Dejan el PVEM un diputado local y la alcaldesa de Tecoanapa; se van al MC

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Julián López, flanqueado por la alcaldesa de Tecoanapa, Carmen Iliana Castillo Ávila y el diputado local, Manuel Quiñonez Cortes en la conferencia de prensa en la que anunciaron su adhesión a ese partido Foto: Jesús Trigo

Karina Contreras

La alcaldesa de Tecoanapa, Carmen Iliana Castillo Ávila, y el diputado local, Manuel Quiñones Cortés, ambos electos al cargo por el PVEM, informaron de su adhesión a Movimiento Ciudadano (MC) y argumentaron que su salida se debe a que “ya no hubo entendimiento” con la dirigencia del partido.
En conferencia de prensa en las oficinas de MC, el diputado local Manuel Quiñones Cortes explicó que salió del partido, donde militó por 16 años, pues “ya no había entendimiento” con la dirigencia, pero que salía en buenos términos.
Al diputado se le preguntó por su decisión de abandonar al partido por el cual ahora ostenta el cargo, y respondió que “el partido que dejamos tiene todo mi respeto, pero esto es como el matrimonio, cuando ya no hay entendimiento, cuando ya no hay la esencia, creo que tenemos que salir por la puerta grande”.
Dijo que salía del Partido Verde siempre agradecido, “jamás me voy a expresar mal de ellos”. Señaló que estuvo en el PVEM por 16 años y “nunca me regalaron las candidaturas. Saben que el partido era chiquito, nosotros lo hicimos grande. Hoy venimos muy contentos a MC”.
Según el diputado, hubo diálogo con todos los partidos políticos y decidieron por MC debido a que “me gustó la organización del partido, trae las causas por las que estoy luchando”.
A Manuel Quiñones se le insistió si hubo diferencias con la dirigencia del PVEM, y entonces dijo: “Sí hubo, pero de respeto. Tratamos unos temas y al ratito nos dijeron no. Cuando más adelante me quitan de coordinador en el Congreso y fue cuando me dije, que creo ya no hay entendimiento y con eso bastó”.
Añadió el diputado: “Creo que hicimos lo correcto para evitar una ruptura más complicada, salir por la puerta grande. Ya no hay entendimiento y eso es lo que nos llevó a dejar el partido”.
Mientras que la alcaldesa Carmen Iliana Castillo Ávila señaló que es de sabios cambiar de opinión, “si en su momento ese instituto político nos abrió las puertas, también es cierto que fue la ayuda mutua”. Agrego: “Así como ganamos, también le ayudamos. Hay que salir en el momento que uno tome la decisión, que se esté convencido”.
La alcaldesa manifestó que en MC “hemos encontrado las puertas abiertas en un equipo integro, donde hay rumbo, donde no se han perdido los valores y eso es importante. Como representante, tienes que dar respuesta a tu electorado y tienes que hablarles de frente”.
Mientras el dirigente de MC, Julián López Galeana, dio la bienvenida a los nuevos militantes, a quienes les tomó protesta y aseguró que se seguirán sumando más personajes políticos, por lo que llegarán fuertes a las elecciones de 2024, donde sin duda lograrán escaños para volverlo el partido de mayor crecimiento.
Se le preguntó si se están ofreciendo candidaturas y dijo que el 50 por ciento de éstas “serán para ciudadanos sin militancia, por lo que no es necesario que se adhieran”. Añadió que aquellos que quieren militar es porque tienen un proyecto político de largo alcance.
Sobre el conflicto que tiene con el ex dirigente de MC, Adrián Wences Carrasco, el dirigente Julián López señaló que le expresaba su respeto y que siempre lo va a tener, que las decisiones que ha tomado no las comparte, sin embargo, “habré de enfrentarlas ante las instancias correspondientes”.
Añadió que por eso no iba a contestar o fijar una posición ante los medios de comunicación, primero, “por el afecto que me une o que le tengo. Segundo, porque es una limitante de MC no andar ventilando las diferencias en los medios de comunicación y porque Julián López no es un militantes más, sino es el dirigente estatal en Guerrero”.

