El promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio llamó a que las autoridades lo investiguen ante las acusaciones que hizo en su contra el coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo con respecto a su presunta alianza con el Cártel del Sur y Los Ardillos para controlar el corredor de Petaquillas a Xaltianguis.
Consultado vía telefónica, el dirigente de la UPOEG dijo que las acusaciones del coordinador del FUSDEG son “grilla”, y no quiso responder a los señalamientos en su contra, pues dijo que él está trabajando por la seguridad y el desarrollo de los pueblos donde tiene presencia la UPOEG, y que contestar a los señalamientos que le hacen es “perder el tiempo”.
En la última entrega que se publicó ayer en éstas páginas sobre la toma del control del grupo criminal de Los Ardillos en Petaquillas, que es la puerta a la capital del estado, y la división del FUSDEG y la UPOEG que trajo como consecuencia el desplazamiento del Frente del corredor Petaquillas-Xaltianguis, con excepción de Tierra Colorada, Salvador Alanís acusó al dirigente de la UPOEG de tener vínculos con el grupo criminal del Cártel del Sur y Los Ardillos.
Alanís Trujillo dijo en la entrevista para El Sur que la Policía Ciudadana de la UPOEG fue un engaño y que ya traía acuerdos con gente de cárteles “que iban a meter un cártel para sacar a otro” en ese corredor; además de que recibió de Juan Jaleaco Guevara, el líder del Cártel del Sur, 4 millones de pesos para que llevara 300 gentes, “entonces Bruno ahí es donde entra a la sierra y le hace el paro a Juan Jaleaco para sacar (de la Sierra) a los de la A (Ángel Arellano Villalobos); entonces, desde 2014 ellos pactaron ese acuerdo, y sí, empiezan a avanzar y a sacar a todos los que ya habían entrado del lado contrario”, aseguró Alanís Trujillo.
“No tengo nada que contestar contra alguien que sólo se basa en sospechas y no es la primera vez que dice cosas, por eso yo no tengo nada que decir de este tipo”, dijo al respecto Plácido Valerio.
Declaró que él trae un objetivo concreto, organizar a la población para la seguridad “y lo que se diga, que si soy narco, que si estoy vinculado, que lo compruebe ante la PGR (Procuraduría General de la República), ante quien él quiera, porque ya no podemos caer en una declaración de medios”, respondió enfadado.
Y se quejó: “ustedes también tienen que ser un instrumento para difundir cosas más positivas en las condiciones como está Guerrero, porque unos estamos viendo la forma de cómo resolver los problemas de tanto muerto que hay, y los medios hablando de estas cosas”.
–Pero en los hechos, ustedes, la UPOEG, tienen el control en el corredor Ocotito Xaltianguis, –insistió el reportero.
–No, no es control, allí estamos buscando alternativas a los conflictos. Pero yo no puedo contestarle a él, porque voy a perder mucho tiempo cuando los problemas están y rebasan todos los límites, y hay que ponerles atención. Entre todos tenemos que ver cómo hacerle.
Después, dijo que, “caer en la contestación nomás por contestar, es amarrar navajas sin fundamento”.
–No se trata de amarrar navajas, te buscamos porque es una acusación grave en tu contra.
–Sí, pero no puedo dar una contestación a este tipo, pues.
–¿Entonces, todo que quede así?
–No, sí, que él diga lo que quiera y que las autoridades nos investiguen, que hagan lo que tengan que hacer. Ya estamos cansados de tanta grilla y de esas cosas. No hay tiempo para la grilla, hay que ser más propositivos.
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Hablará de Los Ardillos en Chilpancingo cuando “haya condiciones”, dice el vocero
El vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia se negó a dar una postura de la presencia del grupo delincuencial Los Ardillos en la comunidad de Petaquillas, en el municipio de Chilpancingo, dijo que hablará al respecto cuando “haya condiciones de dar una postura”.
Además afirmó que nunca fueron retenidos agentes de la Marina por vecinos de la comunidad de Poliutla en el municipio de Tlapehuala, luego de que los agentes atropellaron a una mujer que viajaba a bordo de una motocicleta.
La mañana de este viernes, luego de la celebración del Día de la Bandera, en Iguala, se consultó al vocero de la presencia de Los Rojos en la capital, y respondió: “Me gustaría tener una posición del Grupo de Coordinación para estar en condiciones de dar una posición”.
Álvarez Heredia enfatizó que agentes de la Marina nunca fueron retenidos en Poliutla, “el gobierno del estado a través de su delegado regional está dialogando con los habitantes de Poliutla, municipio de Tlapehuala, que mantienen un bloqueo en la carretera federal hacia Ciudad Altamirano, esto tiene correlación con el incidente de tránsito que se dio el jueves por la tarde… se registró un incidente de tránsito entre un carro de la Marina y un particular, que era una persona que tenía una motocicleta que vendía tortillas”, argumentó.
Afirmó que la población de San Miguel Tecomatlán y colonia Cuauhtémoc del municipio de Tlalchapa, que están cerca de Poliutla, aprovecharon el accidente para manifestarse en contra de la Marina y exigir la liberación de cuatro personas detenidas y consignadas por el Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR), por portación de armas de alto poder. (Anarsis Pacheco Pólito / Iguala).
Sin agua, alimentos ni salud y con la amenaza de sicarios sobreviven los vecinos de Quetzalcoatlán
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Prácticamente secuestrados sobreviven 11 familias (54 habitantes) en la comunidad nahua de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, en donde el 6 de enero del año pasado irrumpieron civiles armados de la comunidad de Tlaltempanapa que pertenecen al auto llamado grupo Paz y Justicia, vinculado con el grupo criminal Los Ardillos, y mataron a seis habitantes.
Las 11 familias de un total de 42 que vivían aquí carecen de servicios elementales como el agua potable, y no tienen la posibilidad de salir a surtirse de los productos y artículos de la canasta básica para alimentarse, por temor a ser asesinados o levantados en el camino por el grupo civil armado.
Además los familiares de las seis víctimas no han tenido justicia porque la síndica del Ayuntamiento de Zitlala, Rocío Guadalupe Salazar Chavelas les aconsejó que no presentaran la demanda penal, “porque si la presentan van a encabronar más a la gente (que los atacó) y van a ir a matarlos más rápido, entonces mejor que todo se quede así para que se calmen las cosas”, les pidió.
Las familias fueron obligadas a regresar de Zitlala, la cabecera municipal donde se encontraban, a esta comunidad en marzo del año pasado por los gobiernos estatal y municipal quienes incumplieron los compromisos que asumieron con ellas, y ahora sobreviven sin servicios, sin víveres suficientes y en medio del temor de ser nuevamente atacados.
Este jueves las familias denunciaron que fueron engañadas para que se regresaran a vivir nuevamente aquí, en donde están olvidados por las autoridades y en riesgo.
El 6 de enero de 2016 un grupo de entre 20 y 30 hombres armados irrumpieron a las 6 de la mañana en Quetzalcoatlán y mataron a seis personas. Murieron a tiros de rifles de asalto AR-15, AK-47 y pistola calibre 9 milímetros los hermanos Julián y Andrés Lara Tlatempa, Reynaldo Lara Marbel (de 15 años) y Federico Tlatempa Marbel. Otros dos, Gerardo Lara Zapoteco y Salvador Flores Tlatempa fueron degollados.
