Padres de familia de la secundaria Donaciano Gutiérrez Garduño, ubicada la localidad Almolonga, municipio de Tixtla, protestan en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SEG, ubicadas en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Padres de familia de la secundaria Donaciano Gutiérrez Garduño, en la comunidad Almolonga, municipio de Tixtla, cerraron las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para exigir la reposición de personal.
Los manifestantes indicaron que en total son 12 trabajadores los que hacen falta en la escuela, entre docentes, administrativos y de intendencia, por lo que unos 80 alumnos son afectados.
Indicaron que desde marzo pasado, los trabajadores se retiraron de la escuela, quienes se fueron “por su voluntad”. Detallaron que los padres de familia sólo pedían la salida de la encargada de la biblioteca, por incumplir con sus funciones laborales, pero después se fueron los demás.
Por lo que, ante la falta de personal, acudieron a la capital para solicitar la intervención de las autoridades educativas.
Los inconformes precisaron que en la escuela sólo hay tres maestros laborando y que el director de la secundaria fue el que se hizo cargo, para que los alumnos terminaran el ciclo escolar pasado.
En el transcurso de la mañana, los padres de familia cerraron las oficinas, ubicadas en la colonia Tribuna Nacional, en Chilpancingo y colocaron pancartas con sus peticiones.
Después de ser atendidos, informaron que acordaron con las autoridades de la SEG que enviarán a tres trabajadores: un conserje, un administrativo y un docente y que el transcurso de la semana les enviarán dos maestros más, para cubrir las materias de inglés, formación cívica y ética, educación física y biología. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) plantel 7, ubicado en San Agustín, adheridos al Sindicato Democrático, denunciaron “tráfico de influencias” para la asignación de horas y nombramientos desde la dirección general de ese subsistema, que preside Edmundo Gatica Carmona.
Vía telefónica, la docente Xóchitl Carmona Reyes comentó que uno de los casos es el ingreso al plantel de Ricardo David Cruz Rico, hijo de una docente de la escuela, a quien le pagaron un retroactivo de tres quincenas, cuando apenas llegó al plantel el viernes 22 de septiembre y lo nombraron oficial de mantenimiento.
Además, le asignaron funciones ajenas a su nombramiento, con lo que se afecta la estabilidad laboral de otros trabajadores del área administrativa. Recordaron que ellos han pedido recategorización para dos de sus compañeros, que tienen 12 años trabajando por el mismo salario y lo único que les han respondido las autoridades educativas es que no hay dinero, pero ya se vio con ese movimiento que no es así.
También acusó que se han asignado horas frente a grupos a personas que no cuentan con el perfil académico, mucho menos un título profesional, como es el caso de Guadalupe Arenas Palemonte.
Ya en un oficio dirigido a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda los trabajadores exigen la cancelación del contrato para Cruz Rico, así como la cancelación de horas asignadas, que exigen la recategorización para los trabajadores que tienen años laborando y cumplen con los requisitos, como es el caso de Julián Hernández Vélez, con clave de vigilante encargado, pues es la función que realiza desde 2022.
Otra de las demandas es que nombren a José Luis Hernández Vélez como jefe de oficina, porque es el “fundador del proyecto de Nivel Medio Superior en la zona, iniciando con las actividades académicas el 17 de agosto de 2010, en las instalaciones del Centro Comunitario, en la misma San Agustín”.
Exigen la destitución de la coordinadora administrativa del plantel, Lizeth Sánchez Isaís, a quien acusan de “causar conflictos y falta de tacto con padres de familia y alumnos”.
Los trabajadores de los Laboratorios de Análisis Clínicos, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), continúan en paro laboral, luego de que no se concretaron los “acuerdos” a los que habían llegado con el rector José Alfredo Romero Olea.
En su cuarto día de protesta, los paristas, agremiados en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), acusaron al área jurídica de la máxima casa de estudios de no respetar los acuerdos alcanzados con el rector, el miércoles pasado, para levantar el paro, aunque no precisaron cuáles fueron.
