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Tres heridos de la UPOEG cerca de la capital; cinco ejecutados en Zumpango, Altamirano, Tecpan y Coyuca

 

La mañana de ayer tres policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) resultaron heridos en dos emboscadas de presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Ardillos, en Buena Vista de la Salud, Chilpancingo.
Además dos jóvenes fueron asesinados en Zumpango y dos más ejecutados a balazos en Ciudad Altamirano y Tecpan, en una nueva jornada de violencia.
Debido a los ataques en Buena Vista se suspendieron las clases en todos los niveles educativos, y también en los poblados de Mohoneras, El Ocotito y Cajeles. El comisario de El Ocotito, Fernando Rosales González informó en un documento la suspensión de clases en esta comunidad con la finalidad de resguardar la integridad física de las familias y niños.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia difundió un comunicado de prensa la mañana de ayer, en el que dice que las comunidades del valle de El Ocotito “se encuentran en calma”, que el área fue “resguardada con 60 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con el respaldo de soldados del Ejército”.
Policías de la UPOEG informaron que a las 7 de la mañana policías ciudadanos que iban en una camioneta y hacían recorridos de seguridad en Los Establos, a unos cinco minutos del centro de Buena Vista de la Salud, fueron atacados a balazos por presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Ardillos que se encontraban apostados en una barda cerca de una bodega.
Después del ataque los agresores incendiaron la bodega de plástico y mazorca que se en encontraba adentro de un rancho. En Los Establos hay y terrenos de cultivo en las inmediaciones de la localidad.
Vecinos de la localidad dijeron que los policías de la UPOEG incendiaron la bodega después de la agresión que sufrieron.
Relataron que después hubo otra emboscada al mismo grupo de la UPOEG en el basurero de la comunidad, en la orilla de la Autopista del Sol, y que los agresores incendiaron y volcaron hacia una barranca una camioneta Jeep Compass.
En este ataque resultaron heridos tres policías de la UPOEG, a uno se le alojó una bala en el glúteo, a otro en el brazo derecho y uno más tenía un rozón de bala en la cabeza y fueron trasladados a un hospital de Acapulco, mientras que sus compañeros se refugiaron en el monte para protegerse.
Después de la segunda emboscada los agresores se fueron caminando entre la maleza para no ser alcanzados por los policías de la UPOEG.
En una barranca en el basurero de Buenavista de la Salud había una camioneta Jeep Compass con impactos de bala, volcada e incendiada, además de observó la basura que también fue quemada por los hombres armados.
Al valle de El Ocotito llegaron nueve patrullas de la Policía Estatal y cuatro de soldados quienes recorrieron la zona donde ocurrieron los hechos violentos.
Un policía de la organización quien se reservó su nombre dijo que otra vez el grupo criminal Los Ardillos intentó entrar a Buena Vista de la Salud para controlar la zona para el trasiego de droga, “es por eso que nuevamente nos emboscaron cuando realizábamos recorridos de seguridad”.
El vocero de seguridad difundió la mañana de ayer que las comunidades del valle se encuentran en calma, “el área está resguardada con 60 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado con el respaldo de efectivos del Ejército Mexicano”.
Dijo que a las 7:40 de la mañana integrantes de la UPOEG alertaron que hombres armados habían emboscado a sus compañeros, entre las comunidades Buena Vista de la Salud y Rincón de la Vía.
Informó que la Policía Estatal que se encuentra en Juan R. Escudero (Tierra Colorada) acudieron a Buena Vista de la Salud y encontraron una camioneta tipo SUV calcinada, y una galera incendiada dentro de un rancho, “pero no se ha confirmado que durante los hechos hubiera personas heridas”.
“El personal de Seguridad Pública del estado con el apoyo a distancia del Ejército Mexicano brinda seguridad en los pueblos enclavados en el valle de El Ocotito”, concluye el comunicado.

La suspensión de clases en el valle de El Ocotito

Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) informaron que suspendieron las clases en todos los niveles educativos de los poblados de Mohoneras, El Ocotito, Buena Vista de la Salud y Cajeles debido a las emboscadas.
El comisario de El Ocotito, Fernando Rosales González informó en un documento la suspensión de clases en esta comunidad con la finalidad de resguardar la integridad física de las familias y los niños.
En un recorrido a la comunidad de Buenavista de la Salud se observó las puertas cerradas de la primaria federal Benito Juárez, además el mercado que se encuentra frente a la escuela, los comerciantes no abrieron sus negocios por el temor de que pudiera ocurrir otro incidente delictivo.
En un recorrido en Buenavisa de la Salud se observaron las calles vacías, sólo algunos vecinos salían de sus casas a comprar productos de la canasta básica.
No es la primera vez que en ocurren hechos de violencia en ese pueblo por el grupo criminal Los Ardillos. Hace 11 días intentaron irrumpir para tomar el control de la zona para el trasiego de droga y asesinaron y calcinaron a un comandante, un consejero y dos peones en los límites de Chilpancingo y Mochitlán.
Además el 27 de noviembre pasado se enfrentaron a balazos sicarios y policías estatales, lo que dejó un civil muerto y dos agentes heridos en ese pueblo, y en las cinco comunidades del valle de El Ocotito no hubo labores en las escuelas.

En Zumpango a las dos víctimas les dejaron narcomensajes

La mañana de ayer dos jóvenes ejecutados a balazos, atados de las manos hacia atrás y con un narcomensaje fueron hallados en la Autopista del Sol, en el municipio de Eduardo Neri (Zumpango).
En lo que va del año suman tres homicidios en ese municipio, en los que presuntamente está involucrada la delincuencia organizada, según un recuento de lo publicado en El Sur.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que minutos antes de las 9 de la mañana recibieron el reporte de que había dos personas asesinadas en el kilómetro 260, con dirección a Cuernavaca, en la autopista.
En la orilla de la vía las autoridades encontraron los cuerpos de los dos jóvenes sentados, atados de manos hacia atrás, y un narcomensaje. Una de las víctimas vestía una playera azul, pantalón de mezclilla azul y calcetas negras, el otro portaba una sudadera negra, chamarra negra, pantalón de mezclilla azul y botas cafés.
La cartulina amarilla con letras negras se leía, “Esto me paso por andar robando carros y por andar chapulineando. Atentamente: El Cartel del Sur. La limpia sigue”.
A la autopista llegaron policías municipales de Zumpango, estatales y federales quienes acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes.
Los cuerpos de los dos jóvenes de entre unos 18 y 20 años sin identificar fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para la necropsia de ley.
En Zumpango continúan los hechos de violencia por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada, la medianoche del jueves el joven Geovani de 17 años, fue atado de manos, ejecutado a balazos y arrojado de un puente a la autopista.

Matan a ex militar en la sierra de Pie de la Cuesta

El ex militar Benito Antonio Sánchez de 33 años de edad, vecino de la ciudad de Atoyac, fue ejecutado a balazos en la comunidad de Santo Domingo, en la sierra de Pie de la Cuesta municipio de Atoyac.
Los hechos según reportes policiacos ocurrieron la noche del miércoles, cuando la víctima que es originaria de esa comunidad fue de visita.
Según el reporte del comisario del lugar un vecino informó que observó cuando acudía a cerrar la cerca de su corral, que la puerta de la casa de su primo estaba abierta y al acercarse se dio cuenta de que se encontraba en el interior tirado en el suelo y sin vida.
Se encontraba bocarriba, se le apreciaba un impacto de bala en el antebrazo derecho y otro más en el tórax a la altura de la costilla derecha.
El cuerpo fue bajado a la ciudad de Atoyac para la necropsia de ley. Con este crimen suman ya once asesinatos en lo que va del año en el Municipio de Atoyac.

Era de Michoacán la víctima hallada en Ciudad Altamirano

Un hombre apareció asesinado a balazos en la calle la Angostura de Ciudad Altamirano, a la altura del cerro de San Juan la mañana de ayer, del que se pudo conocer que era originario de Michoacán.
Desde las 8 de la mañana reportaron el hallazgo del cuerpo en el camino rural, que es la calle que pasa pegada al cerro de San Juan y al río Cutzamala, y es la última calle.
La zona tiene pocas casas habitadas y el resto son espacios de siembra o potreros. El camino conecta a colonias como la Vicente Guerrero, Cerro de San Juan, Las Querenditas y Lázaro Cárdenas.
En esa zona la gente reportó el hallazgo del cadáver tirado en el camino. Era un hombre sin camisa con un pantalón negro y con tres impactos a la altura del estómago. Según el informe de las autoridades para las 9 de la mañana se encontraba en estado rígido, por lo que estiman que pudieron haberlo matado antes de la medianoche.
El hombre fue identificado como Samuel de 35 años, vecino de la colonia Lázaro Cárdenas y originario del Platanar, Michoacán, de quien sus familiares recibieron el reporte de algunos vecinos de la calle que reconocieron el cuerpo.
El agente del Ministerio Público acudió al lugar para el levantamiento correspondiente e indagar acerca del homicidio, pero ninguno de los vecinos dio testimonio y negaron haber escuchado disparos.

Hallan un hombre degollado en Coyuca de Benítez; tenía unos 35 años

Un hombre degollado fue hallado en el poblado de Zapotillo en Coyuca de Benítez.
El hecho fue reportado a la 1:45 de la tarde de ayer en una brecha a 300 metros de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, según el reporte ministerial.
Los policías recibieron el reporte por medio de una llamada y vieron al hombre degollado tirado bocarriba, tenía unos 35 años y vestía camisa azul manga larga, pantalón mezclilla gris y a un costado había un chaleco naranja parecido a los que utilizan trabajadores de la construcción en carretera.
Los peritos informaron que la víctima tenía una herida profunda de cuello, al parecer con arma punzocortante.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco. (Redacción).