Tras esos hechos las 42 familias que hasta entonces vivían en este pueblo ubicado a una hora en vehículo al norte de Zitlala, abandonaron el lugar ese día y se refugiaron en la cabecera municipal. También trasladaron a los seis cuerpos para sepultarlos allí por el temor de que los civiles armados regresaran a matar al resto de los habitantes durante el sepelio.
Pero las familias desplazadas regresaron a Quetzalcoatlán el 12 de marzo, después de que los gobiernos estatal y municipal asumieron varios compromisos con ellos.
El gobierno estatal mediante la Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos entregó 8 mil pesos a cada una de las familias para que aceptaran regresarse a su comunidad, a pesar de los riesgos que implicaba para ellas.
A cambio obligó a las familias a firmar un acta en la que se establece que la cantidad “servirá para cubrir algunas de las necesidades, para quienes de manera voluntaria deciden retornar a su lugar de origen en Quetzalcoatlán de las Palmas, para continuar con sus actividades normales”.
Mientras tanto el Ayuntamiento que preside el priista Roberto Zapoteco Castro entregó a cada una de las familias 70 colchonetas, 70 cobertores y 48 despensas alimenticias.
También se acordó que el Ayuntamiento entregaría mensualmente despensas a las familias y una costalilla de maíz.
Les dotaría agua en pipas debido a que la comunidad carece de un sistema de distribución, porque su red se destruyó durante las lluvias de las tormentas Ingrid y Manuel en septiembre de 2013.
Sin embargo a casi un año, los gobiernos estatal y municipal incumplieron los acuerdos y ahora de las 42 familias sólo quedan 11. El resto han emigrado por las malas condiciones en que viven, mientras que las que se quedaron lo hicieron obligadas porque no tienen a dónde ir, ni los recursos para hacerlo.
Uno de los vecinos, Román Lara Cuevas, denunció que quienes se quedaron a vivir aquí, además del temor constante de que regresen los civiles armados que irrumpieron el 6 de enero del año pasado, sufren la escases de agua y de alimentos y reprochó que las autoridades se hayan olvidado de sus compromisos.
Las 11 familias tienen que captar el agua de lluvia en canalejas de los techos de sus casas, la mayoría de asbesto, galvanizada o de cartón para almacenarla en depósitos de cemento con capacidad de 5 mil litros y puedan utilizarla toda la temporada de secas.
Hasta antes del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel contaban con una red de agua pero se destruyó por las lluvias y tras la irrupción violenta de los hombres armados, el gobierno estatal se comprometió a construirles una red mediante sistema de gravedad y almacenar el agua en una olla que construyó a la orilla de la localidad.
El problema fue que los técnicos no incluyeron en el presupuesto la manguera por la que se debe canalizar el agua a una distancia de 5 kilómetros, y los vecinos siguen sin el servicio, a pesar de que la obra está terminada desde hace dos meses.
Este jueves la mayoría de las familias mostraron sus depósitos en los que almacenan la lluvia casi vacíos, y en medio de la angustia esperan que inicie la temporada de lluvias para poder almacenar el agua.
Lara Cuevas denunció que el Ayuntamiento incumplió con su promesa de que les surtiría el agua por medio de pipas. Dijo que los primeros meses llevaron agua pero solo para los policías estatales que vigilan la comunidad.
La temporada pasada no pudieron sembrar
El vecino Román Lara Cuevas informó que las familias también sufren desabasto de alimentos debido a que la temporada pasada no pudieron sembrar, porque regresaron fuera del tiempo para la preparación de las tierras, pero además porque temen salir al campo porque pueden ser víctimas de la gente armada que llegó a atacar a la localidad.
Lara Cuevas, declaró que desde que regresaron en marzo del año pasado tampoco pueden viajar a Zitlala por temor a pasar por Tlaltempanapa, en donde los civiles armados que los atacaron tienen un retén.
Contó que algunas veces salen por el rumbo de Copalillo pero que por esa ruta no hay servicio de transporte, así que tienen que hacerlo caminando o esperar hasta que haya transporte, y que igual transitan con temor a ser atacados en el camino.
Los habitantes sólo se surten de los productos que necesitan cuando pueden encargarlos con los policías que están a cargo del resguardo de la comunidad, o con algunos comerciantes que circunstancialmente llegan del lado de Copalillo.
Uno de los habitantes contó que los primeros meses aprovechaban el cambio de policías que están de guardia y se trasladaba en las patrullas a Zitlala, pero que cuando la gente de Tlaltempanapa se dio cuenta impidieron a los agentes que los llevaran y ahora sólo pueden encargarles los víveres que necesitan.
Dijo que también permanece cerrado el centro de salud y que carecen de medicamentos. Cuando alguien se enferma tienen que trasladarlo a pie hacia Tlalcozoltitlán y de allí a la cabecera municipal, Copalillo, a una hora y media o dos en vehículo.
Lara Cuevas informó que hasta antes de los hechos de violencia de enero del año pasado iba un médico cuando menos una vez a la semana, y el resto de los días dejaba a su auxiliar que era el que se encargaba de atenderlos en caso de emergencia, pero ahora por la violencia está abandonada la casa de salud.
Entre las 54 personas que integran las 11 familias hay 16 niños registrados en la escuela multigrado que atiende la maestra Elisa Solís Castellano, sin embargo informó que sólo asisten nueve debido al desplazamiento del resto de las familias.
Ella es originaria de Zitlala, pero por el conflicto tampoco puede tomar la ruta directa que pasa por Tlaltempanapa y tiene que dar vuelta hasta Copalillo y de allí se traslada hasta Tlatehualapa, una comunidad vecina, de donde paga un “servicio especial” de transporte de 250 pesos para llegar a Quetzalcoatlán. La maestra viaja cada ocho días.
Agregó que las autoridades educativas le han recomendado que no dé de baja a los niños registrados a pesar de que no asisten a clases, con la esperanza de que éstos regresen.
Sin embargo los pocos vecinos que quedan en esta comunidad contaron que de las 42 familias que vivían algunas se fueron a vivir a la cabecera municipal y otras se fueron de jornaleras a estados como Sinaloa y Sonora, y que por las condiciones en que se encuentran aquí es difícil que regresen.
Este jueves representantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) llevaron víveres, ropa y calzado a las 11 familias que quedan.
El director del organismo, Manuel Olivares Hernández se quejó de que ha hecho gestiones ante el gobierno del estado para que cumpla su promesa de apoyarlos, “pero no hay respuesta”, dijo.
“Pareciera que al gobierno no le interesa si ustedes viven o mueren, es más, preferiría que todos ustedes hubieran muerto, así no tendría un problema”, les dijo en una reunión.
El temor de los vecinos ante un nuevo ataque es justificable porque el gobierno estatal también incumplió con darles seguridad. Al principio envió a dos grupos con 12 elementos de la Policía Estatal, pero medio año después se retiró uno y sólo quedaron seis agentes.
Consideran que son muy pocos policías porque cuando los civiles armados que los atacaron se reúnen en Tlaltempanapa suman más de 200.
