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Hieren de bala civiles armados a un policía estatal en la colonia Amate en Chilpancingo

 

Un policía estatal fue herido de bala tras de ser atacado por civiles armados en la calle Tabachines cerca de la Secundaria Técnica 185 en la colonia Amate, ubicada cerca de la aeropista donde pernoctan los policías federales, al norte de la ciudad de Chilpancingo.
Fuentes policiacas informaron que minutos antes de las 7 de la noche recibieron un reporte de que había una balacera cerca de la secundaria en este asentamiento.
En un reporte de la Policía Estatal se informó que el agente era guardia de los helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y se dirigía a su casa cuando en la calle Tabachines fue interceptado por civiles armados que lo balearon.
Las fuentes detallaron que la ventana de una casa y un vehículo Jetta recibieron impactos de bala en el ataque, mientras que el policía estatal recibió un balazo en la espalda y otro en la cabeza.
El agente por sus propios medios se trasladó a la clínica del ISSSTE y se informó que su estado de salud es grave.

Sólo 49 de los 244 policías municipales de Zihuatanejo tienen permiso para portar armas

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Zihuatanejo cuenta con 244 policías preventivos, de los cuales sólo 49 están en la licencia oficial colectiva 110 que les autoriza portar armas de uso exclusivo para las fuerzas armadas, informaron fuentes de la dependencia.
Revelaron que la Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública del estado entregaron para el primer semestre del año sólo 54 credenciales, de las cuales cinco pertenecen a puestos administrativos y 49 para portación de armas, “hay 15 credenciales más que no sabemos por qué están retenidas desde enero de este año en la Subsecretaría de Seguridad Pública del estado”.
El 10 de abril militares y policías estatales llegaron a las oficinas de la dependencia a revisar el armamento de los policías preventivos y encontraron varias irregularidades, en dos armarios ubicados en los dormitorios hallaron un chaleco táctico y una fornitura que debían de estar bajo resguardo, y a tres uniformados les encontraron armamento que no pertenece a la corporación.
La incursión de este martes a las instalaciones por soldados y policías estatales no era algo desconocido para el presidente municipal perredista Gustavo García Bello, pues un día antes el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Francisco Montesinos Baños, le envió el oficio 1392/2017 en el que le informó que esa acción se llevaría a cabo, pero no le avisó cuándo.
En ese documento cuya copia tiene El Sur, Montesinos Baños dice que por instrucción del secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes y “con base en los resultados asentados en el acta administrativa de fecha 10 de abril del año en curso, levantada con motivo de la revista al armamento, cargadores y municiones realizada por personal de esta Secretaría (…) en la que se detectaron diversas irregularidades respecto al uso del armamento relacionado en la licencia oficial colectiva 110 y que para evitar darle un mal uso a dicho arsenal”, los policías estatales harían “una revisión extraordinaria” del armamento.
Según el oficio ese 10 de abril se encontraron siete irregularidades: Los policías municipales portaban armamento con las credenciales vencidas. Al verificar el armamento con la identificación de su portador ésta se encontraba vencida. No coincidían las características de las armas de fuego con las asentadas en la identificación. El encargado de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio tenía en su poder las credenciales vigentes y aún no las entregaba. Se expidieron indebidamente credenciales de identificación a los policías municipales que utilizaban para acreditar la portación del armamento. El personal cuenta con 246 policías municipales, de éstos 223 estuvieron incluidos en la licencia oficial colectiva 110 por lo que sólo 54 elementos se encuentran aptos para portar armamento. Faltó armamento y municiones, el municipio presenta armamento robado y/o extraviado así como relacionado a causas penales.
El documento señala que “existe un informe de hechos de la puesta a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común con sede en Zihuatanejo de Azueta, con fecha 13 de mayo, realizado por policías estatales en el que se informa de la detención de una persona por usurpación de funciones y uso indebido de uniforme oficial, el cual conducía a exceso de velocidad una unidad oficial de la Policía Municipal de Zihuatanejo con número 030, quien en ese momento manifestó que no pertenecía a la Policía Municipal”.
Continúa: “Por lo anterior y para evitar el mal uso que se le pueda dar al armamento relacionado en la licencia oficial colectiva 110 de la cual esta Secretaría es titular (…) informo a usted que personal de esta Secretaría procederá a realizar una revisión extraordinaria del citado armamento para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que se deben observar para el uso y portación del armamento oficial”.
El martes policías estatales apoyados por militares del 75 Batallón de Infantería ocuparon durante nueve horas las instalaciones de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y detuvieron a 60 policías municipales, corporación que según el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, está infiltrada por criminales.

