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Detengan los crímenes en Chilapa, exige el obispo a gobierno y narcos

Detengan los crímenes en Chilapa, vuelve a exigir el obispo Rangel a gobierno y crimen organizado

El representante católico pide a las fuerzas de seguridad custodiar las escuelas para que se reanuden las clases, a más de un mes de estar suspendidas, y que la gente pierda el miedo y no se deje llevar por rumores

Luis Daniel Nava

Chilapa

El obispo Salvador Rangel Mendoza volvió a exigir a todas las autoridades y al crimen organizado detener los asesinatos en Chilapa.
Pidió a las fuerzas de seguridad custodiar las escuelas para que se reanuden las clases, a más de un mes de estar suspendidas, y que la gente pierda el miedo y no se deje llevar por rumores.
Recriminó a los políticos “chapulines” que ya quieren saltar de un cargo a otro o de partido, y pidió a la ciudadanía buscar a políticos que realmente la apoyen, que no sólo velen para engordar su patrimonio.
Consultado al término de su misa dominical en la catedral de esta ciudad, el obispo Salvador Rangel, de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, lamentó que se sigan cometiendo homicidios en el municipio e insistió en pedir una tregua y diálogo.
“Una vez más la exhortación a todas las autoridades y a las personas que están cometiendo los asesinatos, a que ya hagan un alto, debemos de respetar la vida, valorarla. Es penoso que sucedan estas cosas, ciertamente tendrán un origen, pero valdría la pena a que nos sentáramos a platicar, a dialogar, a ver la forma de cómo parar estos asesinatos”.
Acerca del cierre de escuelas de todos los niveles educativos, en al menos siete municipios que conforman la región educativa Montaña baja, el prelado respondió:
“No estoy de acuerdo para nada en que estén cerrando las escuelas, es un derecho constitucional el que tenemos de instruir a los hijos, niños, jóvenes. Realmente es una pena que estén cerradas las escuelas”.
“Es una vergüenza para toda esta gente de Chilapa, incluso para las autoridades, permitir que las escuelas estén cerradas, yo que sepa en ningún municipio de México están cerradas las escuelas, no sé si sea una orden estatal, una orden nacional. Dios quiera que se abran las escuelas este lunes”.
Invitó a las fuerzas de seguridad a cuidar las escuelas para que pudieran reanudar labores y que la gente no se deje llevar por rumores.
“Tenemos tanta gente custodiando Chilapa, desde el Ejército, Policía Federal, estatal y municipal, se pueden poner todos de acuerdo en cuidar las escuelas y así hacer un acto valiente para abrirlas, porque muchas veces son rumores, puros rumores que van atacar las escuelas y la gente se deja llevar por los rumores”.
“Aquí es donde debemos perder el miedo y que se empodere la ciudadanía. Es un derecho constitucional, la educación, y nadie no lo puede quitar”.
Sobre el enfrentamiento la tarde del sábado entre civiles armados y la Policía Estatal cerca del campo de aviación de la capital del estado, el obispo dijo que la seguridad pública está fallando en todo la entidad.
“Como ya he dicho, debemos ver porqué se originan estos enfrentamientos. Uniéndonos, toda la ciudadanía, podemos dar cierta solución a estos problemas”.
Sobre la actividad y el proselitismo de funcionarios, políticos y partidos con miras a la elección de 2018, el obispo Salvador Rangel opinó:
“Los famosos chapulines que brincan de un puesto a otro. Yo no estoy de acuerdo con los chapulines, sobre todo los que cambian de partido, de camiseta. Pero lo que yo le diría a la ciudadanía es que elijamos a esas personas que nos puedan apoyar. Nos estamos quejando de la inseguridad, de la falta de oportunidades y es cosa de buscar esos políticos que realmente nos apoyen, que no sólo velen por sus propios intereses o engorden su patrimonio”, finalizó.

Nuevas amenazas del crimen organizado a maestros de la Montaña Baja impiden el regreso a las escuelas

En redes sociales les dicen que no se presenten a laborar y advierten, “no queremos lastimarlos y no nos están dejando alternativas”. Los maestros proponen por Whatsapp no regresar a clases. En Chilapa y otros seis municipios  663 escuelas con 62 mil 300 alumnos y 3 mil 400 maestros y personal de apoyo están cerradas desde el 19 de septiembre

Zacarías Cervantes y Luis Daniel Nava

Chilpancingo y Chilapa

Mientras que la Secretaría de Educación (SEG), envió un oficio a los maestros de la región Montaña Baja para que se presenten a trabajar a partir de hoy lunes, ayer circularon nuevas amenazas del crimen organizado en contra de los maestros a través de las redes sociales, para que no se presenten a laborar, “no queremos lastimarlos y no nos están dejando alternativas”, dice la advertencia.
Los maestros circularon un aviso en grupos de Whatsapp, en el que proponen no ir a sus labores, “estamos conscientes que los padres de familia y los niños quieren que haya clases, pero no depende de nosotros, depende del gobierno estatal y federal (son los responsables), no los maestros”, dicen.
La Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) envió el 28 de octubre el oficio 1.0.1/2017/2808, al sector educativo de la región Montaña Baja en el que notifica que la “suspensión temporal de clases” que se autorizó para la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas, tras el sismo del 19 de septiembre, se termina el próximo 6 de noviembre, que es mañana.
El oficio firmado por el director general de la Unidad, José Abraham Godínez Maldonado, establece que los trabajos de revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas ubicadas en dicha región “lleva un avance significativo y que en fechas próximas estaremos en posibilidades de concluir”.
El funcionario notificó a los maestros que “con la finalidad de continuar garantizando la seguridad e integridad de quienes conforman nuestro sector en las instituciones y centros de trabajo que aún no han sido visitados, se hace de su conocimiento que se extiende la suspensión temporal de clases hasta el 6 de noviembre, por lo que durante estos días (del 28 de octubre al 6 de noviembre) quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas en el supuesto ya mencionado”.
Sin embargo, a unas horas del retorno a clases, un grupo de la delincuencia organizada lanzó este domingo una nueva amenaza en contra de los maestros, que intimidó a los maestros de esa región.
La amenaza, transcrita textual y con las faltas de ortografía es la siguiente: “Aver maestritos pendejos como van a entender que nada de claces en chilapa no sean pendejos no queremos lastimarlos y no estan dejando alternativas. Bola de pendejos entenderan hasta que la mera reata les de una violada a las maestritas sabrosas del quinderr. I a ustedes maestros pendejos igos de su puta madre esten en su funeral no clases em todo chilapa y zus aleededores entiendan”
Algunos de estos mensajes se difundieron junto con fotografías de los cuerpos encontrados la mañana de este domingo en Chilapa en bolsas negras, con el siguiente pie de foto: “Los restos descuartizados de un número aún no determinado de personas, fueron hallados dentro de 8 bolsas de plástico, a las que también les prendieron fuego a un costado de la carretera Chilapa-Acatzacatla, a la altura del punto conocido como Las Pilas.
Luego de la nueva amenaza, algunos maestros de la región, mediante mensajes a través de sus grupos de Whatsapp, analizaron la posibilidad de no regresar a sus centros de trabajo este lunes.
El aviso de los profesores, establece: “Ante la situación que vivimos, es necesario esperar la notificación oficial por la SEG (sobre la reanudación de labores); no es un asunto que depende de nosotros, es un asunto estatal y federal. La notificación debe llegar por la vía debida, por el delegado regional, inspectores y supervisores escolares”.
Sigue: “Varios quieren regresar a las escuelas y es correcto, pero debe ser oficialmente y todos, no de manera aislada e individualizada. Así mismo, estamos conscientes que los padres de familia y los niños quieren que haya clases, pero no depende de nosotros, depende del gobierno estatal y federal (son los responsables) no los maestros”.
El texto concluye: “El rezago académico, el atraso de las estadísticas y evaluaciones es responsabilidad de las autoridades educativas superiores y del gobierno estatal y federal”.
Organismos como el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, han aclarado que la SEG sigue utilizando la justificación de que las clases se encuentran suspendidas para revisar las escuelas por los daños ocasionados por el sismo, pero que en realidad los maestros no han regresado a clases desde el 19 de septiembre por el temor a la violencia y a las amenazas del crimen organizado en esa región que se disputan los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos.
En las escuelas de todos los niveles de la región Montaña Baja continúa la incertidumbre sobre el regreso a clases mañana martes 7.
Maestros y representantes sindicales consultados dijeron que aún hay miedo e incertidumbre de viajar hacia Chilapa, en el caso de los profesores originarios de los municipios de Acapulco, Chilpancingo o Tixtla.
Las mismas fuentes informaron que han manifestado esta preocupación al delegado de Servicios Educativos de La Montaña Baja, Jerónimo Maurilio Morales, quien les habría contestado que no deberían de arriesgar su integridad física y que en caso de que algún supervisor, jefe de sector, director o docente quiera laborar, la Delegación Regional de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) se deslinda de lo que pudiera suceder.
En la ciudad de Chilapa, hasta el viernes pasado los colegios privados Carrillo Cárdenas y el Plancartino Morelos tomaron el acuerdo de reanudar clases este martes 7 de noviembre, en una postura similar se encuentra la preparatoria por cooperación José Vasconcelos y el plantel de la Universidad Tecnológica.
Las escuelas restantes de todos los niveles en la ciudad y la mayoría de las de la región, integrada de siete municipios, no han informado de su regreso a clases y su último informe a los padres de familia es reanudar “hasta nuevo aviso”.
Sólo en la ciudad de Chilapa hay  50 planteles con 10 mil 100 alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria; mientras que en toda la región en el mismo nivel básico hay un total 663 escuelas con más de 62 mil 300 alumnos atendidos por 3 mil 400 maestros y personal de apoyo.
En la región sólo laboran con normalidad los planteles del Colegio de Bachilleres ubicados en Zitlala y Atlixtac.