 

Crece el cultivo de amapola y cae el de mariguana, informa la Sedena

Crecen 26% los  cultivos de amapola y disminuyen los de mariguana: Sedena

Benito Jiménez / Agencia Reforma

Ciudad de México

En 2017, los cultivos de amapola en México ganaron terreno frente a los de mariguana.
El hallazgo de la flor precursora de la goma de opio, que a su vez se utiliza para producir heroína, creció 26 por ciento respecto de 2016, según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En sus operaciones de erradicación de cultivos de enervantes, los militares reportaron en 2017 el hallazgo de 28 mil 221 hectáreas sembradas con amapola, contra las 22 mil 235 hectáreas de 2016.
Tras detectar el repunte anual, en abril de 2017 el Departamento de Estado reconoció que Estados Unidos buscaba financiar un esfuerzo más amplio de erradicación de amapola. En 2011 habían sido destruidas sólo 12 mil hectáreas de ese cultivo.
Además, las muertes por sobredosis de drogas están en los máximos niveles de los últimos 20 años en ese país, con 54 mil 404 casos en 2015, un promedio de 149 al día.
Sólo detrás de Afganistán y Myanmar, México es el tercer productor de heroína en el mundo, según el Informe Mundial sobre Drogas 2017 de la Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito.
“El que los soldados hallen más amapola que mariguana es una lógica de mercado; la legalización de la mariguana hizo que ya no fuera un negocio”, advirtió el académico de la UAM, Gui-llermo Garduño, experto en temas de narcotráfico y seguridad.
Los estados que lideran en los hallazgos son Guerrero, pero también Durango, Sinaloa y Chihuahua, estados que conforman el Triángulo Dorado, controlado por el Cártel de Sinaloa.
Por el contrario, la mariguana perdió terreno.
Los militares reportaron 24 por ciento menos cultivos de mariguana localizados, al pasar de 5 mil 395 en 2016 a 4 mil 86 hectáreas en 2017.
Del total de 32 mil 307 hectáreas con sembradíos de enervantes, sólo el 14 por ciento fueron de mariguana.
Fuentes militares atribuyeron el desbordamiento de amapola a las altas ganancias que le generan a los cárteles de la droga.
Datos de la PGR establecen que mientras un kilo de mariguana le genera al narcotráfico una ganancia estimada de 80 dólares, el de un kilo de heroína puede llegar a los 35 mil dólares.
“La droga sintética lidera ahora el mercado. En la zona de Durango y Chihuahua ahora hay hectáreas cubiertas de amapola”, indicó un mando de la Sedena que coordina tareas de erradicación.
Cuatro municipios encabezan la producción de amapola: Mez-quital y Tamazula, en Durango; Guadalupe y Calvo, en Chihua-hua, y Heliodoro Castillo, en Guerrero.
La milicia también considera a Sinaloa, Oaxaca, Michoacán, Nayarit, Jalisco y Sonora como focos rojos por el crecimiento de cultivos de amapola en los últimos tres años.

Levantan a nueve miembros de una familia en Ahuacuotzingo; liberan siete y dos no aparecen

Siete hombres armados vestidos de militares se llevaron al grupo la tarde del sábado, incluyendo a dos niños de 10 y 12 años en la camioneta en que viajaban, que fueron localizados el mismo día. Sigue la búsqueda de dos hombres entre ese municipio y Chilapa, informa el vocero de seguridad

Luis Blancas

Chilpancingo

La tarde del sábado siete hombres vestidos con ropa militar levantaron a nueve integrantes de una familia en las inmediaciones en la comunidad de Trapiche Viejo municipio de Ahuacotzingo; siete fueron liberados ese día, entre ellos dos menores de 10 y 12 años y dos hombres siguen desaparecidos.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, difundió la mañana de ayer en un comunicado, que a las 2:30 de la tarde del sábado la Policía Municipal encontró a una mujer en el lugar conocido como Barranca Honda que se dirigía caminando a Chilapa, y denunció que hombres armados se habían “llevado a varias personas” y la camioneta en que iban los 10 pasajeros.
En el parte de Policía Estatal se informó que la mujer contó que iba con su familia a bordo de una camioneta roja procedente de Estados Unidos y que en la comunidad Trapiche Viejo se les emparejó una camioneta blanca marca Toyota Hilux, de la que descendieron siete hombres armados vestidos de militar y se llevaron a sus familiares y después se robaron su camioneta.
Agrega que este hecho pudiera ser en contra de la familia, porque “ayer (viernes) tuvieron problemas por que fueron a jugar un torneo de gallos a Alpoyecancingo de Tlapa (en el) que ellos se llevaron el primer lugar”.
El vocero de seguridad señaló que después de la denuncia, la Policía del Estado y el Ejército con un helicóptero realizaron un intenso operativo en la zona entre Chilapa y Ahuacuotzingo, “ el sábado se localizó sanos y salvos a siete personas, y apareció la camioneta”.
El funcionario estatal dijo que las personas halladas son dos menores de 10 y 12 años, dos jóvenes de 18 y 19, una mujer de 48 años y dos hombres de 42 años, mientras que dos hombres continúan privados de su libertad y la operación de búsqueda se reanudó ayer.
Álvarez Heredia comentó que la tarde de ayer terminó el operativo de buscar a un hombre y un joven en la que no hubo resultados y agregó que hoy continuará los recorridos en Chilapa y Ahuacuotzingo para dar con el paradero de ellos.

Asesinan a balazos a dos hombres, uno  en Tuncingo y otro en Renacimiento

Dos hombres fueron asesinados ayer, uno de ellos un chofer de una Urvan en el poblado de Tuncingo, en la zona rural, mientras que otro hombre en Ciudad Renacimiento.
El primer crimen se reportó a las 4:30 de la tarde, a un costado de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, se indica en el reporte ministerial.
Los policías encontraron a un hombre muerto a balazos y a unos 10 metros una Urvan de la ruta Vacacional-Aeropuerto, mal estacionada en la vía federal.
La versión policiaca es que dos hombres armados persiguieron a su víctima y éste al tratar de huir se salió del vehículo, pero los agresores le dispararon por la espalda.
El Ministerio Público de El Coloso abrió una carpeta de investigación por el crimen, mientras que la víctima, en calidad de desconocida, fue trasladada al Semefo.
En otro caso, un hombre fue asesinado a balazos en Ciudad Renacimiento.
El crimen se reportó a las 8 de la noche, en el bulevar Vicente Guerrero, frente a la estación de transferencia del Acabús, se indica en el reporte policaco.
Según testigos, dos hombres armados persiguieron a balazos a su víctima hasta matarla. El hombre tenía unos 30 años y vestía una camisa azul, pantalón de mezclilla y tenis blancos.
Los peritos localizaron al menos 10 casquillos percutidos de un arma calibre .9 milímetros dispersos en toda la vialidad.
En lo que va del mes van seis víctimas, y en el año suman ya 86 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de lo publicado en El Sur.
Minutos después, un camión urbano fue incendiado en la colonia Nopalitos, ubicada cerca del Retorno.
El siniestro se reportó a las 8:15 de la noche en calle Fundador, se indica en el reporte de Bomberos.
La versión policiaca es que hombres desconocidos rociaron gasolina al vehículo y después le prendieron fuego.
Los bomberos sofocaron el fuego del camión de la ruta Hospital-Vacacional; no se reportaron víctimas solamente daños materiales. (Redacción).

Matan a balazos a tres hombres en Iguala, Zihuatanejo y Taxco; uno tenía el tiro de gracia

Un hombre de unos 30 años fue asesinado de un disparo en la cabeza cerca del plantel 3 del Colegio de Bachilleres en la colonia Heberto Castillo en Iguala, otro de 19 años fue ejecutado en Agua de Correa en Zihuatanejo y uno más fue acribillado mientras caminaba con su pareja en la cabecera municipal de Taxco.
En lo que va del año en Iguala van 15 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, según el recuento de El Sur.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que minutos antes de las 8 de la mañana les reportaron un asesinato en la calle Ciudad Industrial en Iguala.
Policías municipales y estatales confirmaron que había un cuerpo boca abajo y con un disparo en la cabeza. El hombre vestía pantalón de mezclilla gris, playera azul y estaba descalzo.

Zihuatanejo

La tarde de ayer un joven asesinado a balazos fue hallado en una terracería cerca del panteón de Loros en Agua de Correa, Zihuatanejo.
Con este hecho en lo que va del año en este puerto suman siete homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, indica el recuento de la información publicada en El Sur.
Fuentes de la SSP estatal informaron que a las 2:50 de la tarde les reportaron que había una persona asesinada a balazos en este asentamiento.
El cuerpo estaba boca arriba y vestía una playera blanca, short azul y estaba descalzo,
fue identificado como Daniel de 19 años vecino de Zihuatanejo.

Taxco

Un joven de 28 años fue ejecutado a balazos en el Barrio de los Tajos en Taxco de Alarcón.
Fuentes de la SSP estatal informaron que a las 7:26 de la noche de ayer recibieron el reporte sobre una persona herida de bala en la calle del Consuelo en este asentamiento.
Según testigos el hombre iba acompañado por su pareja y fue interceptado por un civil armado quien lo atacó a balazos, el cuerpo quedó boca arriba en medio de la calle y fue identificado como Martín. La mujer quedó ilesa.

