Pide la CRAC-PF a AMLO que visite la zona para que se informe bien de la realidad que se vive

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El consejero de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), de la Casa de Justicia de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), Bernardino Sánchez Luna, pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que visite la zona para que se informe bien de la realidad que viven.
Luego de que el presidente reprobó en la conferencia de prensa matutina de ayer la presentación de niños armados por la CRAC-PF, Sánchez Luna dijo que el presidente está mal informado.
Declaró por teléfono que el gobernador Héctor Astudillo Flores y el obispo Salvador Rangel Mendoza (de quienes, según López Obrador, ha escuchado sus opiniones), han declarado y asumido una actitud parcial a favor del grupo delictivo de Los Ardillos, que son los que han venido atacando y hostigando a las comunidades indígenas.
Dijo también que no es verdad que la Guardia Nacional se esté haciendo cargo de la seguridad, como lo aseguró el presidente, puesto que, incluso, ya retiraron el campamento que tenía en el crucero de Rincón de Chautla, en la carretera Chilapa-Hueycantenango y que a veces hasta se alternan con la gente del grupo delictivo de Los Ardillos en otros lugares donde instalan puestos de revisión.
“Entonces está mintiendo el presidente que está diciendo que la Guardia Nacional es la que se está haciendo cargo de la seguridad”.
Declaró que el acuerdo con los gobiernos federal y estatal fue que los elementos de la Guardia Nacional se mantendrían en la zona hasta que se controlara el problema de violencia que viene generando el grupo delictivo, “pero resulta que lleva como dos meses que ya no aparecen en el crucero de Rincón de Chautla”.
Aseguró que, mientras tanto, los integrantes del grupo delictivo siguen posicionados en el Crucero del Jagüey y en el Panteón de Tula, desde donde han seguido amenazando y hostigando a las comunidades indígenas del territorio comunitario.
Incluso aseguró que ya se ampliaron a la Escuela Secundaria de Atzacoaloya, “ya son tres grupos a orillas de la carretera Chilapa-Hueycantenango, no nada más dos”, denunció el promotor comunitario.
Por eso insistió que la CRAC-PF está exigiendo que el presidente vaya a sus comunidades, “no conviene que nomás de lejos esté diciendo que no está bien, queremos que venga a la comunidad y que nos muestre dónde están sus guardias nacionales”.
Denunció que, de hecho, en la escuela de Atzacoaloya, a unos metros de donde están Los Ardillos, están también los elementos de la Guardia Nacional, “o sea que están con ellos, “¿dónde está la seguridad que nos van a dar, si al fin de cuentas se cruzan entre ellos y no les dicen nada?”.
Bernardino Sánchez, rechazó que la CRAC-PF esté vinculada con algún grupo de la delincuencia organizada, dijo que en todo caso, hay dudas de los elementos de la Guardia Nacional, “porque en el Crucero de Colotepec (otro punto de la carretera Chilapa Hueycantenango) está la Guardia Nacional y en el cerrito, como a 300 metros, están Los Ardillos”.
Denunció que, mientras tanto, en el Crucero del Jagüey, se van alternando, “a veces se pone la Guardia Nacional y a veces Los Ardillos. Ellos (la Guardia Nacional) saben dónde están pero no los quitan, no los desalojan, y allí en el Crucero del Jagüey es donde han levantado a muchos compañeros”.
Añadió que si el presidente dice que lo tienen informado el gobernador Héctor Astudillo y el obispo Salvador Rangel, “lo están engañando, porque los dos, con sus declaraciones y actitudes han demostrado que están parcialmente a favor de Los Ardillos”.
“Nosotros no tenemos contacto con el obispo, y el gobernador, hasta ahorita, no ha venido ni nos hemos entrevistado con él”.
Insistió que es totalmente falso todo lo que le han informado al presidente, “por eso estamos presionando para que venga a Ayahualtempa”.
Sánchez Luna advirtió que mientras el presidente no acuda a informarse bien de cómo está la situación “la comunidad ya decidió que va a seguir presionando hasta él que venga”.
Anunció que van a seguir con el proyecto de incorporar niños a la Policía Comunitaria hasta que los gobiernos federal y estatal les resuelvan cuando menos el apoyo a las nueve viudas de los músicos de Alcozacán asesinados el año pasado, a los 14 huérfanos y a los 34 desplazados de la comunidad de Acojtapachtlán por Los Ardillos.
Además, el envío de maestros para la Escuela Secundaria y la Preparatoria de Ayahualtempa para que los niños estudien, “porque no pueden ir a Hueycantenango debido a que ahí está la gente del grupo delictivo”.
Recordó que los gobiernos federal y estatal se comprometieron a mandarles cuando menos tres maestros y la comunidad a conseguir el local, “pero ya llevamos 15 meses y no nos han mandado los maestros”.

 

Denuncia misión del EZLN complicidad del gobierno con el grupo que atacó a la CRAC-PF

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Misión Civil de Observación de la Sexta Lacandona, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), acusó en un comunicado a los tres órdenes de gobierno de ser cómplices con el grupo delictivo que la noche del domingo atacó a policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Chilapa, con resultado de un muerto y tres heridos.
El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo informó la noche del domingo que a las 10 de la mañana (ayer corrigió que fue a las 10 de la noche), policías comunitarios fueron emboscados en Tres Cruces, cerca de Tlatlauquitepec, en la carretera Chilpancingo-Tlapa, y que hubo un muerto y tres heridos.
Ayer en un comunicado, la Misión Civil de Observación de la Sexta que documentó del 20 al 27 de febrero violaciones a los derechos humanos en las 24 comunidades nahuas donde tiene presencia el Cipog-EZ de Chilapa, responsabilizó a los tres órdenes de gobierno del ataque del grupo delictivo.
“Lo decimos clara y directamente, sabemos que los culpables de la muerte, los secuestros, desapariciones, torturas y toda la brutalidad que viven las 24 comunidades que integran al Cipog-EZ, son del grupo criminal los Ardillos, que se han extendido en el corredor Tlapa-Chilapa. También decimos que eso lo sabe el gobierno, desde el federal, estatal y municipal, pero su respuesta ha sido la misma: el desprecio y la muerte”.
Denunció que mientras “los asesinos” siguen sin castigo y asediando a los miembros del Cipog-EZ, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y municipal, “son simples espectadores y cómplices de las agresiones que Los Ardillos realizan contra nuestros hermanos y hermanas en la región de La Montaña”.
Denunció que la noche del domingo los policías comunitarios de la CRAC-PF fueron emboscados por aproximadamente 10 personas con armas AK-47 y AR-15.
En el ataque quedaron heridos Adán Linares Silverio, Pablo Hilario Morales y Alberto Zoyateco Pérez, mientras que el comandante regional, originario de Rincón de Chautla, Jordán Terjiño Luna murió.
Añadió que también quedaron destruidas a balazos las dos camionetas del Cipog-EZ en las que se desplazaban.

