El diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, informó que el Congreso del Estado ya respondió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la presidente de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, a las solicitudes de información sobre las actas de protesta o, en su caso, las constancias que acrediten como servidores públicos, por un lado, a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, y por otro, a siete alcaldes y una diputada local.
La respuesta de la presidente de la mesa, como representante del poder Legislativo, fue que el Congreso local no es la instancia responsable de emitir copia certificada de estos documentos, como los requirió la dependencia estatal.
En consulta telefónica, indicó que el martes de la semana pasada supieron, en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que un representante de la FGE, el fiscal especializado en la Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, solicitó el 7 de julio, a la representante legal del Congreso local, copias certificadas de las constancias de mayoría de la alcaldesa y síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle.
Con otro oficio, de la misma fecha, pidió copias certificadas de las constancias de mayoría de los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Alvarez; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente; así como de la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
En esa reunión, indicó que la presidente de la mesa les informó que la respuesta que dio a la FGE fue que el Congreso no es la instancia responsable de emitir o salvaguardar las constancias de mayoría, ni las actas de toma protesta, que son un asunto de cada Ayuntamiento.
Es decir, la FGE solicitó información que el Congreso local no es responsable de emitir, que la instancia responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), precisó.
Sobre las causas penales en que están implicadas autoridades municipales y una diputada local, respondió que es respetuoso de las atribuciones legales de la FGE, y no va a opinar ahora, porque no tiene información acerca del tipo de investigación que se realiza, más que el oficio que se conoció este lunes en los medios.
Consideró que le toca a la FGE explicar qué hay detrás de cada procedimiento. Al insistirle sobre algún trasfondo político, aclaró que no niega ni afirma nada, porque “nosotros estamos ante la nada jurídica. No sabemos más”.
El Congreso debe entregar información a la FGE
Consultado por separado, el coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez, coincidió en que la FGE está cumpliendo su papel al requerir información de autoridades que fueron electas, aunque la constancia de mayoría y de representación popular las emite el IEPC cuando concluye el proceso electoral, la cual es pública.
“Ya después de que emite la constancia de mayoría, es cuando el Congreso local aprueba permisos o licencias a las autoridades electas”, aclaró.
Sin embargo, recordó que ya después, el IEPC remite al Congreso del Estado la información sobre quiénes son las personas electas y que tienen su constancia de mayoría. “Hay un comunicado al respecto, y en ese sentido, tienen seguimiento los permisos que autoriza”.
Opinó que el Congreso local sí podría informar de estas documentales a la Fiscalía.
De las investigaciones que involucran a autoridades municipales del PRI, PRD y Morena, señaló que en Guerrero existe una situación crítica, que no es la primera vez que las investigaciones involucran a autoridades. “Ha sido una constante. Los ciudadanos ya no queremos que se repitan acciones, que finalmente representan un retroceso” y llamó a todas las autoridades a “establecer el orden”.
Si hay delito pedirá licencia pero por ahora no, adelanta la alcaldesa de Chilpancingo
El Congreso no tiene jurisdicción en el caso y no están “legitimadas” las opiniones de quienes le piden que se separe del cargo, dice Norma Otilia Hernández. Asegura que mantiene coordinación con “la gobernadora y con el ingeniero”
Jacob Morales Antonio
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en la conferencia de prensa de ayer en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, afirmó que si se demuestra que cometió un delito al reunirse con el jefe criminal de Los Ardillos, Celso Ortega, sí pedirá licencia, pero por ahora no, pese a quienes se lo demandan, y que el Congreso no tiene jurisdicción en el asunto.
En la conferencia que ofrece cada lunes, la alcaldesa morenista afirmó que mantiene coordinación con “la gobernadora y el ingeniero”, en alusión a Evelyn Salgado Pineda y el senador Félix Salgado Macedonio, luego de la difusión de un fragmento del video del encuentro cuando parece reclamar que no la consideran en las reuniones de seguridad.
Respecto al llamado que hizo el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de que tendría que pedir licencia, sumándose a las demandas de los dirigentes del PRD y PAN, e incluso el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, quien dijo que eso ayudaría al partido, señaló que esas opiniones no son legítimas.
“Creo que hablamos de un Estado democrático, donde la libertad de expresión está garantizada. Aquí yo no persigo a nadie por una situación o me molesta porque opinen. Lo único que puedo pensar es que estas opiniones no son legitimadas por la ley”, respondió.
Agregó que los puestos de elección popular son irrenunciables y que sólo la “autoridad competente” puede determinar esta eventualidad luego de sustanciar el debido proceso. Llamó a ser prudentes a “quienes de manera irresponsable se han pronunciado, han adelantado juicios, fomentan el escarnio, el linchamiento y ponen en riesgo no nada más la gobernabilidad, sino la seguridad de mi persona y mi familia, y eso sí es un delito”.
Recordó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que en los gobiernos pasados, al señalar alguien con algún nexo con el crimen, sólo se le retiraba del cargo pero no se le investigaba, como se hace ahora.
Y en alusión al oficio enviado al Congreso local por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves, la alcaldesa dijo que los diputados no tienen jurisdicción para juzgar estos temas, que hay órganos, instancias y procesos, y que va a esperar. Aseguró que si cometió un delito sí pedirá una licencia, “yo no tendré ninguna situación de oponerme, pero de entrada no voy a pedir licencia”.
Sobre la filtración de un extracto de la plática que tuvo con el líder criminal, insistió en que “es un video manipulado. Sin embargo lo hemos dicho, me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Yo estoy abierta a cualquier investigación”.
Hernández Martínez agregó que la investigación va a en dos vertientes, una por la cartulina dejada junto a los restos de siete personas dejados junto a la iglesia de San Mateo; y otra por el video que se difundió de la plática que tuvo con el líder de Los Ardillos y que serán las instancias que investigan las que informarán qué sucedió, no obstante se volvió a negar a hablar de qué platicó, dónde, cuándo y cómo se dio el encuentro que según diversas fuentes tuvo lugar en un restaurante ubicado en la carretera hacia Quechultenango.
“Me encantaría poderlo compartir, hoy que hice un análisis de esta situación, yo tengo muy clara la película, pero no puedo, la verdad, por el tema de que ya estamos en un proceso de investigación”, justificó.
Siguió: “Yo sé que saldrá la verdad, yo sí se los aseguro. No hay pacto, ustedes vean ahí la situación y cómo se tergiversa el video, y si sale uno y otro yo estoy clara y responsablemente lo que estoy comentando. No hay un pacto”.
La alcaldesa también enfatizó que la violencia desatada en Chilpancingo del sábado al martes de la semana pasada no está ligada al encuentro que tuvo con el líder criminal. “Una cosa es la cartulina, una cosa es el video y otra cosa son los hechos delictivos. Muchos se aprovecharon de esa situación para poder vincularlos”, aseguró en alusión al asesinato de cinco choferes y la quema de vehículos el sábado, y a la irrupción de más de 3 mil campesinos pobres y transportistas que enfrentaron a policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional y que irrumpieron en Recinto del Ejecutivo y del Congreso del Estado el lunes.
