La alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, entrevistada por reporteros ayer, después de que se comenzó a circular en redes sociales fotos y un video en el que aparece con un presunto jefe de un grupo de la delinciuencia organizada Foto: El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, aceptó que asistió a un desayuno “fortuito” y “voluntariamente” a petición “del pueblo”, en busca de la paz, con una persona que, aunque ella no lo reconoció así, de acuerdo con las redes sociales, es líder de un grupo delictivo.
Del encuentro se dio a conocer ayer en un video que circuló en las redes sociales.
Sin embargo, aseguró que no pactó con la delincuencia. Argumentó que el video fue “editado” y “tergiversado” con fines políticos en su contra, y pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue el caso y que “extraiga” el video para que se dé a conocer completo.
“No tengo nada que ocultar, hace unos días envié un documento a la FGR, para que realice las investigaciones correspondientes, no nada más del hecho de hace una semana en donde se dejó mi nombre en una cartulina”, dijo en referencia a un narcomensaje en el que la señalan de que incumplió con una segunda reunión con el grupo delictivo.
–¿Cuándo fue esa reunión, alcaldesa? _–se le preguntó en una entrevista por teléfono.
–Como tú viste el video, era la primera vez que yo me reunía con esa persona, que nunca la había visto en mi vida, también quiero comentarlo, es un video que se ha tergiversado, por eso espero que la FGR extraiga el video completo para que salga la veracidad, que no hay un pacto con la delincuencia.
Hernández Martínez no contestó cuándo fue la reunión, pero deslizó que fue a petición de la gente: “Como primer respondiente, el pueblo siempre era el que me pedía tener reuniones, no nada más con el pueblo en sí, y muchas veces no sé ni con quién me comunicaba”.
–¿Estamos hablando que fue al inicio de su administración?
–La verdad no puedo hacer una calendarización de las fechas, me agarraron así como desprevenida porque no le tomé mucha importancia por una razón; teníamos un grupo de comunitarios en Mazatlán, otro en Acahuizotla, otro en Buenavista, otro en Ocotito, obviamente era el pan de cada día.
También resaltó: “es importante que se sepa que yo fui la primera que pidió el apoyo al gobierno federal, solicité que se pusiera un batallón en esos pueblos porque había mucho conflicto en los pueblos del Valle (del Ocotito) y no se podía reactivar toda esta área; la gente vivía con la zozobra y miedo y recordarás que había muchas cuestiones de violencia”.
Se quejó que este tipo de señalamientos son parte de lo que todos los alcaldes están enfrentando todos los días: “sin embargo, yo estoy tranquila y espero pronto me manden a declarar, si no yo tendré que tomar la decisión de ir directamente y presentarme para exigir que se revise”.
–¿En qué lugar fue la reunión?.
–La verdad no lo reconozco, nunca tengo así como mucho la atención de los nombres de los lugares.
–De acuerdo al video se escucha mucha familiaridad entre usted y esta persona…
–No sé si viste el video, yo no conocía a esta persona. Nunca en mi vida… No sé si oíste… yo me imaginaba a alguien más viejo, nunca en mi vida había tenido algún contacto con él, es parte de… –respondió con frases entrecortadas.
–¿Pero sí sabía con quién se estaba reuniendo?
–No exactamente, la verdad… incluso te voy a decir, en algún momento…ojala y… Por eso te digo, va a ser clave este video, porque realmente la misma situación me preguntó la persona (con la que se reunió) que si sabía y le dije no, no sé ni conozco ni me interesa. O sea ‘no me interesa quién eres’, le dije, lo que quiero de alguna manera es generar la paz.
Hernández Martínez añadió: “Entonces creo que ese video va a ser clave, lo que sí considero muy importante es que sea la FGR, yo insisto que la FGR es quien tiene que investigar los hechos, quien tiene que extraer este video, yo creo que se está moviendo esto al tema político por exigir justicia”.
Siguió: “Imagínese yo estoy pidiendo que haya justicia y se esclarezcan los distintos delitos, y obviamente ya me esperaba esta reacción, ante una acción de justicia, por eso yo espero pronto estar siendo convocada por la FGR, creo que es el área competente, el área en que yo puedo confiar en este momento.
–¿Qué platicaron?.
–No quiero entrar en más situaciones. Yo por eso pido que se pueda extraer ese video, creo que es elemental que se revise quién está en ese video, es muy elemental que se sepa lo que se platicó y creo que va a ser fundamental saber que no hay un pacto con ningún delincuente.
–Es común que se reúna con mucha gente, ¿pero es común que se reúna con una gente armada?.
–No sé si tú vives en Chilpancingo, conoces la sierra, conoces los valles; hay muchos grupos comunitarios, hace apenas menos de un año creo que ya se están…Yo, mi andar es caminar todos los días. Imagínate, evadir mi realidad abandonando a los pueblos, precisamente yo dije: ‘soy gobernante, yo no voy a perseguir a los delincuentes que están haciendo alguna situación, voy a hacer políticas a favor de la gente para quitarle los jóvenes a los delincuentes’.
“Entonces, claro que esa es mi posición y así va a ser toda la vida”, y cortó la entrevista antes de una siguiente pregunta.
Antes, en declaraciones con otros reporteros había dicho que fue a ese desayuno “invitada con varias personas, por eso me gustaría que investigara mejor la FGR”, pero en el video y en las fotografías sólo aparece ella y dos hombres. Uno, de acuerdo a las redes sociales es su actual pareja, y el otro es el líder del grupo delictivo.
Un reportero le dijo que hay la versión de que el encuentro fue a petición de sacerdotes por la inseguridad que están viviendo en las carreteras, y la presidenta evadió la respuesta. Argumentó que no quiere que se “polarice” ni se “politice” el asunto.
Otro periodista le preguntó cómo fue o como se dio la reunión y respondió que fue algo “fortuito” , y también a pregunta expresa, admitió que fue “voluntariamente”, y luego insistió: “pero esperemos que la FGR investigue, quiero que se investigue”.
Filtran video de una reunión de la alcaldesade Chilpancingo con un jefe de la delincuencia
Norma Otilia Hernández saluda de mano y platica con quien ha sido identificado como Celso Ortega, cabecilla del grupo Los Ardillos, a quien le pregunta: “¿Cómo puedo ayudarte?”
La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, saluda a quien fue identificado como jefe del grupo Los Ardillos, Celso Ortega, en imagen difundida ayer en redes sociales
Redacción
Chilpancingo
En un video y en fotografías, la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, aparece platicando con el presunto jefe de un grupo delictivo, en un restaurante de la carretera a Quechultenango.
Pareciera ser que las imágenes corresponden al desayuno al que se hizo alusión en mensajes escritos en cartulinas que dejaron sicarios junto con siete cuerpos desmembrados la madrugada del 24 de junio frente a la parroquia de San Mateo.
“Saludos presidenta Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después que veniste a buscarme, con cariño tu amigo”.
El segundo mensaje en esas cartulinas fue para el síndico Andrei Marmolejo Valle, y decía: “Síndico Andrei Marmolejo sigue amenazando a la gente con las licencias comerciales… para llevarles las cuotas a los tlacos”.
La mañana de ayer, once días después del hallazgo de los cuerpos y los mensajes para la alcaldesa y su síndico, circularon un video y fotografías en las que la presidenta municipal postulada por el partido Morena aparece con quien ha sido identificado como el jefe del grupo delictivo de Los Ardillos, Celso Ortega, tomando café en un restaurante.
Del análisis de las imágenes se presume que el encuentro fue en el restaurante La Cabañita que se encuentra a orillas de la carretera Chilpancingo-Quechultenango, cerca de los pueblos de San Miguel y San Martín.
–Buenos días, ¿cómo estás? Ya te hacía más viejito –se oye a la alcaldesa decirle al hombre vestido con pantalón de mezclilla, playera y gorra negra y con una pistola fajada en la cintura.
–Adelante, bien. Sí, ya estamos viejitos –responde su interlocutor.
–Sí, ya estás en el cuarto piso –bromea la alcaldesa y ambos ríen divertidos.
–Está bien, sí –dice el hombre armado.
–¿Cuál es la situación?, ¿cómo puedo ayudarte? No me interesa a qué te dedicas –toma la iniciativa la presidenta municipal en la conversación de la que ya no se escuchó más porque el video se corta.
