El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa, ayer Foto: Agencia Reforma
Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo
El secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez consideró que los asesinatos del fiscal regional de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras, y del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Fernando García Fernández, son muestra de que el combate a la delincuencia se da en contra de todos los grupos delictivos.
Se le preguntó si habrá seguridad especial para funcionarios y respondió, “no, no todo sigue igual en ese sentido”.
Dio a entender que colabora con el gobierno federal para esclarecer el caso del funcionario, que ya atrajo la FGR, “estamos todos sumados en esclarecer este homicidio tan lamentable que se dio en contra del doctor García Fernández”.
Respecto a qué grupo de la delincuencia sería el responsable, luego de que la FGR señaló que una línea de investigación son las labores de Fernando García contra el grupo criminal Los Ardillos, Reynoso Núñez dijo que decirlo sería “muy aventurado”.
Un reportero preguntó si ambos crímenes podrían entenderse como un desafío al gobierno del estado, y respondió que “lo que muestra es que el combate a la delincuencia se está dando en contra de todos los grupos, se dan en diferentes regiones, se dan en zonas en donde hay presencia de diversos grupos delictivos, se muestra que no hay compromiso con nadie, se muestra que se está trabajando para el pueblo de Guerrero”.
“Aunque en ocasiones pareciera que las cosas no marchan bien, estamos en el esfuerzo diario, en el esfuerzo coordinado de dar mejores condiciones de paz para la gente”.
En cuanto a si el crimen fue cometido debido a la detención de dos ex comisarios de Petaquillas, a los que se les vincula con Los Ardillos, dijo que “no podríamos decir, es una línea, es una de varias líneas de investigación, ya lo determinará la Fiscalía de acuerdo a los elementos que se estén allegando”.
Se le preguntó si habrá un reajuste en la estrategia de seguridad y comentó que “todo el tiempo estamos haciendo ajustes, tenemos un núcleo de trabajo pero hay estrategias que se van modificando”.
Del delegado de la FGR se le preguntó por qué no llevaba escoltas y dijo que así lo decidió él, “la Fiscalía General de la República tiene un vehículo blindado, pero era una decisión personal del doctor no usarlo, no es que no lo tuviera, o que no estuviera a su disposición”.
Confirmó que llegó al estado un grupo especial de investigación de la FGR para hacerse cargo del caso, “hubo una reunión con ellos, con la señora gobernadora (Evelyn Salgado Pineda), donde se atendió puntualmente este tema, se les informó, se les proporcionó todo lo que el estado tiene”.
Ante la pregunta, consideró necesario que aumente el número de militares y guardias nacionales “en algunas zonas del estado… necesitamos mayor apoyo”.
En cuanto a la demanda del Instituto Nacional Electoral (INE), para que se garantice la seguridad para que pueda hacer sus labores, dijo que no se ha reunido con los funcionarios electorales, “lo que nos solicitó el delegado fue que en un momento él pudiera acudir a la Mesa de Seguridad y exponer las necesidades, en este momento no es necesario todavía, está en ciernes el proceso electoral”.
Como lo dijo en una consulta anterior, afirmó que se celebrarán las festividades en caso todos los municipios, excepto en Tierra Colorada y Chichihualco.
Se le preguntó si con los ataques a funcionarios no se pone en riesgo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y contestó: “vamos a trabajar, vamos a incrementar el número de elementos y vamos a estar atentos a todos los puntos en donde va a haber concentración de gente”.
Se le comentó que la Coparmex denunció el incremento de extorsiones a negocios en Acapulco y dijo que no conoce esa situación.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que se atienden las zonas en las que se disparó la violencia, como Tierra Colorada, Acapulco y la Sierra.
Consultado en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en el inicio del proceso electoral para renovar el Congreso local y los ayuntamientos, negó que las mineras provoquen violencia regional, de su reunión con Torex Gold afirmó que se le informó que “no tienen amenazas de ninguna naturaleza”, y dijo que la empresa negó que dos trabajadores de la mina se encuentren desaparecidos.
Luego de constantes hechos de violencia extrema en varias partes del estado como los ataques con explosivos en la sierra de San Miguel Totolapan, descuartizados en Acapulco, y los tres maniatados asesinados a balazos y aparecidos ayer en Tierra Colorada, dijo que todos los casos se atienden.
Respecto de la incursión del grupo criminal La Familia Michoacana en la Sierra de San Miguel Totolapan, dijo que “el tema lo estamos atendiendo con puntualidad, en Toro Muerto ya dimos el primer contacto con estas familias, ya dimos la primera ayuda que se entrega en estas instancias y es ahí un proceso de reintegración, como se hace en otras comunidades donde desgraciadamente ha habido desplazamientos pero que hoy están reintegradas”.
Se le preguntó por qué no se envía seguridad y contestó, “hay seguridad, hay seguridad, yo lo he dicho en otras ocasiones, aquí es muy importante la colaboración ciudadana. En Linda Vista, por ejemplo, no dejaban accesar al Ejército, la misma población no permitía que el Ejército ingresara, entonces hay que ser muy cuidadosos con lo que se está señalando de que no hay presencia, de que no hay apoyo, lo hay, está la presencia del Ejército, está la presencia de la Policía del Estado, me parece que hay que ser un poco más cautos de lo que se afirma”.
Se le comentó que son denuncias de ciudadanos y respondió, “bueno, allá está la presencia, hay que ir para confirmar” y se le replicó que reporteros acudieron a la zona y corroboraron la falta de seguridad y evitó contestar, y respondió una pregunta sobre la violencia en Chichihualco.
No tenían permiso para portar armas los policías de Tierra Colorada asesinados
De Chichihualco dijo que ya está una base de operaciones y no hay denuncias de balaceras ni hechos violentos, “en Tierra Colorada tenemos que seguir trabajando, ahí se han presentado más hechos violentos, incluso con los policías municipales”, y expuso que ninguno de los asesinados contaba con la licencia colectiva, es decir, que ninguno tenía permiso para portar armas oficiales.
“Es un trabajo que tenemos que seguir haciendo para que los policías que estén prestando sus servicios estén debidamente reconocidos, capacitados e integrados al sistema de seguridad”, agregó.
Se le preguntó si hay ayuntamientos omisos al respecto y contestó que es un trabajo que se tiene que desarrollar más ampliamente con ellos, “hay que recordar que de los recursos que recibe el estado en materia de seguridad, los municipios ejercen el 90 por ciento. Se requiere un mayor compromiso, una mayor participación de los municipios, los seguiremos invitando en este esfuerzo de coordinación municipal que hacemos con la federación”.
En cuanto a la celebración del Grito de Independencia, se le preguntó del caso del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), que informó que va a suspenderlo debido a la violencia, si el gobierno del estado va a ayudar para que no haya más, y respondió, “nosotros los ayudamos siempre”.
Afirmó que se llevará a cabo en todos los demás municipios, se le interpeló sobre Tierra Colorada, Chilpancingo, Acapulco y dijo que por supuesto que se van a celebrar, “como se hace año con año”.
De la violencia en Acapulco y los siete desaparecidos, de los que trascendió que aparecieron descuartizados, evitó: “ese es tema de la Fiscalía, les corresponde la investigación y dar a conocer (pero) no está confirmado que los descuartizados sean los de Acapulco”.