No está al alcance de su gobierno dar certeza jurídica sobre el predio de la laguna de oxidación

La alcaldesa de Tecoanapa respondió por otra parte que la exigencia de los vecinos de 10 pueblos de que les entregue un documento que les exige la Comisión Nacional del Agua para el saneamiento del río, no está al alcance de su administración.
Como ya informó El Sur, 10 pueblos del municipio denunciaron que la alcaldesa sigue sin entregar el documento que le piden, para tener respaldo jurídico del predio donde está ubicada la laguna de oxidación para su rehabilitación, pues es uno de los requisitos que pone la Conagua para liberar los recursos.
En declaraciones al concluir el acto de su afiliación a MC, a la alcaldesa Castillo Ávila se le preguntó sobre esos señalamientos y por qué no quiere entregar ese documento que le piden, a lo que respondió: “No es un documento que esté al alcance de esta administración. El municipio de Tecoanapa tiene varios espacios públicos ocupados por algunos edificios gubernamentales, que definitivamente no tienen, no cuentan con certeza jurídica, y éste es una de ellos”.
Añadió: “Entonces ellos me exigen un documento que no está a nuestro alcance, es por años, por muchos años que ha estado esa laguna de oxidación ahí y nadie ha hecho caso. Quiero comentar que en mi administración estamos tratando de tomar ese punto, tan importante, de darle certeza jurídica, iniciando con las oficinas del Ayuntamiento, la plaza cívica; luego con el auditorio y, por supuesto, vamos a buscar la forma y camino para poder dar la certeza jurídica que esas comunidades requieren, para que puedan ser invertidos recursos federales en el saneamiento de la laguna de oxidación”.
La alcaldesa señaló que el problema tiene muchos años, sin embargo, se han hecho el mantenimiento necesario y recordó que cuando Manuel Quiñones Cortés fue presidente municipal, saneó todo el drenaje y, obviamente, pero que el paso del tiempo, el deterioro y oxidación de algunos materiales ha afectado. Informó que su gobierno trae el proyecto para volver a sanear el drenaje que llega a la laguna, pero es responsabilidad de cada alcalde darle mantenimiento, cada vez que suceda esto.

