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Irrumpen 30 sicarios en San Jerónimo el Grande, Ajuchitlán; levantan a 10, entre ellos a un menor

La noche de este jueves cerca de 30 hombres armados ingresaron a la comunidad de San Jerónimo el Grande en el municipio de Ajuchitlán del Progreso y levantaron a unas 10 personas, a las cuales se llevaron usando una combi del transporte público que después apareció quemada.
Reportes policiacos informaron que alrededor de las 9 de la noche ingresaron cuatro camionetas y comenzaron a levantar a varios vecinos. Testigos de la localidad dijeron que en algunos casos fue de forma “indiscriminada”.
“Se llevaron a gente que iba caminando en la calle y se les atravesó. Se llevaron hasta a un muchachito como de 12 años”, dijeron vecinos del pueblo. Luego expresaron que algunos estaban saliendo de una fiesta.
Luego de 12 horas del reporte no había llegado ninguna corporación policiaca. Al mediodía en San Jerónimo las calles estaban solas y la gente tenía miedo, cerca de la 1 de la tarde llegaron soldados del Ejército.
El primer informe de los soldados fue que “el reporte era falso”, debido a que la gente incluso negó que hubo alguna fiesta. Dijeron que no sabían nada y negaron cualquier información.
Más tarde la Policía Estatal acudió a la comunidad y ahí y se supo que no estaba plenamente confirmada la cantidad de personas levantadas, pero que eran entre 12 y 14 las que se llevaron considerando la capacidad de la combi.
Las víctimas fueron identificadas como Tirso,  Martín, Antonino, Benito, Benjamín, Raúl, José, Alejandro, Joel, y Bernardo. Los familiares reportaron que ya tienen contacto con los secuestradores para una negociación por su rescate.

Algunas familias de las víctimas recibieron llamadas para pedirles dinero, informa el delegado Roberto Álvarez

El delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Álvarez Heredia informó que la Policía Estatal inició una operación para la búsqueda de las 12 a 14 personas que fueron levantadas por el grupo criminal Los Tequileros en el poblado de San Jerónimo, municipio de Ajuchitlán del Progreso.
Consultado vía telefónica, el funcionario recién nombrado coordinador de delegados federales en el estado explicó que no se tiene el dato preciso de los levantados ni del grupo delictivo que es responsable de los hechos.
Dijo que algunas familias de las víctimas recibieron llamadas de los captores para pedirles dinero a cambio de la libertad de sus familiares.
Detalló que los habitantes de San Jerónimo reconocieron al grupo criminal como integrantes de Los Tequileros, que opera en la región Tierra Caliente.
San Jerónimo el Grande está en las inmediaciones del río Balsas y muy cerca del poblado de San Cristóbal que está a la misma altura que la cabecera municipal, pero del otro lado del río. Precisamente por su ubicación la forma de ingresar en vehículo es entrando por Tlapehuala, o cruzando brechas que pasan cerca de la ribera.
El caso ocurrió horas después de que se diera una balacera en San Miguel Totolapan, donde hirieron a una persona afuera de una cantina en pleno centro de la cabecera municipal.

Eran de Atoyac tres de los cinco ejecutados en la sierra; sería un ajuste de cuentas, dice el vocero

 

 