No se presentaron órdenes de detención, se llevaron a los policías que tenían anotados en una lista

Sin embargo la fuente de Seguridad Pública manifestó que “sí llevaron a cabo la revisión como dice ese oficio, pero en ningún momento mostraron una orden de detención o de arresto de los compañeros que se llevaron, sólo traían una lista y empezaron a nombrarlos porque se los iban a llevar”.
De estos detenidos, inicialmente Álvarez Heredia informó que tres de ellos son presuntos delincuentes que desde hace días tenían la operación de la Policía Municipal y están vinculados a grupos delictivos.
Uno de ellos, Javier, según los policías municipales es ex director de Seguridad Pública de Petatlán y tenía dos semanas de haber llegado a la corporación como coordinador operativo, sin que conocieran quién o cómo fue que obtuvo el cargo.
Los otros dos detenidos, Víctor y Martiniano son reconocidos por sus compañeros como comandantes de la Policía Municipal y ambos tienen más de 10 años de antigüedad en la corporación.
El vocero agregó que, “otros 42 individuos, sin estar debidamente acreditados como elementos policiales, fueron sorprendidos dentro de las instalaciones portando armas, uniformes e insignias oficiales, por otro lado fueron detenidos otros 15 miembros de la corporación que habiendo reprobado sus exámenes de control de confianza portaban armamento de la licencia oficial colectiva 110 autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”.
Ese martes en la tarde el alcalde perredista, Gustavo García Bello ofreció una conferencia de prensa en la que informó que los policías municipales tomaron el armamento luego del asesinato de tres de sus compañeros ocurrido el 25 de abril en Ixtapa, y que él no pudo hacer nada al respecto.
El miércoles 13 de abril de 2016, después de un año y cuatro meses cuando el Ejército regresó el armamento que decomisó a la Policía Preventiva Municipal de Zihuatanejo, y luego de que la actual administración cumpliera los requerimientos de los militares, éstos entregaron el armamento, accesorios y municiones que tenían bajo su custodia desde el 23 de diciembre de 2014, cuando el ex director municipal de Seguridad Pública, Benjamín Monares Vargas entregó todas las armas al Ejército con el argumento de que ese día los policías municipales tenían un paro de labores y tenían sitiadas las instalaciones de Seguridad Pública con las armas, lo que no fue cierto.
Otro de los argumentos que dio el ex director para desarmar a la policía municipal fue que sólo el 40 por ciento de los elementos aprobaron las pruebas de control de confianza que indican que están calificados para portar un arma.
Dos meses atrás, el 10 de febrero de 2016, el alcalde Gustavo García declaró que en la Dirección de Seguridad Pública había 28 policías municipales que hacían actividades administrativas porque no pasaron los exámenes de control de confianza y que sólo el 80 por ciento de los agentes estaba certificado.
Agregó que los policías reprobados no podían ser dados de baja de la corporación porque su administración carece de recursos económicos para liquidarlos, lo que sigue diciendo.

Hallan otras dos cabezas, una en el módulo de policía de la Y Griega y otra en la Garita

Dos cabezas humanas fueron halladas ayer en distintos puntos de la ciudad.
Los hallazgos ocurrieron después de la 7 de la mañana, uno en la avenida Cuauhtémoc y otro en la calzada Acapulco-México.
La primera cabeza humana estaba dentro de una caja de cartón cerca del módulo de la Policía municipal ubicado en la Y Griega, y a un costado fue colocado un narcomensaje cuyo contenido se desconoce.
La otra extremidad humana fue localizada unos 200 metros más delante de la primera, en la avenida Cuauhtémoc y esquina con calle Tulipanes, frente a la oficialía del Registro Civil de la colonia Garita.
La cabeza estaba encima del cofre de un automóvil Pointer netro estacionado, rumbo a la Y Griega.
La versión policiaca indica que hombres armados dejaron las extremidades en los dos puntos referidos.
Los peritos durante las diligencias no encontraron el resto de los cuerpos, y el hecho causó asombro en automovilistas y comerciantes de ambas zonas.
Mientras que el Ministerio Público sector Garita abrió una carpeta de investigación por el doble crimen.
Las dos cabezas fueron trasladadas a las instalaciones del Servicio Médico Forense para sus estudios correspondientes.
La zona fue resguardada por policías federales, división Gendarmería, del estado y municipales.
Apenas el miércoles, la cabeza de un hombre fue hallada adentro de una hielera en el distribuidor vial de Cayaco-Puerto Marqués, en el entronque de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional.
Con estos homicidios van en este año 277 víctimas relacionadas con el crimen organizado, de acuerdo con un recuento de El Sur.