En las imágenes aparecen dos hombres; el que acompaña a Norma Otilia Hernández Martínez, que según se difundió en las redes sociales como Facebook, es la actual pareja de la presidenta, mientras que el hombre armado, según las mismas fuentes, es el líder del grupo delictivo de Los Ardillos, Celso Ortega.
En las redes sociales se dijo que el hombre que se reunió con la presidenta municipal es el mismo que tuvo el encuentro con el ex fiscal general del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila en octubre del 2021, en el que se escucha al funcionario pedirle un favor, lo que motivó su renuncia irrevocable del cargo.
Los Ardillos, con base en Quechultenango, después de una larga batalla con sus rivales Los Rojos en la zona de Chilapa, Zitlala, José Joaquín de Herrera, Tixtla y la capital, de la que salieron victoriosos, disputan la plaza de Chilpancingo ahora con Los Tlacos lo que ha ocasionado diversos hechos de violencia.
La alcaldesa de Chilpancingo también se reunió con Los Tlacos, dice el obispo Rangel
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El obispo emérito Salvador Rangel Mendoza afirmó que la violencia en la zona Norte y en Chilpancingo, obedece a los “huecos de poder” que van dejando las autoridades.
En declaraciones por teléfono desde Alemania, donde pasa unos días después de que junto con los obispos de Guerrero visitaron al papa Francisco hace dos semanas, el prelado, quien es partidario del diálogo con los grupos delictivos para resolver el problema de la violencia, aseguró que la alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez, no solo se ha reunido con el grupo con el que aparece en el video que circuló ayer, sino con el de Los Tlacos.
“Desgraciadamente se ha agudizado la violencia en Guerrero porque hay un hueco de poder y de orden. Realmente las autoridades les ha faltado experiencia y aunque ellos digan que van bien, que están tranquilas las cosas, no han sabido ordenar al estado”, señaló.
Rangel Mendoza añadió que lo peor es que las autoridades no dejan que les ayuden “por el orgullo y la soberbia que les impide acercarse a pedir un consejo”.
Advirtió que lo que está pasando en Chilpancingo, Iguala y Taxco es muy peligroso: “son tres ciudades emblemáticas donde la delincuencia está cometiendo los asesinatos”.
Llamó a la gente a que exija al presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora Evelyn Salgado y los presidentes municipales, que pongan mano firme para la gobernabilidad de Guerrero.
Y reiteró que es de todos sabido que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno “tienen compromisos con esos delincuentes y no es justo que estén protegiéndolos y descuidando a la ciudadanía”.
Y las llamó a “que no volteen para otro lado, que no le echen la culpa a otros”.
Insistió en lo que ha denunciado, que las autoridades ya saben quiénes son y dónde están los generadores dela violencia, “a mí me duele la ciudadanía que está en zozobra, no es posible que la gente la acostumbremos a caminar entre tanta sangre y ver cadáveres por donde quiera”.
En referencia al encuentro de Norma Otilia Hernández con el jefe del grupo delictivo Los Ardillos, el obispo emérito aseguró que no sólo se ha reunido con éstos; “Yo tengo un video donde está con el jefe del grupo de allá arriba, de Tlacotepec”.
Allí está también la alcaldesa de Eduardo Neri, Sara Salinas y el alcalde de Heliodoro Castillo (Tla-cotepec), Serafín Hernández Landa.
“Entonces de que hay esa relación, la hay, simplemente vean los videos y las fotografías, hay relación con estas personas”.
Rangel Mendoza aseguró que Los Tlacos se quedaron en la capital desde que se fue el gobernador Héc-tor Astudillo, y cuando entró como presidenta Norma Otilia Hernádez dejó que continuaran, “entonces no es difícil saber quiénes son los que están haciendo los desmanes”.
Con respecto a lo que le plantearon al papa Francisco, Rangel contó que personalmente le dijo que en México hace falta libertad expresión, que el presidente López Obrador está dividiendo al país y el miedo que tienen es que “la vaya a agarrar contra los obispos y contra los sacerdotes, como lo que está pasando en Nicaragua”.
Añadió que el Papa les respondió que tienen que conducirse con mucha prudencia, “que nos uniéramos lo más que se pudiera, incluso para hacer denuncias y declaraciones y que se hiciera escuchar toda la voz del episcopado”.
Ignoraba que se reunía con el jefe de Los Ardillos, afirma Norma Otilia Hernández
La alcaldesa de Chilpancingo dice que el encuentro fue “fortuito”, aunque luego sostiene que fue a petición “del pueblo” y con el fin de generar la paz. Pide que la FGR busque y dé a conocer el video completo, porque asegura que está editado
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, entrevistada por reporteros ayer, después de que se comenzó a circular en redes sociales fotos y un video en el que aparece con un presunto jefe de un grupo de la delinciuencia organizada Foto: El Sur
La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, aceptó que asistió a un desayuno “fortuito” y “voluntariamente” a petición “del pueblo”, en busca de la paz, con una persona que, aunque ella no lo reconoció así, de acuerdo con las redes sociales, es líder de un grupo delictivo.
Del encuentro se dio a conocer ayer en un video que circuló en las redes sociales.
Sin embargo, aseguró que no pactó con la delincuencia. Argumentó que el video fue “editado” y “tergiversado” con fines políticos en su contra, y pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue el caso y que “extraiga” el video para que se dé a conocer completo.
“No tengo nada que ocultar, hace unos días envié un documento a la FGR, para que realice las investigaciones correspondientes, no nada más del hecho de hace una semana en donde se dejó mi nombre en una cartulina”, dijo en referencia a un narcomensaje en el que la señalan de que incumplió con una segunda reunión con el grupo delictivo.
–¿Cuándo fue esa reunión, alcaldesa? _–se le preguntó en una entrevista por teléfono.
–Como tú viste el video, era la primera vez que yo me reunía con esa persona, que nunca la había visto en mi vida, también quiero comentarlo, es un video que se ha tergiversado, por eso espero que la FGR extraiga el video completo para que salga la veracidad, que no hay un pacto con la delincuencia.
Hernández Martínez no contestó cuándo fue la reunión, pero deslizó que fue a petición de la gente: “Como primer respondiente, el pueblo siempre era el que me pedía tener reuniones, no nada más con el pueblo en sí, y muchas veces no sé ni con quién me comunicaba”.
–¿Estamos hablando que fue al inicio de su administración?
–La verdad no puedo hacer una calendarización de las fechas, me agarraron así como desprevenida porque no le tomé mucha importancia por una razón; teníamos un grupo de comunitarios en Mazatlán, otro en Acahuizotla, otro en Buenavista, otro en Ocotito, obviamente era el pan de cada día.
También resaltó: “es importante que se sepa que yo fui la primera que pidió el apoyo al gobierno federal, solicité que se pusiera un batallón en esos pueblos porque había mucho conflicto en los pueblos del Valle (del Ocotito) y no se podía reactivar toda esta área; la gente vivía con la zozobra y miedo y recordarás que había muchas cuestiones de violencia”.
Se quejó que este tipo de señalamientos son parte de lo que todos los alcaldes están enfrentando todos los días: “sin embargo, yo estoy tranquila y espero pronto me manden a declarar, si no yo tendré que tomar la decisión de ir directamente y presentarme para exigir que se revise”.
–¿En qué lugar fue la reunión?.
–La verdad no lo reconozco, nunca tengo así como mucho la atención de los nombres de los lugares.
–De acuerdo al video se escucha mucha familiaridad entre usted y esta persona…
–No sé si viste el video, yo no conocía a esta persona. Nunca en mi vida… No sé si oíste… yo me imaginaba a alguien más viejo, nunca en mi vida había tenido algún contacto con él, es parte de… –respondió con frases entrecortadas.
–¿Pero sí sabía con quién se estaba reuniendo?
–No exactamente, la verdad… incluso te voy a decir, en algún momento…ojala y… Por eso te digo, va a ser clave este video, porque realmente la misma situación me preguntó la persona (con la que se reunió) que si sabía y le dije no, no sé ni conozco ni me interesa. O sea ‘no me interesa quién eres’, le dije, lo que quiero de alguna manera es generar la paz.
Hernández Martínez añadió: “Entonces creo que ese video va a ser clave, lo que sí considero muy importante es que sea la FGR, yo insisto que la FGR es quien tiene que investigar los hechos, quien tiene que extraer este video, yo creo que se está moviendo esto al tema político por exigir justicia”.
