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La masacre de Aguas Blancas y el asesinato de Rocío son “heridas abiertas”, dicen activistas

La documentalista Jocelyn Leal, el luchador social Carlos Mesino, la catedrática Evangelina Sánchez, el moderador Rafael Venancio, la dirigente de la OCSS Norma Mesino, la catedrática de la UAG Claudia Rangel, en la mesa de debate sobre el documental El Rocío de la Esperanza en el auditorio del CIPES en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A 10 años del asesinato de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino Mesino, y a 28 de la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, los casos son una herida abierta y siguen en la impunidad, coincidieron familiares de la defensora asesinada durante la presentación del documental El Rocío de la Esperanza.
El video documental fue presentado ayer en el auditorio del Centro de Investigación y Postgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES), de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y en él se muestra la lucha no sólo de Rocío Mesino, asesinada el 19 de octubre del 2013, sino de la OCSS que fundó su padre Hilario Mesino Acosta, “por el hartazgo, el cacicazgo, la tala inmoderada de la madera y la desaparición de nuestros familiares”, dijo la ahora dirigente de la agrupación Norma Mesino.
Norma hizo una reseña desde la fundación de la organización, la masacre que sufrieron sus integrantes en el Vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez el 28 de junio de 1995, y la represión que se vino después en contra de los integrantes de la agrupación, que incluyó el asesinato de su hermana Rocío.
“Fuimos acusados de ser el brazo social del PROCUP-PDLP, (Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres), después del EPR (Ejército Popular Revolucionario) y de esa forma nos fueron criminalizando, satanizando, a pesar de que la organización traía demandas de índole económica, porque pedíamos que se nos apoyara para hacer producir al campo, que nos apoyaran con vivienda y que se parara la tala de la madera, que era un derecho que tenemos”, relató Norma.
Recordó que la OCSS sufrió la primera y peor represión cuando apenas tenía un año de vida, en 1995 cuando fueron masacrados 17 de sus integrantes en el vado de Aguas Blancas, cuando iban a pedir la presentación con vida de su compañero desaparecido Gilberto Romero Vásquez.
“La masacre dio vuelta al mundo pero sigue en la impunidad, esa masacre es una herida abierta para el estado de Guerrero, eran nuestros compañeros y sólo buscábamos justicia pero recibimos balas”, denunció Norma.
Agregó que la represión no paró ahí, puesto que posteriormente el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer quiso manipular la información mediante Televisa.
También recordó que a pesar de que los campesinos no traían armas “y fueron asesinados de manera vil y cobarde, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una recomendación, a pesar de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió una recomendación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también, Rubén Figueroa solamente fue separado del cargo y no fue castigado”.
Por ello insistió en que la masacre del Vado de Aguas Blancas es un hecho que todavía se mantiene en la impunidad.
Agregó que después de la masacre fue detenido Hilario Mesino Acosta, fundador de la OCSS y padre de Rocío Mesino, después Benigno Guzmán Martínez, otro de los fundadores de la organización “y todos los dirigentes tuvieron que salir desplazados de sus comunidades”.
Agregó que en medio de esta persecución surgió Rocío Mesino para hacerse cargo de la dirigencia de la OCSS, “fue la que se puso al frente cuando sólo tenía 19 años de edad, y su juventud la vivió defendiendo los derechos humanos, se esforzó en la lucha, fue perseguida, vigilada por el Ejército mexicano y aun así mantuvo la lucha de justicia”, contó.
Recordó que en ese tiempo asesinaron a más de 36 integrantes de la OCSS entre dirigentes e integrantes de la organización, y otros fueron perseguidos y desplazados de sus comunidades.
“La mayoría fueron perseguidos, criminalizados y asesinados, no hubo ningún dirigente que no se hubiese escapado de la persecución del figueroísmo”, denunció la ahora dirigente de la OCSS.
Contó que eso llevó a la familia Mesino a desplazarse a la Ciudad de México desde donde siguieron haciendo denuncias de la represión a través de Amnistía Internacional. Aun así, en el 2005 fue asesinado Miguel Ángel Mesino Mesino.
Contó que después, en el 2013, asesinaron a Rocío “y hasta la fecha el caso no ha sido atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), como muchos casos que siguen en la impunidad, pero nosotros vamos a seguir demandando justicia por Rocío, por Miguel Ángel y por todos nuestros compañeros asesinados”, expresó.
Alicia Mesino, la madre de Rocío, de Norma y de Miguel Ángel, dijo brevemente que como madre, a pesar de toda esa represión que ha sufrido su familia, van a seguir en la lucha, “yo no tengo miedo, si el gobierno nos quiere matar a todos, ni modo”.
El hermano de Rocío, Carlos Mesino dijo que muchas veces la gente les pregunta que por qué les gusta “andar en las revolturas, tomando calles, manifestándose”, y él explicó que ser luchador social no es una decisión propia, sino que en el caso de la familia Mesino lo traen de sangre porque a su padre Hilario Mesino el Ejército le desapareció a su hermano Alberto Mesino, en la década de 1970.
“Entonces mi padre junto con mi abuela Juana Mesino, traen ese dolor a cuestas y anduvieron en todos los cuarteles militares y en las marchas luchando por la presentación de su hijo, y se quedó con esas esperanza de encontrar a su hijo”.
Agregó que su papá también tiene a primos desaparecidos, “y que por ello con su hermana Rocío desde cuando estaban en la secundaria casi todo el tiempo se la pasaban solos en su casa”.
Agregó que después esa lucha fue la que heredó Rocío quien no solamente buscaba justicia por sus familiares desaparecidos o asesinados, sino que también, “fue defensora del medio ambiente y era bien cabrona”.
Asistieron a la presentación del video documental además de los familiares de la asesinada dirigente de la OCSS, las productoras Claudia Rangel y Evangelina Sánchez.
También estuvieron entre los aproximadamente 50 asistentes la viuda del asesinado diputado local del PRD, Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, la feminista universitaria, Rosa Icela Ojeda Rivera y la activista de derechos humanos Silvia Castillo.
En este Cine Debate también se presentó el documental: Polinizadores, Resistencia en la Península de Yucatán sobre la devastación en la construcción de las vías para el Tren Maya.