Por accidente mata un soldado a otro de un balazo dentro del C-4 de la Progreso

Por accidente, un soldado mató de un balazo a su compañero adentro de las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4) ubicado en la colonia Progreso.
De acuerdo con la información oficial recabada, el accidente ocurrió a las 9 de la noche en las instalaciones de vigilancia, ubicadas entre las calles Pénjamo y Uruapan.
La versión policiaca indica que al soldado se le disparó el arma y la bala le dio a su compañero en el pecho. Al parecer ambos estaban jugando. Otra versión es que el soldado revisaba el arma y se le salió un disparo.
El herido fue trasladado al Hospital Militar donde minutos después murió.
La víctima se llamó Alberto, de 26 años, y era policía militar, mientras que el presunto agresor se llama Adrián y quedó en custodia por los efectivos del Ejército. (Argenis Salmerón).

Detienen soldados y policías a dos jóvenes con rifles de asalto en La Concepción, Pilcaya

Soldados del Ejército y policías estatales detuvieron a dos jóvenes, uno de 17 años, la noche del viernes en la comunidad de La Concepción, municipio de Pilcaya, a los que les decomisaron dos rifles AK-47, uno AR-15, municiones y equipo táctico.
En hechos diferentes la tarde de ayer policías municipales de Iguala encontraron una pistola calibre 9 milímetros, que momentos antes tres jóvenes abandonaron cuando notaron la presencia de los agentes.
Reportes oficiales detallan que a las 10 de la noche del viernes durante un recorrido de policías y soldados de la Base de Operaciones Mixtas (BOM), en la entrada principal a la comunidad de Concepción, se toparon de frente una camioneta Ford Ranger blanca sin placas de circulación, la cual dio la vuelta e intentó huir.
La evasiva provocó una persecución y los agentes detuvieron a los ocupantes del vehículo.
Según fuentes policiacas de seguridad pública del estado, durante una revisión al vehículo fueron localizados y decomisados dos fusiles de asalto AK-47 y uno AR-15 abastecidos.
Fueron detenidos el chofer de nombre Jacob, de 35 años, y su acompañante de 17 años, los dos vecinos del poblado la Concepción, en Pilcaya.
Asimismo fueron decomisados 155 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 milímetros para fusil AK-47, 30 cartuchos calibre .223 para AR-15, un chaleco táctico negro, tres pasamontañas, dos celulares, un par de guantes y la camioneta que tiene reporte de robo con violencia el 24 de mayo de 2013.
Los detenidos, las armas y los objetos fueron puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público federal. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Ejecutan a un hombre en una unidad habitacional de Zihuatanejo

 

En la entrada de la unidad habitacional La Puerta fue encontrado un hombre con las manos atadas hacia atrás y ejecutado con armada fuego de grueso calibre, lo que provocó la movilización de los cuerpos de seguridad de Zihuatanejo.
Alrededor de las 11 de la mañana fue asesinado a balazos un hombre en el crucero que conecta la unidad habitacional con la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas.
La Policía Municipal acordonó la zona en espera de que peritos de la Fiscalía General del Estado hicieran las diligencias correspondientes, mientras vigilaban la zona policías federales y soldados del Ejército.

Se reúnen jefes de la SSP y militares en Chilapa; se enviaron 100 policías más, informa el vocero

Después de un violento domingo que dejó 10 muertos, cinco de ellos calcinados, en distintos hechos en el municipio de Chilapa, el gobernador Héctor Astudillo Flores envió 100 policías más para contener e inhibir la violencia de la región.
El miércoles en la tarde en Acapulco el gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó la reunión del Grupo Coordinación Guerrero, para abordar principalmente el repunte de la violencia en Chilapa, luego de que cinco personas fueron encontradas calcinadas en un automóvil en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Ajacayán.
El sábado en un boletín de prensa se dio a conocer que se intensificaría la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en los municipios de Chilapa y Chilpancingo. El documento se difundió un día después de que el presidente de la organización de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro reveló que los integrantes del grupo criminal Los Ardillos tienen una ruta en la que se trasladan desde Chilapa a Chilpancingo “de Chilapa a Atzacoaloya, San Ángel y Xiloxuchican. Después enfilan a Juxtlahuaca y Colotlipa, municipio de Quechultenango, pasan por la cabecera municipal y siguen hacia Mochitlán, para después llegar a Petaquillas que ya tienen como bastión y de allí entran a Chilpancingo”.
Ese día Díaz Navarro dijo que las actividades de ese grupo criminal cuentan con la complicidad del gobierno, “porque todo les acepta y permite a ese grupo”.
Pese a la “intensificación” de las acciones de las dos corporaciones, la noche de este domingo se encontró otro carro calcinado con cinco personas en el interior, el hecho violento se registró en la colonia Miguel Hidalgo, en esta ocasión fueron quemados en un taxi y ese día hubo otros cinco ejecutados en distintos hechos en Chilapa.
El vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia subrayó que la determinación de enviar a 100 policías estatales más fue una decisión que tomó únicamente el gobernador, para sumarlos a los 30 que ya están activos en aquel municipio.
Reconoció que desde la semana pasada antes de la calcinación de los primero cuerpos se tenían indicios de que la violencia estaba resurgiendo, ya que el numero de homicidios dolosos de Chilapa iba en aumento.
La zona comprendida entre los municipios de Eduardo Neri, Chilpancingo, Tixtla, Zitlala y Chilapa está considerada como prioritaria por el enfrentamiento que existe entre las bandas delictivas por el control de ese territorio, agregó en un comunicado.
Dijo que del primero de enero al 12 de marzo iban 35 homicidios dolosos, aunque en un recuento de lo que se ha publicado en El Sur de los crímenes en los que al parecer estuvo involucrada la delincuencia organizada, suman 45 en ese periodo, más otros tres ejecutados ayer en una base del transporte público.