Añadió que el momento fue aprovechado “para manchar mi imagen, lo digo y lo sostengo, no hay nada que ocultar. Si sale otro video no me ocupa, ni me preocupa, porque yo ya comenté cuál es la situación que guarda en este video”.
La edil agregó: “Seguimos con una misma coordinación con el gobierno estatal, con la gobernadora, con el ingeniero y con todos los órdenes de gobierno y poderes. Siempre con respeto a nuestras esferas y autonomía, lo que nos corresponde”.
Subrayó que no hay un alejamiento entre el gobierno estatal y ella, “no creo, hemos tenido incluso comunicación con sus funcionarios, seguimos en la misma línea de coordinación”.
Pone en riesgo a la investigación que se filtrara la solicitud de la FGE, dice Jacinto
Pide una pesquisa interna en el Congreso que determine cómo llegaron los oficios a los medios
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, Jacinto González Varona, aseguró que la filtración de las solicitudes que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local, sobre las constancias y documentales que acrediten como servidores públicos a siete alcaldes y una diputada local, implicados en investigaciones sobre delitos graves, pusieron en riesgo el debido proceso y a los involucrados.
En consulta telefónica, el también diputado local opinó que los procedimientos penales deben “ir bien”, porque la dependencia no avisa de lo que hace hasta la ejecución de las acciones. Sin embargo, la filtración pudo poner en alerta a los actores, por la difusión de los nombres.
Consideró que debe haber una investigación interna, para determinar cómo trascendieron los datos y con qué fin.
“Para el esclarecimiento de hechos en la investigación”, la fiscalía solicitó copias certificadas de las constancias o documentales que acrediten que son servidores públicos los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de
Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea; de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, y la diputada Elzy Camacho Pineda. En otro oficio, se piden los documentos que acrediten como servidores públicos a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle, respectivamente.
González Varona señaló: “La Fiscalía está haciendo su trabajo, sólo que en el Congreso debieron cuidar mucho la secrecía de la información, pues se viola el debido proceso. La Mesa directiva, incluso, debe investigar quién filtró ese documento. No es ético, pone en riesgo los resultados y a los propios que están investigando”.
Consideró que las autoridades competentes tendrán que “buscar proteger todo el proceso, para que no se venga abajo, y el Congreso debería fincar responsabilidades a quien haya hecho la filtración”.
El PAN pide a la FGE que investigue sin simulación
Por separado, el presidente del CDE del PAN, Eloy Salmerón Díaz, exigió a la FGE que aplique la ley en los hechos investigados, que involucran a autoridades municipales.
Añadió que los gobiernos de Morena, desde la federación, se caracterizan por la simulación, pasando por alto incluso la Constitución.
Por ello, insistió en pedir a la FGE que esclarezca todos los actos que se presumen como delitos, que les den puntual seguimiento y se aclaren los hechos.
“Especialmente en la capital del estado, que hacen referencia a la alcaldesa y síndico, que no sea una simulación de este gobierno”, dijo y enfatizó sobre la mención a la autoridades en una cartulina dejada junto a siete cuerpos.
Sobre las dos averiguaciones previas en curso contra autoridades municipales y una diputada, reconoció que la dependencia está apegada al procedimiento de desafuero, pero el camino más fácil para la alcaldesa de Chilpancingo es que pida licencia, para que no haya trabas en la investigación.
“Ella dice que lo ha planteado (separarse del cargo) ante la Fiscalía General de la República y la del estado. Si tiene la voluntad de ser sometida a la investigación, sin trabas en el procedimiento, que lo haga”, insistió.
Con duda, añadió que deben esperar los resultados de las investigaciones para determinar hasta donde está decidida a llegar la Fiscalía para averiguar el involucramiento de autoridades con grupos de la delincuencia.
“Exigimos que se investigue de manera puntual, que se esclarezcan los hechos. No pueden enviar ese mensaje, de que lo que acontece en Chilpancingo es la normalidad. En los cargos de elección, debe haber ciudadanía responsable, honesta, comprometida con la comunidad y una conducta transparente”.
Si son vistos con gente coludida con la delincuencia, no pueden darle cuentas a la sociedad, enfatizó.
Se respondió ya a la FGE que no le toca al Congreso dar los informes que pide: Apreza
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, informó que el Congreso del Estado ya respondió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la presidente de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, a las solicitudes de información sobre las actas de protesta o, en su caso, las constancias que acrediten como servidores públicos, por un lado, a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, y por otro, a siete alcaldes y una diputada local.
La respuesta de la presidente de la mesa, como representante del poder Legislativo, fue que el Congreso local no es la instancia responsable de emitir copia certificada de estos documentos, como los requirió la dependencia estatal.
En consulta telefónica, indicó que el martes de la semana pasada supieron, en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que un representante de la FGE, el fiscal especializado en la Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, solicitó el 7 de julio, a la representante legal del Congreso local, copias certificadas de las constancias de mayoría de la alcaldesa y síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle.
Con otro oficio, de la misma fecha, pidió copias certificadas de las constancias de mayoría de los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Alvarez; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente; así como de la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
En esa reunión, indicó que la presidente de la mesa les informó que la respuesta que dio a la FGE fue que el Congreso no es la instancia responsable de emitir o salvaguardar las constancias de mayoría, ni las actas de toma protesta, que son un asunto de cada Ayuntamiento.
Es decir, la FGE solicitó información que el Congreso local no es responsable de emitir, que la instancia responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), precisó.
Sobre las causas penales en que están implicadas autoridades municipales y una diputada local, respondió que es respetuoso de las atribuciones legales de la FGE, y no va a opinar ahora, porque no tiene información acerca del tipo de investigación que se realiza, más que el oficio que se conoció este lunes en los medios.
Consideró que le toca a la FGE explicar qué hay detrás de cada procedimiento. Al insistirle sobre algún trasfondo político, aclaró que no niega ni afirma nada, porque “nosotros estamos ante la nada jurídica. No sabemos más”.
El Congreso debe entregar información a la FGE
Consultado por separado, el coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez, coincidió en que la FGE está cumpliendo su papel al requerir información de autoridades que fueron electas, aunque la constancia de mayoría y de representación popular las emite el IEPC cuando concluye el proceso electoral, la cual es pública.
“Ya después de que emite la constancia de mayoría, es cuando el Congreso local aprueba permisos o licencias a las autoridades electas”, aclaró.
Sin embargo, recordó que ya después, el IEPC remite al Congreso del Estado la información sobre quiénes son las personas electas y que tienen su constancia de mayoría. “Hay un comunicado al respecto, y en ese sentido, tienen seguimiento los permisos que autoriza”.
Opinó que el Congreso local sí podría informar de estas documentales a la Fiscalía.
De las investigaciones que involucran a autoridades municipales del PRI, PRD y Morena, señaló que en Guerrero existe una situación crítica, que no es la primera vez que las investigaciones involucran a autoridades. “Ha sido una constante. Los ciudadanos ya no queremos que se repitan acciones, que finalmente representan un retroceso” y llamó a todas las autoridades a “establecer el orden”.
El PRI y PRD en Guerrero denunciaron la ausencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, que no han dado cuentas sobre los hechos de violencia de este sábado en la capital del estado, que dejaron cinco choferes de taxis asesinados y quema de vehículos y que provocaron psicosis entre la población.