Balean sicarios a cuatro reporteros que venían de cubrir un hecho de violencia en Chilpancingo

El auto en el que viajaban los cuatro reporteros atacados a balazos ayer en Chilpancingo Foto: El Sur

En la imagen de la izquierda reporteros de diversos medios de comunicación afuera del área de urgencias del hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo a donde fueron traslados tres periodistas heridos a balazos. A la derecha la sección 33 del SNRP se manifiesta en Altamirano para repudiar la agresión a los comunicadores de la capital Fotos: Jesús Eduardo Guerrero e Israel Flores

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

Cuatro reporteros capitalinos fueron atacados a balazos después de cubrir un hecho de violencia ayer al mediodía por motociclistas que les dispararon a quemarropa, dejando heridos de gravedad a Víctor Mateo del Diario de Guerrero y colaborador de la agencia Quadratín y a Jesús de la Cruz Nava, del medio digital Reporte Guerrero y con un rozón a Oscar Guerrero, del portal Primer Plano e hijo del corresponsal de Reforma Jesús Guerrero Salgado, quedando ileso Héctor Camacho del semanario Interacción.
Los reporteros fueron atacados afuera del Sexto Batallón de Ingenieros del Ejército mexicano, en la colonia Ayala, cuando hicieron una parada para mandar sus fotos y textos a sus medios luego de cubrir el asesinato de un chofer de Urvan en la colonia Las Palmas.
A ese lugar llegaron dos hombres en una motocicleta y dispararon a mansalva contra los comunicadores. El conductor Víctor Mateo recibió un disparo en el rostro y en el pecho, el copiloto Oscar Guerrero un rozón en el brazo izquierdo y el acompañante de atrás Jesús de la Cruz dos disparos cerca de los hombros.
Los reporteros corrieron a las instalaciones del Batallón donde fueron atendido por elementos de la Guardia Nacional (GN), que con su ambulancia los trasladaron al hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo.
El ataque se da luego de constantes amenazas en redes sociales contra la labor de los reporteros que cubren hechos de violencia vinculada con el crimen organizado y sus derivaciones polícicas en vísperas de la selección de candidatos para las elecciones de 2024.
Hasta las 10 de la noche Víctor Mateo y Jesús de la Cruz se reportaron como estables y el hospital donde se encuentran esta bajo vigilancia de la GN.

Es un ataque directo al gremio, señalan reporteros

Por la noche reporteros de varias organizaciones exigieron durante una conferencia de prensa en la página de Facebook del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje de criminalizar a los reporteros y medios de comunicación porque con eso da pauta a las agresiones que reciben.
En el escrito leído responsabilizan “a las autoridades de los tres niveles de gobierno, por el atentado ocurrido contra lo que consideramos es un ataque directo al gremio periodístico”.
“Al presidente Andrés Manuel López Obrador, le exigimos que termine con su discurso de odio y descrédito hacia la labor de los reporteros y los medios de información, ya que esto implica ponernos en un estado grave de vulnerabilidad y criminalización, en el que cualquier persona cree que atacar a un periodista es solidarizarse con el gobierno que él encabeza”, reclamaron en el texto respaldo por al menos 50 reporteros y organizaciones.
A la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le pidieron “asumir su responsabilidad en materia de seguridad pública y otorgar las garantías necesarias y suficientes a los que se encargan de relatar diariamente la realidad que se vive en el estado; porque su indolencia y menosprecio al trabajo de los medios también constituye un agravio a la sociedad que exige estar informada, como es su derecho constitucional y una obligación gubernamental”.
Y a los grupos del crimen organizado les recalcaron que “no somos sus enemigos y pedimos que dejen fuera al gremio periodístico de sus diferencias con el Estado, porque sólo nos limitamos a ejercer nuestra actividad de informar a la sociedad”.
Finalmente anunciaron una movilización para hoy a las 10 de la mañana para exigir la investigación del ataque y pedir a los tres niveles de gobierno garantías para ejercer el derecho de informar.

Se solidarizan el gremio de Tierra Caliente y la OCSS

Integrantes de la sección 33 del SNRP con sede en Tierra Caliente, se manifestaron este martes por la noche en la glorieta de Ciudad Altamirano para expresar su apoyo a los reporteros agredidos en Chilpancingo y exigir garantías de seguridad.
En la concentración con cartulinas de repudio a la agresión, el dirigente del SNRP, Jesús Benítez, leyó un pronunciamiento en en que se exige que los gobiernos federal y estatal, así como los diferentes ayuntamientos, hagan su trabajo y den garantías de seguridad a la labor periodística.