Debido a raptos y amenazas, suspenden clases cuatro escuelas de Acamixtla, Taxco

Alejandro Guerrero

Iguala

Pobladores de Acamixtla, municipio de Taxco, denunciaron que cuatro escuelas de esta comunidad suspendieron sus clases luego de que en las últimas dos semanas, al menos siete jóvenes habrían sido privados de su libertad; así como por una advertencia difundida en redes sociales de un presunto grupo criminal.
De acuerdo con un poblador y por denuncias realizadas mediante las redes sociales, a partir del miércoles las clases fueron suspendidas en la primaria Mariano Bernal, en sus turnos matutino y vespertino, hecho que fue confirmado por una madre de familia, mediante un mensaje de texto, indicando que el acuerdo es que se van a reactivar las clases “hasta nuevo aviso”.
Ese mismo día, se informó que también el kinder Antonia Nava de Catalán y la secundaria Caudillos de Guerrero tomaron la misma determinación, ésta última, luego de que el miércoles los directivos y docentes de la escuela convocaron a una reunión extraordinaria, en el que además se suspendieron las clases para los alumnos.
Medios locales informaron que también la Escuela de Diseño y Arquitectura, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), con sede en esta localidad, suspendió sus clases presenciales, después de que dos estudiantes habrían sido privados de su libertad la semana anterior.
El martes, mediante una página de Facebook con el nombre El Molino de Acamixtla, presuntos miembros de la delincuencia organizada de La Familia Michoacana, hicieron público un mensaje de texto, en el que pidieron a los padres de familia que no dejen ir a sus hijos a las escuelas.
“Este es un llamado a todas las escuelas de Acamixtla. No queremos llevarnos gente o niños inocentes, pero la limpia empezó y esto no se termina. Quisieron guerra y tendrán. Acamixtla tiene dueño y queremos que el pueblo nos apoye. Les pedimos a todas las familias que no dejen ir a sus hijos a las escuelas o que salgan a la calle, porque la guerra empieza”, advirtieron mediante el texto.
En las denuncias hechas mediante las redes sociales, se informó que el jueves de la semana pasada fue privado de su libertad un muchacho de nombre Adolfo Rosales, hecho ocurrido en Acamixtla. Asimismo, se denunció que al sábado siguiente también fueron raptados otros dos jóvenes, identificados como Rolando Díaz y Said Millán. Al día siguiente, es decir el domingo, a otros dos, a los que sólo se les menciona con los apodos El Cupón y El Nene.
En hechos distintos, también fueron reportados los raptos de dos mujeres, Reyna Martínez Bahena, ocurrida el jueves de la semana pasada, en el barrio La Zapata, de la cabecera municipal de Taxco; y al día siguiente, en el poblado Cacalotenango, de Lorena Díaz Martínez. Mientras que en la comunidad Tehuilotepec, vecinos denunciaron la desaparición de José Antonio Montenegro Nava, ocurrida el miércoles de la semana pasada.
De acuerdo con las fuentes consultadas, los familiares de las víctimas no han presentado denuncias de estos hechos, debido al miedo por amenazas que recibieron de los delincuentes, por lo que no ha sido publicado ningún boletín de búsqueda de estas personas.
Mientras que en los planteles educativos se buscó a docentes o directivos, pero se informó que tampoco quieren dar declaraciones. Hasta el cierre de esta edición, no había información oficial de lo denunciado por pobladores de Acamixtla.

 

Se aseguraron seis vehículos, cinco con reporte de robo, en Apaxtla: SSP estatal

Alejandro Guerrero / Israel Flores

Iguala / Ciudad Altamirano

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que como resultado de los recorridos realizados el fin de semana en Apaxtla, fueron asegurados seis vehículos, entre ellos cinco con reporte de robo y algunos rotulados por la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
Mientras que este lunes, pobladores de la cabecera municipal de Apaxtla y el vocero del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), Heliodoro Ocampo Blas, denunciaron presuntos cateos sin autorización en casas y negocios, durante los cuales acusan que policías estatales y ministeriales robaron dinero, alhajas y otros objetos, como herramientas de trabajo.
Asimismo, se informó que los ocho policías comunitarios detenidos en el recorrido implementado el sábado en Apaxtla, fueron puestos a disposición en el Ministerio Público de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente, y también se pusieron a disposición en el Ministerio Público federal en Ciudad Altamirano, cuatro armas largas de cacería, decomisadas en Apaxtla por policías estatales el viernes, las cuales fueron traídas a Tierra Caliente debido a los bloqueos que había en Iguala.
En un comunicado de prensa, difundido a las 12:30 de la tarde de este lunes, por la SSP estatal, se informó que los aseguramientos se realizaron durante recorridos de vigilancia en Apaxtla, aunque no se precisa el día.
Indica que fue asegurada una camioneta Nissan pick up, con placas de Oaxaca, sin reporte de robo, en la que se hallaron cuatro balas, sin mencionar el calibre. Asimismo, cinco vehículos con reporte de robo: dos camionetas pick up, una Nissan Frontier y otra Ford Ranger, ambas sin placas; otra camioneta Nissan pick up y un automóvil Nissan Versa blanco, los dos con placas de Morelos.
El aseguramiento se da como parte del programa desplegado desde la mañana del sábado en Apaxtla, en coordinación con la Policía Estatal, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Marina y Ejército.
De acuerdo con el vocero del MAAC, Helidoro Ocampo Blas, algunos de los vehículos fueron confiscados el sábado, luego de los recorridos desplegados y otros durante operaciones realizadas este domingo. Dijo que algunos de ellos, los rotulados, pertenecían a la autodefensa de Tlacotepec y otros dos al MAAC, pero de la anterior administración.