Acusaron los parista a los integrantes de la comisión del sindicato que acudió a las instalaciones, de tener una “actitud patronal” y aseguraron que van a continuar en paro hasta que se respeten todos los derechos laborales.
Entre las demandas de los sindicalizados está la salida del trabajador de confianza, Néstor José López Martínez, que trabaja desde el 2020 con categoría de asistente.
También demandan la entrega de equipos que urgen, entre ellos, para el ultrasonido y otro para hacer las pruebas de hemoglobina glicosilada, que es un estudio que tiene gran demanda para personas con diabetes.
Además, del equipo para estudios hormonales, para realizar pruebas de electrolitos; también un equipo digitalizador para el equipo de rayos X, para que sea reactivado el servicio de imagenología. La compra de material y reactivos para cada una de las diferentes áreas del laboratorio, y señaló el delegado sindical que es con lo “mínimo que debe contar un laboratorio de análisis clínicos”. (Karina Contreras).
Derivado de los recortes presupuestales del gobierno federal a las bolsas económicas en las que concursaba la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para proyectos académicos, la actual administración de la institución heredará pasivos por 300 millones de pesos a la próxima que encabezará Javier Saldaña, reconoció el rector José Alfredo Romero Olea.
En medio de esta situación financiera, el 40 por ciento de los casi 6 mil trabajadores ya están en edad de jubilarse pero no hay recursos para el pago de su pensión.
Entrevistado después de que entregó el expediente de concesión a la radio de la UAG, XEUAG, en las instalaciones de Rectoría, Romero Olea, quien termina su periodo el 26 de septiembre y el 27 toma posesión el nuevo rector Javier Saldaña Almazán, acotó que los problemas financieros por los recortes presupuestales se están presentando en la mayoría de las universidades.
“Hubo recortes a las bolsas económicas en las que concursábamos para proyectos académicos, que ya no se convocaron”, declaró.
Informó que estos recursos generalmente se utilizaban para el pago de fallecimientos de trabajadores o para las prestaciones de quienes renunciaban.
“La falta de recursos para ese tipo de proyectos está generando problemas en todas las universidades y la nuestra no es la excepción. Ahorita ya tenemos pasivos de casi 300 millones de pesos”, informó Romero Olea.
Agregó que el problema se complicará porque hay otro grupo de trabajadores “que ya estamos en edad biológica para retirarnos, pero por falta de recursos no lo hemos hecho”.
Explicó que el 40 por ciento de la plantilla total, que es de unos 6 mil trabajadores, ya están en edad de jubilarse, lo que implica que son unos 2 mil trabajadores en espera de sus jubilaciones.
“Hemos ido solventando algunos casos, que se nos han ido presentado de compañeras que están en muy malas condiciones. Hemos hecho gestiones o se han pagado con recursos de ahorros propios y, en ese sentido, hemos ido avanzando pero son paliativos. El problema de fondo no lo hemos resuelto”, reconoció Romero Olea.
Sin embargo, de acuerdo con su opinión, el balance de su administración, que termina en una semana, “es positivo”.
Resaltó que a pesar de la pandemia “tuvimos una universidad trabajando y en constante movimiento”.
Destacó que hubo gobernabilidad y mantuvo buenas relaciones con las dependencias federales, especialmente con la Secretaría de Educación Pública (SEP), Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de Educación Superior, así como con el gobierno estatal.
Para el rector, “tenemos a una universidad que está laborando al 100 por ciento y eso satisface”.
Añadió que uno de los retos que se vienen es la incorporación de la institución a las nuevas etapas de la Nueva Escuela Mexicana, que está implementando el gobierno federal, además de insertarse en las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.
Dijo que si la institución no se actualiza en estos aspectos, está condenada a quedarse atrasada y quedarse solamente con las carreras convencionales.