Daña a toda la población la disputa criminal en Chilapa, con escuelas cerradas y el transporte interrumpido

Los maestros se niegan a reanudar labores ante la inseguridad y amenazas, y los padres no quieren enviar a sus hijos a estudiar, afirma el presidente del Colectivo Siempre Vivos, José Díaz. El líder de Los Ardillos, Celso Ortega tiene bajo su total dominio el municipio, y su hermano el político perredista Bernardo protege a su familia, señala. Hay más de 600 planteles educativos cerrados en la región, dice el Centro Morelos. El servicio de camionetas de pasajeros a Chilpancingo se suspendió totalmente en septiembre y octubre, tras el asesinato de choferes, y no se ha regularizado

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La imparable violencia por la disputa del territorio entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos afecta directamente ya a toda la población de Chilapa, donde no hay actividades escolares y se ha interrumpido el servicio de transporte público.
Ante la inseguridad y amenazas del crimen organizado a maestros, se mantienen cerradas las escuelas desde hace seis semanas en los municipios de Chilapa, Ahuacuotzingo y Zitlala, mientras que el servicio de camionetas en la ruta Chilapa-Chilpancingo se interrumpió en septiembre y octubre tras una ola de asesinatos de choferes, y no se ha normalizado.
En este contexto de violencia la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) envió un enésimo oficio, el 1.0.1/2017/2808, de fecha 28 de octubre, a los maestros de la región Montaña Baja en el que les notifica que la “suspensión temporal de clases” que se autorizó para la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas se termina el próximo lunes 6 de noviembre.
Sin embargo, el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, aseguró que la suspensión de clases que lleva ya seis semanas no es por la “revisión de las condiciones estructurales” de las escuelas, sino porque los maestros se niegan a ir a sus centros de trabajo ante el riesgo de violencia, e igual los padres de familia no quieren enviar a sus hijos.
Díaz Navarro, quien es maestro jubilado, dijo que debido a la violencia no hay condiciones para que los maestros regresen a sus centros de trabajo el próximo lunes.

Por su parte, el vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, en declaraciones publicadas ayer en este diario dijo que no existe una operación de seguridad específica  para atender la demanda de profesores que suspendieron clases en Chilapa. Sin embargo, consideró posible que este lunes se reanuden las labores en los planteles educativos.
“Estoy convencido de que existen acciones por pare de la SEG que buscan generar las condiciones de seguridad para que las escuelas puedan abrir  este próximo lunes”, indicó.
El oficio dirigido al “sector educativo de la región Montaña Baja”, firmado por el director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez Maldonado, establece que los trabajos de revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas de esa región “lleva un avance significativo, y que en fechas próximas estaremos en posibilidades de concluir”.
Con fecha del 28 de octubre el funcionario notificó a los maestros de esa región que, “con la finalidad de continuar garantizando la seguridad e integridad de quienes conforman nuestro sector en las instituciones y centros de trabajo que aún no han sido visitados, se hace de su conocimiento que se extiende la suspensión temporal de clases hasta el 6 de noviembre, por lo que durante estos días quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas en el supuesto ya mencionado”.
Antes de este documento la autoridad de la SEG había enviado otros tres oficios en los que ha prorrogado la normalización de las clases en esos tres municipios. En ellos se ha esgrimido la misma causa: la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas.
Pero Díaz Navarro dijo que el problema por el que las escuelas están cerradas desde hace seis semanas no es el sismo, “definitivamente el problema es por la inseguridad pero están agarrando como excusa que es por el sismo”, afirmó el maestro jubilado.
Aseguró que las escuelas de esta zona de la Montaña Baja quedaron “totalmente a salvo” de los daños del sismo, y denunció que “aquí lo que está presente es la mano de la delincuencia, son las amenazas a los maestros, a la sociedad, a todo Chilapa”.
El presidente del Colectivo Siempre Vivos señaló concretamente que quien “está metiendo la mano es (el líder del grupo criminal Los Ardillos) Celso Ortega Jiménez, quien está amenazando y ya tiene bajo su total dominio a todo el municipio de Chilapa, es él el que está metiendo las manos para adueñarse del transporte y ahora se está adueñando hasta de las vidas de los habitantes del municipio de Chilapa, de las escuelas, y no hay quien lo pare, y aquí hay complicidad de (su hermano el político perredista) Bernardo Ortega Jiménez quien está protegiendo a su familia”.
Los municipios de la Montaña Baja se vieron afectados por la violencia desde el 15 de septiembre cuando los sitios de transporte público de las empresas Morelos y Transportes de la Montaña, que cubren la ruta Chilapa-Chilpancingo, suspendieron temporalmente su servicio debido a la violencia que azota al municipio.
Los choferes de las Urvan se negaron a prestar el servicio luego de que la tarde del día anterior cerca de la comunidad del Ahuejote, municipio de Tixtla, un chofer del sitio Morelos fue asesinado por hombres armados. Antes, el 1º de septiembre, tres choferes de ambas empresas fueron ejecutados en la comunidad de Zoquiapa, municipio de Tixtla. Desde entonces continúan las ejecuciones de los transportistas y el servicio no se ha regularizado.
Mientras tanto, las escuelas comenzaron a cerrar a partir de los primeros días de octubre, cuando varias camionetas con hombres armados comenzaron a recorrer las calles de Chilapa y de comunidades vecinas. La situación se agravó el 12 de octubre. Desde la mañana los vecinos de las áreas del centro de la cabecera municipal reportaron a hombres armados, encapuchados y a bordo de camionetas que circulaban por varias calles, lo que provocó el pánico que vació la plaza cívica y obligó a la suspensión de clases.
En la tarde el gobierno estatal por medio de su vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia aclaró que recorrió la cabecera municipal personal de seguridad.
Sin embargo las amenazas de un grupo del crimen organizado a los maestros para que suspendieran clases continuaron y entonces la SEG, a través del director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez Maldonado, comenzó a enviar oficios al personal de las escuelas de la Montaña Baja autorizando la “suspensión temporal” y anunciando que “quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas”. Las prórrogas a esta suspensión se han dado en tres ocasiones y la última fue mediante oficio del 28 de octubre ampliando la suspensión de clases hasta este próximo 6 de noviembre.
La zozobra de los maestros, choferes y vecinos de estos tres municipios es justificada. En los últimos dos años han estado sometidos a una violencia que no cesa, como consecuencia de la guerra entre dos grupos del crimen organizado que se disputan el territorio. Los tres niveles de gobierno han reconocido que estos grupos son Los Ardillos y Los Rojos.