El presidente estatal del PRI, l PRI, Alejandro Bravo Abarca señaló que “el pan y circo no puede seguir siendo el eje del gobierno” municipal, y el del PRD, Alberto Catalán Bastida indicó que los hechos ocurrieron en el contexto de la filtración de una reunión que tuvo la alcaldesa de Morena, Norma Otilia Hernández, con el jefe de un grupo delictivo, del que tampoco existe información oficial.
En consultas telefónicas, coincidieron en que la presidente debe separarse del cargo mientras la Fiscalía General de la República investiga qué pasó en esa reunión.
Por otro lado, el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, opinó que la psicosis que se generó en Chilpancingo fue propiciada por los medios tradicionales, que informaron de manera parcial.
Aseguró que la violencia fue una reacción a la detención de dos líderes transportistas relacionados con la delincuencia, un problema heredado de las administraciones pasadas. Llamó a los partidos de oposición “a no hacer politiquería de un tema que atañe más a las autoridades (de investigación)”.
Con un boletín de prensa, el presidente y la secretaria general del PRI, Alejandro Bravo y Pilar Vadillo Ruiz, denunciaron la incapacidad del gobierno municipal de garantizar la seguridad; expresaron su solidaridad con los familiares de las víctimas y su apoyo a la población que tiene que salir a trabajar y regresar a sus hogares, por “las horas de angustia”.
Señalaron que “el pan y circo no puede seguir siendo el eje del gobierno”, en momentos en que la población requiere de apoyo y seguridad. Recordaron que en su campaña, la alcaldesa de Morena ofreció cambios positivos, pero lo que se atestigua es “la frivolidad y el desinterés” de su gobierno.
Enfatizaron que esta posición no es política, “la violencia es un problema que requiere ser atendido con estrategias, atención y coordinación. La ausencia de gobierno en momentos en los que se requiere dar apoyo y seguridad a la gente, es muestra de la poca importancia que le dan al problema que más afecta al país”.
En tanto, Bravo ratificó que la inseguridad no es una bandera política, sino una demanda a los gobiernos obligados a dar resultados. “Lo que se ha vivido en Chilpancingo, en los últimos días, es muy lamentable porque nos damos cuenta que hay psicosis, temor, la percepción es de gran inseguridad y esto obliga al gobierno municipal a responder en coordinación con quien se tenga que coordinar, pero que garantice la seguridad”.
Subrayó la ausencia de las autoridades, en el momento en que la población conocía los hechos mediante las redes sociales.
Dijo que las autoridades no dan respuesta ni certeza. Confirmó su propuesta de que se separe del cargo la alcaldesa de Chilpancingo.
Que no use Norma Otilia al Ayuntamiento para limpiar su imagen, pide el PRD
Catalán Bastida dijo que la capital fue presa del pánico por los enfrentamientos “derivados de la difusión de un video, donde se aprecia a la alcaldesa desayunando con un personaje implicado” en la delincuencia organizada.
Consideró lamentable el silencio de los tres órdenes de gobierno, salvo por un escueto boletín de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que “no aporta nada”.
Además, cuestionó que la alcaldesa, en un audio que trascendió este domingo en redes sociales, esté diciendo que se trató de noticias falsas para someterla al escarnio político.
Aclaró que el temor de la población es real, “(porque) no siente que haya respuesta de las autoridades y de las instituciones, para salvaguardar la seguridad. Hoy respiramos un domingo desolado, con poca movilidad, negocios cerrados, que no es bueno para nadie”.
Lamentó que, desde que se conoció esta situación, no haya una versión del secretario de Gobierno, Ludwig Reynoso Núñez; del de Seguridad Pública, Evelio Méndez, y de la misma gobernadora Evelyn Salgado “como si todo fuera voltear la página y nada pasa”.
Sobre la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, de investigar a la alcaldesa por su desayuno con un jefe de un grupo delictivo, aclaró que la defendió cuando dijo que no tenía que separarse del cargo.
“Yo creo que es necesario que la presidente municipal se separe de su cargo, no solamente para no intervenir en las investigaciones, sino porque está utilizando el aparato gubernamental del municipio, precisamente para tratar de limpiar su imagen. Lo vimos en este audio que se filtró, pidiendo a su gente, entiendo a todos los funcionarios del Ayuntamiento, que la defiendan en redes”.
Señaló que también hay un video de la alcaldesa en Petaquillas, dando dinero para una fiesta, resaltando que es el pueblo quien quiere fiesta, “realmente no ve la magnitud de la situación tan complicada que vive Chilpancingo. Ella, con esa desfachatez va y ofrece dinero, para que la gente tenga una opinión favorable de su persona. No asume lo que hizo. Por eso creo que es necesario que la señora presidente se retire del cargo”.
Morena apoya a la alcaldesa
El dirigente estatal de Morena informó que el jueves por la noche se reunió con la alcaldesa y conversaron ampliamente sobre el desayuno con el jefe de un grupo delictivo, pero se reservó la información, porque dijo hay más involucrados que investiga la Fiscalía.
González Varona aseguró que Hernández Martínez está dispuesta a asumir la responsabilidad que le toca. Como dirigente, dijo que él se comprometió a respaldarla, para que no haya excesos mediáticos de sus contrincantes, a fin de que la investigación se haga en los tiempos legales y no por presiones políticas.
Aclaró que Norma Otilia no va a dejar el cargo en tanto no haya una resolución de la Fiscalía, porque habría mayor ingobernabilidad. “La Fiscalía tiene que definir en qué responsabilidad incurre legamente”, indicó. Pedir que la alcaldesa solicite licencia es “politiquería. No le vamos a hacer caso”.
De los hechos de violencia este sábado en la capital, opinó que fueron auspiciados por los medios “tradicionales”, para generar psicosis desde las redes sociales. Los “magnificaron”, dijo. Afirmó que no informaron que la causa de esta violencia fue otro golpe a la delincuencia organizada: “La detención de dos líderes transportistas al servicio del crimen organizado. Eso no lo dicen los medios, nomás señalan que hay una ingobernabilidad”.
Lamentó los homicidios, pero cuestionó el bombardeo en redes sociales a la población, que en lugar de ayudar a informar de manera objetiva, crean psicosis en el pueblo”.
El Congreso local solicitó al secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, reconsiderar la decisión de rechazar el “adendum rectificatorio” para agregar a la ley electoral la figura de violencia política de género como causal para negar el registro como candidato a quien la haya cometido, la cual diputados locales dejaron fuera en la reforma aprobada el 8 de junio y publicada el 9 del mismo mes.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, consideró que la negativa se dio por la opinión del consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Salgado Parra, quien se excede en sus facultades y busca confrontar este poder con el Legislativo. El diputado morenista Jacinto González Varona reconoció que fue “una pifia” del Congreso y deberían asumir la responsabilidad.
En un oficio fechado ayer, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Yanelly Hernández Martínez, a solicitud del presidente de la Comisión de Justicia, el priista Jesús Parra García, envió un documento al secretario de Gobierno “para solicitarle a usted muy atentamente, tenga a bien reconsiderar la decisión emitida”.