Siguió: “Imagínese yo estoy pidiendo que haya justicia y se esclarezcan los distintos delitos, y obviamente ya me esperaba esta reacción, ante una acción de justicia, por eso yo espero pronto estar siendo convocada por la FGR, creo que es el área competente, el área en que yo puedo confiar en este momento.
–¿Qué platicaron?.
–No quiero entrar en más situaciones. Yo por eso pido que se pueda extraer ese video, creo que es elemental que se revise quién está en ese video, es muy elemental que se sepa lo que se platicó y creo que va a ser fundamental saber que no hay un pacto con ningún delincuente.
–Es común que se reúna con mucha gente, ¿pero es común que se reúna con una gente armada?.
–No sé si tú vives en Chilpancingo, conoces la sierra, conoces los valles; hay muchos grupos comunitarios, hace apenas menos de un año creo que ya se están…Yo, mi andar es caminar todos los días. Imagínate, evadir mi realidad abandonando a los pueblos, precisamente yo dije: ‘soy gobernante, yo no voy a perseguir a los delincuentes que están haciendo alguna situación, voy a hacer políticas a favor de la gente para quitarle los jóvenes a los delincuentes’.
“Entonces, claro que esa es mi posición y así va a ser toda la vida”, y cortó la entrevista antes de una siguiente pregunta.
Antes, en declaraciones con otros reporteros había dicho que fue a ese desayuno “invitada con varias personas, por eso me gustaría que investigara mejor la FGR”, pero en el video y en las fotografías sólo aparece ella y dos hombres. Uno, de acuerdo a las redes sociales es su actual pareja, y el otro es el líder del grupo delictivo.
Un reportero le dijo que hay la versión de que el encuentro fue a petición de sacerdotes por la inseguridad que están viviendo en las carreteras, y la presidenta evadió la respuesta. Argumentó que no quiere que se “polarice” ni se “politice” el asunto.
Otro periodista le preguntó cómo fue o como se dio la reunión y respondió que fue algo “fortuito” , y también a pregunta expresa, admitió que fue “voluntariamente”, y luego insistió: “pero esperemos que la FGR investigue, quiero que se investigue”.
El secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, reportó la detención de José Deivy, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y lo identificó como presunto integrante del grupo criminal Los Ardillos.
Durante el informe de seguridad en la conferencia de prensa matutina de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Marina dio a conocer que se le detuvo por el homicidio del periodista Fredid Román Román.
Añadió que la detención se llevó a cabo el 13 de febrero, en la carretera federal Puebla Tehuacán, .
José Deivy es identificado como líder comunitario de El Ocotito e integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). De acuerdo con la información publicada en El Sur, participó el pasado 23 de enero en la marcha del noveno aniversario de la organización.
Ojeda detalló que la detención la realizó personal naval, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Estatal.
El 13 de febrero, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla, dio a conocer la detención de Deivy en una operación coordinada entre las autoridades del estado de Guerrero, la Secretaría de Marina e integrantes de la Policía Estatal poblana.
“A través de labores de investigación, inteligencia y la coordinación con autoridades del estado de Guerrero y la Secretaría de Marina, agentes de la Policía Estatal detuvieron a José, identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal”, publicó la Secretaría poblana.
De igual forma señalaron que el detenido iba a bordo de un vehículo Mercedes Benz C350, en el que encontraron 62 bolsas de “aparente cristal”, un arma de fuego calibre .380 milímetros y seis cartuchos, mismos que no tenían permiso, y 5 mil 500 pesos en efectivo.
En el comunicado especifican que el detenido iba acompañado de una mujer, que también quedó disposición de las autoridades. Agregaron que el imputado cuenta con vínculos con el grupo criminal Los Ardillos.
“De acuerdo con el análisis de información, el detenido está relacionado con diversos hechos delictivos en el estado de Guerrero y tenía vínculos con el grupo criminal de Los Ardillos”, explica la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla.
El 14 de febrero se informó que vecinos de El Ocotito bloquearon la carretera federal México-Acapulco, para solicitar un diálogo con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, buscando la liberación del dirigente de la policía ciudadana de la UPOEG en esa comunidad del municipio de Chilpancingo.
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunció que la tarde del domingo se retiró la base del Ejército del crucero de El Jagüey, en el municipio de Chilapa, una zona importante porque separa a sus “comunidades de los territorios controlados por el grupo paramilitar Los Ardillos”.
El promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo aseguró que también se retiraron los agentes de la Policía Estatal y Guardia Nacional, dijo que ya informó a funcionarios del gobierno del estado y advirtió que si el Ejército no regresa a dar seguridad bajarán como sistema comunitario a tomar la cabecera municipal de Chilapa.
La mañana de ayer en un comunicado el Cipog-EZ informó que el domingo militares se retiraron de una base que había instalado en el crucero de El Jagüey tras los enfrentamientos armados en contra de Los Ardillos, el crucero se ubica a unos cuatro minutos en vehículo pasando la localidad de Atzacoaloya, en la carretera Chilapa-Hueycantenango.
“Es claro que durante todos estos años somos nosotros y nosotras, hombres y mujeres del Cipog-EZ quienes hemos resistido los embates de los grupos delincuenciales”, manifestó.
Afirmó que a pesar de que el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Municipal circulan por la carretera Chilapa-Hueycantenango, “cuando han asesinado a nuestros hermanos las fuerzas del Estado no están por ningún lado”, y mencionó los asesinatos de Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Morales, quienes fueron hallados asesinados el 5 de noviembre en Xochimilco a las afueras de Chilapa, “donde hay un cuartel militar”.
El Cipog-EZ resaltó que es preocupante que el Ejército se retire, “porque es una zona importante que separa a sus comunidades de los territorios controlados por Los Ardillos, de tal forma que quedamos frente a frente nuevamente con los grupos delincuenciales”.
Llama a las autoridades y ciudadanos a “estar atentos de lo que pueda suceder en estos días, es evidente que el Estado sabe que habrá ataques y muerte, pero eso no le interesa”.
Contactado vía telefónica, Plácido Galindo detalló que fue a las 4 de la tarde del domingo cuando los militares se retiraron del crucero de El Jagüey ubicado adelante de la comunidad de Atzacoaloya, donde “se posicionaron Los Ardillos”.
–¿Les informaron los militares que se retirarían?
–No nos informaron, se retiraron sin avisarnos, sabemos que en esa trinchera del crucero de El Jagüey siempre han estado integrantes de Los Ardillos, y cuando los desplazamos quedamos de acuerdo con el gobierno del estado que ahí estaría el Ejército, pero al no tener una buena coordinación entre ellos (las autoridades) tomaron posesión Los Ardillos.
–¿Ya se comunicaron con algún funcionario del gobierno del estado, con el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, o con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez?
–Se le informó a Francisco Cisneros que Los Ardillos se están posicionando y nos preocupa porque cada vez que ellos toman posición atacan a nuestras comunidades sin importar si hay mujeres o niñas, tampoco trabajan los transportistas de las comunidades para bajar al municipio de Chilapa, porque comienzan a levantarlos y a desaparecerlos.
Aseguró que también le avisaron a Reynoso Núñez pero se niega a aceptar que el Ejército se retiró de la base, “hoy hemos recorrido las zonas donde estaban y no están”.
Afirmó que otro cuartel cercano a la comunidad de Tula también está vacío, no hay nadie del Ejército, ni Guardia Nacional ni Policía Estatal.
–¿Suspendieron sus viajes para ir a abastecerse a la cabecera municipal de Chilapa?
–De hecho la gente evitó bajar a Chilapa por lo mismo de que los quieran levantar y desaparecer, ahorita toda la región del Cipog-EZ está alerta. Estamos en todas las trincheras de nuestros cerros por cualquier incursión de Los Ardillos, ya está lista la población para defenderse.
Plácido Galindo cuestionó que a pesar de que el Ejército llegó a Chilapa no se ha detenido a ningún integrante del “grupo narco paramilitar Los Ardillos”.
Destacó que el 5 de noviembre pasado fueron asesinados tres de sus compañeros promotores del Cipog-EZ, y “hasta ahorita no ha se ha detenido a ningún responsable por el crimen”.
