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Llaman a imponer sanciones efectivas a los que cometen violencia política de género

La consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey, en el conversatorio Violencia política en razón de género desde una perspectiva jurisdiccional, administrativa y sociedad civil en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado Foto: Jessica Torres Barrera

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La consejera nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordán, afirmó ayer, durante el conversatorio organizado por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), en Chilpancingo, que el 70 por ciento de los casos registrados de violencia política en razón de género se dan a nivel municipal.
También aseguró que no se imponen sanciones adecuadas y por tanto no se combate la impunidad, para evitar que personas que violenten políticamente a las mujeres ostenten o aspiren a un cargo de elección popular.
L a presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, pidió al Congreso del Estado que armonice en la entidad la Ley General de Responsabilidad Administrativas, que sigue pendiente.
Ayer se realizó en el auditorio Sentimientos de la Nación del TEE, el conversatorio Violencia Política en Razón de Género desde una Perspectiva Jurisdiccional, Administrativa y Sociedad Civil, en el que participaron la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado, Indalecia Pacheco León, la presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, y la consejera nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordán.

En Iliatenco, debió impedirse
volver a participar al agresor: Carla Humphrey

La magistrada del TEE, Alma Delia Eugenio Alcaráz, fue quien planteó a las ponentes: “¿Qué impacto ha habido a tres años de haberse legislado la violencia política contra las mujeres en razón de género en la prevención, atención o erradicación; qué impactos tendrá la reforma constitucional al artículo 38 de la Constitución, denominada Tres de Tres?”, y “¿qué papel ha jugado la sociedad civil en el avance y legislación y tratamiento de la violencia política en razón de género y cuáles serían los retos de los órganos electorales de cara al próximo proceso electoral?”.
La consejera, Carla Humphrey afirmó que a tres años de la legislación se ha visibilizado la violencia política en razón de género, y ejemplificó que Guerrero tienen la primera elección anulada en el país. Ello, con el caso de Iliatenco y la violencia que se ejerció contra la candidata de Movimiento Ciudadano, Ruperta Nicolás, en 2021.
Sostuvo que aún falta que a las personas que se acredite que cometieron violencia política en razón de género no participen en los procesos extraordinarios de elección, como ocurrió en Iliatenco, donde se repuso la elección y volvió a ganar el candidato que violentó.
Dijo que hay instrumentos jurídicos y herramientas que permiten visibilizar esta violencia con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en la materia, del cual, de 293 que hay en el país, Guerrero tiene dos casos, aunque resaltó que este tipo de violencia se comete más a nivel municipal con un 72.21 por ciento, 16.92 a nivel estatal y 10.88 a nivel nacional.
Sostuvo que en Veracruz es vergonzoso que hay un regidor que ha reincidido 11 veces por cometer violencia política en razón de género, lo que deja claro que las sanciones no son eficientes, porque se aplican multas económicas y amonestaciones públicas, y “no se imponen las sanciones de manera adecuada y, por tanto, estamos combatiendo la violencia política, pero no estamos combatiendo la impunidad, no estamos impidiendo que esas personas que violentan políticamente a las mujeres puedan ostentar o aspirar a un cargo de elección popular”.
Pese a leyes, persiste la violencia: Muriel Salinas

Muriel Salinas Díaz destacó que en Guerrero sigue pendiente que el Congreso del Estado armonice la reforma en materia de violencia política en razón de género, “este Congreso local se ha resistido mucho a avanzar en esa armonización legislativa… sólo ha avanzado en la reforma la Ley de Acceso, pero falta la armonización en todas los demás ordenamientos jurídicos tanto en materia electoral como administrativa, tenemos un déficit”.
Planteó en Guerrero que también hay una ley estatal que establece el principio de paridad de género para la elección de comisarías municipales, pero como son elecciones a cargo de los ayuntamientos, hay un desafío porque aún hay violencia política de género terrible, y planteó el caso de la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, donde nueve mujeres se quejaron porque no les permitieron votar.