Vía telefónica, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, afirmó que la decisión del Ejecutivo en ese tema se da a partir de la opinión del consejero jurídico Jorge Salgado Parra, quien cometió un exceso fuera de sus atribuciones: “yo lo que observo en el fondo es un afán de él de confrontar el Poder Ejecutivo con el Legislativo”.
Jorge Salgado tiene sus orígenes en el PRI. En el proceso electoral de 2021 se sumó a Morena después de no conseguir la candidatura a la alcaldía de Chilpancingo por la coalición PRI-PRD.
Apreza Patrón adelantó que enviarán a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda un informe de los diferentes momentos en los que el consejero se ha excedido en sus funciones.
Apreza Patrón dijo que en el cuerpo del dictamen se establecen que en esta reforma se contempla la violencia política en razón de género como causal para que la persona perpetradora no pueda ser postulada a un cargo de elección popular, por lo que, para compensar el error de no incluirlo en los resolutivos, únicamente se planteó un “adendum rectificatorio”.
Apreza Patrón señaló que en el grupo parlamentario del PRI están “verdaderamente sorprendidos de la actitud del consejero jurídico que pareciera que tiene el interés de confrontar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo”.
Explicó que el viernes 9 de junio la Comisión de Justicia aprobó el “adendum rectificatorio” y se envió ese mismo día al Poder Ejecutivo antes de que venciera el plazo para aprobar y publicar las reformas en materia electoral que serán vigentes en este proceso electoral.
De Jorge Salgado dijo que “debe de tener claridad que lo que se envió el mismo día y que en sesión posterior ratificó el pleno del Congreso fue un adendum rectificatorio, es un instrumento utilizado como práctica parlamentaria común y corriente en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales”, por lo que
están sorprendidos por la intención del consejero jurídico de afectar la relación entre los poderes.
Apreza señaló que la respuesta que da el Poder Ejecutivo al Legislativo se basa en la opinión de Jorge Salgado de que se debió realizar con una nueva iniciativa para reformar lo ya aprobado por el pleno “el consejero jurídico está actuando fuera de su competencia, él no es juez, no es integrante del Poder Judicial de la Federación para determinar que norma tiene validez o que norma es inválida, es un exceso, está actuando fuera de su competencia”.
Dijo que el grupo parlamentario está realizando un informe en el que detallen los excesos que ha cometido el consejero jurídico para informar a gobernadora, porque “esto no fue un hecho aislado, ya hay varios documentos que ha enviado el Ejecutivo, y lo grave es que firmados por el secretario general de Gobierno y a veces incluso por la gobernadora y ponen de base la opinión del consejero”.
En breves declaraciones, el diputado Jacinto González Varona reconoció que el no incluir a la violencia política en razón de género fue “una pifia” del Congreso y debe asumir las consecuencias del error.
Comentó que antes de que se votara el dictamen de reformas en materia electoral en las que se incluían las referentes a la Ley 3 de 3, pidió que se realizara una revisión la cual no se hizo y el dictamen se presentó al pleno en los términos aprobados.
“Yo creo que el Poder Legislativo tiene que aceptar esa pifia que cometimos, quedamos fuera de ley ya, cuando aprobamos el adendum creímos que se le iba a dar la celeridad, pero sin embargo el Poder Ejecutivo ya había publicado la reforma”.
El presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona, afirmó que no avala la reunión de la alcaldesa capitalina, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, con un presunto jefe criminal, hecho que será informado a la dirigencia y la instancia jurisdiccional de ese partido, pero esperará las investigaciones sobre el hecho.
Por su parte los dirigentes del PRI y del PRD Alejandro Bravo Abarca y Alberto Catalán Bastida, plantearon que la presidenta municipal se separe del cargo en tanto la Fiscalía la investigue.
Este jueves los dirigentes de los tres partidos fueron consultados por teléfono sobre un video y fotografías que se conocieron la mañana del miércoles, en los que se observa a la presidenta municipal Norma Otilia Hernández en un desayuno con el presunto jefe de un grupo delictivo, en un restaurante de la carretera Chilpancingo-Quechultenango.
“Hizo el compromiso de no ceder a esos chantajes”: Jacinto González
Consultado vía telefónica, Jacinto González Varona afirmó que Morena “no avala, ni avalaría ese tipo de reuniones y encuentros con estos criminales, somos los primeros en señalar que no podemos estar consintiendo ese tipo de cosas”.
Aseguró que el partido “nunca tuvo conocimiento” de esa reunión de la alcaldesa con el líder criminal, aunque de acuerdo con lo dicho por Norma Otilia Hernández, este encuentro se realizó al inicio de su gobierno, cuando Jacinto González aún no era presidente de Morena.
“Como morenistas no estamos de acuerdo en ese tema, creo que la compañera presidenta Norma Otilia lo hizo a título personal”, porque cuando Morena otorga candidaturas, investiga a sus abanderados, además de que deben de firmar una carta compromiso “de no ceder ante ningún chantaje de ese tipo, pero ya estando en el ejercicio del poder, pues cada quien toma sus decisiones y en su mayoría no son consultadas con el partido”.
Reconoció a la alcaldesa por su disposición a ser investigada “y acepta la responsabilidad” de la decisión de acudir a la reunión.
Y planteó que una vez que concluya la investigación de la Fiscalía General de la República o la del Estado “que debería estar haciendo ya, cuando exista un resultado de estas investigaciones, nosotros como partido respaldaremos la aplicación de la norma a quien transgreda las leyes”.
Apuntó que “sea quien sea, llámese Norma o cualquier otra alcaldesa o alcalde, pugnaremos porque se aplique la ley, porque aquí no puede haber alcaldes de primera y de segunda a todos hay que aplicarles la ley”.
Sin embargo, González Varona insistió en esperar la investigación y que se conozcan los resultados, porque podría “salir bien librada”, aunque aún no puede deslindar a la presidenta municipal de Morena.
“No podría decir que la compañera ya no está en nuestro partido, está en nuestro partido, y aceptamos que la Fiscalía la investigue y una vez habiendo resultados, el partido tomará su decisión”.
Jacinto González consideró “un tema muy delicado” del cual “los dirigentes de los partidos no pueden hacer escarnio”.
Entiende que “es un tema preelectoral, pero al final creo que debemos de coadyuvar todos para que se aplique la ley”.
El presidente estatal de Morena comentó que hasta el mediodía de ayer no había podido establecer comunicación con la alcaldesa porque el miércoles fue para ella un día muy “apresurado, con una agenda muy apretada” pero por la noche insistiría para conocer “cómo va la situación porque al final es compañera de nuestro movimiento”.
Y adelantó que se informará y hablará con la dirigencia nacional del partido además de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) “para que se tome una decisión, basado en las investigaciones, claro que es un hecho evidente, y que nuestro movimiento no puede tolerar este tipo de acciones”.
La edil mentía sobre sus relaciones: PRI
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Alejandro Bravo Abarca, dijo que con la difusión de las fotografías y el video se confirma que la alcaldesa mentía cuando señaló que “no establecía ningún tipo de acuerdo con algún grupo criminal”, por lo que es necesario que se investigue.
Y recordó que la FGE señaló que “había líneas de investigación hacia la presidencia municipal por lo que sí debe proceder la autoridad correspondiente”.