Ayer los cuerpos de los cinco jóvenes ejecutados en la sierra de Pie de la Cuesta del municipio de Atoyac fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Acapulco para hacer la necropsia. Familiares identificaron a tres de los ejecutados como vecinos de la cabecera municipal.
La mañana de ayer fuentes oficiales de la Fiscalía regional de Acapulco informaron que se esperaba que los familiares de las víctimas acudan a identificarlas, lo que ocurrió más tarde.
Informaron que uno de ellos era Daniel Gatica Amojono y tenía 28 años, vestía playera negra y era de la colonia Insurgentes conocida como El Tanque, en la ciudad de Atoyac.
Otro era Lázaro Raymundo Basilio Hernández, originario de la colonia Mangales y fue reconocido por las botas tipo militar que traía.
El tercero es Gerardo Otero Paniagua de 21 años, vecino de la ampliación de la Colonia Manuel Téllez, el joven vestía una playera roja.
Los tres cuerpos llegaron a Atoyac a las 6 de la tarde y serían velados por sus familiares. Los otros dos jóvenes no han sido identificados.
El vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia dijo que una de las líneas de investigación es un “posible” ajuste de cuentas entre grupos criminales que operan en la zona.
“Las primeras investigaciones nos hablan de un posible ajuste de cuentas”, señaló sin querer dar más detalles.
Vía telefónica a las 6 de la tarde de ayer el vocero informó que “hasta el momento nadie los ha reclamado (a los jóvenes), nadie los ha recogido, nadie los ha identificado”.
Agregó que existe la “sospecha” de que se tratan de vecinos de la comunidades que están en la sierra de Atoyac.
Mencionó que las investigaciones también arrojan una posible relación con un secuestro que terminó en un enfrentamiento en la comunidad El Paraíso, en la sierra de Atoyac.
“Se está tratando de identificar si tiene relación con un secuestro que ocurrió antes, precisamente en el poblado de El Paraíso, en este secuestro hubo un enfrentamiento y se está tratando de ver si hay vinculaciones”, detalló. Dijo que existe la “sospecha” de que los cinco jóvenes eran secuestradores.
“Hubo un enfrentamiento, se está viendo qué tipo de relación hay con el secuestro que hubo unos días antes con el hallazgo de los cinco cuerpos, por lo que se tiene la sospecha de que estas personas estén involucradas en el secuestro, por que pudieron ser levantados y (alguien) los ejecutó como probables responsables del secuestro”, agregó.
“Es probable que las personas halladas sean secuestradores, pero eso será confirmado hasta que las investigaciones concluyan”, detalló.
A pregunta expresa sobre qué grupos de la delincuencia pudieran estar implicados en el asesinato el funcionario estatal respondió, “no lo sé, te digo sinceramente, no lo sé, son grupos que existen que obviamente se dedican a actividades ilícitas poniendo en el centro el tema del amapola y la mariguana, pudiera ser que estuvieran identificados, pero por la necesidad de mantener el sigilo no se puede dar a conocer”.
Dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) está haciendo las investigaciones correspondientes y abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso.
Comentó que también existe la posibilidad de que el homicidio esté relacionado con un cuerpo desmembrado hallado en La Unión que tenía un mensaje relacionado con el secuestro.
Por último dijo que en el paraje donde fueron hallados los jóvenes no hay cámaras de vigilancia, ni testigos que ayuden a la investigación, ya que se trata de un paraje solitario.
El domingo, cinco jóvenes de entre 20 y 30 años fueron ejecutados y dejados entre la comunidad de La Cebada y San Juan de las Flores, a un lado de la carretera serrana de Pie de la Cuesta, en Atoyac.

Harán búsqueda paralela al gobierno de la familia de Zitlala desaparecida


Familiares de los seis desaparecidos el 18 de octubre cerca de la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, informaron que continuarán la búsqueda con sus propios medios, debido a que no les permitieron participar con el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa en la operación policiaca y militar que se integró para las investigaciones.
Este miércoles se cumplieron 15 días de que los seis integrantes de la familia García Feliciano desaparecieron cuando regresaban de la comunidad de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, a su pueblo, Ixcatla, municipio de Zitlala, sin que haya indicios de su paradero.
El lunes la Policía Ministerial del estado comenzó las investigaciones del caso y los agentes han recorrido las comunidades donde pasaron los seis integrantes de esa familia a bordo de una camioneta Pick Up Nissan roja, pero ni el vehículo ha sido localizado.
Los agentes ministeriales que investigan son acompañados por un amplio convoy de militares y policías estatales.
El vocero único en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia informó que 125 elementos de las fuerzas armadas, federales y estatales están en la operación de búsqueda y localización de los seis miembros de esa familia que desapareció desde el 18 de octubre, en esa zona de la Montaña de la entidad.
Dijo que en los últimos tres días un grupo integrado por 80 soldados del Ejército, 20 agentes de la Policía Federal, 15 de la Policía Estatal y 10 de la Policía Ministerial, visitaron las comunidades de Tlalcozotitlán, Tlaltempanapa y Quetzalcoatlán, donde hicieron recorridos y se entrevistaron con vecinos y familiares para tratar de obtener información.
“También revisaron el fondo del río de Tlaltempanapa donde fueron encontradas partes automotrices, al parecer la carrocería de un vehículo”, informó en referencia a otro vehículo que no era en el que se transportaba la familia desaparecida.
Álvarez Heredia informó que la Fiscalía General del Estado mediante el agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Álvarez, inició la carpeta de investigación 12040190200160211016 por la desaparición de Félix “N”, Florencia “N”, Marco Antonio “N”, María “N”, Marino “N” y Santa “N”.
Agregó que la operación continuará hasta lograr la localización de las seis personas desaparecidas.
A esta búsqueda no se integraron los representantes del colectivo Siempre Vivos ni los familiares de los desaparecidos, cuando menos durante el 31 de octubre cuando los cuerpos policiacos entraron a la comunidad de Tlaltempanapa, de donde hay sospechas de que desaparecieron los seis miembros de la familia García Feliciano.
Los habitantes de la localidad pusieron como condición para que entraran las fuerzas del Estado, que no estuviera el representante de Siempre Vivos, José Díaz Navarro, tampoco participaron en el recorrido los familiares de los desaparecidos.
Consultados por teléfono ayer los familiares y el presidente de Siempre Vivos informaron que van a continuar la búsqueda este jueves en los lugares en donde creen que pudieran estar los seis desaparecidos.

