En el informe de dos años de gobierno que presentó al Congreso local el gobernador Héctor Astudillo Flores, se reconoció que falta personal en la Fiscalía General de Justicia del estado para la aplicación del sistema de justicia penal acusatorio, lo que explica sus alcances mínimos.
Por un lado, se destaca en el documento la gestión de 38 millones de pesos para dotar de equipos tecnológicos a seis salas de juicios orales en Acapulco y cuatro en Chilpancingo.
Por otro, habla de un déficit de 836 agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y peritos, para la operación del nuevo sistema de Justicia Penal, que se implementó totalmente en Guerrero hasta 2017.
Entre los resultados, se dio cuenta de 23 mil 532 carpetas de investigación abiertas este año, con 765 detenciones, en las cuales, se aplicaron criterios de oportunidad y procedimientos abreviados (de conciliación) en 138 casos, se judicializaron 380, se vincularon a proceso penal 246 y se concretaron sólo 44 sentencias condenatorias.
El equivalente al 15 por ciento de las denuncias, 3 mil 543 casos, fueron archivadas de manera temporal o definitiva.
Considerando los asuntos cerrados por conciliación, que llevaron a sentencia, y los archivados, se puede estimar una eficiencia de 15.8 en un año de operaciones.
Los resultados del Sistema de Justicia Penal contrastan con los del Sistema Penal Tradicional, que alcanzó 91 por ciento de casos consignados ante un juez, 77 autos de formal prisión “en crímenes de alto impacto” y 604 sentencias condenatorias.
La diferencia es que el nuevo sistema penal acusatorio privilegia el respeto de los derechos humanos y la presunción de inocencia de los inculpados, y queda en la autoridad ministerial la comprobación de los hechos delictivos. No cabe la autoincriminación que predomina en el sistema penal tradicional.
En el segundo año de gobierno de Astudillo Flores, correspondiente a 2016, se integraron 199 averiguaciones previas en el sistema de justicia tradicional, y se consignaron 182 denuncias con y sin detenidos, que representa 91 por ciento del total. Las restantes 17 se clasificaron en reserva.
Adicionalmente, se archivaron por prescripción mil 509 expedientes rezagados, y 160 siguen en trámite.
De las averiguaciones previas en rezago, se menciona la solicitud de 795 órdenes de aprehensión, de las cuales 550 fueron libradas por un juez y 245 negadas; se dictaron 77 autos de formal prisión en delitos de alto impacto como homicidio doloso, secuestro, violación y robo calificado.
En ese sentido, se dictaron 604 sentencias condenatorias y 224 absolutorias en ilícitos de impacto social; y se emitieron por las autoridades jurisdiccionales 182 autos de libertad.
En materia de Justicia Alternativa, en el nuevo sistema de justicia penal, hubo 3 mil 70 solicitudes recibidas, de las cuales en mil 289 casos (42 por ciento), se firmaron acuerdos reparatorios, en mil 247 (40 por ciento) se remitieron a investigación, y el resto, 534, siguen en proceso.
Delitos sexuales, secuestros, desapariciones y mujeres
En cuanto a delitos sexuales y violencia familiar, se informó de 2 mil 138 averiguaciones previas o carpetas de investigación abiertas en un año dese junio de 2016, de éstas, 31 por ciento (676), fueron resueltas a través de diversas figuras jurídicas, y mil 695 casos siguen abiertos
De 87 denuncias de secuestro en un año, dice que se logró la libertad de 50 personas, la detención de 48 probables responsables o imputados, se desarticuló a 11 bandas dedicadas a este ilícito; y consignaron 28 averiguaciones previas y carpetas de investigación a jueces competentes.
Asimismo, indica que existen en Guerrero 218 averiguaciones previas o carpetas de investigación de personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 72 fueron remitidas al archivo definitivo (33 por ciento), y 146 siguen trámite (67 por ciento).
No se explica en el informe la relación de personas desaparecidas y no localizadas con el programa de Alerta Amber, que tiene el propósito de realizar la búsqueda y localización de menores y adolescentes desaparecidos o extraviados. Sin embargo, la Fiscalía General del estado, a cargo de la investigación, indicó para el informe que se emitieron 89 alertas en un año, con la recuperación de 87 menores.
Destacó una efectividad del 98 por ciento.
Para el acceso de las mujeres para una vida libre de violencia, señala la operación del Centro de Justicia para Mujeres que brinda apoyos psicológicos, médicos, de trabajo social y de refugio, y el acompañamiento en 70 denuncias por diversos delitos ante la Unidad de Investigación.
Asimismo, señaló la firma de se firmaron 12 convenios interinstitucionales para la operación de los Centros de justicia, en cumplimiento a las conclusiones emitidas por el Grupo de Trabajo que analizó la solicitud de Alerta de género en 8 municipios del Estado.
No menciona que la evaluación de las acciones institucionales, el grupo de Trabajo concluyó que el estado de Guerrero no cumplió ninguna de las 20 recomendaciones que se sugirieron para la erradicación de la violencia feminicida, y derivó en la declaratoria de Alerta a cargo de la Secretaría de Gobernación. A la fecha sigue en proceso de construcción el programa de trabajo para la implementación de las acciones de la AVG.
Pero en el informe, el gobierno estatal insistió en que para analizar la solicitud de emisión de Alerta de Violencia de Género en ocho municipios del estado, se puso en operación el Banco Estatal de Datos, fueron elaborados y publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, los Protocolos Alba y el de Feminicidios, además del Programa de Articulación de las Unidades Administrativas y de Investigación de la Fiscalía General; fueron instaladas en cada región del estado, mesas de trámite para recibir denuncias o querellas por delitos cometidos en agravio de mujeres; se creó la Unidad de Género; y se incorporó en el Proyecto de Nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la Institución, la denominación de Fiscalía Especializada para la Investigación del delito de Feminicidio.
Sólo 65 familias apoyadas por desplazamiento forzado
Además de la violencia que se reconoce como uno de los retos del gobierno, el desplazamiento forzado que provocan las bandas del crimen organizado es un problema visibilizado por asociaciones civiles de derechos humanos ante organismo internacionales, y poco documentado porque la mayoría de las víctimas se mueven solas, sin apoyo oficial.
El gobierno estatal, reconoce en el informe que este problema conlleva condiciones de vulnerabilidad y riesgos que deben ser atendidos inmediatamente, y por eso, se organizó e implementó el Mecanismo de Atención Interinstitucional con la participación de seis dependencias estatales, dos federales y autoridades de los cuatro ayuntamientos municipales.
Dentro de las acciones efectuadas al mes de junio de 2017, está la atención a 261 personas en condición de desplazadas, integradas en 65 familias, originarias de las comunidades de Quetzalcoatlán, Zitlala; La Tondonicua, Petatlán; La Unión y Tepango, municipio de Ayutla de los Libres; y Ahuihuiyuco y Tepozcuautla, de Chilapa de Álvarez.
Entre las instancias para la protección de defensores y periodistas, destacó la creación de la Fiscalía Especial para la Investigación de los Delitos Cometidos en Agravio de Personas que Realizan Labores Periodísticas y Defensoras de Derechos Humanos, además de la creación y operación del mecanismo para la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el envió al Congreso loca de la iniciativa de ley en la materia, el establecimiento de un mapa estatal de riesgo (que consiste en nombres y teléfonos celulares de posibles personas pueden ser objetivos de agresiones) y un número telefónico exclusivo enlazado al C-4, de atención.