Expuso que sabe cómo se mueve el grupo del crimen organizado que se dedica a “la extorsión en Chilapa, al secuestro, el cobro de cuota a los taxis y a comerciantes, han amenazado a médicos y maestros”.
“Aquí es responsable tanto el presidente municipal de Chilapa (Aldy Esteban Román del PRI), como el diputado (local priista), Jesús Parra, quien gobernó Chilapa y que con él aumentó el homicidio, el secuestro y la extorsión”, expresó.
Aseveró que su organización suma 50 integrantes asesinados y 20 desaparecidos, y por esos casos no hay ningún responsable detenido.
Responsabilizó al gobierno del estado de cualquier cosa que le ocurra a la población del Cipog-EZ, y mencionó que también ya le informaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a representantes de la ONU para que estén atentos de lo que pueda ocurrir si el grupo paramilitar incursiona en su territorio, y el de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF).
Plácido Galindo también exhortó al gobierno federal a no ser cómplice de lo que está sucediendo, porque dijo desde el 21 de octubre pasado cuando en su gira por Guerrero abordaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y le exigieron seguridad, trabajar su tierra y vivir en paz, y durante “todo este tiempo se nos sigue matando a nuestra gente y desplazando y las cosas sigan tensas”.
Aseguró que el Ejército y la Guardia Nacional no garantizan la seguridad de los ciudadanos de la Montaña baja de Guerrero, “la guerra se va acabar cuando detengan a los grupos paramilitares”.
Advirtió que si ya no regresa el Ejército a ocupar el crucero de El Jagüey, como sistemas comunitarios bajarán a tomar la cabecera municipal de Chilapa, “ante el vacío de seguridad que deja el gobierno del estado”.
Familiares del albañil Orlando Mauro Santos de 55 años, quien desapareció hace más de dos meses en la comunidad de Mazatlán, municipio de Chilpancingo, exigieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón su intervención para localizarlo.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en la capital, los familiares Yolanda Santos Valente, Isabel Guadalupe Salvador Mauro y Daysi Yarely Jerónimo Salgado relataron que el hombre desapareció la tarde del miércoles 7 de septiembre, salió de su casa “a dar una vuelta al pueblo” y no regresó.
La sobrina de la víctima, Isabel Guadalupe Salvador Mauro comentó que 10 días después de la desaparición de su tío la familia presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero, en la que les tomaron pruebas de ADN, y aunque se difundió el boletín de búsqueda, no le han dado información de lo que se hace para localizarlo.
Salvador Mauro dijo que su familia por su propia cuenta acudió a las comunidades de los municipios de Quechultenango, Chilpancingo, Tixtla, Mochitlán, Mártir de Cuilapan y a Cuernavaca para buscarlo, incluso colocaron folletos de la ficha de búsqueda de Orlando en la vía pública para que la población los apoye a encontrarlo.
“Estamos desesperadas por no saber nada de él, queremos saber dónde está, con quién se encuentra, si ya comió, quién lo tiene, es una desesperación grande e impotencia de no tener noticias de mi tío Orlando”, declaró la sobrina.
Indicó que a más de dos meses de su desaparición no han tenido comunicación con él, tampoco les han llamado para pedir rescate por si pudiera estar privado de su libertad, “ese día de su desaparición nos dijeron que lo vieron cerca del restaurante El Tecuán y la gasolinera de Tierras Prietas en esta ciudad, pudiéramos pensar que mi tío está en Estado de México porque nos había comentado que iba visitar a su hermana, a lo mejor está perdido, por eso pedimos la intervención de las autoridades”.
Insistió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón su intervención para dar con el paradero de su familiar, “mi tío es tranquilo, no se metía con nadie, él estaba trabajando en una obra en el pueblo, queremos que lo encuentren vivo”. (Luis Blancas / Chilpancingo).
El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, aseguró que quienes participaron en la balacera y persecución en contra de un empresario en Ayutla el jueves, fueron miembros del grupo delictivo Los Ardillos.
En declaraciones por teléfono, el dirigente de la agrupación denunció que ese grupo delictivo ya está operando en Ayutla y Tecoanapa, porque “hay un acuerdo” de los gobiernos federal, estatal y municipal con el grupo delictivo para replegar a la UPOEG, de la que, aseguró, ya hay muchos asesinados y desplazados de esa región.
El jueves vecinos de Ayutla y Tecoanapa denunciaron que al menos dos muertos, un niño y un adulto, fue el resultado de una persecución a balazos en la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, tramo Tecoanapa-Ayutla por presuntos integrantes de la Policía Ciudadana de la UPOEG a un empresario materialista.
Las autoridades estatales solamente confirmaron la balacera y un muerto y en un boletín informaron que quienes participaron fueron civiles armados con vestimenta de la “policía comunitaria”, en referencia a la policía de la UPOEG.
Plácido Valerio dijo que el empresario propietario del establecimiento que fue agredido hace años secuestró a una persona y estuvo preso, “y la información que tenemos es que su negocio es de lavado de dinero, pero eso lo tendrían que investigar las autoridades”.
Sin embargo deslindó a la UPOEG del ataque, “quienes lo agredieron fue la otra parte que controla Tecoanapa y Ayutla que son Los Ardillos contra la otra gente”.
Aseguró que “el gobierno ya sabe quiénes fueron porque les mandé fotos, lo que pasa es que es muy fácil culparnos todo el tiempo a nosotros de todo”, se quejó.
Dijo que el problema es que el grupo delictivo ya amenazó a comisarios, a comandantes y a mucha gente de la UPOEG.
Informó que él ha presentado las denuncias pero que no han prosperado porque “el acuerdo” de los gobiernos federal, estatal y municipal con el grupo delictivo de Los Ardillos es erradicar a la UPOEG de la región Costa Chica.
El dirigente de la agrupación dijo que por eso se quiere culpar a la UPOEG de la violencia en esa región, cuando quienes la provocan son Los Ardillos y Los Rusos.
Aseguró que la UPOEG se ha replegado porque además de la persecución de parte de los gobiernos estatal y federal, los grupos delictivos les han matado a mucha gente y a otros los han amenazado, “mientras que las autoridades no ponen orden, como traen armas de alto poder”.
Denunció que mucha gente de la UPOEG ha salido desplazada no sólo por la violencia de esos grupos delictivos (Ardillos y Rusos), “sino porque también el gobierno nos empezó a hostigar y yo le pedí a los compañeros que se desplazaran, por eso es que los grupos delictivos aprovecharon”.
Según el dirigente de la UPOEG, “la opinión de la gente de esa región es que hay un acuerdo entre el gobierno y los grupos delictivos para desplazarnos a nosotros”.
Agregó que los dos grupos “ya tienen rato matando gente en esa región y todo mundo sabe quiénes son pero todo mundo tiene temor de denunciarlos”.
El dirigente lamentó que las autoridades estén persiguiendo más a la organización social que a la delincuencia.
Explicó que Tecoanapa y Ayutla ya están bajo el control de Los Ardillos y el resto de los municipios “de Acapulco para abajo”, por Los Rusos.
Policías comunitarios de Tlacotepec en la entrada a Apaxtla, en donde ayer incursionaron en contra del grupo que impone una cuota a los productos de la canasta básica, según dijeron Foto: El Sur
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
El perfil de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC); de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), fueron analizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el año crítico de 2015, después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando hubo un levantamiento social que obligó a la salida del cargo del gobernador, Ángel Aguirre Rivero.
En los recientes correos hackeados por el grupo Guacamaya aparece un texto confidencial donde la Sedena hace un cuadro comparativo de la estructura de los tres grupos, sus diferencias internas, el número de sus integrantes y el tipo de armamento que ocupan en los diferentes municipios de la Montaña, Costa Chica y la Región Centro donde tienen su mayor presencia.
La Policía Comunitaria de la CRAC nació en 1995 en Santa Cruz del Rincón municipio de San Luis Acatlán, donde los indígenas de la Montaña Alta tomaron las armas para defenderse de los asaltos, violaciones y homicidios que se daban en sus caminos.
Desde el inicio, la organización indígena fue acosada por el Ejército y las autoridades, que la señalaron como brazo armado del apenas saliente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En el informe de la Sedena fechado en 2015, señalan que uno de los objetivos de la CRAC es “preservar la seguridad de sus comunidades, proteger su territorio y oponerse al despojo y desplazamiento de la población que se vea afectada por la privatización del ejido”.