Ejecutados por la narcoviolencia

La guerra entre estos dos grupos, según un recuento del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, dejó desde 2016 a septiembre de 2017, 282 víctimas sólo en Chilapa, de las cuales 22 fueron mujeres.
El registro de hechos violentos en este año son, en enero 15 ejecutados y dos desmembrados, en febrero 14 ejecutados y un desmembrado. Mientras tanto en marzo la criminalidad aumentó considerablemente y el organismo registró 15 ejecutados, dos desmembrados, 12 calcinados y un decapitado. En abril 13 ejecutados, dos desmembrados y dos decapitados, en mayo cinco ejecutados, cuatro desmembrados, tres calcinados, 15 decapitados y un herido.
En junio se contabilizaron 24 ejecutados, un decapitado, un lapidado y dos heridos, en julio 15 ejecutados, cinco desmembrados, tres decapitados y ocho heridos. En agosto seis ejecutados, tres desmembrados, un ahorcado, un decapitado y se halló una cabeza, en septiembre ocho ejecutados, un herido y el hallazgo de bolsas con restos humanos y no se confirmó a cuantos cadáveres correspondieron estos restos.
Mientras tanto el recuento desde el 2016 es de ocho secuestrados, 26 heridos, 41 desaparecidos y 205 asesinados, de los cuales 23 fueron decapitados, 68 ejecutados con arma de fuego, seis calcinados, 16 desmembrados, y 33 murieron en enfrentamientos.
Asimismo se hallaron cuatro osamentas y 56 restos de cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas.
Además de la cabecera municipal, las acciones violentas se han presentado en Acalco, Acatlán, Acazacatla, Ahuihuiyuco, Ajacayán, Atzacoaloya, Ayahualco, Corral de Piedra, El Limón, El Paraíso, Lodo Grande, Los Magueyes, Nejapa, Tepehuizco, Tetitlán de la Lima, Tlalxingan, Xochimilco y Zizicazapa,
Mientras tanto un recuento de El Sur publicado en la edición del 2 de noviembre, destaca que de las 194 personas asesinadas en Guerrero en el mes de octubre ocurrieron en Chilapa 25 de ellas, cifra solamente superada por Acapulco en donde ocurrieron 71 asesinatos y en Zitlala fueron cinco.
Para el Centro Morelos las estrategias de las autoridades responsables de garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad, en esta zona son rezagadas, “y sólo abonan a la simulación, pues a pesar de que se encuentran repletos de policías estatales, y militares, la criminalidad se incrementa. Todos los días hay cuerpos trasladados al Servicio Médico Forense asesinados”, dijo en un diagnóstico de la violencia en la zona.
“Chilapa se distingue por ser uno de los municipios más militarizados y con el mayor número de policías, pero también con el mayor índice de criminalidad, actualmente, a nueve meses del presente año hay alrededor de 220 asesinados y más de 100 desaparecidos que no se explican si no se toma en cuenta la corrupción y complicidad de gobernantes y autoridades de los tres niveles con los diferentes grupos que se disputan el control del territorio”, dijo en su escrito el organismo.
Destacó que para nadie es un secreto la crisis que se ha vivido en el sector del transporte público, el cual después de sufrir el asesinato de varios choferes y el incendio de diversas unidades, han suspendido por varios días y en distintos momentos el servicio, ocasionando graves daños económicos para las familias de los usuarios como de los choferes”.
Añadió que algo más grave aún, es que el accionar de los grupos de la delincuencia organizada “han provocado por medio de amenazas que más de 600 planteles educativos de la Montaña Baja se encuentran cerrados desde el 20 de septiembre (un día después del sismo) y que alrededor de 60 mil estudiantes no hayan tenido clases”.
El organismo subrayó que la SEG sigue manejando la “justificación ya absurda” del sismo del 19 de septiembre “insultando con ello la inteligencia de la ciudadanía”.

Dejan siete cuerpos desmembrados en ocho bolsas quemadas en la periferia de Chilapa

En la Costa Grande, ejecutan a dos hombres maniatados en Atoyac y en La Unión
Luis Blancas y Francisco Magaña

Chilpancingo y Atoyac

Los cuerpos de siete hombres desmembrados fueron hallados la mañana de ayer en ocho bolsas de plástico negras quemadas en la colonia Las Margaritas, en la periferia de la cabecera municipal de Chilapa. Por otra parte, en la Costa Grande, un hombre de 55 años fue ejecutado a balazos en La Unión y un joven de 28 en los límites del municipio de Atoyac y San Jerónimo.
En el caso de Chilapa, en un primer momento fuentes de la Fiscalía General del Estado  (FGE) informaron que probablemente fueran cinco los cuerpos en las ocho bolsas pero no habían confirmado esta información. Después, a las 3:15 de la tarde las fuentes dijeron que los restos humanos hallados en las bolsas de plástico eran de ocho hombres. Finalmente, minutos antes de las  5 de la tarde rectificaron y aclararon que se trataba de siete personas.
En lo que va del año en Chilapa suman 205 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de la información publicada en El Sur.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 9:18 de la mañana recibieron un reporte sobre el hallazgo de restos humanos en bolsas negras en la carretera Chilapa-Acazacatla.
Al lugar acudieron policías que hallaron en la calle 11 Oriente de la colonia Las Margaritas, ubicada en la salida hacia Acazacatla, restos humanos desmembrados en ocho bolsas de plástico, a las que los agresores les prendieron fuego.
En la orilla de la carretera de terracería se observaron ocho bolsas de plástico negras con restos humanos que se estaban quemando, en algunas bolsas que estaba rotas se veían las piernas y brazos de la víctimas.
Policías municipales, estatales y ministeriales acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes.
Los restos de los siete hombres desmembrados sin identificar fueron trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para realizar las pruebas de ADN para su identificación.
A pesar de los planes operativos de seguridad anunciados por el gobierno del estado para bajar los índices de violencia en Chilapa, éstos continúan debido a la disputa del territorio entre grupos de la delincuencia organizada.
El viernes, un comerciante de 19 años fue ejecutado a balazos frente a una vulcanizadora en el bulevar Eucaria Apreza, en la colonia La Joya de Chilapa.
El miércoles una taxista y un hombre fueron ejecutados a balazos en distintos hechos de violencia en este municipio.
Hace nueve días, los cuerpos de dos hombres calcinadas fueron encontrados en la cajuela de un vehículo incendiado en el camino de terracería cerca de la comunidad de Acazacatla en Chilapa.
El 20 de octubre, un hombre murió al recibir atención médica en el hospital general de Chilapa, luego de ser atacado a balazos en la colonia Centro en Chilapa.
El 19 de ese mes el cuerpo de un hombre calcinado fue encontrado adentro de un vehículo incendiado en el camino que conduce a Acazacatla, a unos 15 minutos de Chilapa.
El 14 de octubre fue torturado y ejecutado el dirigente social y ex presidente estatal del PRD, y miembro del Movimiento Pro AMLO, Ranferi Hernández Acevedo, y fue hallado dentro de su camioneta quemada junto a su esposa, su suegra y su chofer.
El 6 de octubre, un estudiante de la preparatoria 26 de la Universidad Autónoma de Guerrero  (UAG), decapitado fue encontrado en la calle 10 Poniente en la colonia Progreso en Chilapa.

Un cuerpo tirado en una carretera  en La Unión

El cuerpo de un hombre de unos 55 años de edad, ejecutado a balazos, atado de manos y vendado de los ojos, fue encontrado en la carretera que se dirige a la comunidad de Feliciano, en el municipio de La Unión.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 9:30 de la mañana recibieron el reporte de que había una persona asesinada cerca de esta comunidad.
El cuerpo de la víctima estaba tendido boca arriba y en la orilla de la carretera, vestía pantalón de mezclilla azul, playera gris y tenis negros. Las fuentes informaron que tenía dos impactos de bala en la tetilla izquierda y en la cabeza.
Cerca de la comunidad Feliciano llegaron policías municipales, estatales y militares quienes acordonaron la zona  y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes.
El hombre fue trasladado a una funeraria habilitada como Servicio Médico Forense en Zihuatanejo, para su posible identificación.

Asesinan a un joven maniatado, en los límites de Atoyac y San Jerónimo.