Otra reunión por la seguridad de Chilapa

El 28 de diciembre de 2016 con la presencia del secretario de la defensa, general Salvador Cienfuegos se hizo la evaluación de la región de Chilapa y Zitlala para reforzar la seguridad.
En ese mismo año pero el 21 de enero fue la reunión de seguridad en el restaurante Casa Pilla, ahí estuvo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y se determinó la construcción de un cuartel militar en Chilapa.
Ayer el comandante de la 35 Zona Militar José Francisco Terán Valle, el secretario de Seguridad Pública del Estado Pedro Almazán Cervantes, así como el responsable de la Policía del estado con destacamento en Chilapa se reunieron en la tarde en Chilapa para supervisar las tareas de seguridad.
La presidencia municipal de Chilapa, en un boletín de prensa, indica que los mandos llegaron en la tarde a esta ciudad azotada por la violencia y la inseguridad.
En la reunión, agrega el documento, el general Almazán Cervantes dio a conocer que se enviaron 100 nuevos agentes de la Policía del Estado para contener e inhibir la violencia, el general Terán Valle confirmó que 500 soldados del Ejército resguardan el municipio.
Al encuentro asistieron el alcalde priista Jesús Parra García y el segundo síndico Esteban García García.
Según la presidencia municipal, Jesús Parra “reconoció” al presidente de la República, Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores por “el apoyo en materia de seguridad” y solicitó “una mayor atención a este municipio”.
Apenas el pasado jueves el alcalde evadió responder del recrudecimiento de los hechos delictivos en el municipio.
En otro comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado dice que “los mandos policial y militar escucharon los planteamientos de las autoridades municipales con el objetivo de identificar sus necesidades en materia de seguridad, durante su estancia en Chilapa el secretario de Seguridad Pública y el Comandante de la 35 Zona Militar supervisaron también el despliegue de la Policía Estatal y militar, así como la instalación de puestos de vigilancia conjunta ubicados en puntos estratégicos de la cabecera municipal para prevenir e inhibir la comisión de delitos”.

Desalojan policías a pedradas a campesinos de la vía en Iguala y lesionan a 20; hay dos niños graves

Policías estatales con equipo antimotines desalojaron a pedradas, toletazos y con gas lacrimógeno a campesinos de la asociación civil El Ángel de la Paz de la carretera federal en la entrada a esta ciudad por Chilpancingo, así como del acceso a la caseta de peaje de la autopista Iguala-Cuernavaca y de los accesos a la colonia La Floresta y Acatempan, que cerraron durante 2 horas.
El saldo fue de al menos 13 detenidos, entre ellos cuatro menores de edad y unos 20 lesionados, entre éstos mujeres y dos niños que fueron reportados como graves de salud a consecuencia de las piedras que les lanzaron los agentes a los manifestantes.
En la tarde de ayer horas después del desalojo efectivos armados de la Policía Ministerial, entre ellos agentes vestidos de civil y en carros particulares sin rótulos de la dependencia, hicieron redadas en cerros de colonias cercanas donde fue el desalojo y catearon las oficina de la organización El Ángel de la Paz, ubicada en la avenida Vicente Guerrero de la colonia Centro, para detener al presidente de la asociación, Leovigildo Morales Garcés, quien vía telefónica dio a conocer que su abogado ya estaba tramitando un amparo para evitar su detención y para liberar a los detenidos.
Minutos después de las 9 de la mañana unos mil integrantes de la organización –unos 2 mil según sus dirigentes- que aglutina a campesinos, amas de casa y vecinos de colonias populares y comunidades de Iguala, Cocula, Teloloapan, Taxco y Tepecoacuilco, en su mayoría mujeres, niños y adultos mayores llegaron a la carretera federal México-Acapulco en el entronque con la entrada a la caseta de peaje de la carretera Iguala-Cuernavaca, y a las 9:35 de la mañana bloquearon de forma total los cuatro carriles de la vía federal y los accesos a las colonias La Floresta y Acatempan, para evitar el paso de los automovilistas que quedaron varados en la zona por dos horas.
La protesta causó molestia de transportistas, comerciantes y personas que quedaron detenidas en el lugar, y que en el caso de quienes viajaban en el transporte público fueron obligados a cruzar a pie la zona del bloqueo para llegar al otro lado y seguir su camino. A diferencia de otras ocasiones, esta vez no se vio que se diera paso a personas enfermas.