Gobiernos deben proteger a las mujeres: Indalecia Pacheco

La magistrada, Indalecia Pacheco, expuso que otra limitante en Guerrero es que hay diputados o dirigentes de partidos, agresores de mujeres o de sus compañeras de partido y de otros partidos, que están impunes, “porque esa cuestión de la materia del desafuero es un procedimiento largo”.
Argumentó que los gobiernos tienen la obligación a través de los tres poderes de establecer todos los mecanismos y todas las formas para proteger a las mujeres, por lo que “ningún diputado ni ningún dirigente de partido debe de quedar impune por las acciones que cometen en contra de las mujeres que participan políticamente”.
Contó que como procuradora de la defensa de la mujer conoció casos de dirigentes de partidos y diputados que incumplían su obligación alimentaria, golpeaban gravemente a sus esposas, a sus hijos, “están ahí en ese padrón y desde luego delitos sexuales”.
Criticó que con qué calidad moral un diputado, magistrado, un juez o cualquier servidor público acuden a tribuna y le habla a la ciudadanía de leyes que ellos están incumpliendo, y lo que se hace es, enviar un mensaje a la sociedad de que el país tolera la violencia en contra de las mujeres.
Muriel Salinas afirmó que se vive un proceso de flexibilización de los criterios de legibilidad desde la ética pública para acceder a un cargo de elección popular o cargo público, pues precisó que, la resolución de la Suprema Corte de Justicia es regresiva y preocupante al decidir que “el modo honesto de vivir no va a ser un requisito para ocupar cargos de elección popular”.
Sin embargo, dijo que con la reforma Tres de Tres se avanza al establecer que no pueden ocupar cargos públicos personas sancionadas por la comisión de delitos de violencia sexual, violencia familiar, violencia contra las mujeres, así como deudores alimentarios.
Argumentó que la sociedad civil es un puente fundamental para favorecer el acceso en las mujeres víctimas de violencia política a la denuncia y a la justicia, y dijo que la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses cada vez tienen una mayor demanda de atención de servicios, asesoría, acompañamiento y litigio, porque este último es muy costoso para las mujeres que no pueden pagar un abogado o abogada en toda una cadena impugnativa.
Manifestó que hace falta recursos para construir una Defensoría Pública que permita que realmente las mujeres puedan tener de manera permanente un acompañamiento a sus procesos de denuncia por violencia política contra las mujeres de cara al proceso electoral.
Afirmó que recientemente relanzaron la Guía de Actuación Ciudadana para Identificar y Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres en Guerrero, buscando traducir con un lenguaje mucho más ciudadano y accesible toda la legislación que permite a las mujeres acceder a la denuncia y acompañarlas en su litigio.

La reforma Tres de Tres, por la movilización de colectivos

Por su parte, Carla Humprhey, sostuvo que sin los colectivos y organizaciones la reforma Tres de Tres no existiría, mencionó que el reto de cara a los próximos comicios es crear la Defensoría Pública para las mujeres, pero también llamó a las gobernadoras a articular una agenda transversal de mujeres, porque criticó que no están preocupadas por garantizar igualdad sustantiva con paridad.
“¿Qué están proponiendo desde esos poderes Ejecutivos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y para garantizar que no sean violentadas. Yo aquí creo que es importante decir, no solamente queremos más mujeres. Sí, es importante, cambia la política. el cómo se toman las decisiones, sin duda, pero también qué hacemos con ese poder y ahí es donde creo que sí tenemos un faltante importante”, dijo.
Comentó que la paridad sustantiva no solo es numérica, sino cualitativa, es decir, qué, dónde y qué están proponiendo y qué pueden hacer las gobernadoras, consideró que es clave “para el avance para tener un país incluyente”.