El texto en Power Point describe a la CRAC como una policía comunitaria que realiza recorridos a inmediaciones “de las comunidades donde mantienen presencia, establecen puestos de revisión en diferentes puntos y cometen detenciones arbitrarias en contra de la población en general, los cuales son
recluidos en las Casas de Justicia para que sean reeducados conforme a usos
y costumbres; asimismo, realizan reuniones para la resolución de problemas internos, impartición de justicia y para la planeación y ejecución de operativos
especiales de seguridad”.
Inteligencia militar menciona que la Policía Comunitaria tiene presencia en Acatepec, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres, Metlatónoc, Malinaltepec, Marquelia, Copanatoyac, Cochoapa, Iliatenco, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Tlacoapa, Tecoanapa, Copala, Tixtla, Olinalá, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Cualac, Huamuxtitlán, Chilapa y
Juchitán.
Los datos del informe revelan que en el 2015 la CRAC controlaba 120 comunidades, con mil 400 hombres armados y que recibían del gobierno del estado mensualmente un millón 100 mil pesos.
Según el texto la vulnerabilidad del grupo era una pelea interna entre los seguidores de Abad García García, excoordinador y promotor de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán contra los seguidores de Eliseo Villar Castillo (preso en el Cereso de Chilpancingo), coordinador de la “Casa de Justicia Horcasitas, por el control de los recursos económicos que otorga el Gobierno del Estado para sus actividades”.
UPOEG
En el mismo texto se trata la división dentro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) por cuestiones económicas y la creación de la UPOEG el 28 de enero del 2011.
“Se presentó un conflicto al interior de la CRAC-PC, lo cual originó que Bruno Plácido Valerio se separara y creara la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), con el objeto de ganar adeptos, esta organización tomó como bandera de lucha las altas tarifas de luz que pagaban las comunidades indígenas, abogando por una tarifa preferencial por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.
La Sedena señala que la UPOEG en el 2013 con “Bruno Plácido Valerio crea el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), con estructura similar a la de la Policía Comunitaria (PC)”.
En esos años la agrupación salió a combatir al grupo de la delincuencia organizada de Los Rojos que controlaba parte de la Costa Chica y zona Centro del estado, donde en sus primeros operativos detuvieron al menos 54 integrantes del crimen organizado que fueron entregados a las autoridades del gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Según el cuadro comparativo de la Sedena la UPOEG tenía como objetivo “brindar seguridad a sus comunidades, la liberación de presos políticos, presentación de los 43 normalistas desaparecidos, exigiendo la apertura de los cuarteles para su búsqueda”.
En el 2014 la agrupación fue obligada por pobladores de Ayutla y Tecoanapa para entrar a la ciudad de Iguala y buscar al menos a 13 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro de Ayotzinapa, que eran originarios de esos municipios y que fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre.
Los operativos eran encabezados por el promotor de la UPOEG, Miguel Ángel Blanco, que fue el primero en encontrar decenas de fosas clandestinas y quien ubicó el punto conocido como Barranca La Carnicería –a un costado del basurero de Cocula– donde se encontró un resto óseo del normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Miguel Ángel Blanco fue asesinado en el poblado de Xaltianguis en agosto del 2015 y hasta la fecha su asesinato nunca fue esclarecido.
El informe señala que la UPOEG tiene 2 mil 200 elementos, 750 armas largas y 150 cortas, con presencia en los municipios de Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos, Tecoanapa, Ayutla de los Libres, Cruz Grande, Copala, Cuautepec, San Luis Acatlán, Marquelia, Azoyú, Igualapa, Ometepec, Cuajinicuilapa y Tlapa de Comonfort.
Según la Sedena la vulnerabilidad del grupo era que su líder “Bruno Plácido Valerio ha adoptado una postura mesurada buscando el acercamiento con autoridades de los tres niveles de gobierno con la posible intención de postularse como diputado local”.
FUSDEG
El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) es una escisión de la UPOEG y la inteligencia militar señala que “su conformación contó con la asesoría y respaldo de Bertoldo Martínez Cruz, líder del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), vinculado al ERPI” (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).
El grupo nació el 23 enero de 2015, en la comunidad de Mohoneras, municipio de Chilpancingo, bajo el liderazgo de Salvador Alanís Trujillo que posteriormente fue desplazado de la zona y fundó la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo.
Durante el levantamiento armado del Valle del Ocotito y posteriormente la creación del FUSDEG, la organización participó en el apoyo de las organizaciones sociales que exigían la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El 6 de febrero de 2015 los integrantes del FUSDEG y pobladores del Valle retuvieron al comandante de la Policía Federal, José Luis Solís López, más conocido como Espartaco.
La retención se dio luego de que un grupo de al menos 300 policías federales se dirigía a los pueblos de Mazatlán y Petaquillas para desalojar a los pobladores que tenían retenidos a militares y exigían su salida.
En el informe de la Sedena mencionan que en el 2015 el FUSDEG tenía al menos mil hombres armados que controlaban Chilpancingo (Palo Blanco, Dos Caminos, Mazatlán, Acahuizotla, El Ocotito, Petaquillas, Mohoneras y Los Cajeles); Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y Acapulco (Xaltianguis, Cacahuatepec, Limoncito, Huamuchito, Xolapa, Barrio Nuevo de los Muertos, Huajintepec, Amatepec, El Playón, Pablo Galeana, Las Tortolitas, San José, Las Marías y La Calera.
La vulnerabilidad del grupo era que carecían “de una estructura solida debido a su conformación y presenta dificultad para definir su dirección en las localidades y
municipios donde tiene presencia, principalmente en Chilpancingo”.
El texto de Power Point de 14 diapositivas al que tuvo acceso El Sur y que era de carácter confidencial, considera que los tres grupos enfrentan una crisis estructural derivada de los “protagonismo de sus dirigentes, por mantener sus privilegios e intermediación con las autoridades; pugnas por el control de los recursos económicos; recurrentes abusos y transgresión de los derechos de la población; control de territorios y rutas que les facilite el desarrollo de sus actividades”.
“La pérdida de legitimidad y de liderazgo en las organizaciones CRAC-PC, UPOEG y FUSDEG, mantendrá limitada su pretensión por expandir sus áreas de influencia, lo que contribuye al divisionismo y el consecuente debilitamiento de
sus estructuras internas, lo que debidamente encauzado, permitirá a las autoridades estatales mantener su control”.
El análisis finaliza que “el activismo de estas organizaciones estará orientado a dar continuidad a proyectos de autonomía donde ejerzan el control de los municipios donde tienen presencia, limitando la presencia gubernamental, seguir obteniendo recursos argumentando su contribución a la seguridad local y ampliar sus áreas de influencia”.
Actualmente de los tres grupos, la CRAC-PC es la única que se ha mantenido por la forma de organización que tienen de elegir su sistema comunitario por asambleas de los pueblos.
La UPOEG en el sexenio de Evelyn Salgado Pineda ha sido prácticamente desmantelada de su zona de control de la Costa Chica, donde han detenido o asesinado a sus principales comandantes que fundaron la organización y han sido señalados constantemente por las autoridades federales de operar para el grupo delictivo Los Rusos.
El Fusdeg sólo controla algunas comunidades de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y actualmente se encuentra dividido y peleando el control de su zona con los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos.
El dirigente indígena ejecutado en Chilapa junto a dos de sus compañeros del Cipog-EZ, Adán Linares Silverio saluda a funcionarios que acompañaron en su gira al presidente López Obrador el pasado 21 de octubre en el crucero de Colotepec, Chilapa Foto: Lenin Ocampo Torres
Luis Blancas
Chilpancingo
Tres integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), uno de los cuales habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar la violencia del crimen organizado, Adán Linares Silverio, así como Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales fueron asesinados a balazos la tarde del sábado en la comunidad Xochimilco, municipio de Chilapa.
En conferencia de prensa afuera del Servicio Médico Forense en Chilpancingo, el promotor de esa organización, Jesús Plácido Galindo responsabilizó al líder de grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, y por estar “coludidos” a los diputados locales Bernardo Ortega, Jesús Parra García y al alcalde de Chilapa, Aldy Esteban Román, del homicidio de sus tres compañeros.
Mientras que la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) lamentó y condenó el crimen en contra de los tres activistas indígenas.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que minutos antes de las 4 de la tarde del sábado recibieron el reporte de tres personas asesinadas en la carretera Chilapa-Tixtla.