Detienen a dos hombres con 250 kilos de mariguana entre Zumpango y la capital

Agentes de la Policía Federal (PF) sector Caminos detuvieron la noche del sábado a dos hombres a bordo de una camioneta de redilas  que transportaba mariguana en la Autopista del Sol entre Chilpancingo y Eduardo Neri (Zumpango).
Fuentes de la PF informaron que a las 7:30 de la noche del sábado en una operación en la autopista en los límites de Chilpancingo y Zumpango pararon a dos hombres y en del área de carga de una camioneta se hallaron unos paquetes con mariguana con un peso de más de 250 kilogramos. Los dos detenidos, la camioneta y la droga fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. (Luis Blancas / Chilpancingo).

Pese a cinco operaciones militares desde 2016, Chilapa es de las tres ciudades con más ejecutados en el estado

Terminó 2017 con 223 asesinatos atribuidos a los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos y en este año van 23 víctimas

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Con cinco operaciones militares, que mantienen prácticamente sitiada a Chilapa desde 2016, esa ciudad sigue siendo una de las más violentas en el estado, como consecuencia de la disputa por el cultivo, el trasiego y la distribución de la droga que mantienen los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos.
La violencia atribuida por las autoridades estatales y federales a la confrontación entre esos grupos dejó el año pasado, según un recuento de El Sur, 223 asesinatos, y en lo que va de este año se han contabilizado 23.
Sólo la semana pasada sucedieron dos de los episodios de violencia más cruentos; el hallazgo de siete cuerpos desmembrados distribuidos en 15 bolsas de plástico, que habían sido reportados como desaparecidos. Mientras que la semana anterior se dio el caso de otras cuatro personas asesinadas en la misma cabecera municipal y sus alrededores, que también habían sido reportadas como desaparecidas: una de ellas decapitada, dos calcinadas y una mujer degollada.
Como consecuencia de la violencia, entre septiembre y octubre, también se suspendió el servicio de transporte en la ruta Chilpancingo-Chilapa, así como en las de varias comunidades de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo. Asimismo, entre septiembre, octubre y noviembre, los maestros cerraron las escuelas de cinco municipios de la región educativa Montaña Baja ante las amenazas del crimen organizado.
La violencia continúa, a pesar de que desde 2016 se han desplegado al menos cinco operaciones militares en Chilapa y en los municipios vecinos.
En enero de ese año, el gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció una operación de 3 mil 500 soldados y 500 policías estatales para frenar la violencia en Chilapa y municipios vecinos. También se anunció entonces la detención de los líderes de las agrupaciones criminales que operan en la zona y responsables de las ejecuciones, levantones y enfrentamientos.
A partir de entonces se han anunciado otras cuatro operaciones para detener la violencia, pero ésta sigue incontrolable.
El 18 de marzo del 2017, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que más de 600 soldados y policías del estado garantizarían la seguridad de pobladores y visitantes en Chilapa, durante el puente vacacional de Semana Santa.
El 4 de octubre del 2017, el gobernador Astudillo Flores y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron en un boletín que la Policía del Estado “intensificará” sus patrullajes en la ruta Chilpancingo, Tixtla y Chilapa, a raíz de la suspensión del servicio de transporte ante los asesinatos de los choferes.
El 12 de octubre, nuevamente el vocero informó en un boletín de prensa que policías estatales, ministeriales y militares harían una operación conjunta para encontrar vehículos robados, y personas armadas y con ello garantizar la seguridad y disuadir el delito en Chilapa.
El 13 de noviembre, el gobernador Héctor Astudillo anunció una nueva operación militar para reforzar la seguridad en las escuelas de Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera, para garantizar la seguridad de alumnos y maestros que habían suspendido sus labores por las amenazas del crimen organizado.
Desde el 2016, los militares mantienen retenes en todos los accesos a la cabecera municipal; uno se encuentra en el entronque de la carretera hacia Ayahualulco y que comunica con el municipio de Quechultenango; otro en el punto conocido como Los Ajos, en el entronque de la carretera que comunica con el municipio de Quechultenango, y otro a la salida hacia el municipio de Zitlala.
Sin embargo, a partir de ese año, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con base en registros periodísticos, contabilizó 146 asesinatos: 23 de las víctimas fueron decapitadas, 68 simplemente ejecutadas, seis fueron halladas, 16 desmembradas y 33 murieron en enfrentamientos y 26 resultaron heridas.
Además, el organismo registró 42 personas desaparecidas y el hallazgo de 56 restos humanos en cuatro fosas clandestinas.
Mientras tanto, en el 2017 el Centro Morelos registró los homicidios solamente de enero a septiembre, pues en octubre entregó su informe al Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert. F. Kennedy.
En esos nueve meses registró 175 asesinatos y ejecuciones; en enero fueron 17; 15 ejecutados y dos desmembrados; en febrero fueron 15, 14 ejecutados y un desmembrado; en marzo la criminalidad aumentó considerablemente y el organismo registró 30 víctimas, 15 ejecutados, dos desmembrados, 12 calcinados y un decapitado; en abril registró 17 víctimas, 13 ejecutados, dos desmembrados y dos decapitados.
En mayo fueron 27 homicidios, cinco ejecutados, cuatro desmembrados, tres calcinados y 15 decapitados; en junio registró un total de 26 muertes violentas, 24 ejecutados, un decapitado, y un lapidado; en julio fueron 23, 15 ejecutados, cinco desmembrados y tres decapitados; en agosto fueron 12 víctimas, seis de ellas ejecutadas, tres desmembradas, un ahorcado, un decapitado y se halló una cabeza humana; en septiembre fueron ocho asesinatos.
Mientras tanto, en el recuento de El Sur se registró un total de 223 homicidios durante ese 2017.
El Centro Morelos expuso en su diagnóstico (que cerró antes de que terminara el 2017) que las cifras de asesinatos superaban en mucho a las del 2016 y que a las ejecuciones se sumaron los desplazamientos masivos de familias de comunidades como Ahuiyuco, Tepozcoahutla y Tetitlán de la Lima.
“Desde los primeros meses del 2017 pudimos notar cómo el índice de criminalidad respecto a los años anteriores fue en aumento, sobre todo en el mes de marzo que fue uno de los más violentos”, destacó en su informe el organismo.
También destacó que muchos de los hechos de violencia ocurridos en ese año, fueron cerca de instalaciones militares. El Centro Morelos documentó, por ejemplo, que 18 de las víctimas cayeron (en distintas fechas) cerca del retén que está en la entrada de la carretera que llega de Chilpancingo, otros 11 cerca del retén ubicado rumbo a Tlapa, mientras que cerca de la salida rumbo a Zitlala ocurrieron tres asesinatos.
Precisó que el 12 de septiembre de ese año, aproximadamente a las 19 horas a sólo 150 metros del arco de la salida hacia la capital, donde se encuentra el retén militar, un taxi fue incendiado y dentro de él fueron hallados cuatro cuerpos, “este hecho sucedió un día después de que llegaron 500 militares y 100 policías estatales a reforzar la seguridad”, según registró el organismo en su documento denominado Contexto Violento de Chilapa y Zitlala.
Asimismo, relató que los episodios violentos se ampliaron a partir del 2016 a comunidades cercanas a la cabecera municipal como Acalco, Acatlán, Acazacatla, Ahuihuiyuco, Ajacayán, Atzacoaloya, Ayahualco, Corral de Piedra, El Limón, El Paraíso, Lodo Grande, Los Magueyes, Nejapa, Tepehuizco, Tetitlán de la Lima, Tlalxingan, Xochimilco y Zizicazapa.
En lo que va del año, nuevamente Chilapa repunta en el número de asesinatos después de Acapulco y Chilpancingo, que son ciudades con mucha más población. De acuerdo con el recuento de El Sur, en Acapulco van 79, Chilpancingo 29 y en Chilapa iban 23 hasta este sábado cuando se encontró una joven de 18 años con huellas de haber sido violada, torturada y estrangulada, en el barrio de El Calvario de esa cabecera municipal.
El caso de la joven está relacionado con el de los siete cadáveres que fueron encontrados desmembrados en 15 bolsas negras de plástico el 30 de enero. Dos de ellos correspondían al de sus padres que habían desaparecido junto con la joven una semana antes.
Los otros cinco de los siete cuerpos fueron de los indígenas artesanos del estado de Veracruz que llegaron a vender muebles al mercado de esa ciudad el 23 de enero y que también habían sido reportados como desaparecidos.
El vocero en materia de Seguridad del Gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, declaró mediante un boletín que las siete víctimas (ahora 8 con la hija de la pareja) están vinculadas con el crimen organizado y que fueron ejecutadas en el contexto de la disputa de la plaza entre los llamados Ardillos y Rojos.
Asimismo, el 25 de enero fueron encontrados en distintos puntos de esa ciudad, cuatro personas asesinadas; un decapitado, dos calcinados y una mujer degollada dentro de una camioneta, cerca del cuerpo de ésta estaba dentro de una hielera su bebé de una semana de nacida.
Azucena Abarca, una mujer de 17 años, había sido levantada un día antes con su esposo Luis Gustavo Rodríguez y su bebé de una semana por presuntos policías estatales. El cadáver de Luis Gustavo fue uno de los dos hallados calcinados en el barrio de San José de esa cabecera municipal.
El 1º de febrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que a ese municipio “se le tiene que dar un seguimiento muy especial” y que se debe reforzar la seguridad porque “ya se ha convertido en una situación de un foco no de amarillo sino de muy rojo derivado de los asesinatos, de los crímenes que se están dando en forma más que salvaje”.
El presidente del Colectivo de Familiares de Desaparecidos de Chilapa, José Díaz Navarro, quien ha venido dando seguimiento a los casos de violencia en ese municipio, declaró el 31 de enero que mientras no se detenga a los líderes de los dos grupos que se disputan la plaza no se va a terminar la violencia en ese municipio y sus alrededores.