Expresó que se vive en Guerrero un Estado fallido, pues los gobernantes no garantizan la seguridad de todos ni tampoco la libertad de expresión .
“Brindamos todos nuestro apoyo y respaldo a cada uno de los reporteros que fueron heridos a balazos, pedimos que las autoridades les brinden todo el respaldo y seguridad a ellos y a sus familias, y repudiamos los hechos de violencia y la agresión que sufrieron en cumplimiento de su trabajo”, expresó.
En tanto, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se solidarizó con el gremio y con los reporteros atacados en Chilpancingo y exigió al gobierno que resguarde su integridad así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que atienda este hecho.
En un comunicado la OCSS señaló que este ambiente de violencia y agresión directa a periodistas “que cubren y difunden día a día los actos criminales que inundan nuestros pueblos es generado por el contubernio entre grupos criminales y gobierno, quienes permiten, promueven y forman parte de la perpetuación de la guerra contra la población”.
Ya investiga, dice la Fiscalía del estado

La Fiscalía General del Estado informó que, “a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Agravio de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos investiga la agresión a los cuatro periodistas.
Agrega que inició de oficio la carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa, en contra de quién o quienes resulten responsables.
También afirmó que por instrucciones de la Fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el Fiscal Especializado en Delitos Cometidos en Agravio de Periodistas “acudió al Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcón en Chilpancingo para realizar las primeras investigaciones, brindar atención jurídica y acompañamiento a las víctimas y familiares”.
Dice que se puso en marcha un operativo donde participan autoridades federales y estatales como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Agentes Ministeriales, Policía Estatal y Municipal.

Sigue en la impunidad el asesinato de Rocío Mesino, denuncian en aniversario luctuoso

Francisco Magaña

Atoyac

Familiares y organizaciones sociales conmemoraron el décimo aniversario luctuoso de la dirigente de la OCSS Rocío Mesino, asesinada en Mexcaltepec en la sierra de Atoyac Foto: Francisco Magaña

Familiares, militantes de la OCSS y organizaciones sociales conmemoraron el aniversario luctuoso número 10 de Rocío Mesino, asesinada en Mexcaltepec en la sierra de Atoyac, y pidieron al gobierno estatal la creación de una fiscalía especial para investigar la muerte de luchadores sociales.
El homenaje inició con una ceremonia holística denominada Esperanza de lucha por la vida, junto al río en el puente de Mexcaltepec donde murió abatida a balazos hace 10 años cuando hacía trabajo social para poder comunicar a la sierra de Pie de la Cuesta, incomunicada por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel.
Ahí se develó el mural del pintor Oscar Montalbo del que resalta un corazón simbolizando a Rocío por su entrega a las causas sociales, y unas manos de las que brotan la flora y fauna de la región con un tucán y un leopardo como ejemplo de que la lucha sigue y la vida trasciende.
En su participación la hija del extinto luchador social, Ranferi Hernández, Diana Itzel Hernández citó que han pasado 10 años exigiendo justicia, como en el caso su padre que igual que el de Rocío Mesino es complicado “porque los pueblos no buscan generar problemas, el asesinato de Rocío es un crimen de estado, denunció el abandono de las familias por las autoridades a quienes no les gusta que el pueblo se organice”.
Señaló que la muerte de Rocío trasciende en cada lucha y advirtió que seguirán trabajando sin claudicar.
Asimismo Celene Olivares hija de Luis Olivares destacó la hermandad por la lucha y muerte de sus familiares, que dejaron semillas que siguen dando frutos.
Citó que los crímenes que han vivido las familias los dobla, pero no los quiebran, y siguen el ejemplo que les enseñaron, a no ser cobardes y a exigir justicia independientemente de quien esté gobernando.
Comparó que el asesinato de sus parientes los marcan por haberlos visto abatidos “pero otros no han tenido oportunidad de sepultarlos y siguen buscándolos, como los 43 normalistas de Ayotzinapa” con quienes dijo, se solidarizan.
Mientras que la indígena mazateca de Oaxaca, Argela Betanzio Zepeda señaló que aplauden el valor y lucha con inspiración. En la ceremonia entregaron una cruz de barro negro elaborado por mujeres de ese estado.
En nombre de la familia, Norma Mesino destacó que para ellos y la OCSS, acudir cada año al lugar donde asesinaron a Rocío les causa dolor, pero van porque es un sitio de memoria, justicia y no repeticion.
Reseñó la formación de Rocío de valores y empatía por las luchas de pueblo y la defensa de los bosques.
Agregó que el reclamo de justicia y la defensa por los derechos humanos de Rocío ante la represión militar y gubernamental siguen vigentes.
Citó que el caso Aguas Blancas fue una campaña de represión y no ha habido justicia hasta hoy por el asesinato de 35 militantes, desapariciones y presos políticos de la organización.
Pero también fue el resultado de una lucha que logró la destitucion de gobiernos represores.
Destacó que Rocío Mesino fundó la Policía Ecológica en Atoyac como regidora del municipio, sin dejar la gestión social por la que fue un dolor de cabeza para los gobiernos.
Señaló que las demandas de la OCSS y sus métodos de lucha “no fueron del agrado de los caciques y los políticos del Estado, de manera que decidieron reprimirnos”.
Rememoró el caso Aguas Blancas donde fueron masacrados 17 campesinos “bajo la orden del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien no conforme con la masacre, indicó que, desató una intensa campaña de represión contra nuestra organización”.
Mencionó que actualmente sigue desaparecido Gilberto Romero Vázquez; y 35 militantes de la OCSS han sido asesinados.
Señaló que Rocío se convirtió en una incansable luchadora social nunca dejó de exigir justicia en torno al caso de los compañeros asesinados, ni flaqueó en la lucha por la defensa de los derechos humanos de los pobladores de la región “cada 28 de junio encabezaba la marcha conmemorativa por nuestros compañeros caídos y su participación en las intensas movilizaciones por el esclarecimiento de la masacre de Aguas Blancas fue clave para que el gobernador Rubén Figueroa Alcocer dimitiera de su cargo”, agregó.
Destacó que en marzo de 2013, Rocío fue encarcelada acusada de homicidio calificado y secuestro, pero “casualmente quien la acusaba era un preso llamado Herivan Ortíz Serafín, a quien antes Rocío había señalado como uno de los asesinos de mi hermano, Miguel Ángel Mesino, ejecutado extrajudicialmente por hombres vestidos de civil el 19 de septiembre de 1995” Rocío fue liberada a los pocos días por la presión social y porque no se demostró delito alguno.
Siete meses después de haber sido liberada, el 19 de octubre de 2013, Rocío se encontraba en el río de la comunidad de Mexcaltepec atendiendo un comedor comunitario que creó para apoyar a las comunidades de la sierra afectadas por los huracanes Ingrid y Manuel.
Ahí hombres armados le dispararon por la espalda y “huyeron del lugar con toda tranquilidad a pesar de que un campamento militar se apostaba muy cerca de ahí”.
Norma Mesino sostuvo que durante 29 años, la OCSS ha sido una de las organizaciones más perseguidas, calumniadas y reprimidas por los diferentes gobiernos que han pasado; desde Rubén Figueroa Alcocer, René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero, en sus dos periodos.
Manifestó que el caso de Rocío fue atraído por la Fiscalía General del Estado (FGE) sin que hasta la fecha haya resultados.
Desde aquel 19 de octubre del 2013 el crimen permanece en la total impunidad; “al igual que todos los casos de represión política que hemos sufrido como organización campesina esta permanente política de represión y de no esclarecimiento de las violaciones graves a los derechos humanos, de las que hemos sido objeto, demuestra que la intención del Estado, aun en los tiempos de la denominada Cuarta Transformación, es mantener el dominio de la impunidad como verdadero Estado de derecho”.
Las distintas participaciones coincidieron en exigir verdad y justicia por los asesinatos de Miguel Ángel Mesino, Ranferi Hernández Acevedo, Arturo Hernández Cardona, Luis Olivares Enríquez y todos los crímenes políticos.
También pidieron la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos Orlando Ávila Mesino y Antonio Barragán Carrasco de la OCSS así como de los de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca y de los Solidarios la Voz del Amate.
De igual manera demandaron la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de todos los desaparecidos del país.
Exigieron también a los tres órdenes de gobierno que no sigan vulnerando los derechos humanos de los ciudadanos y las organizaciones sociales.
Acusó Norma Mesino a los diferentes niveles de gobierno “y a las diferentes instancias de procuración de justicia, que se caracterizan por ser omisas e indolentes, les decimos que no vamos a dejar de demandar de justicia porque la lucha por la justicia es un derecho irrenunciable”
Sostuvo que “gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”.
Al tomar la palabra el vocero de la Sección 9 de la CNTE, Gonzalo Hernández Villagran dijo que seguirán luchando por el derecho a la justicia.
Pidió al gobierno federal y estatal la creación de una fiscalia especial para que se lleve a cabo una investigación integral y reparación del daño que aclaro no es sólo economía.
En el acto expresaron solidaridad con la organización Voz de Amate y exigieron la por libertad de los presos políticos de Chiapas quienes fueron torturados y obligados a declararse culpables porque no entendían el español ni sabían leer y escribir.