Piden despensas, láminas, cobertores, colchonetas, 20 toneladas de maíz, cemento y 200 mil pesos

El dirigente de la asociación civil, Leovigildo Morales dijo durante el bloqueo de la vía federal que cerraron el paso porque no se cumplieron las minutas de acuerdo que firmaron con el gobierno del estado, y que les prometieron cumplir antes de finalizar febrero.
Estimó que entre los “rezagos” a sus demandas desde 2015 son un millón y medio de pesos en especie: 15 mil despensas, cinco mil láminas galvanizadas, cinco mil cobertores, cinco mil colchonetas, 20 toneladas de maíz, cinco toneladas de semilla para siembra, 100 toneladas de cemento y 200 mil pesos en efectivo para gastos de la movilización.
En los bloqueos fueron mostradas lonas con las leyendas: “campesinos y sus mujeres en pie de lucha” y “nadie aboga por los pobres… sólo El Ángel de la Paz”. A los manifestantes se les vio portando machetes, palos y cuatro moto sierras.

El desalojo

A las 11:30 de la mañana en un carro de sonido el dirigente de la organización llamó a los líderes de colonias y organizaciones concentrar a la gente hacia la carretera y dar paso a lo que llamó el segundo plan de acción, que era la toma de la caseta de peaje de la autopista hacia Cuernavaca, a unos 400 metros del bloqueo, para lo cual pidió a los hombres con machetes y moto sierras que se fueran al frente.
Los manifestantes avanzaron a paso lento al tiempo que encendían las motosierras y algunos golpeaban los machetes contra el pavimento. A unos 60 metros los más de 200 policías antimotines que se encontraban en el entronque hacia la caseta de cobro cerraron el paso, y golpearon sus escudos con los toletes.
En el lugar también había policías federales y ministeriales armados. Se vio al fiscal regional José Luis Martínez Silva, peritos y agentes del Ministerio Público.
Ante el cierre del paso hacia la caseta un grupo de unos 30 hombres y adultos mayores rodearon a los policías estatales y éstos nuevamente les cerraron el paso.
En este lugar inició un intercambio de empujones y después de piedras, principalmente de los antimotines que en ese momento superaban en número al grupo de inconformes que avanzó, ya que el resto de la gente, en su mayoría mujeres y niños se quedaron en la retaguardia.
Los policías lanzaron gas lacrimógeno y unos minutos después había unos 15 inconformes intercambiando pedradas con los más de 200 agentes estatales que con esta acción abrieron el paso a los automovilistas.
Los manifestantes corrieron, pero los antimotines siguieron lanzando piedras hacia donde estaba la multitud donde había mujeres, niños y reporteros.
Después de haber dispersado a la gente algunos policías lanzaban piedras hacia los vehículos que estaban estacionados, al parecer de los manifestantes.
Con el apoyo de policías ministeriales armados, algunos vestidos de civil y en vehículos particulares sin rótulos de la dependencia persiguieron a los manifestantes que corrieron hacia los cerros y calles del lugar. Los agentes estatales se metieron a negocios de donde sacaron con violencia y a punta de golpes con los toletes a presuntos integrantes de la organización, a los cuales sometían en grupos de cinco a siete.
Algunas mujeres fueron golpeadas y sometidas por los policías cuando intentaron defender a sus esposos o familiares, hechos que fueron videograbados y difundidos en la red social Facebook. Una mujer se desmayó durante los reclamos y no fue atendida a pesar de que sus familiares pedían una ambulancia.
La agresión de los antimotines también fue contra reporteros, al de ABC radio, Ricardo Almazán le impidieron grabar y con un golpe le tiraron su teléfono. Algunos antimotines también hicieron uso de sus escudos para evitar que los reporteros tomaran fotografías o video de la violencia al momento de las detenciones.
En varias patrullas de la Policía Ministerial del estado y algunos vehículos particulares sin rótulos, civiles armados al parecer policías ministeriales se llevaron detenidas a varias personas, entre jóvenes y personas mayores. Durante esta acción se vio la detención de al menos 15 personas, aunque el reporte oficial menciona 13.
Después de la una de la tarde ya que había desalojada la vía federal se vio que policías estatales, ministeriales y federales, los dos últimos armados, seguían en busca de más manifestantes.
Un grupo de ocho agentes ministeriales en dos vehículos particulares catearon las oficinas de la asociación ubicadas en la avenida Vicente Guerrero para detener al dirigente Leovigildo Morales.