El dirigente priista consideró que los señalamientos contra la alcaldesa capitalina “obligarían a que se separara del cargo o pidiera licencia hasta que se resuelvan las investigaciones pertinentes para que haya totalmente una claridad en todos estos asuntos”.
Al priista se le preguntó sobre lo que reveló el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, de que Norma Otilia también se reunió con otro grupo criminal, el de Los Tlacos, encuentro en el que estuvieron también la alcaldesa de Eduardo Neri, Sara Salinas y el alcalde de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Serafín Hernández Landa.
Respondió que como dirigente no tiene ninguna información al respecto y sería irresponsable opinar de algo que no conoce, pero las autoridades deben hacer sus investigaciones contra todos los relacionados sin importar de qué partido sean.
El gobierno estatal no debe ser omiso: PRD
El dirigente perredista Alberto Catalán insistió en que la FGE debe informar si hay “una investigación seria” contra la alcaldesa y el síndico y demandó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el secretario de Gobierno Ludwig Reynoso Núñez se pronuncien sobre el caso.
También planteó que el gobierno estatal “presente una estrategia de seguridad seria y contundente que inhiba este tipo de acciones y sobre todo cuál es la postura ante estos temas, pedimos que no sean omisos ante esta situación”.
El dirigente perredista planteó que Norma Otilia Hernández y el síndico Andrei Marmolejo Valle, deben solicitar licencia “en un acto de alta responsabilidad civil, institucional, pero sobre todo de ética personal y política, la exigencia debería de ser que la presidenta municipal y el síndico se separen de sus cargos y tanto las autoridades realicen y concluyan estas investigaciones”.
Insistió que la Fiscalía llame a declarar a la alcaldesa “respecto a esta reunión que acepta, luego se contradice y genera verdades a medias, ha ido dosificando la información y evadiendo algunas preguntas con las que se puede confirmar su vínculo con este tema… no puede agotarse solamente en la crónica de una presidenta que se contradice, que cantinflea, que dice verdades a medias”.
Catalán consideró importante que la alcaldesa responda sobre cuál fue el objetivo de esta reunión, “los dichos de la alcaldesa no son confiables y las autoridades estatales y federales tienen la obligación de citarla a declarar en torno a estos hechos de violencia”, como los cuerpos desmembrados dejados frente a la iglesia de San Mateo.
“¿Con qué credibilidad puede decir que no tiene un pacto con la delincuencia organizada, si cuando aparecieron las cartulinas dijo que no tenía relación alguna con esto, y ahora la evidencian directamente con un video y fotografías que son contundentes?”, preguntó el dirigente perredista.
De la otra reunión con Los Tlacos, en la que estuvieron también la alcaldesa de Eduardo Neri, Sara Salinas y el alcalde de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Serafín Hernández Landa, Catalán Bastida dijo que los perredistas no están de acuerdo.
“Creo que generar pactos con la delincuencia organizada genera un debilitamiento de las instituciones y por supuesto de los gobiernos”, y de ser cierta la presencia de los otros ediles “también tendrían que estar obligados a declarar”.
Ni la avala Morena ni les informó la alcaldesa de reunión con jefe del crimen: Jacinto González
El dirigente estatal del partido pide esperar las investigaciones y con base en ellas pedirán que se aplique la ley “sea quien sea”. Demandan los presidentes estatales del PRI, Alejandro Bravo, y del PRD, Alberto Catalán, que Norma Otilia Hernández y el síndico de Chilpancingo soliciten licencia en tanto se esclarecen los hechos. Que dé una opinión la gobernadora, pide el perredista
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona, afirmó que no avala la reunión de la alcaldesa capitalina, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, con un presunto jefe criminal, hecho que será informado a la dirigencia y la instancia jurisdiccional de ese partido, pero esperará las investigaciones sobre el hecho.
Por su parte los dirigentes del PRI y del PRD Alejandro Bravo Abarca y Alberto Catalán Bastida, plantearon que la presidenta municipal se separe del cargo en tanto la Fiscalía la investigue.
Este jueves los dirigentes de los tres partidos fueron consultados por teléfono sobre un video y fotografías que se conocieron la mañana del miércoles, en los que se observa a la presidenta municipal Norma Otilia Hernández en un desayuno con el presunto jefe de un grupo delictivo, en un restaurante de la carretera Chilpancingo-Quechultenango.
“Hizo el compromiso de no ceder a esos chantajes”: Jacinto González
Consultado vía telefónica, Jacinto González Varona afirmó que Morena “no avala, ni avalaría ese tipo de reuniones y encuentros con estos criminales, somos los primeros en señalar que no podemos estar consintiendo ese tipo de cosas”.
Aseguró que el partido “nunca tuvo conocimiento” de esa reunión de la alcaldesa con el líder criminal, aunque de acuerdo con lo dicho por Norma Otilia Hernández, este encuentro se realizó al inicio de su gobierno, cuando Jacinto González aún no era presidente de Morena.
“Como morenistas no estamos de acuerdo en ese tema, creo que la compañera presidenta Norma Otilia lo hizo a título personal”, porque cuando Morena otorga candidaturas, investiga a sus abanderados, además de que deben de firmar una carta compromiso “de no ceder ante ningún chantaje de ese tipo, pero ya estando en el ejercicio del poder, pues cada quien toma sus decisiones y en su mayoría no son consultadas con el partido”.
Reconoció a la alcaldesa por su disposición a ser investigada “y acepta la responsabilidad” de la decisión de acudir a la reunión.
Y planteó que una vez que concluya la investigación de la Fiscalía General de la República o la del Estado “que debería estar haciendo ya, cuando exista un resultado de estas investigaciones, nosotros como partido respaldaremos la aplicación de la norma a quien transgreda las leyes”.
Apuntó que “sea quien sea, llámese Norma o cualquier otra alcaldesa o alcalde, pugnaremos porque se aplique la ley, porque aquí no puede haber alcaldes de primera y de segunda a todos hay que aplicarles la ley”.
Sin embargo, González Varona insistió en esperar la investigación y que se conozcan los resultados, porque podría “salir bien librada”, aunque aún no puede deslindar a la presidenta municipal de Morena.
“No podría decir que la compañera ya no está en nuestro partido, está en nuestro partido, y aceptamos que la Fiscalía la investigue y una vez habiendo resultados, el partido tomará su decisión”.
Jacinto González consideró “un tema muy delicado” del cual “los dirigentes de los partidos no pueden hacer escarnio”.
Entiende que “es un tema preelectoral, pero al final creo que debemos de coadyuvar todos para que se aplique la ley”.
El presidente estatal de Morena comentó que hasta el mediodía de ayer no había podido establecer comunicación con la alcaldesa porque el miércoles fue para ella un día muy “apresurado, con una agenda muy apretada” pero por la noche insistiría para conocer “cómo va la situación porque al final es compañera de nuestro movimiento”.
Y adelantó que se informará y hablará con la dirigencia nacional del partido además de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) “para que se tome una decisión, basado en las investigaciones, claro que es un hecho evidente, y que nuestro movimiento no puede tolerar este tipo de acciones”.