“Literal, vinieron a robar”, dice una mujer en un video

El coordinador del MAAC informó por teléfono que pobladores de Apaxtla denunciaron que efectivos de la Policía Estatal y de la Ministerial del estado, estaban entrando a las casas y negocios para realizar cateos, pero sin presentar una orden judicial.
Dijo que durante estas irrupciones ilegales, que empezaron a realizar desde la noche del domingo, los uniformados han robado dinero, alhajas, objetos “y todo lo que puedan”, pero que la gente tiene miedo a presentar las denuncias por temor a las represalias.
Mediante videos que fueron difundidos por los vecinos en las redes sociales, se denunció que los policías que entraron a sus casas, robaron todo lo que pudieron, “literal, vinieron a robar”, se escucha decir a una mujer.
En otra grabación, se denuncia que “no es justo” que hagan eso y que en un negocio se robaron máquinas para hacer tatuajes y cables, además de que robaron cadenas que tenían guardadas en un alhajero de metal, también de hacer un desorden, “vinieron a robar aquí, es gente ratera la que viene a Apaxtla”, denunciaron.

Los ocho detenidos trasladados a Coyuca de Catalán

El vocero del MAAC informó que los ocho policías comunitarios detenidos el sábado, durante el recorridoo, fueron trasladados y puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, y no en el distrito judicial de Teloloapan o el de Iguala.
Entre los detenidos, dijo, están seis comunitarios de Heliodoro Castillo y dos de la autodefensa del MAAC.

Ponen a disposición en Ciudad Altamirano armas decomisadas en Apaxtla

Personal de la Fiscalía Regional de Coyuca de Catalán puso a disposición, en el Ministerio Público federal de Ciudad Altamirano, cuatro armas largas de cacería decomisadas por policías estatales en Apaxtla el sábado, las cuales fueron llevadas a Tierra Caliente debido a los bloqueos que había en Iguala.
Fue hasta el lunes cuando el personal de la Fiscalía de Coyuca de Catalán trasladó a la oficina del Ministerio Público federal en Altamirano las armas que fueron decomisadas, para continuar con el procedimiento legal.
Se trata de las armas que fueron aseguradas por la Policía Estatal y el Ejército al ingresar a Apaxtla, en donde se informó de la detención de ocho personas, de las cuales se desconoce su situación legal.
Entre las armas que decomisaron se encuentran dos rifles calibre 22, una de ellas tipo mosquetón; y dos escopetas, todas de calibres autorizados para cacería.
Este material iba a ser puesto a disposición en la misma región Norte, en Iguala; sin embargo, debido a las protestas de transportistas que cerraron esa ciudad, la Policía Estatal trasladó todo el material a Coyuca de Catalán, para ser puesto a disposición en la agencia del Ministerio Público del fuero común, donde a su vez recibieron el material y este lunes lo trasladaron a la agencia del Ministerio Público federal.
La fiscalía turnó el caso a la federación, para que le dé continuidad a la investigación de las armas.

 

Rechazan la respuesta del gobierno de que no hay riesgos de salud por contaminación del Balsas

 