Los Ardillos sí cometen crímenes contra la población fuera de sus lugares de influencia, dice el FUSDEG
Tercera parte
El asesinato de seis jóvenes de la comunidad de Chacotla puso nuevamente en el interés público el problema del control de Los Ardillos de un territorio aledaño a la capital del estado.
La noche del 30 de enero entró a esa comunidad del municipio de Mochitlán un comando de unos 40 sicarios vestidos de negro, relataron testigos, y se llevó a seis hombres y a dos mujeres, y un día después, el 1 de febrero, fueron ejecutados los seis hombres, dos de ellos menores de edad, y a las mujeres las dejaron libres.
Al día siguiente, antes de la aparición de los cuerpos, los vecinos dijeron a los reporteros que desde que entró el grupo armado varios de ellos pidieron ayuda al 911, a la Policía Estatal, a la Municipal y al Ejército, pero ninguna corporación fue al pueblo, que queda a sólo 40 minutos del centro de Chilpancingo, y los sicarios estuvieron actuando libremente durante cinco horas, y se metieron a las casas, se llevaron a las dos mujeres y cinco hombres más otro de la vecina comunidad de Mazatlán, golpearon y maltrataron a los habitantes y robaron dinero y cosas de valor.
Los vecinos identificaban a los agresores, hablaron de policías ciudadanos de la UPOEG, de supuestos comunitarios de Petaquillas en coordinación con los de Palo Blanco y Mazatlán, y un testigo precisó que “son acciones de narcocomunitarios que pertenecen a los grupos criminales Los Ardillos y al Cártel del Sur”.
Se publicó en El Sur que por Whatsapp familiares y amigos de las víctimas informaron que recibían amenazas por teléfono, y dijeron: “Nos hablan de un tal Celso Ortega (presunto jefe de Los Ardillos), de un tal Isaac Navarrete (presunto jefe del Cártel del Sur), y nos están amenazando que van a entrar a matarnos con la comunitaria del señor Bruno (Plácido, el dirigente de la UPOEG)”.
El día del funeral, ante reporteros, los familiares señalaron que los que irrumpieron la noche del 30 de enero y se llevaron a los ocho, son policías comunitarios de la UPOEG revueltos con delincuentes, y dijeron que los sicarios gritaron que iban por El Tigre, Gabriel González Cabrera, padre de dos de los jóvenes ejecutados, Gabriel de 21 años e Ismael de 16.
Los vecinos no hablaban del móvil de las ejecuciones.
Era un secuestro
colectivo: FUSDEG
De los hechos de Chacotla, da su versión el coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís. Aunque esta organización ha sido desplazada de las funciones de seguridad en los pueblos entre Acapulco y Chilpancingo, y sólo queda en Tierra Colorada, mantiene contactos y obtiene información directa de pobladores.
–¿Cuál fue el móvil de lo que pasó en Chacotla?
–Lo de Chacotla. Hay un líder ahí que se encargaba de atender esa zona cuando estaba el cártel anterior (Los Rojos), ese líder ahorita está preso, El Tigre, es el papá de dos jóvenes que mataron.
“El Tigre controlaba todos esos pueblitos incluso cuando nosotros metimos la Policía Comunitaria a Mazatlán, fuimos colonia por colonia de Mazatlán, y nos brincamos a El Salado y a Chacotla, pero la gente de ahí nunca quiso hacerse del FUSDEG. Sin embargo nosotros los cuidábamos porque al cuidar Mazatlán los cuidábamos a ellos, La gente se portó muy bien en el tiempo que estuvimos nosotros, que fueron casi cuatro años, nunca hubo un muerto, nunca hubo un secuestro, y con El Tigre nunca tuvimos problemas, desde que yo entre ahí él ya estaba en la cárcel. Fue un pretexto de la gente que entró ahora (el 30 de enero) que porque buscan al Tigre si todos saben que está en la cárcel.
–¿Y por qué la matanza?
–Era un secuestro, estaban pidiendo 10 millones de pesos, pero Los Ardillos se molestaron mucho porque la gente fue a denunciar, inmediatamente que los levantan la gente se fue al Ministerio Público a denunciar y esa fue la molestia de Los Ardillos, por eso mataron a los muchachos.
–¿Pero hay gente en Chacotla que tenga dinero para pagar 10 millones de pesos?
–No pero como eran ocho…, era un secuestro global. Al muchacho de 14 años que mataron, no le quitaron su celular, y ese niño estaba mandando toda la información por mensajes, entonces estaban pidiendo 10 millones, de ahí dice el niño que le hablaron a Celso y Celso habló con Bruno, y que platicaron y con Isaac Navarrete, y le bajaron a 2 millones para dejarlos ir, porque ya todo mundo sabía de ese levantón y al final supieron que habían ido a denunciar al Ministerio Público antisecuestros y fue por eso que mataron a los muchachos.
–Después de esos hechos, ¿hay peligro para la población de Petaquillas por la presencia de Los Ardillos?
–Hemos venido observando que en territorio donde están Los Ardillos no se meten con la gente común, pero sí hacen matazones afuera, en pueblos donde no están ellos. Lo de Chacotla lo hicieron Los Ardillos con la UPOEG, unidos todos. Entonces en Quechultenango (lugar de origen de Los Ardillos) no ves ni un muerto, en Mochitlán la gente vive tranquila dentro de lo que cabe, pero vienen de Quechultenango o de Mochitlán a matar a los de Chacotla.
–Dicen que Los Ardillos no extorsionan ni secuestran.
–Los Ardillos sí secuestran pero fuera de su territorio. Por ejemplo toda la violencia de Tixtla, ahorita se retiraron tantito de Tixtla, ahora están haciendo males de este lado de Petaquillas. Allá Zenén Nava (el jefe del grupo de la delincuencia organizada Los Rojos) ya tenía 12 años controlando Chilapa, y estaba tranquilo, pero una vez que entran Los Ardillos se empieza a ver matazón y matazón.
“Yo considero que Los Ardillos es uno de los grupos más violentos de Guerrero, para mí, por el conocimiento que yo tengo. Los Ardillos tienen mucho dinero y mucha violencia. Fueron los que desaparecieron a los de Chilapa. Son los que operan a la comunitaria de Paz y Justicia; esa comunitaria son Ardillos”.
–Y otra característica es que se mueven con la población de las comunidades, pareciera que buscan tener base social, no son sólo los armados.
–La característica “buena” (dice Alanís con ironía) de Los Ardillos es que mientras los del Cártel del Sur les pagan a 14 mil la goma a los campesinos, Los Ardillos se la pagan a 22 mil, entonces lógicamente tienen base social, porque Los Ardillos cuidan, la gente siembra y les pagan bien su producto, ¿cómo no van a estar protegiendo a Los Ardillos?, por eso la gente está con ellos.
“Si alguien trabaja en la oficina a lo mejor tiene miedo y no se mete, pero si trabaja en el campo sembrando eso (amapola), los va a apoyar; los productores los apoyan a ellos”.
Se oponen en el área de influencia de Los Ardillos a que entre el Ejército y las policías
Nuevamente el caso de Los Ardillos fue de interés en los medios, el 7 de febrero, cuando policías rurales de Petaquillas, vecinos y transportistas de la ruta a Quechultenango bloquearon la carretera federal a Acapulco más de seis horas, para exigir que se retirara un campamento militar ubicado frente a la entrada a Petaquillas, que se instaló como parte de las operaciones para buscar a los responsables de los asesinatos de Chacotla.