Tortura, encarcelamientos, órdenes de aprehensión, falsas denuncias, desaparición y desplazamientos forzados…

“Vale la pena recordar que del 20 al 27 de febrero, como Misión Civil de Observación, documentamos en las comunidades que integran al Cipog-EZ, graves violaciones a los derechos humanos, entre estas: tortura, encarcelamientos, órdenes de aprehensión, falsas denuncias, desaparición y desplazamientos forzados, asesinatos con una gran saña y brutalidad, aunado a la falta de acceso a los derechos más básicos como salud, educación, trabajo, acceso a la justicia, seguridad, identidad y al libre tránsito”.
Aseguró que el gobierno estuvo enterado de este trabajo e incluso ofreció apoyo a la Misión Civil de Observación, “y nos preguntaban si necesitábamos algo, incluso propusieron unirse a la Misión. Pero a poco más de una semana nuevamente nuestros hermanos son emboscados”.
La Misión Civil de Observación llamó a organismos de derechos humanos organizaciones y colectivos nacionales e internacionales a ser solidarios con la lucha de los pueblos nahuas de Chilapa”, “a estar atentos y denunciar la guerra que viven nuestros hermanos y hermanas del Cipog-EZ, organización perteneciente al Congreso Nacional Indígena (CNI)”.
Informó que como Misión Civil de Observación continua con el monitoreo “y estaremos denunciando la guerra de exterminio de la que el Estado es cómplice”.

 

No se ha esclarecido el asesinato de cuatro policías comunitarios de Tixtla hace cinco años, denuncian

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A cinco años de la ejecución de cuatro policías comunitarios en el barrio de El Fortín de Tixtla, el caso no se ha esclarecido y los responsables siguen sin castigo por la colusión de autoridades de los tres niveles de gobierno con el grupo delictivo que opera en esa ciudad, denunciaron ayer ex integrantes de la Policía Comunitaria y la dirigencia del Movimiento Popular Guerrerense (MPG).
En un comunicado, con motivo de los cinco años del asesinato de Javier, Pedro, Ignacio y Alexis, ocurrido el 26 de noviembre del 2015, por un grupo de hombres armados, cuando salieron de la Casa de Justicia de El Fortín a atender una denuncia de la presencia de un grupo de civiles armados, ex policías comunitarios y el MPG exigieron justicia.
Recuerdan que ese día, mientras los policías comunitarios salieron a corroborar la denuncia, en la Casa de Justicia recibieron una llamada telefónica “amenazante, en la que “con palabras altisonantes amenazaron con atacarnos si no los dejábamos transitar libremente, y pocos minutos después se escucharon las ráfagas de alto poder que asesinaron cobardemente a cuatro compañeros”.
El documento sostiene que la razón fue que la Policía Comunitaria La Patria es Primero, de la Casa de Justicia de El Fortín “no iba a permitir una incursión en territorio comunitario del grupo delictivo”.
“No sólo asesinaron a compañeros combativos, también a padres de familia, esposos, hermanos, hijos. Asesinaron la esperanza de ver una ciudad libre de inseguridad”.
Refiere que han pasado cinco años “de este lamentable hecho y a nuestros compañeros caídos les decimos que no los olvidamos, estarán presentes siempre en nuestros corazones con la esperanza de volver a construir un mundo libre de violencia, corrupción e impunidad”.
Sostiene que en el ataque hubo “colusión y complicidad de los tres niveles de gobierno con el narcotráfico”.
Recuerdan que la Policía Comunitaria La Patria Es Primero que se encontraba entonces en Tixtla en agosto de 2013 fue parte de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, pero que después ésta le dio la espalda junto con la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla.
En seguida se vino la persecución por el gobierno y en noviembre de ese año fue detenido el promotor Gonzalo Molina González en Tixtla, y el 1 de diciembre fue apresado Arturo Campos Herrera en Chilpancingo, después de un mitin para exigir la libertad de sus compañeros presos.
“El 19 de marzo de 2014 se lanzó un operativo masivo para detener a los policías comunitarios que se encontraban resistiendo en el Fortín de Tixtla, como no pudieron detener a nadie más, comenzaron una nueva estrategia”.
Denuncian que en el 2015, la violencia se recrudeció en Tixtla “con un nuevo grupo de la delincuencia que ingresa a Tixtla de Guerrero, auspiciado por los tres niveles de gobierno”.
Sostienen que a pesar de los enfrentamientos y peticiones de “cooperación” de los civiles armados, “la Policía Comunitaria se mantuvo firme y dejó muy claro que jamás trabajaría ni con el gobierno ni mucho menos con un grupo delincuencial”.
Recuerdan que diferentes cuerpos policiacos habían prácticamente sitiado Tixtla, y no permitían que grupos muy grandes transitaran a Chilpancingo a protestar, pues revisaban el transporte público “y si algún estudiante viajaba era severamente revisado”.
“El 26 de noviembre de 2015, la Policía Comunitaria recibió una llamada, en la que nos dijeron que un grupo armado estaba transitando por unas calles aledañas a la Casa de Justicia en el Fortín, y se decidió ir a monitorear la zona y al llegar al lugar conocido como Los Filtros se corroboró la información de la presencia del grupo armado”. Ahí fueron atacados los policías comunitarios.
Sostienen que a partir de 2016, el grupo delictivo Los Ardillos “se instaló en las entrañas de Tixtla y lo ha convertido en un baño de sangre, mujeres, niños, ancianos y hombres han muerto en estos cinco años sin que nadie diga nada”.
Denuncian que en ese municipio la Policía Municipal y grupos armados que “se ostentan como comunitarios” están coludidos con el narcotráfico, mientras que la violencia no cesa “y el control que ejerce dicho grupo armado es total”.
“Tixtla, a sólo 14 kilómetros de la capital del estado, se ha convertido en una zona de silencio y de impunidad”.