También se le preguntó de su reunión con la empresa minera Media Luna de Torex Gold, luego de que vecinos de Nuevo Balsas, Cocula, informaron que irán a la embajada de Canadá para pedir que ese gobierno intervenga ante el mexicano para que dé seguridad a los pueblos atacados en la zona, que reportan la desaparición de dos trabajadores de esa empresa y de un albañil, y respondió que no hay tal:
“El director de la empresa nos señaló que no hay ningún trabajador desaparecido de la mina, hubo una persona que renunció a la mina, le expresó que se iba a ir a Estados Unidos, pero un trabajador en activo de la mina como tal no lo hay, no tienen amenazas de ninguna naturaleza, no los han extorsionado y seguimos trabajando con ellos para que puedan seguir fortaleciendo la economía”.
Se le insistió que los vecinos culpan de la violencia a la mina, y respondió, “yo creo que tendría que valorarse, se da empleo a muchas personas de las comunidades donde se encuentran asentadas, no sé a quién le pregunten ustedes, pero creo que no es por ahí”, dijo gracias y fue a despedirse de los asistentes a la actividad.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Nuñez, aseguró que la presencia de la fuerza pública en Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, será permanente, tras el enfrentamiento del lunes pasado.
Consultado sobre la situación en el municipio, después que ciudadanos denunciaron que antenoche, tras la salida de las autoridades, reiniciaron los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se disputan Chichihualco, que el miércoles se volvieron a paralizar todas las actividades económicas, el funcionario aseguró que las autoridades municipales no reportaron hechos de violencia en el poblado, sino en las inmediaciones.
“Lo que percibimos es un enfrentamiento que ha habido entre dos grupos, pero, ya están las fuerzas de seguridad ahí también en este momento, ya está normalizada. Lo de ayer (la noche del martes y madrugada del miércoles) no se dio en la comunidad, se dio en las afueras. Había una gran desinformación ayer, de que había una balacera en el pueblo, pero no hay tal circunstancia, nosotros estuvimos en comunicación con las autoridades municipales y nunca nos reportaron que esto fuera dentro de la ciudad”.
Confió en que, con la presencia de la fuerza pública, las actividades y las clases se van a normalizar paulatinamente.
Sobre el reproche de los ciudadanos de que los dejaron solos, aclaró que el estado hace el esfuerzo por acompañar siempre el tema de la seguridad, pero los municipios tienen sus propias policías.
En este caso, indicó que están “nuevamente” allá, la Guardia Nacional, Sedena para dar seguridad a la población, y después de los recorridos van a hacer una evaluación para determinar qué es lo que se necesita en el municipio”.
Recordó que en el primer momento, hubo aseguramientos importantes de vehículos blindados, armas, municiones, y la liberación de dos personas. El miércoles no hubo muertos ni detenidos.
Confirmó que los enfrentamientos son por una pretensión de varios grupos de entrar al municipio, y que en su momento se darán a conocer.
Asimismo informó que la Secretaría General de Gobierno está trabajando con el sector del transporte público, atacados de manera constante en los últimos dos meses, a los conductores, las unidades y los sitios de base.
“Hemos estado en atención de estos grupos de transportistas, hemos ofrecido alternativas, apoyos y vamos a seguir en esa ruta con ellos”.
En cuanto a la comunidad de El Caracol, que ha denunciado ataques con drones de un grupo delictivo que identifican como la Familia michoacana, y a donde se dirigió el martes una caravana de defensores, aclaró tampoco les permitieron el acceso a los activistas.
“Ayer no les permitieron entregar nada, no hay buena interacción ahí”.
Confirmó que tienen comunicación con las autoridades municipales de El Caracol, y el pueblo no permite el acceso a las fuerzas del orden, “es complicado dar seguridad sin colaboración de la ciudadanía”.
Continúa la búsqueda de responsables del secuestro de la MP
La fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, informó que la titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Jaquelín González Salgado, que fue secuestrada por un grupo armado en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Tierra Caliente, y liberada al tercer día, acaba de dar su entrevista.
Consultada en el estacionamiento de Casa Guerrero, tras el acto protocolario de donación de patrullas del estado a la FGE, precisó que la agente había estado indispuesta, después del rapto el 20 de agosto, y su aparición la noche del 22.
Ratificó que se le están dando todo el apoyo en la investigación, en lo administrativo y laboral, pero continúan las acciones de búsqueda de los responsables.
Sobre la desaparición de los pescadores de Mezcala, denunciada el 15 de julio, señaló que sigue el proceso de investigación y no podía hablar del proceso. Sólo indicó que sigue la búsqueda.
Inicialmente se reportó la desaparición de cuatro pescadores, después de 10 días, se supo que el más joven regresó con vida, golpeado. En la última acción de protesta, vecinos de Mezcala señalaron que dos seguían sin aparecer.
Sobre los errores que también denunciaron familiares en las fichas de búsqueda de seis caporales de Nuevo Balsas, entre 14 los desaparecidos en comunidades de la ribera del río Balsas, señaló que es parte de la carpeta de investigación que no puede revelar.
Sin embargo, afirmó que se atienden “de manera muy profesional, legal, todos datos que nos puedan permitir una línea de investigación para dar con una persona desaparecida”.
Asimismo, dijo que en Chichihualco, donde el lunes hubo enfrentamientos, hay coordinación de los tres órdenes para la procuración de la justicia y la seguridad.
Destacó que el primer día de intervención hubo aseguramiento de armamento, municiones, equipo táctico y el rescate de dos personas privadas de su libertad, “todos estos eventos son parte de la presencia del Estado para mantener la paz la seguridad, para evitar que alguna situación pueda rebasar los límites o alterar de manera preponderante el orden y la paz”.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, aclaró que no es amigo de la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, y como la edil también dijo que entre ambos gobierno se mantiene una “relación institucional”.
La alcaldesa presentó una queja por violencia política en razón de género ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) contra el funcionario estatal, y los dirigentes de su partido, Morena, Jacinto González Varona; del PAN, Eloy Salmerón Díaz, y de MC, Julián López Galeana, porque plantearon en declaraciones a la prensa que renunciara a su cargo tras la difusión de un video donde se le exhibe en una reunión con un jefe de la delincuencia.
Reynoso Núñez aclaró que desconoce el contenido del procedimiento porque no ha sido notificado, y no puede opinar hasta conocer los detalles.
Sin embargo, añadió que el gobierno del estado sigue trabajando con Chilpancingo y los demás ayuntamientos con una agenda que no se verá afectada, “es un tema institucional”.
Sobre su relación con la presidenta con la que comparte partido político, respondió: “No tenemos, nunca la hemos tenido. No somos amigos, si eso es lo que me preguntan. Tenemos una relación y siempre ha sido una relación institucional y así lo vamos a conservar”.
Subrayó que no hay ruptura, sino trabajo. A modo de confirmación señaló que hace un par de semanas revisaron el tema del relleno sanitario, donde el gobierno estatal ya hizo la aportación económica que le toca, “esperamos que se inicien ya los trabajos que son para el beneficio de la ciudadanía de Chilpancingo”.
Sin embargo, precisó que también están trabajando con colonias como la Primero de Mayo, las del norponiente, y en el Nuevo Mirador, sin el ayuntamiento.
“El gobierno del estado ha estado muy ctivo en Chilpancingo, con o sin el ayuntamiento, vamos seguir trabajando y a seguir haciendo cosas en beneficio de la gente”, declaró, como para deslindarse de la alcaldesa, cuya exhibición en un video con un jefe de un grupo de la delincuencia, sigue siendo utilizada en redes sociales para desacreditar el discurso oficial del combate a la violencia.
La alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández es entrevistada por reporteros a su entrada al Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, declaró que espera que “se logre un buen consenso” entre los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para que obtenga la justicia que busca con la denuncia por violencia política en razón de género que presentó ante ese instituto en contra del Secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso, dirigentes de partidos políticos y directivos de medios de comunicación.
En declaraciones ayer después de la inauguración de la Feria de Regreso a Clases 2023 en el Zócalo de Chilpancingo, no quiso abundar más en cuanto a la denuncia que presentó, porque argumentó que va a esperar la deliberación de los consejeros que sesionan este viernes.
El Sur publicó en su edición de ayer que la alcaldesa Hernández Martínez, denunció por violencia política en razón de género al secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso; a los dirigentes estatales del PRD, Alberto Catalán Bastida; del PAN Eloy Salmerón Díaz; de MC, Julián López Galeana, y al de su propio partido, Morena, Jacinto González Varona, por declaraciones emitidas a partir de que fueron exhibidos videos de una reunión que la edil tuvo con un presunto jefe criminal.
De acuerdo al documento, la denuncia también va en contra de los periódicos Diario de Guerrero y Vértice, a los que acusa de haberle endilgado una decena de apodos y calificativos que considera “peyorativos y que buscan ridiculizar, lesionar o dañar su dignidad e integridad”.
Hernández Martínez declaró que va a esperar el viernes cuando sesiona el IEPC para ver cómo se analiza su denuncia.
Argumentó que no puede hacer más comentarios porque prefiere esperar la deliberación de lo que está solicitando.
Insistió que los señalamientos en su contra implican violencia política en razón de género, “pero obviamente serán las autoridades competentes las que valorarán todas las pruebas que he puesto en la mesa para considerar el asunto como violencia de género”.
Añadió que derivado de la resolución que tome el IEPC espera que le den respuesta a las medidas cautelares que pide.
De acuerdo a la denuncia, las medidas cautelares consisten en que los señalados se abstengan de emitir declaraciones, comentarios, manifestaciones o expresiones a ningún medio de comunicación “consideradas como violencia política de género” así como abstenerse de “emitir cualquier expresión que sugiera, inviten, inciten, coaccione, o presione con la finalidad de hacerme renunciar o pedir licencia del cargo… que traten de nulificar la capacidad de la suscrita para gobernar y presidir” el Ayuntamiento capitalino.
Además que se inscriban en el padrón de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres.
La alcaldesa informó que la denuncia la presentó la semana pasada y que espera que “se logre un buen consenso” entre los consejeros para que obtenga justicia.
Reconoció que el dirigente nacional de Morena Mario Delgado no la buscó para hablar con ella ahora que vino a darle su respaldo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien también se ha quejado de ser víctima de violencia política.
“Considero que a lo mejor ya traía una agenda definida, y por la misma situación de nuestras agendas no pudimos coincidir”. Justificó su exclusión del encuentro con la gobernadora y el dirigente de su partido.
Dijo que, sin embargo, sí fue invitada al Encuentro con Mujeres Munícipes el lunes, mismo que fue presidido por la gobernadora Salgado Pineda, quien también se dijo ahí víctima de violencia política de género.
Pero precisó que fue invitada por la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, y que llegó tarde por la conferencia de prensa que ofrece los lunes.
El secretario de Gobierno Ludwig Marcial y el secretario de Seguridad Pública estatal Evelio Méndez, consultados ayer por reporteros en el Recinto del Poder Ejecutivo en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Después de la reunión con comisarios municipales de Chilapa, Quechultenango, José Joaquín de Herrera y Acatepec, el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, declaró que “cada quien asumirá sus responsabilidades” con respecto a los hechos de violencia del lunes.
Al finalizar el diálogo con las autoridades municipales en la explanada del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, se le preguntó si habrá demandas y detenciones contra los causantes de la violencia: “no lo sabemos”, pero admitió que “es claro que los manifestantes infringieron la ley”.
Con respecto a los señalamientos que se hicieron en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana de ayer, respecto a que los dirigentes del movimiento son líderes del grupo Los Ardillos y que cuentan con causas penales, el funcionario contestó que “el Gobierno federal tiene su propia información y nosotros sabemos lo que ustedes saben por los medios de comunicación, no tenemos otra información y vamos a esperar”.
Reynoso Núñez declaró que al Gobierno del estado le preocupan mucho los hechos de violencia que se han dado en los últimos días en la capital, y que la Secretaría de Seguridad Pública en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, han estado dialogando para fortalecer la seguridad en el municipio.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez informó que instalaron filtros carreteros en los accesos a Chilpancingo, como el de Tixtla, Zumpango, Chichíhualco y Petaquillas.
También que realizan recorridos permanentes en los 11 sectores en que está dividida la ciudad.
Aclaró que hasta ayer no se habían cometido agresiones a comercios y sólo se han dado a los transportistas, y “las que hicieron los manifestantes ayer”, informó en referencia a los pobladores de los municipios de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec.
El secretario de Gobierno llamó al comercio local, que desde el sábado por la tarde cerró por temor a la violencia, a mantener la calma: “estamos trabajando para que se reactive la actividad económica, entendemos que hay temor pero estamos actuando”.
Informó que hasta el mediodía de ayer no se habían evaluado los daños que ocasionaron los manifestantes.
Una reportera le preguntó si hay comunicación con la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, y dijo que sí: “ha habido comunicación con ella, ha estado trabajando en su ámbito de competencia y lo demás es un asunto particular de ella”, dijo en referencia a los señalamientos en contra de la alcaldesa por su reunión con el líder del grupo delictivo de Los Ardillos.
El director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, quien fue el primero que quiso entablar contacto con los dirigentes de los pobladores de los municipios de Chilapa, Quechultenango, José Joaquín de Herrera y Acatepec, declaró que no fue posible el diálogo directo con los campesinos por sus “manifestaciones extremadamente violentas”.
En declaraciones después de que fue liberada la Autopista del Sol, advirtió que si hay consecuencias legales “cada quien tendrá que asumir la parte que le corresponde”
Explicó que como parte del Ejecutivo entablaron el diálogo y siguen abiertos, pero que las Fiscalías General del Estado (FGE) y de la República (FGR), tendrán que hacer las diligencias que considere prudentes.
Reconoció que hay voces que están cuestionando al Gobierno de que no actuó de manera oportuna para evitar los hechos de violencia, pero que lo que se trató de evitar es la confrontación y la represión.
El funcionario declaró que hasta antes de la liberación de la carretera, así como de los policías y agentes de la Guardia Nacional que estaban privados de su libertad y la entrega del vehículo blindado de la Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno estatal no había presentado ninguna denuncia y desconocía si había carpetas de investigación en contra de los manifestantes.
El secretario de Seguridad Pública Estatal Evelio Méndez, el General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso y el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez en conferencia de prensa anoche en las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado Foto: El Sur
Luis Daniel Nava
Chilpancingo
El gobierno del estado continuará privilegiando el diálogo, pero no caerá en chantajes ni provocaciones, advirtió el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
“Vemos en el fondo un intento por desestabilizar este gobierno y manchar la administración de Evelyn Salgado”, sostuvo.
Aseguró que en la marcha identificaron a gente armada que disparó contra los vehículos blindados. El secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez adelantó que pondrán a disposición de la Fiscalía estatal los videos del ataque armado para iniciar las investigaciones.
Evelio Méndez Gómez, detalló que son cinco policías estatales, cuatro de la Guardia Nacional, tres funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y un elemento de Gobernación federal los que permanecen retenidos.