Al día siguiente, el gobernador Héctor Astudillo Flores, en declaraciones a reporteros en Acapulco, calificó el origen del bloqueo como “misterioso”. Esto quiere decir que atrás de esa acción había algo oculto, oscuro.
“Reprobamos las acciones del día de ayer donde un grupo de personas llamándose policías comunitarios, transportistas y algún otro grupo de personas, bloquean la carretera para pedir que de una zona, donde recientemente asesinaron a un grupo de personas humildes, salgan la policía y el Ejército. Nos parece que son acciones muy, muy lamentables y que tienen origen, así lo digo de claro, un origen mucho, muy misterioso”, dijo Astudillo Flores.
“No podemos permitir que este tipo de grupos que se escudan en policías comunitarios traten de limitar una acción de justicia reclamada por todos los pueblos”, subrayó el gobernador.
Los reporteros le preguntaron el significado del calificativo “misterioso” que usó para referirse al origen del bloqueo a la carretera, que fue total, de las 2 de la tarde a las 8 de la noche, pero ya no respondió.
Después, el 19 de febrero, cuando asistió a la ceremonia por el Día del Ejército en la Zona Militar de Chilpancingo, el gobernador dijo a pregunta de reporteros: “Hacen muy mal quienes piden que el Ejército no ayude. Hay que comprender de dónde vienen esas peticiones, que son muy raras, muy misteriosas, principalmente en territorios donde se dan hechos que en ocasiones cubren de luto y de sangre a muchas familias y yo creo que es un asunto que hay que ubicarlo en su exacta dimensión”.
Un reportero le preguntó quiénes están detrás de esas peticiones, y sólo dijo “hay que analizarlas”.
Probablemente el gobernador hablaba de Los Ardillos, de los asesinatos de Chacotla y del bloqueo en Petaquillas para pedir la salida del Ejército.
En la misma reunión en Acapulco, el comandante de la Novena Región Militar, general Germán Javier Jiménez, declaró a reporteros que los militares seguirían en el campamento frente Petaquillas, pero éstos se retiraron la madrugada de ese día, como lo pidió el movimiento que bloqueó la ca-rretera.
El 7 de febrero, cuando el bloqueo llevaba casi seis horas, acu-dieron a dialogar con los manifestantes para buscar que se liberara la carretera, el delegado de la Secre-taría de Gobernación, Ramiro Ávila Morales, y el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, José Maldonado. En el diá-logo nocturno, Ávila dijo que fuerzas federales y militares llegaron a Petaquillas por protocolos de seguridad tras los hechos de violencia que han ocurrido en la región, en referencia a los de Chacotla. Por su parte, los que hablaron por parte de los manifestantes defendieron en todo momento a la Policía Rural.
El comisario de Petaquillas, Mario Flores Castrejón, declaró a los reporteros que los militares “anoche anduvieron intimidando a la gente, pero los afectados fueron los policías”. Por su parte, un policía rural dijo que los militares entraron a Petaquillas intimidando a los vecinos para sacarles información sobre los hechos de Chacotla, y en algunos casos los encañonaban.
Al día siguiente del bloqueo, los enviados gubernamentales firmaron el acuerdo con los manifestantes, en el que acceden a sus peticiones. Quedó escrito que la seguridad en Petaquillas estará a cargo de la Policía Rural, y que en operaciones conjuntas con ésta podrán entrar el Ejército y policías federales y estatales.
La huella en Chilapa
En una región contigua, en los municipios de Chilapa, Zitlala y Tixtla, la disputa entre los cárteles de la droga Los Rojos y Los Ardillos dejó 81 personas desaparecidas entre 2014 y 2016 y 120 asesinadas, informó el Centro de Derechos Humanos José María Morelos, que tiene su sede en Chilapa.
En estos últimos tres años, Los Rojos y Los Ardillos, en su disputa por el territorio, han cometido crímenes de extrema crueldad, y decapitado, desmembrado y descuartizado cuerpos que son arrojados a lugares públicos, a veces quemados.
También han ocurrido secues-tros y desapariciones colectivas y masivas, y decenas de cuerpos han sido enterrados en fosas clandestinas que después son localizadas por familiares o por autoridades.
Dentro de esta disputa, según registros periodísticos, la acción más conocida fue la irrupción de hombres armados del cártel de Los Ardillos, acompañados de comisa-rios y campesinos de diversos pue-blos, a la cabecera municipal de Chilapa, y la mantuvieron ocupada del 9 al 13 de mayo de 2015, para exigir la detención del jefe de Los Rojos, Zenén Nava, y durante esos cinco días levantaron y desaparecieron a 16 vecinos, ha dado a conocer el Colectivo Siempre Vivos, de familiares de desaparecidos.
Durante esa incursión de Los Ardillos a Chilapa estuvieron presentes efectivos del Ejército y de la Policía Federal, que no hicieron algo para impedir que se llevaran a los 16 desde entonces desaparecidos, y compartieron las calles de la ciudad, en aparente acompañamiento, como lo muestran las fotografias publicadas en El Sur.
No sabe de Los Ardillos en Petaquillas, dice el alcalde de Chilpancingo y justifica la salida de los militares
El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena declaró que no tiene información de la presencia del grupo delictivo Los Ardillos en la entrada a la ciudad, y justificó el alejamiento de los militares en Petaquillas en que un grupo organizado presionó para que el campamento militar se retirara.
A la 1 de la tarde asistió a la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el edificio Centro en el Palacio de Gobierno, manifestó que el Ejército tiene toda la libertad para moverse por el territorio nacional pero justificó que la salida de los militares de la comunidad de Petaquillas se hizo para evitar un enfrentamiento y pérdidas humanas.
Al alcalde priista se le preguntó de la presencia del grupo criminal Los Ardillos, que según el líder comunitario Salvador Alanís, es el que tiene el control de la entrada a la capital bajo las siglas de la Policía Rural, y respondió, “nosotros lo que tenemos y lo he platicado con el comisario (de Petaquillas, Mario Flores Castrejón) de manera reiterada, hace cuatro días, son las obras de desarrollo comunitario que necesitan”.
Luego de una explicación de los proyectos para la localidad de Petaquillas se le volvió a cuestionar qué información tenía de la presencia del grupo delincuencial, y contestó que “de manera concreta y con documentos que den certeza a ese tipo de información no (tiene)”.
Dijo el crimen organizado es un asunto que “seguramente” ya lo abordaron en el Grupo de Coordinación Guerrero, que él como autoridad carece de información documentada de la presencia de Los Ardillos en el municipio.
Ha logrado la paz en 15 comunidades de Chilapa y Hueycantengo, informa un consejero
En un territorio que se disputan los grupos criminales de Los Ardillos y Los Rojos, 15 pueblos de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) han logrado vivir en paz desde hace dos años, tras la organización que logró la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC), de los Pueblos Fundadores, que se ha declarado independiente de los sistemas comunitarios existentes.
“Aquí se cometían asaltos, violaciones, homicidios, secuestros, pero después de que nos organizamos cesó todo. Ahorita todo está bien, ya no se quejan las comunidades, por eso aunque nos estamos cooperando para dar seguridad, las comunidades están de acuerdo porque están en paz”, dijo el consejero regional de la agrupación comunitaria, Bernardino Sánchez Luna.
