que transitan la ruta de Quechultenango para llegar a Chilpancingo.
Rechazó los señalamientos de que los civiles armados pertenecen a la banda criminal Los Ardillos, se quejó que el señalamiento los pone en estado de vulnerabilidad ante el otro grupo criminal que opera en Chilapa (Los Rojos), y ante las autoridades porque deslegitima su demanda de seguridad y la búsqueda de sus desaparecidos.

En siete meses ninguna autoridad halló pistas de los 57 desaparecidos en Chilapa

Durante los últimos siete meses del año que culmina, ni las autoridades federales ni las de dos administraciones locales y estatales dieron noticias del paradero de al menos 57 desaparecidos en Chilapa a sus familiares, ni del asesinato de un padre que exigía la presentación con vida de sus tres hijos.
El 9 de mayo de 2015, a la ciudad ingresaron unos 300 civiles armados provenientes del sur del municipio, quienes dijeron que venían en busca de criminales que habían causado daño en sus localidades.
Dos días después, vecinos de Chilapa marcharon en la cabecera municipal y encararon a los hombres armados, a los que acusaron de haberse llevado a unos 30 pobladores frente a policías y militares, quienes siguen desaparecidos.
El 14 de mayo, los civiles armados salieron de la ciudad después de una reunión con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y con la condición de que el Ejército detuviera a un líder criminal vinculado al grupo criminal de Los Rojos.
El número de vecinos organizados para reclamar a sus desaparecidos comenzó a disminuir, sólo quedaron familiares de 14 de ellos, aunque después se sumaron otros dos que continúan exigiendo la presentación con vida de sus desaparecidos.
Las familias vincularon a los responsables de las desapariciones con el grupo delictivo Los Ardillos, que mantienen una disputa con Los Rojos, aunque negaron vínculos de sus desaparecidos con cualquiera de los dos grupos.
El comisario ejidal de Xiloxuchicán, José Apolonio manifestó que sí retuvieron a los familiares y aseguró que los habían entregado a la Gendarmería, pero los familiares no aceptaron la declaración, y en cambio han hecho llamados a las autoridades federales, estatales y municipales para que coadyuven en la búsqueda de sus desaparecidos.
En mayo la administración municipal estaba en manos del priista Francisco Javier García Gonzáles, quien pocos días después de la salida de los civiles armados y en presencia de representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) afirmó que apoyaría a las familias que quedaron desamparadas durante el proceso de búsqueda, pues supo que en la mayoría de los desaparecidos eran jefes de familia. Esto no ocurrió.
Ahora preside el Ayuntamiento de Chilapa el también priista Jesús Parra García, cuya administración tampoco ha cubierto las necesidades básicas de las familias.

No hay avance pese a los compromisos de los gobiernos federal y estatal

El 20 de mayo, a la ciudad arribó el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, quien informó a los familiares de desaparecidos que la dependencia coadyuvaría en la búsqueda de sus parientes y que tomaría el control de seguridad del municipio para trabajar en la contención de la delincuencia organizada. Ese día, los familiares retomaron la esperanza de recuperar a sus familiares.
También, los familiares solicitaron la presencia del entonces gobernador, Rogelio Ortega Martínez, a quien le reprocharon haberse reunido con los pobladores del sur de Chilapa, pero no con los de la cabecera municipal que reclamaban a sus familiares desaparecidos.
Fue hasta el 24 de mayo cuando Ortega Martínez se reunió con los familiares en Chilapa. Durante el encuentro, familiares de un desaparecido el 30 de marzo, Gilberto Abundis, reprocharon al alcalde y al gobernador la desaparición de su familiar, a quien el 23 de mayo identificaron en una foto de un periódico de nota roja que consignaba el hallazgo de cuerpos en la comunidad de Nejapa, municipio de Chilapa. La seña con la que lo distinguieron sus familiares fue un tatuaje en la espalda.
Conforme pasaron los días, a esta lista de desaparecidos se sumaron más, de antes del 9 y de después del 14 de mayo.
En tres ocasiones ha acudido a la ciudad el equipo multidisciplinario de la Procuraduría General de la República (PGR), que incluye peritos en genética, criminalística y derechos humanos, y a agentes del Ministerio Público federal, para que las familias interpusieran su denuncia.
La mayoría tenía desconfianza del Misterio Público del fuero común para interponerla ahí, pero tampoco confiaban en que las autoridades investigaran.

Familias desamparadas

Además de la búsqueda de los desaparecidos, las familias han sumado demandas como la recuperación de sus pérdidas materiales, y el financiamiento para pagar deudas que suman unas 900 mil 400 pesos, contraídas para sobrevivir. Además de apoyos para cubrir las necesidades básicas diarias de cada familia.
A pesar de la presencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el DIF estatal, durante estos siete meses no se han resuelto las demandas de las familias.
El vocero de los desaparecidos, José Díaz Navarro en julio previó: “Esto ya se olvidó, un caso más de impunidad lo definiría ya, como los cientos de casos que hay de homicidios y desapariciones, y de secuestros que no se investiga nada, esto pinta para ser un caso más”.
Terminó el año, sin la localización de 57 desaparecidos que se acercaron al comité de familiares Siempre Vivos AC, de los que sólo 38 han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público federal; los demás esperan a que regrese para denunciar.
Pero Díaz Navarro denunció que no son sólo 57 desaparecidos en la región, sino 200, y 200 asesinatos que, en su mayoría, las familias no se atreven a denunciar.
También terminó el año con el padre de tres desaparecidos en mayo que exigía su presentación con vida, Bernardo Carreto, quien también era hermano del ex director de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto, destituido del cargo “por no resultar confiable”.