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Los gobiernos federal y estatal son omisos con las víctimas de la masacre de El Charco, dice el relator de la CIDH

 

El relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Enrique Gil Botero, señaló que los gobiernos de México y de Guerrero son omisos e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas contra las víctimas de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla.
Ayer en un diálogo con representantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, durante las audiencias del organismo en Panamá, la organización civil que solicitó la apertura del caso ante el organismo internacional, informó del acercamiento con el comisionado en el 159 periodo de sesiones públicas de la CIDH, mediante un breve comunicado.
En este diálogo la sobreviviente de la masacre, Ericka Zamora Pardo habló de la tortura a la que fue sometida por el Ejército, luego del ataque de militares a una escuela en donde ejecutaron a 10 indígenas na savi y al estudiante Ricardo Zavala, el 7 de junio de 1988.
Recordó que hay una petición de justicia ante la CIDH que interpusieron los sobrevivientes, y el señor Gil Botero reconoció la importancia de que el caso “tenga un informe de fondo, ya que han pasado más de 16 años de los hechos y los sobrevivientes de la masacre se encuentran en total desprotección y con las secuelas de la tortura que sufrieron”.
Agregó que “tanto el gobierno del estado de Guerrero como el gobierno federal son omisos a esta masacre, e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas de las que fueron víctimas la y los sobrevivientes de esta masacre”.
Los abogados de los sobrevivientes, Ernesto Rodríguez y Magdalena López, denunciaron que la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos, el acoso a las y los activistas y las ejecuciones son continuas.
Aseguraron que la admisibilidad de este caso en la CIDH será un precedente que frenará la violencia que se vive día a día, porque es necesario frenar ya las ejecuciones.
Antes, la Red informó que había vencido el plazo para que el gobierno mexicano respondiera ante la CIDH sobre lo ocurrido el 7 de junio de 1988 en El Charco, Ayutla.
En otras comunicaciones reveló algunos aspectos de la respuesta de los militares, que no reconocen los 11 asesinatos, a pesar de que las víctimas tenían tres y hasta 10 tiros de bala, y justifica la matanza porque al final de la agresión encontraron cuatro armas largas, cartuchos de diferentes calibres, cobertores, vestimentas verdes y libros insurgentes.

 

Desacata Salud una resolución judicial para reinstalar a una doctora en el hospital de Huitzuco

 