Gobiernos deben proteger a las mujeres: Indalecia Pacheco

La magistrada, Indalecia Pacheco, expuso que otra limitante en Guerrero es que hay diputados o dirigentes de partidos, agresores de mujeres o de sus compañeras de partido y de otros partidos, que están impunes, “porque esa cuestión de la materia del desafuero es un procedimiento largo”.
Argumentó que los gobiernos tienen la obligación a través de los tres poderes de establecer todos los mecanismos y todas las formas para proteger a las mujeres, por lo que “ningún diputado ni ningún dirigente de partido debe de quedar impune por las acciones que cometen en contra de las mujeres que participan políticamente”.
Contó que como procuradora de la defensa de la mujer conoció casos de dirigentes de partidos y diputados que incumplían su obligación alimentaria, golpeaban gravemente a sus esposas, a sus hijos, “están ahí en ese padrón y desde luego delitos sexuales”.
Criticó que con qué calidad moral un diputado, magistrado, un juez o cualquier servidor público acuden a tribuna y le habla a la ciudadanía de leyes que ellos están incumpliendo, y lo que se hace es, enviar un mensaje a la sociedad de que el país tolera la violencia en contra de las mujeres.
Muriel Salinas afirmó que se vive un proceso de flexibilización de los criterios de legibilidad desde la ética pública para acceder a un cargo de elección popular o cargo público, pues precisó que, la resolución de la Suprema Corte de Justicia es regresiva y preocupante al decidir que “el modo honesto de vivir no va a ser un requisito para ocupar cargos de elección popular”.
Sin embargo, dijo que con la reforma Tres de Tres se avanza al establecer que no pueden ocupar cargos públicos personas sancionadas por la comisión de delitos de violencia sexual, violencia familiar, violencia contra las mujeres, así como deudores alimentarios.
Argumentó que la sociedad civil es un puente fundamental para favorecer el acceso en las mujeres víctimas de violencia política a la denuncia y a la justicia, y dijo que la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses cada vez tienen una mayor demanda de atención de servicios, asesoría, acompañamiento y litigio, porque este último es muy costoso para las mujeres que no pueden pagar un abogado o abogada en toda una cadena impugnativa.
Manifestó que hace falta recursos para construir una Defensoría Pública que permita que realmente las mujeres puedan tener de manera permanente un acompañamiento a sus procesos de denuncia por violencia política contra las mujeres de cara al proceso electoral.
Afirmó que recientemente relanzaron la Guía de Actuación Ciudadana para Identificar y Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres en Guerrero, buscando traducir con un lenguaje mucho más ciudadano y accesible toda la legislación que permite a las mujeres acceder a la denuncia y acompañarlas en su litigio.

La reforma Tres de Tres, por la movilización de colectivos

Por su parte, Carla Humprhey, sostuvo que sin los colectivos y organizaciones la reforma Tres de Tres no existiría, mencionó que el reto de cara a los próximos comicios es crear la Defensoría Pública para las mujeres, pero también llamó a las gobernadoras a articular una agenda transversal de mujeres, porque criticó que no están preocupadas por garantizar igualdad sustantiva con paridad.
“¿Qué están proponiendo desde esos poderes Ejecutivos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y para garantizar que no sean violentadas. Yo aquí creo que es importante decir, no solamente queremos más mujeres. Sí, es importante, cambia la política. el cómo se toman las decisiones, sin duda, pero también qué hacemos con ese poder y ahí es donde creo que sí tenemos un faltante importante”, dijo.
Comentó que la paridad sustantiva no solo es numérica, sino cualitativa, es decir, qué, dónde y qué están proponiendo y qué pueden hacer las gobernadoras, consideró que es clave “para el avance para tener un país incluyente”.