La comisión de autoridades agrarias y municipales de los pueblos del Alto Balsas que denunciaron la contaminación del río, rechazó ayer la respuesta que dieron al respecto dependencias federales.
Guillermo Álvarez Nicanor, vecino de la comunidad de San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecoacuilco, dijo que la invitación está abierta para que los funcionarios de las dependencia vayan a bañarse y a consumir pescados del río, si están seguros de que el agua no está contaminada. Además aseguró que sí hay vecinos que han enfermado, sobre todo de la piel, por utilizar el agua.
El martes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (Copriseg), informaron en un boletín que, de acuerdo con los estudios aplicados, “no se observaron daños a la salud por causas asociadas al agua del río Mezcala, y ninguno de los parámetros determinados en los estudios realizados resulta nocivo para la vida acuática o la salud humana”.
Además, recomendaron mantener la cloración en los sistemas formales de abastecimiento de agua, que deberá hacerse en los tanques de almacenamiento, así como dar tratamiento de desinfección a nivel intradomiciliario, hirviendo el agua acarreada de los manantiales.
Álvarez insistió en que los representantes de las dependencias, “nunca nos informaron qué fue lo que provocó el cambio de color del agua, que es lo que queremos saber; ellos mismos reconocen que algo vertieron en el río, algo que dicen que ni ellos saben, cuando hay un organismo que depende de la Conagua y que está para cuidar la cuenca del Balsas, lo que indica que no está haciendo nada”, se quejó.
Dijo que les confirmaron que hay elementos químicos contaminantes del río, pero que están dentro de los parámetros normales y no dañan a la salud, “¿qué esperan, que se agregue un milímetro para que la gente se empiece a morir y entonces empiecen a preocuparse?”, cuestionó.
Asimismo, denunció que si los representantes de los pueblos afectados no hubieran hecho la denuncia, los funcionarios de esas dependencias no hubieran intervenido.

 

Qué digan a qué autoridades infiltradas se refieren los agentes de la PGR, pide Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que debe haber una “mejor” coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), y calificó de “temeraria” la declaración de dos agentes que resultaron heridos en el enfrentamiento contra Los Tequileros en La Gavia, de que las autoridades locales están “inmiscuidas” con el crimen organizado y que por eso ya los estaban esperando para emboscarlos.
En breves declaraciones en el centro de convenciones Mundo Imperial, tras anunciar la reinauguración de la Casa de Cultura del Niño de Atlamajalcingo, Astudillo Flores insistió en que la PGR debe informar qué ocurrió en el enfrentamiento que dejó tres muertos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), pues aunque él tiene “información” no le corresponde divulgarla.
“Esa es una información muy temeraria, respecto a que los gobiernos locales están infiltrados, hay que ubicar a qué gobiernos locales se refieren, porque los gobiernos tienen tres instancias. Yo lo que les puedo expresar a ustedes que en ese lugar hay una lucha muy antigua, no es nuevo lo que está sucediendo ahí, y no creo que sea lo correcto que en una situación en donde se ha lamentado la pérdida de vidas, de quienes intentaron detener un delincuente, frente a una circunstancia que no salió como hubiéramos querido, el reparto de culpas sea de esa manera”, dijo el gobernador.
“Sin que yo pueda meter las manos al fuego por alguien, me parece que la Procuraduría General de la República, con todo respeto, debe ofrecer alguna información de qué fue lo que sucedió y por qué fue el planteamiento de la operación como lo hicieron, yo sigo reconociendo y agradeciendo a todas las instancias federales que vengan y que nos ayuden”, indicó el gobernador.
“Yo creo que la coordinación que se tiene que hacer para enfrentar ese tipo de problemas debe de armarse mejor”, opinó Astudillo Flores, quien dijo que espera que pronto se aprehenda a El Tequilero y a quienes generan la violencia en Tierra Caliente.
“Tengo información pero no puedo yo hacer alguna exposición, porque no me corresponde, soy muy respetuoso en este caso de la Procuraduría”, justificó.
Lo anterior, luego las declaraciones de dos agentes que resultaron heridos y que fueron entrevistados por Denise Maerker en el noticiero En Punto de Televisa, el miércoles en la noche, quienes señalaron que el ataque al convoy de federales fue perpetrado por habitantes de ese poblado y que en esa situación las autoridades locales están inmiscuidas.
En la transmisión, uno de los agentes federales que lograron sobrevivir al ataque subrayó que no se avisó a ninguna de las autoridades federales ni estatales que entrarían a La Gavia, “no, a nadie se le avisa. Desgraciadamente sabemos que hay mucha resistencia de las autoridades locales, pues están un poco inmiscuidas o metidas con ese tipo de bandas”.
Se le comentó al gobernador que el mes pasado fue mostrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como el más violento en los últimos cinco años y respondió: “No es un problema que solamente esté afectando a Guerrero, es un problema nacional y en ese problema nacional lamentablemente estamos en una situación de la cual no nos sentimos nada, nada halagados”, expresó.