La Fiscalía está interesada en revisar el asesinato de Rocío Mesino: OCSS

Luis Daniel Nava

Chilapa

La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino reveló que la Fiscalía General del Estado (FGE) está interesada en revisar el caso del asesinato de su hermana Rocío, perpetrado el 19 de octubre de 2013.
Pidió que si el gobierno de Evelyn Salgado y la fiscal Sandra Luz Valdovinos tienen voluntad de investigar, tienen que crear una fiscalía especial para los casos de activistas sociales asesinados “extrajudicialmente”.
También reveló que Orlando Ávila Mesino, integrante de la organización y preso desde 2012, será liberado en una o dos semanas, y dijo que espera que Antonio Barragán Carrasco obtenga el indulto antes de que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La líder social fue entrevistada en Chilapa el sábado después de la conmemoración del sexto aniversario del asesinato de Ranferi Hernández, su esposa, suegra y ahijado.
A propósito de los 10 años que cumplirá el homicidio de su hermana Rocío Mesino, informó:
“El 19 de octubre se cumplen 10 años de impunidad del asesinato extrajudicial de Rocío Mesino y está vigente la demanda de justicia como un derecho irrenunciable”.
Adelantó que el 18 de octubre en el Zócalo de la cabecera de Atoyac se presentará el documental Rocío de la Esperanza, que retrata su lucha y obra en la organización. También habrá bailes, poesía, canto y una exposición fotográfica.
El 19, agregó, se realizará una ofrenda floral, un acto político y la develación de un mural realizado por Oscar Montalvo, El Tecuán, en la comunidad de Mexcaltepec donde fue privada de la vida mientras atendía un comedor comunitario.
En la entrevista, Norma Mesino reveló que hace dos semanas un comandante de la FGE se acercó a la organización para decirles que el gobierno del estado está interesado en revisar el caso de Rocío.
“Se acercó a nosotros para decir que el gobierno del estado está interesado en investigar el caso de Rocío Mesino, y que le presentáramos todas las pruebas para que ellos pudieran investigar”.
“Le decíamos que todas las pruebas y evidencias fueron destruidas por las instancias de procuración de justicia, violaron el derecho de los familiares cuando fueron a dar su testimonio, fueron hostigados, presionados”.
“Hubo un retrato hablado (del asesino), hasta la fecha nunca se ha visto un avance de eso. Todos los videos de los lugares públicos nunca fueron solicitados por la Fiscalía”.
“Ellos querían darle seguimiento al caso, pero se habían borrado muchas evidencias en el 2013”, dijo.
Detalló que en ese tiempo no fueron protegidos los lugares donde los asesinos dejaron sus huellas y que la moto en la que viajaban fue hallada por la Policía Municipal, que la entregó a su dueño.
“La Policía Municipal no fue investigada, no la puso a disposición y el Ministerio Público no la solicitó. La cadena de custodia no fue protegida, resguardada”.
En ese año, recordó, era alcalde Eric Tabares Cisneros, gobernador Ángel Aguirre Rivero y procurador Iñaki Blanco Cabrera.
Mencionó que recientemente las autoridades dijeron que el responsable del homicidio había sido el crimen organizado, pero se retractaron, y a 10 años no hay ningún responsable, culpable o procesado.
Norma Mesino hizo un llamado a que si la gobernadora o la fiscal realmente tienen voluntad de investigar, “tienen que buscar una fiscalía especial que se encargue de investigar los casos de activistas sociales que fueron asesinados”.