Exponen familiares casos de feminicidio en la presentación de libro de la Agcvim

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Asociación guerrerense contra la violencia hacia las mujeres (Agcvim), reveló que localizaron restos de Karla Mariel, una de las primeras jóvenes reportadas como desaparecida en junio de 2018 en Chilpancingo, a través de la Alerta Alba, y que el presunto feminicida se encuentra en prisión cautelar.
Durante la presentación del libro Sobrevivientes y víctimas de feminicidio en Guerrero, la tarde-noche del martes en el Palacio de la cultura de Chilpancingo,
la académica universitaria Rosa María Gómez Saavedra, llamó a la acción, con esta publicación, comenzando con la exigencia de presentación de la niña María Fernanda, raptada por su papá el mismo día que con su pareja homosexual, asesinaron a Sendy, la mamá de María Fernanda, en Chichihualco, y desde hace tres años se desconoce su paradero. Es otro de los nueve casos documentados en el libro.
La presentadora y docente del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, reconoció el compromiso, la ética y la dedicación en la atención de las víctimas de la directora de la organización civil, Marina Reyna Aguilar, quien ha dado seguimiento a estos nueve casos de manera directa.
Destacó que la Iniciativa de Spotlight de ONU Mujeres para la eliminar todas las formas de violencia de mujeres y niñas, tenga un programa de fortalecimiento a las organizaciones como la Agcvim, que realizó, entre otras acciones dos libros, Nuestra Historia en Movimiento, sobre la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Guerrero, y la memorias del feminicidios y víctimas indirectas de feminicidio.
Denunció que el eje transversal de los feminicidios documentados, es la violencia institucional que viven quienes acuden a las dependencias y no son atendidas, que trae como consecuencia la falta de justicia.
“Cómo van a dejar de sentir ese dolor los familiares si sienten que no son atendidos, por ello tenemos que generar nuevas formas de atención, de vigilar que funcionarios y funcionarias se apliquen en las políticas que les corresponden. Hoy debemos plantear una disculpa pública por los asesinatos que se han dado en el periodo de la alerta de violencia de género (2017)”.
Llamó a convertir este libro en una acción de transformación, para que la alerta de violencia feminicida, genere justicia, con presupuestos para las familias de las víctimas que fueron privadas de la vida.
En la presentación estuvieron tres víctimas indirectas, y una sobrevivientes de los testimonios. Norma Alcaráz Jiménez, dio voz a su hija, Danae, cuyo caso sólo fue registrado como homicidio, y como su mamá no estaba acreditada en el expediente víctima indirecta, hasta la intervención de Reyna Aguilar.
La enfermera Elsa García Jimenez, sobreviviente de feminicidio, huyó con su hijo cuando recuperó la conciencia después de que su agresor la dio por muerta.
Griselda Vazquez Ramirez dijo que su hermana Sendy nunca imaginó que moriría tan joven a manos de su ex esposo, Javier, con quien había vivido casi 20 años juntos y procrearon dos hijas. Se divorciaron cuando supo que era homosexual, y dividieron el terreno donde vivían, y se convirtieron en vecinos.
“Los vecinos dicen que esa noche escucharon ruidos y un golpe muy fuerte, como si alguien se hubiera caído; una vecina se asomó a la casa, pero vio todo oscuro y pensó que no había nadie. Javier y Roberto aprovecharon la oscuridad de la noche para torturarla, después de matarla hasta se dieron tiempo de borrar evidencias porque incluso lavaron el piso”. También se llevaron a María Fernanda.
Finalmente, María Carmen Rodríguez, habló de hermana de Karla Mariel, que describió como una mujer bonita, sociable, buena amiga, hermana y madre. Después del reporte de su desaparición, ya sospechaban del esposo le había hecho daño. “Como es posible que una persona que te dice amar, que eres el amor de su vida, es dificil pensar que te pueda quitar la vida, que así sucedió”.
Aclaró que este año supo que fue detenido en prision cautelar, despues del hallazgo de restos humanos de Karla Mariel, y un abogado les advirtió que puede ser liberados porque cuando pasa dos años, y no está sentenciado aún puede salir en libertad.