La edil mentía sobre sus relaciones: PRI
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Alejandro Bravo Abarca, dijo que con la difusión de las fotografías y el video se confirma que la alcaldesa mentía cuando señaló que “no establecía ningún tipo de acuerdo con algún grupo criminal”, por lo que es necesario que se investigue.
Y recordó que la FGE señaló que “había líneas de investigación hacia la presidencia municipal por lo que sí debe proceder la autoridad correspondiente”.
El dirigente priista consideró que los señalamientos contra la alcaldesa capitalina “obligarían a que se separara del cargo o pidiera licencia hasta que se resuelvan las investigaciones pertinentes para que haya totalmente una claridad en todos estos asuntos”.
Al priista se le preguntó sobre lo que reveló el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, de que Norma Otilia también se reunió con otro grupo criminal, el de Los Tlacos, encuentro en el que estuvieron también la alcaldesa de Eduardo Neri, Sara Salinas y el alcalde de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Serafín Hernández Landa.
Respondió que como dirigente no tiene ninguna información al respecto y sería irresponsable opinar de algo que no conoce, pero las autoridades deben hacer sus investigaciones contra todos los relacionados sin importar de qué partido sean.
El gobierno estatal no debe ser omiso: PRD
El dirigente perredista Alberto Catalán insistió en que la FGE debe informar si hay “una investigación seria” contra la alcaldesa y el síndico y demandó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el secretario de Gobierno Ludwig Reynoso Núñez se pronuncien sobre el caso.
También planteó que el gobierno estatal “presente una estrategia de seguridad seria y contundente que inhiba este tipo de acciones y sobre todo cuál es la postura ante estos temas, pedimos que no sean omisos ante esta situación”.
El dirigente perredista planteó que Norma Otilia Hernández y el síndico Andrei Marmolejo Valle, deben solicitar licencia “en un acto de alta responsabilidad civil, institucional, pero sobre todo de ética personal y política, la exigencia debería de ser que la presidenta municipal y el síndico se separen de sus cargos y tanto las autoridades realicen y concluyan estas investigaciones”.
Insistió que la Fiscalía llame a declarar a la alcaldesa “respecto a esta reunión que acepta, luego se contradice y genera verdades a medias, ha ido dosificando la información y evadiendo algunas preguntas con las que se puede confirmar su vínculo con este tema… no puede agotarse solamente en la crónica de una presidenta que se contradice, que cantinflea, que dice verdades a medias”.
Catalán consideró importante que la alcaldesa responda sobre cuál fue el objetivo de esta reunión, “los dichos de la alcaldesa no son confiables y las autoridades estatales y federales tienen la obligación de citarla a declarar en torno a estos hechos de violencia”, como los cuerpos desmembrados dejados frente a la iglesia de San Mateo.
“¿Con qué credibilidad puede decir que no tiene un pacto con la delincuencia organizada, si cuando aparecieron las cartulinas dijo que no tenía relación alguna con esto, y ahora la evidencian directamente con un video y fotografías que son contundentes?”, preguntó el dirigente perredista.
De la otra reunión con Los Tlacos, en la que estuvieron también la alcaldesa de Eduardo Neri, Sara Salinas y el alcalde de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Serafín Hernández Landa, Catalán Bastida dijo que los perredistas no están de acuerdo.
“Creo que generar pactos con la delincuencia organizada genera un debilitamiento de las instituciones y por supuesto de los gobiernos”, y de ser cierta la presencia de los otros ediles “también tendrían que estar obligados a declarar”.
El ex senador David Jiménez Rumbo, el presidente en Zihuatanejo de la Asociación Movimiento Nacional por un mejor País, Luis Miguel Farías Núñez; el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez; y el ex diputado local, Armando Muñoz Leal, en la conferencia de prensa Foto: Brenda Escobar
Pide Rogelio Ortega dar oportunidad a edil de explicar reunión con líder delincuencial
A Norma Otilia Hernández “hay que darle el beneficio de la duda y apoyar, apoyar hasta donde nos explique la intencionalidad” del encuentro, sobre temas, compromisos y acuerdos, opina el ex gobernador del estado
Brenda Escobar
Zihuatanejo
El ex gobernador Rogelio Ortega Martínez consideró que a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, se le debe de dar el beneficio de la duda.
Sostuvo que las autoridades deben investigar el porqué aparece en un video saludando al presunto líder del grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega, más no acusar, “porque nadie es delincuente hasta que se le demuestra”.
Este jueves Ortega Martínez estuvo en Zihuatanejo acompañado del ex senador David Jiménez Rumbo, para presentar a quien a partir de este viernes será el representante en este municipio de la asociación civil Movimiento Nacional por un mejor País, el arquitecto oriundo de este puerto, Luis Miguel Farías Núñez.
Consultado sobre la difusión de un video y fotografías de la alcaldesa morenista de Chilpancingo donde aparece platicando con un presunto jefe delincuencial, el ex gobernador opinó que “siempre cuando circula en redes sociales o incluso en los medios formales como El Sur y cualquier otro de trayectoria y reconocimiento público, hay una parte que debemos de procesarla a profundidad, la intencionalidad”.
“Si nosotros nos enteramos que un presidente municipal, presidenta municipal, gobernadora, gobernador o el presidente de la República está saludando y en una conversación con una persona señalada como jefe de una banda delincuencial, de la delincuencia organizada, pues es de preocupación salvo que sea la búsqueda de una ruta de construcción de acuerdos de paz”.
Ortega Martínez sostuvo que “es un tema muy delicado, a mí me tocó gobernar Guerrero en condiciones de crisis, cuando se trataba de conversar con los actores sociales y políticos, en las condiciones que ellos dijeran, de manera pública y frente a los medios o en secrecía, en las oficinas públicas o donde ellos me convocaran”.
“Pero tratándose de actores que están identificados con la delincuencia organizada, ahí es yo ponía barreras, no me negaba, pero personalmente yo no podía atender ese tipo de reuniones. ¿Quiénes sí?: interlocutores confiables, los líderes religiosos, el monseñor Salvador Rangel, de manera reiterada, casi a diario, a gritos dice ‘yo puedo ser intermediario’”.
Dijo que el encuentro que tuvo la alcaldesa “es muy delicado, ya está trascendiendo en los medios, esto ha corrido como reguero de pólvora. La pregunta es: ¿Y para qué se reunió?, ¿fue casual?, ¿de qué temas hablaron?, ¿qué compromisos? Es delicado, por eso creo que esos temas debieran de, hay que escuchar la alcaldesa, que nos explique, que nos diga, hay que darle el beneficio de la duda y apoyar, apoyar hasta donde nos explique la intencionalidad”.
A pregunta, el ex gobernador consideró que “la autoridad que se encarga del tema de la justicia, de la procuración, la administración y la ejecución de la justicia siempre debe de investigar, no por eso acusar, nadie es delincuente hasta que se le demuestra. Entonces, la presunción de inocencia, creo que con esos factores deberíamos de esperar a que las aguas se aclaren, ahorita la noticia las enturbia, hay que escuchar a la alcaldesa”.
“Hay que esperar qué tiene de investigación al respecto la autoridad, porque de pronto los servicios de inteligencia tienen documentados información que es reservada, pero que cuando se van juntando cabos y se convierten en aspectos que trascienden públicamente, si se ata con otros que tengan en investigaciones previas, ahí puede arrojar más luz sobre el asunto y donde se debe de proceder siempre conforme a derecho y a la legalidad”.