Regresa torturado uno de los dos comerciantes levantados el lunes en Chilapa

Mientras tanto Andrés Bautista García, uno de los dos comerciantes que fueron levantados el lunes en Chilapa, apareció la mañana de este miércoles con visibles huellas de tortura, pero sus familiares se negaron a dar detalles del caso por temor a represalias.
Andrés de 42 años y Mauro Villanueva Carvajal de 28 fueron levantados a las 9:20 de la mañana del 31 de octubre cuando llegaban a su negocio que se encuentra a una cuadra del Palacio Municipal.
Hombres armados los sometieron violentamente y se los llevaron por la fuerza en una camioneta verde de doble cabina.
Fuentes de esa cabecera municipal informaron que Bautista García regresó con visibles huellas de tortura, y que quienes lo tenían lo liberaron cerca del crucero de la Universidad Tecnológica de Chilapa, a la salida de esa ciudad, pero sigue desaparecido Mauro Villanueva Carvajal.

Fue una emboscada del FUSDEG a la UPOEG lo que ocurrió en Tlayolapa, sostiene el gobierno

Tras la muerte de siete civiles en un enfrentamiento del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) contra la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Tlaloyapa, Juan R. Escudero, el Grupo Coordinación Guerrero pidió que los grupos de civiles armados no busquen venganza y que favorezcan el diálogo para evitar la violencia.
Sin una acción para dar seguridad, el gobierno del estado relegó su responsabilidad y señaló al gobierno federal como a quien corresponde el desarme de los dos grupos, bajo el argumento de que cuentan con armas de uso exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea.
La tarde de este martes en el edificio Centro del Palacio de Gobierno el Grupo de Coordinación Guerrero dio una conferencia de prensa para dar su versión de lo ocurrido el lunes entre el FUSDEG y la UPOEG.
El vocero Roberto Álvarez Heredia pidió a los civiles armados que no recurran a la venganza y colaboren con las autoridades competentes.
“Hacemos un atento y un enérgico, pero enérgico llamado a que exista un alto total de las hostilidades por el bien no solamente de ellos mismos, sino de los vecinos donde viven, quienes están siendo presas del miedo y de la zozobra y es una situación que no puede ser tolerada”, advirtió.
En la conferencia participó el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez quien detalló que se abrió una carpeta de investigación bajo el número 036 por homicidio y lesiones por arma de fuego a quien resulte responsable.
“No hay inculpados, hasta el momento se está haciendo la investigación y está como quien resulte responsable, el lugar de los hechos fue en Tlayolapa”, municipio de Juan R. Escudero.
Relató que en la madrugada del lunes llegaron a la comunidad integrantes de la UPOEG y en ese punto se encontraban parapetados integrantes del FUSDEG para evitar el ingreso del otro grupo.
“Acto seguido según testimonios recabados por la Fiscalía, los segundos (FUSDEG) abrieron fuego contra el grupo de la UPOEG teniendo como resultado siete personas muertas y dos más heridas como se apuntó”, agregó.
Dijo que la Fiscalía fue informada por el FUSDEG de los hechos, por lo que un grupo multidisciplinario integrado por dos fiscales cinco agentes del Ministerio Público, y cinco peritos en criminalística forense se dirigieron al lugar.
“Los cuerpos ya habían sido retirados por cada uno de los grupos, siendo trasladados Juan Arismendi miembro del FUSDEG a la comunidad de Tlayolapa y los de Hugo Moctezuma, Anastasio Valente, Salustio Mayo, Silvino Carrillo y Valente Sonora, a la cabecera de Teocoanapa, mientras que los lesionados fueron llevados al hospital general del municipio de Ayutla”, mencionó, pero sólo mencionó los nombres de seis de los siete muertos.