 

No se opone el PRI a la Ley de Austeridad, pero se está revisando, dice Héctor Apreza

El diputado local y coordinador parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón en entrevista en el lobby del Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, afirmó que los diputados priistas no se oponen a la aprobación de la Ley de Austeridad enviada por la gobernadora, pero no ha pasado a segunda lectura porque se está revisando que no contravenga disposiciones federales o que haya procedimientos de inconstitucionalidad por no consultar a los pueblos indígenas y afromexicanos, pues se aplicaría también a municipios de estas poblaciones.
En declaraciones en el Congreso local, se le preguntó sobre la resistencia que diputados de todos los grupos parlamentarios tienen a que se apruebe la iniciativa en los términos planteados por la gobernadora, que plantea prohibir la duplicidad de funciones en la administración pública, la obtención de algún privilegio económico adiciona, contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados. Mientras que los gastos en viáticos y viajes oficiales solo se autorizan los “estrictamente indispensables” sin gastos en boletos de primera clase o equivalentes.
La propuesta de la gobernadora se mantiene intacta en el dictamen que plantea que sea aplicable a las secretarías, dependencias, entidades paraestatales, instituciones que integran la administración pública estatal y municipios, así como los poderes Legislativo y Judicial, y órganos constitucionales autónomos, y de acuerdo a las fuentes consultadas de todos los grupos parlamentarios, hay la intención de que sea únicamente para el Poder Ejecutivo.
Al respecto Apreza aseguró que en la bancada del PRI no se oponen a su discusión y votación, y que se retiró a solicitud de los integrantes de la Comisión de Justicia.
De acuerdo a lo dicho por el priista, de octubre (cuando se realizó la primera lectura del dictamen) a abril “ha habido modificaciones legales que impactan directamente en materia de la iniciativa de ley de austeridad”, y que se realizará una revisión, pero a pesar de que se le preguntó no quiso precisar cuáles son esas disposiciones y que será la comisión la que informe.
Sin embargo, dijo que hay diputados que mencionan que para que la ley de austeridad sea aplicable a los ayuntamientos, debería consultarse a los pueblos indígenas y afromexicanos porque también estos municipios serían sujetos de esta normativa.
Y reconoció que lo planteó al diputado Jesús Parra García, quien es el presidente de la Comisión de Justicia: “yo lo único que solicité al diputado Parra fue que chequen esto, porque si es así buscamos la manera de realizarlo”, y justificó que fue para evitar acciones de inconstitucionalidad.
Pero el coordinador parlamentario del PRI afirmó que están a favor de que esta ley sea de observancia general y no solo para el Ejecutivo como “algunos planteaban”.

Urge el dictamen sobre responsables de alteración a Ley 179

También se le preguntó por el año que ha transcurrido desde que se alteró un párrafo transitorio a la Ley 179 del sistema de Seguridad Pública Estatal sin que se conozca quiénes son los responsables ni haya sanciones.
Recordó que fue él quien propuso la creación de la Comisión Especial “para investigar este aberrante hecho parlamentario y todavía no hay un pronunciamiento en la materia”. El priista afirmó que ha planteado que este tema se incluya en la agenda “urgente, debe ser de los primeros temas que ya, en uno u otro sentido se resuelva … y debemos de hacerlo del conocimiento porque esa es una mancha negra, grotesca que lleva esta legislatura”.
Recordó que cuando se intentó realizar la sesión secreta para presentar el dictamen de la Comisión Especial, los once diputados del PRI estuvieron presentes y no hubo quórum por la ausencia de diputados de otros grupos parlamentarios, sin especificar de cuél, pero se sabe que faltaron morenistas y perredistas.

La recomendación sobre matrimonios de personas con VIH

Apreza reconoció que no conoce la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que plantea reformar la Ley de Registro Civil que impide casarse a personas con VIH, de la que no se ha hablado en la Jucopo.
La recomendación 48/2023 fue emitida el pasado 5 de abril, y va dirigida a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Yanelly Hernández Martínez, así como a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, al respecto Apreza reconoció “incluso, lo tengo que decir con mucha franqueza no me han hecho llegar ese documento”, pero dijo que debe atenderse y realizar las reformas necesarias.