Policías estatales y ministeriales encontraron un vehículo Tsuru blanco en el crucero de la localidad Xochimilco. Adentro estaban los cuerpos de dos hombres asesinados a balazos y otro más afuera. Las tres víctimas tenían impactos de bala en el cuerpo.
En el lugar había casquillos percutidos calibre 9 milímetros y 38 súper. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias de ley y los cuerpos fueron trasladados al Semefo de la capital.
La FGE difundió un comunicado la tarde del sábado en el que dice que inició una carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de tres hombres, por los hechos ocurridos en un crucero en la población de Xochimilco en Chilapa de Álvarez.
Responsabiliza al presidente López Obrador y a la gobernadora
El Cipog-EZ difundió un boletín de prensa en el que dice “responsabilizamos al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado, al presidente municipal de Chilapa Aldy Esteban Román, a las policías estatales y municipales del estado de Guerrero. Los responsabilizamos de la muerte de nuestros hermanos”.
“Actuaremos nosotros y nosotras, porque es evidente que al mal gobierno no le interesa la vida de nuestros pueblos”, agrega.
“Hermanos, hermanas, con profundo dolor les informamos que tres de nuestros hermanos han sido asesinados. Nuestras palabras son de dolor y rabia. Nunca entenderemos la muerte que los grupos narcoparamilitares han impuesto en nuestro territorio”, expone el Cipog-EZ.
Añade que sus compañeros acudieron a Chilapa, fueron detenidos por agentes de Tránsito municipal a las 2:40 de la tarde del sábado, “posterior a eso una motocicleta los empezó a seguir y perdimos contacto total con ellos, hasta que a las 9:30 de la noche de ese día se reportó su hallazgo sin vida en el poblado de Xochimilco”.
“Si no nos defendemos quién nos va a defender”, fueron las palabras que los pueblos de la Montaña baja de Guerrero le dijeron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el 21 de octubre.
Pese a que el Cipog-EZ tuvo un diálogo con el presidente de la República, la tarde del 5 de noviembre “nuestros hermanos Adán, Guillermo y Moisés fueron asesinados”, se lee en el boletín.
“Nuestro corazón sufre, nos duele, lo dijimos al mundo, al presidente de la República, los grupos narco-paramilitares nos están matando, nos torturan, nos desaparecen. No pasaron más de 15 días y asesinaron a nuestros hermanos, fueron brutalmente asesinados”, concluye el comunicado.
Solicitaron la detención de Los Ardillos el 21 de octubre, reprocha
El promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo responsabilizó al líder de grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez del crimen, y por estar “coludidos” a los diputados locales Bernardo Ortega, Jesús Parra García y al alcalde de Chilapa, Aldy Esteban Román.
En conferencia de prensa en el Servicio Médico Forense (Semefo) en la capital, Plácido Galindo se quejó de que a pesar que Adán Linares y miembros de la organización abordaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en la gira de trabajo el 21 de octubre pasado, donde le solicitaron la detención de los integrantes del grupo delictivo que opera en Chilapa y el cese a la agresión contra el Consejo no han tenido respuesta, y siguen las agresiones en contra de sus integrantes.
Dijo que en ese acercamiento acordaron que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas
y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda iban a acudir a la comunidad de Alcozacán para atender el problema, pero no les han dicho cuándo.
Informó que desde el 2015 a la fecha 43 miembros han sido asesinados y 20 más se encuentran desaparecidos por el grupo paramilitar, que pretende desaparecer a la organización e invadir el territorio.
“Hacemos responsables de estos hechos al líder de Los Ardillos Celso Ortega, a su familiar (hermano) Bernardo Ortega, al alcalde de Chilapa Aldy Esteban Román, porque sus trabajadores trabajan con los malos, y al diputado local Jesus Parra García, que cuando fue alcalde permitió la presencia de estos amigos en el munipio”, insistió.
Indicó que esta agresión en su contra pudiera ser una reacción a los señalamientos contra Los Ardillos y al diputado Bernardo Ortega, que hicieron frente al presidente de México cuando visitó La Montaña de Guerrero.
“No están muertos nuestros compañeros, la lucha sigue, la resistencia del crimen operando en la montaña no nos va a afectar, vamos a seguir denunciando, nos duele ver que cada día los compañeros que bajan a comprar a Chilapa ya no regresan, de este asunto es responsable el Estado”, declaró.
Mencionó que Adán Linares hace dos años contaba con medidas cautelares, cargaba un botón de pánico y un teléfono satelital, lo cual no fue suficiente para garantizar su seguridad, “ahora él dejó dos niñas y sus restos serán sepultados en Alcozacán al igual que Moisés que dejó dos niños, mientras que Guillermo será sepultado en Tula y dejó en la orfandad a tres hijos”.
Plácido Galindo dijo que sus tres compañeros asesinados salieron a las 2 de la tarde del sábado de la comunidad Alcozacán en Chilapa, se dirigían a Chilpancingo para comprar refacciones de un vehículo, cerca de los arcos fueron retenidos por agentes de Tránsito municipal, los siguió un motociclista y después al pasar por el crucero de Xochimilco fueron asesinados a balazos.
Dijo que en asambleas de las comunidades en las que tiene presencia el Cipog-EZ analizarán qué acciones realizarán ante las agresiones del grupo criminal Los Ardillos.
Exigió al presidente López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado justicia para los miembros de la organización y que no quede impune.
Minutos después de la 1 de la tarde los familiares de Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, resguardados por policías estatales y efectivos de la Guardia Nacional acudieron al Semefo en la capital para recoger los cuerpos de los tres miembros de la Cipog-EZ y realizar las denuncias correspondientes ante la Agencia del Ministerio Público.
La Codehum condena el triple asesinato
La Codehum lamentó y condenó el suceso en el que fueran privados de la vida el sábado Adán Linares Silverio, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
La Codehum difundió un comunicado en el que señaló que dará seguimiento al caso, a fin de que se garantice a favor de los deudos el derecho al acceso a la justicia.
El organismo hizo un llamado a las autoridades encargadas de la investigación para que se realice de manera diligente y apegada a la legalidad, “y que las acciones que se tomen sean con estricto respeto a los derechos humanos”.
Familiares y amigos de Adolfo Aparicio Bello, Pedro Romero Sotelo y Efrén Barrios Cárdenas quienes desaparecieron el pasado viernes en Quechultenango, durante el bloqueo a los carriles norte-sur de la Autopista del Sol en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Familiares y amigos del encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Adolfo Aparicio Bello, así como de Pedro Romero Sotelo y Efrén Barrios Cárdenas, quienes desaparecieron el viernes en Quechultenango, bloquearon cuatro horas la Autopista del Sol en Chilpancingo, de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde.
En la noche, por teléfono el hermano de Adolfo informó que ayer se localizó la camioneta en que viajaban y a que a ello ayudó el helicóptero que la familia había solicitado para hacer un recorrido por la zona.
“Ya teníamos localizados los puntos”, dijo, pero recriminó que como el domingo la FGE inició tarde los trabajos la neblina impidió que continuaran.
Por el bloqueo que realizaron dijo que la búsqueda este lunes fue diferente, incluso participaron el Ejército y la Guardia Nacional.
La camioneta en la que viajaban fue localizada y hay personas dentro, pero no saben su identidad, dijo, y precisó, “del vehículo sí, aún tenemos ese rayito de luz de encontrar con vida a nuestros familiares”.
Detalló que este martes continuarán las labores de rescate para sacar la camioneta e identificar los cuerpos que están dentro.
Mientras que en la protesta unos 100 manifestantes llevaban pancartas en el encauzamiento del bulevar del río Huacapa, a unos metros de la autopista, en las que se leía, “Gobernadora exigimos el regreso con vida de nuestros familiares”, “Necesitamos la aparición con vida de Adolfo, Efrén y Pedro”, “Tu familia te espera”.
Al lugar llegaron el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros y el subdirector de Negociaciones de la Secretaría General de Gobierno, Rafael Julián Arcos para solicitarl a las familias que no bloquearan “porque un problema no se soluciona con otro problema”.
Los funcionarios aseguraron a los manifestantes que se retomaría la búsqueda pero que permitieran los trabajos a la Fiscalía y a las demás corporaciones para la localización de los tres hombres.