Las banderas de huelga en las instalaciones del Laboratorio de Análisis Clínicos de la UAG en Acapulco Foto: Carlos Carbajal
Karina Contreras
Trabajadores del Laboratorio de Análisis Clínicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en Acapulco, adheridos al Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), iniciaron un paro de labores para exigir a la administración central respeto al contrato colectivo de trabajo, además, demandaron la compra de insumos y equipo para sus labores.
Los manifestantes exigen también la salida del trabajador Néstor José López Martínez, a quien señalan de desplazar a los sindicalizados en sus funciones cuando él es asistente, pero “realiza actividades académicas de nuestro sindicato, STAUAG. Tiene ya dos años aquí, pero la actual administración le ha permitido realizar actividades que les correponden a los sindicalizados”.
Los 16 trabajadores en paro colocaron varias banderas rojinegras de huelga en el edificio de los laboratorios, ubicado en la avenida Ruiz Cortines, para exigir respuesta a sus diversas demandas.
El delegado sindical de los Laboratorios de Análisis Clínicos de la UAG, Flavian Herrera Mejía, informó que el paro de labores se mantendrá hasta que haya una respuesta a las demandas que han planteado a la administración central, que encabeza el rector José Alfredo Romero Olea.
Señaló que ya tienen varios años planteando estas demandas y la principal es que no se siga violando el contrato colectivo de trabajo, porque la base trabajadora se ha visto afectada ante la “contratación de personal de confianza, que está haciendo funciones académicas que no les corresponden. Uno de los contratados nos está afectando en nuestras actividades, porque han sido invadidas”.
Indicó que otra de las exigencias es que los nuevos trabajadores lleguen de forma bilateral, porque tienen que ser evaluados, al ser un área donde se trata con la salud de los ciudadanos. Pidió, además, que la administración de la UAG les devuelva el dinero que ingresa por los laboratorios, ya que desde hace cuatro años no se compra equipo, y eso “afecta enormemente, porque carecemos de lo más indispensable como son reactivos, compras de equipo para el funcionamiento de los laboratorios, porque actualmente nuestro centro de trabajo prácticamente es un cascarón, pues no contamos con equipo”.
Ejemplificó con que urgen los equipos del ultrasonido y otro para hacer las pruebas de hemoglobina glicosilada, que es un estudio que tiene gran demanda para personas con diabetes, explicó.
Además del equipo para estudios hormonales, para realizar pruebas de electrolitos, también un equipo digitalizador para el equipo de rayos X, para que sea reactivado el servicio de imagenología.
También la compra de material y reactivos para cada una de las diferentes áreas del laboratorio y señaló el delegado sindical que esto es lo “mínimo con lo que debe contar un laboratorio de análisis clínicos”.
Agregó que ante la falta de insumos y equipo, ha bajado la demanda de pacientes porque no se ofrecen los servicios que demanda la población. Señaló que exigen el equipamiento porque al año, el labortarorio ingresa a la UAG unos 2 millones 500 mil pesos. Señaló que el secretario general del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, “no ha tenido la capacidad de darle una pronta resolución a nuestro conflicto laboral”.
Sobre cuánto durará el paro, el dirigente sindical contestó que hacía un llamado al rector José Alfredo Romero y al secretario del sindicato, Ofelio Martínez, para que “tomen cartas en el asunto, para que realmente nuestro centro de trabajo no se vea afectado”. Dijo que el problema lo generó la “propia administración central”.
El dirigente de la Sección XXVIII del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) Pedro Martínez Martínez, la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Burócratas y Servidores Públicos del Estado sección II Teodora Castro Casarrubias en la conferencia de prensa en las oficinas alternas del Ayuntamiento ubicadas en la colonia Morelos Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La presidenta municipal Norma Otilia Hernández Martínez, aseguró que con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no hay pelea ni una pausa como tal. Aclaró que fue ella la que decidió “alejarse” de sus actividades hasta que la Fiscalía General del Estado (FGE) dé a conocer los resultados de la investigación que realiza en su contra.
Tampoco fue a las ceremonias patrias porque los trabajadores municipales que tienen tomado el Palacio Municipal, amenazaron con boicotear los eventos si asistía.
El presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona, declaró el domingo que la relación de la gobernadora con la alcaldesa “está en pausa”, hasta que las fiscalías se pronuncien sobre los videos donde aparece conversando con el líder de un grupo delictivo.
La opinión del dirigente morenista surgió a raíz de que Hernández Martínez no asistió a la ceremonia del 13 de septiembre que organiza el Congreso para la entrega de la presea Sentimiento de la Nación con motivo del aniversario del Primer Congreso de Anáhuac.
Tampoco acompañó a la gobernadora en la ceremonia del Grito por la Independencia la noche del 15 y, por el contrario, organizó actividades culturales y artísticas paralelas.
No estuvo entre los funcionarios que presidieron el desfile del 16 de septiembre, a pesar de ser la anfitriona en las tres celebraciones.
A pregunta expresa en la conferencia de prensa de los lunes, la alcaldesa argumentó que los mismos trabajadores que están en paro actualmente, el año pasado cerraron los accesos durante la ceremonia del 13 de septiembre y gritaron consignas y no dejaban entrar a la gobernadora, hasta que salió el síndico Adrei Marmolejo para ofrecerles una reunión posterior, aun cuando ya se habían reunido varias veces.
“Por eso cuando hablamos de que amenazaron con boicotear, es porque casi privan de la libertad los compañeros, es muy fea la forma como se trabaja con ellos”. Por esa razón, según la alcaldesa, “y para no exponer” (los eventos), decidió no asistir a las ceremonias.
No obstante, según ella, existe una relación “institucional y cordial, más cuando hay una línea política”.
Dijo: “Hago oficio político, y me queda claro que si hay alguna diferencia, con cualquier partido, siempre estará la cordialidad y la buena coordinación porque cuando se dan estos eventos en esta capital, ayuda, abona, visibiliza mi capital y eso, para mí, es fundamental que Chilpancingo esté en el país y más con estos eventos tan importantes”.
Insistió que pensando en que los trabajadores fueran hacer lo mismo que el año pasado, decidió no asistir “no fuera ser que por 80 (que son los empleados que dice están en paro) me viera forzada a acceder a algo que no está dentro de la ley”.
Con respecto a lo que declaró el dirigente de su partido González Varona, se dijo respetuosa de sus opiniones, pero que con la gobernadora hay una relación “institucional, cordial y respetuosa”. Prueba de ello es que en todos los eventos coadyuvamos con los servicios públicos, en la limpieza, con la poda de árboles, no hay pelea”.
Según la alcaldesa, no hay ni si quiera una pausa como tal, “digamos que nos hemos distanciado por dos situaciones; la primera para cuidar el proceso por el tema de lo que se me vincula”, en referencia a la investigación por el video en el que aparece en un desayudo con un grupo delictivo y el mensaje que le dejaron en una cartulina junto con siete cuerpos desmembrados frente a la plazuela del barrio de San Mateo el 24 de junio.
Al respecto reprochó que a tres meses de que se inició el proceso de investigación no le hayan informado qué avances hay, “y ustedes saben que después de tres meses se cierra el expediente, hay caducidad”.
Añadió que “le han pegado” actualmente a la gobernadora, “nomás buscan qué hacer, que decir; que si la presidenta no fue con la gobernadora porque están peleadas y eso no es cierto, la verdad hay cordialidad con los distintos secretarios y secretarias. Yo siempre lo he dicho, de mi parte hay civilidad, madurez, hay oficio político y hay una buena coordinación”.
Dijo que le queda claro que la gobernadora es la que lleva los destinos del estado de Guerrero “y siempre tendrá nuestro apoyo en todo lo que sume para darle gobernabilidad a nuestra capital”.
Insistió: “No hay distanciamiento, yo ya lo he manifestado que ahorita por el proceso he querido poner esta línea para no afectarla, porque nomás buscan qué vincular, que hacer y he tratado de cuidar la forma y el fondo de lo que está pasando en el estado”.