?Un joven de unos 28 años de edad fue hallado asesinado a balazos y con las manos atadas con cuerda de plástico en la zona baja del municipio de Atoyac, cerca de los límites con Benito Juárez (San Jerónimo).
Fuentes de seguridad pública informaron que huerteros y vecinos reportaron a las autoridades el hallazgo a las 8 de la mañana de este domingo.
La víctima fue encontrada en un basurero en la carretera que comunica la comunidad de Corral Falso con San Jerónimo.
Vestía pantalón azul marino, playera gris y tenis azul con gris.
Tenía disparos de arma de fuego en espalda, cuello y cabeza. Se desconoce calibre pues no se encontraron casquillos en el lugar de los hechos.
Se localizó una credencial emitida por el Consejo Estatal del Mango como productor a nombre de Jesús Ortiz N originario de Papanoa municipio de Tecpan.
El cuerpo fue llevado a la funeraria Sarabia en Atoyac para la necropsia de ley y para que sea reclamado por sus parientes.

Daña a toda la población la disputa criminal en Chilapa, con escuelas cerradas y el transporte interrumpido


La imparable violencia por la disputa del territorio entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos afecta directamente ya a toda la población de Chilapa, donde no hay actividades escolares y se ha interrumpido el servicio de transporte público.
Ante la inseguridad y amenazas del crimen organizado a maestros, se mantienen cerradas las escuelas desde hace seis semanas en los municipios de Chilapa, Ahuacuotzingo y Zitlala, mientras que el servicio de camionetas en la ruta Chilapa-Chilpancingo se interrumpió en septiembre y octubre tras una ola de asesinatos de choferes, y no se ha normalizado.
En este contexto de violencia la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) envió un enésimo oficio, el 1.0.1/2017/2808, de fecha 28 de octubre, a los maestros de la región Montaña Baja en el que les notifica que la “suspensión temporal de clases” que se autorizó para la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas se termina el próximo lunes 6 de noviembre.
Sin embargo, el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, aseguró que la suspensión de clases que lleva ya seis semanas no es por la “revisión de las condiciones estructurales” de las escuelas, sino porque los maestros se niegan a ir a sus centros de trabajo ante el riesgo de violencia, e igual los padres de familia no quieren enviar a sus hijos.
Díaz Navarro, quien es maestro jubilado, dijo que debido a la violencia no hay condiciones para que los maestros regresen a sus centros de trabajo el próximo lunes.

Por su parte, el vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, en declaraciones publicadas ayer en este diario dijo que no existe una operación de seguridad específica  para atender la demanda de profesores que suspendieron clases en Chilapa. Sin embargo, consideró posible que este lunes se reanuden las labores en los planteles educativos.
“Estoy convencido de que existen acciones por pare de la SEG que buscan generar las condiciones de seguridad para que las escuelas puedan abrir  este próximo lunes”, indicó.
El oficio dirigido al “sector educativo de la región Montaña Baja”, firmado por el director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez Maldonado, establece que los trabajos de revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas de esa región “lleva un avance significativo, y que en fechas próximas estaremos en posibilidades de concluir”.
Con fecha del 28 de octubre el funcionario notificó a los maestros de esa región que, “con la finalidad de continuar garantizando la seguridad e integridad de quienes conforman nuestro sector en las instituciones y centros de trabajo que aún no han sido visitados, se hace de su conocimiento que se extiende la suspensión temporal de clases hasta el 6 de noviembre, por lo que durante estos días quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas en el supuesto ya mencionado”.
Antes de este documento la autoridad de la SEG había enviado otros tres oficios en los que ha prorrogado la normalización de las clases en esos tres municipios. En ellos se ha esgrimido la misma causa: la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas.
Pero Díaz Navarro dijo que el problema por el que las escuelas están cerradas desde hace seis semanas no es el sismo, “definitivamente el problema es por la inseguridad pero están agarrando como excusa que es por el sismo”, afirmó el maestro jubilado.
Aseguró que las escuelas de esta zona de la Montaña Baja quedaron “totalmente a salvo” de los daños del sismo, y denunció que “aquí lo que está presente es la mano de la delincuencia, son las amenazas a los maestros, a la sociedad, a todo Chilapa”.
El presidente del Colectivo Siempre Vivos señaló concretamente que quien “está metiendo la mano es (el líder del grupo criminal Los Ardillos) Celso Ortega Jiménez, quien está amenazando y ya tiene bajo su total dominio a todo el municipio de Chilapa, es él el que está metiendo las manos para adueñarse del transporte y ahora se está adueñando hasta de las vidas de los habitantes del municipio de Chilapa, de las escuelas, y no hay quien lo pare, y aquí hay complicidad de (su hermano el político perredista) Bernardo Ortega Jiménez quien está protegiendo a su familia”.
Los municipios de la Montaña Baja se vieron afectados por la violencia desde el 15 de septiembre cuando los sitios de transporte público de las empresas Morelos y Transportes de la Montaña, que cubren la ruta Chilapa-Chilpancingo, suspendieron temporalmente su servicio debido a la violencia que azota al municipio.
Los choferes de las Urvan se negaron a prestar el servicio luego de que la tarde del día anterior cerca de la comunidad del Ahuejote, municipio de Tixtla, un chofer del sitio Morelos fue asesinado por hombres armados. Antes, el 1º de septiembre, tres choferes de ambas empresas fueron ejecutados en la comunidad de Zoquiapa, municipio de Tixtla. Desde entonces continúan las ejecuciones de los transportistas y el servicio no se ha regularizado.
Mientras tanto, las escuelas comenzaron a cerrar a partir de los primeros días de octubre, cuando varias camionetas con hombres armados comenzaron a recorrer las calles de Chilapa y de comunidades vecinas. La situación se agravó el 12 de octubre. Desde la mañana los vecinos de las áreas del centro de la cabecera municipal reportaron a hombres armados, encapuchados y a bordo de camionetas que circulaban por varias calles, lo que provocó el pánico que vació la plaza cívica y obligó a la suspensión de clases.
En la tarde el gobierno estatal por medio de su vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia aclaró que recorrió la cabecera municipal personal de seguridad.
Sin embargo las amenazas de un grupo del crimen organizado a los maestros para que suspendieran clases continuaron y entonces la SEG, a través del director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez Maldonado, comenzó a enviar oficios al personal de las escuelas de la Montaña Baja autorizando la “suspensión temporal” y anunciando que “quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas”. Las prórrogas a esta suspensión se han dado en tres ocasiones y la última fue mediante oficio del 28 de octubre ampliando la suspensión de clases hasta este próximo 6 de noviembre.
La zozobra de los maestros, choferes y vecinos de estos tres municipios es justificada. En los últimos dos años han estado sometidos a una violencia que no cesa, como consecuencia de la guerra entre dos grupos del crimen organizado que se disputan el territorio. Los tres niveles de gobierno han reconocido que estos grupos son Los Ardillos y Los Rojos.