La liberación de Orlando

También informó que Orlando Ávila Mesino, acusado de un asesinato por un sujeto que no lo conocía bajo tortura, cumplió 12 años preso y que está por salir por una reducción de condena.
“Orlando debió ponerse en libertad, pero el poder Judicial jamás va aceptar que estuvo preso durante 12 años de manera injusta, no lo va a reconocer. Era la libertad o la sentencia mínima, se fueron por la sentencia”.
“Cuando salga vamos a desenmascarar al poder Judicial”, dijo.
Se refirió al caso de Antonio Barragán Carrasco, otro integrante de la organización detenido en 2001 sin orden de aprehensión, torturado y acusado de secuestro.
Se está solicitando el indulto y esperan que se dé antes de que termine el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Desde su fundación en 1994, la OCSS tiene un recuento de 35 asesinados, cuatro desaparecidos, más de 100 familias desplazadas y decenas de encarcelados por delitos fabricados.
Sus demandas han sido servicios, salud y educación, el alto a la represión policiaca y a la tala inmoderada encabezada por caciques de la región. Además, la presentación y justicia por los desaparecidos de la guerra sucia, muchos de ellos parientes de los integrantes de la organización.

Es “parcial” la versión que se maneja de la represión en los libros de texto: Norma Mesino

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino, opinó que los movimientos sociales y la represión en la etapa reciente incluidos en los nuevos libros de texto, se cuenta de forma “parcial” porque no se señala a los militares como responsables de ciertos hechos y en otros a los responsables intelectuales.
Desde su punto de vista, no se trata sólo de que se incluya en los libros las represiones, masacres y asesinatos recientes, sino que también se haga justicia en todos los casos y se diga quiénes son los perpetradores, así como que se les lleve ante la ley.
Pero reconoció que el hecho de que estos episodios de la represión estén en los nuevos libros, “es importante, porque las nuevas generaciones deben conocer la historia reciente de México, sus movimientos sociales y la represión que se dio para acallar su lucha”.
Agregó que también sería importante que, si se está incluyendo la guerra de baja intensidad en los años de 1970 con sus más de 500 desaparecidos, con la desaparición de los normalistas, la masacre de Aguas Blancas y la masacre de El Charco, se debe decir que en algunos casos fue el Ejército el responsable.
Mesino Mesino agregó que en las masacres de El Charco y la de Aguas Blancas, la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y los más de 500 desaparecidos, principalmente en el municipio de Atoyac, después del movimiento del profesor Lucio Cabañas Barrientos, los perpetradores fueron miembros del Ejército.
En el caso de la masacre del vado de Aguas Blancas recordó que quien orientó y armó la masacre fue, con todo el apoyo del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, Arturo Acosta Chaparro, un general retirado del Ejército, quien también estuvo involucrado en la represión de la década de 1970.
“Entonces, sí a la historia, pero también se debe decir quiénes fueron los perpetradores y deben incluirse en la historia de México. La historia hay que decirla real y completa”, exigió.
La dirigente de la OCSS declaró que, desde su punto de vista, se está contando una historia parcial porque todas esas masacres estuvieron dirigidas desde el Estado y no fueron aisladas y en el caso de la masacre del vado de Aguas Blancas, fueron dirigidas por la policía y ordenadas por un ahora ex gobernador y un militar en retiro.
Añadió que desde la represión de los años de 1970 fue el Estado quien, para acallar, aplastar y desmovilizar la guerrilla de Lucio Cabañas utilizó al Ejército.
También se refirió a imprecisiones, pues dijo que en el texto del libro se cuenta que cuando fue la masacre de los campesinos de la OCSS en el vado de Aguas Blancas, iban a “participar en una concentración en la que pedirían la presentación con vida de unos de sus compañeros que estaban detenidos, e intentaban llegar al Palacio Municipal de Atoyac”.
Pero recordó que iban a pedir la presentación de su compañero desaparecido, Gilberto Romero Vázquez.
“Yo creo que para escribir la historia hay que ser precisos y conocer los hechos reales. El compañero Gilberto fue desaparecido el 24 de mayo de 1995 y la organización protestaba para su presentación, pero también por el cumplimiento de demandas de insumos y obras que estaban pendientes”.
Mesino declaró que la derecha en México “está enfurecida” porque se están incluyendo estos episodios de la historia en los libros, “pero este nuevo gobierno está omitiendo, a fin de cuentas, los nombres de los perpetradores que cometieron las masacres, las desapariciones y la represión”.
Dijo que se omite que en todas estas masacres el responsable fue el Estado, para acallar la protesta social.
Denunció que actualmente se está viviendo una situación ingobernable y se está llegando a un estado de excepción, “porque no tenemos gobierno, pues ¿a quién te diriges si los responsables de las desapariciones, robos, secuestros son los perpetradores del pasado? Por eso estamos viviendo una situación crítica”.
Para la dirigente de la OCSS no se trata sólo de que se incluya en los libros las represiones, masacres y asesinatos recientes, sino que también se haga justicia y se digan quiénes son los perpetradores y se les juzgue.
Añadió que actualmente, el gobierno está rebasado por la violencia debido a la impunidad en que quedaron los responsables de la violencia del pasado. “Por eso, ahora vivimos una situación caótica y peor, nunca un movimiento guerrillero secuestro, quemó, desapareció como lo están haciendo ahora los grupos delictivos con el apoyo del gobierno”, denunció.
Mesino Mesino reprochó que en este gobierno hay una agenda pendiente en materia de derechos humanos y de justicia, en casos como el asesinato del diputado local del PRD, Armando Chavarría Barrera, y de los dirigentes sociales Ranferi Hernández Acevedo, su hermana Rocío Mesino y Luis Olivares, todos que quedaron en la impunidad.