Dejan pobladores de Xaltianguis el FUSDEG y se regresan con la UPOEG

Pobladores, comisarios municipales y autoridades agrarias de la comunidad de Xaltianguis y poblados cercanos, en una asamblea de ayer por la tarde acordaron dejar las filas del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y regresaron a las de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Ayer, unos 200 pobladores que se reunieron en la cancha municipal, por unanimidad votaron a favor de dejar el FUSDEG y unirse a la UPOEG.
En un video de la reunión se observa cómo la gente presente levanta la mano a favor de unirse a la Policía Ciudadana y dejar el grupo que encabezaba Salvador Alanís Trujillo, quien mantenía el control de la zona.
Se informó que los pobladores trabajarán con la misma estructura del FUSDEG y que algunos policías del frente fueron destituidos.
Luego de la asamblea, los policías ciudadanos volvieron a vestir las playeras verde olivo con las siglas de la UPOEG.
Acudieron representantes de las comunidades de Petaquillas y de Ocotito a respaldar la decisión de los pobladores.
El pasado domingo, policías ciudadanos colocaron un retén cerca de la gasolinera en la carretera federal, en la salida a Tierra Colorada. Eran unos 30 efectivos, a bordo de cinco vehículos, los que detenían y revisaban a automóviles que veían sospechosos.

 

 

Huyen más de 600 pobladores de dos comunidades de Coyuca de Catalán ante balaceras entre sicarios

Los pueblos de Rincón Chámacua y Chámacua de Michilena del municipio de Coyuca de Catalán quedaron despoblados por completo, la razón fue por los últimos enfrentamientos entre grupos armados contrarios, los pobladores temen quedar en medio del fuego cruzado.
Tracendió que la confrontación es entre dos grupos de la delincuencia organizada que se disputan las rutas de trasiego de la droga, y buscan el control de la zona.
Desde el martes de la semana pasada, un apagón provocado por una falla en el servicio eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó la primera salida de pobladores de Rincón Chámacua. Los pobladores temieron que la acción se tratara de una estrategia de algún grupo de la delincuencia para atacarlos.
En un inicio sólo salieron seis familias. Luego al amanecer comenzaron a salir en grupo pequeños y durante la semana poco a poco han salido las familias hasta que Rincón Chámacua quedó despoblado.
El pasado domingo, un grupo de hombres armados vestidos como militares atacaron un domicilio de una familia del pueblo y adentro otros hombres armados repelieron la agresión. En el lugar tres de los agresores murieron y un habitante del pueblo que era chofer de una unidad de transporte público también murió en el fuego cruzado.
El lunes se dio un segundo enfrentamiento pero en Chámacua de Michilena, a 3 kilómetros del primer poblado. Ahí falleció un joven que tenía ropa militar y fornituras militares dentro de una casa de seguridad.
Los habitantes de ese pueblo también comenzaron a salirse poco a poco.
El gobierno municipal por medio del DIF reportó que durante la semana atendieron a cerca de 30 a 50 personas que llegaron a pedir diversos apoyos. Ninguno duerme en un lugar público. Todos tienen familiares en la cabecera municipal o en Altamirano y se quedan con ellos.
El alcalde, Abel Montúfar Mendoza confirmó que les está dando todo el apoyo incluso para gasolina para que diario vayan al pueblo a ver sus casas o sus siembras, así como sus animales.
“Salieron todos”, confirmó el presidente vía telefónica. Además reportó que en el pueblo ya hay un grupo militar desde la mitad de la semana dando seguridad a la zona, pero que las familias tienen miedo de volver.
La gente va y viene todos los días, algunos sienten las ganas de quedarse, pero finalmente regresan y no se están quedando a dormir en los pueblos.
Las dos localidades están en la zona sur del municipio, a menos de 25 minutos de la cabecera municipal, y son las puertas a la parte de la sierra.