Ejecutados por la narcoviolencia

La guerra entre estos dos grupos, según un recuento del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, dejó desde 2016 a septiembre de 2017, 282 víctimas sólo en Chilapa, de las cuales 22 fueron mujeres.
El registro de hechos violentos en este año son, en enero 15 ejecutados y dos desmembrados, en febrero 14 ejecutados y un desmembrado. Mientras tanto en marzo la criminalidad aumentó considerablemente y el organismo registró 15 ejecutados, dos desmembrados, 12 calcinados y un decapitado. En abril 13 ejecutados, dos desmembrados y dos decapitados, en mayo cinco ejecutados, cuatro desmembrados, tres calcinados, 15 decapitados y un herido.
En junio se contabilizaron 24 ejecutados, un decapitado, un lapidado y dos heridos, en julio 15 ejecutados, cinco desmembrados, tres decapitados y ocho heridos. En agosto seis ejecutados, tres desmembrados, un ahorcado, un decapitado y se halló una cabeza, en septiembre ocho ejecutados, un herido y el hallazgo de bolsas con restos humanos y no se confirmó a cuantos cadáveres correspondieron estos restos.
Mientras tanto el recuento desde el 2016 es de ocho secuestrados, 26 heridos, 41 desaparecidos y 205 asesinados, de los cuales 23 fueron decapitados, 68 ejecutados con arma de fuego, seis calcinados, 16 desmembrados, y 33 murieron en enfrentamientos.
Asimismo se hallaron cuatro osamentas y 56 restos de cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas.
Además de la cabecera municipal, las acciones violentas se han presentado en Acalco, Acatlán, Acazacatla, Ahuihuiyuco, Ajacayán, Atzacoaloya, Ayahualco, Corral de Piedra, El Limón, El Paraíso, Lodo Grande, Los Magueyes, Nejapa, Tepehuizco, Tetitlán de la Lima, Tlalxingan, Xochimilco y Zizicazapa,
Mientras tanto un recuento de El Sur publicado en la edición del 2 de noviembre, destaca que de las 194 personas asesinadas en Guerrero en el mes de octubre ocurrieron en Chilapa 25 de ellas, cifra solamente superada por Acapulco en donde ocurrieron 71 asesinatos y en Zitlala fueron cinco.
Para el Centro Morelos las estrategias de las autoridades responsables de garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad, en esta zona son rezagadas, “y sólo abonan a la simulación, pues a pesar de que se encuentran repletos de policías estatales, y militares, la criminalidad se incrementa. Todos los días hay cuerpos trasladados al Servicio Médico Forense asesinados”, dijo en un diagnóstico de la violencia en la zona.
“Chilapa se distingue por ser uno de los municipios más militarizados y con el mayor número de policías, pero también con el mayor índice de criminalidad, actualmente, a nueve meses del presente año hay alrededor de 220 asesinados y más de 100 desaparecidos que no se explican si no se toma en cuenta la corrupción y complicidad de gobernantes y autoridades de los tres niveles con los diferentes grupos que se disputan el control del territorio”, dijo en su escrito el organismo.
Destacó que para nadie es un secreto la crisis que se ha vivido en el sector del transporte público, el cual después de sufrir el asesinato de varios choferes y el incendio de diversas unidades, han suspendido por varios días y en distintos momentos el servicio, ocasionando graves daños económicos para las familias de los usuarios como de los choferes”.
Añadió que algo más grave aún, es que el accionar de los grupos de la delincuencia organizada “han provocado por medio de amenazas que más de 600 planteles educativos de la Montaña Baja se encuentran cerrados desde el 20 de septiembre (un día después del sismo) y que alrededor de 60 mil estudiantes no hayan tenido clases”.
El organismo subrayó que la SEG sigue manejando la “justificación ya absurda” del sismo del 19 de septiembre “insultando con ello la inteligencia de la ciudadanía”.

Regresan a controlar Tlaltempanapa los civiles armados de Paz y Justicia, denuncia Díaz Navarro

A un mes del enfrentamiento de militares y policías estatales con el autodenominado grupo Comunitarios por la Paz y la Justicia en Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, los civiles armados retomaron el sábado el control de esa comunidad nahua, aseguró el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, José Díaz Navarro.
El vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, había informado que tras el enfrentamiento el 14 de julio, hubo el acuerdo que los militares y policías estatales se harían cargo de la seguridad en ese pueblo.
Díaz Navarro informó que el sábado regresaron los líderes de los civiles armados y que realizaron una reunión para reanudar los retenes en las entradas del pueblo.
Advirtió que es posible que se reanuden los asesinatos y desapariciones en la zona.
“El grupo delincuencial que opera en Tlaltempanana y que se autonombra Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia regresó el día de ayer (el sábado) por la mañana y en la tarde se reunieron con la población en la cancha de la comunidad, por lo que se prevé que nuevamente se susciten nuevos casos de desaparecidos, asesinatos, secuestrados y levantados en esa zona donde opera esta célula de Los Ardillos”, denunció vía telefónica el presidente del colectivo Siempre Vivos.
Dijo que el grupo de civiles armados es encabezado por Hermelindo Cuchillo Axel alias, El Hermes, “quien recibe órdenes directas de los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez”.
Paz y Justicia se había retirado de esa comunidad a raíz del enfrentamiento a pedradas y a palazos de habitantes con militares y policías estatales el 14 de julio con resultado de 20 personas heridas entre pobladores y militares y policías estatales.
Luego de ese enfrentamiento autoridades estatales y mandos del Ejército firmaron acuerdos con las autoridades del pueblo y el dirigente del grupo Paz y Justicia. Se estableció que se harían cargo de la seguridad del pueblo el Ejército y la Policía Estatal. Asimismo el presidente de la agrupación Tranquilino Talatzin Tranquero se comprometió a entregar a los responsables del ataque en el que murió un indígena de Quetzalcoatlán y otro resultó herido.
También se comprometió a entregar cinco armas largas que los vecinos de Tlaltempanapa habían quitado a los militares en el primer enfrentamiento.
El 15 de julio en una operación de militares y policías estatales detuvieron a cuatro presuntos implicados en el ataque a dos indígenas, y decomisaron 20 motocicletas y cinco vehículos; al día siguiente unas 80 personas mujeres, niños y ancianos armados con piedras y palos acudieron al auditorio de la cabecera municipal en donde estaban los cuatro detenidos, las motos y los vehículos que habían sido decomisados y los recuperaron.
A un mes del primer enfrentamiento, la tensión vuelve a ese pueblo luego de que según Díaz Navarro los dirigentes de los civiles armados ya regresaron el sábado, debido a que, denunció, el Ejército y la Policía nunca asumieron en los hechos la seguridad y el control.
Apenas la semana pasada, durante el foro Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza, por la presentación la justicia y la verdad de las personas desaparecidas, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Díaz Navarro responsabilizó al grupo Paz y Justicia de más de 155 asesinatos en Chilapa y de más de 100 desaparecidos.
Díaz Navarro hizo la acusación ante Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH); Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y Ariel Dulitzky, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Díaz Navarro entregó un documento en el que pide su intervención para que los gobiernos federal y estatal desarmen a ese grupo que se hace llamar Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia que ha venido provocando la violencia sobre todo en el municipio de Chilapa.
Dijo que esta agrupación tiene sede en el municipio de Quechultenango y que la encabeza Celso Ortega Jiménez, hermano del ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega; “ellos son los que se han adueñado de nuestras vidas no sólo en Chilapa, sino en Zitlala, en Ahuacuotzingo, en José Joaquín de Herrera, en Mártir de Cuilapan y hasta en Tixtla”, acusó.

El grupo criminal Los Ardillos sigue con el control de Tlaltempanapa, Zitlala, afirma Siempre Vivos

A dos semanas de que mandos del Ejército mexicano, el gobierno del estado y el municipal de Zitlala firmaron un acuerdo con vecinos de Tlaltempanapa para que militares y policías estatales se hicieran cargo de la seguridad en ese pueblo, mantienen el control de esa comunidad los civiles armados del grupo Paz y Justicia.
“Todo sigue igual, es el grupo de Los Ardillos el que mantiene el control del pueblo”, declaró vía telefónica el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, José Díaz Navarro.
Luego de los enfrentamientos con piedras y palos ocurridos el 12 y el 14 de julio de militares y policías estatales contra pobladores, en los que hubo una veintena de lesionados de ambos lados, el 15 de julio las autoridades estatales y mandos del Ejército firmaron un acuerdo con las autoridades del pueblo y el dirigente del grupo Paz y Justicia.
En el acuerdo se estableció que se harían cargo de la seguridad del pueblo el Ejército y la Policía Estatal. Asimismo el presidente de la agrupación Tranquilino Palatzin Tranquero se comprometió a entregar a los responsables del ataque en el que fue asesinado un indígena de Quetzalcoatlán y otro resultó herido.
También se comprometió a entregar cinco armas largas que los habitantes de Tlaltempanapa habían quitado a los militares en un primer enfrentamiento.
El 15 de julio en una operación militares y policías estatales detuvieron a cuatro presuntos implicados en el ataque a los dos indígenas, también decomisaron unas 20 motocicletas y cinto vehículos, pero al día siguiente un grupo de unas 80 personas entre mujeres, niños y adultos mayores armados con piedras y palos acudieron al auditorio de la cabecera municipal en donde estaban los cuatro detenidos, las motos y los vehículos que habían sido decomisados y los recuperaron.
A dos semanas del primer enfrentamiento la tensión en ese pueblo sigue latente y el Ejército y la Policía siguen sin asumir la seguridad, mientras que el control del pueblo sigue bajo el grupo armado vinculado con Los Ardillos, aseguró el presidente de Siempre Vivos.
Agregó que incluso la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) suspendió una brigada de servicio social, a la que había invitado a representantes de los medios de comunicación el jueves de la semana pasada.
Dijo que de último momento se canceló la visita de los periodistas y al día siguiente se informó que la visita se había hecho, pero que no existe la certeza porque el Ejército sigue sin tener acceso al pueblo.