 

Ocupan fuerzas federales y estatales la entrada a Petaquillas

Efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales con equipo antimotines se desplegaron debajo del puente elevado de la carretera federal México-Acapulco para evitar que se reinstalen allí los civiles armados de la autodefensa. Éstos solamente podrán moverse dentro del poblado sí así lo acuerdan los vecinos, dijo el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Ocupan fuerzas federales y estatales la entrada a Petaquillas para que no regrese la autodefensa

Los civiles armados sólo podrán estar en el interior del poblado, si los habitantes lo deciden, pero no en el puente vehicular que es parte de la carretera federal México-Acapulco, dice el secretario de Seguridad, David Portillo. El funcionario informa que se reunió con autoridades de la comunidad y piden que se respete a su policía

Luis Blancas

Petaquillas, Chilpancingo

El secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, en entrevista debajo del puente de la carretera federal México-Acapulco, donde se encontraba el retén de la autodefensa de Petaquillas Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Efectivos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y Municipal con equipo antimotines ocuparon durante tres horas el puente vehicular en la entrada a Petaquillas, donde tenía un retén la autodefensa de esa comunidad, luego de que circularon que según versiones de la localidad, pobladores pretendieron instalarlo de nuevo.
En el lugar el secretario de Seguridad Pública estatal, David Portillo Menchaca, afirmó que no se permitirá la reinstalación de los miembros de la autodefensa debajo del puente elevado y operarán dentro de la población, siempre y cuando los habitantes lo decidan.

Despliegue policiaco

A las 10 de la mañana, llegaron a bordo de 42 patrullas y un camión cientos de guardias nacionales y policías estatales, ministeriales y municipales, con equipo antimotines, al puente localizado en la entrada a Petaquillas, donde la autodefensa de esa comunidad tenía un retén, del que se retiró martes, y pretendía reinstalarlo este viernes.
El martes, fuerzas federales y estatales desmantelaron el puesto de revisión, después de que huyeron del lugar los civiles armados que integran la autodefensa, autodenominados policías comunitarios, que poco antes atacaron a balazos a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Oaxaca, que venían a una reunión con sus pares de Guerrero. El ataque ocurrió en la carretera federal, entre Mazatlán y Petaquillas, y terminó en el puente vehicular en la entrada a la comunidad, arriba del retén de la autodefensa.
Ayer, el aparatoso despliegue policiaco generó asombro y temor en automovilistas, choferes del transporte público y transeúntes que pasaban por las dos laterales de la carretera federal México–Acapulco, en el tramo de Chilpancingo al puerto.
Vecinos de Petaquillas dijeron que a las 9 de la mañana por el altavoz en la comunidad se estuvo llamando a una reunión a la una de la tarde, en apoyo al grupo armado al que las autoridades vinculan con el grupo criminal Los Ardillos, y se difundió en grupos de WhatsApp que pobladores organizarían una marcha y con el propósito de reinstalar el retén, lo que derivó el operativo de las autoridades de los tres niveles de gobierno para impedirlo.
A la una de la tarde al lugar llegó el secretario de Seguridad Pública estatal, David Portillo Menchaca, quien ordenó el retiro de los uniformados, luego de que se reunió con los pobladores para atender el problema de la seguridad en esa comunidad del municipio de Chilpancingo.
En declaraciones a reporteros, Portillo Menchaca informó que se reunió con autoridades municipales de Petaquillas y les planteó que no se permitirá la reinstalación de los miembros de la autodefensa, autodenominados policías comunitarios, debajo del puente elevado, y operarán dentro de la localidad siempre y cuando los vecinos lo decidan.
“Los pobladores nos pidieron que se les respete su policía comunitaria, que sigan contando con un cuerpo de seguridad para el poblado de Petaquillas. Por parte de nosotros no hay ningún problema, pero no podrán instalarse debajo del puente (que es parte de la carretera federal), eso no va ser viable, se tendrán que recorrer dentro del pueblo siempre y cuando los habitantes lo acepten como tal”, declaró.
Dijo que el despliegue policiaco fue porque recibieron el reporte de que la población estaba instigando a volver a colocar el retén y confrontar a la seguridad pública. Pero aclaró que en la reunión que sostuvo con las autoridades de la comunidad “nos dijeron que eso no era la intención y que sólo querían saber el motivo de la presencia de los policías”.
Portillo Menchaca informó que aún no hay detenidos y la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa realizando las investigaciones para dar con los responsables del ataque en contra de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca.
Por último, el funcionario estatal agregó que hay presencia de efectivos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Ministerial y del Ejército para atender los conflictos agrarios en los municipios de Malinaltepec y Tepecoacuilco.

 

¿Quién va a hacer algo?

 

Los valores en los que hoy en día la humanidad sintetiza sus más altos deseos son valores de decadencia.
Nietzsche.