Funcionarios de la Secretaría de Salud desacataron una resolución judicial federal, que ordena la reinstalación de la doctora Julieta Álvarez Álvarez, adscrita al hospital de Huitzuco, quien fue suspendida tras denunciar a una trabajadora por falsificación de documentos y usurpación de funciones.
La doctora informó ayer que, el 21 de enero se presentó a la 1:30 de la tarde al hospital, respetando el acuerdo con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, pero el director José Félix Anaya Castro le impidió checar, “me dijo que no me podía presentar a laborar, porque era una orden de Herón Delgado Castañeda subsecretario de prestaciones médicas de la Secretaría de Salud”.
El director del hospital le dijo que fuera a platicar con Delgado Castañeda, porque no quería que fuera restituida en el hospital de Huitzuco, “pero no me dan ningún argumento sólido, dicen que quieren evitar un conflicto, pero yo no provoqué ningún conflicto, sólo denuncié a una usurpadora”, dijo.
En 2010, Julieta Álvarez denunció a la trabajadora Carolina Nava Laureano por falsificación de documentos y por usurpar funciones de médico, con un título falso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Se hizo pasar como médico general y laboró más de 10 años con una cédula apócrifa”, dijo ayer la doctora.
Denunció y fue despedida, porque Nava Laureano es la dirigente sindical del hospital y cuenta con la protección de la secretaria general de la Sección 36 del sindicato de Salud, la diputada federal del PRI, Beatriz Vélez Núñez, y los distintos secretarios de Salud.
En octubre de 2012, el Juzgado Cuarto penal de Primera Instancia emitió una sentencia de tres años y seis meses de prisión y 275 días de multa, la reparación del daño y una amonestación pública a Carolina Nava Laureano porque se comprobó que ejerció como médico sin haber estudiado medicina.
En la investigación la PGR también descubrió que un paciente falleció en manos de Carolina Nava, sin que haya recibido sanción alguna.
En la causa penal 165/2009-II del Juzgado Cuarto penal de Primera Instancia se explica que Carolina Nava Laureano ingresó como enfermera general en el Hospital General de Huitzuco en 1998 y en 1999 entregó un título y una cédula profesional expedidos por la Escuela de Medicina General, institución privada pero incorporada a la UNAM, con domicilio en la calle Guadalupe del Moral número 31, delegación Iztapalapa.
Además en 1999 falleció un paciente que estaba bajo su responsabilidad, “murió de infarto y el diagnóstico de Carolina fue que padecía de gastritis”, declaró Julieta Álvarez, quien fue testigo en el juicio.
Agregó que después el director Tomás Adame Pérez la cambió a consulta externa.
En 2006 el departamento de Recursos Humanos del hospital solicitó al jurídico de la Secretaría de Salud que investigara los documentos, y determinó que eran apócrifos y el departamento de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública entabló una demanda en su contra.
La investigación estuvo a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) y descubrió que la Escuela de Medicina General, incorporada a la UNAM, no existe.
Además, las investigaciones arrojaron que la cédula 2461532 que ostenta como médico general, en realidad fue expedida por la UNAM a nombre de Manuel Chávez Álvarez como ingeniero químico.
Sin embargo, la PGR turnó el caso a la Procuraduría de Justicia del estado, pero el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) “limpió” el expediente y sólo dejó documentos que la acreditan como enfermera, en 2008, también participó el director del hospital, Francisco Castrejón Hernández, dijo Álvarez Álvarez.
Además desaparecieron el expediente del paciente que murió en 1999, agregó.
Mientras que la secretaria general de la sección 36 del Sntsa, Beatriz Vélez Núñez presionó al entonces secretario de Salud, Luís Barrera Ríos para no continuar con la demanda.
“Al ver estos sucesos, tres médicos, Guillermo Galeana Ortíz, Alan García Castro, la química, Juana Hernández Cabrera y Julieta Álvarez Álvarez acudimos como testigos ante la SEP para testificar que trabajó y cobró como médico general”.
El 24 de diciembre del 2009 se dictó prisión en contra de Carolina Nava, saliendo bajo caución.
Julieta Álvarez denunció que después vinieron las represalias en su contra, “en enero de 2010 me despidieron del hospital por haber sido testigo, mientras que el sindicato la siguió protegiendo y la hizo delegada sindical del hospital”.
Dijo que en contubernio con el director del hospital, la dirigente de la sección 36 Beatriz Vélez presionó al secretario de Salud, Rubén Padilla Fierro, a Antonio Jaimes Herrera y a Lázaro Mazón Alonso para que no la reinstalen en su centro de trabajo.
Informó que por una resolución judicial federal llegó a un acuerdo con el secretario Carlos de la Peña Pintos para que se reincorpore a su centro de trabajo este 21 de enero, pero que el director José Félix Anaya Castro le impidió checar tarjeta por instrucciones del subsecretario de prestaciones médicas de la Secretaría de Salud, Herón Delgado Castañeda.

Es posible que entre dinero del narco en las campañas, dice investigador de la UNAM