Más tarde en un boletín la Fiscalía expuso, “al arribar al lugar, el equipo multidisciplinario se percató que los cuerpos ya habían sido retirados por cada uno de los grupos siendo trasladado Juan “N” (miembro del FUSDEG), a la comunidad de Tlayolapa y los cuerpos de Hugo “N”, Anastasio “N”, Salustrio “N”, Rigoberto “N”, Silvino “N” y Valente “N”, a la cabecera municipal de Tecoanapa para entregarlos con sus familiares, mientras que los lesionados Norvi “N” y Valfre “N” fueron trasladados a Ayutla para atención médica”.
“Respecto a los lesionados Norvi “N” se encuentra estable de salud y continua recibiendo atención médica en el Hospital General de Ayutla, mientras que Valfre “N” por la gravedad de las lesiones se trasladó al Hospital General de Chilpancingo, donde su estado de salud es delicado pero estable”, agrega.
En la conferencia el secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes relató, “a las 11:40 de la mañana a 2 kilómetros del poblado de Tlayolapa fueron localizados dos cuerpos tirados sobre las vías de comunicación al lado de los vehículos, de los cuales más tarde se tendría conocimiento que serían integrantes del grupo de la UPOEG que había sido emboscado alrededor de las 4:30 de la mañana, en donde perdieron la vida al menos seis personas de esa organización y uno más del FUSDEG”.
Dijo que a raíz de los hechos el gobierno del estado determinó integrar una operación en la que participan 208 policías estatales que se distribuyeron en 25 patrullas, dos autobuses antimotines y uno de línea, para cubrir el territorio de El Ocotito y Tierra Colorada, para evitar que se registre otro enfrentamiento.
“En el transcurso de la noche a pesar de la tensa calma los informes policiales no reportaron novedad, sin incidentes aunque en la zona prevalece una situación tensa, pero continúan los patrullajes”, agregó.
Afirmó que a las 8 de la mañana supieron de la presencia de 200 integrante de la UPOEG distribuidos en las comunidades del valle de El Ocotito: Buena Vista de la Salud y San Juan del Reparo, mientras que del FUSDEG 350 hombres estaban en Mohoneras, Tierra Colorada y Las Palmas.
“Se detectó que los hombres armados portaban armas inclusive del Ejército, Fuerza Área y Armada Nacional”, puntualizó.
A pesar de indicar este hecho de la portación ilegal de armamento no se informó cómo se procedería al respecto.
En una segunda intervención el secretario de Seguridad dijo que para garantizar la seguridad se debe estar “consciente” de un problema que existe en Guerrero “la existencia de grupos civiles armados al margen de la ley”.
“El gobierno del estado ha sido muy tolerante, y ha trabajado mucho en la operación política para que en coordinación con la policía se proceda a su desarme o por lo menos en una convivencia pacífica respetando el derecho de algunos pueblos de sus usos y costumbres, aunque ha habido una extralimitación”, agregó.
Dijo que la Policía del Estado está en la zona actuando con la responsabilidad y prudencia para destensar la situación, aunque no están acabados los trabajos políticos.
“Nosotros estaremos pendientes si es necesario reforzar con mas efectivos, hasta que la razón sea rebasada y tengamos que actuar de otra forma, pero serán otras instancias las que determinen la solución”, agregó.

 

Van dos muertos de la UPOEG y 26 del FUSDEG tras casi 19 meses de enfrentamientos