 

Pese a cinco operaciones militares desde 2016, Chilapa es de las tres ciudades con más ejecutados en el estado

 

Con cinco operaciones militares, que mantienen prácticamente sitiada a Chilapa desde 2016, esa ciudad sigue siendo una de las más violentas en el estado, como consecuencia de la disputa por el cultivo, el trasiego y la distribución de la droga que mantienen los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos.
La violencia atribuida por las autoridades estatales y federales a la confrontación entre esos grupos dejó el año pasado, según un recuento de El Sur, 223 asesinatos, y en lo que va de este año se han contabilizado 23.
Sólo la semana pasada sucedieron dos de los episodios de violencia más cruentos; el hallazgo de siete cuerpos desmembrados distribuidos en 15 bolsas de plástico, que habían sido reportados como desaparecidos. Mientras que la semana anterior se dio el caso de otras cuatro personas asesinadas en la misma cabecera municipal y sus alrededores, que también habían sido reportadas como desaparecidas: una de ellas decapitada, dos calcinadas y una mujer degollada.
Como consecuencia de la violencia, entre septiembre y octubre, también se suspendió el servicio de transporte en la ruta Chilpancingo-Chilapa, así como en las de varias comunidades de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo. Asimismo, entre septiembre, octubre y noviembre, los maestros cerraron las escuelas de cinco municipios de la región educativa Montaña Baja ante las amenazas del crimen organizado.
La violencia continúa, a pesar de que desde 2016 se han desplegado al menos cinco operaciones militares en Chilapa y en los municipios vecinos.
En enero de ese año, el gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció una operación de 3 mil 500 soldados y 500 policías estatales para frenar la violencia en Chilapa y municipios vecinos. También se anunció entonces la detención de los líderes de las agrupaciones criminales que operan en la zona y responsables de las ejecuciones, levantones y enfrentamientos.
A partir de entonces se han anunciado otras cuatro operaciones para detener la violencia, pero ésta sigue incontrolable.
El 18 de marzo del 2017, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que más de 600 soldados y policías del estado garantizarían la seguridad de pobladores y visitantes en Chilapa, durante el puente vacacional de Semana Santa.
El 4 de octubre del 2017, el gobernador Astudillo Flores y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron en un boletín que la Policía del Estado “intensificará” sus patrullajes en la ruta Chilpancingo, Tixtla y Chilapa, a raíz de la suspensión del servicio de transporte ante los asesinatos de los choferes.
El 12 de octubre, nuevamente el vocero informó en un boletín de prensa que policías estatales, ministeriales y militares harían una operación conjunta para encontrar vehículos robados, y personas armadas y con ello garantizar la seguridad y disuadir el delito en Chilapa.
El 13 de noviembre, el gobernador Héctor Astudillo anunció una nueva operación militar para reforzar la seguridad en las escuelas de Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera, para garantizar la seguridad de alumnos y maestros que habían suspendido sus labores por las amenazas del crimen organizado.
Desde el 2016, los militares mantienen retenes en todos los accesos a la cabecera municipal; uno se encuentra en el entronque de la carretera hacia Ayahualulco y que comunica con el municipio de Quechultenango; otro en el punto conocido como Los Ajos, en el entronque de la carretera que comunica con el municipio de Quechultenango, y otro a la salida hacia el municipio de Zitlala.
Sin embargo, a partir de ese año, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con base en registros periodísticos, contabilizó 146 asesinatos: 23 de las víctimas fueron decapitadas, 68 simplemente ejecutadas, seis fueron halladas, 16 desmembradas y 33 murieron en enfrentamientos y 26 resultaron heridas.
Además, el organismo registró 42 personas desaparecidas y el hallazgo de 56 restos humanos en cuatro fosas clandestinas.
Mientras tanto, en el 2017 el Centro Morelos registró los homicidios solamente de enero a septiembre, pues en octubre entregó su informe al Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert. F. Kennedy.
En esos nueve meses registró 175 asesinatos y ejecuciones; en enero fueron 17; 15 ejecutados y dos desmembrados; en febrero fueron 15, 14 ejecutados y un desmembrado; en marzo la criminalidad aumentó considerablemente y el organismo registró 30 víctimas, 15 ejecutados, dos desmembrados, 12 calcinados y un decapitado; en abril registró 17 víctimas, 13 ejecutados, dos desmembrados y dos decapitados.
En mayo fueron 27 homicidios, cinco ejecutados, cuatro desmembrados, tres calcinados y 15 decapitados; en junio registró un total de 26 muertes violentas, 24 ejecutados, un decapitado, y un lapidado; en julio fueron 23, 15 ejecutados, cinco desmembrados y tres decapitados; en agosto fueron 12 víctimas, seis de ellas ejecutadas, tres desmembradas, un ahorcado, un decapitado y se halló una cabeza humana; en septiembre fueron ocho asesinatos.
Mientras tanto, en el recuento de El Sur se registró un total de 223 homicidios durante ese 2017.
El Centro Morelos expuso en su diagnóstico (que cerró antes de que terminara el 2017) que las cifras de asesinatos superaban en mucho a las del 2016 y que a las ejecuciones se sumaron los desplazamientos masivos de familias de comunidades como Ahuiyuco, Tepozcoahutla y Tetitlán de la Lima.
“Desde los primeros meses del 2017 pudimos notar cómo el índice de criminalidad respecto a los años anteriores fue en aumento, sobre todo en el mes de marzo que fue uno de los más violentos”, destacó en su informe el organismo.
También destacó que muchos de los hechos de violencia ocurridos en ese año, fueron cerca de instalaciones militares. El Centro Morelos documentó, por ejemplo, que 18 de las víctimas cayeron (en distintas fechas) cerca del retén que está en la entrada de la carretera que llega de Chilpancingo, otros 11 cerca del retén ubicado rumbo a Tlapa, mientras que cerca de la salida rumbo a Zitlala ocurrieron tres asesinatos.
Precisó que el 12 de septiembre de ese año, aproximadamente a las 19 horas a sólo 150 metros del arco de la salida hacia la capital, donde se encuentra el retén militar, un taxi fue incendiado y dentro de él fueron hallados cuatro cuerpos, “este hecho sucedió un día después de que llegaron 500 militares y 100 policías estatales a reforzar la seguridad”, según registró el organismo en su documento denominado Contexto Violento de Chilapa y Zitlala.
Asimismo, relató que los episodios violentos se ampliaron a partir del 2016 a comunidades cercanas a la cabecera municipal como Acalco, Acatlán, Acazacatla, Ahuihuiyuco, Ajacayán, Atzacoaloya, Ayahualco, Corral de Piedra, El Limón, El Paraíso, Lodo Grande, Los Magueyes, Nejapa, Tepehuizco, Tetitlán de la Lima, Tlalxingan, Xochimilco y Zizicazapa.
En lo que va del año, nuevamente Chilapa repunta en el número de asesinatos después de Acapulco y Chilpancingo, que son ciudades con mucha más población. De acuerdo con el recuento de El Sur, en Acapulco van 79, Chilpancingo 29 y en Chilapa iban 23 hasta este sábado cuando se encontró una joven de 18 años con huellas de haber sido violada, torturada y estrangulada, en el barrio de El Calvario de esa cabecera municipal.
El caso de la joven está relacionado con el de los siete cadáveres que fueron encontrados desmembrados en 15 bolsas negras de plástico el 30 de enero. Dos de ellos correspondían al de sus padres que habían desaparecido junto con la joven una semana antes.
Los otros cinco de los siete cuerpos fueron de los indígenas artesanos del estado de Veracruz que llegaron a vender muebles al mercado de esa ciudad el 23 de enero y que también habían sido reportados como desaparecidos.
El vocero en materia de Seguridad del Gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, declaró mediante un boletín que las siete víctimas (ahora 8 con la hija de la pareja) están vinculadas con el crimen organizado y que fueron ejecutadas en el contexto de la disputa de la plaza entre los llamados Ardillos y Rojos.
Asimismo, el 25 de enero fueron encontrados en distintos puntos de esa ciudad, cuatro personas asesinadas; un decapitado, dos calcinados y una mujer degollada dentro de una camioneta, cerca del cuerpo de ésta estaba dentro de una hielera su bebé de una semana de nacida.
Azucena Abarca, una mujer de 17 años, había sido levantada un día antes con su esposo Luis Gustavo Rodríguez y su bebé de una semana por presuntos policías estatales. El cadáver de Luis Gustavo fue uno de los dos hallados calcinados en el barrio de San José de esa cabecera municipal.
El 1º de febrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que a ese municipio “se le tiene que dar un seguimiento muy especial” y que se debe reforzar la seguridad porque “ya se ha convertido en una situación de un foco no de amarillo sino de muy rojo derivado de los asesinatos, de los crímenes que se están dando en forma más que salvaje”.
El presidente del Colectivo de Familiares de Desaparecidos de Chilapa, José Díaz Navarro, quien ha venido dando seguimiento a los casos de violencia en ese municipio, declaró el 31 de enero que mientras no se detenga a los líderes de los dos grupos que se disputan la plaza no se va a terminar la violencia en ese municipio y sus alrededores.