Magdalena Cisneros

El coordinador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del área de derecho electoral de la UNAM, Lorenzo Córdova Vianello afirmó que aun cuando hay fuertes medidas para fiscalizar los recursos de los partidos políticos en las campañas, es posible que entre dinero en efectivo del narcotráfico porque no hay limitantes para el control en ese aspecto.
“El problema es tratar de encontrar mecanismos para prevenir esta situación”, dijo en entrevista y que ya existen herramientas de control como la restricción del IFE sobre cuánto dinero como máximo puede donar un particular en las campañas.
El investigador participó con la ponencia Fiscalización de los partidos políticos en el segundo día de actividades del Seminario Internacional: Participación Ciudadana, modernidad y equidad donde consideró que la fiscalización no sea sólo cuando termine las campañas sino durante todo el proceso como una función “más correctiva”.
Consideró que se debería hacer una fiscalización de todo lo que se informa, pero sobre todo, de lo que no se informa y criticó que haya un “excesivo gasto” de los partidos políticos.
Mencionó que anteriormente el PRD tenía la “mala costumbre” de que cada que cambiaba de dirigente, lo hacía del contador, lo que le causó varias multas por los recursos que en la mayor parte de los casos son de tipo contable, a diferencia del PAN que mantuvo en el cargo a la misma persona aun con el cambio de presidente de partido.
Sin embargo, dijo que con los Amigos de Fox, el PAN obtuvo una de las multas más grandes del país, igual que el PRI por el caso de Pemexgate
Al término de su exposición, a pregunta expresa dijo que sí puede entrar dinero del narcotráfico en las campañas, pero que el problema es “encontrar mecanismos para prevenir eso”
Afirmó que con suficiente financiamiento público se inhibiría la tendencia a recurrir al financiamiento ilegal.
El investigador dijo que otra manera de evitar que el dinero del narcotráfico se infiltre en las campañas es revisar las cuentas de la procedencia de los recursos como lo hace la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, reconoció que cuando llega en efectivo “ahí sí le pierdes la pista, donde llega el dinero en efectivo, quien sabe, hay que aceptar el hecho de que hay ciertos límites, porque hay que aceptar el hecho de que una fiscalización, perfecta, impoluta y total, no existe”.
Descartó la posibilidad que como castigo para quienes se exceden del dinero autorizado se les pueda quitar el cargo o retire una diputación por la vía plurinominal como algunos de los asistentes sugirieron, porque es “algo exagerado”.
Indicó que por eso propone la existencia de medidas preventivas “de control preeliminar” para que durante toda la campaña verifiquen los recursos que gastan y si se comete una irregularidad se le sancione antes de que tome el cargo.

Firman convenio de colaboración el CCH de la UNAM y la UAG

* Se busca actualizar a maestros de bachillerato

Chilpancingo * Con la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Guerrero y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM, el rector de la UAG, Nelson Valle López, inauguró el Diplomado de Física y Curso sobre Metodología para la Evaluación de Programas y Plan de Estudios, con el fin de actualizar y capacitar a los docentes de las unidades académicas del nivel medio superior, como parte del proceso de reforma universitaria.

“La mejor estrategia para elevar la calidad académica de la UAG, y enfrentar los cambios políticos, sociales, culturales y educativos, producto del modelo globalizador, es precisamente la capacitación y actualización de los profesores”, afirmó el rector; quien además dijo que los cursos que hoy imparte el personal del CCH de la UNAM, representado por el secretario de Programas Institucionales, Jaime Flores Suaste, servirán para estar en mejores condiciones de entregar ante la SEP el Programa del Nivel Medio Superior.

Valle López mencionó que la UAG, busca tener financiamiento o participar en la entrega de más recursos, que serán distribuidos para 2004, lo cual le permitirá a la institución fortalecer a la educación media superior.

La UAG forma parte de las 26 universidades públicas del país que no tienen financiamiento para el bachillerato. Ante ello el sector dijo que “debemos estar preparados con documentos e información para elaborar el programa de Nivel Medio Superior, ya que en breve nos llegarán los lineamientos, criterios e indicadores que habrán de utilizarse”.

Sin duda alguna –dijo el rector– el hecho de que se abra un programa para el Nivel Medio Superior, también ayuda a poner en igualdad de condiciones al Programa de Estímulo al Desempeño Docente, debido a que en los lineamientos del programa no está considerado el Nivel Medio Superior, pero como un acto de justicia y reconocimiento a los profesores, la administración central ha sostenido este programa con recursos económicos ya etiquetados para otros rubros.

Anunció que para el próximo 3 de abril se abrirá por última vez el programa de nivelación de licenciatura, para todos aquellos egresados de normal superior que no tienen el título. Dicho programa beneficiará a 240 docentes de Nivel Medio Superior y a un número importante de profesores externos de la UAG.