Con un bloqueo, exige la OCSS en Coyuca de Benítez “alto a la guerra” contra zapatistas

Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur bloquearon el sábado durante 10 minutos la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en el puente de Coyuca de Benítez Foto: El Sur

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) bloquearon 10 minutos en la cabecera municipal de Coyuca de Benítez el puente de la carretera, exigieron un alto a la guerra contra los pueblos zapatistas de parte de grupos de la delincuencia organizada y paramilitares en Guerrero y Chiapas.
También exigieron que se detenga el ataque armado contra la comunidad de Moisés Gandhi, en Chiapas, se respete su territorio autónomo, castigo a los autores materiales e intelectuales de los ataques que han sufrido, y la liberación inmediata de Manuel Gómez, base de apoyo del EZLN.
El sábado, integrantes de la OCSS se manifestaron en la cabecera municipal de Coyuca de Benítez, marcharon hacia el puente Coyuca donde hicieron una parada de 10 minutos en los que paralizaron la vialidad.
La mayoría eran mujeres quienes portaban pequeñas pancartas en las que exigieron “alto a la guerra contra las comunidades zapatistas”.
En un comunicado difundido el mismo día, la OCSS se pronuncia “en contra de la guerra contrainsurgente que se vive en el país”, la cual expresaron, el “Estado mexicano y sus grupos paramilitares siguen implementando” contra las comunidades zapatistas, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y pueblos indígenas y campesinos en el estado de Guerrero.
Denunciaron el encarcelamiento de Manuel Gómez, base de apoyo del EZLN, y los ataques perpetrados anteriormente y tras su recrudecimiento a partir del 27 de mayo de este año, en la comunidad Moisés Gandhi, por parte de integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), al que señalaron es un grupo paramilitar que opera bajo el cobijo de los tres órdenes de gobierno con toda la impunidad.
Manifestaron que la creciente influencia de los grupos de la delincuencia organizada en Chiapas y Guerrero tienen como fin la destrucción y el debilitamiento de las autonomías, que los pueblos han construido por décadas y que ha logrado frenar la muerte y violencia del sistema capitalista que rige el mundo y protege el mal gobierno mexicano, “escudado en su 4T, nosotros le llamamos Cuarta Destrucción, como buen capataz sigue las políticas neoliberales que sólo despojan y asesinan a las comunidades que resisten a las políticas destructoras que quieren desaparecer a las comunidades originarias de México y el mundo”.
Expresa que las comunidades guerrerenses sufren los mismos desplazamientos y asesinatos, a lo cual resisten a diario, y que sus compañeros zapatistas “no están solos y que si tocan a uno nos tocan a todos”.
Dijeron que son un ejemplo para defender la autonomía, “porque es la única salida a la guerra de exterminio del narco Estado, seguiremos defendiendo el agua, los montes, selvas, bosques, mares y en general seguiremos defendiendo la madre tierra”.
Aseveraron que se suman al llamado del Congreso Nacional Indígena y también exigen que se garantice la salud de Jorge López Santís, quien resultó herido y se encuentra grave de salud en un ataque armado de la Orcao, “que se brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera”.
Añadieron que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y se respete su territorio autónomo; que sean castigados los autores materiales e intelectuales de los ataques; que sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas; y la libertad inmediata de Manuel Gómez, del que consideran está injustamente encarcelado.

Marchan en Chilpancingo para exigir justicia en casos que siguen impunes

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Integrantes de organizaciones sociales marcharon en Chilpancingo para exigir al gobierno estatal justicia por diversos hechos que se mantienen en la impunidad, como la masacre de Aguas Blancas, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la matanza de estudiantes conocida como Halconazo.
En la marcha participaron unos 250 manifestantes, que también demandaron respeto a la autonomía en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y en defensa de Radio UAG, entre otras causas.
La movilización partió a las 12:20 del día del parque Margarita Maza de Juárez, en la avenida Insurgentes, y llegó a la alameda Granados Maldonado, donde los inconformes realizaron un mitin.
Las organizaciones que participaron son: la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), y universitarios.
En la marcha los manifestantes externaron que no hay avances en las investigaciones de los distintos hechos, por lo que salieron a las calles para exigir justicia.
En la alameda, en el monumento a Los Caídos de 1960, los integrantes de las distintas organizaciones realizaron un mitin, ahí, el ex diputado federal, Rubén Cayetano García, manifestó que en la UAG no hubo democracia en la elección para rector.
Dijo que en el proceso de elección para ocupar la Rectoría tampoco hubo paridad de género, porque ni siquiera se permitió que una mujer fuera admitida para competir.
En su participación, la dirigente de la OCSS, Norma Mesino acompañada de Gilberto Aguirre Bahena, sobreviviente de la matanza de Aguas Blancas, contó que su compañero “estuvo encarcelado 21 años injustamente”.
Recordó que en 1971 estudiantes fueron asesinados y masacrados jóvenes que luchaban por sus derechos, “muchos compañeros han caído en esta larga lucha por defender los derechos del pueblo”.
Norma Mesino pidió al gobierno estatal y federal la libertad de todos los presos políticos, “queremos que se haga justica, por eso lo llevaremos los casos a los tribunales internacionales”.
La activista universitaria del Comité Independiente de Solidaridad de los Caídos del 60, Roberta Campos Adame manifestó que el 10 de junio de 1971 las autoridades reprimieron estudiantes y de igual forma ocurrió en 1960 en el estado de Guerrero.
Manifestó que el gobierno municipal y estatal no respeta el espacio donde está en monumento de Los caídos del 60, “no podemos quedarnos callados cuando atentan contra la memoria y se atenta contra la lucha social.
Al finalizar el mitin los miembros de las organizaciones sociales entonaron el himno Venceremos; después se retiraron.