Ante esta retención el secretario General de Gobierno advirtió: “Si prolongan la privación de la libertad de las personas o los llevan a otro lugar, tenemos que tomar otra estrategia”.
A las 7:30 de la noche se convocó a una conferencia en Palacio para que el gobierno del estado fijara una postura de otra jornada violenta en la capital.
Estuvieron el secretario de Seguridad, el secretario general de Gobierno y el director de Gobernación, Francisco Rodríguez.
El también capitán de Marina, Evelio Méndez, expuso la serie de hechos de este lunes al sur de la capital con la irrupción de miles de pobladores de Quechultenango, Mochitlán y Petaquillas (Chilpancingo), con palos, machetes, piedras y armas de fuego.
Los 300 agentes de la policía estatal y Guardia Nacional, admitió, fueron rebasados en número por lo que tuvieron que replegarse.
“No quisieron dialogar, llegaron golpeando y tumbando las barreras metálicas contra el personal por lo que empezó el repliegue; estaban superados en número y aparte estaban golpeando con piedras y palos. “Se apoderaron de un vehículo blindado y lesionaron a cuatro agentes de Policía estatal y ocho de la Guardia Nacional. Se privó de su libertad a ese personal”.
De la Autopista, añadió, llegaron al Congreso para entrar al estacionamiento y luego dirigirse al Palacio de gobierno donde aventaron el vehículo blindado contra una de las entradas.
Aseguró que el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, pidió a los manifestantes conformar una comisión para atender sus demandas y pidió liberar al personal retenido.
“En ningún momento establecieron su comisión”, dijo el secretario de Seguridad estatal.
Fue una manifiestación inusual, subraya
El secretario de Gobierno, Ludwin Marcial Reynoso, fijó que la manifestación resulta inusual porque los manifestantes demandaron un número inusitado de obras que no habían dado a conocer previamente ni sus alcaldes.
“Se presentan de manera agresiva, tumultuaria, golpeando y agrediendo a personal de Seguridad Pública que habíamos dispuesto en la carretera federal para evitar que hubiera una confrontación y bloqueo de mayores consecuencias”.
“En ningún momento establecieron ningún tipo de diálogo y fueron directamente al ataque”.
Insistió que no había petición previa de Guillermo Matías Marrón y Gilmar Sereno Chávez, quienes encabezaron a los pobladores.
Dijo que el gobierno tiene prevista una inversión en estos municipios para 2023 de 145 millones de pesos en obra pública.
“Nos resulta muy extraño que los alcaldes de estos municipios, que no hemos podido localizar, no hayan hecho ninguna manifestación al respecto, siendo que son los primeros responsables de atender demandas de comisarios”.
El funcionario dijo que el gobierno del estado seguirá buscando el diálogo pero que no van a caer en chantajes ni en provocaciones.
“Lo que vemos en el fondo es un intento por desestabilizar este gobierno, un intento por manchar la administración de Evelyn Salgado, cuando hemos trabajado e incomodado grupos que antes tenían poder y mayor influencia en estos municipios.
“Hoy tenemos zonas donde el estado no tenía ninguna presencia, Tierra Caliente, la Sierra, hemos liberado carreteras federales y vamos a seguir brindando seguridad.
Pidió a la ciudadanía mantener la calma.
“Estos eventos violentos de hoy no tienen que ser la constante en el estado, estamos trabajando para que no suceda en conjunto con la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, del Ejército.
“Hacemos un llamado a estos manifestantes a que se conduzcan a través del diálogo y de la ley, no pueden seguir estas personas privadas de la libertad, un llamado para que acudan a la mesa de trabajo”.
El secretario de Gobierno regresó al tema de las demandas en la manifestación afuera de Palacio de gobierno.
“Acudí a recibirlos, a pedirles su pliego petitorio, nos enteramos que es una propuesta para 2024, ni siquiera para este año, con mayor razón es una propuesta que no le vemos fundamento.
Si ya hubiesen hecho un planteamiento y no tuvieran una respuesta pues probablemente podrían justificarse.
“Pero venir a agredir, a prácticamente asaltar el Congreso, el Palacio de Gobierno, a lastimar a las policías que están para cuidar a la ciudadanía, pues no es la ruta”.
Dijo que buscarán la mejor forma para que la ciudadanía de los municipios que se manifestaron pueda tener acceso a las obras y servicios que demandan.
Ya se identificó a los líderes
Los reporteros le preguntaron si el gobierno tiene identificados a los líderes o participantes de la protesta.
Respondió que se está en proceso de identificación y que hay otras personas que participaron en una retención a la policía ministerial el año pasado en Quechultenango.
“Están identificados, habremos de actuar en su momento”.
Aseguró que se van a levantar actas por los daños, detenciones, la violencia y las personas privadas de la libertad.
Acerca de la jornada de asesinatos con violencia el sábado en Tixtla y la capital del estado, respondió: “Los hechos que se dieron el sábado se dan en el contexto de esta pugna por parte de los grupos delictivos, uno que ha estado en la ciudad capital con otro Los Ardillos, vemos que sucedió de esta manera”.
Justificó que ese día fortalecieron la presencia de la policía estatal y del Ejército, instalaron puntos de control en entradas y salidas de la ciudad.
“Son hechos lamentables que generan miedo, zozobra en la población, pero estamos decididos a actuar, tenemos identificaciones de personas que actuaron en estos hechos y estamos dando seguimiento.
El funcionario evadió la pregunta de si estos hechos tienen que ver con la reunión de la alcaldesa Otilia Hernández con un líder criminal.
Respecto a la comunicación de la gobernadora con la federación, respondió que ha estado en constante comunicación con la titular de Gobernación, Luisa María Alcaide y la de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.
Y regresó al tema de la delincuencia. “Muchos de estos hechos se dan en un contexto de delincuencia organizada como estado coadyudamos en la lucha del crimen pero es una función de la federación.
“Lo atendemos a través de la Mesa para la construcción de la paz con acciones coordinadas. El estado no va a rehuir a su responsabilidad”.
Expresó que si la petición de los manifestantes es reunirse con la gobernadora debe haber disposición que no han notado.
“Debe haber disposición que no hemos notado, se tiene que revisar que están pidiendo, la viabilidad económica, implica la ejecución de presupuesto”.
“No tiene por qué ser diferente y eso lo deben entender ellos también. Lo que hoy están haciendo no tiene nada que ver”.
Un reportero preguntó casi al final si la manifestación de este lunes tiene que ver con la detención de dos líderes transportistas con cartuchos de armas de alto calibre y droga.
“Identificamos en la marcha a familiares de estas personas y que no había un planteamiento original de obras pero lo que más nos preocupa es la forma en que se dieron estos eventos.
“Identificamos gente armada que disparó en contra de los vehículos blindados. Identificamos irregularidades que no se dan en una movilización social genuina
“No podríamos asegurarlo pero hay indicios de que esta manifestación tiene otro perfil, aún así seguiremos en la ruta del dialogo”.
Hay gobernabilidd
–¿Hay gobernabilidad?
–Por supuesto, los poderes están asentados aquí, seguiremos trabajando para que haya seguridad, para que los ciudadanos puedan realizar sus actividades con normalidad y vamos a reforzar esta tarea con entidades de seguridad.
–¿Fallo el operativo? -, le preguntaron al Secretario de Seguridad.
–En todo momento privilegiamos el mantenimiento al estado de derecho y el respeto a los derechos humanos por eso preferimos que la gente se fuera replegando para evitar una confrontación mayor.
“Por eso al ver que venían con machetes, con palos y que empezaron a hacer disparos hacía las unidades blindadas se tomó la decisión de retroceder y evitar una confrontación.