Aseveró que “son cosas delicadas las que estamos viviendo en Guerrero y es de preocupación pero yo quiero ser solidario con la alcaldesa de Chilpancingo y ojalá que esta turbulencia se disipe y no vaya a generar una crisis política de gobernabilidad en Chilpancingo”.
Luego, observó: “todo tipo de escándalos, más en redes sociales son factores que pueden ser utilizados por la oposición, indiscutiblemente, sobre todo si no se disipan y sobre todo si no le queda claro a la ciudadanía de qué se trata, pero para el caso de Guerrero el tema es muy delicado porque hay un secreto a voces del tema de la penetración de la delincuencia organizada en el tejido social y desafortunadamente en la clase política”.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, afirmó que la renuncia de cuatro senadores del PRI no afecta a su partido ni el Frente opositor; por su parte, el ex gobernador Héctor Astudillo Flores lamentó esas salidas que “merman” al priismo y adelantó que en Guerrero cuidará la unidad que en lo nacional no se está haciendo.
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI Alejandro Bravo Abarca lamentó las renuncias, y aseguró que en Guerrero no hay deserciones.
Este martes se buscó vía telefónica a los priistas para tener una postura respecto a las renuncias a la militancia por parte de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila, y el anuncio que realizaron de que constituirán Congruencia por México.
Añorve Baños señaló que los cuatro senadores que renunciaron ya no hacían vida política ni parlamentaria activa en ese partido, a pesar de que no se les bloqueó u ocultó información “ni se les faltó al respeto”, y que solo eran nueve los que en los hechos integraban este grupo parlamentario.
Estos nueve senadores, dijo, son los que se han aglutinado en torno a los temas que abandera el PRI y en los debates parlamentarios, y que representan un freno ante las reformas constitucionales como para “el Plan C o lo que no le convenga a México”.
Comentó también que en la conferencia había “algunos personajes” que tenían un año que habían renunciado al PRI, además de “muchos ex colaboradores” de los legisladores.
Destacó que a pesar del anuncio de renuncias que se dieron el lunes “hay 32 mil nuevos afiliados -de las más importantes son las de Guerrero-, contra 100-150 que dicen que renunciaron” porque algunos solo fueron a la conferencia acompañando, pero no dejan el partido.
Añorve dijo que este partido, está vivo y listo para participar en el próximo proceso electoral, “en Guerrero y en todo el país, es un PRI que no ve con buenos ojos a quienes han usufructuado vía el PRI, las mejores posiciones en su vida política”.
A pregunta sobre si no afecta al PRI, la renuncia de cuatro senadores, Manuel Añorve señaló que no, y que en Guerrero “se dio un debate interno, que fue nacional, pero ya ese debate concluyó, porque hay un priismo sólido y somos la segunda fuerza en el estado, estamos unidos, trabajando para lo que viene. Es normal que existan debates internos, pero nunca rompimiento”.
De los recorridos que anunciaron los renunciantes, dijo que no va a mermar al PRI: “el priismo sabe cerrar filas cuando se trata de lealtad y de tomar decisiones”.
Convocar a la unidad en Guerrero: Astudillo
El ex gobernador Héctor Astudillo Flores reprochó que el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas descalifique a quienes decidieron renunciar al PRI, porque la salida de militantes debilita al partido. Adelantó que convocará a la unidad en el estado.
Recordó que ha sido “un crítico de la actual dirigencia nacional y lo sigo siendo, de eso no me retracto”, pero “hay tiempos para todo” y ahora se tiene que “cuidar localmente lo que nacionalmente estamos viendo que no se está cuidando”.
“Lamento mucho la salida de cualquier militante porque todos son valiosos, yo no festejo de ninguna manera el hecho de que alguien se vaya”, subrayó
El ex mandatario se refirió a los pilares que deben tener los partidos políticos que son su militancia, su ideología y “siempre colocarse en favor de la generalidad, en este caso de México” y que el que no lo tenga “es un partido que se va debilitando”.
Señaló que “a mí en lo personal no me gusta que en el PRI sucedan estas cosas, porque la merma de la militancia es la merma del instituto político”.
Astudillo también recordó que “el origen de este problema se da en haberse apropiado de las decisiones, en este caso, del priismo nacional… sigo en la idea de que la actitud, la actuación de quienes están al frente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) muy especialmente del presidente nacional, no son aciertos, porque un partido político lo que debe de hacer es cuidar a su militancia con inclusión”.
Cuestionó también que el presidente nacional Alejandro More-no descalifique a los senadores que decidieron renunciar, pues “creo que tienen sus razones, hay que respetarlas, y analizarlas, ser autocrítico de lo que está pasando en un partido tan importante como lo ha sido el PRI”.
El descalificar o insultar a militantes que renuncian “no me parece lo más sensato, lo más cuerdo de un dirigente nacional, porque un dirigente nacional que causa división, que en los hechos se ha apropiado del control y de todas las estructuras y de los órganos de decisión no precisamente no es un hombre democrático, comprometido con su partido ni con su país”.
A que se mantiene en este partido: “voy a seguir dando la lucha dentro del PRI, aquí perdimos por cuatro puntos, aquí si hay partido en todos los municipios, así lo tengo determinado, voy a seguir convocando a la unidad”.
Y que lo que en Guerrero se debe hacer un esfuerzo “de unidad, de inclusión y de tolerancia” entre los priista, porque “en el momento en que se deje de hacer eso entre nosotros, van a venir problemas que nosotros no queremos que vengan aquí… lo que tengo que hacer, es ocuparme porque en Guerrero pueda aportar voluntad y convocatoria con mis amigos, con los conocidos, para tratar de mantener la fuerza que hemos tenido”.
Lamenta Bravo las renuncias
El presidente estatal del PRI, Alejandro Bravo, señaló que “siempre será lamentable la renuncia de cualquier militante ya sea senador o el más modesto de los militantes”, sin embargo ese partido es “de libres pensadores” y eso genera que haya opiniones encontradas.
De la posibilidad de que en Guerrero haya también renuncias de inconformes, respondió que “puede ser, que con estas renuncias se vayan algunos militantes, hasta ahorita no tenemos el registro de alguno”.
Bravo Abarca insistió en que seguirá trabajando “para fortalecer al PRI, preocupados por lo que vemos que está pasando al frente”.
En el contexto de las renuncias de senadores, Alejandro Bravo dijo que “la principal responsabilidad que tengo es precisamente el de aumentar la unidad”, y en la comunicación que ha tenido con el ex gobernador Héctor Astudillo Flores y diputados locales, no le han manifestado “ninguna intención de querer renunciar”.
El dirigente estatal del PRI Alejandro Bravo Abarca en la inauguración del foro estatal “El México que queremos”, en las instalaciones del CDE en la capital del estado Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Durante el foro El México que Queremos, Diálogo Ciudadano 2024-2030, que organizó el PRI, se plantearon propuestas como el reconocer a los militantes que se han mantenido leales a este partido y que las candidaturas y espacios plurinominales ya no sean repartidos entre algunas familias.