Bloquean en Tierra Colorada la carretera federal a Acapulco; exigen que el FUSDEG libere a un detenido

Unos 200 pobladores de comunidades del sur y el oriente de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) marcharon y bloquearon totalmente durante tres horas la carretera federal México-Acapulco para exigir que el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) libere al inspector de la Dirección de Reglamentos, Feliciano Cayetano.
El inspector, originario de la comunidad de Tepehuaje, fue detenido el jueves por los policías comunitarios, acusado de desprestigiar al FUSDEG con los locatarios del mercado municipal, señaló el comisario de Tepehuaje, Pedro Hernández Loeza, quien aseguró que el detenido no cometió ningún delito.
El comisario dijo que desde que fu

e detenido han intentado hablar con la Policía Comunitaria para que lo liberen y lo que les contestan es que ya le encontraron más delitos y que eso impide que lleguen a un acuerdo para su liberación.
Además aseguró que él metía las manos por Feliciano Cayetano, “porque es mi gente”.
Pedro Hernández manifestó que las comunidades que estaban presentes no formaban parte del FUESDEG porque no les gustó como trabajaba.
“No nos gustó porque actuaron mal, fueron a mi pueblo y actuaron mal y mi pueblo ya no quiso hacer esa policía”, expresó.
Contó que un joven fue sacado de su casa y lo detuvieron sin tener una orden de aprehensión.
Y que ante la detención del funcionario convocaron a una marcha “pacífica” para exigir su libertad.
Antes de que comenzara la marcha, en

el arco de donde salieron se encontraba el presidente municipal, Leonel Leyva Muñoz hablando con los marchistas, dijo que porque vivía ahí, pero que no acudiría a la marcha.
Los inconformes portaban pancartas en las que se leía: “Fuera consejeros del FUSDEG, exigimos cambio”, “Señor gobernador pedimos su intervención para frenar el abuso de la comunitaria”, “El Tepehuaje exige a la comunitaria libertad para Feliciano”, “Libertad y justicia para el señor Feliciano”.
Los manifestantes marcharon del arco de entrada a Tierra Colorada hasta la base del FUSDEG en la colonia San José, en la carretera federal México-Acapulco, donde también gritaron consignas como: “El pueblo unido jamás será vencido”, “cambio de consejeros”, “fuera los corruptos del FUSDEG”.
Desde las 12:50 del día bloquearon la carretera como parte de la protesta.
Posteriormente fue recibida una comisión de tres personas, entre ellas el comisario de Tepehuaje, para dialogar con el coordinador Marcelino Tacuba Castro.
Mientras se llevaba a cabo la reunió

n, los manifestantes no dejaron de gritar consigas.
Posteriormente salió el coordinador a hacer un llamado para que no se confrontaran con los policías comunitarios, y que actuaran con madurez y respeto.
“Lamentamos enormemente que la gente se deje influenciar por personas que no están buscando precisamente la cordialidad”, expresó.
Además, abundó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) ya se había comunicado con ellos porque el detenido habló vía telefónica para informarles que le estaban dando un trato inhumano, pero que eso era mentira.
Por lo tanto la Codehum no vio necesario acudir a Tierra Colorada a verificarlo, porque dijo que conocen el trabajo del FUSDEG.
Le recordó a la población cómo estaban antes de que existiera la Policía Comunitaria, “pagaban cuotas y andaban temerosos”, y que ahora que existe el FUSDEG es distinto.
Mientras que el juez cívico calificador del Ayuntamiento, Luis Enrique Urióstegui Hernández tomó un megáfono e insistió en q

ue les dijeran por qué estaba detenido su compañero, quien ya llevaba tres días privado de su libertad y desconocían el motivo.
Además reprochó que no están de acuerdo con la coordinación que preside la Policía Comunitaria porque no ha sido democrático y que si querían en ese momento se dirigían a una cancha a elegir nuevos consejeros.
A las 3:20 de la tarde la comisión salió para informar que ya habían llegado a un acuerdo, y que hoy a las 5 de la tarde sería liberado Feliciano Cayetano.
Los pobladores y familiares se quejaron porque querían ver libre al inspector en ese momento y porque no se levantó u