“Hay indicios de disparos contra los vehículos en su momento se harán las denuncias ante la Fiscalía General de la República, los videos grabados a través del C4 se pondrán a disposición para iniciar la investigación.
Al final Ludwig Marcial Reynoso se refirió a los funcionarios detenidos y al vehículo blindado.
“Se tiene que recuperar, si de verdad son un movimiento pacífico.
“(Pero) si ellos prolongan la privación de la libertad de las personas o los llevan a otro lugar, como nos están reportando en este momento, ya no hablamos de un movimiento social pacífico y entonces tenemos que tomar otra estrategia”.
“Hacemos responsables a estas dos personas (Guillermo Matías y Gilmar Sereno) de la integridad de los compañeros policías que están ahí porque nosotros no hemos detenido a nadie, no hemos entrado a detener a nadie, seguimos creyendo que lo podemos solucionar a través del diálogo.
“Pero también queremos ser muy claros que no vamos a dejar solos a los compañeros que estén privados y que también vamos a dar un plazo para que puedan regresar”.
Manifestantes hacen retroceder a pedradas, palos y machete en mano a la Guardia Nacional, a policías del estado con equipo antimotines y camiones blindados de las dos corporaciones Foto: José Luis de la Cruz
Tras 10 horas de actos violentos en la capital,unos 3 mil manifestantes se llevan a 10 policías
Amenaza con volver hoy el contingente de comunidades de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec. Llegan por la entrada sur, por Petaquillas, repliegan a antimotines de la Policía Estatal y la Guardia Nacional y causan destrozos en vehículos. Se llevan un camión blindado, rompen puertas en el Congreso y el Recinto y cierran la autopista. En la noche informan que su demanda es un eje carretero y que mantienen retenidos a siete policías y tres funcionarios de Gobernación como garantía para conseguir diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
Más de 3 mil pobladores de comunidades de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec entraron ayer a Chilpancingo, en una manifestación no anunciada, sin consignas ni mantas ni carteles donde expresaran sus demandas, y por la fuerza se abrieron paso en un retén en el que estaban unos 400 policías y guardias antimotines, a los que después corretearon hasta la entrada sur de la ciudad capital.
A palazos y pedradas destrozaron vehículos, un módulo de seguridad, y se apoderaron de un camión blindado, capturaron a siete policías antimotines de ambas corporaciones y a tres funcionarios de Gobernación, tomaron el Congreso del Estado y el Recinto del Ejecutivo, después la Autopista del Sol. Tras diez horas de estas acciones, se retiraron, llevándose a los 10 retenidos con la amenaza de que volverían hoy con más gente.
Durante el día no dieron a conocer sus demandas. En medios se difundió que pedían la liberación del líder de transportistas y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Jesús Echeverría Peñafiel, detenido el jueves por transporte de drogas y de cartuchos. Por los municipios de procedencia del contingente, se difundió su presunto vínculo con el grupo delictivo Los Ardillos.
A su llegada a Chilpancingo, por Petaquillas, los más de 3 mil pobladores, en su mayoría en apariencia campesinos, replegaron con palos y piedras a elementos de la Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal que con vallas y camiones blindados intentaron impedir su paso para llegar a protestar a Chilpancingo. Dijeron que venían a exigir “la construcción de caminos”, pero en informes internos de seguridad pública se aseguró que venía a exigir la liberación de Jesús Echeverría Peñafiel, El Topo y Bernardo Chávez, detenidos el jueves por policías estatales y consignados a la Fiscalía General de la República (FGR) por posesión de droga y armas.
A las 8 de la mañana unos 200 policías estatales antimotines al mando del subsecretario de Prevención y Operación Policial de la SSP, Irvin de Jesús Jiménez Sánchez, se apostaron en la carretera Chilpancingo-Acapulco frente al cuartel de la Guardia Nacional, donde colocaron vallas y estacionaron seis vehículos blindados Black Mamba, conocidos como “rinos”, para cerrar la circulación y contener a los manifestantes que provenían del circuito del Río Azul (Colotlipa, Quechultenango, Mochitlán, Tepechicotlán y Petaquillas).
Minutos después 200 elementos de la GN con equipo antimotines salieron de su cuartel y se colocaron en formación de defensa para apoyar a los policías estatales en la contención de los manifestantes.
La GN llevó al menos cuatro camiones blindados para reforzar el operativo e impedir que la protesta llegara a la Autopista del Sol.
A las 10 de la mañana comenzaron a llegar camionetas de redilas al lugar llamado La Avioneta, donde fueron formados y les entregaron palos. Atrás llegaron camionetas Urvan de servicio público de Quechultenango, Tepechicotlán, Mochitlán, Petaquillas, y Colotlipa.
El contingente tomó los cuatro carriles de la carretera que comunica a la capital con Petaquillas. En un principio los medios manejaron que provenían de comunidades del circuito Río Azul, después los manifestantes declararon que venían de los municipios de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec, para exigir la construcción de caminos.
A los veinte minutos el contingente comenzó a marchar con dirección al filtro de seguridad. Adelante iba una camioneta blanca con una bocina donde pedían que “dieran el libre tránsito de manifestación”, que los pobladores “no venían a provocar” y que sólo entregarían en el Recinto del Poder Ejecutivo un pliego petitorio donde exigían caminos y una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
La multitud se paró frente a los antimotines que chocaron sus escudos en el suelo para intentar intimidar. Al lugar se acercó el director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, para intentar dialogar y fue recibido con gritos de exigencia para que abrieran el paso.
Los campesinos amenazantes con palos quitaron las vallas para replegar a los 400 antimotines que fueron superados por el contingente.
El subsecretario Rodríguez Cisneros escapó por piernas ayudado por guarda espaldas. Al mismo tiempo Irvin de Jesús Jiménez ordenaba el repliegue de sus elementos.
La turba enardecida se abrió paso a palazos y pedradas. Los policías corrieron y algunos lanzaron gases lacrimógenos para ayudar a sus compañeros a escapar de la avanzada de gente que venía sobre ellos.
Los pobladores apedrearon carros blindados y se apoderaron de un rino con los policías a bordo
En su camino correteando a los policías y guardias los campesinos destruyeron un módulo de la Policía del Estado y retuvieron al menos a siete agentes de la Guardia Nacional, entre ellos cuatro mujeres.
Los policías, sin protocolo de repliegue corrieron, buscaban refugiarse o subirse a los vehículos que alcanzaban, el mando los dejó y a varios, los manifestantes les quitaron escudos, toletes, cascos y fornituras.
Algunos automovilistas los subieron a sus carros, y así escaparon de la gente que corría tras ellos y aventaba piedras a diestra y siniestra.
En la entrada a la ciudad, frente al hotel Parador del Marqués, donde confluyen la autopista y la carretera federal, los policías intentaron colocarse para detener a los que protestaban. Pero no funcionó, de nuevo a correr y a escapar como se pudiera.
En el cielo tres helicópteros de la GN, la Marina y la Policía Estatal sobrevolaban, para seguir desde el aire a los manifestantes.
A las 11 y media de la mañana más de 3 mil hombres llegaron al Parador del Marqués. La turba ya no tenía contención, caminaron sin problemas por los cuatro carriles y las dos laterales de la Autopista del Sol.
A su paso todos los comercios cerraron y la ciudad se volvió un caos, la gente corría para todos lados, no había transportes y los cláxones de los automovilistas no dejaban de sonar, todos querían salir de la zona de conflicto.