La organización que aglutina a 15 comunidades de los municipios de Chilapa y de José Joaquín de Herrera y en la que participan 300 policías comunitarios que se encargan de la seguridad, se deslindó ayer de los otros sistemas comunitarios como la CRAC de la casa matriz de San Luís Acatlán y de las casas de El Paraíso y de Tixtla, y han trabajado por su cuenta en estos pueblos en donde también funciona la Policía autodenominada por la Paz y la Justicia.
–¿No han tenido aquí conflictos con grupos del crimen organizado?, –se le preguntó al consejero, a sabiendas de la pugna que hay entre Los Rojos y Los Ardillos.
–Hasta ahora no, está todo tranquilo.
–¿Tienen coordinación con la Policía Estatal, con la Federal y con el Ejército?, –se le preguntó al consejero.
–Nosotros solamente exigimos respeto al gobierno. No nos coordinamos con ellos. Ellos hacen su chamba y nosotros la nuestra.
–¿En la chamba de ustedes no ha habido amenazas, hostigamiento y obstáculos de las fuerzas estatales y federales?
–Cuando iniciamos (en 2015), sí había intimidaciones, pero ahorita se va calmando todo; de hecho, hay trabajadores aquí en Xicotlán, y el presidente municipal de Chilapa nos pidió que los fuéramos a recoger a la orilla de Chilapa, porque tenía miedo de venir a trabajar aquí por la violencia.
“Con eso, el presidente municipal está reconociendo nuestro trabajo, aunque no nos apoya económicamente, pero nos reconoce el trabajo que hacemos, simplemente se niega a soltarnos el recurso”, dijo.
Este grupo de policías comunitarios se fundó el 27 de agosto de 2014, bajo los auspicios del ex consejero de la CRAC de la casa matriz de San Luís Acatlán, Cirino Plácido Valerio. Sin embargo, a raíz del conflicto que este grupo de comunitarios tuvo con los ciudadanos de San Jerónimo Palantla, se deslindaron de Cirino y formaron un grupo separado que aglutina a las 15 comunidades de municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera.
–¿Ustedes son independientes de otros grupos de la Policía Comunitaria que formó la CRAC?, –se le pidió que precisara.
–Somos independientes, o sea que trabajamos con los pueblos. No nos coordinamos con nadie (de los otros grupos del CRAC) ahorita.
–Cuando ocurre un hecho delictivo, ¿Qué pasa con los detenidos, a dónde se los llevan?
–Los sometemos a reeducación y quienes deciden son los comisarios y los consejeros cuánto tiempo se les va a dar. De hecho, no ha habido detenidos porque hablamos con las comunidades para que se respetara la ley.
“Les pedimos que se evite llegar a la violencia, antes que llegar al sistema de reeducación, por eso ahorita está todo tranquilo”, explicó.
–Desde que se formó este grupo de la Policía Comunitaria, ¿cuántas personas han sido detenidas?
–Cuando iniciamos fueron como 30, porque no entendía la gente y seguía cometiendo delitos. No había grandes delitos, pero se amenazaban, se quitaban sus derechos, pues.
Sin embargo, agregó que posteriormente se firmaron actas en los pueblos en las que los habitantes y las familias se comprometieron a vigilar la actuación de los habitantes, “y ahora ya no tenemos detenidos, ya está todo tranquilo”, reiteró.
–¿Desde que se formó esta Policía Comunitaria, cuáles son los obstáculos que han tenido?
–El problema que tuvimos fue con San Jerónimo Palantla, porque entre ellos mismos tienen pleitos, es un problema interno, quisimos entrar y entonces tuvimos problemas con ellos, por eso ahora nos deslindamos de ellos.
“El problema de San Jerónimo, aunque aprobó la mayoría nuestra presencia, los demás no estuvieron de acuerdo, por eso nos retiramos. Hasta ahorita, no sabemos si hay un grupo delictivo detrás de ellos, pero lo que sabemos es que tienen problemas de terrenos, de agua, de escuelas, y están divididos, el comisario municipal por un lado y el comisariado de bienes comunales por otro”, explicó.
–¿Ustedes ya no tienen injerencia en ese pueblo?, –se le preguntó al consejero.
–Ya no, si se llegaran a integrar tendrán que entregar otra acta en donde aceptan incorporarse a la CRAC, pero no ha llegado ningún documento.
El consejero explicó que con la decisión de retirarse de esa comunidad están respetando los acuerdos que firmaron con el gobierno estatal el 11 y 25 de marzo de 2016, cuando se estableció que la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla liberaría a cuatro detenidos de San Jerónimo Palantla, y éstos se desistirían de las ordenes de aprehensión de más de 60 policías comunitarios.
Pero denunció que la gente de San Jerónimo Palantla no cumplió porque en vez de retirar las órdenes de aprehensión en contra de los comunitarios, presentaron más demandas, apoyados por el Frente de Defensa Popular (FDP).
En 2016 hubo cinco secuestros múltiples en Tierra Caliente y toda una familia desaparecida en Zitlala
De enero a diciembre de 2016 en Guerrero ocurrieron cinco secuestros y una desaparición masivas, según un recuento de la información publicada en El Sur. La región donde ocurrieron más crímenes de este tipo fue Tierra Caliente.
La desaparición múltiple fue la de seis integrantes de una familia de la que no se sabe su paradero desde el 18 de octubre, cuando iban de Zitlala a la cabecera municipal de Chilapa.
El 7 de enero hombres armados irrumpieron a las 6 de la mañana en la comunidad de Quetzalcoatlán de Las Palmas del municipio de Zitlala, ahí ejecutaron a seis personas, entre ellas a un adolescente de 14 años y dejaron a tres heridos, según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.
Ante la disputa del territorio entre los dos grupos de la delincuencia organizada Los Rojos y Los Ardillos han ocurrido hechos de violencia en los municipios de Chilapa y Zitlala, en la parte baja de la región de la Montaña.
Después de los hechos se informó que más de la tercera parte del pueblo se desplazó de su comunidad y se refugió en la cabecera municipal, en el recuento se mencionaron 74 personas entre autoridades comunitarias y 18 niños en edad escolar.
En marzo, a dos meses de que fueron desplazados por el ataque de hombres armados, 12 familias nahuas de Quetzalcoatlán regresaron voluntariamente a sus casas, informó entonces la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
Región Tierra Caliente
Sólo en la región Tierra Caliente ocurrieron cinco secuestros múltiples, entre las víctimas de la violencia están mineros, maestros y grupos de ciudadanos que transitaban en las calles.
El 10 de enero como se informó en este periódico, sicarios asesinaron a dos taxistas y a dos vecinos de Arcelia, entre ellos José Eutimio Tinoco, El Rey de la Tortilla, y secuestraron a 21 hombres, hirieron a otro e incendiaron dos taxis, cuando el numeroso grupo de familias completas se dirigía a una boda que se celebraba en la comunidad El Salitre, del mismo municipio de Arcelia, en la región Tierra Caliente.
Al día siguiente, el lunes 11 de enero unos 30 hombres con armas largas irrumpieron en las instalaciones de la secundaria técnica 114 de la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, y secuestraron a cinco maestros, entre ellos al director.