Evidentemente que en Chilapa se vive un virtual estado de guerra, grupos del crimen organizado como Los Ardillos y Los Rojos llevan años disputándose violentamente la zona, confrontación en la que han involucrado a los pueblos pobres del municipio a través de la creación las policías comunitarias por la Paz y la Justicia y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC- Pueblos Fundadores) que se han convertido en perfectos brazos armados de los grupos delincuenciales saliéndose del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria que les había dado legitimidad la ley 701 del Estado de Guerrero.
Esta violencia se ha expresado tanto en los pueblos pobres de Chilapa, Zitlala y Hueycantenango, en sus carreteras y caminos como en la misma otrora “Atenas del Sur”, la ciudad de Chilapa, como bien sostiene Abel Barrera: la “ciudad levítica que albergaba a estudiantes procedentes de varias regiones del estado, que llegaban para estudiar en colegios católicos y en el seminario conciliar. Por ser la primera sede episcopal del estado, erigida en marzo de 1863, Chilapa se transformó en un centro educativo que formó por más de 150 años a decenas de generaciones de sacerdotes, maestros y políticos que adquirieron conocimientos básicos sobre literatura universal, latín, griego, filosofía y teología tomistas. Esta cultura católica permeó en la sociedad chilapeña. Su sistema de fiestas gira en torno a las celebraciones que realizan a sus santos patronos. Los barrios históricos llevan el nombre de un evangelista o alguna imagen del santoral católico. Fue la ciudad más tranquila del estado, donde sus habitantes se guiaban por el toque de la campana de las siete de la noche que marcaba el retiro a sus casas para protegerse del “demonio”. El seminario y el colegio de religiosas Carrillo Cárdenas fueron semilleros de un modelo educativo teocéntrico.”
El auge de la producción de amapola y mariguana, el crecimiento de la economía del narcotráfico, de sus células criminales, de su capacidad bélica en todo el país y la pulverización de los grandes cárteles de la droga, combinado con la corrupción política y de los cuerpos de seguridad que diluyó la seguridad y tranquilidad de los pueblos en Guerrero, particularmente en la zona baja de La Montaña, en Chilapa, todo lo cual combinado con una también violenta y criminal pobreza extrema de la población de esa zona, ha colocado a sus pueblos en una situación de emergencia humanitaria que nadie ha atendido como debiera.
Chilapa ha sido sitiada, tanto por los ardillos como por los rojos, por la CRAC-PF como por la policía comunitaria por la Paz y la Justicia, cientos de personas, hombres y mujeres, levantadas y asesinadas en plena ciudad, en caminos y carreteras; comerciantes, candidatos y funcionarios asesinados, hay cientos de desaparecidos de los que se desconoce su paradero desde hace años, comunidades desplazadas por la violencia, desmembrados y calcinados, todo eso en la antes levítica, seminarista, culta y tranquila ciudad de Chilapa.
Ahí se han reunido los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal, varias veces estuvo Miguel Ángel Osorio Chong, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, se han establecido partidas permanentes del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal y de la Gendarmería, el gobernador Héctor Astudillo ha hecho lo que ha podido con la policía estatal y ministerial, y nada ha funcionado. Los Ardillos siguen ahí, Los Rojos también, sus brazos armados las policías comunitarias CRAC-PF y Por la Paz y la Justicia, y la pobreza extrema también ahí siguen violentando la existencia humana, por eso hay una verdadera emergencia humanitaria.
En esa situación de emergencia humanitaria derivado de la inseguridad, de la violencia criminal, de la guerra entre bandos enfrentados, de la pobreza extrema que mantiene a la población más cerca de la muerte que de la vida, en una lucha desesperada precisamente por conservar la vida y generar mínimas condiciones de seguridad es totalmente entendible, que no justificable, que los bandos armen hasta a sus niños.
¿Quién osa reprobar esas imágenes de niños cargando fusiles adiestrándose para el combate a muerte? ¿Aquellos que les han brindado seguridad, justicia y oportunidades de desarrollo para que salgan de la pobreza? Como dijo Santo Tomás: Los quiero ver.
Vuela vuela palomita y ve y dile: A esos que se rasgan las vestiduras por ver esa desgraciada realidad de niños armados en La Montaña, que si están libres de pecado porque les han brindado todo lo que han merecido, todo para salir de esa emergencia, que tiren la primera piedra.

 

Se investiga la implicación de Los Ardillos y Los Rojos en el asesinato de Tlaltempa: Astudillo

La Fiscalía de Guerrero indaga la posible implicación de los grupos criminales de Los Rojos y Los Ardillos en el asesinato de Alfredo Tlaltempa Palacios, secretario de Seguridad Pública de Zitlala, informó el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.
Entrevistado tras la inauguración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el mandatario estatal dijo que el jefe policiaco fue asesinado cuando estaba fuera de sus horas de servicio e incluso no estaba uniformado.
“Esa es una región que, por supuesto, esa no es excusa, de las que tenemos registradas de la mayor delicadeza y peligrosidad. Allí hay dos grupos que frecuentemente se encuentran”, comentó.
“No quiero criminalizar al responsable de la Policía, no estaba uniformado, no estaba en horas de trabajo y se está haciendo una investigación por parte de la Fiscalía, allí hay una confrontación entre los conocidos como Rojos y Ardillos muy fuerte y sin duda, sin que yo pueda afirmarlo, las líneas de investigación son precisamente estos dos grupos”.
–¿Él era investigado?, se le cuestionó.
–La Fiscalía seguramente tiene los elementos.
Astudillo afirmó que se quedó “corto” cuando en el pasado reciente advirtió el riesgo de que se expandiera la violencia político electoral, en virtud de que ahora los criminales parecen más decididos y asesinan a los contendientes a un cargo de elección.
“Yo creo que me quedé corto, porque la situación se ha ido a los estados y se presenta lamentablemente, reiteradamente, en el tema del ámbito electoral; ha sido un paso desafortunado en donde se han perdido muchas vidas y en donde yo creo que la delincuencia se ha envalentonado, se mete con facilidad y le quita la vida a quien cree que no le va a servir”, expresó. (Agencia Reforma).