Anunció que esperará que concluya “esta situación” (la investigación) “y nuevamente retomaremos nuestras actividades; lo que quiero es que le vaya bien a Guerrero y a nuestra gobernadora porque estamos enfrentándonos a muchas situaciones y nomás están buscando qué cosas hacemos mal”.
Sin embargo, en los corrillos políticos se menciona que el distanciamiento no sólo con la gobernadora, sino con su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, comenzó a raíz de que trascendió que la alcaldesa aspira a la senaduría, cargo en el que Salado Macedonio y la gobernadora promueven a la presidenta del DIF estatal Liz Salgado Pineda.
Tiene el apoyo de los sindicatos, asegura
En la conferencia de prensa de ayer, acompañaron a la presidenta municipal cinco dirigentes de los sindicatos que son afines a la administración municipal, quienes le dieron su respaldo.
Hernández Martínez dijo que el sindicato de la sección 14 que encabeza Domingo Salgado, que está en paro, es uno de seis y que sólo aglutina a 80 de los aproximadamente tres mil trabajadores municipales.
En la conferencia de prensa, los otros dirigentes denunciaron que la dirigencia del sindicato que está en paro, está amedrentando a sus agremiados para que no abandonen ni el sindicato ni el movimiento.
La presidenta municipal informó por su parte que en lo que llevan del paro la administración municipal, ha dejado de recaudar de 300 a 350 mil pesos.
Insistió que ya está interviniendo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para revisar la legalidad del movimiento, la toma de nota y el número de los trabajadores que participan. También dijo que existe una denuncia ante el Ministerio Público y que ya se integró una carpeta de investigación.
Según la alcaldesa, pudiera ser que hay un transformo político, pero cuando los reporteros le preguntaron que informara de ellos, atajó que seguramente se va a saber después.
La alcaldesa denunció que independientemente de la nivelación salarial que pide la dirigencia sindical hay otras peticiones fuera del marco jurídico y legal por lo que dijo que cuando se dé una mesa de dialogo con la dirigencia sindical tendrá que ser pública.
Durante la conferencia de prensa se dieron a conocer las sedes alternas donde trabajan las dependencias municipales; la mayoría de ellas, como la Secretaría General y la de Finanzas en el Hotel Chilpancingo, que está a unos metros del Palacio Municipal y de la plaza Primer Congreso de Anáhuac.
En tanto que la presidencia y otras dependencias, atienden en un edificio de la calle 13 de Septiembre de la colonia Morelos, otras en la Secretaría de Seguridad Pública, ubicada en el antiguo Libramiento a Tixtla, en la colonia Alianza Popular, también en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), ubicadas en el barrio de San Mateo, y se informó que se han instalado módulos para la atención en el Zócalo.
Los trabajadores de la minera Media Luna, filial de la empresa canadiense Torex Gold, ubicada en Nuevo Balsas, municipio de Cocula, Levi Estrada Peralta y Édgar Rivera Millán, y el albañil Víctor Manuel Barrera Escobar, cumplieron este jueves ocho días desaparecidos.
Familiares y compañeros exigieron al gobierno que continúe la búsqueda y su pronta localización.
Estrada Peralta, de 36 años de edad, Edgar Rivera, de quien no se proporcionó su edad, y el albañil Víctor Manuel Barrera, de 36 años, fueron levantados a las 6 y media de la tarde del 31 de agosto, en Piedras Negras, en la carretera Cocula-Nuevo Balsas, por unos 30 hombres armados vestidos tipo militar.
Un familiar de uno de los desaparecidos, contactado por teléfono informó que siguen sin conocer indicios de su paradero y pidió a las tres órdenes de gobierno que se continúe con la búsqueda hasta encontrarlos.
Informó que desde su desaparición, sólo una operación se ha realizado el 1 de septiembre, por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y una unidad canina, pero sin resultados.
Dijo que ese día recorrieron las comunidades de Las Mesas y San Nicolás, pero ya no han visto nuevas acciones para localizarlos.