Al comenzar el viernes 15 de enero los 21 secuestrados en la boda fueron liberados por sus captores y encontrados por policías ministeriales cerca de la comunidad de La Gavia, que es el bastión del grupo criminal Los Tequileros del vecino municipio de San Miguel Totolapan. Hubo una amplia operación de búsqueda desplegada por soldados del Ejército y corporaciones federales y estatales.
Según reportes oficiales, a la 1 de la madrugada los policías ministeriales ubicaron a los 21 hombres en el cerro Las Antenas, cerca de la comunidad La Gavia, y los trasladaron a la agencia del Ministerio Público de Arcelia.
El mismo viernes en la tarde aparecieron en la comunidad de San Francisco, municipio de San Miguel Totolapan, cuatro de los cinco profesores secuestrados en su escuela en Santana del Águila, y se dijo que el director de la secundaria 114, Joaquín Real Toledo fue asesinado a golpes el primer día del secuestro debido a que no pudo caminar porque tenía complicaciones de su salud.
La versión oficial indicó que fueron liberados mediante una acción policiaca en la que no hubo disparos ni detenidos.
El 16 de enero el cuerpo del director fue hallado por militares cerca del cerro del Águila. El cuerpo fue ubicado a las 11 de la mañana, luego de una búsqueda de varias corporaciones. El Ejército siguió el rastro del primer reporte que recibieron de los testigos acerca de la ruta de escape que usaron los secuestradores. El lugar donde fue localizado el profesor se ubica a unos 2 kilómetros de la secundaria.
En septiembre ocho mineros fueron secuestrados en un camino de terracería cuando se dirigían a la mina en una camioneta de la empresa Beneficiadora de Materiales de Temixco, procedentes de la cabecera municipal, Arcelia.
Los mineros lograron escapar de su cautiverio, cuatro huyeron a través de un cerro y regresaron a sus casas, y cuatro cruzaron el río Balsas, uno murió al tratar de pasar.
Ese mes la contadora de la empresa Beneficiadora de Materiales de Temixco, su esposo y de su hijo fueron secuestrados cuando se dirigían a la mina, los criminales liberaron a la pareja y se quedaron con el adolescente de 16 años y un millón de pesos que llevaba la mujer para el pago de la nómina. Ese día hombres armados irrumpieron en las instalaciones de la mina y se llevaron a un ingeniero.
El 17 de septiembre fueron liberados el adolescente hijo de la contadora y el ingeniero. Familiares dijeron a El Sur que fueron dejados libres tras el pago de un rescate cuya cantidad no dieron a conocer.
Debido a la violencia, desapariciones y secuestros, los gobiernos federal y estatal anunciaron nuevas estrategias de seguridad.
En la región de Tierra Caliente se relanzó el “Operativo Tierra Caliente”. El 5 de diciembre de 2015 acudieron el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos a Ciudad Altamirano.
La actividad fue después de que la dirigencia nacional del PRD denunció los intentos de extorsión de la delincuencia organizada contra el alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, quien fue ejecutado el 23 de julio de este año.
La estrategia en Tierra Caliente arrancó formalmente en diciembre de 2014, en el contexto de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, cuando ya era gobernador Rogelio Ortega Martínez, abarcaba 17 municipios de la zona Norte y de la Tierra Caliente. Para el relanzamiento con Astudillo se incrementó la presencia federal con 200 policías que después abandonaron la zona.
En noviembre cerca de 200 vecinos de la comunidad San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso, se levantaron en armas para crear su autodefensa ante el ingreso de hombres armados del grupo criminal Los Tequileros, debido a que el jueves 17 de noviembre hombres armados ingresaron a la comunidad a pie por dos rutas distintas, se llevaron una unidad del transporte público donde subieron a 10 personas, soltaron a tres y por las siete que faltaban pedían 4 millones de pesos.
El 29 de noviembre los otros cautivos fueron liberados. El vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informó que a las 8 de la noche cerca del cerro de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, se encontraron a las personas que manifestaron que estaban en poder de la banda Los Tequileros.
En declaraciones telefónicas indicó que los hombres contaron que luego que fueron liberados caminaron por cañadas y cerros hasta que llegaron cerca de La Gavia, donde encontraron a policías ministeriales que los buscaban y que los trasladaron a sus casas.
Desaparecen seis integrantes de una familia en Zitlala
Desde el 18 de octubre una familia completa se encuentra desaparecida, se desplazaba de Zitlala a la cabecera municipal de Chilapa.
Las víctimas fueron identificadas como Florencia Capistrán Tecolapa de 80 años, Mario García Capistrán de 58, María Feliciano Diego de 48, Félix García Feliciano de 25, Santa García Feliciano de 23 y Marco Antonio García Feliciano de 18. Todos originarios del poblado nahua de Ixcatla, municipio de Zitlala.
En un comunicado el comité de familiares de personas desaparecidas Siempre Vivos de Chilapa explicó que el martes 18 de octubre las víctimas viajaban en una camioneta roja de la marca Nissan, tipo pick up, sobre el camino que conduce a Chilapa, pero nunca llegaron a su destino y el resto de sus familiares comenzó a buscarlos sin encontrarlos.
A 12 días de la desaparición de los seis integrantes de la familia García Feliciano en Zitlala, la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó de manera oficial las investigaciones del caso.
También participó personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) así como de la Codehum y personal del Ejército mexicano.
El presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro informó que la Policía Ministerial del Estado acudió a la comunidad de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, para recabar las declaraciones de las personas que vieron a los integrantes de la familia desaparecida.
El 31 de octubre, policías, militares y el grupo Paz y Justicia de Tlaltempanapa señalado de vínculos con el grupo criminal Los Ardillos, buscaron a la familia desaparecida. El 2 de noviembre familiares de los seis desaparecidos informaron que continuarían la búsqueda con sus propios medios, debido a que no les permitieron participar con el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos en la operación policiaca y militar que se integró para las investigaciones.
A dos meses de la desaparición de seis miembros de la familia García Feliciano de Ixcatla, Zitlala, la Fiscalía mantiene suspendidas las investigaciones y no ha informado los resultados de la búsqueda a los familiares ni al colectivo, informó su presidente José Díaz Navarro.
Legislar para que los soldados hagan labores de seguridad es militarizar al país: Tlachinollan
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra denunció que si se regula la actuación de los soldados en funciones de seguridad pública, “entraremos en un régimen militarizado”.
Reconoció que la ola de violencia en Guerrero y otras entidades del país tiene a la población desesperada, al gobierno, e incluso diputados de izquierda quieren mantener a los militares en labores de investigación y seguridad pública, porque las corporaciones policiacas y los gobiernos municipales están infiltrados por las bandas del narcotráfico.
Mencionó que en Costa Grande la Familia Michoacana, en la zona Centro Los Ardillos y Los Rojos ponen alcaldes y diputados.
En este escenario, dijo que “nadie confía en los policías y piensan que los únicos que pueden salvarlos en esta desesperación son los militares, pero se comete un error”.
Vía telefónica aclaró que el negocio de las drogas no se limita a los policías, están implicados políticos, empresarios que limpian el dinero sucio, y el modelo económico favorece al crimen organizado.