 

Acusa la UPOEG al grupo criminal Los Ardillos del asesinato de su comandante, su consejero y dos peones

 

Según la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) el grupo criminal Los Ardillos encabezado por la familia Ortega Jiménez de Tlanicuilulco, Quechultenango, intentó irrumpir la noche del lunes a Buena Vista de la Salud, Chilpancingo, para tomar el control de la zona para el trasiego de droga, y asesinó y calcinó a un comandante y a un consejero de esa organización, y a dos peones que los acompañaban la tarde del lunes tras una emboscada en los límites de Chilpancingo y Mochitlán.
En un recorrido a pie, policías ciudadanos hallaron tres campamentos de civiles armados que, afirman, pertenecen al grupo delictivo Los Ardillos, en la barranca El Gallo en los límites de las comunidades de Buena Vista de la Salud y El Ocotito, que pasa por debajo de la carretera federal Chilpancingo-Acapulco en el municipio de Chilpancingo.
Los policías que estuvieron en la operación hallaron chalecos tácticos, latas de atún, ropa, aceites para dar mantenimiento a sus armas, un pantalón de mezclilla, un bóxer y un calzón de mujer, “éstos amigos estuvieron al parecer unos tres días en este lugar y pretendían entrar a la zona, pero no los dejamos entrar porque este es nuestro territorio”, dijo un policía de esa organización.
Otro policía ciudadano agregó que en la barranca El Gallo, donde pasa un arroyo, encontraron tres campamentos “provisionales” donde estaban apostados los civiles armados que pretendían irrumpir en la comunidad donde tiene presencia la UPOEG.
Ayer se difunció erróneamente en estas páginas que los vecinos que estaban en contra de la UPOEG fueron de Rincón de la Vía, cuando lo que dijo esa organización fue que los que bloquearon fueron los de Buena Vista de la Salud.

El bloqueo y la emboscada en contra del comandante y del consejero

Un policía ciudadano que se reservó su nombre dijo que a las 4 de la tarde del lunes pobladores de Buena Vista de la Salud organizaron una reunión urgente en la comisaría municipal, en la que citaron a beneficiarias del programa de Prospera, “primero trataron el tema de Prospera y después hablaron de exigir a la población que se sumara al movimiento para sacar a los policías de la UPOEG, porque según habían secuestrado al vecino Miguel Ávila Sotelo y de realizar atropellos en contra de los vecinos”.
Dijo que por engaños de un grupo de personas que tienen nexos con el grupo de Los Ardillos, los pobladores de la localidad iniciaron el bloqueo la tarde del lunes cerca de la base de la policía de Buena Vista de la Salud para exigir la salida de la organización, “porque según ellos, nosotros habíamos secuestrado al señor, lo cual es falso, es decir, fue un autosecuestro porque era una estrategia para que entraran Los Ardillos a la zona y a nosotros nos sacaran”.
Agregó que autoridades militares y de la Policía Estatal rastrearon el teléfono de Miguel Ávila y que constaron que se trató de un autosecuestro, y no pidieron apoyo a las autoridades policiacas ni a la policía de la UPOEG.
Dijo que el inicio del conflicto en la localidad fue el 21 de enero cuando pobladores nombraron a un comisario y a su suplente que simpatiza con la UPOEG, “pero a una familia no le convino la decisión de los vecinos porque tiene interés de que entre el grupo contrario, por eso inició estos hechos de violencia”.
Agregó que después de la 6 de la tarde el comandante de la UPOEG, Antonio de Dios, el consejero Mario de Dios y dos peones que iban en una camioneta que pasaba por un camino de terracería conocido como La Quebradora que se dirige a la comunidad Zintlanapa, Mochitlán, a 5 minutos de la localidad de Rincón de la Vía en Chilpancingo fueron emboscados y luego incendiados dentro de un vehículo.
“En ese momento que se realizaba el bloqueo los pobladores impidieron el paso de los policías de la UPOEG para auxiliar a nuestros compañeros que habían sufrido el atentado, y después dejaron pasar a sólo tres camionetas de la corporación”, declaró.
Dijo que después de las 7 de la noche sin explicación los manifestantes desbloquearon la vía federal y se restableció la circulación de los automovilistas, “nosotros pudimos pasar junto a los policías de la organización para verificar el ataque que ocurrió en Zintlanapa, pero ocurrió otro ataque armado a civiles inocentes”.
Atacaron a los automovilistas porque pensaron que eran de la UPOEG, dice

El policía de la UPOEG dijo que después de que desbloquearon la carretera los vecinos de Buena Vista de la Salud, un grupo de civiles armados se apostó en una loma en la orilla de la carretera federal Chilpancingo-Acapulco en los límites de las comunidades de El Ocotito y Buenavista de la Salud.
“Al quitarse el bloqueo los agresores observaron que avanzaba la caravana de vehículos, pensaban que éramos nosotros y empezaron a dispararles a los automovilistas que pasaban por ahí y en este ataque resultaron heridos una señora, un policía de la organización que estaba franco y su hermano que pasaron por ese lugar”.
En un recorrido en la loma conocida como Universidad se observaron regados diversos casquillos percutidos, que según las autoridades eran para rifles de asalto AR-15 y AK-47 o cuerno de chivo, había una gorra negra, botellas de agua y en los árboles y en el carretera se veían impactos de bala.
“Los integrantes del grupo criminal Los Ardillos intentaron entrar a nuestro territorio y utilizaron a la población para poder irrumpir a Buena Vista de la Salud, pero no los vamos a dejar entrar, nos dicen que quieren entrar Los Ardillos”, declaró.
Comentó que el grupo delincuencial pretende ingresar a la zona asesinando a las cabezas de la organización en emboscadas y calcinar sus cuerpos, “como el caso del ex presidente estatal del PRD, ex diputado local e integrante de la coordinadora estatal del movimiento Pro AMLO, Ranferi Hernández Acevedo que fue calcinado junto con su esposa, su suegra y un chofer dentro de su camioneta también calcinada en la carretera Chilapa-Ahuacuotzingo, cerca de la desviación hacia Nejapa, municipio de Chilapa el 14 de octubre pasado, es el sello de violencia de ellos”.
Afirmó que “la embestida de este grupo criminal” para entrar al territorio de la UPOEG es sistemático y ya pasó en noviembre en Buenavista de la Salud, después en Palo Blanco y Acahuizotla, “pero seguimos en la lucha para cuidar el territorio”.

 

 

Cierran civiles armados cuatro horas la carretera a Acapulco en Petaquillas, cerca de Chilpancingo

Integrantes del grupo civil armado que opera en Petaquillas, que se presenta como policía rural, bloquearon más de cuatro horas los cuatro carriles de la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, a un lado del retén que tienen en la entrada a Chilpancingo, ante la amenaza de que irían policías estatales y federales a desarmarlos tras la detención de un comandante que después fue liberado.
A las 12 del día inició el bloqueo con llantas atravesadas en la vialidad. Los manifestantes impidieron tomar fotografías y en un primer momento no quisieron dar información del motivo del bloqueo en la transitada carretera federal que se dirige a los pueblos del valle de El Ocotito donde tiene presencia la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), donde desde el domingo han sucedido ataques armados por la irrupción del grupo del crimen organizado Los Ardillos, según denuncias de la UPOEG.
Antes de las 12 del día se observó un convoy de seis patrullas de la Policía Estatal, dos de la Policía Ministerial y dos del Ejército que se dirigían a Chilpancingo tras los enfrentamientos a balazos del domingo y martes en Buenavista de la Salud y Palo Blanco.
Después los civiles armados que están en el retén cerca de la colonia La Cinca, en la entrada a Chilpancingo desde Acapulco, cerraron con llantas los cuatro carriles de la carretera federal.
Aunque la mayoría de los manifestantes no quisieron informar del motivo de la movilización, los civiles armados que se autodenominan policías rurales de Petaquillas, de los cuales se deslindó el gobierno del estado, dijeron que las autoridades policiacas pretenden desarmarlos tras los asesinatos y ataques a balazos en el valle de El Ocotito.

Retienen a comandante del grupo de civiles armados en Petaquillas

Un autodenominado policía rural de Petaquillas dijo que después de las 10:30 de la mañana su comandante Germán Alvarado Flores acompañado de su chofer y otro joven iban en un vehículo Focus rojo, al llegar a la gasolinería en la entrada a Petaquillas fue detenido por la Policía Estatal, la Ministerial y militares.
Comentó que los uniformados sacaron del auto al comandante, “lo golpearon en la espalda, le escupieron, le quitaron su radio, dos cartuchos y una pistola, lo tuvieron retenido más de 15 minutos y después lo liberaron”.
Dijo que como forma de presión para las autoridades bloquearon la carretera federal, después vecinos de Petaquillas se sumaron al movimiento para exigir la entrega de sus pertenencias al comandante.
“Lo que pasa es que íbamos a bordo del auto Focus rojo, no tenía logotipos que nos identificaran como policías y las corporaciones nos confundieron como personas sospechosas, yo como chofer y a mi acompañante no nos detuvieron, sólo a nuestro comandante lo retuvieron como unos 15 minutos”.
Antes de las 3 de la tarde llegaron al bloqueo el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Martín Maldonado del Moral y el vicefiscal Nelson Fiallo, quienes atendieron a los inconformes.
Los funcionarios negaron la intención de desarmar a los policías rurales quienes controlan la comunidad de Petaquillas tras expulsar a balazos al Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), hace más de un año, y pidieron a los manifestantes que liberaran la vialidad.
Los pobladores y civiles armados pidieron que les entregaran el radio de comunicación, dos cartuchos y una pistola para que liberaran la carretera, la respuesta de los funcionaros fue que les entregarían dinero en efectivo y los manifestantes aceptaron la propuesta.
Después de las 4 de la tarde los manifstantes se retiraron y se reanudó la vialidad de la carretera federal México-Acapulco en la comunidad de Petaquillas, ubicada a 12 kilómetros del centro  de Chilpancingo.