Critica a morenista por descalificar denuncia por violencia de género

También criticó que la consejera nacional y representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Esther Araceli Gómez, descalifique la denuncia pública de la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz contra Jacinto González Varona por violencia política de género.
“Que se diga que es una pantomima, ¿qué quiere decir? Que se está defendiendo, que se siga agrediendo a las mujeres, que continúe la impunidad?”, cuestionó.
Del llamado de la morenista a los legisladores a dejar de convertir la tribuna en “un circo mediático de descalificaciones”, Apreza dijo que “el Congreso no es un circo, es un órgano parlamentario que está haciendo su chamba, que sea el pueblo el que evalúe, qué lamentables opiniones, yo veo diputadas y diputados, seres humanos, y un circo está compuesto por toda una serie de personas y animales que participan en el espectáculo”.

 

Espera ex presidenta de la Mesa Directiva nuevo dictamen sobre alteración a Ley 179

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local en el periodo en el que se alteró un artículo transitorio a la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública, la priista Flor Añorve Ocampo, informó que están a la espera de que la Comisión Especial creada para investigar el hecho presente un nuevo dictamen con el que quede claro qué sucedió y quién o quiénes son los responsables, aunque reconoció que no hay fecha para que eso ocurra.
La Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública Estatal fue aprobada por el pleno del Congreso local la noche del 12 de abril, y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado dos días después. Sin embargo, en este último tramo, el documento aprobado sufrió una alteración al artículo segundo transitorio, hecho por el cual el 27 de ese mismo mes se creó la Comisión Especial para que investigara el caso.
Y a pesar de que había inicialmente un plazo de 45 días para presentar el dictamen y que después se le aprobara una prórroga de 14 días, el pleno no ha conocido y menos discutido y votado el dictamen que se tendría que realizar a partir de la investigación de dicha alteración.
En declaraciones después de la sesión de la Comisión Permanente, Flor Añorve comentó que de acuerdo con la información que tiene, en el Congreso se continúan con las investigaciones sobre la alteración del artículo transitorio de “alguna información que llegó, la están recapitulando, creo que eso es importante, que no quede ningún hilo suelto, que las cosas que tengan que estar en análisis, lo hagan”.
Respecto a la información que en su momento la Comisión Especial le pidió, dijo que ella entregó todo lo que le correspondía y que los nuevos elementos servirán para que lo aportado por ella “tenga mejor sustento”.
Se le preguntó si en el nuevo habría nombres de los responsables de dicha alteración, ya que en el dictamen que se iba a presentar en la sesión secreta y del cual tiene copia El Sur no se menciona a ningún responsable directo y mucho menos sanciones.
En un primer momento dijo que, si no se logra tener nombres de los responsables, que por lo menos se realice “un análisis serio que se tiene que presentar, porque ocurrieron hechos, no puede ser que solamente se diga que no hay ninguna situación ahí, entonces ¿Cómo llegó esa modificación, quién la mandó, cómo pasó, cómo se publicó? Yo creo que se tienen que buscar a los responsables”.
Reiteró que ella no envió ningún texto modificado y que lo que envió fue lo aprobado por el pleno del Congreso local, y debe quedar claro desde el Poder Ejecutivo “quién la recibió y quién autorizó que se publicara, también del otro lado hay responsabilidad”.
Un reportero preguntó a la diputada si sabe quién o quiénes buscan encubrir al o los responsables de la alteración. Respondió que ella no tiene conocimiento sobre eso, pero que manifestó a su grupo parlamentario que “si había un dictamen que dijera que ‘aquí no pasó nada’, yo no lo iba a aprobar. Sería en contra de lo que en su momento yo declaré y que fueron cosas veraces”.
Flor Añorve reiteró que no se puede aprobar un dictamen en el que no se mencione a los responsables o que “se diga que aquí no pasó nada, porque sí pasó y está publicado”, además de que confirmó que como grupo parlamentario del PRI si iban a participar en la sesión secreta para conocer el dictamen de la comisión, así como el del PRD.
A pregunta, Añorve Ocampo dijo que es de las diputadas más interesadas en que se conozca quiénes fueron los responsables de esta alteración porque cuando esto ocurrió ella era presidenta de la Mesa Directiva y en consecuencia la responsable legal del Poder Legislativo.
“Con las pruebas que yo tenía en mi poder, se deslindó la responsabilidad porque yo solamente hice entrega de lo aprobado en el pleno, sí soy una de las interesadas en que se clarifiquen las cosas”.
Se le preguntó si se está planteando algún plazo a la Comisión Especial para que presente el dictamen o se enviaría alguna excitativa, pero señaló que es algo que no se ha discutido porque el Poder Legislativo está en periodo de receso.