Al medio día el contingente llegó al Congreso del Estado, donde minutos antes los trabajadores y los vigilantes desalojaron al lugar. Ahí lanzaron a la puerta el camión blindado para derribarla, entraron y permanecieron en el lugar una hora.
La gente con palos y piedras correteaba a los reporteros, no dejaba que se acercaran y los intimidaba constantemente con hombres tatuados tomándoles fotos con celulares.
A la una de la tarde los manifestantes abandonaron el Congreso y caminaron al ex Palacio de Gobierno ahora llamado Recinto del Poder Ejecutivo, por delante el “rino” y la camioneta del sonido diciendo que era “una manifestación pacífica” y sólo pedían “diálogo con las autoridades”.
Ahí volvieron a utilizar el carro blindado para derribar una puerta y permanecieron hasta que fueron llamados a un diálogo que según los manifestantes “nunca existió”.
Estuvieron dos horas. A las 4 de la tarde regresaron a la Autopista del Sol, tomaron los cuatro carriles y los dos laterales y en el Parador del Marqués bloquearon la carretera.
En ese lugar, después de horas sin informar el motivo de su protesta, solicitaron la presencia de reporteros y pidieron disculpas si fueron agredidos. Ahí tomó la palabra el presidente de la organización de comisarios, Diego Matías Marrón, que aclaró que su manifestación no era para exigir la liberación de dos transportistas detenidos el jueves y que venían a exigir la construcción de un eje carretero que conecte a cinco municipios de la Montaña.
Dijo que no hubo ningún diálogo y que solamente el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso “le quitó el pliego petitorio”.
En ese lugar presentaron a tres funcionarios de Gobernación y siete elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal retenidos como garantía para dialogar principalmente con la gobernadora Evelyn Salgado.
Luego de no recibir noticias para una mesa de diálogo, los más de 3 mil manifestantes se retiraron a las 8 de la noche del Parador del Marqués, hacia la comunidad Petaquillas, llevándose a los 10 servidores públicos retenidos, el vehículo blindado y amenazando que “si no hay respuesta el día de mañana (hoy martes) regresarán a protestar”.
El secretario de Seguridad Pública Estatal Evelio Méndez, el General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso y el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez en conferencia de prensa anoche en las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado Foto: El Sur
Fue para desestabilizar al gobierno estatal la movilización de ayer, afirma Ludwig Reynoso
Sostiene el secretario de Gobierno que los manifestantes “en ningún momento establecieron ningún tipo de diálogo y fueron directamente al ataque”, y posteriormente reclamaron obras que no habían planteado ni los alcaldes de Quechultenango, Mochitlán o Chilpancingo. Confirma que mantienen retenidos a cinco policías estatales, cuatro de la Guardia Nacional, tres funcionarios de la Secretaría de Gobierno y un elemento de Gobernación federal. Advierte que se levantarán actas por los daños, la violencia y las personas privadas de la libertad. Hubo disparos a camiones blindados, se revela
Luis Daniel Nava
Chilpancingo
El gobierno del estado continuará privilegiando el diálogo, pero no caerá en chantajes ni provocaciones, advirtió el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
“Vemos en el fondo un intento por desestabilizar este gobierno y manchar la administración de Evelyn Salgado”, sostuvo.
Aseguró que en la marcha identificaron a gente armada que disparó contra los vehículos blindados. El secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez adelantó que pondrán a disposición de la Fiscalía estatal los videos del ataque armado para iniciar las investigaciones.
Evelio Méndez Gómez, detalló que son cinco policías estatales, cuatro de la Guardia Nacional, tres funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y un elemento de Gobernación federal los que permanecen retenidos.
Ante esta retención el secretario General de Gobierno advirtió: “Si prolongan la privación de la libertad de las personas o los llevan a otro lugar, tenemos que tomar otra estrategia”.
A las 7:30 de la noche se convocó a una conferencia en Palacio para que el gobierno del estado fijara una postura de otra jornada violenta en la capital.
Estuvieron el secretario de Seguridad, el secretario general de Gobierno y el director de Gobernación, Francisco Rodríguez.
El también capitán de Marina, Evelio Méndez, expuso la serie de hechos de este lunes al sur de la capital con la irrupción de miles de pobladores de Quechultenango, Mochitlán y Petaquillas (Chilpancingo), con palos, machetes, piedras y armas de fuego.
Los 300 agentes de la policía estatal y Guardia Nacional, admitió, fueron rebasados en número por lo que tuvieron que replegarse.
“No quisieron dialogar, llegaron golpeando y tumbando las barreras metálicas contra el personal por lo que empezó el repliegue; estaban superados en número y aparte estaban golpeando con piedras y palos. “Se apoderaron de un vehículo blindado y lesionaron a cuatro agentes de Policía estatal y ocho de la Guardia Nacional. Se privó de su libertad a ese personal”.
De la Autopista, añadió, llegaron al Congreso para entrar al estacionamiento y luego dirigirse al Palacio de gobierno donde aventaron el vehículo blindado contra una de las entradas.
Aseguró que el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, pidió a los manifestantes conformar una comisión para atender sus demandas y pidió liberar al personal retenido.
“En ningún momento establecieron su comisión”, dijo el secretario de Seguridad estatal.
Fue una manifiestación inusual, subraya
El secretario de Gobierno, Ludwin Marcial Reynoso, fijó que la manifestación resulta inusual porque los manifestantes demandaron un número inusitado de obras que no habían dado a conocer previamente ni sus alcaldes.
“Se presentan de manera agresiva, tumultuaria, golpeando y agrediendo a personal de Seguridad Pública que habíamos dispuesto en la carretera federal para evitar que hubiera una confrontación y bloqueo de mayores consecuencias”.
“En ningún momento establecieron ningún tipo de diálogo y fueron directamente al ataque”.
Insistió que no había petición previa de Guillermo Matías Marrón y Gilmar Sereno Chávez, quienes encabezaron a los pobladores.
Dijo que el gobierno tiene prevista una inversión en estos municipios para 2023 de 145 millones de pesos en obra pública.
“Nos resulta muy extraño que los alcaldes de estos municipios, que no hemos podido localizar, no hayan hecho ninguna manifestación al respecto, siendo que son los primeros responsables de atender demandas de comisarios”.
El funcionario dijo que el gobierno del estado seguirá buscando el diálogo pero que no van a caer en chantajes ni en provocaciones.
“Lo que vemos en el fondo es un intento por desestabilizar este gobierno, un intento por manchar la administración de Evelyn Salgado, cuando hemos trabajado e incomodado grupos que antes tenían poder y mayor influencia en estos municipios.
“Hoy tenemos zonas donde el estado no tenía ninguna presencia, Tierra Caliente, la Sierra, hemos liberado carreteras federales y vamos a seguir brindando seguridad.
Pidió a la ciudadanía mantener la calma.
“Estos eventos violentos de hoy no tienen que ser la constante en el estado, estamos trabajando para que no suceda en conjunto con la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, del Ejército.
“Hacemos un llamado a estos manifestantes a que se conduzcan a través del diálogo y de la ley, no pueden seguir estas personas privadas de la libertad, un llamado para que acudan a la mesa de trabajo”.
El secretario de Gobierno regresó al tema de las demandas en la manifestación afuera de Palacio de gobierno.
“Acudí a recibirlos, a pedirles su pliego petitorio, nos enteramos que es una propuesta para 2024, ni siquiera para este año, con mayor razón es una propuesta que no le vemos fundamento.
Si ya hubiesen hecho un planteamiento y no tuvieran una respuesta pues probablemente podrían justificarse.