Asesinatos y balaceras tienen sin clases a siete pueblos del valle del Ocotito, Chilpancingo

Debido a los asesinatos y balaceras en Buenavista de la Salud y Palo Blanco, 35 escuelas están cerradas y quedaron sin actividades 3 mil 200 estudiantes en siete pueblos del valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo.
El lunes ocurrió el cierre de escuelas de todos los niveles en Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Cajelitos y Rincón de la Vía tras una balacera entre sicarios y policías estatales, que dejó un civil muerto y dos uniformados heridos.
La noche del martes en Palo Blanco hombres armados atacaron a balazos a policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en este hecho murió un hombre y dos policías de esa organización resultaron heridos.
Las autoridades municipales y educativas del valle de El Ocotito informaron que son unas 35 escuelas afectadas por estos hechos de violencia, y quedaron sin clases unos 3 mil estudiantes.
Agregaron que depende de las condiciones de seguridad que haya en las comunidades para regresar a clases el próximo lunes.
A pesar de que este miércoles el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que intervendría en la zona el gobierno estatal, no se observó vigilancia en la carretera, sólo retenes de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en su base en Buenavista de la Salud y en la entrada de la Autopista del Sol en el Parque Industrial de El Ocotito.
Ayer se vieron las calles solas, negocios y escuelas cerradas en Buenavista de la Salud tras el enfrentamiento de la tarde del domingo entre civiles armados y policías estatales.
Las principales calles se encontraban solitarias ante el temor de la población a otro enfrentamiento armado.
La primaria federal Benito Juárez, la secundaria federal Ignacio Zaragoza, los jardines de niños Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellano y el CBTA 225 permanecieron cerradas con candado.
El mercado en el centro de la comunidad tampoco ha abierto desde el domingo.
Consultado en la base de la policía de la UPOEG en Buenavista, un comandante de la organización  comentó que continúan los patrullajes en la carretera federal Acapulco-México donde están los siete pueblos del valle de El Ocotito.

Retuvieron el martes al comisario de Buenavista de la Salud

El comandante de la Policía Ciudadana en la comunidad de Buenavista de la Salud, quien se identificó como José, dijo que el miércoles fue retenido 5 horas el comisario de esa localidad Guillermo Sánchez, en Palo Blanco, señalado de estar coludido con el grupo criminal Los Ardillos.
Consultado en la base de esa organización dijo que a las 10:30 de la mañana del miércoles el comisario de Buenavista de la Salud se dirigía a Palo Blanco y fue retenido, “para hablar con él, para que trabajara para el beneficio del pueblo y no para los criminales que irrumpieron a nuestra comunidad, pero después lo liberamos porque atenderá las demandas del pueblo, pero en el consejo de la organización se determinará si continuará en el cargo o no, pero estamos en alerta”.
Dijo que continuarán la vigilancia de la Policía Ciudadana, “además del refuerzo de los compañeros de la Costa Chica que nos están apoyando en esta situación”.
En la comunidad de El Ocotito todavía no hay clases en las 11 escuelas de todos los niveles educativos, y se observaron algunas calles vacías ante el temor de la población en caso de que ocurra otro enfrentamiento armado.
Una vecina de la localidad comentó que después de las 6 de la tarde la población no sale de sus casas, los negocios ubicados en el mercado y en el centro de la población cierran ante el riesgo de que ocurra un hecho de violencia.
“Yo tengo cinco hijos que van en la escuela en El Ocotito pero no los mando por lo feo que está aquí en el pueblo y en el corredor del valle de El Ocotito, hasta que se calmen las cosas los mandaré, pero mientras hay que cuidar nuestras vidas”, declaró.
Las escuelas que permanecen cerradas son el plantel 17 del Colegio del Bachilleres, los jardines de niños Santo Degollado y Gabriela Magistral, las primaria Emperador Cuauhtémoc, José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero.
Consultado en la Comisaría municipal el comisario de El Ocotito, Fernando Rosales González dijo que estos hechos de violencia han afectado al comercio en la localidad por el temor de la población que no va al mercado, “por el temor de la ciudadanía, no salir y no comprar sus productor afecta a todos, al igual en el nivel educativo que no hay clases”, a pesar de que hay vigilancia de la Policía Ciudadana de la UPOEG.
El lunes en las comunidades de Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Rincón de la Vía y Cajelitos se suspendieron labores en las escuelas de todos los niveles educativos para proteger la integridad física de los estudiantes y maestros, tras el enfrentamiento que ocurrió la tarde del domingo entre civiles armados y policías estatales que dejó un saldo de un civil muerto y dos agentes heridos en la comunidad de Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo.
El miércoles las comunidades de Acahuizotla y Palo Blanco, también del  municipio de Chilpancingo, suspendieron las labores en las escuelas tras la balacera del martes cuando civiles armados atacaron a policías ciudadanos de la UPOEG en el retén en la entrada a Palo Blanco, en la carretera federal México-Acapulco.

Cierran comercios y escuelas en el valle de El Ocotito

El gobierno “va a ir” al valle del Ocotito ante  recientes enfrentamientos, anuncia Astudillo  

El gobernador pregunta por la seguridad que pregona la UPOEG y dice que hay un conficto entre dos grupos y urge la responsabilidad de la federación

Zacarías Cervantes

Chilapa

El gobernador Héctor Astudillo Flores cuestionó dónde está la seguridad que pregonan quienes operan en las comunidades del valle de El Ocotito, luego de los hechos de violencia del domingo en Buena Vista de la Salud y la noche del martes en Palo Blanco, localidades del municipio de Chilpancingo en donde tiene presencia la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Astudillo declaró que en esa zona hay un conflicto entre dos grupos que “está urgiendo la responsabilidad de la federación”, y que el gobierno “va a ir” porque es su responsabilidad.
En conferencia de prensa al final de la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero en Chilapa, a la que asistieron el comandante de la 35 Zona Militar general José Francisco Terán Valle, el coordinador de la Policía Federal en Guerrero David Portillo Menchaca, el fiscal  Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública estatal Pedro Almazán Cervantes, un representante de la Procuraduría General de la República (PGR), y el vocero Roberto Álvarez Heredia, al gobernador se le preguntó por la situación  en el valle del Ocotito, y respondió en todo sarcástico: “¿ya se estaban tardando, no?”, en referencia a los últimos acontecimientos de violencia en esos pueblos.
En esa zona detonó la violencia el domingo pasado. Ese día en Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo, en un enfrentamiento entre miembros de civiles armados y policías estatales murió un civil y dos policías estatales quedaron heridos. Asimismo, la noche del martes resultó un policía ciudadano muerto y dos heridos en un ataque de un comando en Palo Blanco, a unos 20 minutos de Chilpancingo, y por la violencia desde el lunes también se suspendieron las clases en las escuelas de las comunidades del valle de El Ocotito.
El gobernador dijo que lo primero que debe hacerse es un diagnóstico para saber cuántas escuelas están sin clases, que “se está haciendo en estos momentos”.
De los últimos días el gobernador cuestionó, “¿y la seguridad que pregonaban?”, y declaró que en esas comunidades “hay un conflicto entre dos grupos que, sin duda, está urgiendo la responsabilidad de la federación y vamos a ir, indiscutiblemente, porque es nuestra responsabilidad”.
No precisó cuáles son esos grupos que están en conflicto, aunque esas comunidades están bajo el control desde finales del año pasado de la autodefensa de la UPOEG, que está en conflicto con la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), pero esta agrupación desde el año pasado fue replegada violentamente a Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero.
El gobernador quien en campaña prometió “orden y paz”, insistió: “aquí cabe una pregunta elemental: ¿y los que pregonaban que brindaban seguridad, dónde están?. Vamos a ir nosotros porque es nuestra responsabilidad, por supuesto”.

Suspenden clases también en Acahuizotla y Palo Blanco, tras ataque a balazos el martes
En las comunidades de Acahuizotla y Palo Blanco, del municipio de Chilpancingo, se suspendieron las labores en las escuelas de todo los niveles educativos, tras los hechos de la noche del martes, cuando civiles armados atacaron a policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en su retén en la entrada a Palo Blanco, en la carretera federal México-Acapulco.
Con éstas, son siete comunidades del valle de El Ocotito donde no hay clases, luego del enfrentamiento del domingo entre civiles armados y policías estatales que dejó un civil muerto y dos policías heridos en Buenavista de la Salud.
Un integrante del Consejo de Autoridades de El Ocotito, informó que ayer se acordó que no se reanudaran las clases suspendidas desde el lunes  en  Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Cajelitos y Rincón de la Vía, por los hechos de violencia de la noche del martes en Palo Blanco, y que además se sumaron Palo Blanco y Acahuizotla.
Señaló que esta medida es para que estudiantes y maestros no corran el riesgo en caso de un enfrentamiento entre policías ciudadanos de la UPOEG y hombres armados.
La noche del martes, un ataque de civiles armados a policías de la UPOEG en Palo Blanco, dejó un muerto y dos policías heridos de bala. (Luis Blancas/Chilpancingo).