Sin embargo, los manifestantes cerraron unos minutos la vialidad a unos metros del Huacapa, posteriormente avanzaron a la Autopista del Sol, la cual bloquearon en el sentido norte-sur y también el entronque con la carretera federal a las 11:20 de la mañana.
En el bloqueo
La madre de Adolfo, Higinia Bello contó que su hijo desapareció el viernes y que el último contacto fue a las 7:25 de la noche en el tramo Quechultenango-Chilpancingo, “mi hijo es trabajador de los Derechos Humanos, sin embargo tenemos un negocio familiar. Hace cinco meses murió mi esposo y Adolfo es el que me está apoyando en algunos trabajos”.
Adolfo junto con Romero Sotelo y Barrios Cárdenas llegaría a Chilpancingo pero anocheció, por lo que Higinia salió a buscarlos con otro familiar porque dijo que pensó que tal vez se les había ponchado una llanta, pero no los localizaron.
Contó que buscaron en todo el camino, considerando también que tal vez habían tenido algún accidente y caído en alguna barranca, y al no tener resultados interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
El domingo acudió la Fiscalía al lugar de donde salió Adolfo con los otros dos hombres, pero como acudieron en la tarde los trabajos se suspendieron porque la neblina estaba densa y la lluvia tampoco permitió que vieran más abajo del barranco.
“Ahora las autoridades me dicen que no cierre la autopista, que un problema no se resuelve con otro, pero les dije que en las acciones que realizaron el domingo no hubo nada”, Higinia comenzó a llorar y a gritar de la desesperación.
“El tiempo corre, la vida de mi hijo está en peligro, por favor que me ayude la señora gobernadora, que me escuche y apoye, porque la Fiscalía está saliendo otra vez tarde para la búsqueda”, reclamó.
Continuó llorando, su cuerpo se desvaneció y dos mujeres la tuvieron que sostener, “son dos personas más que están en peligro, mi hijo y dos de mis trabajadores, por favor, por favor, hay que unirnos para peinar la zona, desde Petaquillas, Mochitlán y Tepechicotlán, porque hablan de que hay cuevas”.
La madre reprochó que la FGE le aseguró que acudirían perros buscadores y helicópteros para localizarlos pero no asistieron, “yo pido drones para poder mirar porque la superficie es muy accidentada”.
Higinia tiene un aserradero, Maderas de la Sierra, las instalaciones se ubican en la capital. La madre contó que su hijo le ayuda cuando tiene tiempo libre porque su esposo murió hace cinco meses. De acuerdo con las familias los dos trabajadores y Adolfo realizarían un trabajo y ese mismo día regresarían, pero no fue así.
El tiempo que estuvo el bloqueo sobrevoló un dron de la Policía Estatal, además los agentes de la Guardia Nacional constantemente tomaron fotografías a las familias.
Uno de los manifestantes informó que con el GPS rastrearon el celular de Aparicio Bello y la localización les indicaba que estaban en una cueva en dicho tramo carretero.
Al lugar llegó la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán para dialogar con las familias.
También acudieron unos 50 policías estatales con equipo antimotines pero permanecieron en la calle lateral de la autopista en la espera de la orden del desalojo, algunos familiares y amigos se arrodillaron y recriminaron que se utilizaría la fuerza pública para replegarlos y que esos policías podían servir para la búsqueda.
Al saber que las autoridades iniciaron los trabajos de búsqueda los manifestantes a las 12:30 del día comenzaron a abrir y cerrar cada 15 minutos la vialidad, donde cientos de automovilistas quedaron varados.
Minutos antes de las 3 de la tarde los manifestantes se replegaron a la banqueta de dicha vialidad, en tanto una comisión de familiares de los desaparecidos fue a una reunión a la Fiscalía.
Las personas que permanecieron en la vía lateral de la Autopista lloraron por los hombres desaparecidos y una mujer se desmayó, pero no informaron si ya se habían localizado a sus familiares.
La Fiscalía también difundió un boletín para localizar a Efrén Barrios Cárdenas de 55 años, pero no de Pedro Romero Sotelo, este último es uno de los desplazado de Campo de Aviación del municipio Leonardo Bravo.
El encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos de la Codehum, también fue precandidato morenista para la alcaldía del municipio de Copala en el 2021.
En un comunicado se informó que el gobierno de Guerrero amplió el operativo de búsqueda por aire y tierra con agentes de las secretarías de Seguridad Pública y de Protección Civil, así como de la Fiscalía estatal, para agilizar la localización de tres personas reportadas desaparecidas.
Se detalló que el grupo estaba integrado por agentes de la secretaría de Seguridad Pública, quienes dan acompañamiento a integrantes de las comisiones de Búsqueda de Personas y de Derechos Humanos.
“El resguardo y acompañamiento está al mando de María de Jesús Varona y junto a ellos se trasladó un grupo de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, con el titular Víctor Parra Téllez, además de personal de Protección Civil y de un grupo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado”, se informó.
Se indicó que la instrucción al personal fue brindar apoyo, seguridad y facilidades hasta encontrar a los tres ciudadanos reportados desaparecidos, quienes fueron vistos por última vez en la comunidad de San Martín en el municipio de Quechultenango.
El municipio de Quechultenango es señalado por las autoridades como el bastión de la organización criminal Los Ardillos.
Indígenas nahuas de comunidades de Chilapa y Jose? Joaquín de Herrera se manifestaron el viernes al paso del convoy del presidente Andre?s Manuel Lo?pez Obrador por el crucero de Colotepec, donde lo pararon 15 minutos para exponerle la situacio?n de violencia en sus comunidades Foto: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El 24 de noviembre del 2015 la Urvan número 45, placas 4668-FMC, salió poco después de las 6 de la mañana de San Jerónimo Palantla con siete pasajeros a bordo rumbo a Chilapa. A las 6:40 en el punto conocido como La Ciénega, antes de llegar a Atzacoaloya, fue atacada a balazos y cuatro de los ocupantes, el chofer y tres mujeres, fallecieron por la lluvia de disparos.
Elizabeth, una niña de cuatro años y Flora, una adolescente de 14 resultaron heridas. El séptimo pasajero logró huir ileso.
Las cuatro víctimas mortales fueron: Ángela Casarrubias Cortés de 52 años, su hija Ana Orgín Casarrubias de 22 y madre de Elizabeth. Además Victoria Díaz Bernabé de 34 años y el chofer de la Urvan, Isaac Xochitempa Chautla de 43 años, quien era promotor y consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de San Jerónimo Palantla, de donde eran originarias las demás víctimas.
Ese día, de acuerdo a la CRAC-PF y al Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ), marcó la violencia que viven los pueblos nahuas de esa región de Chilapa que ha dejado 47 asesinatos, 21 desaparecidos y un detenido.
Esas cifras fueron las que le entregaron en un documento el viernes pasado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el crucero de Colotepec donde el mandatario fue interceptado.
Le reprocharon que los tres órdenes de gobierno han minimizado y no han querido resolver ni atender el problema de la violencia provocada por los grupos delictivos Los Rojos y Los Ardillos, aunque el primero ya fue desarticulado con la detención de su líder Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, el 21 de agosto del 2019.
Casos representativos
La masacre del 24 de noviembre del 2015 fue atribuida por la CRAC-PF y el Cipog-EZ a integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) al que pertenece un grupo de vecinos de San Jerónimo Palantla, y al que vinculaban con el grupo delictivo Los Rojos.
El 11 de junio del 2016, fue asesinado en Xochitempa el comandante suplente de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, Florencio Morales Salgado, en un operativo de la CRAC de la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, y vecinos de San Jerónimo Palantla representados por el FDP.
El 19 de diciembre del 2018, 12 vecinos de El Paraíso de Tepila desaparecieron. Entre ellos Anita, de tres años, Elena y Zacarías de seis, Juanita de siete, Emiliano de nueve, Sergio y Jorge de 12 años, Rosaria de 15, Ángel de 17. Así como Rosaria Ignacio Melchor de 60, Alberto Espiridión Ignacio de 40 y Antonia Andraca Celedonio de 36.
La CRAC-PF y el Cipog-EZ, responsabilizaron de la desaparición masiva a la policía comunitaria del grupo Por la Paz y la Justicia que relacionan con Los Ardillos.