 

Pide el alcalde de Chilpancingo que se aplique la ley a los hombres armados de Petaquillas

El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, solicitó a los gobiernos del estado y federal que apliquen la ley a los presuntos policías rurales que operan en Petaquillas, luego de que en la madrugada del sábado hirieron a balazos a una pareja de turistas de la Ciudad de México que pasaba por el retén que tienen en la salida de la capital del estado.
Antes del arranque de la construcción del parque lineal del río Huacapa, el alcalde fue consultado sobre el ataque al sitio de Urvan que van a Filo de Caballos, y a los turistas, y dijo que son hechos diferentes pero parte de una situación de violencia en la cual “estamos metidos”, y de grupos delincuenciales que están peleando entre sí.
Declaró que de los homicidios el 90 o 95 por ciento “se pueden denominar como ejecuciones”, y los demás pueden ser por situaciones laborales o personales, para los que hay una autoridad investigando.
La madrugada del sábado en el retén de Petaquillas civiles armados (que según el comisario Mario Flores Castrejón son de la Policía Rural, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal) hirió de gravedad a una turista. Contra esa guardia civil hay señalamientos de que está ligada al grupo criminal Los Ardillos, y tanto los gobiernos estatal y municipal, así como el Ejército han negociado con sus integrantes.
Las policías comunitarias “han crecido en los últimos años por un vacío de la autoridad, y eso hay que reconocerlo, la autoridad municipal no tiene el suficiente recurso para poder tener una estructura de seguridad como la tienen los comunitarios en muchas de las comunidades del estado”, dijo Leyva.
Señaló que en el caso de Chilpancingo en las cerca de 43 comunidades por lo menos en 15 tienen presencia grupos de comunitarios. Dijo que dan seguridad a los pueblos pero hace falta regularlos.
Lamentó el ataque ocurrido la madrugada del sábado, “porque hay un exceso por parte de la policía comunitaria. Lo he dicho una y otra vez, las policías comunitarias se toman atribuciones que no les corresponden, sobre todo tratándose de derechos humanos”.
Agregó que se debe tener un marco regulatorio para que se pueda saber lo que están violentando, en primer término el uso de las armas y en segundo definir quiénes son denominados policías comunitarios, “porque en este momento no se encuentra en ningún marco regulatorio tal y como la conocemos, la que está se refiere a centros donde hay población indígena, y aquí en Chilpancingo no lo tenemos… entonces sobre qué marco regulatorio es, y eso lo debemos trabajar”.
Ante la pregunta dijo que ha pedido siempre al gobierno del estado y se está trabajando de manera coordinada, “lo que sucede en este tipo de cosas es que hay un exceso de su actuación, y que obviamente tiene que tener las repercusiones legales correspondientes”.
Declaró que lo que procede en contra de este grupo de comunitarios es “la aplicación de la ley de una persona que no tenía el derecho a la portación de armas, y que se tiene que aplicar la ley”.

La violencia, porque Zenén Nava regresó a Chilapa, y no hay tercer grupo, Gente Nueva es Los Ardillos, dice Siempre Vivos

El presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro declaró que los hechos de violencia son consecuencia del recrudecimiento de la guerra que existe entre el grupo criminal de Los Ardillos y Los Rojos, y que ni siquiera existe un tercer grupo criminal como lo han declarado el vocero Roberto Álvarez Heredia y el comandante de la 35 Zona Militar, José Terán Valle, sino que es “gente nueva” de Los Ardillos para distraer a las autoridades.
“Si tú ves, a partir del 6 de marzo disminuyó la violencia en Chilpancingo y Tixtla y se desplazó hacia Chilapa, lo que quiere decir es que se fue la guerra a Chilapa porque se comenta allá ampliamente que el líder de Los Rojos (Zenén Nava Sánchez, El Chaparro) regresó a Chilapa a recuperar la plaza y Los Ardillos que operaban en Chilpancingo y Tixtla regresaron a Chilapa a defenderla, por eso la guerra que tenían en Chilpancingo y en Tixtla se trasladó totalmente a Chilapa”, afirmó.
Díaz Navarro dijo que tiene información de que no hay un tercer grupo, “son los mismos Ardillos que actúan con pequeños grupitos en las comunidades, por ejemplo hay un grupito en Tepozcuautla, en Acatlán, Tlaltempanapa, Zitlala, Tepehuixco, Ayahualulco y en todas las comunidades que están alrededor de Chilapa, por eso entran por todos lados porque tienen a Chilapa como punto central”.
Explicó que los delincuentes se hacen llamar “gente nueva” porque la mayoría son chamacos pero pertenecen a Los Ardillos “y actúan como un tercer grupo para meter más miedo y terror a través de las redes sociales y en los medios de comunicación para distraer a las autoridades”.
Aseguró que en Chilapa “no entra nadie más que Los Rojos y Los Ardillos”.
Discrepó del director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, en el sentido de que la violencia que se ha desatado en Chilapa en los últimos días es una estrategia del gobierno para crear terror entre la población e imponer la Ley de Seguridad Interior.
Además denunció que la Policía Ministerial federal no ha ejecutado varias órdenes de aprehensión en contra de los responsables de las desapariciones y ejecuciones en Chilapa y sus comunidades, a partir de la irrupción de civiles armados del grupo Paz y Justicia en la cabecera municipal del 9 al 14 de mayo de 2015.
La tarde de este miércoles el representante del colectivo presentaría una queja en contra de esa corporación y en contra de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), “porque no han ejecutado las órdenes de aprehensión que ya están liberadas en contra de varios delincuentes”.
Sin embargo el abogado que da seguimiento al caso de la presentación de la queja aplazó la denuncia para las 9 de la mañana de este jueves, informó Díaz Navarro.
El presidente del colectivo se reservó la información de en contra de quienes están liberadas las órdenes de aprehensión y cuántas son, “para no poner en alerta a los delincuentes”, pero se quejó de que la Policía Ministerial federal no las ha ejecutado a pesar de que ya las recibió.
Informó que las denuncias se presentaron a partir de mayo del 2015 cuando ingresó a la cabecera municipal de Chilapa el grupo de civiles armados que después se hicieron llamar “Comunitarios por la Paz y la Justicia”, a los que ha vinculado con el grupo criminal Los Ardillos.

La violencia en Chilapa, por disputas entre Rojos, Ardillos y un tercer grupo, dice jefe del Ejército

En calma aparente se encuentra la cabecera municipal de Chilapa tras una semana intensa de homicidios y balaceras. Los locales comerciales se mantienen abiertos y las escuelas con clases, junto al despliegue de 500 soldados a cargo del comandante de la 35 Zona Militar, José Terán Valle.
Para explicar la última oleada de ataques el mando castrense reveló la posible existencia de un tercer grupo del narcotráfico disputando el control de Chilapa, donde están enfrentados Los Rojos y Los Ardillos desde hace más de dos años. Sin precisar cuál de los tres grupos delictivos está actuando contra la población, indicó que los agresores entran y salen por colonias de la periferia para amenazar principalmente a choferes del transporte público que creían tener bajo su control.
Por separado el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia confirmó que un grupo denominado Gente Nueva podría estar irrumpiendo en el municipio desde las últimas semanas, “tal vez meses”, estimó.
Del martes de la semana hasta ayer hubo 28 asesinatos, comenzando con el hallazgo de seis personas desmembradas, y el domingo hubo diez homicidios en Chilapa, de los cuales cinco fueron hallados en un taxi del transporte público incendiado y se preparaba su identificación mediante pruebas de genética.
La presencia militar y el reforzamiento con cien policías estatales no inhibió el delito.