Los Ardillos buscan controlar el valle de El Ocotito, dice un comandante de la UPOEG

El ejecutado en un automóvil el martes era un ex policía ciudadano, informa Ernesto Gallardo. Destituyeron a ocho integrantes de la organización que tenían acuerdos con los criminales, afirma. Aterroriza a vecinos de Palo Blanco el rumor de una balacera, cierran locales y se refugian en sus casas

El comandante general del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Ernesto Gallardo Grande informó que los ataques en Buenavista y Palo Blanco son “una provocación” del grupo criminal Los Ardillos, que pretende controlar el corredor del valle de El Ocotito.
El domingo sicarios y policías estatales se enfrentaron en Buenavista, un civil murió y dos agentes resultaron heridos, el martes atacaron un retén de la UPOEG en Palo Blanco, un civil murió y dos policías de esa organización resultaron heridos. Tras ambos hechos se cerraron el lunes las escuelas en Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Rincón de la Vía y Cajelitos, y ayer también en Palo Blanco, Acahuizotla, Mazatlán y Petaquillas, se informó aquí.
Consultado en la Comisaría de Palo Blanco, Gallardo Grande dijo que “lo que está pasando es que el grupo delincuencial denominado Los Ardillos está calculando fuerza y nos está provocando, con nosotros no va a haber acuerdos ni arreglos en cuestiones como ellos quieren entrar en nuestro territorio”.
Del ataque al retén el martes contó que los sicarios “vinieron a atacar nuestra base, gracias a Dios no tenemos bajas más que uno que ellos mismos ya traían en la cajuela del coche, lo traían esposado, así lo dejaron”, e informó que se trata de un ex policía de la UPOEG.
Ante la situación “vamos a dar una respuesta, por eso estamos haciendo recorridos, estamos haciendo presencia en todo el corredor del valle de El Ocotito para brindar seguridad a la población, que no pasen a mayores las cosas, para que ya no nos vuelvan a sorprender”.
De la presunta ruptura de la UPOEG aseguró que “es mentira, no hay ninguna confrontación entre comunitarios ni entre población ni con el gobierno, aquí la confrontación es directamente con el grupo delictivo de Los Ardillos”.
“En nuestro sistema hay reglas y hubo gente de Buenavista, un grupo que compañeros, comisario y todo que se destituyeron porque tenían acuerdos con Los Ardillos cuando nosotros no podemos tener acuerdos con ningún cártel, se les pidió que se quitaran la playera (de la organización) y que quedaran como personas normales, ‘es tu bronca, asúmela’, pero representaban un riesgo”, y dijo que por eso se solicitó la intervención de la Policía Estatal para evitar “vernos mal” y que se pensara que hay una confrontación entre policías ciudadanos.
Precisó que las destituidas fueron “ocho personas” que fueron apoyados por unas “siete u ocho” camionetas de Los Ardillos, cuyo armamento fue decomisado luego del enfrentamiento del domingo en Buenavista.
Declaró que ese grupo criminal ocupa dos rutas para irrumpir en el corredor del valle de El Ocotito, una por Petaquillas que es “por donde más se nos están viniendo”, y otra por Acahuizotla.
Del cierre de las escuelas en las nueve comunidades, así como el ambiente tenso a consecuencia de los enfrentamientos, Gallardo Grande dijo que “las escuelas no tienen por qué cerrar, no tiene por qué haber toque de queda, para eso tenemos sistema de seguridad, para sobre guardar la seguridad de los niños y de la población”.
Sin embargo dijo que “si nosotros no tenemos la capacidad (para garantizar la seguridad), el gobierno lo tiene que hacer también, nosotros no estamos peleados con el gobierno y tampoco le prohibimos el paso al gobierno, podemos coordinarnos”.
Informó que con la presencia de la UPOEG en las comunidades las clases podrían reanudarse hoy o mañana.
Por su parte el comisario de Palo Blanco, Carlos Santos Locia reconoció que hay pánico en las comunidades, pero con la presencia de la UPOEG “no hay nada que estar temiendo, nos está brindando la seguridad, nosotros agradecemos la coordinación con la Policía Estatal, las escuelas no tienen por qué cerrarse”. Llamó a la sociedad a retomar sus actividades, y a que “ya no tengan miedo”.

Retenes no reactivan la vida cotidiana

Desde El Ocotito hasta Palo Blanco la UPOEG instaló retenes que vigilan grupos de ocho a 50 policías ciudadanos, pero la tensión en las comunidades prevalecía ayer como se constató en un recorrido.
A pesar de que ser un día hábil, el miércoles, las escuelas de nivel básico, medio superior y superior en las comunidades estaban cerradas. En las calles no hubo el movimiento habitual de los pobladores que suelen salir de sus casas al mediodía para sus actividades cotidianas, recoger a sus hijos, ir al mercado, a visitarse, lo que se hace cuando no se teme por su vida.
La carretera federal México-Acapulco que cruza por las comunidades que integran el corredor del valle de El Ocotito no había más que unos cuantos vehículos, principalmente del transporte público, taxis y urvans que van a Chilpancingo o a Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero.
En Palo Blanco rumores de una balacera en Acahuizotla aterrorizaron a la población, los comerciantes cerraron de golpe sus locales mientras que mujeres y jóvenes corrían a sus casas, en sus rostros se notaba la angustia, la incertidumbre de no saber si las balas volverían a llegar a la comunidad.
Entre el ir y venir de la gente una camioneta de la Policía Ciudadana aceleró con dirección al pueblo vecino, donde no se confirmó ningún enfrentamiento.(Alina Navarrete Fernández / Palo Blanco, Chilpancingo).

Los Ardillos buscan controlar el valle de El Ocotito, dice un comandante de la UPOEG

El comandante general del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Ernesto Gallardo Grande informó que los ataques en Buenavista y Palo Blanco son “una provocación” del grupo criminal Los Ardillos, que pretende controlar el corredor del valle de El Ocotito.
El domingo sicarios y policías estatales se enfrentaron en Buenavista, un civil murió y dos agentes resultaron heridos, el martes atacaron un retén de la UPOEG en Palo Blanco, un civil murió y dos policías de esa organización resultaron heridos. Tras ambos hechos se cerraron el lunes las escuelas en Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Rincón de la Vía y Cajelitos, y ayer también en Palo Blanco, Acahuizotla, Mazatlán y Petaquillas, se informó aquí.
Consultado en la Comisaría de Palo Blanco, Gallardo Grande dijo que “lo que está pasando es que el grupo delincuencial denominado Los Ardillos está calculando fuerza y nos está provocando, con nosotros no va a haber acuerdos ni arreglos en cuestiones como ellos quieren entrar en nuestro territorio”.
Del ataque al retén el martes contó que los sicarios “vinieron a atacar nuestra base, gracias a Dios no tenemos bajas más que uno que ellos mismos ya traían en la cajuela del coche, lo traían esposado, así lo dejaron”, e informó que se trata de un ex policía de la UPOEG.
Ante la situación “vamos a dar una respuesta, por eso estamos haciendo recorridos, estamos haciendo presencia en todo el corredor del valle de El Ocotito para brindar seguridad a la población, que no pasen a mayores las cosas, para que ya no nos vuelvan a sorprender”.
De la presunta ruptura de la UPOEG aseguró que “es mentira, no hay ninguna confrontación entre comunitarios ni entre población ni con el gobierno, aquí la confrontación es directamente con el grupo delictivo de Los Ardillos”.
“En nuestro sistema hay reglas y hubo gente de Buenavista, un grupo que compañeros, comisario y todo que se destituyeron porque tenían acuerdos con Los Ardillos cuando nosotros no podemos tener acuerdos con ningún cártel, se les pidió que se quitaran la playera (de la organización) y que quedaran como personas normales, ‘es tu bronca, asúmela’, pero representaban un riesgo”, y dijo que por eso se solicitó la intervención de la Policía Estatal para evitar “vernos mal” y que se pensara que hay una confrontación entre policías ciudadanos.
Precisó que las destituidas fueron “ocho personas” que fueron apoyados por unas “siete u ocho” camionetas de Los Ardillos, cuyo armamento fue decomisado luego del enfrentamiento del domingo en Buenavista.
Declaró que ese grupo criminal ocupa dos rutas para irrumpir en el corredor del valle de El Ocotito, una por Petaquillas que es “por donde más se nos están viniendo”, y otra por Acahuizotla.
Del cierre de las escuelas en las nueve comunidades, así como el ambiente tenso a consecuencia de los enfrentamientos, Gallardo Grande dijo que “las escuelas no tienen por qué cerrar, no tiene por qué haber toque de queda, para eso tenemos sistema de seguridad, para sobre guardar la seguridad de los niños y de la población”.
Sin embargo dijo que “si nosotros no tenemos la capacidad (para garantizar la seguridad), el gobierno lo tiene que hacer también, nosotros no estamos peleados con el gobierno y tampoco le prohibimos el paso al gobierno, podemos coordinarnos”.
Informó que con la presencia de la UPOEG en las comunidades las clases podrían reanudarse hoy o mañana.
Por su parte el comisario de Palo Blanco, Carlos Santos Locia reconoció que hay pánico en las comunidades, pero con la presencia de la UPOEG “no hay nada que estar temiendo, nos está brindando la seguridad, nosotros agradecemos la coordinación con la Policía Estatal, las escuelas no tienen por qué cerrarse”. Llamó a la sociedad a retomar sus actividades, y a que “ya no tengan miedo”.

Retenes no reactivan la vida cotidiana

Desde El Ocotito hasta Palo Blanco la UPOEG instaló retenes que vigilan grupos de ocho a 50 policías ciudadanos, pero la tensión en las comunidades prevalecía ayer como se constató en un recorrido.
A pesar de que ser un día hábil, el miércoles, las escuelas de nivel básico, medio superior y superior en las comunidades estaban cerradas. En las calles no hubo el movimiento habitual de los pobladores que suelen salir de sus casas al mediodía para sus actividades cotidianas, recoger a sus hijos, ir al mercado, a visitarse, lo que se hace cuando no se teme por su vida.
La carretera federal México-Acapulco que cruza por las comunidades que integran el corredor del valle de El Ocotito no había más que unos cuantos vehículos, principalmente del transporte público, taxis y urvans que van a Chilpancingo o a Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero.
En Palo Blanco rumores de una balacera en Acahuizotla aterrorizaron a la población, los comerciantes cerraron de golpe sus locales mientras que mujeres y jóvenes corrían a sus casas, en sus rostros se notaba la angustia, la incertidumbre de no saber si las balas volverían a llegar a la comunidad.
Entre el ir y venir de la gente una camioneta de la Policía Ciudadana aceleró con dirección al pueblo vecino, donde no se confirmó ningún enfrentamiento.