El 4 de mayo del 2019 fueron ejecutados en Chilapa los consejeros de la CRAC-PF y concejales del Cipog-EZ ante el Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena (CIG-CNI), José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, el primero de Xicotlán y el segundo de Buena Vista.
El 16 de mayo de 2019 los indígenas Martín Salgado de Jesús y María Ricarda Xochitempa Chautla, de San Jerónimo Palantla, fueron levantados cerca de Xochitempa y siguen desaparecidos.
El 23 de mayo del 2019 el comandante regional de la CRAC-PF y concejal del Cipog-EZ ante el CIG-CNI, Bartolo Hilario Morales, de Tula, fue levantado en el crucero del Jagüey en la carretera Chilapa-Hueycantenango y su cuerpo fue encontrado desmembrado y embolsado al día siguiente junto al del indígena de Xicotlán, Isaías Xanteco Ahuejote, en el punto conocido como Las Antenas de la carretera Chilpancingo-Tlapa.
El 2 de junio de 2019 fue ejecutado frente a su esposa en Hueycantenango, Eugenio Máximo Hilario, ex comandante regional y fundador de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango). La dirigencia del Cipog-EZ denunció entonces que los responsables fueron policías municipales de ese lugar e integrantes del grupo Los Ardillos.
El 7 de julio de 2019, fue levantado el comandante de la Policía Comunitaria de Alcozacán, Felipe de Jesús Tolentino Bolaños. Su cuerpo fue encontrado el 11 de julio cerca de Chilapa.
El 8 de julio de 2019 fueron levantados en el crucero del Jaguey, David Domingo Alonso y Marcelino Pedro Rojas Reyes, policías comunitarios de Ayahualtempa, sus cuerpos fueron encontrados en el crucero de Rincón de Chautla el 11 de julio. El día que los levantaron bajaron a Chilapa, donde participaron en la retención de camiones y en la “expropiación” de fertilizante.
El 10 de julio de 2019, fueron bajadas de una combi del transporte público en el crucero del Jagüey las delegadas del CNI, Juana Fernández Ambrosio y Alberta Martínez Rendón. Sus cuerpos fueron encontrados degollados y con huellas de tortura al día siguiente cerca de la colonia Corral de Piedra de Chilapa.
El 8 de agosto del 2019 fue levantado en el crucero del Jagüey, Hilario Tepetitlan, originario de Alcozacán y su cuerpo fue hallado horas después cerca de la colonia Corral de Piedra.
El 7 de septiembre de 2019 fue levantado en Hueycantenango el regidor de seguridad pública de José Joaquín Herrera y policía comunitario de Ayahualtempa, Leocadio Bolaños Hernández. Su cuerpo fue encontrado decapitado al día siguiente en el punto conocido como El Ocotito, cerca de esa cabecera municipal.
El 14 de septiembre de 2019 fue levantado en Tlachimaltepec, José Joaquín de Herrera, el policía comunitario de Alcozacán, Silviano Morales Joaquín. Su cuerpo fue encontrado cerca de la comunidad de Tospanyo el 17 de septiembre.
El 8 de octubre de ese año fue acribillado cerca del módulo de la Policía Municipal en Hueycatenango el policía comunitario de Zacapexco, Santos Vázquez Andraca.
El 18 de octubre de 2019 fue levantado en el río La Hamaca, entre Acojtapaxtlán y El Epazote, Fidel Bolaños Rojas, originario de Ayahualtempa. Al día siguiente desapareció su hijo Félix Isidro Bolaños Hernández, cuando lo buscaba en Colotlipa, municipio de Quechultenango. Ambos continúan desaparecidos.
El 1 de noviembre de 2019 fue asesinado en Cochixjtlán Tlatempa, cerca de Hueycantenango, Samuel Rojas Dorantes, originario de Ayahualtempa.
El 18 de noviembre de 2019 fue asesinado en la colonia Piedra Colorada de Hueycantenango, Isaac Martínez Rosendo, vecino de Ayahualtempa.
Las víctimas del 2020
El 17 de enero de 2020, Alcozacán se vistió de luto. Ese día fueron masacrados 10 vecinos de ese pueblo, todos integrantes del grupo Sensación Musical, cuando regresaban de una tocada en Tlayelpan.
A cinco de las víctimas les prendieron fuego en el interior de la camioneta en que viajaban y los otros cinco fueron asesinados a balazos, algunos tenían el tiro de gracia.
Los muertos fueron los hermanos José Julio de 37 años y Cándido Fiscaleño Hilario, de 20, Crescenciano Migueleño Coapango de 37, chofer de una de las camionetas, Israel Tolentino Ahuelicán de 24, chofer de la otra camioneta y policía comunitario.
Los otros fueron Israel Mendoza Pasado de 15 años, Regino Fiscaleño Chautla, Antonio Mendoza Tolentino, Lorenzo Linares Jiménez, Juan Joaquín Ahuejote y Marcos Fiscaleño Baltazar.
El 15 de agosto fue levantado en Totopacholpe, territorio del grupo Por la Paz y la Justicia, Rutilio Bolaños Gatica, de Ayahualtempa, y encontrado asesinado al día siguiente en Kamoxtepec.
El 19 de diciembre fueron encontrados con huellas de tortura, maniatados y con el tiro de gracia en el punto conocido como La Herradura, los cuerpos de los miembros del Cipog-EZ originarios de Alcozacán, María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, quienes habían sido levantados en Chilapa un día antes.
El 7 de marzo, ya del 2021, fue atacada una camioneta de policías comunitarios cerca del crucero de Olinalá por hombres armados con AK-47 y AR-15, resultaron heridos cuatro policías comunitarios: Adán Linares Silverio, Pablo Hilario Morales, Alberto Zoyateco Pérez y Jordán Terjiño Luna, éste último falleció al día siguiente.
El 7 de diciembre de 2021 desapareció en Hueycantenango cuando fue a visitar a sus familiares el policía comunitario Marcelino Chino Mendoza de 30 años, originario de Alcozacán.
El 11 de diciembre desaparecieron los ex policías comunitarios Felipe Tlalxintle Tepexco de 62 años y José Juan Reyes Román de 24, el primero de Xochitempa desapareció entre las comunidades de Mexcaltepec y San Jerónimo Palantla, y el segundo de Ayahualtempa fue levantado en Hueycantenango.
El 16 de enero del 2022, Delfina Ramírez Morales de 26 años fue detenida por policías municipales de José Joaquín de Herrera, según la dirigencia del Cipog-EZ y su cuerpo fue encontrado con disparos de arma de fuego en la comunidad de Temixco.
El 25 de enero desaparecieron el comandante regional de la CRAC-PF de Zacapexco, Pablo Hilario Morales y el policía comunitario de Tula Samuel Hernández Sánchez. El Cipog-EZ responsabilizó a policías municipales de Atlixtac.
El 6 de mayo fueron levantados cerca de Atzacoaloya, Lorena Chantzin Paxacuasingo y Marcos Campos Ahuejote, horas después sus cuerpos fueron encontrados por agentes ministeriales dentro de su camioneta al fondo de una barranca.
El 21 de mayo fue levantado en Hueycantenango Justino Tapia Rosendo de Ayahualtempa de 19 años y estudiante de la UAG. Justino, quien era hijo del policía comunitario Margarito Tapia, fue encontrado asesinado cerca de San Marcos, municipio de José Joaquín de Herrera.
El 9 de julio fue asesinado en Chilapa el policía comunitario y fundador de la CRAC-PF, Alberto Morales Sebastián, de la comunidad de Tula.
El 24 de julio fue asesinado en Chilapa Nicolás Pérez Zoyateco de 49 años, originario de Alcozacán.
Los desaparecidos más recientes son Secundino Jiménez Plácido de Zacapexco, desaparecido el 28 de septiembre en Atzacoaloya, y Celso Cocotzin Tolentino de Alcozacán, según el Cipog-EZ secuestrado en Chilapa el 18 de octubre.
La CRAC-PF y el Cipog-EZ cuentan también como parte de la violencia, la detención del policía comunitario de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, Godofredo Cortés Reyes.
Godofredo fue detenido en marzo de 2016 acusado de homicidio y privación ilegal de la libertad, derivado de una masacre el 8 de febrero de 2015 en la comisaría de San Jerónimo Palantla, donde cinco indígenas fueron asesinados, según los familiares de las víctimas, por policías comunitarios de la CRAC-PF.