 

Regresaron a laborar los responsables del fraude en la caja de ahorro, denuncian trabajadores

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG) denunciaron que los ex responsables de la caja de ahorro, Felipe Alonso Alonso y Eric Manrique Catalán, se presentaron en sus centros de trabajo de manera normal a 11 meses del millonario fraude.
Alonso Alonso y Manrique Catalán fueron el tesorero y el contador de la caja de ahorro de 2012 a 2016. Ambos fueron expulsados del STTAISUAG junto con el presidente Guadalupe Gutiérrez Campos, en diciembre del año pasado, luego de que se diera a conocer el fraude. Además, el Comité Ejecutivo inició un proceso jurídico en su contra sin avances a la fecha.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) el trabajador y defraudado, Pedro Salazar Trinidad, y los integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Guadalupe Hernández de la Cruz, Román Ibarra Flores y Silvia Alemán Mundo, se pronunciaron en contra del fraude y llamaron a la unidad de los dos sindicatos universitarios.
Salazar Trinidad dijo que el 15 de noviembre pasado Alonso Alonso se presentó en la escuela de Enfermería de Taxco, su centro de adscripción, a laborar de manera normal; mientras que Manrique Catalán hizo lo mismo en la Preparatoria 12 de Tierra Colorada. En los dos casos, los trabajadores les impidieron la entrada a las instalaciones y se quejaron de que regresaron “como si nada hubiera pasado”.
Señaló que el fraude a la caja de ahorro asciende a 10 millones de pesos, pero el caso no se esclareció, los ex responsables no han informado qué pasó con los recursos de los universitarios y sólo se pagó lo correspondiente “a unos cuantos” afectados.
Aseguró que el hecho de que los ex responsables se hayan presentado en su centro de trabajo de manera regular es una prueba de que no se actuó en su contra y de la “complicidad” del Comité Ejecutivo del STTAISUAG, incluso del propio rector Javier Saldaña Almazán, quien debió rescindirles el contrato de manera inmediata.
Alemán Mundo se solidarizó con los defraudados, llamó a los integrantes del STAUAG a unirse a este acto. Expresó que lo que pasó “no tiene nombre” y reprochó que la UAG participe en congresos en materia de transparencia, cuando no se ha resuelto el pago de la caja de ahorro, pues “es cínico”.
Llaman opositores a la abstención del voto en el STAUAG

Por otra parte, Hernández de la Cruz e Ibarra Flores, quienes también se solidarizaron con los defraudados, llamaron a los académicos a abstenerse de votar por la planilla Unidad Sindical, que encabeza el candidato a secretario general del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, ya que sus integrantes no han luchado para defender sus derechos laborales.
Hernández de la Cruz puntualizó que en la administración pasada Martínez Llanes permitió la contratación de personal de manera unilateral, dejando de lado a los sindicalistas con derecho a ampliar su jornada laboral, como lo indica el contrato colectivo de trabajo.
Ibarra Flores aseguró que los integrantes de la planilla Unidad Sindical fueron propuestos por el Grupo Universidad por Guerrero, organización que dirige Saldaña Almazán, por lo que no es congruente que haya representantes del STAUAG que respondan “al patrón”.
Los académicos pidieron a los universitarios que el próximo 6 de diciembre, fecha de las votaciones, acudan a las urnas y voten por la abstención, para evitar que se repitan las injusticias y la corrupción en el STAUAG.