La corrupción de las autoridades impide la detención de Los Ardillos, señala Siempre Vivos de Chilapa

El coordinador del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro denunció que la corrupción, la impunidad y la omisión de las autoridades impiden la detención de los miembros de la organización criminal Los Ardillos, que levantó, secuestró y asesinó a dos de sus hermanos, a un primo y a dos empresarios en Chilapa el 26 de noviembre de 2014.
Díaz Navarro se reunió este lunes con familiares de víctimas de desaparición y asesinato en Chilapa, con motivo del tercer aniversario de la desaparición y posterior ejecución de sus hermanos Hugo y Alejandrino, su primo Vicente Apreza García y los empresarios Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer.
En la reunión dio a conocer la estructura con nombres y rostros y explicó cómo funciona la organización criminal que secuestró y asesinó a sus familiares hace tres años y a la que atribuyó más de 300 asesinatos en tres años en Chilapa.
Insistió en lo que ha dicho en otras ocasiones, que fueron integrantes del grupo de Los Ardillos que operan impunemente en Quechultenango, Mochitlán, Tixtla y Chilapa, los que se llevaron a dos de sus hermanos, a su primo y a los dos empresarios.
También los responsabilizó de los 30 desaparecidos durante la irrupción de comisarios de las comunidades de la parte baja de Chilapa, que ahora se hacen llamar Comunitarios por la Paz y la Justicia.
Dijo que según declaraciones en expedientes, se los llevaron a Quechultenango y en el río Azul “les hicieron como a los 43 de Ayotzinapa: los asesinaron, los desmembraron, los incineraron y lo que quedó de ellos lo echaron al río”.
En la reunión dijo que con la información que tiene está muy cerca de la verdad pero muy lejos de la justicia, en referencia a que ya sabe qué fue lo que pasó con sus familiares, quiénes son los responsables del múltiple homicidio, pero que no ha sido posible su detención por la “corrupción, impunidad, omisión, negligencia, ineptitud y complicidad” de las autoridades.
Díaz Navarro se encuentra en la lista de los amenazados de muerte por el crimen organizado en Chilapa, y en al menos una ocasión se ha salvado de un atentado, dijo que como no sabe cuándo será la última vez que hable con los familiares de las víctimas de desapariciones y asesinatos, creyó importante darles a conocer la información que ha logrado obtener en los últimos tres años, con respecto a quiénes son y cómo opera el grupo delictivo Los Ardillos, responsable de más de 300 asesinatos en este municipio.
Después en declaración a los medios de comunicación, dijo que para él es muy difícil dar a conocer esta información por el riesgo al que se enfrenta, “pero definitivamente tengo que aprovechar cada momento, cada oportunidad para dar a conocer la situación que se vive en Chilapa, en donde los culpables tienen nombre, tienen apellidos, tienen rostros, son personas que son ahora fáciles de identificar, solamente hace falta que las autoridades hagan su trabajo y hagan valer el estado de Derecho”.
Los integrantes del colectivo Siempre Vivos de Chilapa se reunieron en el local de un jardín de niños en el centro de la ciudad. Los juegos infantiles sirvieron de mamparas para colocar fotografías con los nombres de varios de los desaparecidos. Los nombres son muchos como Roberto Zapoteco Chinito, Epifanio Sánchez Jerón, Cándido Díaz Sánchez, Celso García Cerón, Gemino Neri Agustín, Vicente Morales Naranjo, entre otros más.
Díaz Navarro se quejó de la falta de apoyo de las autoridades, incluidas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal y nacional, que no respondieron a su solicitud para que apoyaran para el transporte y comida a las familias que han sido desplazadas de este municipio y que asistirían a esta reunión.

Empresa del crimen

Tres años después del secuestro y ejecución de sus familiares, Díaz Navarro ha hecho sus propias investigaciones y ayer dijo que confirmó que quienes dieron la orden fueron del grupo criminal Los Ardillos, fundado hace tres décadas por Celso Ortega Rojas y ahora en manos de sus hijos, Celso, Iván, Antonio y Bernardo Ortega Jiménez, de éste último dijo que es el “operador político”, perredista que fue presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado.
Aseguró que con los recursos del poderoso grupo criminal ha logrado ser dirigente del PRD, diputado y presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local. Añadió que ahora busca ser nuevamente dirigente de ese partido, o en su defecto diputado federal, o cuando menos nuevamente presidente municipal de Quechultenango.
Contó que más abajo de esta estructura están sus sobrinos Deivi Astudillo Jiménez, El Deivi, y Eugenio Rodríguez Jiménez.
Dijo que según declaraciones de uno de los detenidos que participaron en la detención de sus hermanos, fue Celso quien ordenó que se los llevaran a una casa de seguridad de Quechultenango, en donde los torturaron y les cortaron sus dedos.
Añadió que 36 horas después sus tres familiares y los dos profesionistas fueron regresados a Chilapa en donde fueron asesinados, después los decapitaron y tres años después aún no se han encontrado las cabezas.
Informó que los primeros días de octubre pasado fue detenido cerca de El Naranjo, en la carretera Iguala-Taxco, Julio César quien participó directamente en la privación de la libertad de sus dos hermanos, su primo y los dos profesionistas. En su declaración, que se encuentra en el expediente, confesó que fueron Los Ardillos los que ordenaron levantarlos y narró cómo operaron, y la ruta que siguieron para llevarlos a Quechultenango.
Otro de los que participó fue Arístides también detenido y quien participó en el asesinato del candidato del PRI a la presidencia municipal de Chilapa en la elección pasada, Ulises Fabián Quiroz, y a tres agentes de la Policía Federal en el mercado de esta cabecera municipal el año pasado.
Expuso que fungía como policía del grupo de civiles armados Paz y Justicia, de los que irrumpieron del 9 al 14 de mayo del 2015 en Chilapa. Agregó que otro de sus cómplices es Antonio García Chino, El Chino, quien sigue libre.
El coordinador de Siempre Vivos dijo que la estructura se ha convertido en una “empresa del crimen”, porque mediante la violencia están incursionado en negocios formales. Denunció que han asesinado a distribuidores de pollos que van de Chilapa a Quechultenango o a las comunidades vecinas, para evitar la competencia al negocio que tiene la familia Ortega.
Agregó que lo mismo han hecho con los dueños de empresas materialistas y transportistas para quedarse con el negocio en toda la zona. En el caso de las Urvan aseguró que se llevan las unidades a Quechultenango en donde las remarcan y las pintan y después las ponen a trabajar desde Ayahualulco hasta Chilpancingo.

Hace 9 años que tienen órdenes de aprehensión los líderes de Los Ardillos, informa nota de Televisa

Redacción

Los hermanos Celso y Jorge Iván Ortega Jiménez, líderes del grupo delictivo Los Ardillos señalados como responsables de la violencia en Chilapa, tienen órdenes de aprehensión desde hace nueve años.
“Desde el 2008 tanto Celso como Iván tienen órdenes de aprehensión, nueve años después continúan libres y expandiendo su poder y terror en Guerrero”, se informó en el noticiero nocturno de Televisa En Punto de la periodista Denise Maerker, donde se presentó una nota sobre el grupo delincuencial Los Ardillos, “responsables de la crisis de inseguridad y violencia que se vive en Chilapa, y que se extiende cada vez más a otros municipios en la región de La Montaña”.
En la nota se mostraron fotografías de los hermanos del ex  diputado local del PRD, Bernardo Ortega.  Primero de Celso, el hermano mayor apodado La Vela y quien  “informes de inteligencia señalan que él encabeza la estructura criminal” y de Jorge Iván, El Barco.
El presidente del colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro dijo que “lo identifico al cien por ciento que él es Celso Ortega Jiménez que lleva aproximadamente tres décadas de homicidios, de terror” y mencionó que cambia constantemente de aspecto físico.
En la nota se incluyen declaraciones del vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia que dijo que  “están perfectamente  identificados los integrantes y cabecillas del grupo delictivo, tanto de Los Ardillos como de Los Rojos, ahora que se autodenominan Jefes”. En otro momento señaló que “21 personas que se dedican a prestar el servicio” del transporte han sido asesinadas.
El reportero menciona que Jorge Iván junto a Celso “corrompieron varias corporaciones policiales”, y que labores de inteligencia aseguran que los hermanos Ortega Jiménez “ordenaron las llamadas listas de la muerte donde Los Ardillos escriben los nombres de las personas que van a matar,  las publican en redes sociales y días después las asesinan”.
La situación de violencia ha provocado que comunidades como Ahuihuiyuco  y Tepozcuautla en Chilapa quedaran  como pueblos fantasma, así como el cierre de más de 70 escuelas en cinco municipios, agrega la nota.
“La violencia de este grupo ha provocado el cierre de clínicas, comandancias, negocios y el colapso del transporte público”.
La periodista Maerker mencionó que “el enfrentamiento entre este grupo encabezado por estas dos personas y el de Los Rojos ha provocado la destrucción de comunidades enteras, de toda una zona de Guerrero. Llama la atención que llevan nueve años con órdenes de aprehensión y nadie los ha detenido”.