Los detenidos y lesionados

Según información vía telefónica del dirigente de la organización social El Ángel de la Paz, Leovigildo Morales, fueron 13 detenidos pero no descartó que puedan ser más, y reportó 20 personas lesionadas, entre estos a mujeres y dos niños heridos de gravedad por las piedras que les cayeron y que fueron lanzadas por los policías. Dijo que los heridos estaban siendo atendidos por ellos o en sus casas, ante el temor de ir a hospitales y ser aprehendidos por los policías.
En un boletín oficial el gobierno estatal dice que los antimotines fueron “agredidos” y que “repelieron” esa agresión, y que resultaron 13 personas detenidas.
Agrega que “se tiene conocimiento” que una de las personas que está “manipulando” a esta organización es el ex alcalde de Teloloapan, Pedro Pablo Urióstegui Salgado.
En el reporte se dice que los inconformes lanzaron petardos, pero esto no se vio en la protesta, sí se oyeron los disparos de los lanza granadas de los antimotines.
Los detenidos son: Juan Esteban Moreno Martínez de 23 años, Alfredo Cortés Rodríguez de 28, José Martín Cortés de 45, Aurelio Fuentes Sánchez de 40, Jesús Carrera López de 19, Silvestre Martínez Díaz de 27, José Luis Enrique Pastor Fuentes de 23, Juan Juárez Lara de 42, Rosa Fuentes Santos de 42, así como dos jóvenes de 17 años, uno de 16 y una adolescente de 14.
Morales Garcés responsabilizó al gobernador Héctor Astudillo Flores de haber ordenado el desalojo, y dijo que en ese momento (a la 1:20 de la tarde) los abogados de la asociación ya tramitaban un amparo para evitar que fuera detenido. Dijo que la consigna que había del gobierno del estado era llevárselo, “y golpear a algunos cuantos para darnos un escarmiento y ya no salgamos a las calles”.
Adelantó que se aliará con otras organizaciones y protestará en Chilpancingo en contra del gobierno estatal y la represión de sus policías.
Denunció que tres policías federales vestidos de civil lo querían detener, pero logró escapar. “Nos clavaron a tres policías federales que iban encubiertos y ellos empezaron a lanzar piedras a los antimotines para que ellos respondieran con todo, tenemos fotos de esos federales disfrazados de civil, los vamos a exhibir”.

Desalojan el Palacio Municipal y el Palacio de Justicia

Durante la represión los empleados del Palacio de Justicia desalojaron el edificio durante una hora y media, después regresaron a sus actividades.
Según un empleado del poder judicial abandonaron el edificio –ubicado a unos 100 metros de donde fue la protesta- por miedo, y no porque alguna autoridad haya dado la indicación.
A las 12:30 de la tarde la sede del Ayuntamiento en el centro de la ciudad también fue desalojada ante el rumor de que los manifestantes llegarían para destruir el edificio.
Ahí se generaron rumores de la llegada de policías comunitarios de la Tecampanera de Teloloapan en apoyo a los integrantes de la asociación civil El Ángel de la Paz, pero esto no sucedió. Algunos empleados, principalmente de Tesorería sacaron equipo de cómputo para su resguardo.

Anuncia la UCEZ protestas contra el desalojo

La activista y dirigente de la organización social Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ)-Arturo Hernández Cardona, Soledad Hernández Mena reprochó en declaraciones por teléfono el abuso de poder del estado en el desalojo, y llamó al gobernador Héctor Astudillo a la reflexión para que no demuestre su ambición, la corrupción y el abuso que existe en su gobierno.
Advirtió que se sumarán a las movilizaciones en apoyo a la organización El Ángel de la Paz para exigir cumplimiento a las demandas de los campesinos de Guerrero.
Denunció que “el Estado mexicano abusa del poder para desalojar una manifestación, que hasta donde sabemos fue pacífica y había mujeres y niños”.
Señaló que las movilizaciones campesinas son el reflejo de las necesidades del campo y de la corrupción que existe en las dependencias estatales y federales que deben atender a los agricultores.
“Sí nos molesta, sí nos indigna y sí le llamo a Astudillo para que no se vea la corrupción y la ambición desmedida de su gobierno, que trae no sólo en el campo y en otros sectores como en la Salud y la Educación”, señaló.
Denunció que los gobiernos priistas de la zona Norte sólo están beneficiando a gente identificada con el PRI, en un claro uso de los recursos públicos para el proceso electoral de 2018.