Por su parte, el director de Docencia de la UAG, Antonio Cervantes Núñez, dijo que este tipo de diplomados prepara a los docentes más sobresaliente de las unidades académicas, quienes tienen la tarea de reproducir estos conocimientos entre sus compañeros. “La educación exige un enfoque distinto que modernice sustancialmente los planes y contenidos escolares”, aseguró Cervantes Núñez, quien dijo que con la participación de todos los universitarios se logrará transformar a la UAG.

En la firma de convenio estuvieron presentes, la directora de la unidad académica de Ciencias de la Educación, Cándida Ortega Ángel; el secretario técnico de la Comisión General de Reforma Universitaria, Confesor Díaz Terrones; el jefe del departamento de Educación Media Superior de la UAG,                   Flavio Manrique Godoy, así como funcionarios y docentes universitarios.

Urge investigador de la UNAM una ley que proteja a periodistas de revelar sus fuentes

* Expone Enrique Cáceres ante estudiantes de Comunicación de la UAG

* En México no hay regulación sobre el secreto profesional de los periodistas, “ni a nivel constitucional explícito ni a nivel de desarrollo legislativo”, asegura

Teresa de la Cruz, corresponsal, Chilpancingo * El investigador de la UNAM, Enrique Cáceres, consideró necesaria una legislación para proteger a periodistas y que no los obliguen a revelar sus fuentes, luego de que reporteros de Reforma, La Jornada y El Sur han sido citaos por instancias judiciales para informar sobre éstas.

Ante poco más de un centenar de estudiantes de la Facultad de Comunicación de la UAG, y como parte de los festejos por el cuarto aniversario del Sindicato Unico de Trabajadoras de los Medios de Comunicación en el Estado de Guerrero (SUTMECEG), el también profesor de la UNAM dijo que es precisamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que propone una reforma al artículo 243 del Código Federal de Procedimientos Penales, la       cual presentaron el 14 de abril de 2003.

Contrariamente con lo que pasa en otros países, Enrique Cáceres, quien impartió la conferencia sobre el Respeto a la Confidencialidad de las Fuentes Informativas, precisó que en México no hay regulación sobre el secreto profesional de los periodistas, “ni a nivel constitucional explícito ni a nivel de desarrollo legislativo, ya que con lo que único que se cuenta       es con el artículo 6 constitucional”.

Indicó que recientemente se ha impulsado el desarrollo legislativo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, “pero no sobre el secreto profesional de los periodistas, por lo tanto como máximo reglamentario que tiene el artículo 6 constitucional sería la Ley de Imprenta del 9 de Abril de 1917, aunque en ella tampoco se hace       referencia al secreto profesional de los periodistas ni directa ni indirectamente”.

Agregó que a pesar de que algunos personas niegan la existencia del derecho al secreto del periodista, el también autor del artículo Pasos hacia una teoría comunicativa mantiene la tesis de que sí existe tal derecho, aunque de una manera muy sofisticada hasta el día de hoy, y que lo único que permite sostener este derecho son diversos tratados internacionales como la Declaración Universal, la Convención Interamericana, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En el caso de México, enfatizó que si alguien cuestionará la operatividad de estos derechos “habría que recordar que en México desde 1998 ha reconocido a competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Agregó: “para decir       que existe el derecho al secreto profesional de los periodistas necesitamos manejarnos por las reglas de procesamiento de información propias del gremio, sumarlo a los tratados y lo que haría falta es hacer       una propuesta específica”.

Para ello –dijo– la CNDH propone en su reforma al artículo 243 del Código Federal de Procedimientos Penales “que los periodistas no estarán obligados a       declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder los abogados consultores y notarios, etcétera, respecto de los nombres o datos de identificación de las personas que, por motivo del ejercicio de sus actividades, proporcionen datos de carácter reservado”.

Enrique Cáceres indicó que en esta propuesta se encuentra un permisión: “no estarán obligados a…”, porque exigen que se cuente con el consentimiento expresó de quien confió el secreto. Aunque aseguró que “podría revelarse el secreto en caso de que fuera engañado el periodista”.