En tanto esa situación prevalezca, “se le estará dando un cheque en blanco a los militares para el autoritarismo, la mano dura, para que se cancelen los derechos fundamentales de los ciudadanos”, advirtió.
Recordó que los instrumentos internacionales dicen que en sociedades democráticas la seguridad pública no puede estar en manos de los ejércitos, pues esa es una tarea de la policía, y la formación de los soldados es eliminar al enemigo, matar.
Así los soldados no caben en la seguridad pública, donde tienen que interactuar con la población civil, aplicar ciertos protocolos en proporción y racionalidad con las leyes, que no observan los militares.
Indicó que la experiencia de golpes en América Latina, los gobiernos militares representan lo más oscuro de la historia: se formaron las dictaduras, hubo miles de desaparecidos, asesinados, encarcelados, principalmente disidentes políticos.
En Guerrero, en la década de 1960 y 70, el Ejército salió a encargase de la seguridad y se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, en la llamada guerra sucia.
De casos recientes señaló el homicidio de Bonfilio Rubio Villegas, transeúnte del servicio público, asesinado por soldados después de una revisión en un retén de Huamuxtitlán en 2009, “porque en el autobús iba una persona con bota militar, eso ocasionó una discusión y después de que el camión se retiró, a menos de 50 metros de distancia los militares descargaron sus armas”.
Como ese, aseguró que hay muchos casos en el país, además de los ataques directos contra grupos de civiles desarmados, como en Tlatlaya en el Estado de México, y del 26 y 27 de septiembre en Iguala contra estudiantes de Ayotzinapa.
Recordó las recomendaciones del relator contra la tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de los Grupos de Trabajo sobre desapariciones forzadas, libertad de expresión, detención arbitraria, desplazamiento forzados que llaman al gobierno de México a cesar la actividad militar en seguridad pública, a capacitar a las fuerzas policiales y regresar a los soldados a su función original. Pero en lugar de que regrese a los cuarteles, ahora piden facultades legales para estar en las calles, contradiciendo la propia constitución, se quejó.
Aclaró que hoy el Ejercito es un gobierno paralelo a los poderes formales en el país, “nadie se imagina a un agente del Ministerio Público llamando a comparecer a los soldados o a un policía obligando a militares a comparecer, o implementar una orden contra alto mando de las fuerzas armadas”.
“Es ahí donde el Ejército fija una posición política, a no ser sometido a una investigación, a no rendir cuentas, es la institución más hermética, no está abierto al escrutinio público, sólo ellos saben lo que pasa en las fueras armadas, carece de controles civiles”, explicó.
A pesar de que hay muchos militares en los mandos de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, opinó que no están exentos de infiltración y cooptación del crimen organizado.
“Aún estamos en un régimen civil, porque es ilegal que un militar entre a una casa a hacer un cateo, a detener a una persona, pero si se aprueba un marco legal los ciudadanos no tendrán forma de defenderse de las arbitrariedades, con facultades legales se va convirtiendo en un régimen militarista”, insistió.
Consideró que los foros a los que llaman diputados locales para discutir una ley que regule la actuación de militares en funciones de seguridad pública, tendría que ser para “arreglar toda esa cloaca en las instituciones, en las policías, qué pasa con los ayuntamientos que se convirtieron en promotores de la droga, precisamente donde la violencia está desbordada”.
Buscan policías, militares y el grupo Paz y Justicia en Tlaltempanapa a la familia desaparecida
Militares, policías ministeriales y estatales entraron este lunes a Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en busca de los seis integrantes de la familia García Feliciano que desaparecieron el 18 de octubre cuando regresaban de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, a Ixcatla, en Zitlala, de donde son originarios.
Tlaltempanapa es una comunidad nahua de unos mil habitantes ubicada a unos 20 minutos al norte de Zitlala, la cabecera municipal, que se encuentra bajo el resguardo de civiles armados del grupo autollamado Paz y Justicia, cuyos integrantes irrumpieron del 9 al 14 de mayo del 2015 a Chilapa, cuando según el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos fueron levantados 16 vecinos en esa cabecera municipal, y a quienes relacionan con el grupo criminal Los Ardillos.
La búsqueda fue acompañada por el asesor de la Secretaría de Gobierno Jorge Miranda Huesca, el visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, y el visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Adelaido Memije.
El grupo de civiles armados que opera en esta comunidad puso como condición para permitir la búsqueda en el pueblo y alrededores, que no asistiera el presidente de la asociación de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro, quien aguardó en Zitlala hasta que terminó la búsqueda, sin resultados.
Marino García Capistrán y su esposa María Feliciano Diego, así como la madre del primero, Florencia Capistrán Tecolapa y los hermanos Félix, Santa y Marco Antonio García Feliciano, hijos de la pareja, desaparecieron el 18 de octubre cuando regresaban de Tlalcozotitlán a su pueblo Ixcatla.
Díaz Navarro ha insistido en que la familia fue levantada en una zona cercana a Tlaltempanapa, y que la deben de tener en un lugar cercano a esta localidad.
Debido a las acusaciones directas las autoridades locales del pueblo se opusieron a que Díaz Navarro formara parte de la búsqueda, en la que sólo participaron el grupo de la Policía Ministerial que se encarga de las investigaciones, la Policía Estatal así como los visitadores de la CNDH y de la Codehum. El equipo fue resguardado por soldados que se desplazaron en seis unidades.
El convoy entró a la comunidad aproximadamente a las 11 de la mañana cuando cientos de vecinos se encontraban concentrados en la cancha techada del centro.
Los responsables de la operación se reunieron en la Comisaría con una comisión de autoridades del pueblo encabezadas por el comisario municipal, Luciano Colotzin Tlalcomatlán y el comandante de la autollamada policía comunitaria, Felipe Dámaso.
El asesor de la Secretaría de Gobierno, Miranda Huesca explicó los motivos de la acción y dijo que era una búsqueda en todos los pueblos para localizar a los seis integrantes de la familia desaparecida.
El comandante del grupo civil armado del pueblo, un joven que siempre mantuvo su supremacía con relación al comisario, que era de mayor edad, dijo a los visitantes que también ellos “están preocupados por estas personas desaparecidas, porque los han ido a culpar a su propio pueblo de su desaparición cuando no es así”, dijo.
Agregó que aquí la policía que se encarga de la seguridad del pueblo, “estamos trabajando bien no para robar ni secuestrar a alguien” y agregó que se organizaron para integrar su propia policía para defenderse de los delincuentes “y porque eran los mismos militares y policías federales los que venían a molestarnos, por aquí en las orillas a cualquiera le daban su chinga”.
Felipe Dámaso ofreció la colaboración de la Policía Comunitaria del pueblo para buscar a los desaparecidos y con el comandante de la Policía Ministerial a cargo de las investigaciones, acordaron las rutas de búsqueda. Primero recorrieron el pueblo y posteriormente se trasladaron a la comunidad de Tezayuca, a unos 5 kilómetros al poniente de Tlatempanapa. Se trata de una localidad fantasma, de casas abandonadas, versiones policiacas señalan que fue un campamento de un grupo del crimen organizado por donde tenían salida a pie para llegar a La Esperanza, municipio de Mártir de Cuilapan.