Conflicto entre criminales: Terán

Consultado en el retén en el arco de entrada a Chilapa, el comandante Terán Valle informó que a través de las colonias de la periferia sigue llegando gente a amenazar a los pobladores, particularmente a los choferes de taxis y de combis, “contra los que creen que son de su gremio o de quienes tuvieron el control alguna vez”.
Agregó que los militares buscan en las colonias a los agresores que entran a pie o en motocicleta, que son conocidos de los vecinos “porque la misma población platica con ellos, al final salen en desacuerdo y surgen las disputas entre ellos”.
Estimó que el conflicto en Chilapa es “entre delincuentes queriendo hacer presión sobre la gente, sobre ciertas personas (taxistas y choferes), fuera de ahí está tranquilo, la gente sigue viniendo, hay comercio”.
De los hechos estimó que ocurren en la tarde y en la noche, aunque el lunes hubo una balacera a mediodía a poca distancia del punto de control militar, “alcanzamos a llegar rápidamente, alcanzamos a respaldar a dos personas, se les proporcionaron primeros auxilios, se les estableció y evacuó con personal de Protección Civil al hospital”.
Insistió en que los sicarios no se han metido con la población en general ni en la zona del mercado, tan es así que el domingo llegó la gente al tianguis regional, “ha sido como muy ubicado entre delincuentes, unos y otros pegándole a los que son taxistas, asociaciones de taxis”.
De los grupos que disputan el territorio declaró: “aquí tenemos Rojos y Ardillos alrededor, al parecer hay otro grupo ahí que no está bien ubicado, parece que hay uno ahí que quiere… ya ve que son de los mismos y se siguen fraccionando entre ellos”.
Aseguró que el Ejército trabaja de manera muy coordinada con la Policía Estatal, e incluso con la municipal para estar “al tanto de cualquier cosa rara y alerta”.
Añadió que el Ejército se retirará cuando se haya restablecido la tranquilidad en el municipio, lo que será posible cuando se detenga a las cabecillas de las bandas delictivas.
Dijo que la Fiscalía tiene que girar órdenes de aprehensión, con las que los militares pueden ir a las casas y a los lugares en donde se esconden los inculpados, “después de eso también es un trabajo de las fiscalías salir a investigar”.
Se le recordó que en la región también hay producción de drogas, y respondió que en lo que toca a los militares en la Montaña de Guerrero se han destruido 3 mil plantíos de droga en lo que va del año, y otros 3 mil en la sierra de Filo de Caballos.

El nuevo grupo, en la mayoría de los casos de últimos días: vocero

En consulta telefónica sobre el tercer grupo delictivo en Chilapa el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia confirmó que en los últimos días o tal vez semanas, ha habido una serie de homicidios en Chilapa, y en la mayoría de los casos se acompañan los cuerpos con mensajes de un grupo que se autodenomina Gente Nueva.
Agregó que según la Secretaría General del Estado podría tratarse de la introducción de un grupo que también estaría disputándose el municipio de Chilapa, y esta circunstancia atrajo la atención y preocupación del Grupo de Coordinación Guerrero que desplegó a 100 policías estatales.
Precisó que sólo puede hablar de la posibilidad de que exista “la inducción del tercer grupo” que disputa el territorio, y que aún no hay elementos para establecer su origen.
Según registros periodísticos, el grupo delincuencial Gente Nueva fue mencionado en tres narcomantas en Iguala el 24 de marzo 2016, pero se desconocía su actividad en Chilapa.
En un recorrido por la ciudad se observó al alcalde priista Jesús Parra García caminando en el pasillo frontal del Palacio Municipal, y al abordarlo reconoció que son “tiempos difíciles”, pero que el lunes llegaron a Chilapa el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, y el comandante de la 35 Zona Militar a reforzar la seguridad, como ya se informó en distintos medios.
Del Ayuntamiento dijo que le está apostando a la atención humanitaria para restablecer el tejido social, llevando obras, actividades culturales, deportivas y educativas a 148 comunidades, 90 colonias y barrios populares, porque la inseguridad le corresponde al gobierno federal y estatal que “ya lo está atendiendo”.
De la prevención del delito declaró que “la ciudadanía debe tomar sus propias prevenciones, medidas de seguridad, cuidarse mucho, debe de formar a sus hijos desde muy pequeños con principios y valores”.
Cuando se le preguntó sobre el ambiente en las noches pidió que los reporteros se quedarán a verificar la situación, que él daría garantías para hacer un recorrido con él, porque desde su perspectiva la población continuaba desarrollando su vida con normalidad, “obvio a las 10 de la noche siempre la gente aquí empieza ya a guardarse, a descansar por el trabajo intenso, como en todas partes, hay gente que todavía sale a cenar”.

Temor en escuelas y estudiantes

Testimonios de estudiantes de la preparatoria 32 de la Universidad Autónoma de Guerrero, dijeron que desde las 7 de la noche, o cuando comienza a oscurecer, sus familias ya no les permiten salir a las calles.
De la presencia militar aseguraron que no sirve de nada, porque aún con ellos continuaron los asesinatos, y recordaron el caso de la mujer embarazada asesinada el domingo y un joven de 14 años, estudiante de secundaria llevado por la fuerza que fue encontrado en Chilpancingo gravemente herido, junto al cadáver de un joven, quien después murió en el hospital.
Aseguraron que el turno vespertino de la preparatoria modificó sus horarios para salir más temprano de clases, que termina entre las 6 de la tarde y las 7:30 de la noche.
La directora del jardín de Niños Amado Nervo en el centro, Alberta Flores Jaimes aclaró que aún con temor la instrucción de la Supervisión Escolar es continuar las labores, y en el centro escolar los trabajadores tomaron algunas medidas para evitar más exposición en situación de riesgo.
Por ejemplo, la escuela se mantiene cerrada con candado y no se permite la entrada a extraños, en caso un hecho delictivo en los alrededores nadie saldrá hasta que se haya restablecido la tranquilidad.
Aclaró que los niños de preescolar comentan los eventos de violencia, que mataron a fulano y a zutano, sin embargo procuran que en el jardín los niños no se ocupen de estos temas, “ellos tienen que vivir su mundo, aquí no vamos a hacerles el ambiente pesado”.
El comandante de la 35 Zona Militar opinó que la población está contenta con la presencia del Ejército, que las balaceras y asesinatos han ocurrido en las afueras de la ciudad, y señaló la colonia Los Pinos, donde tenía su casa el líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez, la colonia Primavera, los Lavaderos, Jamoncillos y atrás del hospital donde se han encontrado muertos.
Aunque los hechos causan temor, declaró que hacen todo lo posible para que la gente esté tranquila y desarrolle sus labores regularmente.

Pide Siempre Vivos a la Segob y al gobernador que “paren las masacres en Chilapa y Zitlala”

 

El presidente del colectivo de familiares Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro se reunió este lunes con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, a quien le solicitó su intervención ante el titular de la Secretaría, Miguel Ángel Osorio Chong, y ante el gobernador Héctor Astudillo Flores, para “que ya paren las masacres en Chilapa y Zitlala”.
Consultado vía telefónica, Díaz Navarro informó que el encuentro fue breve, a las 2 de la tarde en la oficina del funcionario federal.
“Le dijimos que ya no pueden seguir esas masacres y que ya deben de intervenir, y le pedimos que de inmediato debería de intervenir ante el secretario de Gobernación, ante el gobernador Astudillo y ante quien corresponda para que haya una inmediata atención al problema de Chilapa, porque ya no pueden seguir esas masacres”, relató.
Dijo que le pidió que intervenga ante el gobierno del estado porque no está trabajando ni diseñando una estrategia efectiva, “la que están aplicando tiene años y no funciona”, reprochó Díaz Navarro.
El presidente del colectivo Siempre Vivos dijo que, según el funcionario federal, inmediatamente iba a plantearle la situación al secretario Osorio Chong y que se comunicaría con el gobernador de Guerrero.
En Chilapa, en menos de 24 horas dos mujeres, una de ellas embarazada, y tres hombres fueron asesinados a balazos en distintos hechos ocurridos entre la noche del sábado y el domingo. Además, una joven resultó herida en uno de los ataques. Mientras tanto, la noche del domingo al menos tres cuerpos calcinados fueron dejados en un vehículo cerca del retén militar y policiaco que se encuentra en el arco de entrada a esa ciudad.
Al respecto, Díaz Navarro informó que ésta es parte de la guerra entre los grupos criminales Los Rojo y Los Ardillos, “el problema es que en esa guerra se están llevando a mucha gente inocente, y los gobiernos federal y estatal no están haciendo nada para frenarlos”.
Explicó que, según los comentarios que ha escuchado de la gente, se suponía que en los últimos meses Los Ardillos ya habían prácticamente desplazado a Los Rojos de Chilapa, “pero nuevamente se han reforzado Los Rojos, y ahorita están dando la batalla para recuperar la plaza, y hay una fuerte confrontación, por eso se está dando esta situación”.
Dijo que el problema es que “están ocupando” a gente desarmada, como a niños y mujeres, para mandarse sus mensajes y demostrar su brutalidad, “creo que matar inocentes es una forma de imponer el terror, el miedo y el control”.
En cuanto a las declaraciones del comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, en el sentido de que hay 500 militares desplegados en Chilapa, José Díaz declaró que, “si los hay, estarán en el cuartel yo creo, o están en sus filtros, pero no hacen nada, ya ves el carro de ayer (en la noche), fue incendiado a 100 metros del retén con tres cuerpos”.
Añadió que mientras no atrapen a los jefes de los delincuentes, la guerra no se va a acabar, que la Fiscalía General del Estado ya tiene órdenes de aprehensión, “yo no sé por qué no las ejecuta”.