 

Mantienen civiles armados un retén en la carretera y amenaza con irrumpir en Quetzalcoatlán, denuncian

 

Entre el temor a la violencia, la extrema pobreza, la escasez de alimentos y el abandono de las autoridades estatales y municipales, sobreviven 16 de un total de las 43 familias que vivían en Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, antes del 6 de enero de 2016 cuando civiles armados de Tlaltempanapa, irrumpieron en este pueblo y mataron a seis vecinos.
A más de dos años de la tragedia los 62 habitantes que aún viven en Quetzalcoatlán, entre niños adultos y adultos mayores, siguen sufriendo la embestida del grupo criminal, amparado en la impunidad y la complicidad de las autoridades que no han investigado los asesinatos ni detenido a los responsables, se quejaron los vecinos, quienes recibieron ayer la visita de defensores del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
A pesar de las condiciones de riesgo y la miseria en que viven los vecinos decidieron ayer que no van a abandonar su comunidad, como lo proponen las autoridades municipales como una alternativa a la grave situación en que se encuentran, en vez de garantizarles la seguridad, los servicios y una vida digna.
Uno de los vecinos del pueblo, Salomón Lara Tlatempa denunció que las 62 personas que aún viven en Quetzalcoatlán, de un total de 295 que eran antes de la irrupción del grupo de sicarios, todavía no reciben los apoyos que les prometió el gobierno como condición para que regresaran después de su desplazamiento a Zitlala debido a la violencia en enero de 2016.
Las autoridades tampoco han cumplido totalmente las medidas de protección que prometieron. Los pobladores son resguardados sólo por siete policías a bordo de una patrulla y apenas el 24 de marzo recibieron la más reciente amenaza de sus vecinos de Tlaltempanapa, les exigieron que saquen de su pueblo a la Policía Estatal “o vamos a ir a sacarlos a todos ustedes con todo y policías”.
Enviaron la amenaza al comisario a través de su esposa a quien retuvieron junto a 12 señoras que habían ido a la cabecera municipal, en el retén que mantienen los civiles armados en la carretera a la salida de Tlaltempanapa, en donde siguen actuando a pesar de las denuncias en su contra por asesinatos y desapariciones de personas que se han dado al pasar por ese pueblo.
Las familias (la mayoría no hablan ni entienden el español) mediante Salomón Lara Tlatempa a quien a partir del 2016 ya le mataron a dos hermanos, un hijo y a un compadre, demandaron a las autoridades estatales y municipales la ayuda prometida, seguridad y que les amplíen las medidas cautelares.
Los vecinos de este pueblo ubicado a unas 2 horas de Zitlala en vehículo y a 3 de la capital tomando la Autopista del Sol para dar vuelta en la caseta de Paso Morelos y entrar por el municipio de Copalillo, para evitar toparse con el grupo criminal que controla Tlaltempanapa, viven en la zozobra.
El 6 de enero de 2016 civiles armados de Tlaltempanapa que ahora se hacen llamar Comunitarios por la Paz y la Justicia, que según organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos están vinculados con el grupo criminal Los Ardillos, irrumpieron en Quetzalcoatlán y mataron a seis vecinos. A partir de entonces todas las familias salieron desplazadas hacia Zitlala, la cabecera municipal.
El 12 de marzo regresaron con la promesa de los gobiernos del estado y municipal de que les arreglarían su sistema de agua entubada y que cada mes les entregarían despensas a cada una de las familias. Sin embargo a dos años sólo una vez acudió el alcalde priista Roberto Zapoteco Castro a distribuirles despensas y no ha regresado, y la red de agua tampoco ha sido reparada. Los vecinos tienen que traerla por sus propios medios mediante mangueras de un manantial que se encuentra a unos 10 kilómetros en la parte alta de la comunidad.
Para Salomón las condiciones de pobreza y carencia de víveres y alimentos sería lo de menos si vivieran en paz, pero no ha sido así. Las agresiones y las amenazas han sido frecuentes.
Después de la irrupción del 6 de enero de 2016, el 12 de julio del 2017 los integrantes del mismo grupo atacaron a Salomón y a su compadre Benigno Marabel Tlatempa, cuando esperaban en Zitlala a los policías estatales que los llevarían de regreso a Quetzalcoatlán. Ese día murió Benigno y Salomón resultó herido de tres balazos.
Ayer contó que quienes les dispararon primero quisieron estar seguros que eran de Quetzalcoatlán, y supone que contaron con la complicidad de los policías estatales que supuestamente los resguardaban.
Dijo que los policías los llevaron a él y a Benigno a un lugar de Zitlala y les dijeron que allí los esperaran, pero antes de que regresaran llegaron dos vecinos de Tlaltempanapa en una camioneta vieja que atravesaron en la calle.
Del vehículo bajó uno de ellos y le preguntó a Benigno que de donde era y éste le contestó que de Quetzalcoatlán, entonces le pidió una identificación, en seguida le preguntó también a Salomón y a otros dos de Zitlala que estaban cerca de ellos.
Cuando los sicarios comprobaron que ellos dos eran de Quetzalcoatlán les dispararon y mataron a Benigno, y a Salomón lo dejaron herido de tres disparos, uno en la frente en donde aún tiene alojada la ojiva y le ha provocado la pérdida de vista del ojo derecho, otro disparo lo recibió en el antebrazo derecho y un rozón en la costilla derecha.
Igual que la masacre del 6 de enero del 2016, el asesinato de Benigno y las heridas causadas a Salomón no han sido investigados y los integrantes del grupo criminal siguen actuando en la impunidad, e impidiéndoles el paso por Tlaltempanapa.
El 24 de marzo pasado un grupo de 12 mujeres fueron citadas a una reunión de Prospera en la cabecera municipal. Su traslado fue en una camioneta manejada por un chofer que les proporcionó el presidente municipal Zapoteco Castro.
Algunas de las mujeres aprovecharon el viaje para llevar a sus hijos a vacunar y otras a vender sus productos.
Contra la voluntad del grupo de mujeres, el chofer tomó la carretera que pasa por Tlaltempanapa, en donde las mujeres fueron retenidas por el grupo de hombres armados. Ellas le habían pedido que le diera por otra ruta.