Gerónimo Hernández dice que luchará por la libertad de los presos políticos

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

“No descansaré hasta lograr la libertad de todos los presos políticos”, declaró Gerónimo Hernández Refugio, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas en 1995, en su presentación en Chilpancingo tras salir de la cárcel donde estuvo más de 20 años.
En el Monumento a los Caídos del 60, en la alameda Granados Maldonado, organizaciones sociales, entre ellas la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), que encabeza Nicolás Chávez Adame, presentaron a Gerónimo Hernández libre en conferencia de prensa.
El integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) salió libre el pasado viernes tras cumplir una sentencia en prisión de 20 años y 3 meses, luego de que el magistrado de la Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del estado, Félix Nava Solís, aceptó el recurso de apelación que interpuso su abogado Hegel Mariano Ramírez, y determinó su liberación inmediata.
El sábado, acompañado de su papá y de integrantes de la OCSS, el ex preso político informó que se sumará a la lucha por la liberación de sus compañeros, porque, dijo, “conozco el sufrimiento que se pasa al estar encerrado”, tanto físico como mental.
Hernández Refugio destacó: “no descansaré hasta lograr la libertad de todos los presos políticos, quienes fuimos encarcelados injustamente. Reconozco el trabajo que han realizado los compañeros de las distintas organizaciones, quienes han pedido la libertad de los presos políticos”.
Agradeció al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por su liberación.
Gerónimo Hernández dijo que los gobiernos pasados los encarcelaron injustamente, a algunos los asesinaron y a otros los torturaron, sólo por luchar por las demandas del pueblo.
En 20 años estuvo en cárceles estatales y federales: Acapulco, Taxco y Chilpancingo, además, en los estados de Durango y Chiapas.
–¿Cómo te sientes ahora que verás a tu familia?, se le preguntó.
–Me siento muy contento, es una alegría muy grande estar a un lado de mi papá y de mis compañeros que han estado luchando por mi libertad.
A sus 46 años de edad, Gerónimo dijo que su proyecto de vida es volver a empezar para recuperar a su familia y a sus cinco hijos, “seguir adelante y no olvidarme de la lucha”.
Pidió al gobierno de Evelyn Salgado Pineda que se esclarezca también los asesinatos de sus compañeros caídos: Rocío Mesino Mesino, Ranferi Hernández Acevedo, Arturo Hernández Cardona, “que fueron asesinados injustamente”.
Hernández Refugio externó que los luchadores sociales tratan de defender las causas del pueblo, no para el beneficio propio.
En su participación, Nicolás Chávez Adame informó que Gerónimo salió el pasado viernes a las 6:20 de la tarde de la cárcel de Chilpancingo, su salida “la quisimos hacer discreta porque el compañero anteriormente fue amenazado de muerte”.
Aseguró que el gobierno del estado se compromete a seguir con una mesa de continuidad para ver cómo se le puede ayudar a Gerónimo para reinstalarlo a la sociedad, que haga una vida laboral, sea gestor y que esté integrado al movimiento social.
El dirigente de la APPG dijo que el presidente de la Republica marca que se liberara de manera inmediata a los presos políticos; detalló que hay otros “presos que están en la mesa” y el próximo que pueda salir es Orlando Avila Mesino que está en Acapulco.
“Hay una mesa permanente de trabajo y el lunes iremos a la Ciudad de México con la Comisión de preliberación y amnistía para darle seguimiento a los otros casos, porque hay una instrucción presidencial que antes de que salga López Obrador se liberen los presos políticos.
La dirigente de la OCSS, Norma Mesino Mesino, expuso que con la liberación de Gerónimo se demuestra también la inocencia de sus otros compañeros que siguen presos como Orlando Ávila Mesino, Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco.
En el caso de Orlando ya se cerró la instrucción, y ahora esperan a que el juez le dé la libertad porque no hay motivos para que continúe en la cárcel, “queremos que los compañeros salgan legalmente porque fue injusta su detención”.
Nicolás Chávez y Norma Mesino reconocieron el trabajo del abogado Hegel Mariano Ramírez, por todo el proceso legal, porque todo es un asunto jurídico y línea política, y no se avanza sin que ambos caminen de manera coordinada.
También estuvieron presentes los miembros de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantes y Sindicatos de Guerrero y del Comité de Solidaridad con el Movimiento de 1960, Roberta Campos Adame.