Un trabajador de la mina denunció que en los pueblos vecinos a Nuevo Balasas han desaparecido al menos 17 personas en tres meses y que de ellos tampoco se sabe nada.
En esos pueblos desde principios de este año se enrentan los grupos delictivos La Familia Michoacana, que quiere entrar a controlar la zona, y Los Tlacos que actualmente defienden la plaza.
El compañero de los dos trabajadores desaparecidos dijo que existen versiones de que quienes se los llevaron fueron miembros de la Familia Michoacana y que se sabe que los mantienen con vida, por lo que pidió a las autoridades que no suspendan la búsqueda.
Trabajadores de la Delegación de Servicio Social y Prácticas Profesionales, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), pararon labores para exigir al rector José Alfredo Romero Olea que quite al personal que de forma “unilateral” colocaron en la nómina.
Los trabajadores, agremiados en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), indicaron que de manera unilateral incluyeron a “aviadores” en la nómina de servicio social, como es el caso de Eurídice Velázquez Gutiérrez, quien se presenta para que le den funciones, pero ella nunca ha trabajado en el área.
Los inconformes también solicitan la remodelación de sus oficinas y que haya luz eléctrica en las lámparas, pues a pesar de ser un área certificada desde 2016, éstos son deficientes. Dijeron que carecen de computadoras, mobiliario y de cubículos.
La delegada sindical de Servicio Social y Prácticas Profesionales, Ruth Guevara Hernández, detalló que la presunta trabajadora se presentó el 28 de agosto, y desde entonces se inconformaron en la Rectoría, por lo que “los trabajadores pedimos su retiro inmediato, de ella y de becarios aviadores, porque nada más están cobrando y no vienen a trabajar”.
Externó que también han solicitado la regularización de siete “becarios aviadores”, quienes no cobran en nómina pero sí acuden a realizar funciones de personal académico, “nosotros no estamos dispuestos a dar nuestros espacios a becarios”.
Velázquez Gutiérrez llegó con categoría de auxiliar académico J, que corresponde a trabajadores que realizan funciones académicas, “no se vale ocupar espacios”, dijo, porque la delegación sindical tiene varios años pidiendo cambios de adscripción, pero la administración central les dice que no hay dinero para contratar personal.
Ruth Guevara Hernández externó que se han jubilado cuatro trabajadores y la administración les niega el uso de esos espacios vacantes.
Los trabajadores aseguraron que ya se agotó el diálogo con el jefe del área, Juliel Antonio Morales, y el dirigente sindical del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, que también enviaron un oficio a la Rectoría pero no obtuvieron respuesta.
Detallaron que los que pararon labores son 40 trabajadores, 20 del área y otro número igual de la delegación sindical. Dijeron que por el paro serán afectados unos mil 600 alumnos que realizan sus prácticas y servicio social.
Trabajadores del IEEJAG durante la toma de las oficinas centrales, ubicadas en la avenida Ignacio Ramírez, en el centro de Chilpancingo, para demandar que se reincorpore a sus labores a tres de sus compañeros eventuales de Costa Grande, que fueron despedidos desde principios de año Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG) tomaron las oficinas centrales en Chilpancingo, para demandar la reincorporación de tres de sus compañeros por contrato, que fueron despedidos “injustificadamente”.
Los manifestantes informaron que desde enero pasado fueron despedidos tres trabajadores y aunque desde esa fecha han pedido su reinstalación, los directivos del IEEJAG se niegan.
Los trabajadores colocaron pancartas en las que solicitaron al director, Arturo Salgado Reséndiz, atender a los tres técnicos docentes, quienes laboraban por contrato, algunos desde hace 13 años.
Uno de los afectados, Donaciano Mesino Lezma, detalló que cuando cambió el gobierno estatal llegaron nuevos coordinadores y en el municipio de Atoyac fue Felipe Ramírez Beltrán, quien “llegó metiendo a su gente”.
Dijo que los tres trabajadores despedidos, cada año cumplían con las metas que se les asignaba, pero llegó el coordinador y “nos hicieron a un lado”.