La amenaza

Ayer la esposa del comisario municipal declaró a condición de que no se publicara su nombre que ese día no tuvieron problemas cuando de Quetzalcoatlán se dirigían a Zitlala, pero que de regreso el grupo de civiles armados las retuvo a la salida de Tlaltempanapa en donde mantienen el retén.
Con la ayuda de una traductora del Centro Morelos la indígena nahua contó que uno de los hombres armados les preguntó que quien iba al frente del grupo, y que algunas de las mujeres le contestaron que iba la esposa del comisario, quien al ser identificada fue obligada a bajar de la camioneta y la separaron del grupo.
Denunció que mientras algunos le apuntaron con sus armas uno le dijo: “No vuelvan a pasar por este camino. Tú sabes que quien no respeta esta orden le puede pasar lo que sucedió hace dos años”.
Después en tono conciliador le pidió que llevara un recado al pueblo de Quetzalcoatlán, que les dijera que corrieran a los policías que resguardan el pueblo, porque para ellos es “incómodo” que los policías estén pasando constantemente cuando tienen que hacer sus relevos, y que cuando la gente de Tlaltempanapa tiene que ir a Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, seguido están encontrando a los policías que resguardan Quetzalcoatlán de las Palmas.
Enseguida le advirtieron que si no los corrían los van a ir a sacar con todo y policías, “van a tener que salir todos parejo”, amenazaron.
En cambio le aseguraron que si los sacaban “las cosas van a volver ser como antes, todo lo que ya pasó va a quedar en el olvido, vamos a empezar a convivir otra vez como antes”.
Dijo que incluso le dijeron que gestionarían proyectos para beneficio de ambos pueblos.
Al llegar a su pueblo la mujer dio el “recado” a su esposo, el comisario municipal y a su tío, Salomón Lara Tlatempa.
Ambos convocaron a una reunión a los pocos vecinos que quedan en el pueblo (16 familias) y a pesar de las amenaza decidieron quedarse y no pedir el retiro de la Policía Estatal que se encuentra allí desde el 12 de marzo de 2016, cuando regresaron a su comunidad tras haber estado refugiados tres meses en la cabecera municipal por la masacre del 6 de enero de ese año.
Lara Tlatempa declaró que no existen garantías de que si se va la policía ya no van a ser agredidos por el grupo armado de Tlaltempanapa.
A partir de entonces pidieron a través de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) que se amplíen las medidas cautelares, que se incremente el número de elementos policiacos y que se obligue al chofer que los traslada a Zitlala cuando tienen que ir a hacer sus gestiones para que tome otra ruta; que bien puede ser por la ruta de la comunidad de La Esperanza o por Copalillo para que ya no pasen por Tlaltempanapa en donde se encuentra el grupo armado.
Sin embargo dijo que solamente aumentaron de 4 a 7 policías estatales y que el chofer les ha dicho que no puede darle por otra ruta porque él es “pariente y compadre” de algunos del grupo de Tlaltempanapa y que eso es garantía de que no les harán nada.
Lara Tlatempa, informó que el presidente municipal Roberto Zapoteco les ha propuesto que abandonen el pueblo y que va a reubicarlos, pero que decidieron quedarse en su pueblo porque no saben trabajar en otra cosa, explicó que aquí teje la palma y en la temporada de lluvia siembran maíz, frijol y calabazas.
“Nosotros no sabemos trabajar de chofer, de albañil, de peón, no sabemos hacer otra cosa, y tampoco tenemos a donde ir, aquí nos vamos a quedar”, dijo resuelto Salomón a quien en la irrupción del 6 de enero del 2016 le mataron a dos hermanos y a su hijo. El 12 de julio le mataron en Zitlala a su compadre, Benigno Marabel Tlatempa.
Mientras tanto el ambiente en Quetzalcoatlan es de desolación, la mayoría de las casas están abandonadas y ruinosas, las pocas familias que se quedaron en la comunidad se concentraron en las casas del centro del pueblo y son vigiladas por siete policías estatales a bordo de una patrulla, pero a pesar de su presencia es evidente el temor de nuevos ataques de parte del grupo armado que controla Tlaltempanapa.
Además los pobladores sufren la escasez de alimentos debido a que no se pueden trasladar con frecuencia a Zitlala o a Copalillo para surtirse de víveres por temor a ser atacados en el camino.
Salomón explicó que aprovechan cuando los policías vienen a la cabecera municipal o a la capital para encargarles chiles, cebollas y jitomates, “lo que no nos falta aquí es la tortilla, gracias a Dios siempre tenemos maicito”, dijo.

 

Atacan con granadas y cuernos de chivo a la UPOEG en Buena Vista; reportan dos heridos