n acta donde se firmara el compromiso.
Después ingresaron otra vez a la sede de la comunitaria para continuar dialogando, sin embargo, familiares del detenido quisieron pasar pero los comunitarios no los dejaron.
Los pobladores comenzaron a reprocharles a gritos que los dejaran entrar porque tenían derecho, mientras que los comunitarios en el mismo tono insistían que no podían entrar.
Esto provocó que por un momento pobladores y policías, hombres y mujeres, se agarraran a golpes.
Otra vez la comisión salió y nuevamente informó que el acuerdo era que hoy lunes lo liberarían a las 5 de la tarde, y que no se firmó un documento porque fue “un compromiso de palabra de hombre”, y que además aún no terminaban las investigaciones.
El coordinador expuso en una entrevista que el funcionario estaba acusado de difamación, pese a que legalmente este cargo ya no se tipifica, pero que dentro de los usos y costumbres todavía es algo perjudicial, “sobre todo cuando lo hacen en contra de personas que le están dando seguridad al pueblo de manera gratuita”, aseveró.
También manifestó, “el señor en su investidura como empleado del Ayuntamiento se ha encargado de

decir muchas mentiras en contra de la Policía Comunitaria y en el caso del sector ambulante les invita a que no hagan su aportación”.
Aportación que dijo, piden porque desde la administración pasada el Ayuntamiento se comprometió a apoyarlos pero no lo ha hecho.
Hoy también convocaron al secretario general del Ayuntamiento, Filogonio Meza porque según declaró el detenido, es él quien le da instrucciones.

Forman vecinos de Juchitán la Policía Ejidal para combatir el robo de ganado

 

Vecinos y ganaderos del municipio de Juchitán, en la Costa Chica del estado, crearon su propio sistema de seguridad para combatir el robo de ganado, debido a la falta de efectividad de la Policía Municipal para combatir a los delincuentes.
La denominada Policía Ejidal de Juchitán opera en la cabecera municipal con 12 integrantes de un total de 25 que conforman la agrupación, portan escopetas y rifles que fueron registrados en el 48 Batallón de Infantería y se coordinan con militares y policías del estado, informó uno de sus fundadores, José Nicasio Morales.
Después del 28 de septiembre de 2015, luego de que la población expulsó a los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) afines a Eliseo Villar Castillo, quien está preso desde el 30 de abril de 2014, los ganaderos comenzaron a organizarse, relató vía telefónica el tesorero de la nueva organización.
Dijo que la Policía Ejidal está respaldada por los comisarios del municipio, pues surgió de la necesidad de combatir el abigeato y evitar pérdidas a los ganaderos. Comentó que a pesar de que sus integrantes no tienen un sueldo fijo ni tampoco transporte para desplazarse y hacer operaciones, tienen el respaldo de la comunidad.
Desde el 24 de diciembre la Policía Ejidal instaló retenes nocturnos en los caminos a los ranchos con el fin de evitar el robo del ganado, lo que ocurre principalmente durante la noche, “comenzamos de manera cerrada la conformación”, sostuvo el integrante.
Nicasio Morales indicó que acordaron que los integrantes de la Policía Ejidal no participarán en el combate a delitos menores o pleitos en el municipio, pues esa función recae en la Policía Municipal.
El fundador del nuevo modelo de seguridad conformada por ciudadanos precisó que mantienen el diálogo con el presidente municipal postulado por el PAN, Alfonso Aquileo Soriano Zavaleta para evitar confusiones, y que además buscan coordinarse con policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El ganadero comentó que buscarán el diálogo con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), pero sus integrantes no piensan en unirse o formar un sistema de policías ciudadanas como el que opera en la comunidad de El Rincón, por la mala experiencia que tienen con la CRAC, y por ello seguirán trabajando de forma independiente.
En el 2004 Juchitán se separó del municipio de Azoyú, y en el municipio habitan alrededor de 10 mil personas, la mayoría mestizas y de descendencia afromexicana.