El 23 de enero de 2014, la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) entró al valle de El Ocotito con la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia del Estado de Guerrero y, en menos de año una escisión conformó el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que aglutinó comunidades que pertenecían al movimiento que encabeza el dirigente indígena Bruno Plácido Valerio.
Pese a la tensión de la división, agravada por la confrontación política del año electoral (2015) y a las acusaciones mutuas de dar apoyo a grupos delictivos, la UPOEG mantuvo su presencia en algunas localidades del valle, de donde extendió su influencia a la Sierra.
El primer hecho violento conocido entre las organizaciones extendidas en comunidades rurales de Chilpancingo y Acapulco, ocurrió el 30 de marzo de 2015, en el crucero de San Juan el Reparo, de la carretera nacional Tierra Colorada-Cruz Grande, en el municipio de Juan R. Escudero.
Esa noche se reportaron siete muertos del FUSDEG y dos de la UPOEG, además de dos heridos graves, uno de cada grupo. Los primeros denunciaron que fueron emboscados, lo segundos que repelieron una agresión. Un policía herido del FUSDEG murió a 10 días del ataque, y de cinco integrantes del FUSDEG extraviados en los ataques, dos fueron encontrados degollados el 1 de abril en Chacalapa, San Marcos.
Poco después, el 8 de abril, el policía comunitario del FUSDEG, Raúl Jiménez Salgado, sobreviviente de los hechos, fue asesinado en su domicilio, en el poblado de Xaltianguis, municipio de Acapulco.
A poco más de un año, el 18 de abril de 2016, fue asesinado el ex comisario y ex presidente del comisariado de los Bienes Comunales de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, Edilberto Santiago Díaz, era hermano del primer coordinador del FUSDEG en Tierra Colorada, Romualdo Santiago Díaz. Los hijos de la víctima responsabilizaron a policías de la UPOEG.
Asimismo, denunciaron el asesinato de la coordinadora del FUSDEG, Nelva Edilia Sánchez López, el 26 de julio de 2015, cuando cruzaba la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en San Marcos, crimen perpetrado por policías ciudadanos de la organización opositora.
En este escenario enrarecido, también se enfrentaron dos grupos de policías comunitarios del propio FUSDEG en Xolapa, municipio de Acapulco. El 7 de junio de 2015, fueron muertas 16 personas a balazos: 13 de la fracción de Acapulco, encabezados por Policarpo Ramírez quien murió en la balacera y tres del FUSDEG del Valle de El Ocotito, regente en el movimiento de seguridad comunitaria del FUSDEG.
En estos hechos tiene antecedente el conflicto del cambio de comisarios municipales en Chilpancingo, donde dos grupos del mismo FUSDEG en Petaquillas se disputaron el control del sistema de seguridad comunitaria.

 

 

Los que no aprobaron los exámenes de confianza están en la Policía Blanca, informa Leyva Mena

 

El alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, reveló que “algunos” agentes que integran la Policía Blanca  son los que no aprobaron los exámenes de control de confianza, o no pasaron las evaluaciones de la Universidad Policial del Estado de Guerrero (Unipol).
Dijo que están capacitados y  que volverán a hacer las pruebas, consultado ayer en una visita a una construcción que forma parte de un programa a cargo del Instituto de la Vivienda de Chilpancingo.
Aseguró que desde que entró en función la también llamada Guardia Blanca no se han tenido registros de asaltos en esa zona, donde se habían denunciado los constantes robos a casas y a los transeúntes.
Dijo que están capacitados en materia de derechos humanos y en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, porque si llegan a detener a una persona están obligados a leerles sus derechos, y abundó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal capacitó a los agentes.
El alcalde añadió que cada agente se va a someter a certificación.
Leyva Mena reveló que “algunos” elementos de la Policía Blanca son policías preventivos que no pasaron los exámenes y también aspirantes a policías municipales que no pasaron las evaluaciones de la Unipol.
“Pero  precisamente lo que nosotros estamos tratando de hacer es que vuelvan a hacer los exámenes, nada se los impide de que los vuelvan a hacer, y si no pasan esos exámenes no van a ser guardias blancas, insisto, el asunto no es asunto de traer armas, ni tampoco los niveles de certificación de un policía pero tendrán que pasar esas pruebas de confianza en los próximos meses sino los quitamos de ese lugar”, aclaró el presidente municipal.
Abundó que los policías que no pasaron los exámenes de control y confianza no han sido liquidados y fueron contratados por la administración anterior y laboraban en la  secretaría de Protección Civil (PC) del municipio.
“Y nosotros los jalamos para utilizar y por la urgencia de simplemente tener una policía de proximidad, pero de ninguna manera nosotros vamos a permitir que continúen en un cargo o en una función (si no aprueban las evaluaciones)”, indicó.
Se le preguntó por qué si anunció que portaría radios esa policía sólo cuenta con toletes, dijo que se le proporcionará gas pimienta, pero no dijo cuándo.
Este lunes el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia reveló que hay dos factores que fallan para hacerle frente a la violencia, que los ayuntamientos no han hecho lo que les compete de acuerdo a sus facultades y que la población no denuncia.
Al respecto Marco Antonio Leyva pidió que el vocero informe cuáles son los municipios  a los que se refiere, y saber qué es lo que les hace falta.
Dijo que en Chilpancingo se está haciendo trabajo de prevención del delito, que el trabajo no sólo es de policias, que están conformando el Consejo de Seguridad Pública, trabajando con guardias blancas, con el esquema de alarmas y el programa Vecino Vigilante.
“Yo lo que creo es que si el señor vocero (Álvarez Heredia) se refería en el caso si los municipios tendríamos que  combatir a las organizaciones criminales con delitos de carácter federal como es el narcotráfico, tendríamos que delimitar el nivel de responsabilidades porque el Ayuntamiento no tiene esa responsabilidad”, expresó Leyva Mena.
Este lunes en conferencia de prensa, integrantes de la organización de Antorcha Campesina denunciaron que el alcalde era “insensible y déspota” y que ha incumplido la entrega de láminas para techos y la construcción de pisos firmes.
Sobre esto el alcalde señaló que tiene la intención de ayudarlos pero bajo lineamientos de transparencia y no manipulando los programas sociales para tener una “clientela política electoral” y que es lo que se necesita discutir con la organización.
El alcalde agregó que corroborarán de manera directa las necesidades de las personas y se entregará a cada una de ellas el apoyo, y que no permitirá que se entregue el apoyo a los dirigentes de Antorcha y que ellos lo repartan.
Sobre la protesta de este lunes de trabajadores de camionetas independientes recolectoras de basura agremiadas en el Frente Amplio de Choferes y Permisionarios del Estado de Guerrero (FACPEG) que denunciaron les estaban impidiendo trabajar amenazándolos y reteniéndoles camionetas el alcalde expresó que “el señor Javier Bello (dirigente del FACPEG) tiene 30 camionetas que no tienen permisos para andar circulando, entonces lo hace de esa manera y los que sí tienen esos permisos levantan la mano (para decir) que no es lo correcto, que no es lo adecuado, entonces lo que estamos haciendo es que el día jueves nos vamos a reunir”.
Adelantó que hablarán sobre la regularización de las camionetas, de los permisos, los tarjetones, capacitaciones, licencias, garantías de responsabilidad, identificar quiénes son los choferes y cuáles son sus rutas.
El subsecretario de Tránsito y Vialidad, Roberto del Moral Benítez en reiteradas ocasiones ha declarado que quienes autorizan los permisos para que las camionetas independientes recolectoras de basura circulen son los líderes transportistas, que son quienes conocen el trabajo y tienen tiempo laborando.
El alcalde desmintió y dijo que no era así que “indudablemente la autoridad municipal tiene que hacerlo”.

Detienen a seis hombres en Zihuatanejo, dos de ellos menores, y liberan a una joven secuestrada

El vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, informó que una joven que estaba secuestrada fue liberada en Zihuatanejo y seis hombres, entre ellos dos menores de edad, fueron detenidos por policías estatales y militares que integran la Base de Operaciones Mixtas (BOM); los detenidos están acusados de secuestro y portación de armas.
Se informó que las corporaciones policiacas recorrieron la colonia Villa Hermosa de San José Ixtapa, y los agentes hicieron una revisión a un Nissan Tsuru rojo y adentro había un hombre con una arma larga  “y al percatarse de la presencia del personal de la BOM, ingresó a un domicilio particular dejando el portón abierto”.
Los policías y militares rodearon la casa y al ingresar encontraron a seis hombres quienes tenían armas de fuego y adentro estaba una joven, “quien manifestó que había sido privada de su libertad”.
Decomisaron un fusil AK-47, dos escopetas, un revólver .38, cuatro cargadores para AK-47, 112 cartuchos para AK-47, 29 cartuchos calibre .12, dos cartuchos .38, y 41 cartuchos calibre .40.