La noche del domingo hombres armados atacaron con granadas y armas de alto poder la base de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, con un saldo de dos heridos, uno de ellos agente de esa corporación, informaron fuentes de la organización.
Según policías de la UPOEG, los agresores pertenecen presuntamente al grupo de la delincuencia organizada Los Ardillos, el que ha sido acusado por la misma organización de otros dos ataques armados en Buen Vista de la Salud el 29 de enero y el 21 de febrero.
Por estos hechos de violencia se suspendieron las clases en las comunidades de Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Cajelitos y Rincón de la Vía, para proteger a estudiantes y maestros.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) Roberto Álvarez Heredia difundió un boletín la mañana de ayer, en el que informa que tras el ataque de civiles armados contra la base de la UPOEG en Buenavista de la Salud, se trasladaron ocho grupos de la Policía del Estado con 30 soldados del Ejército y “desplegaron un operativo de búsqueda de los agresores y garantizar la seguridad de los pobladores del Valle del Ocotito”.
Asimismo en un recorrido por la carretera federal Chilpancingo–Acapulco, en el tramo de El Ocotito a Buenavista de la Salud no se observó vigilancia de la Policía Estatal y militares.
Policías de la UPOEG relataron que a las 11:30 de la noche del domingo fueron atacados a balazos por más de 15 hombres armados cuando estaban en la base comunitaria.
Contaron que los agresores llegaron caminando y dispararon con armas de grueso calibre desde una loma ubicada frente a la base, y otro punto del ataque fue en una calle aledaña frente al sitio de taxis de la comunidad.
Un miembro de la organización informó que tras el ataque, los policías ciudadanos rapelieron la agresión que duró 20 minutos y lograron que los agresores huyeran, “si no hubiéramos actuado bien o no estuviéramos preparados sí nos hubieran ganado y tomarían el control de la base de la policía, pero no sucedió”, dijo.
Informó que en el ataque un policía de la organización recibió un disparo en la pierna y un joven de unos 20 años que estaba detenido por la UPOEG fue herido por un rozón de bala en el brazo y el pie; ambos con sus propios medios fueron trasladados a un hospital de Acapulco para recibir atención médica.
En un recorrido, en la base de la policía de la UPOEG se observó que en la fachada, el techo de lámina y dos refrigeradores tenían impactos de bala de AR-15 y AK-47 conocido como cuernos de chivo, además de dos impactos de granadas.
Además se constató que cuatro casas aledañas a la base de la organización en las fachadas tienen impactos de bala al igual que el sitio de taxis de Buenavista de la Salud.
Después 20 policías de la UPOEG realizaron un recorrido a pie en la zona en la que los presuntos agresores atacaron la base, “hicimos los rondines para evitar que tengan sus campamentos, pero no encontramos nada, sólo había rastros de sangre en las veredas, pareciera que dos de ellos resultaron heridos”.
El policía agitado señaló que cuando ocurrió el ataque a la base de la organización había siete policías y que éstos repelieron la agresión. Dijo que después, otros compañeros llegaron a reforzar la seguridad, “logramos correrlos a estos tipos que se quieren adueñar de nuestro territorio, no es la única ocasión que pasa pero estamos preparados para no dejarnos”.
Ayer, en la comunidad de Buenavista de la Salud se observó que las calles estaban abandonadas, sólo los vecinos salían de sus casas para comprar en la tienda sus productos de la canasta básica, las tiendas de abarrotes ofrecieron su servicio de manera normal.
Un vecino contó que la noche del domingo, “se escuchó fuerte los balazos así como en las películas de acción que vemos en la tele, así paso ayer (domingo), pues qué le vamos hacer, vivimos con miedo y las autoridades no hacen nada para que terminen estos hechos violentos”.
Dijo que los vecinos tienen miedo de salir a la calle porque puede ocurrir una balacera, “por eso nos quedamos encerrados en la casa, sólo salimos a comprar la cosas para el almuerzo, comida y cena nada más, no quedamos en casa para refugiarnos”.
En tanto en las escuelas de las comunidades de Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Cajelitos y Rincón de la Vía que pertenecen al Valle de El Ocotito, suspendieron labores como parte de la protección a los maestros y estudiantes.
El vocero de seguridad Álvarez Heredia dijo que tras el ataque de civiles armados contra la base de la UPOEG que ocurrió la noche del domingo en Buenavista de la Salud, “se trasladaron ocho grupos de la Policía del Estado con 30 elementos del Ejército mexicano y desplegaron un operativo de búsqueda de los agresores y garantizar la seguridad de los pobladores del Valle del Ocotito”.
Álvarez Heredia dijo que los heridos se llaman Timoteo de 38 años y Francisco de 16 años, que recibieron un impacto en la pierna derecha y en el tronco.
“Los elementos policiacos y los efectivos militares desplegaron un operativo para ubicar y detener a los agresores con resultados negativos y realizaron recorridos de prevención del delito para disuadir que sucedieran nuevos hechos de violencia”, concluye el comunicado.
Éste es el tercer ataque a la UPOEG en Buena Vista de la Salud en menos de un mes. El 8 de febrero tres integrantes de la organización fueron heridos a balazos en dos emboscadas, y el 21 de febrero un policía resultó herido en otro ataque con armas de grueso calibre a la base comunitaria.
El 29 de enero, integrantes del grupo criminal de Los Ardillos intentaron irrumpir en Buenavista de la Salud para tomar el control de la zona para el trasiego de droga y murieron calcinados un comandante, un consejero y dos peones que fueron emboscados en los límites de Chilpancingo y Mochitlán, según fuentes de la UPOEG.

Llegan 500 soldados a Chilapa; buscan reducir la violencia

Llegan 500 soldados a Chilapa; Los Rojos y Los Ardillos buscan cooptar candidatos: jefe militar

Los uniformados son dos batallones de Infantería de la Ciudad de México y del Estado de México, y reemplazaron a los 300 que operaban en la región, informa el comandante de la 35 Zona, José Francisco Terán Valle. El despliegue de tropas será en la zona urbana y rural del municipio y en Zitlala, Mártir de Cuilapan y Quechultenango, indica

Luis Blancas y Redacción

Chilpancingo

El comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán Valle informó que los grupos de narcotraficantes Los Rojos y Los Ardillos buscan cooptar a candidatos a cargos de elección popular en Chilapa, de cara a las próximas elecciones.
Consultado en las instalaciones de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, Terán Valle anunció el reforzamiento de la Operación Chilapa en la que participarán 500 soldados del 78 Batallón de Infantería provenientes de la Ciudad de México, junto a policías estatales y ministeriales que llegaron la tarde de ayer a Chilapa.
Reconoció que el incremento de violencia en ese lugar es por la disputa del control de la venta de droga y del territorio, lo que afecta directamente a la clase política en esa zona.
“La operación es para bajar los niveles de violencia, algunos actos de violencia entre dos grupos delictivos que es la pandilla de Los Ardillos y Los Rojos que se andan disputando el control de la venta de droga y el territorio, además están tratando de cooptar a los candidatos de los municipios y tratando de controlar a los comisarios de los pueblos, nos están pidiendo ayuda, por eso se lleva a cabo este operativo”, declaró.
Terán Valle dijo que hay poca cooperación de la población para denunciar, “necesitamos más denuncias de la gente para detener a los delincuentes y ponerlos a disposición de las autoridades”.
Aseguró que en noviembre y diciembre bajaron los incidentes delictivos en Chilapa debido a la operación de 300 soldados del 103 Batallón de Infantería de la Ciudad de México, junto a la Policía Estatal, quienes recorrieron escuelas y comunidades.
Informó que hace unos días detuvieron a una célula “que andaba asesinando a gente y la pusimos a disposición de de las autoridades”, y agregó que hay otra que se esconde por las noches en casas, “por eso se realizarán operativos en las casas para detener a los delincuentes”.
La llegada soldados