Este foro se realizó en las oficinas estatales del PRI, en seis ejes temáticos. En cada mesa participaron decenas de priistas de todo el estado.
Ahí el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, dijo que está obligado como dirigente a llevar y defender las propuestas de los priistas en Guerrero.
Propuestas como recuperar las escuelas de tiempo completo, aumentar la participación y los espacios para la comunidad LGTBI, el cuidado del medio ambiente y la regularización de la tenencia de la tierra.
En la mesa de seguridad y justicia, Alejandro Bravo dijo que es “un tanto incómodo, pero es una realidad que vivimos, el problema diario que tenemos que enfrentar de la inseguridad”, y que plantearon el regreso de “programas sociales, no electoreros si no los que reconstruyen el tejido social… que den oportunidades a los jóvenes para que no se desvíen a la delincuencia organizada”, pero no dijo a cuáles se refería.
También se planteó, reconocer a quienes han trabajado y se han mantenido “leales” en el PRI, y pidieron que las candidaturas y espacios plurinominales en el Congreso local ya no sean acaparadas por familias que dirigen al partido.
El dirigente priista dijo que el foro fue convocado “no para escuchar sólo lo que nos gustaría oír, no estamos preocupados por lo que escucharemos, al contrario, queremos saber qué piensan del partido, y lo más importante, qué México es el que queremos”.
También se refirió “a la política errante y ocurrente del actual gobierno federal”, lo cual “nos obliga, con responsabilidad, a generar un cambio, pero no para beneficiar a unos cuantos, a grupos o personas, sino que queremos un cambio que nos lleve a corregir y rectificar las políticas de la mal llamada Cuarta Transformación, la cual solo nos ha dejado polarización entre hermanas y hermanos mexicanos”.
En estos foros participaron además de militantes de todo el estado. También estuvieron la secretaria general del CDE, Pilar Vadillo Ruiz, los diputados locales Alicia Zamora Villalva, Ricardo Astudillo Calvo, Julieta Fernández Márquez, Rafael Navarrete Quezada, Gabriela Bernal Reséndiz y Jesús Parra García. Además del ex candidato a gobernador, Mario Moreno Arcos, el ex dirigente estatal Heriberto Huicochea Vázquez, el regidor de Acapulco René Juárez Albarrán, y dirigentes de sectores.
En la bienvenida Vadillo Ruiz, dijo que este era un “evento donde dejaremos claro que la preocupación del priismo siempre se ha enfilado a buscar el México que queremos. Venimos con la obligación y el deseo de darle ruta a esta gran nación, y el partido político al que pertenecemos nunca se ha manejado y nunca ha existo a partir del encono ni de la ocurrencia y muchos menos de la improvisación”.
Los seis ejes temáticos fueron: Igualdad para todos y todas; Recursos Naturales, Medio Ambiente y Cambio Climático; Crecimiento económico, inclusivo, sostenible y digno; Paz, seguridad, justicia e instituciones sólidas; Alianza y sociedad, y Gobierno y Democracia.
Los presidentes estatales del PRI, PRD y PAN se reunieron ayer como un primer acercamiento en torno a la posible alianza que se pueda generar para el proceso electoral 2023-2024. Acordaron revisar en qué municipios sería viable ir juntos a partir de la presencia de cada uno y de quienes busquen competir.
Ayer después de la sesión de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, el presidente de este partido Alberto Catalán Bastida, se reunió con el dirigente priista Alejandro Bravo Abarca, y con el panista Eloy Salmerón Díaz.
En declaraciones telefónicas, Catalán Bastida comentó que la reunión fue para intercambiar opiniones respecto al anuncio que se dio el lunes pasado sobre el método de cómo se definirá la candidatura a la presidencia de la República y la posibilidad de que en Guerrero se replique la alianza.
Comentó que coincidieron que la alianza podría ayudar “a algunos proyectos a fortalecerse y a consolidarse, pero hay otros municipios consideran el caminar solo”, y que esos temas son los que van a discutir.
En esta primera reunión no se tomaron acuerdos más que seguirlos realizando y ampliar las propuestas con “posicionamientos más claros de los intereses políticos que pudiera tener algún partido en particular, de algunas figuras que estén pensando en participar, hacer un análisis más minucioso sobre las ventajas y desventajas de los tipos de coalición o de candidatura o alianza en la que pudiéramos ir”.
Informó también que en la sesión del PRD revisaron detalles de la actividad que realizarán el sábado en Chilpancingo, una asamblea estatal, en la que participarán todas las corrientes, “ya un poco con miras al proceso electoral, vamos a estar presentando una nueva imagen del PRD en la idea de posicionarnos frente a los demás partidos políticos”.
Catalán Bastida explicó que lo que pretenden es dar un mensaje de unidad, “en donde quede claro que en Guerrero hay un PRD fuerte, organizado, pero sobre todo que está caminando en unidad y que está generando acuerdos importantes”, respecto a las propuestas que presentarán en el proceso electoral 2023-2024.
Además se planteará en que el partido generará las mismas condiciones para todos los que decidan participar en este proceso electoral, “abriéndonos a la posibilidad de que se integren figuras de la sociedad civil”. El acto será en el salón Cuicalli.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Eloy Salmerón Díaz, confió en que el proceso interno del Frente Amplio por México tenga el tiempo de construir una candidatura que se pueda enfrentar a Morena en el 2024.
En conferencia de prensa en Acapulco, Salmerón Díaz sostuvo que el proceso interno de PAN, PRI y PRD es constitucional en comparación con el que ha iniciado Morena, que es ilegal, pues no respeta la Constitución ni la ley electoral.
El dirigente del PAN en Guerrero explicó que el proceso del Frente es con la intención de formar un gobierno de coalición, lo que sí está considerado en la Constitución, y con ello buscan “quitar a este gobierno y poder corregir el rumbo de nuestro país”. En cambio el iniciado por Morena “es para elegir un candidato presidencial impuesto por el presidente de la República”.
Agregó que el PAN ha presentado las denuncias de las irregularidades cometidas por “las corcholatas de Morena”, desde la campaña anticipada que empezó hace un año, “y no se sorprendan que haya quien no pueda registrarse, no van a poder comprobar los gastos porque han hecho propaganda de manera ilícita”.
Estimó que Morena presume de “vacas gordas” para el 2024, pero podría ocurrir “un agarrón” entre las corcholatas “y no van a llegar consolidados a la contienda”. En cambio del Frente Amplio podrían tener “vacas gordas” para ganar en los comicios del próximo año.
Detalló que son tres etapas del proceso interno del Frente Amplio , la primera etapa es el registro y la recolección de 150 mil firmas, la segunda etapa son los foros en distintas regiones del país y la tercera etapa será la encuesta y la consulta a los militantes. Esta pendiente el calendario para establecer los plazos.
Destacó que el proceso interno del Frente Amplio por México tiene apertura para que participen ciudadanos y que empezarán las pláticas con las dirigencias de PRI y PRD en Guerrero para saber en qué distritos son competitivos y construir la alianza a nivel local.
“Esta construcción del Frente Amplio por México nos va a dar suficiente tiempo para armar una estrategia y tener un candidato emanado de la sociedad”.