 

Liberan y reaprehenden a El Deivid en Morelos; lo señalan de amenazas a maestros y homicidio

David Canek Palma Analco, El Deivid, presunto líder del cártel de los Beltrán Leyva, fue puesto en libertad por un juez federal, y al momento de su liberación fue aprehendido nuevamente por agentes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en colaboración con la Fiscalía de Morelos.
En un comunicado de prensa, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia informó sobre la liberación de Palma Analco, presunto líder del cártel de los Beltrán Leyva.
Palma Analco El Deivid de 28 años fue detenido el 5 de junio en un hotel del centro de Cuernavaca, Morelos, cuando, al parecer, se encontraba con una agente de la Policía Federal.
El vocero indicó en el comunicado que, tras la liberación fue aprehendido por los agentes ministeriales de Guerrero y Morelos, y puesto a disposición de las autoridades judiciales.
Al presunto líder del cártel de los Beltrán Leyva se le relaciona, como presunto autor intelectual, con “actos vandálicos” contra planteles educativos y amenazas a profesores, además de homicidios como el del ex director del área de Reglamentos y Espectáculos de Acapulco, Carlos Yebale, y con varios secuestros.
El 5 de junio, en conferencia de prensa en el centro de convenciones Expo Mundo Imperial, el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez informó que Palma Analco tiene tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado, “y más de 10 averiguaciones previas, por extorsión, secuestro y homicidio calificado, que no han sido consignadas”. Indicó que el detenido dirige un grupo que “es escisión” de los Beltrán Leyva.

El Ejército tomará el control del Centro de Reacción Inmediata de Zihuatanejo: vocero

 

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia dijo que “en breve” el Ejército tomará el control del Centro de Reacción Inmediata (CERI) que maneja la Dirección de Seguridad Pública de Zihuatanejo.
Afirmó que es uno de los acuerdos que se tomaron en la reunión que los integrantes del GCG, que está integrado por el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Estatal, sostuvieron el miércoles con empresarios turísticos en un hotel de Ixtapa.
Ayer vía telefónica en un programa de radio de Zihuatanejo, Álvarez Heredia habló de los detalles de la reunión con representantes del sector turístico y el GCG encabezado por el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Dijo que la reunión fue privada, “donde se externó la preocupación que tienen los empresarios del ramo turístico y económico del municipio en torno, precisamente a esta actividad delincuencial que ha subido en los últimos días, que se ha reflejado en hechos de violencia”.
Expuso que los asistentes “expresaron con libertad lo que está pasando en el municipio, las preocupaciones que no solamente son preocupaciones de ellos como empresarios”.
Agregó que en la reunión los integrantes del GCG “asumieron el compromiso de fortalecer la seguridad, de blindar prácticamente el municipio de José Azueta, no solamente el área turística, sino también la parte urbana y la parte rural”.
Explicó en qué consistirá el plan de acciones conjuntas para reforzar la seguridad y reducir la violencia en este municipio, que dijo, fue presentado por el comandante de la Novena Región Militar Alejandro Saavedra Hernández, “en donde primero indicó él, se estableció coordinación primero con la Marina y con las policías federal y estatal para poder conjuntamente tener un planteamiento global pero con acciones específicas en el municipio”.
Agregó que la estrategia es “primero la instalación de un cerco periférico que blinde a la ciudad y a la parte turística con la instalación y operación de Bases de Operaciones Mixtas, las BOM, estas están integradas por elementos de distintas corporaciones, (la) segunda acción, fuerzas móviles también integradas por los mismos (agentes) pero de carácter móvil, que van a estar patrullando, recorriendo todos los lugares; tres, el control de cada uno de los accesos que tiene el municipio que viene de Michoacán, de Acapulco y de Ciudad Altamirano”.
Agregó, “ahora en estos momentos ya operan fuerzas de policías tanto Sedena, Marina, Policía Estatal, Policía Federal, tanto en el exterior como en el interior para resguardar en forma integral no solamente el área turística, sino también la parte urbana y el municipio, en este plan de acciones conjuntas no es un asunto en que estén los ciudadanos ausentes, aquí los ciudadanos tenemos que participar a través de la denuncia anónima”.
Adelantó que en Zihuatanejo, “se va a instalar un C4 operado por el Ejército para darle confianza a los ciudadanos para que puedan emitir sus denuncias de carácter anónimo tanto en el 066 como en el 089”.
Dijo que se acordó que van a pedirle al presidente municipal perredista, Gustavo García Bello, “que ha sido muy receptivo y además ha trabajado de manera muy coordinada con el gobernador Héctor Astudillo, para que éste Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, C4 municipal, por decirlo así, pueda ser operado, que tenga el respaldo, el apoyo del Ejército mexicano, pero paralelamente se tiene que desarrollar un proyecto para construir y operar un Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo en el municipio”.
Álvarez Heredia informó que “de manera inmediata” el Ejército respaldará el CERI municipal, “esto va a ser de manera inmediata, lo que tenemos ahorita es un C4 por decirlo así, un C4 municipal, local, pero no es un C4 formalmente, es simplemente un esfuerzo que hace la autoridad municipal, pero es un esfuerzo obviamente limitado, a éste esfuerzo que ya tiene el municipio se van a establecer comunicación inmediata el Ejército precisamente para apoyar en su operación dicho centro, esto como primer paso”.