Retiran organizaciones plantón en Casa Guerrero tras acuerdos donde media Félix

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes de organizaciones sociales que marcharon el lunes y se habían instalado en plantón afuera de la Puerta Uno de Casa Guerrero, levantaron su protesta a las 5: 45 de la tarde de ayer después de una reunión con el senador morenista Félix Salgado Macedonio, con quien asumieron acuerdos.
Una comisión de dirigentes de las organizaciones se reunió con el senador en el restaurante el Mesón de Carolina, a partir de las 3 de la tarde, y se enlazó vía whatsapp la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, informó por teléfono el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame.
Dijo que de entrada acordaron con el senador, padre de la gobernadora, una mesa de trabajo para este miércoles con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, para tratar el caso de los presos políticos que reclama la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Gilberto Aguirre Bahena, Antonio Barragán Carrasco, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino.
También se incluirá el caso del discapacitado y vecino del fraccionamiento Nuevo Mirador, Ciriaco García Nava, quien se encuentra en mal estado de salud y requiere atención médica.
Según Chávez Adame “existe la posibilidad de que con la intervención de la gobernadora Salgado Pineda se liberen a los presos, por la instrucción que ya existe del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”.
Chávez Adame informó que también plantearon la intervención de Salgado Macedonio en el asunto de los mineros de Taxco que ya llevan 15 años en huelga, aunque en este caso como se trata de un asunto federal no hubo compromisos.
Otro de los acuerdos fue la construcción de “espacios históricos”, como en la alameda Francisco Granados Maldonado, donde inició el movimiento de 1960 que dio origen a la autonomía universitaria; En El Otatal, municipio de Atoyac, para recordar la lucha del Lucio Cabañas Barrientos; así como en el lugar donde fue asesinado el luchador social Ranferi Hernández Acevedo en Chilapa, y en el vado de Aguas Blancas, donde ocurrió la masacre el 28 de junio de 1995.
Dijo que acordaron instalar una mesa de diálogo para “revisar los territorios de memoria histórica y no sean violentados por ningún gobernante de los tres niveles” y, por el contrario, que se diseñen museos en memoria de los caídos.
Con respecto a los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEJAG) que piden cumplimiento al laudo laboral 662/2013 emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, informó que el acuerdo fue instalar una mesa el jueves con la participación de la Secretaria de Gobierno.
Con respecto a la demanda del grupo de desplazados por grupos delictivos de los municipios de San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán y Ajuchitlán que se sumó al movimiento, acordaron buscar la donación de un predio a través de Invisur o del comisariado ejidal de Tecpan para su reubicación “y tengan seguridad social y económica”.
Otro de los acuerdos fue la instalación de una mesa de diálogo con los egresados de las distintas escuelas normales con la secretaria de Finanzas de la Secretaría de Educación para revisar el otorgamiento de sus nombramientos y tengan derecho al acceso de sus bases.
Además, por separado, se revisará la petición de las autoridades comunitarias de la sierra del municipio de Chilpancingo y de la Costa Grande que piden proyectos productivos, la construcción de tramos carreteros y revisar la falta de maestros y de centros de salud, así como medicamentos.
Chávez Adame, informó que acordaron, además que la señora Gloria Orioso, quien tenía la administración de la cafetería del hospital Raymundo Abarca Alarcón de Tierras Prietas, y que fue desalojada el año pasado, regresara a su local en abril por un tiempo de dos años, “para recuperar” sus pérdidas.

Dos de los presos de la OCSS calificaron para salir de la cárcel en el Mecanismo de Preliberación, informa Norma Mesino

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Dos de los cuatro presos miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), sobrevivientes de la masacre del vado de Aguas Blancas, calificaron como “procedentes” por el Mecanismo de Preliberación y de Amnistía, informó ayer la dirigente de la organización, Norma Mesino.
La dirigente de la OCSS y el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, se reunieron el martes con el titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación y Secretario Técnico de la Comisión de Amnistía, Crescencio Jiménez Núñez, así como con el titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Facundo Santillán Julián.
Entrevistada por teléfono, Norma Mesino informó que los funcionarios les informaron que de 28 expedientes de presos en el país que se revisaron, sólo 15 fueron calificados “procedentes” y de ellos dos son de la OCSS.
Sin embargo, para no entorpecer sus procesos omitió los nombres de los posibles beneficiarios, además dijo, porque la OCSS y la APPG van a seguir insistiendo en que deben de ser beneficiarios los cuatro miembros de esa organización.
La OCSS ha venido exigiendo la libertad de Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino.
Norma Mesino informó que les explicaron que antes de que sean liberados los dos que resultaron beneficiarios deben seguir una ruta legal, aunque aclaró que de ambos la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) que documentó sus casos, ya les integró una carpeta maestra en las que comprobó la práctica de la tortura para obligarlos a que se declararan culpables de los presuntos delitos de secuestro y homicidio.
“Sólo se está buscando la manera de seguir la ruta legal”, insistió.
“Hemos estado en comunicación con el Comité de Pre liberación y lo que le pedimos fue saber cuál es el procedimiento que está buscando el Mecanismo de Preliberación y de Amnistía”, informó.

Es “lamentable” la falta de voluntad del gobierno estatal

Con respecto al caso de Gerónimo Hernández Refugio, a quien el martes la jueza de Ejecución de Penas, del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), Maritza Jiménez Santiago le dictó una sentencia de tres años más de prisión por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, calificó que es “lamentable” la falta de voluntad del gobierno estatal.
Dijo que se esperaba que el integrante de la OCSS, preso en el penal de Chilpancingo, cumpliera su sentencia por el presunto delito de secuestro este diciembre, pero ahora con la nueva sentencia estaría saliendo hasta en el 2025.
La dirigente de la OCSS informó que, sin embargo, con la apelación que promovió el abogado Hegel Mariano Ramírez “estamos buscando que ya se libere”.
Se quejó de que en Guerrero no hay voluntad, a pesar de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha dado mensajes de que los presos políticos sean puestos en libertad, “son precisamente las instancias de procuración de justicia las que están obstaculizando los procesos”, denunció.
Agregó que con respecto a Orlando Ávila Mesino, que también está preso por delitos del fuero común en el penal de Acapulco, se llevó a cabo la audiencia el 25 de noviembre, cuando el juez de la causa rechazó el incidente de libertad que promovió el abogado Mariano Ramírez, y a pesar de que la instrucción quedó cerrada “estamos esperando que los jueces puedan determinar su libertad”, informó.