Consideró que cuando estaba la ex directora del IEEJAG, Haydee Mares Galindo, “nos manifestamos en su contra por irregularidades que cometía” y al entrar el coordinador, los desplazó de su centro de trabajo.
“Fuimos despedidos injustificadamente y tratamos de ingresar por medio de exámenes. Yo lo he presentado tres veces y me di cuenta que no lo pasábamos porque fuimos bloqueados en el sistema, para que no tuviéramos acceso”, destacó Mesino Lezma.
Los trabajadores manifestaron que se han reunido con Arturo Salgado, quien sólo les dice que “no tiene la capacidad” para solucionar el problema por sí solo, “que tiene que checarlo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda o con su amigo Félix Salgado”. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Trabajadores de la supervisión escolar 7 de secundarias técnicas en Zihuatanejo en la ofi-cina provisional en la plaza Libertad de Expresión, en el centro de esta ciudad, para llamar la atención del titular de la SEG y de la gobernadora sobre su necesidad de instalaciones definitivas, luego de que hace más de un mes fueron desalojados por el Ayuntamiento Foto: Brenda Escobar.
Brenda Escobar
Zihuatanejo
Este lunes, trabajadores de la supervisión escolar 7, de secundarias técnicas de Zihuatanejo y Petatlán, encabezados por su titular, Humberto García Soberanis, iniciaron el ciclo escolar en la plaza Libertad de Expresión, debido a que no tienen oficina y la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ha respondido a la solicitud de que les asigne una.
A principios de julio pasado, García Soberanis fue notificado por el gobierno municipal de Zihuatanejo de que tenía sólo dos días para desalojar las instalaciones en las que desde hacía 12 años trabajaban, en el interior del centro social Luis Donaldo Colosio, en la unidad habitacional Infonavit El Hujal, porque éstas serían utilizadas para una guardería.
De manera provisional, al momento de desalojar, el inspector Humberto García resguardó el mobiliario y el material en un salón de la secundaria técnica 52, que se ubica en la colonia El Embalse, en espera de que la SEG diera una respuesta acerca de dónde pueden instalarse, para trabajar y atender a más de 300 maestros y trabajadores de siete planteles educativos que hacen trámites en esa supervisión.
Este lunes, acompañado por trabajadoras administrativas de la supervisión, el inspector trasladó una mesa y sillas a la plaza Libertad de Expresión, donde colocó su despacho, para hacer visible la situación por la que atraviesan los trabajadores de esa dependencia, ya que no tienen un lugar donde trabajar.
En declaraciones a reporteros, lamentó que no tienen un espacio para llevar a cabo sus actividades administrativas, “la Secretaría de Educación Guerrero no tiene pequeñas infraestructuras para estos organismos, que nos dé revisión del funcionamiento de las escuelas y también damos acompañamiento y asesoría a los directores”.
Dijo que decidieron colocar su oficina en la plaza para atraer la atención del secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, “también de la gobernadora del estado, ya que es la primera autoridad educativa en el estado, como lo reza la Ley General de Educación”.
A pregunta, el profesor comentó que recientemente tuvo una plática con el alcalde de Zihuatanejo, para ver la posibilidad de que les apoyen con un lugar y que una trabajadora administrativa de la supervisión ofreció un espacio en su domicilio particular, para que ahí trabajen, “pero también creemos que es conveniente brindarle el espacio a los compañeros en otro lugar, porque como dice el dicho, ‘mientras haya quién preste, no hay quién compre’”.
“Necesitamos que la secretaría dé la cara por sus instancias, ya sean escuelas, supervisiones, centros de maestros, lo que sea, que se busque la forma de que haya una atención, para que podamos integrarnos estructuralmente en la SEG”.
Agregó que regresarán a trabajar en esa plaza los días lunes, miércoles y viernes, en horario de 8 de la mañana a las 3 de la tarde, hasta que la SEG les asigne un espacio definitivo para poder trabajar.