Ayer en la tarde llegaron a Chilapa 500 soldados del Ejército provenientes de la Ciudad de México, se vieron además patrullas de la Policía Estatal y 50 integrantes del Grupo de Reacción Inmediata Centauro, según las autoridades, para “reducir” los niveles de violencia que ha alcanzado a la clase política, tras los asesinatos de dos dirigentes, una del PRI y otra del PRD.
Alrededor de las 5 de la tarde unas 40 patrullas del Ejército llegaron a esa ciudad, que es la entrada a la región La Montaña, para dirigirse a un campamento militar en esta ciudad y desplegarse a diferentes retenes que hay en la ciudad.
Ahí mandos militares consultados informaron que los 500 soldados provienen de dos batallones de Infantería de la Ciudad de México y del Estado de México, quienes reemplazaron a los 300 militares que se encontraban en esa región.
Informó que el despliegue de tropas será en la zona urbana y rural de Chilapa así como en los municipios de Zitlala, Mártir de Cuilapan y Quechultenango.
Se integraron más tarde una decena de patrullas de la Policía Estatal y cincuenta integrantes del recién conformado Grupo de Reacción Inmediata Centauro, quienes hicieron recorridos de reconocimiento en la tarde y la noche de ayer por las principales avenidas y calles, así como por el bulevar Eucaria Apreza.
En los dos primeros meses de este 2018 en el municipio de Chilapa suman 32 homicidios, entre ellos los de las precandidatas a la diputación local del 25 distrito por el PRD, Antonia Jaimes Moctezuma y del PRI, Dulce Anayeli Rebaja Pedro de 28 años de edad, que fue raptada y posteriormente hallada sin vida, también asesinaron a un primo y a dos tíos.
De los 32 homicidios de 2018, siete casos han sido contra mujeres.
Con esta operación van seis desde 2016, que no han podido contener la violencia en el municipio y sus alrededores donde ha colapsado el transporte público, el sector educativo, el comercial y el político.

 

Llegan 500 soldados a Chilapa; Los Rojos y Los Ardillos buscan cooptar candidatos: jefe militar

El comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán Valle informó que los grupos de narcotraficantes Los Rojos y Los Ardillos buscan cooptar a candidatos a cargos de elección popular en Chilapa, de cara a las próximas elecciones.
Consultado en las instalaciones de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, Terán Valle anunció el reforzamiento de la Operación Chilapa en la que participarán 500 soldados del 78 Batallón de Infantería provenientes de la Ciudad de México, junto a policías estatales y ministeriales que llegaron la tarde de ayer a Chilapa.
Reconoció que el incremento de violencia en ese lugar es por la disputa del control de la venta de droga y del territorio, lo que afecta directamente a la clase política en esa zona.
“La operación es para bajar los niveles de violencia, algunos actos de violencia entre dos grupos delictivos que es la pandilla de Los Ardillos y Los Rojos que se andan disputando el control de la venta de droga y el territorio, además están tratando de cooptar a los candidatos de los municipios y tratando de controlar a los comisarios de los pueblos, nos están pidiendo ayuda, por eso se lleva a cabo este operativo”, declaró.
Terán Valle dijo que hay poca cooperación de la población para denunciar, “necesitamos más denuncias de la gente para detener a los delincuentes y ponerlos a disposición de las autoridades”.
Aseguró que en noviembre y diciembre bajaron los incidentes delictivos en Chilapa debido a la operación de 300 soldados del 103 Batallón de Infantería de la Ciudad de México, junto a la Policía Estatal, quienes recorrieron escuelas y comunidades.
Informó que hace unos días detuvieron a una célula “que andaba asesinando a gente y la pusimos a disposición de de las autoridades”, y agregó que hay otra que se esconde por las noches en casas, “por eso se realizarán operativos en las casas para detener a los delincuentes”.
La llegada soldados

Ayer en la tarde llegaron a Chilapa 500 soldados del Ejército provenientes de la Ciudad de México, se vieron además patrullas de la Policía Estatal y 50 integrantes del Grupo de Reacción Inmediata Centauro, según las autoridades, para “reducir” los niveles de violencia que ha alcanzado a la clase política, tras los asesinatos de dos dirigentes, una del PRI y otra del PRD.
Alrededor de las 5 de la tarde unas 40 patrullas del Ejército llegaron a esa ciudad, que es la entrada a la región La Montaña, para dirigirse a un campamento militar en esta ciudad y desplegarse a diferentes retenes que hay en la ciudad.
Ahí mandos militares consultados informaron que los 500 soldados provienen de dos batallones de Infantería de la Ciudad de México y del Estado de México, quienes reemplazaron a los 300 militares que se encontraban en esa región.
Informó que el despliegue de tropas será en la zona urbana y rural de Chilapa así como en los municipios de Zitlala, Mártir de Cuilapan y Quechultenango.
Se integraron más tarde una decena de patrullas de la Policía Estatal y cincuenta integrantes del recién conformado Grupo de Reacción Inmediata Centauro, quienes hicieron recorridos de reconocimiento en la tarde y la noche de ayer por las principales avenidas y calles, así como por el bulevar Eucaria Apreza.
En los dos primeros meses de este 2018 en el municipio de Chilapa suman 32 homicidios, entre ellos los de las precandidatas a la diputación local del 25 distrito por el PRD, Antonia Jaimes Moctezuma y del PRI, Dulce Anayeli Rebaja Pedro de 28 años de edad, que fue raptada y posteriormente hallada sin vida, también asesinaron a un primo y a dos tíos.
De los 32 homicidios de 2018, siete casos han sido contra mujeres.
Con esta operación van seis desde 2016, que no han podido contener la violencia en el municipio y sus alrededores donde ha colapsado el transporte público, el sector educativo, el comercial y el político.