Matan a una mujer policía en una emboscada en Tlacoachistlahuaca

 

Policías municipales de Tlacoachistlahuaca, en la región Costa Chica, fueron atacados a balazos la madrugada de ayer por hombres armados. Durante el ataque murió una mujer policía de 23 años.
La emboscada fue en la carretera estatal de Guadalupe Victoria a Plan de Los Muertos, informó el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia.

 

 

Hay más indicios de que la PGR encubre a los responsables del caso Ayotzinapa: Centro Morelos

 

A 28 meses de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), denunció que cada vez hay más indicios de que la Procuraduría General de la República (PGR) oculta información para encubrir la corrupción del sistema y a los responsables de los homicidios de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes, ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Menciona la información que se publicó recientemente sobre una investigación del trasiego de droga en México, anterior a los ataques, que revela los niveles de corrupción de corporaciones policiacas y militares.
Insiste en que el Estado es responsable de la desaparición de los normalistas y que el caso de Iguala es de los más paradigmáticos, porque “el Estado no va a castigarse así mismo”.
Destaca la importancia de que el trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no sea obstaculizado como lo fue el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó en dos periodos de seis meses en las investigaciones con la PGR.
De los padres de los estudiantes advierte que, “la impunidad no ha dejado de cobijar a los responsables intelectuales y materiales, mientras que el paso de 28 meses y la incertidumbre de no conocer su paradero les ha ido dejando estragos en su salud”.
Aunado a los intentos criminalización de los estudiantes desaparecidos tratando de vincularlos con un grupo de la delincuencia organizada, la criminalización al movimiento de los padres con engaños, intentos de corromperlos y dividirlos, y amenazas telefónicas de muerte.
El organismo demanda el cumplimiento cabal a las recomendaciones del GIEI, que se investigue a los militares y se detenga el hostigamiento a los padres de familia.

Beristain: falta voluntad política para investigar las irregularidades de la PGR en el caso Ayotzinapa

El integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain, lamentó la “falta de voluntad política” para atender las investigaciones internas de la PGR sobre las irregularidades cometidas por Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y otros funcionarios, en las indagatoria sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dijo que a la fecha, no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
Al señalar que las resoluciones de las investigaciones sobre la actuación de los funcionarios y sobre la averiguación previa son coincidentes con algunas de las observaciones del GIEI, Beristain consideró que “es importante es que se tomen decisiones con base en ese informe que muestra esas irregularidades, falencias y problemas en la investigación, y eso contribuiría a generar esos puentes de confianza también con los familiares”.
Entrevistado al término de la presentación de su libro El tiempo de Ayotzinapa (Ediciones Akal en su colección Foca, 2017), el experto español insistió en la urgencia en reconstruir el diálogo entre los familiares de los jóvenes desaparecidos y la PGR, roto a partir de la negativa de la dependencia a sancionar a los funcionarios que incurrieron en graves irregularidades.
Tras señalar que “sin un diálogo y confianza con las víctimas no va a haber investigación adecuada”, Beristain lamentó que al “ejercicio honesto” de la Visitaduría General de la PGR de evidenciar las fallas, “no haya pasos consecuentes, eso muestra falta de voluntad sobre la respuesta a esas cuestiones, no se puede actuar como si eso (la investigación interna) no existiera”.
Beristain, uno de los cinco expertos independientes seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar apoyo técnico a México, puntualizó que será el Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa el que determinará el avance de las líneas de investigación que plasmó el GIEI en sus dos informes.
Durante la presentación de El tiempo de Ayotzinapa, Beristain expuso que se trata de un “un mosaico de historias” sobre el camino recorrido por los cinco integrantes del GIEI en busca de contribuir al esclarecimiento del caso.
Beristain, quien para la redacción de su texto regresó a sitios donde se desarrollaron algunas de las experiencias narradas, sostuvo que su libro aborda también “cómo se cerró un camino en un momento, cómo se trató de desviar la investigación, y esas no fueron dificultades propias de una investigación, que las hay en todas las investigaciones, sino que estaban motivadas por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español reconoció que como en otros países en los que ha colaborado en la atención de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, han sido las familias de los normalistas quienes “empujan” para llegar a la verdad.
Beristain retomó la frase que los padres y madres de los estudiantes han repetido infinidad de veces para tratar de sensibilizar a funcionarios de la PGR para que atiendan el caso, “póngase en mi lugar”, lo que para él significa tener empatía con las víctimas, condición indispensable para avanzar.
“Esa empatía es la energía transformadora, sin ella no hay transformación, no hay política frente a la problemática de los desaparecidos y no hay solución para ese círculo de violencia-impunidad-corrupción que desgraciadamente atenaza la experiencia de este país, México”, sostuvo.
El experto en la atención psicosocial a las víctimas estimó que su texto podría contribuir no sólo a la lucha de los familiares de los 43, sino también los de otros desaparecidos, para “que puedan verse identificados (…) o que les pueda representar al menos un espejo de dignidad”.
Carlos Martín Beristain informó que en el segundo periodo que participó como coadyuvante del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se encontraron obstáculos motivados “por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español aseguró que la verdad siempre emerge si se le empuja “y son los familiares quienes la empujan, esa verdad tendrá más impacto del que pensamos”.
La presentación se trasmitió en Internet desde el museo de la Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Allí el doctor en sicología, veterano investigador de violaciones a los derechos humanos, dedicó la publicación a los 43 normalistas y a las familias de los miles de desaparecidos en el país, 26 mil 274 hasta octubre de 2016, según el dato que aportó la politóloga Denise Dresser en su intervención.
También se refirió a los jóvenes del equipo de fútbol Los Avispones. Precisó que “esta historia no es la de El Chuky, La Rana, ni de Abarca”, algunos de los inculpados en quienes la Procuraduría General de la República (PGR) sustentó su principal versión de los hechos, que dice que los jóvenes fueron incinerados en un basurero en Cocula, pero fue descartada científicamente por el GIEI y otros investigadores independientes.
Afirmó que el libro es de los familiares, de Los Avispones, de los normalistas, con quienes tuvo empatía desde la primera visita a Guerrero cuando los cinco extranjeros del grupo llegaron al país.
Mencionó que en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa los padres les pidieron “no se vendan”, y con el paso del tiempo entendió que había varias formas de neutralizar su labor, y cobró sentido la petición de los familiares.
Escribir este libro de vivencias fue otra forma de procesar una historia insólita, dura, que no se podía contar a través de los informes que redactaron, particularmente en su segundo de mandato cuando se trató de desviar la investigación, reveló.
Recordó que a pesar de que no lograron desentrañar dónde están los 43 estudiantes desaparecidos, en la presentación del informe final en Ayotzinapa los padres de familia estaban sonrientes, agradecidos, y uno ellos explicó, “estamos más sonrientes porque se nos ha quitado el peso de la mentira”.
“No sé cuánto pesa la mentira, pero sé que la verdad es sanadora y sé que viene otra comisión a tratar de esclarecer el hecho”, expuso.
Martín Beristain cuestionó el traslado de funcionarios como Tomás Zerón de Lucio a otra institución de gobierno, la negación de que se trataba de un caso de desaparición forzada, peritajes de ínfima calidad, “que describe cómo el gobierno ignora una y otra vez la hipótesis del quinto autobús y la multimillonaria industria de la heroína en la región”.
Dijo que esas actuaciones contadas en el libro, evidencian que en la PGR nadie quiere tomar como línea de investigación el negocio de la droga, el negocio del crimen, y la sociedad sigue esperando una versión creíble “tan ausente como los 43”.
La única respuesta que explique lo anterior, dijo, “es una estrategia de comprar tiempo, para que se olvide por el gasolinazo, por Trump o con la siguiente elección”.
Denunció que Ayotzinapa revela un patrón que ya ocurrió y sigue ocurriendo, “perverso de desapariciones forzadas que nadie investiga, autoridades que no proveen justicia ni reparación del daño”.
Citó, “curiosa la forma en que representantes institucionales le dicen a la gente cómo debe afrontar su pérdida, mientras no le dice lo que necesita: la verdad”.
Recordó que al retirarse de la investigación, los miembros del GIEI dijeron que ojalá pudieran ser una clase de vacuna para que Ayotzinapa no se repitiera en México, que la PGR no siguiera fabricando culpables, para que hubiera una ley de desaparición forzada, sin embargo, “parece que se fueron pidiendo lo imposible, que el Estado se reforme asimismo cuando le ha convenido no hacerlo”.
A la fecha, aseguró que no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
En la presentación participaron el periodista Luis Hernández Navarro, responsable de la sección editorial del diario La Jornada, la politóloga y colaboradora de Proceso, Denise Dresser, y el escritor Juan Villoro.