Piden habitantes de Corral de Piedra la presencia permanente del Ejército; desconfían de policías

 

Fuerzas federales y estatales mantienen una operación de seguridad en el pueblo de Corral de Piedra, municipio de Leonardo Bravo, con cabecera en Chichihualco, luego de que el 15 de mayo un comando armado intentó entrar a esa localidad, donde nació el ya fallecido Jesús Nava Romero, fundador y líder del grupo criminal Los Rojos.
Consultados vía telefónica, habitantes del pueblo demandaron la presencia permanente del Ejército ya que tienen desconfianza a los policías estatales y federales.
El gobierno estatal ha tenido hermetismo sobre los hechos, aunque el gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó el jueves la presencia de hombres armados cerca de la localidad y el envío de fuerzas federales y estatales que hasta ayer se mantenían en el pueblo, confirmaron habitantes de Corral de Piedra.
El 15 de mayo, civiles que se encargan de la seguridad del pueblo impidieron el ingreso de unos hombres armados que presuntamente pretendían tomar esa plaza, considerada el “santuario” de los criminales de Los Rojos.
La tarde del pasado jueves 16 de mayo, después de varias horas de escucharse disparos en los cerros cercanos a Corral de Piedra y de que habitantes solicitaran apoyo a los gobiernos federal y estatal, llegaron elementos del Ejército, policías estatales y ministeriales.
Habitantes de la comunidad confirmaron que los hombres armados fueron frenados por un grupo de civiles que se encarga de la seguridad del pueblo, aunque no especificaron si se trata de un grupo de autodefensa o integrantes de algún otro grupo criminal que controla la plaza.
Los vecinos aseguraron que en el pueblo no hubo muertos ni heridos.
En la página digital de Lo Real de Guerrero, medio que envió a uno de sus colaboradores, se confirmó que el día que llegaron las fuerzas federales y estatales éstas fueron encontradas en las primeras viviendas del poblado por un grupo de pobladores encabezados por el comisario, Mauro Ávila. Los vecinos dialogaron con trabajadores de la Secretaría de Gobernación del estado y representantes de las corporaciones a quienes les dijeron que en el interior del pueblo no se dio ningún enfrentamiento y que los disparos se escucharon cerca de la comunidad.
También se supo que los cuerpos policiacos llegaron hasta unos 200 metros de la entrada del pueblo donde esperaron para entrar, ya que un helicóptero había sido atacado a balazos, “por los radios presuntos sicarios les decían: Vengan por su puta basura, Si son verdes (en referencia a los militares) mis respetos, pero si baja la (Policía) Estatal y la Rural se los va a cargar la verga” se leía en la portal de noticias.
Por teléfono los habitantes informaron que no es la primera vez que hombres armados quieren entrar al pueblo.
El 15 y el 16 de abril pasado, un comando de más de 50 hombres armados intentó entrar a Corral de Piedra, así como a Ojo de Agua, El Plan, Villa Xóchitl, La Cruz y Tecomazúchitl, los tres últimos del municipio de Heliodoro Castillo, con cabecera en Tlacotepec.
En esa ocasión, los habitantes denunciaron que los sicarios eran comandados por Juan Guevara, alias El Jaleaco. Los pobladores acusaron en ese entonces que ese grupo criminal está apoyado por la Policía Estatal y federal.
Consultados ayer, los vecinos argumentaron que por esa razón hay desconfianza a la Policía Estatal y federal.
Después de estos hechos, el gobierno no ha informado los resultados del operativo que aún se mantiene en ese pueblo.
El vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, ha respondido con evasivas a los requerimientos de información, a pesar de que el gobernador Héctor Astudillo reconoció el jueves 16 de junio que un grupo armado mantenía sitiada esa comunidad.
En Corral de Piedra nació y creció el fundador y líder de Los Rojos, Jesús Nava Romero, quien murió en diciembre del 2009 junto a Arturo Beltrán Leyva en un enfrentamiento con agentes de la Marina en Cuernavaca, Morelos.