Se reúnen jefes de la SSP y militares en Chilapa; se enviaron 100 policías más, informa el vocero

Después de un violento domingo que dejó 10 muertos, cinco de ellos calcinados, en distintos hechos en el municipio de Chilapa, el gobernador Héctor Astudillo Flores envió 100 policías más para contener e inhibir la violencia de la región.
El miércoles en la tarde en Acapulco el gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó la reunión del Grupo Coordinación Guerrero, para abordar principalmente el repunte de la violencia en Chilapa, luego de que cinco personas fueron encontradas calcinadas en un automóvil en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Ajacayán.
El sábado en un boletín de prensa se dio a conocer que se intensificaría la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en los municipios de Chilapa y Chilpancingo. El documento se difundió un día después de que el presidente de la organización de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro reveló que los integrantes del grupo criminal Los Ardillos tienen una ruta en la que se trasladan desde Chilapa a Chilpancingo “de Chilapa a Atzacoaloya, San Ángel y Xiloxuchican. Después enfilan a Juxtlahuaca y Colotlipa, municipio de Quechultenango, pasan por la cabecera municipal y siguen hacia Mochitlán, para después llegar a Petaquillas que ya tienen como bastión y de allí entran a Chilpancingo”.
Ese día Díaz Navarro dijo que las actividades de ese grupo criminal cuentan con la complicidad del gobierno, “porque todo les acepta y permite a ese grupo”.
Pese a la “intensificación” de las acciones de las dos corporaciones, la noche de este domingo se encontró otro carro calcinado con cinco personas en el interior, el hecho violento se registró en la colonia Miguel Hidalgo, en esta ocasión fueron quemados en un taxi y ese día hubo otros cinco ejecutados en distintos hechos en Chilapa.
El vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia subrayó que la determinación de enviar a 100 policías estatales más fue una decisión que tomó únicamente el gobernador, para sumarlos a los 30 que ya están activos en aquel municipio.
Reconoció que desde la semana pasada antes de la calcinación de los primero cuerpos se tenían indicios de que la violencia estaba resurgiendo, ya que el numero de homicidios dolosos de Chilapa iba en aumento.
La zona comprendida entre los municipios de Eduardo Neri, Chilpancingo, Tixtla, Zitlala y Chilapa está considerada como prioritaria por el enfrentamiento que existe entre las bandas delictivas por el control de ese territorio, agregó en un comunicado.
Dijo que del primero de enero al 12 de marzo iban 35 homicidios dolosos, aunque en un recuento de lo que se ha publicado en El Sur de los crímenes en los que al parecer estuvo involucrada la delincuencia organizada, suman 45 en ese periodo, más otros tres ejecutados ayer en una base del transporte público.

Otra reunión por la seguridad de Chilapa

El 28 de diciembre de 2016 con la presencia del secretario de la defensa, general Salvador Cienfuegos se hizo la evaluación de la región de Chilapa y Zitlala para reforzar la seguridad.
En ese mismo año pero el 21 de enero fue la reunión de seguridad en el restaurante Casa Pilla, ahí estuvo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y se determinó la construcción de un cuartel militar en Chilapa.
Ayer el comandante de la 35 Zona Militar José Francisco Terán Valle, el secretario de Seguridad Pública del Estado Pedro Almazán Cervantes, así como el responsable de la Policía del estado con destacamento en Chilapa se reunieron en la tarde en Chilapa para supervisar las tareas de seguridad.
La presidencia municipal de Chilapa, en un boletín de prensa, indica que los mandos llegaron en la tarde a esta ciudad azotada por la violencia y la inseguridad.
En la reunión, agrega el documento, el general Almazán Cervantes dio a conocer que se enviaron 100 nuevos agentes de la Policía del Estado para contener e inhibir la violencia, el general Terán Valle confirmó que 500 soldados del Ejército resguardan el municipio.
Al encuentro asistieron el alcalde priista Jesús Parra García y el segundo síndico Esteban García García.
Según la presidencia municipal, Jesús Parra “reconoció” al presidente de la República, Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores por “el apoyo en materia de seguridad” y solicitó “una mayor atención a este municipio”.
Apenas el pasado jueves el alcalde evadió responder del recrudecimiento de los hechos delictivos en el municipio.
En otro comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado dice que “los mandos policial y militar escucharon los planteamientos de las autoridades municipales con el objetivo de identificar sus necesidades en materia de seguridad, durante su estancia en Chilapa el secretario de Seguridad Pública y el Comandante de la 35 Zona Militar supervisaron también el despliegue de la Policía Estatal y militar, así como la instalación de puestos de vigilancia conjunta ubicados en puntos estratégicos de la cabecera municipal para prevenir e inhibir la comisión de delitos”.

Se queja el grupo Paz y Justicia en la Codehum contra policías estatales por amenazas a uno de sus integrantes

 


El grupo por la Paz y Justicia de la comunidad de Tlatempanapa, Zitlala, presentó una queja contra policías estatales en la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), por la detención y amenazas a uno de sus integrantes, informó el presidente de esa asociación civil, que está constituida ante notario público, presuntamente vinculada al grupo criminal Los Ardillos , Tranquilino Palatzin Tranquero.
Denunció el probable vínculo de integrantes de Fuerza Estatal con la delincuencia organizada, porque su compañero Fidel Cuchillo aseguró que en su traslado a Chilpancingo los policías le dijeron que si los militares no hubieran visto que lo llevaban detenido, lo habrían llevado con un grupo del crimen organizado, a modo de amenaza.
Chilapa y Zitlala, municipios ubicados en la entrada de la Montaña de Guerrero, siguen vigilados por policías estatales y soldados desde la incursión en Chilapa del grupo armado por la Paz y la Justicia, autodenominado policías comunitarios, el año pasado. En la zona hay una disputa del territorio entre dos grupos de narcotraficantes: Los Rojos y Los Ardillos.
De la violencia generada en esta disputa, Palatzin Tranquero señaló que la situación “sigue crítica” y “hay temor de los ciudadanos” en la cabecera municipal de Zitlala y en algunas localidades cercanas aún con la presencia de soldados y policías, incluso, advirtió que podría sería mayor sin militares, “imagínense cómo sería”.
Aseguró que en los pueblos donde opera la policía de esa organización ya no tienen problemas de inseguridad, y están difundiendo sus estatutos en comunidades aledañas para invitarlas a ser parte de su proyecto, además que ya se entrevistó con el coronel Aragón del Ejército para coordinarse y que haya respeto a la población organizada.
Deslindó al movimiento de las acusaciones de familias de Quetzalcoatlán de las Palmas, Zitlala, que responsabilizaron al grupo del ataque a balazos del 6 de enero de 2016, que tuvo un saldo de seis muertos, y que el lunes pasado ratificaron en una denuncia pública por la falta de garantías a las familias de los tres niveles de gobierno.
Afirmó que Quetzalcoatlán no participa en el movimiento por la seguridad, ni ellos han entrado a ese pueblo.
Ayer, el presidente de la organización llegó a la Codehum acompañado de unos 40 campesinos para denunciar la actuación de los policías estatales.
Mencionó que el viernes pasado hubo una asamblea en la comunidad que se extendió más de lo previsto, y enviaron a la cabecera municipal a Fidel Cuchillo a comprar alimentos, pero fue detenido en un filtro de seguridad en las inmediaciones de la cabecera municipal de Zitlala por la portación de arma de fuego.
Sus abogados revisaron su situación legal y después de cuatro días su compañero salió de prisión para seguir el proceso en libertad. Ayer denunciaron las amenazas al detenido durante su traslado a Chilpancingo.
Destacó que Tlaltempanapa tiene a más de 700 hombres armados, y ayer sólo acudió una comitiva para ver qué podían hacer, dado que personal de la Comisión estuvo con ellos en septiembre del año pasado, y ofreció asesoría.
El grupo por la Paz y Justicia también es señalado por el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, del secuestro de 30 vecinos de Chilapa ocurrido en mayo de 2015, durante una irrupción de civiles armados.