Posteriormente anduvieron por la carretera que comunica con Tlalcozotitlán hasta el puente de Tlapehualapa, en donde hay un tramo de la carretera accidentado y acudieron para confirmar si la familia desaparecida no tuvo algún percance automovilístico en esa zona. Los miembros de la caravana caminaron por las márgenes de una barranca ante la posibilidad de que la camioneta donde viajaba la familia hubiera volcado.
Al finalizar sin éxito la jornada de búsqueda, el visitador de la CNDH, Hipólito Lugo Cortés declaró que para el organismo nacional es preocupante que se den casos como éste en donde hay toda una familia desaparecida, y agregó que la intervención de la Comisión Nacional obedece a la petición de los familiares y la asociación civil Siempre Vivos de Chilapa.
Dijo que se abriga la esperanza de que los seis integrantes de la familia estén con vida a pesar de que llevan dos semanas desaparecidos.
Agregó que ojalá las instituciones cumplan sus funciones de investigar y localizar a los seis.
Subrayó que existe una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) y una orden girada a la Policía Ministerial, “en este caso corresponde a ellos realizar las investigaciones de manera eficiente, oportuna e imparcial, pero sobre todo con resultados lo más pronto posible, tomando en cuenta que entre más tiempo pase se corre el riesgo de que se atente contra la vida y la integridad de estas personas”.
Mientras tanto el presidente de la asociación Siempre Vivos, Díaz Navarro se mostró insatisfecho porque no se le permitió entrar al pueblo y participar en le búsqueda para proponer los lugares y sitios a los que se debería de dar prioridad.
Insistió en que el grupo civil armado que opera en este pueblo debe saber dónde están los integrantes de la familia que desapareció en este punto de la carretera Tlalcozotitlán-Zitlala, esa tarde del 18 de octubre.
Denunció que cerca de la comunidad de Tlaltempanapa hay un cerro que se llama Tepechpan en donde hay rumores de la existencia de fosas clandestinas, y no descartó que allí se encuentren algunos de los 30 cuerpos de desaparecidos que tiene registrados esa asociación de enero a octubre de este año.
El activista advirtió que de su parte no va a cesar en la búsqueda ni dejar de acompañar a los familiares de los desaparecidos en todas las acciones para encontrar a las seis personas, “tienen que aparecer, no pueden desaparecer así nomás”.
Deja un presunto delincuente muerto y dos policías federales heridos un enfrentamiento en Chilapa
Como resultado de un enfrentamiento entre la Policía Federal y presuntos integrantes del grupo de la delincuencia organizada Los Rojos, un delincuente murió, dos fueron detenidos y dos federale resultaron heridos, reportaron ayer fuentes policiacas.
El enfrentamiento fue reportado a la 1:15 de la tarde de ayer en el barrio de San Juan, cercano al de San José, sólo un día después de que arrancó la Operación Chilapa en la que participan 3 mil 500 militares y 200 miembros de otras corporaciones de seguridad.
De acuerdo con reportes policiacos, los presuntos delincuentes se replegaron en la pozolería El Grano de Oro, ubicada en el Andador 16 Sur.
Según la fuente policiaca, mientras sucedía el enfrentamiento las fuerzas federales tenían rodeado al líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, señalado como responsable de las desapariciones de personas en el municipio, que logró escapar. El fiscal Xavier Olea Peláez dio a conocer que Zenén Nava estaba rodeado por fuerzas federales, en entrevista con el noticiero de Radio Fórmula Atando Cabos.
Según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, policías federales se enfrentaron a balazos con hombres armados que estaban en una pozolería que se halla a cinco cuadras del Centro.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que, tras el enfrentamiento los policías federales solicitaron refuerzos al Ejército, Policía Estatal y Policía Ministerial.
Asimismo, los reportes indican que luego del enfrentamiento la Policía Federal detuvo a dos presuntos delincuentes, a quienes les decomisaron un arma larga y dos pistolas, sin especificar el calibre; tampoco se informó de la identidad de los detenidos.
Dos policías federales resultaron lesionados, lo mismo que un delincuente que, según fuentes de la Policía Ministerial, fue trasladado al Hospital General de Chilapa, pero perdió la vida en el camino.
Soldados del Ejército y policías federales sitiaron la zona, desde la avenida Insurgentes y la calle 7 Oriente, hasta la avenida Municipio Libre y todas las cuadras del barrio de San José y la entrada al barrio de San Juan, donde sucedió la balacera.
De acuerdo con testimonios de vecinos, policías federales y soldados catearon varias casas, y por la tarde aprehendieron a otros dos presuntos integrantes de la célula delictiva, hecho no confirmado por las autoridades.
Un uniformado explicó que se declaró “código rojo” en todo el barrio, es decir zona de riesgo ante la posibilidad de que se registrara un nuevo enfrentamiento derivado de alguna reacción de la delincuencia organizada.
Hasta la noche de ayer, militares mantenían la zona cerrada a la circulación vehicular, mientras que policías federales patrullaban y detenía a automovilistas para revisarlos. Asimismo, en las entradas a la ciudad soldados instalaron filtros de revisión.
Horas después del hecho, y cuando la información circulaba en portales de internet y redes sociales, el gobierno municipal publicó un breve comunicado según el cual, los sucesos son parte de los “firmes resultados” de la Operación Chilapa, “a cargo del Ejército, Fuerzas Federales y Estatales, donde participan 3,500 soldados y 200 policías”.
A los vecinos que intentaban ingresar al barrio y que decían vivir en esa zona, los uniformados les explicaban que no podían impedirles el paso, pero su ingreso era “bajo su propio riesgo”.
Todos los negocios que rodean el barrio estaban cerrados y muy pocas personas caminaban en las calles, se trataba de quienes intentaban llegar a sus domicilios que se encuentran justamente en esa zona.
“La neta, carnal, yo sí escuché y vi muchas cosas, pero no te voy a decir nada porque no quiero que me pase algo malo, me vayan a matar”, expresó un comerciante que cuando vio la llegada de este reporteros de inmediato cerró su negocio.
Pese a que en el barrio de San José había una intensa movilización de las diferentes corporaciones de seguridad y que las calles estaban prácticamente vacías, en el centro de Chilapa todo trascurría con normalidad, pues los negocios estaban abiertos, había afluencia de vehículos particulares y del transporte público, y los vendedores ambulantes se mantenían en el Zócalo ofertando sus productos.
Ayer, hasta las 9:30 de la noche ni el gobierno del estado, ni la Fiscalía General habían fijado una postura sobre lo acontecido en este municipio, tampoco se informó la identidad de los detenidos ni del presunto delincuente que perdió la vida.
En Chilapa, la organización Siempre Vivos tiene un registro de 57 personas desaparecidas entre 2014 y 2015, de las cuales, 16 ocurrieron del 9 al 14 de mayo del año pasado cuando unos 300 comisarios y civiles armados de comunidades del sur del municipio tomaron las calles de Chilapa para exigir que las autoridades detuvieran a Zenén Nava.
En el municipio también han ocurrido constantes ejecuciones que, de acuerdo con las autoridades, son el resultado de la disputa de la plaza entre Los Rojos y el grupo criminal Los Ardillos.
Dos días antes de esta balacera, y en la víspera del despliegue militar contra la delincuencia fue aprehendido Yovani Anastasio Parra El Chivo, identificado por autoridades federales como segundo al mando en la organización delictiva Los Rojos.