“Pero venir a agredir, a prácticamente asaltar el Congreso, el Palacio de Gobierno, a lastimar a las policías que están para cuidar a la ciudadanía, pues no es la ruta”.
Dijo que buscarán la mejor forma para que la ciudadanía de los municipios que se manifestaron pueda tener acceso a las obras y servicios que demandan.
Ya se identificó a los líderes
Los reporteros le preguntaron si el gobierno tiene identificados a los líderes o participantes de la protesta.
Respondió que se está en proceso de identificación y que hay otras personas que participaron en una retención a la policía ministerial el año pasado en Quechultenango.
“Están identificados, habremos de actuar en su momento”.
Aseguró que se van a levantar actas por los daños, detenciones, la violencia y las personas privadas de la libertad.
Acerca de la jornada de asesinatos con violencia el sábado en Tixtla y la capital del estado, respondió: “Los hechos que se dieron el sábado se dan en el contexto de esta pugna por parte de los grupos delictivos, uno que ha estado en la ciudad capital con otro Los Ardillos, vemos que sucedió de esta manera”.
Justificó que ese día fortalecieron la presencia de la policía estatal y del Ejército, instalaron puntos de control en entradas y salidas de la ciudad.
“Son hechos lamentables que generan miedo, zozobra en la población, pero estamos decididos a actuar, tenemos identificaciones de personas que actuaron en estos hechos y estamos dando seguimiento.
El funcionario evadió la pregunta de si estos hechos tienen que ver con la reunión de la alcaldesa Otilia Hernández con un líder criminal.
Respecto a la comunicación de la gobernadora con la federación, respondió que ha estado en constante comunicación con la titular de Gobernación, Luisa María Alcaide y la de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.
Y regresó al tema de la delincuencia. “Muchos de estos hechos se dan en un contexto de delincuencia organizada como estado coadyudamos en la lucha del crimen pero es una función de la federación.
“Lo atendemos a través de la Mesa para la construcción de la paz con acciones coordinadas. El estado no va a rehuir a su responsabilidad”.
Expresó que si la petición de los manifestantes es reunirse con la gobernadora debe haber disposición que no han notado.
“Debe haber disposición que no hemos notado, se tiene que revisar que están pidiendo, la viabilidad económica, implica la ejecución de presupuesto”.
“No tiene por qué ser diferente y eso lo deben entender ellos también. Lo que hoy están haciendo no tiene nada que ver”.
Un reportero preguntó casi al final si la manifestación de este lunes tiene que ver con la detención de dos líderes transportistas con cartuchos de armas de alto calibre y droga.
“Identificamos en la marcha a familiares de estas personas y que no había un planteamiento original de obras pero lo que más nos preocupa es la forma en que se dieron estos eventos.
“Identificamos gente armada que disparó en contra de los vehículos blindados. Identificamos irregularidades que no se dan en una movilización social genuina
“No podríamos asegurarlo pero hay indicios de que esta manifestación tiene otro perfil, aún así seguiremos en la ruta del dialogo”.
Hay gobernabilidd
–¿Hay gobernabilidad?
–Por supuesto, los poderes están asentados aquí, seguiremos trabajando para que haya seguridad, para que los ciudadanos puedan realizar sus actividades con normalidad y vamos a reforzar esta tarea con entidades de seguridad.
–¿Fallo el operativo? -, le preguntaron al Secretario de Seguridad.
–En todo momento privilegiamos el mantenimiento al estado de derecho y el respeto a los derechos humanos por eso preferimos que la gente se fuera replegando para evitar una confrontación mayor.
“Por eso al ver que venían con machetes, con palos y que empezaron a hacer disparos hacía las unidades blindadas se tomó la decisión de retroceder y evitar una confrontación.
“Hay indicios de disparos contra los vehículos en su momento se harán las denuncias ante la Fiscalía General de la República, los videos grabados a través del C4 se pondrán a disposición para iniciar la investigación.
Al final Ludwig Marcial Reynoso se refirió a los funcionarios detenidos y al vehículo blindado.
“Se tiene que recuperar, si de verdad son un movimiento pacífico.
“(Pero) si ellos prolongan la privación de la libertad de las personas o los llevan a otro lugar, como nos están reportando en este momento, ya no hablamos de un movimiento social pacífico y entonces tenemos que tomar otra estrategia”.
“Hacemos responsables a estas dos personas (Guillermo Matías y Gilmar Sereno) de la integridad de los compañeros policías que están ahí porque nosotros no hemos detenido a nadie, no hemos entrado a detener a nadie, seguimos creyendo que lo podemos solucionar a través del diálogo.
“Pero también queremos ser muy claros que no vamos a dejar solos a los compañeros que estén privados y que también vamos a dar un plazo para que puedan regresar”.
Vinculan a proceso al líder transportista y a su acompañante, informa la FGR
La Fiscalía General de la República (FGR), informó que un juez federal de Control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva al líder transportista y a un acompañante detenidos en Chilpan-cingo el jueves pasado.
En un brevísimo comunicado, la Fiscalía informó que a Jesús Echeverría Peñafiel, El Topo y su acompañante Bernardo, se les vinculó a proceso “por su probable responsabilidad en los ilícitos de posesión de cartuchos y cargadores exclusivos del Ejército y Fuerza Aérea; y, en el caso de Jesús, por delitos contra la salud en la modalidad de transporte”.
Según la FGR en este boletín, los dos hombres fueron detenidos por la Policía Estatal “el pasado 5 de julio”, el miércoles, en la carretera federal México-Acapulco, en Chilpancingo.
Pero las protestas de transportistas por su detención fueron el jueves 6, un día después de que se difundió el video de la reunión de la alcaldesa de Chilpancingo con un líder de Los Ardillos. Precisamente a este grupo se vincula a Echeverría Peñafiel.
La dependencia dijo que la detención ocurrió cerca del fraccionamiento Villas Vicente Guerrero, donde a los dos hombres se les aseguró una camioneta Ford, modelo 2021, con placas de circulación de Guerrero.
Indicó que en la inspección se les localizaron dos cargadores metálicos para fusil de AK-47; 26 cartuchos útiles; así como una bolsa con una sustancia granulada, característica de la droga conocida como “cristal”.
“Conforme avance el proceso penal, se informará de inmediato sobre sus resultados”, adelantó.
Indígenas nahuas de comunidades de Chilapa bloquearon ayer la carretera Chilapa-Huycantenango, municipio de José Joaquín de Herrera, para protestar porque los gobiernos municipal y estatal incumplieron con obras que han venido solicitando desde el año pasado.
El bloqueo comenzó a las 12 del día en Alcozacán, municipio de Chilapa, informó por teléfono el dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo.
A su vez, en un comunicado piden a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; al secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso; al director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros; a la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y al secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, que atiendan sus peticiones.
En su comunicado, denuncian que las autoridades del gobierno del estado han fallado en la solución de sus peticiones hechas con más de nueve meses de anterioridad.
“El Cipog-EZ, en coordinación con autoridades comunitarias y pobladores de las comunidades hemos esperado tener soluciones por parte del Gobierno del estado, pero nos siguen dando largas”.
Explican que no han cumplido con la construcción del hospital regional en Alcozacan; el Banco del Bienestar y las carreteras artesanales, y tampoco han cumplido con darles garantizarles de seguridad.
Placido Galindo informó por teléfono que por el incumplimiento del gobierno estatal los indígenas iniciaron un bloqueo a la carretera Chilapa-Hueycantanango, en la entrada de Alcozacán.
Informó que esta vez será por tiempo indefinido “hasta que se presente la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y todos los funcionarios encargados de resolver las demandas que se comprometió el Gobierno del estado”.
Placido Galindo dijo que decidieron volver a bloquear porque, las autoridades se han negado al diálogo; “nos promete obras, se firman minutas, pero nos estregan basura, como la carretera de José Joaquín de Herrera que va para los ajos, obra con desvió de recursos, y que no ha durado ni un año, solo cubrieron una capa de asfalto”, denunció.
Exigió el cumplimiento a las demandas de obras de las comunidades indígenas y que sean de calidad “y sin robo de recursos”.
Además, pidió que la Fiscalía General del Estado (FGE) de un informe “detallado” de las acciones que está realizando de todas las personas desaparecidas y asesinadas integrantes de las comunidades de la montaña baja de Guerrero. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, sostuvo que corresponde al Legislativo tomar las determinaciones que consideren sobre la ausencia de tres diputados a las sesiones presenciales del Congreso.
Reynoso Núñez fue consultado al final de la ceremonia por el Día de la Marina en la 12 Zona Naval, sobre la ausencia de tres diputados que denunciaron amenazas por grupos delictivos y quienes han asumido la modalidad virtual para acreditar su asistencia a las sesiones del Congreso pero no participan. En respuesta el secretario general dijo es el Congreso el que debe fijar la postura al respecto.
A fines de abril, los alcaldes y los diputados locales de las regiones Tierra Caliente y Zona Norte denunciaron amenazas de parte del grupo delictivo denominado Los Tlacos, y el riesgo de trasladarse por carretera a la capital, dado que ese grupo domina el paso en la zona Norte.
Llegaron a acuerdos con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pero desde hace un mes, los diputados locales, las perredistas Elzy Camacho Pineda del distrito 17 con cabecera en Coyuca de Catalán, Susana Paola Juárez Gómez del distrito 20 con cabecera en Teloloapan y el priista Adolfo Torales Catalán del distrito 18 con cabecera en Pungarabato, participan de manera virtual a las sesiones del Congreso local.
A pregunta sobre si la ausencia fisica significa que sigue la protesta contra el gobierno, Reynoso Núñez respondió: “significa que el Congreso tendrá que tomar las determinaciones que correspondan, no es un asunto del estado, nosotros ya hemos hecho lo que nos corresponde hacer, nosotros ya hemos ofrecido las medidas de seguridad necesarias para que lo hagan (asistir personalmente), ya si no vienen, no está en nuestras manos”.
El secretario sostuvo que desde finales de abril, cuando autoridades del estado se reunieron con los alcaldes y diputados, se les ofrecieron medidas de seguridad y el acompañamiento en el camino, “sin embargo no hemos recibido ninguna solicitud de parte de ellos para que se les pueda dar acompañamiento”.
“Respetamos su decisión de no asistir de manera personal al Congreso pero no es un tema que tenga que ver con el estado”.
Detalló que el ofrecimiento del gobierno del estado a los diputados fue: “nosotros lo que ofrecimos fue hacer el acompañamiento desde su municipio donde radican habitualmente a la ciudad de Chilpancingo y poderlos acompañar en la vuelta si es que ellos consideraban que al pasar por algunas ciudades pudieran tener o correr algún riesgo, sin embargo no hemos recibido ninguna petición para que se haga este acompañamiento”.
Agregó que en las carreteras hay presencia de la Policía del Estado, de la Guardia Nacional, del Ejército, con lo que garantizan el tránsito seguro, pero a los diputados se les ofreció “un acompañamiento extra”, y no lo han solicitado.
De las amenazas del grupo delictivo denominado Los Tlacos hacia las autoridades de la Tierra Caliente y la Zona Norte, el secretario general dijo que eso “ya fue superado. Creo que nosotros ya hemos sido suficientemente… lo hemos explicado con la suficiencia necesaria en cuanto a lo que está sucediendo en esta región, habría que ver que otros factores son los que estan impidiendo que los diputados vengan a la capital”.
Caso Abarca, decisión del poder Judicial
De la absolución al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por su presunta responsabilidad en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, el secretario general dijo que el ex alcalde no quedará en libertad y es atribución de los jueces determinar la culpa o no de los acusados.
“Creemos que los jueces hacen sus actuaciones conforme a lo que tienen en los expedientes, en el caso del señor Abarca el tiene otros procesos mas ahí los cuales tiene que enfrentar y bueno, esperemos que en todos haya justicia, nosotros no podemos decir si es inocente o si es culpable, eso lo tiene que determinar la autoridad jurisdiccional”.
De las posibles protestas de normalistas ante el fallo del Tribunal Colegiado de Apelación del 19 circuito con sede en Tamaulipas, dijo que el gobierno del estado ofrece las condiciones para que se manifiesten en los antimonumentos pero en paz. “Tienen derecho a manifestarse pero también la ciudadanía tiene derecho a vivir en paz”.
Retraso en las participaciones
Del retraso en la entrega dinero público al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para el financiamiento de los partidos, el secretario general dijo que se debió a un aplazamiento del gobierno federal en la entrega de las participaciones federales, pero ayer y hoy ya se hicieron depósitos al Instituto.
“Tuvimos un problema durante tres meses que tuvimos saldos en contra por parte de la Federación en las participaciones federales, a eso se debieron los atrasos, ya se están regularizando las entregas al IEPC, ayer (miércoles) se hizo un depósito del recurso ordinario hoy (jueves) se va a hacer otro y vamos a ir normalizándonos poco a poco”.
En la sesión del IEPC de este miércoles los representantes de los partidos políticos PRI, PAN, PRD y Morena se quejaron porque desde hace tres meses no reciben dinero y demandaron al gobierno del estado que entregue al Instituto el presupuesto que le fue etiquetado.
Nuevo hospital
El secretario general acusó a la Comisión Intersindical, de asociaciones y derechohabientes del Instituto de Seguridad Social y de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de tener intereses políticos por sus protestas ante el retraso de la obra. “Es un tema que se ha politizado, ahí hay gente tratando de generar polémica y hacer política con un tema que fue decisión del presidente de la República de hacer el hospital de tercer nivel”.
El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se comprometió a construir un hospital de tercer nivel en Acapulco, el presupuesto de 3 mil 500 millones de pesos ya está autorizado solo falta el predio, el cual debe ser entregado por el estado pero este se mantiene en secreto luego de que sus anteriores propuestas han fracasado.
Ayer, Reynoso Núñez sostuvo que ya está definido el predio donde se construirá el nuevo hospital pero que la información sobre su ubicación lo harán las autoridades del ISSSTE.
Señaló que los inconformes quieren que el hospital se contruya en un predio que tiene condiciones complejas.
Reconoció que al gobierno del estado le ha dado trabajo encontrar un terreno para la construcción del nuevo hospital, pero el gobierno federal ya tiene una propuesta de un predio que ea de su propiedad para evitar señalamientos de corrupción o sobrecostos.
“No es que la gobernadora no quiera, no es que nosotros estemos poniendo trabas en el tema, está muy avanzado y yo espero que en próximos dias lo dará a conocer el ISSSTE pero ya está. Es un tema que está resuelto, no debe prestarse a grilla, a politiquería. Lo están tratando de tergiversar, quiénes están tratando de llevar el tema por otro lado”.
Abundó que se ha buscado que terreno donde se edificará el nuevo hospital cumpla con ciertos estándares porque será de un solo nivel y buscan que no corra riesgo de inundación.
